trabajo

“Llegar de 15 a cero”, es decir, reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, que ronda 15 por ciento en el continente, ese es el objetivo de la Coalición Internacional sobre Igualdad de Remuneración (EPIC, por sus siglas en inglés), iniciativa liderada por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ONU Mujeres para lograr los objetivos de desarrollo en el año 2030.

Aunque la OIT observó una reducción de la brecha salarial de seis por ciento entre los años 2005 y 2015, lo que se busca con esta iniciativa es conseguir la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Esto, resaltan las organizaciones, sólo sería posible mediante la implementación de diferentes mecanismo, incluyendo instrumentos legales.

De igual manera, se tendrían que involucrar múltiples actores, como entidades gubernamentales, organizaciones de trabajadoras y empleadoras, el sector privado, y organizaciones de la sociedad civil y academia, destaca la OIT; sin embargo, hasta ahora sólo han diseñado tres indicadores para medir el avance hacia la meta: disminución de la brecha de género, compromiso demostrado para lograr la igualdad de remuneración y la ratificación universal de las normas internacionales de trabajo.

En la presentación de EPIC el pasado 29 de enero el presidente de Panamá, país centroamericano que promueve la iniciativa, Juan Carlos Varela aseguró: “corresponde a esa Coalición la tarea de articular políticas, promover y adoptar medidas y acciones concretas para aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral”.

En ese acto, la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, fue nombrada “campeona” de la plataforma de liderazgos de EPIC y por ello representante de América Latina y el Caribe.

Asimismo representantes de administración pública, empresas, sindicatos y organizaciones debatieron sobre las medidas a tomar en una conferencia celebrada en Panamá, que concluye hoy. Entre las participantes estuvo Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México.

A nivel nacional existen diferentes cifras sobre la brecha salarial en México. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó a inicios de enero de este año que aun cuando el empleo y educación eran similares entre mujeres y hombres, los varones ganaron 34 por ciento más que las mujeres.

Mientras tanto, el Foro Económico Global constató en su último informe que las mujeres en México ganaron apenas la mitad que los hombres en 2017. Pero esta cifra es un promedio y toma en cuenta que muchas mujeres no han entrado en el mercado laboral, no trabajan tiempo completo o de forma informal.

La Coalición Internacional sobre Igualdad de Remuneración fue lanzada a nivel global en septiembre de 2017 en el marco de la Asamblea de la ONU. Esta semana siguen los lanzamientos regionales con la presentación de la iniciativa en Asia Pacífico.

18/SG

En Oaxaca, la maternidad en tiempos de los contratos temporales de trabajo ha derivado en cientos de despidos encubiertos, que finalmente se traducen en violación a los derechos reproductivos de las mujeres y laborales.

Cada vez más, las empresas e instituciones gubernamentales en el estado hacen uso de estos mecanismos con la finalidad de evitar que las y los trabajadores hagan antigüedad y con ello evadir responsabilidades como jubilaciones, pensiones o incapacidades.

Aunque en general los perjuicios alcanzan tanto a hombres como mujeres, éstas últimas son las que resultan más afectadas cuando deciden ser madres, pues una vez embarazadas se dan por terminados los contratos que generalmente son emitidos con una vigencia de tres meses.

“Lo que está sucediendo ahorita es que los contratos se hacen periódicamente de tal manera que a la mujer simplemente ya no se le contrata. Aunque es violación a sus derechos, las empresas están de cierta forma protegidas”, señaló Mayra Morales Aldáz, de la red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddser).

La especialista consideró necesaria la activación de mecanismos de protección para las mujeres que deciden embarazarse a pesar de tener este tipo de contratos violatorios.

VIOLENCIA LABORAL

La abogada del Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, María Antonia Cruz Montero, señaló que lo anterior constituye violencia laboral estipulada en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), un convenio internacional ratificado por México.

A nivel internacional, varios de los tratados y convenciones internacionales suscritos por México exhortan al Estado mexicano a garantizar la protección de las mujeres de la discriminación por embarazo (ya sea en el proceso de contratación o posterior a éste): Convención 111 de la OIT, la CEDAW, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Las mujeres a quienes ya no se les renueva el contrato durante su estado de embarazo, de manera automática ven sepultada su atención del parto en las instituciones de seguridad social ya que éste tipo de contratos no cubre incapacidades por maternidad.

