criminalización

Irinea Buendía Cortés, defensora de Derechos Humanos y madre de Mariana Lima Buendía, víctima de feminicidio en el Estado de México (Edomex), será galardonada con el Premio Nacional de Derechos Humanos (DH) “Don Sergio Méndez Arceo” en su XXVI edición.

Desde el asesinato de su hija, Irinea Buendía, continúa en la búsqueda de la verdad y justicia para Mariana Lima y otras mujeres víctimas de feminicidio. Apoya a madres y a colectivos que trabajan con temas de violencia feminicida.

Como resultado de su labor constate, el comité organizador del Premio Nacional –otorgado cada año a organizaciones y personas que se han destacado en la defensa de los DH- la hizo acreedora de este reconocimiento en la categoría individual por su contribución en la “promoción y defensa de una cultura de respeto a los Derechos Humanos”.

Destacó la investigación que realizó Irinea Buendía sobre el caso de su hija y su especialización autodidacta en derecho y criminalística con la cual fue capaz de señalar, apoyada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, las irregularidades en la investigación realizada por las autoridades del Edomex y llevar su caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quien a 6 años de los hechos ordenó reabrir la investigación como feminicidio y no como un supuesto “suicidio”, como inicialmente se investigó en el Edomex.

El fallo de la Corte dio como resultado que todos los asesinatos de mujeres en el país deben ser investigados como feminicidio, de ahí la trascendencia de este caso.

A lo largo de 8 años, Irinea Buendía ha acompañado el proceso legal de otros casos sobre feminicidio, defiende el derecho de las mujeres al acceso a una vida libre de violencia en Chimalhuacán, y ha participado en acciones encaminadas a resguardar la memoria, como es la colocación de las cruces en Bordo de Xochiaca y en el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl, en el Edomex.

Debido a su trabajo en defensa y promoción de los DH, y particularmente por el caso de su hija Mariana Lima, de quien se responsabiliza al judicial Julio César Hernández Ballinas, Irinea Buendía y su familia han sufrido diversos ataques.

Su hijo Aurelio Michel Buendía, ha sido criminalizado y perseguido, así como el resto de la familia ha vivido hostigamiento y amenazas. Es por ello, que el Mecanismo de Protección a personas defensoras de DH y de periodistas, de la Secretaría de Gobernación, le brindó medidas de protección y tuvo que salir de su hogar.

El premio “Don Sergio Méndez Arceo” fue instaurado en memoria de obispo con el mismo nombre, quien dedicó su vida a defender los derechos de las organizaciones obreras, campesinas y comunitarias de Morelos, por lo que es un referente en materia de Derechos Humanos.

El reconocimiento se entrega en dos categorías: individual y  grupal. En la segunda será entregado a Dominga González Martínez, Marco Antonio Pérez González, Lorenzo Sánchez Berriozabal, Pedro Sánchez Berriozabal, Teófilo Pérez González y Romulo Arias Mireles, defensores del pueblo indígena nahua De San Pedro Tlanixco, en el Estado de México, quienes se encuentran presos actualmente.

En la edición anterior el Premio se entregó a la defensora de los DH de las personas migrantes en Tijuana, la Hermana Leticia Gutiérrez Valderrama en la categoría individual; y al Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, defensores de los pueblos y comunidades en el Estado de México; en la categoría grupal.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo el 21 de abril en Cuernavaca, Morelos y posteriormente se realizará el Foro “Agenda actual de los Derechos Humanos”.

18/AEG/LGL

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México condenó que el Gobierno de Chiapas use el Poder Judicial para fabricar delitos y criminalizar las enfermeras de Chiapas que exigen sus derechos laborales y denuncian la corrupción entorno a los servicios de salud en su entidad.

En diciembre de 2017 la Fiscalía General de Chiapas liberó cuatro órdenes de aprensión contra María de Jesús Espinosa de los Santos, Víctor Hugo Zavaleta Ruiz, Humberto Gutiérrez Medina y Líbano Domínguez, acusados de motín por el secretario de Salud de la entidad, Francisco Ortega Farrera.

Estas acusaciones derivaron de las huelgas de hambre que realizaron las enfermeras y los trabajadores del sector salud entre abril y mayo de 2017 con el fin de exigir condiciones dignas de empleo combatir la crisis de salud en el estado.

La movilización cesó  en abril del año pasado cuando el gobierno local se comprometió a abastecer de medicinas y equipo a los hospitales estatales, mejorar las condiciones de trabajo y no tomar represalias laborales, administrativas ni jurídicas contra el personal en huelga. Sin embargo la mayoría de las medidas no fueron cumplidas.

