Loma de Bácum

Exige organización de defensoras de los derechos de las mujeres indígenas, Jamut Boo’o que encuentren con vida a Isabel Lugo Molina, pareja de la activista Anabela Carlón Flores y respeto a los derechos de la comunidad de Loma de Bácum.
 
La dirigente de la organización Jamut Boo’o, Casilda Flores Álvarez emitió un comunicado vía redes sociales para exigirle al Ministerio Público (MP) que encuentren con vida a Isabel Lugo Molina, pareja de la defensora Anabela Carlón Flores, quienes ya tienen una carpeta de investigación por la denuncia interpuesta el mismo martes 13 de diciembre con número 00348/12-2016.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de derechos de los pueblos indígenas y de las mujeres, Anabela Carlón Flores, dijo que tanto en el MP como en la Policía Estatal Investigadora (PEI) le informaron que aún no encuentran el paradero de Isabel Lugo Molina porque primero tienen que aplicar un “protocolo” sin decirle el nombre de éste, el cual establece que primero hay que buscar a las personas en “hospitales y Centros de Readaptación Social (Cereso)”.
 
De acuerdo a la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, el día 13 de diciembre acudió a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y no tenían registro de orden de aprehensión, ni cargo en contra Anabela Carlón Flores ni de Isabel Lugo Molina.
 
De manera que no hay motivo por el cual busquen a Isabel Lugo Molina en los Cereso porque no hubo orden de aprehensión, ni cargo alguno, tanto Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina fueron privados de su libertad por un grupo armado el pasado 13 de diciembre, que podrían ser elementos de la PEI, porque Anabela Carlón Flores vio cerca del lugar en el que fueron interceptados una patrulla de la policía estatal con las torretas encendidas y no hicieron nada por detener el secuestro o seguirlos para rescatarlos.
 
Anabela Carlón Flores fue liberada tras la presión mediática local, pero a Isabel Lugo Molina, se lo llevaron para que la defensora desista de sus acciones legales contra el gasoducto que construye la transnacional IEnova Sempra Energy en la comunidad de Loma de Bácum y en el territorio de los 8 pueblos yaquis, en Sonora.
 
Las defensoras indígenas ya habían sido amenazadas y criminalizadas por funcionarios públicos de los gobiernos estatal y federal, así como por la comunidad de la etnia Yaqui que está a favor del gasoducto, una acción que fue provocada por la empresa transnacional IEnova Sempra Energy para dividir a la comunidad indígena y continuar con la construcción del gasoducto a pesar de la orden emitida por el Juzgado Séptimo de Distrito.
 
Antes de que Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina, fueran privados de su libertad denunciaron en un comunicado firmado por las autoridades tradicionales de Bácum, las amenazas del subdirector de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, en dicho comunicado señalan que el funcionario público les dijo: “el gasoducto pasará por las buenas o por las malas. Por las buenas ustedes reciben todos los beneficios que pidan, y por las malas mandaremos a la fuerza pública y militares para obligar a que se haga la obra”.
 
La empresa Gasoducto Aguaprieta filial de la trasnacional IEnova Sempra Energy les entregó un “convenio” con una “oferta económica” de un solo pago, diferido a 30 años, por más de 7 millones de pesos y becas escolares para las niñas y niños de la comunidad.
 
El recurso más reciente que la defensora Anabela Carlón Flores interpuso fue un oficio dirigido al Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en donde narra los hechos del pasado 13 de diciembre y el contexto de violencia que viven las mujeres y la comunidad de Loma de Bácum a causa de la construcción ilegal del gasoducto.
 
16/GVV

La defensora de la etnia Yaqui, María Anabela Carlón Flores y su pareja Isabel Lugo Molina fueron privados de su libertad el pasado martes 13 de diciembre por un grupo armado, informó en entrevista con Cimacnoticias.
 
A Carlón Flores la liberaron tras la presión mediática local, pero al varón se lo llevaron para que la defensora desista de sus acciones legales contra el gasoducto que construyen en la comunidad de Loma de Bácum y en territorio de los 8 pueblos yaquis, en Sonora. Hasta el momento desconocen el paradero del hombre.
 