“Las mujeres quedan en la indefensión, sin trabajo y sin acceso a seguridad social para ellas y su recién nacido”, resaltó.

Debido al temor a denunciar, este tipo de violación a los derechos de las mujeres se mantiene en cifra negra.

17/CLV/LGL

Es el feminismo por sí mismo una forma de protesta, es la lucha de las mujeres contra la falsa percepción de condición de inferioridad de las mujeres, que es de las ideas más antiguas que más cabida tienen en el imaginario colectivo.
 
En cambio lo que permanece ayer como  hoy es esa misma conciencia de deseos de libertad y de justicia que mueve a las feministas a empatizar con las causas sociales, con la de obreros y obreras, con las de las clases más afectadas por las crisis económicas, y por supuesto en entender desde una óptica de “marginada social” a todas las poblaciones que habitan las periferias y los sótanos de la sociedad.
 
Históricamente las feministas han participado en los movimientos sociales más importantes para la búsqueda del voto, contra las guerras, en demanda de respeto, contra gobiernos capitalistas y neoliberales, por la protección al medio ambiente y muchas otras causas, y es mediante la protesta como se expresa la inconformidad.
 
No hay otra forma de hacer y de ser feminista si no es con la protesta, saliendo a las calles, manifestándonos y sumándonos a las realidades del país. No hay forma de decirnos o enunciarnos feministas si no va de por medio el cuerpo en la protesta y el activismo para expresar nuestras ideas, siempre lo fue así y así lo recuerdan las ancestras que lucharon por el voto, pero también las obreras que demandaban horarios y salarios más justos.
 
Fue el feminismo blanco de Inglaterra y Estados Unidos, el que protestó tomando los espacios públicos para exigir el voto femenino, conquista que no se lograría si no fuera por medio de la lucha organizada, las alianzas, las resistencias y memorables aliados. Ha sido el feminismo de Europa del Este el que luchó contra las guerras, el feminismo latinoamericano el que se opone al colonialismo y el neoliberalismo.
 
Es la invisibilización de los asesinatos de las mujeres en todo el mundo los que hemos tenido que salir a denunciar marchando, tomando calles a lo ancho y largo, exigiendo justicia y exigiendo que legisladores y gobernantes de todo el mundo y el país cumplan con su trabajo. No hay otra forma de decirlo, hemos denunciado al Estado feminicida y sabemos que es el Estado omiso el responsable y causante de los asesinatos de las mujeres.
 
No es solo la muerte a manos del agresor, del esposo, del atacante desconocido, es la forma pasiva con la que el Estado permite y alienta la violencia contra las mujeres y las niñas contra la que hemos protestado y es también ese empobrecimiento que se agudiza contra las mujeres la que tenemos obligación de denunciar.
 
La lucha feminista nos lleva a tomar conciencia de que el Estado empobrece a la población por la corrupción y la impunidad, que es el Estado con sus brazos opresores de Policía que salen a combatir ciudadanía armada con piedras pero que es incapaz de perseguir y poner un freno a los casos de feminicidio y a la narcopolítica que violenta a las mujeres.
 
Nos lleva a expresar conscientes que el Estado debería preocuparse por agudizar la pobreza de su población, en la que son las mujeres y las niñas las pobres entre las pobres, las que más padecerán de empleos mal remunerados, de no contar con seguros médicos y de que el dinero de un trabajo no alcance para la leche de sus hijas e hijos.
 
Que ese territorio llamado “nación” es la que recorren a diario las mujeres en calles oscuras sin vigilancia policial, donde no hay un peso invertido en cámaras y hay lotes baldíos en donde son asesinadas y sus cuerpos arrojados.
 
No, no se puede ser feminista sin tomar conciencia que salir a la calle a exigir justicia para las mujeres asesinadas es también un reclamo permanente al Estado feminicida que hoy asesta un nuevo golpe contra las mujeres y las niñas al encarecer su vida aún más con el alza a los combustibles y los alimentos.
 