Ejemplo de ello, es la demanda interpuesta así como el acoso judicial constante en los domicilios y centros de trabajo de María de Jesús, quien ha jugado un papel importante como vocera del movimiento de enfermeras, y los otros tres integrantes, quienes encabezan una de las plantillas que aplicará apara el revelo sindical de los y las trabajadores de salud en Chipas, la cual será emitida en marzo de este año.

La Red de Defensoras consideró que las órdenes de aprehensión son una forma de limitar el derecho legítimo de las y los defensores de aplicar a cargos de dirección sindical. Por ello, la organización, conformada por 225 mujeres defensoras, demandó a la Secretaría de Salud y Fiscalía General del Estado, el cese definitivo de persecución y criminalización contra María de Jesús y sus compañeros.

Asimismo, pidió a la Secretaría de Gobierno y al Ejecutivo local cumplir con los acuerdos firmados en abril y mayo del año pasado y asegurar un ambiente donde las personas puedan hacer uso pleno de su derecho a proteger sus Derechos Humanos.

18/ACEG

El Salvador tiene una de las legislaciones de aborto más restrictivas en el mundo. El 20 de abril de 1998, entró en vigor un nuevo Código Penal en El Salvador, que eliminó las causas en las que el aborto se encontraba despenalizado hasta ese momento: en caso de riesgo para la vida de la mujer; en casos de violación o estupro; y en caso de graves malformaciones en el feto.
 
Además, en enero de 1999, se reformó el Artículo 1 de la Constitución Política de El Salvador, en el que se estableció el reconocimiento de la persona humana desde el momento de la concepción. Este cambio hacia una legislación más restrictiva va en contra de la tendencia global de liberalización que se ha dado desde 1994, año en que se celebró la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo, y a partir de la cual más de veinticinco países en el mundo han liberalizado sus leyes sobre aborto.
 
El Salvador, junto con unos pocos países como Polonia y Nicaragua, restringió las condiciones en las cuales el aborto está permitido. A pesar de la legislación restrictiva de El Salvador, se calcula que para el periodo entre 1995 y 2000, hubo un total de 246 mil 275 abortos con una incidencia del 11.1 por ciento en la mortalidad materna. De acuerdo con datos de la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud, entre enero de 2005 y diciembre de 2008, se registraron en el país 19 mil 290 abortos, de los cuales el 27.6 por ciento ocurrieron en adolescentes.
 
En febrero de 2011, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, reiteró que la prohibición absoluta del aborto pone en riesgo a las mujeres y jóvenes, pues ante la necesidad de interrumpir el embarazo, muchas acuden a abortos clandestinos Estos datos sobre aborto son estimaciones, pues dada la ilegalidad de la práctica, no es posible tener datos confiables.
 
VULNERACIÓN ABSOLUTA
 
La situación en El Salvador es una manifestación clara de cómo la criminalización absoluta del aborto viola las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esta criminalización absoluta vulnera los derechos a la vida, a la salud y a la autonomía de las mujeres. Igualmente, la aplicación de esta normativa genera violaciones a los derechos al debido proceso, a la privacidad, a estar libre de violencia, y de trato cruel e inhumano.
 
El informe “Excluidas, perseguidas, encarceladas. El impacto de la criminalización absoluta del aborto en El Salvador”, publicado por el Centro de Derechos Reproductivos y la Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico,  documenta y denuncia las consecuencias de la penalización total del aborto en el país, desde una perspectiva de derechos humanos desde dos ángulos.
 
Primero, el análisis da voz a cinco mujeres que fueron procesadas injustamente por los delitos de aborto u homicidio agravado por el parentesco, tras sufrir emergencias obstétricas sin haber recibido atención médica. Sus experiencias son evidencia de cómo el Estado salvadoreño traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de sus mujeres mediante el ejercicio de su poder sancionador y las consecuencias que ello genera en el sistema de salud, judicial y penitenciario, con consecuencias tan graves como condenas infundadas de hasta 35 años de cárcel. Igualmente, muestra cómo la criminalización tiene un impacto desproporcionado en las mujeres en situación de más vulnerabilidad, por encontrarse en situación de pobreza, sin acceso a educación, y por ser mujeres jóvenes.
 
Segundo, el informe aborda la penalización total del aborto desde un estudio cualitativo que revisa los perfiles de las mujeres que han sido procesadas por aborto y delitos conexos entre los años 2000 y 2011. El análisis usa las distintas variables como la edad, la escolaridad, la ocupación y el nivel de ingresos, entre otras, para ilustrar cómo las consecuencias de una legislación tan restrictiva crea patrones de violación a los derechos humanos, que afectan sobre todo a las mujeres en situación de más vulnerabilidad en El Salvador.
 
