incesto

Decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación dominicanos solicitaron el pasado martes 7 a senadores y diputados aprobar en la actual legislatura extraordinaria el Código Penal con las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo (PE), a fin de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando sea el resultado de una violación o incesto, cuando peligre la vida de la mujer y cuando el feto sea incompatible con la vida.
 
En carta enviada a los Presidentes de ambas cámaras legislativas, el grupo de reporteros y reporteras, comentaristas, entrevistadores de televisión, radio, prensa escrita y digital; así como ejecutivos de medios de prensa y productores de programas expresaron su convicción de que el Estado dominicano tiene el deber de defender la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres, y que “saldrían fortalecidos si por fin se aprueba el Código penal con las enmiendas que ha formulado el PE”, resaltan.
 
La misiva expone en uno de sus párrafos: “Aspiramos a mantenernos en sintonía con los mejores intereses y necesidades de nuestro país, por lo que nos inquieta sobremanera que el conocimiento del Código Penal sea aplazado, una vez más, para la próxima legislatura, por lo que solicitamos sus buenos oficios para que este se conozca cuanto antes, y con las observaciones que -por segunda vez- envía el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional”.
 
Quienes firman el documento subrayan: “Nos sumamos a la posición asumida por el presidente Medina al establecer que lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que deben regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en los tres supuestos debidamente fundamentados”.
 
Finalmente, el texto destaca que “despenalizar la interrupción del embarazo no significa obligar a nadie a hacerlo. Significa que el Estado permite esa interrupción para quien tome esa decisión ante situaciones adversas establecidas legalmente”.
 
CREAN COMISIÓN, PERO TEMA SE DILATA
 
La sociedad dominicana conoció el pasado 11 de enero la decisión del Senado de la República de conformar una comisión destinada a estudiar las observaciones del presidente Medina, en las cuales el mandatario propuso volver a discutir si se aprueba o no un Código Penal que despenaliza el aborto si se cumplen las causales antes mencionadas: violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión.
 
La primera reunión de dicha comisión especial tuvo lugar el pasado 17 de enero, a fin de discutir la metodología de trabajo.
 
En la cita hubo intervenciones encontradas, como la del legislador Julio César Valentín, quien llamó a sus colegas a apoyar la propuesta del Presidente de la República, y la de la diputada Betzaida González, que exhortó a rechazar el pedido del PE. De inmediato, los obispos católicos publicaron en su Carta Pastoral que “la ideología de género” promovía “el libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, el homosexualismo, el lesbianismo y el aborto”.
 
Mientras, las estadísticas ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud estremecen al dar a conocer que en la República Dominicana por cada 100 mil nacimientos vivos, mueren 106 mujeres, sobre todo pobres, como consecuencia del alto número de abortos clandestinos, estimados en 90 mil cada año, practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad.
 
17/MAR/GG

El Senado de República Dominicana aprobó de emergencia el proyecto del Código Penal en el que mantiene la criminalización del aborto, producto de una violación sexual, incesto y por malformación.
 
Grupos de feministas e integrantes de la Asociación Nacional de Enfermería se manifestaron ante esta exclusión de propuesta que fue enviada por el Poder Ejecutivo en el año 2014. “Como ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente este nuevo agravio a los derechos de las mujeres y niñas”.
 
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres entregó a SEMlac un documento en el que reclama al gobierno dominicano el cumplimiento de los acuerdos firmados.
 
El propósito es erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente la que se ejerce  a través de violación sexual, incesto o por malformación. “La interrupción del embarazo, al menos en estas situaciones, es un asunto claro de salud pública y de reducción de muertes maternas”.
 
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres está integrada por 78 organizaciones diversas, que defienden la salud, los derechos de las mujeres, de trabajadores y trabajadoras; así como los de la población campesina.
 
El pasado 5 de octubre, la Coalición ofreció una conferencia titulada: “Por el derecho a la vida y salud de las mujeres”, donde dio a conocer las altas tasas de mortalidad materna, asociada con abortos clandestinos, que se realizan en condiciones inseguras.
 
Se estima que en República Dominicana cada año se realizan alrededor de 90 mil abortos inseguros y más del 13 por ciento deriva en muertes maternas. (Representa la tercera causa de mortalidad en el país).
 
Los abortos son practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad; recaen sobre todo en mujeres pobres y jóvenes.
 
16/MAR/KVR/LGL