Tortura sexual

En el escenario una mujer menuda y mayor está sentada sobre una caja de madera, canta con una voz tenue en un idioma que nadie reconoce, permanece casi inmóvil, con las manos sobre las rodillas, viendo a la nada, como si no existiera el público. Decenas de mujeres observan su rostro marcado por los surcos de los años.

Ella tiene 74 años, es indígena guatemalteca, hablante de mam y sobreviviente de la guerra civil que se desató entre 1960 y 1996 en aquel país centroamericano. En la década de los años ochenta los grupos armados asesinaron a su esposo y a sus hijos, a ella la violaron y la dejaron abandonada en el monte. Imaginó que moriría, pero no, resistió.

Se mantuvo viva, tan activa que ahora es parte de “Colectiva actoras de cambio”, una organización civil feminista que impulsa procesos de sanación para las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y que además las incita a hacer teatro, la mejor forma que encontraron para narrar la violencia sexual durante el conflicto armado.

La Colectiva decidió apropiarse de las artes escénicas como estrategia para mantener la memoria, una decisión que asumieron después de preguntarse ¿cómo contar los estragos de la guerra, cómo y para qué explicar que fueron humilladas, golpeadas y violadas una y otra vez hasta desmayar; cómo decirles a quienes no hablan mam, quiche u otra lengua?

“La abuelita”, como le dicen sus compañeras, recorre el escenario, dice sus diálogos en su lengua, en una escena canta, en otra se lamenta y en una más su cuerpo se arroja desde unos cubos de madera que representan los montes. En ese instante un golpe seco se escucha y una combinación de llanto y aplausos del público simbolizó el cierre del telón.

Ella participó en la puesta en escena “La mujer montaña”, una obra de teatro donde más que actuar, revive. Junto con ella participan siete mujeres más, todas sobrevivientes de violación o violencia sexual en el departamento de Huehuetenango, en Guatemala, donde fueron violentadas.

“La abuelita” es la mayor de edad y la más joven tiene 22 años. La obra está representada en mam, la lengua que hablan las actoras; y pese a que el público es en su mayoría hablante de español puede hilar la historia, puede encontrar en cada escena sentido, ver las plantas, ver el jaguar y ver el espanto.

“En el corazón de la montaña se reúnen casualmente varias mujeres que vienen huyendo de sus historias aunque aún traen a cuestas una parte significativa de éstas. Allí encuentran a ´la niña espanto´ quien las guiará humildemente hasta una cueva sagrada a la que caerán sin darse cuenta… Lo que descubren, transformará sus vidas”, reza la reseña de la obra.

Este montaje se presentó en el “Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan”, una reunión organizada por la Comandancia General del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que congregó a unas cinco mil asistentes y a las dos mil zapatistas anfitrionas, quienes se dieron cita en Chiapas del 8 al 10 de marzo.

Como parte de las actividades culturales la “Colectiva actoras de cambio” presentó su obra frente a decenas de mujeres de todo el mundo en el Caracol de Morelia “Torbellino de nuestras palabras”, territorio zapatista donde se realizó el "Encuentro de Mujeres que Luchan”.

Al término de la obra y con ayuda de una traductora “La abuelita”  respondió preguntas de las mujeres del público: "A principios yo estaba en mi casa, mataron a mi familia y a mi esposo. Me imaginé que me iba a morir y que estaba sola, que nadie me podía acompañar. Llegaron compañeras de Huhuetenango: Vamos, sé que fuiste violada pero vamos a luchar juntas", dijo.

Enfrentó su miedo y después de un proceso colectivo para sanar, se introdujo en esta obra que se montó y se produjo en un año y medio. Todo, desde el vestuario hasta la utilería, simbolizan su cultura, sus montes y sus tradiciones. Además cada escena es su historia, la de ella y sus compañeras, por eso sus rostros y sus gestos no dejan de transmitir emociones.  

Nos costó mucho hacer esta obra pero nos sentimos muy bien, cuenta una de las actoras. 

Josefa Lorenzo, es parte de las mujeres que actúan. Ella habla mam y español, tiene una voz fuerte que inunda el espacio pero además desde hace varios años se ha involucrado en los procesos organizativos de las comunidades indígenas, ya es una líder, por eso es quien toma el micrófono a la hora de participar en los conversatorios.  

En 1995 Josefa estaba en Huhuetenango, allí esperaba un camión pero ya era tarde y no había transporte. Llegó un hombre en un carro y se ofreció a llevarla. Él la violó. La experiencia no es fácil de narrar. “Se me iba la voz, no podía hablar, estaba muy enferma”. Logró vivir con la violencia hasta que llegó con la Colectiva, fundada en 2003 por Yolanda Aguilar y Amandine Fulchiron.

“Las actoras de cambio tuvimos una constelación y volví a encontrar a ese tipo y me puse bien mal cuando lo vi, se me fue la voz, hice las limpias pero yo no tenía fuerza para hablar, para hacer nada. Yo les dije: ese tipo me violó”.

Antes de participar en una obra las mujeres pasan por un proceso de sanación, de sacar las emociones, romper el silencio, quitarse la culpa y recuperar la fuerza para hablar y pararse en el escenario, para contar, con sus actuaciones, lo que vivieron en el conflicto armado. Historias que salieron a la luz nuevamente entre 2013 y 2016 con el juicio contra del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y otros mandos militares.

“Justamente con las compañeras que nos apoyaron en todo el proceso de sanación, con plantas, el temazcal, masajes, nos hablamos, nos enseñaron a sacar la voz, el poder interior, solo era importante el primer paso, que no tenemos miedo, que podíamos vencer el miedo”, explicó Josefa a Cimacnoticias.

Sobrevivieron, dicen, para contar que en Guatemala hubo una guerra interna, que muchas mujeres murieron, que muchas fueron violadas y que ellas siguen padeciendo las consecuencias de esos enfrentamientos que muchas no conocen porque ser mujer de la ciudad es diferente a ser mujeres de las montañas.

El teatro también les ha servido para dejar esa carga que representan las críticas, los estereotipos, las dificultades, por eso al finalizar la obra las actoras cargan costales de hojas y las arrojan, las entierran como si en la plataforma hubiera de verdad tierra para luego vivir y estar en lucha. Sólo así logran reconstruirse después de cada representación, porque saben que la cárcel para sus verdugos nunca será una reparación.

18/AGM/LGL

Después de dos días en la sala de juicios orales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), el balance de las once mexicanas que acudieron a denunciar la tortura sexual por parte de policías municipales, estatales y federales es positivo porque lograron evidenciar que la verdad no se puede ocultar por siempre.

Las heridas emocionales ocasionadas hace más de once años siguen presentes pero se han transformado en fuerza. Así lo demuestran sus voces contundentes, sus movimientos certeros y los ademanes que hacen las once sobrevivientes de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

Finalizada la audiencia pública que se realizó los días 16 y 17 de noviembre en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica, las mujeres decidieron hacer un paréntesis para hablar con los medios mexicanos sobre sus primeras impresiones tras escuchar las preguntas e inquietudes de jueces y de los funcionarios de las Secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación (Segob).  

