Mauricio Macri

La noticia ocupa desde el sábado portadas en Argentina y desde el exterior también, mientras varias organizaciones internacionales rechazan el traslado otra vez a prisión de la argentina Milagro Sala.

Parece un mal sueño del que no puedo despertar, escribió en una nota difundida en twitter por la agrupación barrial Tupac Amaru la lideresa social, cuyo caso ha repercutido dentro del país desde enero de 2016, cuando fue aprehendida.

La víspera, Sala, quien el 31 de agosto pasado había sido enviada a prisión domiciliaria rodeada de medidas de seguridad, fue llevada nuevamente a la cárcel de Alto Comedero, en la provincia de Jujuy, “por la fuerza y sin notificación previa”, denunciaron la Tupac y su defensa.

“Compañeros, una vez más me atropellaron mi dignidad, violaron mis derechos. Qué injusto es que en Jujuy no exista la justicia verdadera ni la democracia”, escribió de su puño y letra en una nota la también parlamentaria del Parlasur y agregó:

“Cómo me gustaría que alguien pudiera ponerle freno a este atropello que vivo, parece un mal sueño del que no puedo despertar, les pido que no dejen que esto se repita con ningún argentino”.

El 31 de agosto pasado el juez subrogante de Control Penal 3, Gastón Mercau, y el de Instrucción Ley 3.484 2, Pablo Pullen Llermanos, habían concedido el beneficio de la prisión domiciliaria a Sala tras la medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Casi un mes después la Cámara de Apelaciones revocó esa medida para la dirigente social y en horas de la mañana de ayer fue traslada a la prisión de Alto Comedero, donde ha permanecido ahí más de un año y medio.

La líder jujeña fue detenida el 16 de enero de 2016 bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar una protesta en Jujuy contra los cambios impuestos por el gobernador Gerardo Morales en el sistema y programa de cooperativas.

A esa causa le añadieron durante estos meses otras como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas y también se le imputa la autoría de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.

Según justificó el fiscal general de Jujuy, Sergio Lello, y el fiscal de Estado de esa provincia, Mariano Miranda, su traslado al penal otra vez se debe al incumplimiento de las condiciones impuestas para mantener la detención domiciliaria de la que gozaba.

“En principio, se trataría de incumplimiento al régimen, lo que motivó su traslado al servicio penitenciario”, sostuvo Lello, en declaraciones al medio TN, de las que se hicieron ecos varios portales, entre ellos la agencia Télam.

La respuesta de su abogada, Eli Gómez Alcorta no se hizo esperar. “Estamos profundamente preocupados por Milagro. “Hacemos responsables por su vida al presidente Maurico Macri y al gobernador Morales”, subrayó la víspera en rueda de prensa.

Gómez Alcorta agregó que “parecía que la querían acallar y de rodillas, pero además quieren a Milagro muerta”.

La defensa de Sala advirtió a los periodistas las condiciones de salud de la líder de la Tupac que, según los peritos judiciales, no posibilitan un traslado al penal.

“Nos preocupa el traslado de Milagro Sala a la prisión de Alto Comedero y las formas en las que sucedió”, señaló por su parte la vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Esmeralda Arosemena de Troitiño.

En tanto Francisco Eguiguren, presidente de ese organismo, dijo que la CIDH “fue clara al dictar la medida cautelar” sobre el caso de la dirigente social y remarcó que “es un retroceso” que haya sido llevada nuevamente al penal.

Varias voces se levantan hoy para rechazar la medida. La defensora de Derechos Humanos y precandidata presidencial 2018, la colombiana Piedad Córdoba, expresó en un mensaje en twitter toda su solidaridad. “Exigimos garantías procesales y su liberación. Liberen a Milagro”, escribió.

Cinco organizaciones internacionales, entre ellas el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, han pedido al Gobierno su liberación.

17/RED/LGL

La Asociación Madres de Plaza de Mayo pidió a la sociedad argentina, por voz de su presidenta, Hebe de Bonafini, que apoye a estudiantes y personal docente de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, quienes tomaron ayer su institución, en repudio a la designación de un “rector organizador” por parte del gobierno de Mauricio Macri. 