La afectada sospecha que la Policía Estatal Investigadora del gobierno de Sonora estaría detrás del plagio. Carlón Flores ha participado de manera directa en las acciones legales en contra de la construcción del gasoducto de la transnacional IEnova Sempra Energy.
 
LOS HECHOS
 
La defensora indígena narró que atentado contra su libertad sucedió en la carretera federal en el tramo de Bácum, con dirección al sur de Sonora, cuando ella y su pareja sentimental se dirigían rumbo a su hogar, también ubicado en la Loma de Bácum.
 
Eran las 19:00 horas cuando se percataron que una camioneta blanca los seguía desde que habían dejado la Guardia Tradicional de Bácum, en donde tuvieron una reunión. Las autoridades tradicionales de ese pueblo Yaqui alertaron que esa misma camioneta los había vigilado también a ellos.
 
En el tramo carretero los interceptó la camioneta junto con otros dos vehículos. Un grupo armado los bajó de su automóvil, les quitó sus celulares y los obligó a subir en el asiento trasero de uno de los vehículos - identificó que uno era un Sedán-, cubiertos con un “tapasol” para evitar que conductores que pasaban pudieran ver hacia el interior.
 
Carlón Flores dijo que antes de ser obligada a subir al Sedán, alcanzó a ver una patrulla de la Policía Estatal Investigadora (PEI) cerca y pensó que ellos podrían ayudarlos, pero no sucedió.
 
La activista sintió que dieron vueltas porque que el coche giró de regreso al norte, rumbo a Bácum, luego se regresaron y cree que tomaron una vía que se dirige hacia Ciudad Obregón.
 
En el camino, el conductor les dijo: “déjense de chingaderas”. Después se detuvieron y los obligaron a bajarse a un lado del canal que se ubica en el poblado de Providencia.
 
El testimonio de María Anabela Carlón Flores narra que le ordenaron que se hincara y le taparon la cabeza con su propio saco; luego se marcharon llevándose al hombre, a Isabel Lugo Molina con ellos.
 
En consulta con la abogada que da seguimiento al amparo 312/2016 interpuesto en contra de la construcción del gasoducto en el Juzgado Séptimo de Distrito (nombre que Cimacnoticias aún conservará bajo anonimato), dijo que este suceso se relaciona con las acciones legales que la activista ha promovido, pero otros abogados se encargarán de interponer la denuncia ante un Juzgado Penal.
 
Mientras estuvo incomunicada, defensoras de la Red Feminista Sonorense y periodistas que laboran en el sur de la entidad, activaron su búsqueda. La desaparición de la activista de la etnia Yaqui se publicó en las páginas de Facebook de la Marcha de las Putas Sonora y el medio Nainari Digital.
 
Carlón Flores acudió junto con las integrantes de la agrupación de mujeres Yaquis Jamut Boo’o, a interponer una denuncia ante el Ministerio Público (MP).
 
También pondrá una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) contra el gobierno del Estado de Sonora y la Secretaría de Gobernación (Segob), en específico para el subsecretario de la Segob, René Juárez Cisneros, por amenazar a la comunidad de Loma de Bácum ante la construcción del gasoducto. También incluirán a las empresas encargadas de la obra.
 
¿Qué derechos se violentaron con estas acciones (amenazas y secuestro)?, preguntó Cimacnoticias en la entrevista a Carlón Flores, quien respondió que “el derecho a la vida y a la libertad”.
 
La activista consideró que estas medidas de presión, tanto de los funcionarios públicos del gobierno estatal y federal en apoyo a la transnacional IEnova Sempra Energy, son para amedrentar a la comunidad Yaqui y hacerlos desistir del amparo.
 
“Creo que a ninguna empresa y creo que tampoco a los servidores públicos les interesa el respeto a las leyes mexicanas. Lo que les interesa aquí es hacer negocio, no importan los derechos de los mexicanos y mexicanas, menos de los pueblos indígenas”, concluyó la defensora.
 
María Anabela Carlón Flores es licenciada en Derecho con especialidad en Derechos Indígenas, representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Sonora y cuenta con amplia experiencia como defensora de los pueblos indígenas y de las mujeres en ese estado.
 
16/GVV/AMS