Cinco de las denunciantes, conocidas como las “mujeres de Atenco”, charlaron con Cimacnoticias. En una entrevista colectiva María Patricia Romero Hernández, Bárbara Italia Méndez Moreno, Angélica Patricia Torres, Cristina Sánchez Hernández y Yolanda Muñoz Diosdada hicieron una evaluación positiva y esperanzadora de lo ocurrido durante los dos días en la Corte Interamericana.  

Durante la primera jornada Angélica Patricia, Bárbara Italia, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo presentaron su testimonio. Fueron interrogadas por su defensa, por los representantes del Estado mexicano y por la juez y los jueces de la CoIDH, encargados de juzgar las presuntas violaciones a Derechos Humanos.

En el segundo día de trabajo la delegación mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, y la defensa de las mujeres, integrada por las abogadas de los Centros de Derechos Humanos: Miguel Agustín Pro Juárez y por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), presentaron sus alegatos.  

RETÓRICA DE LA IMPUNIDAD

Las mujeres recuperaron su derecho a tomar la palabra. Así lo sienten y así lo dicen. Aunque sólo cinco estuvieron en el estrado de la Corte Interamericana todas se sintieron identificadas en cada testimonio porque prácticamente vivieron las mismas vejaciones e insultos por parte de los cuerpos policiacos de la Policía Federal Preventiva y de la Agencia de Seguridad del Estado de México.

- Anayeli García Martínez (AGM): “¿Cuál es el balance después de escuchar las preguntas y los argumentos del Estado mexicano?”. 

- María Cristina (MC): Los comentarios del Estado pues, sí, sabemos que quieren balconear, pero nunca ofrecieron, nunca nos dieron un apoyo y no sé de dónde sacan eso.

- Yolanda (Y): Yo creo que fue una estrategia del Estado porque ahorita quiere argumentar que ha hecho algo bien y eso es falso. En tiempo se pasaron años y hemos visto que no hubo justicia ni un seguimiento para crear un sistema de justicia bien que pudiese ser beneficioso para nosotras, realmente conforme a la ley.

- Patricia (P): Es una disculpa tardía porque ya han pasado once años. Ellos decían que teníamos derecho a una indemnización, a que nuestros hijos tuvieran becas, hablaron de derecho a tener casa habitación y a muchas facilidades. (Pero) A once años estamos esperando que pudieran resolver el castigo de todas esas personas que incurrieron en la desgracia.

- Angélica Patricia (AP): Para mí fue bueno llegar hasta esta instancia que es la Corte Interamericana. Vimos ahorita a los representantes del Estado mexicano como niños reprobados, no traían nada preparado. Las cifras estaban mal hechas. El representante del Estado decía que había 45 mil habitantes (que radicaban en la zona). No es lo mismo que decir cuántas personas había ese día, o sea, las cifras, todo mal.

“Todo mal como su posición ahorita. Querían seguir tapando el sol con un dedo, no estaban siquiera claros ni por dónde iban, no tenían conocimiento del caso, creo que muy mal por parte de ellos. La verdad no se puede esconder. Se vio claro como no pudieron esconder la verdad. A once años no han hecho absolutamente nada”.

- Bárbara Italia (BI): Voy a retomar la frase hermosa que encuadró muy bien la experiencia de hoy, de las declaraciones del Estado, que dijo Araceli Olivos, la representante de nosotras: Estamos escuchando y estamos de frente a la retórica de la impunidad. Y es precisamente eso que ha intentado el Estado mexicano, imponernos la impunidad.

“Me parece muy positiva la audiencia de hoy. Ha sido realmente un espacio reparador en el que nosotras nos hemos podido encontrar, las once. Hablar en voz alta, nombrarnos, decir nuestro nombre, y en un ambiente de igualdad de condiciones con el Estado, y frente a jueces que estaban en la mejor disposición de escuchar la verdad, de escuchar a las mujeres”.

ONCE AÑOS DE “EMPUJAR LA VERDAD”

Las sobrevivientes han invertido once años “en empujar la verdad y la dignidad” frente a funcionarios que en un primer momento las calificaron de mentirosas y que hoy dicen no poner en duda lo que les sucedió.

Como muestra, en esta ocasión el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo recordó que en la audiencia que se realizó el 14 de marzo de 2013 en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en Washington, el Estado reconoció su responsabilidad y pidió una disculpa pública.

En la comparecencia de hace cuatro años ante la CIDH, órgano que remitió el caso a la Corte Interamericana, Lía Limón, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Segob, y Juan Manuel Gómez-Robledo, entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, ofrecieron una solución amistosa que fue rechazada por las víctimas.

Después de un largo proceso que comenzó en abril de 2008 cuando las once mujeres enviaron su caso al Sistema Interamericano, se les preguntó:

- AGM: ¿Esta audiencia, la última sesión oral, se acerca a la justicia?

- C: Hay algo cerca. Esperemos que los jueces nos escuchen y nos den prioridad. Creo que se ha luchado muchísimo. Entonces ¿qué se persigue? Ante todo que se haga justicia y que se diga la verdad, por eso estamos aquí. Creo que este es el mejor camino porque tenemos un gran grupo de abogados y una Corte de las mejores, es la mejor.

- AP: Es solamente como un pasito, todavía falta mucho.

- BI: Creo que es indispensable y se requiere una sentencia que vaya en el sentido de las peticiones que hemos hecho hoy a la Corte. Que la Corte determine que el Estado tiene que investigar, juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales. Creemos que si no tenemos ese elemento particular en la sentencia, estos hechos van a quedar impunes. Once años de impunidad en México nos dan la razón.

Bárbara Italia, una de las cinco mujeres que declararon, insiste en que es necesario que el alto tribunal se pronuncie por una investigación que abarque todos los niveles de responsabilidad y que no se quede solamente en la reparación del daño material. Contundente, afirmó que no aceptarán un monto económico a cambio de la justicia. 

En la jornada del día 17 de noviembre, el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo señaló que el Estado ya ha ofrecido medidas de reparación del daño pero pidió al pleno considerar que se requiere de la “cooperación de ambas partes” toda vez que las mujeres se han negado a participar en el diseño de las mismas. Por su parte, las sobrevivientes de tortura sexual y su defensa legal, argumentaron que la medida más sustantiva de la reparación del daño es una investigación seria. 

No obstante el Estado mexicano consideró que no podía sancionar a ningún mando. Su principal argumento es que la investigación que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2009, determinó que no había elementos para señalar la responsabilidad de la cadena de mando y que de hacerlo se estarían violando los Derechos Humanos de los jefes policiacos.

- AGM: ¿Qué opinan de que el Estado ya tenga un paquete de reparaciones y diga que no es posible investigar a quienes ordenaron el operativo?

- BI: El Estado mexicano, desde un poco antes de que se emitiera el informe de fondo, ya tenía su paquete de reparaciones. La vía que estaba buscando era la solución amistosa (mecanismo en la CIDH para evitar que un caso llegue a la Corte). El Estado mexicano tiene años intentando meter un paquete reparatorio que no tiene absolutamente nada que ver con la verdad.

