Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, y la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas condenaron cualquier amenaza o agresión a activistas en nuestro país.
 
Después de la primera visita oficial que hizo el Relator Especial a México, del 16 al 24 de enero, ambas instancias emitieron un boletín para reconocer ampliamente la importante y legítima labor que realizan las personas defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.  
 
Rechazaron cualquier acto de amenaza o agresión que busque limitar sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la vida, la integridad, de libertad de expresión, asociación o reunión, o que pretenda menoscabar su labor, directa o indirectamente.
 
Sin embargo, a menos de un mes de la visita, ayer en la Ciudad de México, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, sufrió el  allanamiento de sus oficinas en la colonia San Pedro de los Pinos, lo que calificó como un “acto intimidatorio e inaceptable”.
 
El también ex Ombudsman de la Ciudad de México, denunció la agresión ante la Procuraduría capitalina (PGJ) y publicó un video en redes sociales en donde explica que quienes allanaron no se robaron nada, hecho que se dio horas antes de que la PGJ informó que la Secretaría de la Función Pública investiga a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, por presuntamente alterar pruebas en el caso Ayotzinapa, que fue atraído por la CIDH, cuando Álvarez Icaza era secretario.  
ACTIVISMO, PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN 
 
La Relatoría y el Mecanismo, que depende de la Secretaría de Gobernación, recordaron en su comunicado que la Constitución Política federal reconoce el derecho a defender DH y la responsabilidad del Estado de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
 
Ante ello hicieron un llamado para que las autoridades, a todos los niveles y órdenes de gobierno, rechacen categóricamente cualquier acto de criminalización, estigmatización o intimidación de las personas defensoras y que atiendan a grupos en situación de riesgo específico.
 
Entre estas personas están las que defienden los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los migrantes y personas de la comunidad LGBTI, así como las personas defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, la tierra y el medio ambiente y los familiares que buscan verdad y justicia para las víctimas.
 
Sobre el trabajo del Mecanismo de Protección, señalaron que debe contar con recursos financieros y se debe fortalecer la cooperación entre autoridades federales y estatales para implementar medidas de protección como alertas tempranas y planes de contingencia.
 
También llamaron a las autoridades de procuración y de administración de justicia a garantizar que los crímenes contra personas defensoras y periodistas sean debidamente investigados y sancionados.
 
17/AGM/GGQ

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) exigió al Estado mexicano y al gobierno de Oaxaca, frenar el hostigamiento y la persecución política de la defensora de Derechos Humanos (DH), Susana Molina Medina.
 
La defensora de Derechos Humanos y cantante feminista Susana Molina, conocida como “la oveja negra”, fue detenida el pasado 2 de diciembre en el aeropuerto de La Paz, Baja California, cuando ella y sus compañeras -integrantes del grupo de Batallones Femeninos-, arribaron al lugar para presentarse en el Festival de Caleidoscopia Violeta, organizado por el colectivo Paloma Feminista.
 
La defensora fue detenida por policías federales y militares durante tres horas, pues había una orden de aprehensión en su contra por ataques a las vías de comunicación de Oaxaca en 2010. Más tarde fue trasladada al edificio de Justicia Penal en Baja California,  donde fue liberada seis horas después, tras encontrar que la orden de aprehensión en su contra ya no tenía vigencia.
 
En un comunicado de prensa, la RNDDHM condenó la detención de la cantante, al considerar la persecución y el hostigamiento político una práctica encaminada a crear temor entre las activistas para que desistan en su labor como defensoras de Derechos Humanos.
 
En 2010, Susana Molina fue detenida en Oaxaca por supuestos ataques a la Policía, luego de oponerse a un desalojo de artesanas y mujeres indígenas del centro de esa entidad. Fue puesta en libertad mediante el pago de una fianza y meses después le informaron que el proceso se había cerrado.
 
La Red de Defensoras pidió a las autoridades de Oaxaca realizar un acto de reconocimiento público del trabajo de la cantante, y poner fin a la estrategia de criminalización contra personas defensoras de Derechos Humanos, así como garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
 
ATAQUES CONTRA DEFENSORAS DE DDHH EN MÉXICO
 
De acuerdo con el registro de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), 42 mujeres fueron agredidas a nivel nacional en el primer semestre de este año, mediante amenazas, agresiones físicas y declaraciones públicas que estigmatizan su labor como defensoras.
 
Asimismo, la Relatoría para la Atención a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la CDHDF, a través del monitoreo y registro realizado en el mismo periodo, contabilizó 287 agresiones en contra de personas defensoras en el país, 15 de las cuales fueron homicidios.
 
En 2014 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) indicó que en México se incrementaron los ataques a mujeres que defienden los derechos a la participación política y comunitaria de las mujeres (17.5 por ciento de los casos registrados). El cuarto lugar lo ocuparon las que promueven el derecho a una vida libre de violencia, con 14.6 por ciento de agresiones registradas.
 
El Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas -instaurado en México en 2012-, señaló que de los casos de agresiones registrados durante 2016 contra defensoras de DH en el país, en 10 casos los agresores fueron servidores públicos.
 
El informe del mecanismo también señala que las amenazas son el tipo más común de agresiones (155 casos registrados), seguidas de la agresión física (35 casos) y la privación de la libertad (5 casos) en lo que va de este año.
 
16/HZM/AMS/LGL