Decir que los incrementos no afectarán a los pobres, tiene la malsana intención de generar ambientes de separación, separar a los pobres y las pobres, de quienes aún les queda algo de poder adquisitivo y pagan impuestos, equiparándolos a estos últimos como poderosos cuando en realidad los que se han enriquecido impunemente a costa del erario público son quienes tendrían que devolver el dinero que han robado a la sociedad.
 
Sí, es el feminismo y no se puede ser feminista de otra forma, sin el reclamo de que el empobrecimiento de las mujeres es también resultado de la corrupción de servidores públicos que se quedan con dinero que debía destinarse a la prevención de la violencia, y que son tan culpables estos como aquellas y aquellos que desconocen sus responsabilidades y las asumen por el pago que recibirán y para mantener posiciones políticas a costa de la vida de las mujeres y las niñas.
 
Las calles se quedan vacías para reclamar las injusticias contra las mujeres, somos pocas y lo sabemos, apenas el 24 de abril y el 25 de noviembre del año pasado en algunas ciudades se lograron reunir centenares, pero en general las protestas feministas son cada vez menos. Porque en teoría hay más feministas pero en las calles luchando y exigiendo justicia somos las mismas de siempre y cada vez menos.
 
Estamos solas no solo de los compañeros de izquierda o de otros grupos que no asumen que la nuestra, la lucha en contra de la violencia, es también una lucha contra el Estado opresor. Estamos solas porque incluso hay compañeras que no ven en las calles la lucha sino en un escritorio, como si ello cortara los pies para salir y hacer nuestras las protestas.
 
Necesitamos sí volver a ser como las feministas de antes, las ancestras que salían a las calles y ponían el cuerpo en la lucha de nuestro derecho a la educación, al trabajo, al voto, a la vida.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/KVR
 

Iraida Semino parece una mujer como otra cualquiera: es divorciada, tiene dos hijos y su título de economía cuelga empolvado en una pared. Sin embargo, no resulta fácil dar con alguien como ella laborando en los campos de Cuba.
 
A sus 40 años, Semino tiene a su nombre el usufructo de 2.25 hectáreas de tierra, en la periferia occidental de la capital, en el municipio La Lisa. Ella misma dirige desde 2013 la finca que bautizó como La Maravilla, con la que garantiza el sustento de la familia a su cargo.
 
La jefa de un hogar compuesto por sus hijos, de 14 y 20 años, y sus padres adultos mayores, es una de las casi 17 mil mujeres usufructuarias de tierras ociosas en este país del Caribe insular, la medida más innovadora de la política de desarrollo agropecuario impulsada desde 2008 por el gobierno de Raúl Castro.
 
Por ese concepto, hasta enero el ramo agrícola registró 279 mil 21 personas beneficiadas con terrenos productivos en usufructo, de las cuales las mujeres representaban menos de 10 por ciento.
 
La Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que agrupa a pequeños productores privados, reveló que 12 mil 102 mujeres eran propietarias de tierras en 2012 y constituían 11 por ciento del total de dueños.
 
Cuba dispone de 6. 240. 263 hectáreas de superficie agrícola, de las cuales 30.5 por ciento están gestionadas por entidades estatales, 34.3 por ciento por cooperativas y el resto pertenece a pequeños agricultores independientes.
 
Especialistas alertan que campean las brechas de género cuando se analiza la tenencia de la tierra en Cuba, a pesar de que la población femenina tiene protegidos por la ley sus derechos para heredar terrenos (única vía para ser titular de tierras en el país) y pedir en usufructo terrenos ociosos.
 
Gracias a programas de género, la población femenina se incorpora al sector agropecuario y algunas se erigen como presidentas de cooperativas. Pero siguen sobrerrepresentadas en las labores peor pagadas y puestos de escaso poder de decisión.
 
“Vamos siendo unas cuantas en la cooperativa”, indicó Semino a IPS, sobre algunas emprendedoras que como ella son socias de la Cooperativa de Créditos y Servicios (CCS) Roberto Negrín, una modalidad que reúne a campesinos propietarios de sus tierras y a la que los nuevos usufructuarios pueden adscribirse desde 2008.
 