El Estado podrá, en su retórica, seguir insistiendo en que hay medidas de reparación pero no son las que nos reparan a nosotras, son las que para ellos se apegan a esta lógica de pretender no investigar e irse con otras medidas individuales que, por supuesto son importantes, pero que no son vitales para nosotras. En esa lógica, el Estado seguirá diciendo misa pero nosotras no quitamos el dedo del renglón.

- AP: Una cosa es que quieran y otra cosa que se dé. Lo han intentado desde hace mucho. ¿Una solución amistosa? ¿De cuántos muertos que ha habido en México, de cuántas personas por políticas impunes? No puede haber solución amistosa. Ahorita ya no. Ya estamos en la Corte, la sentencia de la Corte será lo que se tendrá que llevar, eso no es negociable ya.

ROMPIENDO EL SILENCIO

La mañana del 16 de noviembre, las mujeres presentaron sus testimonios. Señalaron los daños psicológicos y familiares de la tortura sexual. Por ello, y pensando en lo que viven otras mujeres, pidieron que la Corte Interamericana considere en su sentencia que una de las medidas de reparación del daño sea la creación de un Centro de documentación y acompañamiento a mujeres sobrevivientes de tortura sexual.

Hicieron esta propuesta porque en su travesía por las instituciones mexicanas, la cual han sobrellevado arropadas por la sociedad civil, han conocido a más mujeres víctimas de tortura sexual. De ahí que el Centro que proponen tiene dos objetivos: dar acompañamiento a mujeres y sus familias desde un enfoque psicosocial y con una perspectiva de Derechos Humanos; y, documentar para comprobar cómo las fuerzas de seguridad ejercen la tortura sexual en todo el país.

- AGM: Algunos jueces preguntaron por qué afirman que la tortura es una práctica generalizada en México ¿por qué hacen esta afirmación?

- P: En todos los movimientos que ha habido, como fue Oaxaca y algunos otros, casi siempre se ve el mismo abuso de la fuerza, el abuso de las mujeres. Casi siempre que veo las noticias veo el abuso y no nada más es en México, es en diferentes países. Lo vimos en España, en Barcelona. Esa parte es la muestra de que es general. 

- BI: Cuando nosotras salimos (en 2006) se hablaba de violación y nosotras intentamos hacer una distinción sobre el uso político de la violación, como estrategia de control social. A ti te pueden violar en el microbús, te pueden violar saliendo de una fiesta y, sí, hay elementos de dominación pero es distinto. Hay una vulnerabilidad contra las mujeres muy específica cuando estas en custodia de agentes del Estado, eso por supuesto se configura en tortura sexual.

“Nosotras quisimos enfocar ese elemento y esa dimensión de la violencia contra las mujeres y cómo se tortura a las mujeres de una manera diferenciada que a los hombres. A las mujeres nos violan casi sí o sí, bajo contexto de detención. En otros periodos de la historia nos violaban pero no se miraba ni se daban pistas que tenía un elemento fuertemente político, de dominación de la sociedad y hacia los movimientos”.

Para Patricia, Angélica Patricia, Bárbara Italia, Yolanda y Cristina junto con Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Ana María Velasco Rodríguez y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, es claro que la tortura sexual es una herramienta del Estado y por eso seguirán luchando para que se deje de usar. 

Ahora llegaron a la última instancia facultada para juzgar violaciones a Derechos Humanos en el continente, y por eso esperan que una vez concluida la audiencia, los jueces Humberto Antonio Sierra Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y la jueza, Elizabeth Odio Benito, emitan una sentencia a su favor aunque la tortura sea irreparable.

Con la próxima resolución, que se espera para 2018, México podría sumar tres condenas de la Corte Interamericana por casos de tortura sexual contra mujeres. Las dos sentencias previas fueron emitidas en 2010 cuando el organismo encontró responsable al Estado mexicano por la tortura sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, agredidas por militares en 2002, en el estado de Guerrero.

17/AGM/LGL

“Las mujeres nunca nos equivocamos cuando peleamos por nuestros derechos”, fue la respuesta de la jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Elizabeth Odio Benito a Norma, una de las víctimas de tortura sexual en la represión ocurrida durante los operativos de mayo de 2006 en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

Norma es la voz de muchas mujeres que se han preguntado si no es un error haber denunciado la violencia vivida, cuestionamiento que emana cuando son nuevamente revictimizadas por los administradores de la justicia mexicana; y es la voz de aquellas que guardan silencio por el terror de ser exhibidas con cuestionamientos soeces.

Por eso las palabras de Norma, representan la voz de todas las mujeres de Atenco y Texcoco que fueron violentadas los días 3 y 4 de mayo del 2006 y de las 31 mujeres que fueron torturadas sexualmente; y a la vez, es parte de las once que presentaron su testimonio ante la Corte.

Las mujeres de Atenco han caminado 11 años en búsqueda de verdad y justicia. En ese andar han recibido de todo por parte del Estado mexicano, menos justicia. Ellas han sido calumniadas, estigmatizadas, revictimizadas, pero no se han rendido porque saben que su dicho es verdad, y que unidas son más fuertes.

Once años para hacer oír su palabra, la que Peña Nieto quiso silenciar, en su momento, como gobernador del Estado de México, y hoy, al ocupar la silla presidencial.

Sin importar el tiempo transcurrido ni a donde vaya, Atenco lo seguirá por el resto de su vida, como el 2 de octubre a Díaz Ordaz, porque la dignidad de las heroínas de Atenco es más fuerte que la simulación. Ellas nos representan a todas.

Su presencia nos recuerda lo que sí hemos logrado desde el feminismo: romper el silencio que cobija la violencia misógina y feminicida, porque logramos hacer pública la tortura sexual que sigue siendo cotidiana en nuestro país.

Ellas nos recuerdan que sí hay que creerles a las víctimas pese a las voces, casi siempre masculinas, que pretenden desacreditarlas.

La voz de las mujeres de Atenco es la de todas; la de cientos de madres que buscan la verdad y la justicia para sus hijas asesinadas por sus parejas, víctimas estigmatizadas por las autoridades que disfrazan de suicidio los asesinatos porque están coludidas con el feminicida. Es la voz de cientos de mujeres y niñas que están en las redes de trata a quienes les han quitado las palabras, las han silenciado a tal grado que algunas creen que eso es un buen trabajo.

Las de Atenco somos nosotras, las que salimos a la calle para exigirle al Estado que garantice nuestros derechos y frene la violencia contra nosotras. Ellas somos nosotras y nosotras somos ellas.

*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC

Twitter: @lagunes28

17/LLH/LGL

Como hace 11 años, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual de Atenco denunciaron los hechos de tortura sexual cometida en su contra por agentes de los 3 niveles de gobierno.

Ahora, frente a las y los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), y como hace 11 años, el Estado mexicano, a través de sus funcionarios, insistió en que los operativos obedecieron a un “enfrentamiento entre dos bandos: policías y manifestantes”, negó que hubo tortura generalizada y enfatizó que el daño a las mujeres se había reparado.

