derechos

Diversas organizaciones sociales solicitaron al Congreso de la República que en la Sesión Extraordinaria del pasado viernes ratifique el Convenio189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que significaría un avance importante para la protección de los derechos de más de 198 mil personas que en Guatemala realizan el trabajo del hogar.
 
El convenio contiene 27 artículos, donde estipula fijar una edad mínima para realizar el trabajo y tener un contrato laboral con prestaciones para evitar los bajos salarios o falta de seguridad social, entre otros graves problemas que deben enfrentar los y las trabajadoras del sector doméstico, que en la actualidad implican una situación absolutamente intolerable e incompatible con los mínimos exigidos para tener un trabajo decente.
 
Las agrupaciones subrayan que ya han pasado muchos meses desde que el Legislativo tomó en sus manos esta iniciativa (que en el país está vigente desde el 5 de septiembre de 2013), sobre la cual no existen argumentos que se opongan a su ratificación, por lo que reiteraron su solicitud para no dilatar más la aprobación de la iniciativa 4981.
 
“Estaremos atentos al desarrollo de la sesión que esperamos culmine con la ratificación”, indicaron, además de ofrecer su colaboración en lo que sea posible para la efectiva implementación de este instrumento internacional.
 
Entre las agrupaciones demandantes se encuentran:
 
- La Asociación de Trabajadoras del Hogar a Domicilio y de Maquila (ATRAHDOM).
- El Sindicato de Trabajadoras Domésticas, Similares y a Cuenta Propia (SITRADOMSA).
- El Movimiento Sindical y Popular Autónomo de Guatemala y los Sindicatos Globales de Guatemala.
 
Tras el Convenio 189, el Instituto Nacional de Estadística de ese país informó que 62 por ciento de trabajadores del hogar se concentran en la capital de Guatemala, donde 92 por ciento son mujeres.
 
El Convenio 189 está ratificado en 23 países, la mayoría de América Latina. En nuestro país aún no se ratifica, a pesar de que se calcula que 2.3 millones de personas (un 90 por ciento son mujeres), trabajan como empleadas del hogar, de acuerdo a cifras de Leticia Bonifaz Alfonzo, directora de Estudios, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
 
16/RED/AMS/LGL

Por comprobarse violencia política contra mujeres indígenas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó la sentencia de la Sala Xalapa del TEPJF y modificó la del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), para dejar sin efectos la destitución de mujeres integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón Mixe.
 
Por unanimidad, el máximo tribunal electoral del país, dejó sin efectos la Asamblea Comunitaria realizada el 28 de abril y demás actas vinculadas a la destitución de las integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec.
 
Al resolver el SUP-REC-170/2016, la Sala Superior señaló que en la Asamblea Comunitaria en la cual se destituyó a Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, se dejó de garantizar su derecho de audiencia pues no fueron informadas del tema a tratar, ni consta en autos que en esa reunión se les hubiera permitido expresar, en un ámbito de libertad, lo que a su interés conviniera para su defensa, ni aportar las pruebas respecto a las imputaciones en las que se sustanciaba la pretensión de removerlas.
 
“Además, de que dicha destitución se desarrolló en un contexto de violencia en el que evidentemente cualquier persona no puede defenderse libremente de alguna acusación en su contra, y esto, a la vez, se tradujo en un acto de violencia política contra las integrantes de la agencia municipal, lo cual no puede ser subsanado por actividades posteriores”, establece la sentencia de la Sala Superior del TEPJF.
 
Y es que desde el pasado 10 de abril el edil de San Juan Cotzocón, Eleazar Poblado Celis, junto con otros hombres identificados como caciques, terratenientes y ganaderos, ubicaron como “enemiga política” a Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, y emprendieron acciones ilegales de represión y destitución.
 
En un primer momento le negó la entrega de recursos del ramo 28 y 33, posteriormente el munícipe le exigía que explicara el destino de los recursos que recibía para ejecutar obras.
 
El 28 de abril, Castellanos Zaragoza, y su cabildo convocaron a una Asamblea para informar sobre el destino de los recursos, con dinero en efectivo y la lista detallada de las acciones.
 
En instantes, la Asamblea se convirtió en un escenario de violencia verbal contra ellas e incluso llegaron a la violencia física.
 
Castellanos Zaragoza y otras mujeres de su cabildo abandonaron el lugar y de inmediato el secretario municipal de la alcaldía, Víctor Iván  Manuel Alonso, respaldado por Michael Mendoza, Ramiro Ortela, María del Carmen Vásquez, Odilia Baranda, Lucía Vicente, entre muchas personas más, tomaron la agencia municipal y clausuraron el inmueble.
 