“Llevamos comida a la mesa al igual que los hombres”, explicó la productora, que aún trabaja en el despegue de su parcela. “Por ahora la mayor parte de la comida de la familia sale de la finca y ya vendemos pequeñas producciones”, indicó.
 
En La Maravilla se cultivan hortalizas, legumbres y viandas (tubérculos propios de la dieta local), que Semino intercala entre árboles maderables y frutales. “Siempre tenemos varias cosas sembradas”, detalló. Además, crían bueyes, vacas, cerdos, cabras y gallinas, para el autoconsumo y laboreo.
 
“La finca me ha ayudado a fortalecerme y he sido capaz de formar mi casa en la equidad de género”, aseguró la madre de una joven y un adolescente, que luego de la escuela contribuyen con las labores. Semino y su padre dedican cada mañana a los cultivos y a veces reciben apoyo de un tío.
 
“Busqué en la tierra una alternativa después del divorcio”, contó la seguidora de la agroecología.
 
“Antes cosía para la calle (clientes de su barrio), algo que sigo haciendo por las tardes, pero no era suficiente para mantener la casa”, explicó la agricultora, que volvió a sus raíces campesinas en su provincia natal de Pinar del Río, en el extremo occidental de la isla.
 
La finca dispone de corrales con techo ligero para animales y la familia construye una vivienda, que está en proceso de legalización, y hasta que puedan trasladarse residen en un suburbio cercano, a unos cinco kilómetros, desde donde se movilizan cada día a la parcela.
 
“Mi objetivo es diseñar una finca 100 por ciento ecológica”, dijo determinada Semino, que se capacita para ello asistiendo a encuentros sobre agricultura.
 
Para enfrentar el duro reto, la productora recibe ayuda técnica de las no gubernamentales Asociación Cubana de Producción Animal y Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales.
 
En un anticipo sobre un estudio de campo en seis municipios cubanos, la socióloga Dayma Echevarría observó que “muchas de las usufructuarias, según la percepción de entrevistadas y entrevistados, han solicitado la tierra como extensión de la propiedad del esposo o para beneficiar a algún familiar masculino”.
 
“Ellas son las titulares del usufructo pero no están llevando adelante la explotación”, remarcó en la ponencia “Mujeres y trabajo: principales oportunidades y desafíos en el ámbito rural” presentada en febrero en la fundación cultural Casa de las Américas.
 
Alertó que, “en la práctica, las tierras que hoy se están ofertando en usufructo son las más alejadas y de baja calidad”, se requiere de capital y conocimientos para explotarlas. En Cuba, “la mujer históricamente ha estado alejada de la fuente de acumulación de capital y de conocimiento sobre agricultura”, remarcó.
 
Otros obstáculos identificados por Echevarría en la incorporación femenina son los estereotipos sexistas y que sobre ellas recaen las tareas del hogar, el cuidado de la descendencia, enfermos y el creciente número de adultos mayores. Realizamos la “ayuda familiar no remunerada”, lamentó.
 
No obstante, calificó el contexto de “favorable” porque la cartera agrícola y la ANAP tienen “diseñada una estrategia de género para la promoción de las mujeres”, que “favorece la toma de conciencia del rol femenino y su contribución al desarrollo territorial”.
 
Actualmente, más de 200 mil mujeres están vinculadas al sector agropecuario.
 
De ellas, más de 80 mil son socias de la Cooperativa de Producción Agropecuaria, surgidas en 1976 en tierras privadas que pasaron a ser de propiedad colectiva, y de las CCS.
 
La ANAP aspira a alcanzar en los próximos años la meta de 100 mil productoras.
 
Ahora, en las comunidades rurales, un alto porcentaje de mujeres no participa en el trabajo remunerado, aunque colabore en la actividad agrícola y pecuaria familiar.
 
“Se estima que por cada 100 hombres empleados en la zona rural, lo están 30 mujeres”, indicó la economista Blanca Munster en un artículo para IPS, titulado “La mujer rural en Cuba: un aporte a las políticas públicas”.
 
La especialista recomienda a las autoridades dejar a un lado el enfoque de desarrollo agropecuario por uno de desarrollo rural donde “las políticas públicas deben articular mejor las variables territorio, género y juventud”.
 