Durante las audiencias públicas realizadas este 16 y 17 de noviembre, en la sede de la CoIDH, en San José, Costa Rica, por el caso de tortura sexual contra 11 mujeres peticionarias de Atenco, la comitiva mexicana, encabezada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, trató de justificar el contexto de las violaciones sexuales.

Desde el jueves 16, cuando cinco de las 11 mujeres presentaron su testimonio oral para dar cuenta de que fueron detenidas de forma arbitraria, golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, los funcionarios mexicanos trataron de “contextualizar” los hechos y aclarar que ya habían tomado medidas de reparación por este caso.

Incluso cuando el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo trató de dar un discurso sobre el respeto a los Derechos Humanos (DH), fue interrumpido por la abogada de Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Florencia Reggiardo, quien lo objetó toda vez que en esa etapa del proceso solo se debían hacer preguntas a las sobrevivientes que declaraban.

Asimismo el director del Área de Casos de la Dirección General de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Carlos Uriel Salas Segovia y la directora de Derecho Internacional de la Consultoría Jurídica de la misma dependencia, Karla Victoria Jones Anaya, cuestionaron a las víctimas si conocían los informes donde ofrecieron medidas para reparar el daño.

Para afianzar esta posición, el viernes 17 el embajador Ruiz Cabañas Izquierdo destacó que había 52 policías “consignados” y que en una audiencia realizada el 14 de marzo de 2013 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano reconoció violaciones a DH y negó que el caso Atenco ocurriera en un contexto de “tortura generalizada”.

También dijo que, de acuerdo con una investigación realizada en 2009 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no hubo y no hay elementos para juzgar a mandos superiores jerárquicos, no hubo una orden para violar DH y que el uso de la fuerza fue una acción legítima y legal, aunque reconoció que hubo “excesos”.

NUEVAS REPARACIONES

En voz del embajador, el Estado mexicano pidió que no se ordenen “nuevas medidas de reparación” adicionales a las propuestas por el gobierno mexicano, y acusó a la CIDH, organismo que envió el caso a la Corte, de incurrir en errores graves y violaciones procesales en este caso.

Como respuesta a los alegatos de la comitiva mexicana, las litigantes de Cejil y del Centro de DH Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) acompañantes legales de las denunciantes, aclararon que ningún autor de los crímenes ha sido sancionado. La abogada del Prodh, Araceli Olivos Portugal, dijo que la información vertida era un ejemplo de la “retórica de la impunidad” para justificar la brutalidad policial de hace once años.

Para desmentir los dichos del Estado, la abogada Stephanie Erin Brewer precisó que la investigación de la SCJN, que no era penal, encontró que la violencia en los operativos policiales de Atenco fue tolerada por omisión por la cadena de mando, es decir, por los jefes de la policía que conocieron y toleraron los hechos.

Al contrastar las versiones, los jueces del alto tribunal, Humberto Antonio Sierra Porto, Roberto F. Caldas, Eduardo Vio Grossi, Eugenio Raúl Zaffaroni, Patricio Pazmiño Freire y la jueza Elizabeth Odio Benito, notaron una radical y distinta forma de ver los hechos.

Por esa razón una pregunta en la que insistieron fue saber si había o no responsables condenados. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, tuvo que matizar los dichos y señalar que las 52 personas imputadas eran probables responsables y que en realidad no había ninguna condena.

El fiscal destapó la verdad negada cuando afirmó que en un principio hubo una sentencia por el delito de actos libidinosos que finalmente fue revocada. Además, dijo, de los 52 imputados, sólo 18 siguen en proceso. “No hay impunidad porque los procesos legales siguen”, consideró.

Los jueces pidieron que en la siguiente etapa, deberán enviar alegatos por escrito, las víctimas deberán informar por qué consideran que hubo una estrategia (avalada por el entonces gobernador Enrique Peña Nieto) para ejercer tortura sexual ya que “una cosa es solicitar la intervención de la fuerza pública y otra masivas violaciones” y pidió al Estado informar cuántos policías participaron y cuántos civiles había, entre otros datos.

Las 11 mujeres de Atenco piden reparación para ellas pero también para evitar la repetición de los hechos. Es por ello que demandaron que se reconozca el uso excesivo de la fuerza policial, la violencia contra las mujeres, la tortura como mecanismo de control y la impunidad que permite su repetición crónica.

En su camino hacia la justicia, Mariana Selvas Gómez; Georgina Edith Rosales Gutiérrez; María Patricia Romero Hernández; Norma Aidé Jiménez Osorio; Claudia Hernández Martínez; Bárbara Italia Méndez Moreno; Ana María Velasco Rodríguez; Yolanda Muñoz Diosdada; Cristina Sánchez Hernández; Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo; han encontrado más víctimas de tortura sexual, una técnica que consideran, se usa para desmovilizar a la sociedad, reprimir o fabricar culpables.

Por ello, durante tres años mantuvieron la campaña “Rompiendo el silencio. Todas juntas contra la tortura sexual”, que actualmente está integrada por 24 mujeres de diferentes regiones del país.

17/AGM/LGL

Fue superlativo el cinismo de los representantes del Estado mexicano mostrado en la Audiencia Pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, realizada en San José, Costa Rica, este 16 y 17 de noviembre, por el caso Atenco.

En contraste, fuerza y valentía demostraron las cinco sobrevivientes que presentaron sus testimonios por haber sido torturadas sexualmente por policías, quienes les rasgaron su ropa, las golpearon, las pellizcaron, las penetraron, se burlaron de ellas, las insultaron, las humillaron...

Las 11 mujeres que siguen la demanda ante ese organismo internacional piden se conozca la verdad, se castigue a los culpables materiales e intelectuales, que el Estado mexicano no sólo reconozca que sus agentes incurrieron en uso excesivo de la fuerza, sino que cometieron tortura sexual (no tortura por omisión ni encubrimiento por tortura): que se disculpe.

Como resultado de un operativo policíaco en el que participaron más de 2 mil 500 agentes locales y federales, 200 hombres y 50 mujeres fueron detenidos en el poblado de Atenco, donde sus habitantes protestaban por la instalación de un aeropuerto.

Este caso demuestra la importancia de los pactos de impunidad para que se siga repitiendo una forma de establecer “orden” por parte de las fuerzas públicas y se justifique su agresividad bajo el entendido que las personas reprimidas son “enemigos”. Igual ocurrió en Guatemala durante la guerra.

Aunque los voceros de la cancillería mexicana utilicen una verborrea con múltiples subterfugios, quedó claro que ningún inculpado por la represión ejercida ha sido condenado después de 11 años. Y si un policía fue sentenciado sólo por “actos libidinosos”. Después, con un recurso de amparo, fue dejado en libertad.

El caso Atenco es conocido gracias a que 11 mujeres han alzado su voz en múltiples foros para exigir justicia, reivindican su derecho a una reparación digna para sentar un precedente en México y no se repita ese tipo de abusos. Así lo hicieron en Guatemala, las abuelas de Sepur Zarco (departamento de Alta Verapaz), quienes durante la guerra sufrieron esclavitud sexual en un destacamento militar.