En un video publicado en la página de la organización, Hebe de Bonafini informó que el ilegal nombramiento del ex juez Javier Buján para desplazar al rector Germán Ibáñez, para supuestamente “regularizar” la universidad, es parte del plan de hostigamiento de Macri, iniciado desde su toma de posesión, en su intento por golpear y  desaparecer Madres. 

La Asociación -surgida durante la dictadura de Jorge Rafael Videla para recuperar a sus hijas e hijos desaparecidos- fundó en el año 2000 la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, hoy llamado Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos Madres de Plaza de Mayo, para formar profesionales con un enfoque de Derechos Humanos.

Fue estatizada en 2013, bajo el gobierno de Cristina Fernández y hoy depende de la Secretaría de Derechos Humanos del gobierno, con más de mil 200 estudiantes, quienes se oponen a la imposición de un interventor pues, afirman, no tiene relación con los objetivos de la institución, que son los DH, y sí con los recortes de personal e intervención política, como sucedió  cuando intervino el Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo e hizo más de 70 despidos notificados por correo electrónico.     

Las y los estudiantes advirtieron al gobierno que no dejarán el inmueble, ubicado en el mismo lugar que la Secretaría de DH, en el centro de Buenos Aires, la capital, hasta que Macri justifique la intervención, oficializada por los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Educación. Reclaman también un edificio propio y se regularice la situación laboral de las y los profesores.

INTERVENCIÓN ANUNCIADA

La intervención de la institución educativa ya había sido advertida por la presidenta de Madres a principios de junio, quien ha señalado reiteradamente que el gobierno tiene como objetivo desaparecer no sólo la universidad,  sino también la Asociación y otras organizaciones civiles, para lo cual ha desarrollado sucesivos golpes que incluyen acusarla de corrupción e intentar encarcelarla, pese a su avanzada edad.

Las agresiones iniciaron desde el mismo día de la toma de posesión de Macri, el 10 de diciembre de 2015, cuando reanudaron sus marchas, suspendidas en 2006, y recibieron insultos de simpatizantes del nuevo presidente. Le siguieron ataques a la fachada del edificio de Radio Madre, su emisora, y golpes a un trabajador de la estación. Al inicio de 2016, desconocidos pintaron insultos en un mural en homenaje a Madres y a Abuelas de Plaza de Mayo.

En agosto pasado, la presidenta de Madres, de 87 años de edad, logró con apoyo de simpatizantes,  evadir su detención firmada por un juez macrista, quien la declaró en rebeldía por negarse a declarar sobre un programa de fondos públicos para la construcción de viviendas en el gobierno anterior. 
También el año pasado, la policía les impidió acceder a la Plaza y este año borraron las figuras en el piso de los emblemáticos pañuelos.

Ante la inminencia de más acciones en contra de Madres y de su Universidad, circula desde el 29 de mayo una carta en redes sociales dirigida a Mauricio Macri para preguntarle “¿por qué las atacan, en este caso con los intentos de intervención” a la institución educativa? 

Ayer, consumado el intento de intervención a la Universidad, Hebe de Bonafini expresó que “cada día está todo peor” y pidió el apoyo a las y los estudiantes de la IUNMA que tomaron el edificio, ubicado en 25 de Mayo 544.

Felicitó también a las y los estudiantes “que tomaron en sus manos la defensa de su universidad que nos costó tantas vidas. Esa universidad, dice, que fue la lucha de sus hijas e hijos, de los 30 mil y la lucha de las madres, y que quieren dejar en manos de los que no saben nada de la lucha del pueblo, de la lucha de la educación, de la formación”.

Estamos, dice Hebe, “defendiendo el derecho a la libertad, el derecho que se haga a lo que nos corresponda”, por eso, “hay que ir a la puerta de la Universidad a acompañar”. No estamos defendiendo, explica, más que la universidad de las Madres.

Y advierte la presidenta de Madres de Plaza de Mayo: “si nos vencen a nosotros poco a poco van a vencer a todas las organizaciones populares que tenemos en todo el país”   

17/GGQ

Periodistas, medios y organizaciones de prensa, así como escritoras y escritores, editores, firmaron en Argentina un manifiesto de  solidaridad con México, que repudia los crímenes contra periodistas, exige a Enrique Peña Nieto investigarlos, reclama garantías para el ejercicio de la profesión y solicita al Estado argentino que rompa el silencio y “haga explícita la solidaridad del pueblo argentino para con las víctimas de la narco violencia estatal mexicana”.
 