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), las mujeres producen casi la mitad de lo que comen los más de 600 millones de habitantes de América Latina, pero solo 30 por ciento de ellas posee tierras agrícolas.
 
La FAO estima que la equidad de género en el acceso a la tierra incrementaría la producción de alimentos de 20 a 30 por ciento en los países del Sur en desarrollo.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
16/IG/LGL

Illinois, en Estados Unidos, se convirtió en el séptimo estado del país en reconocer a las y los trabajadores del hogar como empleados de una industria y en garantizar su derecho a tener un salario mínimo, un día libre a la semana, descansos festivos, tiempo para almorzar y protección contra el acoso sexual.
 
Históricamente, las y los trabajadoras del hogar han sido excluidos de la protección legal que el Estado otorga a trabajadores de otras industrias, pero el pasado 12 de agosto el gobernador de Illinois, Bruce Rauner, aprobó la Ley HB1288, también conocida como La Carta de Derechos para Trabajadoras del Hogar.
 
Con esta normativa, las mujeres y los hombres que se dedican a las tareas del hogar tendrán derecho a tener un salario mínimo, un día libre a la semana, descansos festivos, tiempo para almorzar y protección contra el acoso sexual.
 
La Ley HB1288 también extiende estos beneficios y protección a las mujeres que se dedican a actividades como cuidar niñas y niños, preparar alimentos, lavar ropa, cuidar a personas adultas mayores o a las personas que son choferes, sin importar si son empleados que no cuentan con documentos de estancia legal en Estados Unidos.
 
“Las trabajadoras del hogar son en su mayoría mujeres que trabajan para apoyar a las familias y mantener a sus propios hijos, y que reciben salarios bajos y mínimos o nulos beneficios. Sin normas claras que rigen sus lugares de trabajo, y al trabajar solo y detrás puertas cerradas, las trabajadoras se encuentran entre la mano de obra más vulnerable del Estado”, expone la sección número 5 de la Ley.
 
INICIATIVA DE LEGISLADORAS Y COALICIÓN
 
La senadora estatal Ira Silverstein, del Distrito 8, y la integrante de la Cámara de Representantes estatal Elizabeth Hernández, del Distrito 24, promovieron la Carta de Derechos para Trabajadoras del Hogar, que fue presentada ante la Cámara de Representantes del Estado de Illinois en febrero del año pasado.
 
La lucha por los derechos de las trabajadoras fue encabezada por la Coalición de las Trabajadoras del Hogar de Illinois, una agrupación que desde hace cinco años comenzó a debatir sobre la necesidad de otorgar derechos a las empleadas del hogar, demanda que culminó el viernes 12 de agosto cuando el gobernador Bruce Rauner firmó y promulgó la ley.
 
“Me complace ver que las y los trabajadores del hogar obtengan los mismos derechos y protecciones que todas las personas que trabajan en Illinois ya tienen”, dijo la senadora Silverstein tras la aprobación de la ley. “Los trabajadores del hogar están tratando de mantener a sus familias y la ley actual hace su lucha más difícil e injusta, mientras juegan un papel importante en la economía de Illinois”.
 
Según las agrupaciones de activistas por los derechos laborales, muchas leyes del Estado excluían a las trabajadoras del hogar, la mayoría de cuales son mujeres hispanas o latinas. Sin embargo, la Ley HB1288 también modifica la Ley de Derechos Humanos de Illinois, la Ley de Salario Mínimo de Illinois, la Ley de Un Día de Descanso a la Semana, y la Ley de Salarios de Menores y Mujeres.
 
La ratificación de la ley en Illinois es la séptima victoria de la Carta de Derechos para Trabajadoras del Hogar; movimiento que tuvo su primera victoria legislativa en Nueva York en 2010, cuando lograron que ese estado reconociera los derechos de estas trabajadoras. Así lo han hecho los estados de Massachussets, Hawaii, Connecticut, Oregon, y California que han adoptado leyes similares.
 
De acuerdo la Alianza Nacional de Trabajadoras Domésticas, entre 10 y 12 mil personas en Illinois se dedican al trabajo del hogar, y existe alrededor de dos millones en todo Estados Unidos.
 
16/CAR/GGQ