Las sobrevivientes de Atenco en ese entonces eran trabajadoras, estudiantes, periodistas, activistas, y les imputaron cargos falsos, se les obligó a seguir procesos judiciales y a estar privadas de libertad, en un contexto en el que siendo gobernador Peña Nieto asumió la responsabilidad de restituir el “orden” en ese poblado mediante el uso de la fuerza pública. 

La tortura sexual no es un acto excepcional, es una realidad persistente. En la audiencia se explicó que de cada 100 mujeres detenidas en México, 72 sufren violencia sexual y 33 de ellas son violadas.

Ello ocurre porque existen pactos de impunidad entre machos, ya que los patrones de actuación con esquemas de supremacía masculina que siguen los elementos policíacos y sus jefes, les obliga a silenciar los abusos que cometen contra mujeres; y sabiéndose impunes nombran putas, perras, mentirosas, revoltosas a sus víctimas, a quienes culpabilizan por hacer sido detenidas ya que ellas “tendrían” que estar en su casa...

Por ello, tienen mucha razón las defensoras de derechos humanos quienes abogar por acabar con la figura de los “intocables”, de los que se sienten todopoderosos.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

17/RHA/LGL

Las palabras de la sobreviviente de tortura sexual, Angélica Patricia Torres Linares, fueron inesperadas y causaron sorpresa, cuando afirmó que Enrique Peña Nieto ordenó el despliegue de las fuerzas de seguridad, cuyos elementos violaron a más de 11 mujeres en los municipios de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México, el 3 y 4 de mayo de 2006.

Con su testimonio, Patricia, fue la protagonista de un momento incómodo para la delegación mexicana que este jueves se presentó en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en San José, Costa Rica, para escuchar los testimonios de once mujeres que responsabilizan al Estado mexicano de ordenar la violencia sexual que vivieron hace 11 años y seis meses. 

La declaración fue inusual porque si bien en México es sabido que Peña Nieto asumió públicamente ser el responsable de los operativos, no se esperaba escuchar el nombre del Presidente de la República en un proceso ante el organismo internacional donde no se juzgan las conductas de funcionarios públicos sino las violaciones a Derechos Humanos cometidas por un Estado y los mecanismos para reparar el daño.

En el relato de Patricia, quien fue detenida y violentada el 4 de mayo de 2006, fue recurrente la exigencia que “se sepa la verdad” sobre lo sucedido durante la incursión policiaca de 700 policías federales, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal y al menos nueve policías municipales, lo que dejó como saldo 207 detenidos, entre ellos 31 mujeres que denunciaron abusos sexuales.

Para aclarar el sentido de esta petición, el juez Patricio Pazmiño Freire peguntó a Patricia a qué se refría con “la verdad”, entonces ella fue contundente: “en el 2006, después del operativo salió el que entonces era el gobernador de Estado de México… a decir que yo era una mentirosa porque todo lo que yo estoy declarado había sido aprendido en manualitos”.

Cuando la joven hablaba, el juez Pazmiño Freire la interrumpió para preguntar: “¿Quién era el gobernador?”. “El licenciado Enrique Peña Nieto”, respondió ella. El nombre hizo alzar las cejas al juez y a algunos asistentes del público, en su mayoría universitarios de Derecho que seguían el desarrollo de la sesión.

Patricia se refería a la declaración que en 2006 hizo el entonces gobernador. “Es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos radicales, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”, dijo Peña Nieto en aquel año.

El caso de las Mujeres de Atenco ha perseguido al priista. El 11 de mayo de 2012 el entonces candidato presidencial fue increpado por este hecho por estudiantes de la Universidad Iberoamericana a quienes dijo: “Fue una acción determinada personalmente, que asumo personalmente, para reestablecer el orden y la paz en el legítimo derecho que tiene el Estado mexicano de hacer uso de la fuerza pública”.

Desde entonces y hasta ahora, el gobierno mexicano se ha empeñado en asegurar que el despliegue de los elementos policiacos fue una decisión para recuperar la paz en los municipios mexiquenses; una acción que, aseguran, fue validada a través de una investigación que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y en la que se reconocen violaciones a Derechos Humanos.

Para Patricia, igual que para Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo, quienes declararon ayer, un operativo de esta magnitud fue una estrategia planeada que se sigue implementando en México, por lo que pidieron un pronunciamiento de la CoIDH respecto al uso de la fuerza pública.

Fue un operativo tan cruel y despiadado, que en su opinión, no se le ocurrió a unos cuantos policías y menos si sabían que no iban a ser investigados ni castigados. “Sé que no se mandan solos”, dijo Patricia.

La Audiencia en la Corte Interamericana concluirá este día cuando la delegación del Estado mexicano, conformada por el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo; el embajador de México en Costa Rica, Melquiades Morales Flores; el director general de Derechos Humanos y Democracia de la SRE, Erasmo Alonso Lara Cabrera; el Fiscal General de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez; el fiscal central jurídico del Estado de México, Germán Castillo Banuet y el titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, Luis Francisco Fierro Sosa, presenten sus alegatos sobre lo que ha realizado el Estado para que las víctimas accedan a la justicia.

17/AGM/LGL

Cuatro horas y media tardó la primera parte de la audiencia pública en la sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la que Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Angélica Patricia Torres Linares y Bárbara Italia Méndez Moreno dieron testimonio de lo ocurrido durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios de Atenco y Texcoco en el Estado de México.

Cerca de las ocho de la mañana las once mujeres denunciantes de tortura sexual entraron a la sala de la sede de la Corte Interamericana, lugar donde decenas de estudiantes de Derecho hicieron fila para escuchar los testimonios y ver el desarrollo de la audiencia donde minutos más tarde se daría cuenta de cómo once años y seis meses atrás, policías municipales, estatales y federales detuvieron, golpearon y toquetearon sexualmente a unas 31 mujeres.

Tras escuchar la presentación del caso por parte de las delegadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que envió el caso a la CoIDH, las denunciantes comenzaron a narrar testimonios que por momentos causaron sorpresa a los jueces y que hicieron que la comitiva de funcionarios mexicanos enfocara sus participaciones en enfatizar que ya se han tomado medidas para reparar el daño.

Los interrogatorios comenzaron con la formalidad propia del organismo internacional, primero con la gente participante de pie para recibir a los seis jueces, sin contar al mexicano Eduardo Ferrer MacGregor que por su nacionalidad no puede conocer el caso, y luego con un interrogatorio para cada una de las primeras cuatro, de cinco, víctimas que fueron llamadas a declarar.

El Juez Patricio Pazmiño Freire, interroga a la declarante, Sra. Norma Aidé Jiménez Osorio. Fotografía twitter @corteidh

--”¿Podría la declarante manifestar ante la Corte su nombre?

--Norma Aidé Jiménez Osorio

--¿Nacionalidad y lugar de residencia?

--Mexicana, Ciudad de México”.