El estudio también analiza las condiciones de los procesos judiciales, como el origen de la denuncia, el tipo penal por el que fueron acusadas y luego juzgadas y las resoluciones judiciales dictadas en los procesos. El estudio revela cómo los profesionales de la salud que atienden a las mujeres por complicaciones derivadas de abortos inseguros o por emergencias obstétricas que nada tienen que ver con abortos provocados, entienden que tienen la obligación legal de denunciar a las pacientes ante la policía para evitar ser involucrados en un eventual proceso judicial.
 
Estas denuncias resultan problemáticas, no sólo por la violación al secreto profesional que suponen, sino también porque las mujeres dejan de buscar los servicios de salud que necesitan si no se garantiza la confidencialidad. Esto es particularmente preocupante en los casos de las mujeres que tienen emergencias obstétricas o requieren cuidado post aborto.
 
LOS PROCESOS JUDICIALES
 
En el periodo comprendido entre enero de 2000 y el primer trimestre de 2011, la Agrupación Ciudadana para la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico en El Salvador realizó una investigación en todos los juzgados de instrucción y tribunales de sentencia de El Salvador y analizó los expedientes de mujeres procesadas por aborto o delitos conexos. Se identificaron 129 mujeres que fueron procesadas por aborto o por homicidio agravado. De estas, 49 fueron condenadas: 23 por aborto y 26 por homicidio en distintos grados. La investigación cuantitativa muestra que las mujeres más afectadas por la criminalización absoluta del aborto son las mujeres jóvenes y de bajo nivel socioeconómico:
 
– El 68.22 por ciento de las mujeres se encuentran entre los 18 y 25 años.
 
– De las mujeres procesadas, 6.98 por ciento eran analfabetas, 40.31 por ciento tenían algún tipo de educación primaria, 11.63 por ciento tenían estudios de bachiller y 4.65 por ciento tenían educación superior (estudios técnicos o universitarios).
 
– El 73.64 por ciento de las mujeres son solteras y sin pareja.
 
– El 51.16 por ciento de las mujeres no recibían remuneración económica por su trabajo y 31.78 por ciento contaban con empleos de remuneraciones muy bajas.
 
– El 57.36 por ciento de las denuncias surge de los profesionales de la salud que atienden a las mujeres y el 22.48 por ciento de las denuncias proviene de los familiares y vecinos.
 
– El 49 por ciento de los casos las denuncias no tienen fundamento y son archivadas.
 
– En el 46.51 por ciento de los casos el delito se tipifica como homicidio, lo que tiene serias consecuencias frente al respeto del principio de proporcionalidad de la pena, pues se puede condenar a las mujeres con penas de hasta 50 años de prisión.
 
– En el 43.41 por ciento de los casos se aplica la detención provisional, en donde las mujeres deben ir a la cárcel durante el proceso.
 
– En el 51.94 por ciento de los casos las mujeres son defendidas por defensores públicos.
 
Los datos muestran que las 129 mujeres procesadas se encontraban, en su mayoría, en situación de pobreza. Ellas han sido excluidas de la educación, del acceso a servicios esenciales de salud y de condiciones que brinden herramientas para cambiar su posición social. Los determinantes sociales hacen que se encuentren en situaciones de alta vulnerabilidad y que no tengan herramientas para enfrentar el poder sancionador del Estado.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG
 

El Senado de República Dominicana aprobó de emergencia el proyecto del Código Penal en el que mantiene la criminalización del aborto, producto de una violación sexual, incesto y por malformación.
 
Grupos de feministas e integrantes de la Asociación Nacional de Enfermería se manifestaron ante esta exclusión de propuesta que fue enviada por el Poder Ejecutivo en el año 2014. “Como ciudadanos y ciudadanas rechazamos tajantemente este nuevo agravio a los derechos de las mujeres y niñas”.
 
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres entregó a SEMlac un documento en el que reclama al gobierno dominicano el cumplimiento de los acuerdos firmados.
 
El propósito es erradicar la violencia en contra de las mujeres, especialmente la que se ejerce  a través de violación sexual, incesto o por malformación. “La interrupción del embarazo, al menos en estas situaciones, es un asunto claro de salud pública y de reducción de muertes maternas”.
 
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres está integrada por 78 organizaciones diversas, que defienden la salud, los derechos de las mujeres, de trabajadores y trabajadoras; así como los de la población campesina.
 
El pasado 5 de octubre, la Coalición ofreció una conferencia titulada: “Por el derecho a la vida y salud de las mujeres”, donde dio a conocer las altas tasas de mortalidad materna, asociada con abortos clandestinos, que se realizan en condiciones inseguras.
 
Se estima que en República Dominicana cada año se realizan alrededor de 90 mil abortos inseguros y más del 13 por ciento deriva en muertes maternas. (Representa la tercera causa de mortalidad en el país).
 
Los abortos son practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad; recaen sobre todo en mujeres pobres y jóvenes.
 
16/MAR/KVR/LGL