Mientras Castellanos Zaragoza, viajaba a la capital de Oaxaca a buscar apoyo y defensa legal, en San Felipe Zihualtepec, el alcalde de San Juan Cotzocón, junto con los caciques nombraron a otra agenta municipal: Cecilia Victoriano Santiago, sobrina de Aurelio Santiago, quien se dice defensor de derechos indígenas de esa comunidad.
 
Para el 6 de mayo se interpuso un recurso de impugnación ante el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO) sobre la violencia política electoral que enfrentó por ser mujer y la misoginia que vivió. El 31 de mayo el fallo  fue a su favor.
 
No obstante, el edil de San Juan Cotzocón, recurrió a la Sala Regional Xalapa del TEPJF en donde no le notificaron, los magistrados no escucharon la versión de Castellanos Zaragoza,  y el fallo fue en su contra.
 
Fue a través de la intervención del Instituto de la Mujer Oaxaca (IMO) y el observatorio electoral del Estatal Electoral y de Participación de Oaxaca (IEEPCO) como se interpuso el recurso de reconsideración ante la Sala Superior del TEPJF.
 
Este miércoles, al comprobarse violencia política contra las indígenas, Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, la Sala Superior del TEPJF revocó la sentencia de la Sala Xalapa del TEPJF y les devolvió el cargo de Agenta municipal de San Felipe Zihualtepec.
 
16/JG/LGL

En más de una ocasión hemos hablado en este espacio de lo difícil que es aún para las mujeres poder participar en la vida política de nuestro país.
 
Y recientemente hemos empezado a testificar cómo la violencia política que se ejerce contra ellas en ocasiones llega a extremos verdaderamente inaceptables para cualquier nación que se llame medianamente democrática.
 
Es inaceptable y violatoria de todas las leyes que nos rigen, que una mujer electa por la ciudadanía sea impedida a ejercer su mandato, por una turba machista prepotente que, usando la violencia, pretende pasar por la voluntad ciudadana.
 
Me refiero al caso de la alcaldesa del municipio de Chenalhó, en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien ganó con una mayoría incuestionable su cargo, y que se salvó de ser quemada viva por esta turba machista.
 
Los machos-misóginos de su comunidad decidieron que podrían pasar por encima de todo e imponer a quien ellos quisieran, que era otro macho como ellos.
 
Pero las cosas no son así de fáciles. Las mujeres políticas de Chiapas, integradas en la Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare), tras enterarse de estas barbaridades violentas e ilegales, cobijaron y protegieron a la alcaldesa electa y, junto a ella, iniciaron con las autoridades electorales un proceso para que la voluntad de la ciudadanía de Chenalhó y el derecho de la presidenta municipal fueran respetados.
 
Tres meses costó restituirle los derechos políticos a Rosa Pérez Pérez, para poder gobernar su municipio Chenalhó que la había elegido. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación consideró inaceptable la violencia política ejercida contra esta presidenta municipal y, el pasado 18 de agosto, votó a su favor para que ocupara el lugar que la ciudadanía decidió otorgarle al votar por ella.
 
GARANTÍAS
 
Sin duda, la turba de machos que la violentaron siguen ahí, en su municipio, por ello el Tribunal Electoral pidió al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que garantice las condiciones de seguridad para que ejerzan sus funciones en tranquilidad la presidenta municipal y el cabildo.
 
Y para que no se le olvide al gobernador chiapaneco el pedido del tribunal, la Repare llamó al gobierno, este fin de semana, a actuar para poner en práctica las medidas necesarias que garanticen la vida e integridad de la presidenta municipal y su cabildo.
 
El ser mujer no puede ser, en ningún caso, el argumento para impedir que las mujeres gocen plenamente sus derechos políticos y cualquier otro derecho.
 
El camino de la paridad esta llenó de obstáculos machistas y misóginos que buscan impedir que la ciudadanía y la democracia paritaria avancen, como lo impidieron en el  siglo XIX.
 
La diferencia hoy no son sólo dos siglos transitados en la historia, sino una mayor organización femenina y conciencia social del derecho de las mujeres a participar en todos los aspectos de la vida política, económica, social, cultural, deportiva, etcétera.
 
Jamás puede ser aceptado, por ningún motivo, el argumento de que por ser mujer se le impida ocupar un cargo. Esperamos que, como en el caso de Chenalhó, los derechos políticos de las mujeres se salvaguarden y en la próxima elección de personas para ocupar un cargo de magistrada en la Sala Superior del Tribunal Electoral la presencia de las mujeres se incremente al menos en cuatro cargos, de los siete que se elegirán próximamente.
 
No hay democracia posible y duradera si las mujeres no cuentan con todas las garantías para ejercer sus derechos.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
 
16/LLH/GGQ