Así comenzaron y siguieron los testimonios, declaraciones que repitieron las mismas frases una y otra vez: “era estudiante, me golpearon, me taparon la cabeza, metieron sus dedos en mi vagina… mi vida no volvió a ser la misma…. alguien lo ordenó, queremos que se investigue la cadena de mando”.

Los primeros en romper el protocolo fueron los funcionarios del Estado mexicano, quienes no dieron su nombre al tomar la palabra e hicieron comentarios en vez de ceñirse a hacer preguntas a las víctimas. Así por ejemplo el subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, comenzó a dar un discurso hasta que fue interrumpido.

El también embajador dijo que el gobierno de México condenaba cualquier violación a Derechos Humanos y estaba a punto de continuar fijando su posición cuando una abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización que defiende a las mujeres, objetó el discurso porque, dijo, la audiencia de este jueves era para escuchar a las víctimas y no para presentar alegatos, algo que está previsto para este 17 de noviembre.

Las mujeres de Atenco, como se conoce a las sobrevivientes, escucharon atentas, sentadas todas juntas de lado izquierdo de la sala, mientras la delegación mexicana hacía preguntas enfocadas en que las denunciantes reconocieran que las instituciones del país habían realizado acciones para reparar el daño, por ejemplo, que 55 policías fueron investigados, aunque la respuesta de Norma Aidé dejó claro que  “una verdad a medias no es la verdad”.

Al concluir el primer testimonio, las emociones explotaron y los recuerdos no pudieron esperar. Cuando Norma Aidé bajó del estrado, ellas, las que fueron acusadas de mentirosas, se abrazaron, deshicieron el nudo en sus gargantas y una vez más se juntaron para tomar aire y seguir en esta reunión que será la última antes de que la Corte Interamericana emita un fallo por este caso, en 2018.

Después del testimonio de Bárbara Italia Méndez Moreno, la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Patricia Colchero Aragonés, dio un giro a las intervenciones de los representantes del gobierno al comenzar a preguntar a las víctimas cómo el Estado podía colaborar para resarcir las consecuencias que padecieron por la violencia sexual.

17/AGM

Después de once años y seis meses de enfrentar cotidianamente a las instituciones del Estado de México para que las dejen de llamar mentirosas, once mujeres víctimas de tortura sexual se presentarán ante los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para narrar cómo las fuerzas de seguridad pública las violentaron durante los operativos del 3 y 4 de mayo de 2006. 

Por primera vez este 16 y 17 de noviembre la palabra de Mariana, Georgina Edith, María Patricia, Norma Aidé, Claudia, Bárbara Italia, Ana María, Yolanda, Cristina, Ángela Patricia y Suhelen Gabriela se escuchará durante una audiencia pública que se realizará en la sede de la Corte Interamericana, en San José, capital de Costa Rica. 

Para ellas, Las Mujeres de Atenco, el reloj se detiene con está audiencia que será la última parada de un recorrido en búsqueda de justicia que ya suma 138 meses y que podría culminar en una sentencia del máximo tribunal del continente en la que se reconozca que el Estado mexicano, por orden de mandos superiores y a través de policías locales, estatales y federales, ejerció tortura sexual.

Este episodio no pinta para ser una rendición de cuentas de parte de la comitiva de funcionarios mexicanos porque el organismo internacional no está facultado para juzgar los procesos penales que se desarrollan en México por estos casos pero servirá para mostrar las violaciones a Derechos Humanos cometidas durante un operativo que duró dos días y dejó secuelas permanentes.

DE GARANTIZAR SEGURIDAD A LA REPRESIÓN

El 3 de mayo de 2006 el gobierno del Estado de México, encabezado por el entonces gobernador y hoy Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ordenó el despliegue de un operativo en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco para impedir que los floricultores vendieran sus productos, operativo que se extendió hasta el 4 del mismo mes.

El despliegue de 700 policías federales, mil 815 de la Agencia de Seguridad Estatal y al menos nueve policías municipales dejó como saldo 207 detenidos, al menos 26 mujeres víctimas de violencia sexual; dos personas asesinadas: Javier Cortés Santiago y Ollín Alexis Benhumea Hernández y cinco personas extranjeras expulsadas del país.

Como resultado también se abrieron dos investigaciones, una de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; un expediente penal en la Procuraduría General de Justicia del Estado de México y posteriormente otro en la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de violencia contra las mujeres en el país, hoy conocida como Fevimtra. 

La versión de altos funcionarios, empezado por Peña Nieto, fue que se trató de reestablecer el orden y la paz social amenazada por unos manifestantes pero las imágenes de televisión y de los medios mostraron lo contrario, se vio cómo policías con equipos antimotín, toletes, escopetas lanza cartuchos de gas lacrimógeno y granadas del mismo gas, golpeaban y detenían gente al por mayor.

En este contexto 47 mujeres fueron detenidas de forma arbitraria, de ellas al menos 26 fueron golpeadas, manoseadas y pellizcadas en senos, pezones, piernas, pubis, glúteos, ano y vagina, en algunos casos por encima de la ropa y, en otros, en contacto directo con la piel. Una de las sobrevivientes fue obligada a practicar “sexo oral” a los policías y, según las denuncias, cada humillación fue acompañada de insultos, amenazas, golpes y jalones a la ropa. 

Con toda la carga física y psicológica que implica esta violencia, once mujeres mantuvieron sus denuncias por tortura pero ante la falta de respuesta en las instancias nacionales, en abril de 2008 presentaron su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acompañadas por abogados del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Cejil) y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Después de un largo proceso, en octubre de 2015 el organismo internacional emitió un informe sobre el caso, registrado como “Mariana Selvas y otras” y lo envió a la Corte Interamericana que finalmente escuchará la palabras de las denunciantes para analizar el fondo del asunto y eventualmente emitir una sentencia contra el Estado mexicano por su responsabilidad en las violaciones a Derechos Humanos cometidas en Texcoco y Atenco.  

LA MEMORIA DE ATENCO

San Salvador Atenco es el municipio mexiquense donde surgió la lucha de los ejidatarios del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), hombres y mujeres que se opusieron a la expropiación de sus tierras para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un proyecto ensalzado por Peña Nieto y que en 2015, durante su administración como primer mandatario a nivel federal, finalmente comenzó su contracción. 

Cuando en mayo de 2006 el FPDT se solidarizó con los floricultores que eran reprimidos en un operativo que calificaron de desproporcionado, también hubo personas defensoras de Derechos Humanos y estudiantes que acudieron al lugar a ayudar, fue el caso de las mujeres de Atenco. Algunas eran estudiantes que querían documentar la violencia, otras comerciantes que estaban en el lugar y unas más ciudadanas que simplemente pasan por allí.

Como si la finalidad fuera decretar la falsedad de los dichos de las mujeres torturadas sexualmente, el 16 de junio de 2006 el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, declaró: “es conocido que en los manuales de los grupos de insurgencia, de los grupos, lo primero que el manualito (dice) es declararse violadas en el caso de las mujeres”.