El Manifiesto, al que se suman la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG), Pikara Magazine, el sitio Economía Feminista, Revista Mu, Revista Anfibia, Cosecha Roja, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, la Federación Argentina de Trabajadores de la Prensa, entre otros, así como cientos de periodistas en lo personal, señala que México padece una tragedia sin precedentes que volvió a quedar en evidencia el pasado 15 de mayo, con el asesinato de periodista Javier Valdez Cárdenas en Sinaloa.
 
Hay más de 100 periodistas asesinados, recuerda el Manifiesto y “ninguno de esos crímenes ha sido investigado. Reina la impunidad. También hay por lo menos 23 periodistas desaparecidos y decenas más amenazados y desplazados de su ciudad de origen”.
 
Por eso México es hoy el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y uno de los más peligrosos para los trabajadores de prensa en todo el mundo, señala, y recuerda que este 2017 han sido asesinados Cecilio Pineda Brito, de 38 años,  ejecutado  el 2 de marzo por sicarios que le dispararon desde una motocicleta mientras él descansaba en una hamaca.
 
El 19 de marzo, en Veracruz, el periodista Ricardo Monlui, de 57 años, fue asesinado a balazos cuando salía de un restaurante. El 23 de marzo, en Chihuahua, mataron de 8 balazos a la periodista Miroslava Breach, de 54 años, en la puerta de su casa y frente a su hijo.

El 14 de abril, en Baja California, mataron de 15 balazos al periodista Maximino Rodríguez, de 73 años, en el estacionamiento de un centro comercial. Estaba con su esposa. El 2 de mayo, en Morelos mataron el periodista Filiberto Álvarez, de 71 años. Fue acribillado cuando volvía a su casa en su auto. El 15 de mayo, en Sinaloa mataron al periodista Javier Valdez, de 50 años. Lo sacaron de su coche y lo masacraron a tiros.
 
Todas y todos, los periodistas asesinados “habían denunciado violaciones a los derechos humanos, vínculos entre políticos y narcotraficantes, el recrudecimiento de la violencia provocado por la guerra narco y la inacción o complicidad del Estado”.
 
El asesinato de periodistas en México entraña una gravedad particular, dice el texto, ya que afecta a la libertad de expresión y el acceso a la información, derechos fundamentales en una democracia, y recuerda cómo a partir de 2006, “Felipe Calderón sumió al país en una irresponsable guerra contra el narcotráfico que ha continuado… Enrique Peña Nieto”.
 
 Desde entonces ha habido más de 100 mil asesinatos y más de 30 mil desapariciones. Las masacres masivas y manipuladas por las fuerzas de Seguridad se multiplican. A diario se cometen delitos de lesa humanidad. Cada vez son más numerosos los casos que prueban la vinculación de gobernadores y alcaldes con el crimen organizado.
 
“México se ha convertido en un cementerio. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reveló que a lo largo del país se han encontrado 855 fosas comunes con miles de cuerpos amontonados. Fosas descubiertas en su mayoría no por el Estado, sino por familiares de desaparecidos que se auto organizan para excavar la tierra.
 
El Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS) reveló que México es el país más letal después de Siria. En 2016 fueron asesinadas 23 mil personas. 63 cada día. Más que en Afganistán y que en Irak.
 
En medio de esta guerra que no resolvió nada y sólo incrementó la violencia, los defensores de derechos humanos, padres y madres que buscan a sus hijos desaparecidos y los periodistas se convirtieron en un blanco de ataque.
 
Frente a esta tragedia, dice el Manifiesto, las y los abajo firmantes repudian los crímenes y exigen que Peña Nieto “haga efectivos los mecanismos de protección para periodistas y al Estado en su conjunto que investigue, aclare y sancione asesinatos que siguen marcados por la plena impunidad”.
 
Y al presidente Mauricio Macri, “que ponga fin a su silencio sobre la tragedia humanitaria que vive México y que se solidarice con los desaparecidos, asesinados, desplazados, amenazados y con el resto de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico”.
 