Con una intención similar, el 27 de junio de 2006 el comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Wilfrido Robledo Madrid, atribuyó lo que consideró eran “supuestos abusos” por parte de la policía a los “altos niveles de estrés” y declaró que “si las mujeres muy dignas no se dejaron revisar por los doctores, fue porque les había hecho nada”.

A pesar de esos intentos por desestimar las denuncias y cerrar el caso, las Mujeres de Atenco es la sombra que acompaña a Enrique Peña Nieto. El episodio incluso hizo tambalear su campaña presidencial cuando en el 11 de mayo de 2012 fue increpado por estudiantes durante una presentación en la Universidad Iberoamericana, quienes le señalaron el uso excesivo de la fuerza en Atenco y Texcoco.

Ante la insistencia de los estudiantes el entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respondió que en Atenco se reestableció el orden y afirmó: “Fue una acción determinada personalmente que asumo personalmente”. Este episodio más tarde dio vida al movimiento estudiantil YoSoy132.

ASUMIR REPARACIÓN DEL DAÑO

La CoIDH es la última instancia para Mariana Selvas Gómez, Georgina Edith Rosales Gutiérrez, María Patricia Romero Hernández, Norma Aidé Jiménez Osorio, Claudia Hernández Martínez, Bárbara Italia Méndez Moreno, Ana María Velasco Rodríguez, Yolanda Muñoz Diosdada, Cristina Sánchez Hernández, Ángela Patricia Torres Linares y Suhelen Gabriela Cuevas Jaramillo.

Es la última instancia porque a pesar de que en México la PGJ del Estado de México mantiene un expediente abierto, la indagatoria lleva más de once años y actualmente 16 policías de la Agencia de Seguridad Estatal son acusados de la tortura pero todos llevan su proceso en libertad; además, de 21 médicos auxiliares de la autoridad ministerial que fueron acusados por no revisar a las víctimas y certificar las lesiones, 10 fueron absueltos por deficiencias en el proceso.

Tampoco hay responsables a nivel federal. Ningún alto mando fue investigado, ni quien fuera secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora; tampoco el secretario General del Gobierno del Estado de México, Humberto Benítez Treviño; ni el Comisionado de la Agencia de Seguridad Estatal, Héctor Jiménez Baca, mucho menos el jefe del Estado Mayor de la Policía Federal Preventiva, Ardelio Vargas Fosado. 

Al contrario, todos los funcionarios siguieron haciendo carrera política y los ejemplos más claros son los de Peña Nieto que fue electo como presidente de la República en 2012 y Eduardo Medina Mora que en 2015 fue designado como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Hasta ahora la CIDH determinó que las once mujeres fueron detenidas ilegal y arbitrariamente, que no fueron informadas de las razones, vivieron graves actos de violencia física y psicológica, incluyendo diversas formas de violencia sexual, entre ellas la violación sexual, y que todo indica que estos actos fueron cometidos por agentes estatales.

Para el organismo internacional el Estado mexicano reconoció “la comisión de actos de violencia de género y tortura” por lo que los alegatos y testimonios que se presenten este 16 y 17 de noviembre ante la Corte Interamericana servirán para profundizar sobre la violencia contra la mujer y, particularmente, la violación sexual y tortura así como las formas de reparación del daño.

Así, en el último capítulo ante una instancia internacional, las mujeres de Atenco esperan que los jueces valoren su palabra y el próximo año emitan una sentencia donde se obligue al Estado mexicano a reparar los daños, reformar su visión de modelo de seguridad pública y evitar que actos similares se repitan.

17/AGM

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM), exigió a la Fiscalía de Guerrero, cesar la difusión de información sensible y confidencial de la carpeta de investigación integrada por el caso de la defensora de Derechos Humanos Yndira Sandoval Sánchez, detenida y torturada sexualmente, por la policía municipal de Tlapa, en septiembre pasado.

En un pronunciamiento emitido la tarde de ayer, la RNDDHM condenó la estrategia orquestada por el gobierno de Guerrero que, señaló, busca restar fuerza y legitimidad a la denuncia interpuesta por tortura sexual de la defensora de los Derechos Humanos de las mujeres Yndira Sandoval Sánchez.

La Red señaló que al denunciar penalmente los hechos de que fue víctima, Sandoval Sánchez volvió a ser violentada ahora por las instituciones de Guerrero, quien carece de protocolos de atención a víctimas de violencia sexual y de una visión de género.

“Cabe destacar que, a más de un mes, no hay avances en la investigación y para justificar su falta de actuación y complicidad, el gobierno de Guerrero arguye que la denunciante no ratificó su alegato”, señala el pronunciamiento.

La Red precisa que la tortura sexual contra la defensora Sandoval Sánchez, es el inicio de una cadena de violencias. Agrega que el 4 y 5 de octubre, recibió amenazas de muerte, y los días 7 y 8 del mismo mes su domicilio particular fue allanado y su vehículo abierto por la fuerza en la Ciudad de México así como que tras la denuncia pública de estos hechos, realizada el 22 de octubre pasado, los ataques se recrudecieron.

Considera que la filtración de videos en medios de comunicación, responde a una acción ilegal y maquilada “desde una lógica evidentemente patriarcal y misógina”, cuyo fin es “manchar la imagen pública de la defensora y, con ello, a restar fuerza y legitimidad a su voz”.

“Las 225 defensoras y periodistas articuladas en esta Red expresamos nuestra indignación por el manejo el tendencioso de estos videos, que abona a la revictimización de Yndira, y señalamos que su contenido no invalida la denuncia por las graves violaciones a Derechos Humanos que padeció, ni mitiga su importancia”.

Denunciaron también “el manejo faccioso del caso ante la opinión pública, con la pretensión de que la sociedad se incline por una mujer o por la otra (la defensora que denunció versus la policía que la agredió), cuando para las integrantes de esta Red es claro que Yndira fue víctima de violencia sexual por parte de una agente del Estado y, en particular, de una institución con clara cadena de mando”.

La RNDDHM se pronunció también contra los actos violentos cometidos contra la periodista e integrante de esta Red, Sanjuana Martínez, quien publicó información sobre este caso en el periódico La Jornada y que ahora es atacada en redes sociales a través de mensajes con connotación sexual, que buscan desacreditar su labor periodística cuestionar su credibilidad e intimidarla.

Por todo ello, la Red de Defensoras exigió que se garantice la integridad física y psicológica de la defensora de Derechos Humanos Yndira Sandoval, y que cese la campaña que busca deslegitimar la demanda de justicia por la tortura sexual que vivió.

A la Fiscalía de Guerrero le exigió que actúe con debida diligencia y que cese la difusión de información sensible y confidencial de la carpeta de investigación; en tanto que se garantice a la periodista Sanjuana Martínez, la continuidad de su labor periodística en condiciones de igualdad y seguridad.

La RNDDHM documentó que las agresiones a defensoras de Derechos Humanos (DH), de 2010 a 2014 sumaron 615: 118 en 2012, 189 en 2013, y 308 en 2014, entre ellas 36 asesinatos.

Entre las agresiones documentadas por la Red, destacan las amenazas contra ellas o sus familias, difamación, violaciones sexuales, acoso y hostigamiento en redes sociales, allanamiento a casa; allanamiento a organizaciones; amenazas de agresión física; de muerte; criminalización; incomunicación; intento de allanamiento; intervención de correo electrónico personal; intimidación; persecución; seguimiento; tortura psicológica; tortura sexual; y vigilancia de domicilios.

Muchos de los ataques, señala, culminan, en algunos casos, en el desplazamiento forzado y el exilio de las defensoras, así como en el cese de sus actividades.

17/LGL

Feministas, personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos de las mujeres, condenaron enérgicamente la violencia sexual ejercida contra la antropóloga social y defensora Yndira Sandoval Sánchez, quien el pasado 16 de septiembre fue detenida arbitrariamente y víctima de violación sexual por parte de policías del municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero.

El sábado 16 de septiembre, la activista, líder de la iniciativa “Todas Mx” se encontraba en esa entidad para dar talleres y una conferencia sobre violencia de género en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ese día tuvo un accidente con un clavo por lo que ella y un compañero, Amaury Navarrete Cruz, acudieron a una clínica, como lo relató al periódico La Jornada.

Cuando salió del lugar, su compañero era detenido por policías por supuestamente negarse a pagar la cuenta de la clínica, cuando ella preguntó las razones de la  agresión y dijo que era defensora, también fue detenida y posteriormente agredida sexualmente por una mujer policía. 

Después de que la denuncia se hiciera pública este 22 de octubre, organizaciones y personas defensoras emitieron un comunicado donde condenan la violación sexual, privación ilegal de la libertad, tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Tlapa, uno de los ocho municipios con Alerta de Violencia de Género.

“Yndira Sandoval logró sobrevivir, sin embargo, la violencia de género institucional en su contra no ha cesado, pues continúa siendo víctima de amenazas e intimidaciones y su casa y auto en la Ciudad de México han sido allanados”, señalan en el comunicado.

De acuerdo con las organizaciones, la casa de la activista en la Ciudad de México fue allanada, aunque no precisaron la fecha, delito que fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la carpeta de investigación CI-FAE/B/UI-3C/D/ 790/10/2017

A más de un mes de estos hechos, la Fiscalía General de Guerrero no ha vinculado a los agresores a proceso, ni ha generado a través de un juez de control ninguna orden de aprehensión contra la persona agresora directa, quien fue reconocida por la víctima, con nombre y apellido; tampoco ha removido a los policías de sus cargos a pesar de estar plenamente identificados.

Sandoval Sánchez es autora y coautora de distintas iniciativas para fortalecer el marco jurídico; también fue funcionaria pública en la Ciudad de México y coordinadora de feminismo del Comité Americano de la Internacional Socialista de Jóvenes (IUSY), según difundió el colectivo Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México. 

Esta agrupación también difundió detalles de la violencia institucional que enfrentó Ynidra Sandoval. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales con sede en Tlapa, estaba cerrada al momento que intentó denunciar, minutos después de las agresiones; el Ministerio Público se negó a tomar la denuncia y la amenazó e intimidó con llevarla a la policía si no se retiraba.

Según este colectivo, el director de Seguridad Pública (aunque el comunicado no precisa si era el director estatal Pedro Almazán Cervantes o el director municipal Neftalí León González) “casualmente” se encontraba afuera de la Fiscalía Especializada cuando Yndira Sandoval se presentó nuevamente a denunciar, ya que el día anterior no pudo hacerlo.

Sumado a estas irregularidades, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada no dictó medidas cautelares pese a la solicitud expresa de la víctima, violó en todo momento los protocolos de atención a víctimas y no ordenó la realización de dictámenes tales como el legista, psicológico, ginecológico y toxicológico tal y como lo marca la ley en tiempo y forma.

La defensora tampoco contó con disposiciones de seguridad como víctima y fue hasta al tercer día de las violencias ejercidas en su contra y bajo permanente riesgo, que fueron dictadas medidas de protección en su carácter de defensora de Derechos Humanos. 

Todos estos agravios obran en la carpeta de investigación 12080470200090170917 que se inició en la Fiscalía General del Estado de Guerrero en la Unidad de Investigación número 1 Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Región Montaña. 

La Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) inició  una investigación a través de la carpeta FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/ 0000634/2017 donde están las denuncias generadas tanto en Guerrero como en la Ciudad de México.

A más de un mes de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya realizó el Protocolo de Estambul para acreditar tortura (protocolo que no se realizó en Guerrero), además de que este organismo se encuentra realizando sus propias diligencias para garantizar un debido proceso.

Actualmente Yndira cuenta con las medidas cautelares y  de protección dictadas por la PGR a través de FEVIMTRA en coadyuvancia con el Mecanismo federal y local de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Organizaciones feministas, de Derechos Humanos y personas de la academia exigieron la detención de la policía que la agredió sexualmente, la reparación integral del daño, y sanciones, penales, administrativas y legales contra todas las personas involucradas y responsables de los hechos.

A los pronunciamientos posteriores a la denuncia pública se sumó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de una declaración de la secretaria general Beatriz Mojica Morga, quien este domingo exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al titular de la Fiscalía General de Guerrero, se castigue a los responsables de la agresión sexual.

La líder perredista pidió que la PGR atraiga el caso y se agilice la investigación para castigar a los responsables de la violencia sexual contra la activista, quien además ha sido simpatizante del PRD.

"Es inaceptable que los encargados de cuidar y velar por el bienestar de los ciudadanos, con total abuso de poder, agredan física y sexualmente a una mujer que lucha por erradicar la violencia de género en nuestro país", reclamó.

La Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (CDHEG) por su parte, informó que el jueves 28 de septiembre recibió una queja contra el presidente municipal de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García; el director de Seguridad Pública municipal, Neftalí León González; así como del agente titular y agente del Ministerio Público en turno del Fuero Común del Distrito Judicial de Morelos, con sede la ciudad de Tlapa, por presuntos actos violatorios a sus Derechos Humanos.

La queja la presentó Amaury Navarrete Cruz, quien denunció la falta de acceso a la justicia, privación de la libertad personal, violación sexual y abuso de autoridad, por lo que la delegación regional de la CDHEG en la Montaña registró la queja bajo el número de expediente CDHEG-DRM/049/2017-I.

Según la información del organismo ya se pidió un informe a los funcionarios públicos involucrados, así como los nombres completos de los servidores públicos que estuvieron en funciones durante los días 16 y 17 de septiembre; pidió a las víctimas que presenten las pruebas que consideren pertinentes a fin de acreditar responsabilidades.

Cabe mencionar que en enero de este año, al finalizar una misión en México, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, dijo que encontró muchos casos de criminalización a personas defensoras que denunciaban violaciones por parte de las autoridades públicas.

El Relator expresó que se criminaliza a las y los defensores por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas, y enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas a ellos, por ello llamó al gobierno mexicano a comprometerse en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Leer el comunicado aquí

17/AGM/LGL