17/RED
 

Obligado por la protesta y un amparo promovido por el movimiento de mujeres, el gobierno de Mauricio Macri restituyó 67 millones de pesos que había recortado del presupuesto para combatir las violencias machistas y prevenir los casos de feminicidio.

El recorte a estos recursos, aprobados desde noviembre pasado para el Consejo Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, fue negado en un primer momento por la titular del Consejo, Fabiana Túñez, quien dijo que había un “error”.  

Al día siguiente de la declaración de Túñez, Macri negó en conferencia de prensa que hubiera existido tal recorte.

El movimiento de mujeres, por su parte, presentó un recurso de amparo, para revertir la “sustracción ilegal” de las partidas del Plan y del Consejo, y también para que sea establecido un mecanismo de monitoreo para evitar que vuelva a repetirse una situación similar.

Firmaron la solicitud de amparo la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM), la Comisión Argentina de Migrantes y Refugiados (Caref), la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI) y la Fundación Siglo 21.

El jueves pasado, pese a que Macri había negado públicamente el recorte al presupuesto, en el Boletín Oficial del gobierno se publicó la Decisión Administrativa 149/2017 reasignando la partida de 67 millones de pesos para el Consejo Nacional de las Mujeres y el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres

Esto revela, señaló el movimiento de mujeres, que Macri mintió, que el dinero fue recortado el 11 de enero de 2017 y enviado a otra área, pero tuvo que ser  restituido ante el reclamo inmediato y enérgico de las organizaciones, entre ellas el colectivo Ni Una Menos, pero también de distintos sectores políticos.

Los 67 millones de pesos restituidos, significan, señala la coordinadora del Movimiento de Mujeres de la Matria Latinoamericana, Raquel Vivanco, 8 pesos por cada argentina para combatir las violencias machistas y prevenir los casos de feminicidio.

17/RED/GG

En medio del reclamo mundial por su liberación desde hace un año, hoy la líder social argentina Milagro Sala, declarará en el primer juicio oral de uno de los supuestos delitos por los que se le acusa.
 
La dirigente social será juzgada por una causa que impulsa el gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales, desde 2009, cuando en una manifestación en su contra le lanzaron huevos y provocaron un tumulto. La líder de la Tupac Amaru ni siquiera estaba entre los manifestantes, recordó el diario Página 12.
 
En el Tribunal Oral Federal 1 de Jujuy también estará una dirigente de otra organización y un joven detenido sin pruebas ni testigos, agregó la fuente.
 
Con una prescripción dictada en mayo por este mismo tribunal, señaló Página 12, la causa logró un reimpulso de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal que agravó los cargos.
 
La única prueba contra la dirigente social es el testimonio de un hombre que habla de una reunión que no existió.
 
En varios momentos, la defensa de la líder de la organización social Tupac Amaru ha reafirmado que Sala no organizó esta manifestación e incluso estaba lejos del lugar, en Monterrico, a 50 kilómetros de San Salvador.
 
Cuando se enteró de las acusaciones de Morales, fue al diario El Tribuno para desmentirlo. “Que la reunión de la que sólo hablan estos testigos no existió”, reseñó el periódico.
 
Esta es sólo una de las varias causas abiertas contra Sala, cuyo encarcelamiento ha sido repudiado dentro y fuera del país por organizaciones políticas y movimientos sociales.
 
Una fuerte campaña se vivió durante estos 12 meses por la pronta liberación de la también parlamentaria del Mercosur.
 
La líder de la agrupación Tupac Amaru lleva encarcelada más de 300 días en el Penal de Alto Comedero, en Jujuy, bajo la presunta incitación a la violencia y tumulto por encabezar la protesta contra los cambios impuestos por Gerardo Morales en el sistema y programa de cooperativas.
 
Pero luego se le abrieron otros procesos como la supuesta irregularidad de administración de fondos destinados a construcción de viviendas, y también se le imputa la autoría de los delitos de asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión.
 
Hace pocos días se le imputó como coautora de homicidio agravado por precio o promesa remuneratoria.
 
El Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, el Parlamento del Sur (Parlasur), la Organización de Estados Americanos y otras entidades pidieron al Gobierno de Mauricio Macri la puesta en libertad de Sala.
 
La ONU calificó su encarcelamiento de arbitrario, en una resolución respaldada incluso por el Parlasur.
 
16/RED/AMS/LGL