Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Abogados y familias de víctimas exigen que se busque la verdad
Javier Duarte y Arturo Bermúdez deben ser investigados por caso Narvarte

A dos años del feminicidio de la defensora Nadia Vera y de Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz Alfaro y Alejandra Negrete Avilés, así como el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, se debe “reencausar” la investigación hacia la actividad de defensa y libertad de expresión, asegura la representante legal de Nadia, Mile y Yesenia, Karla Micheel Salas, quien colocó la propuesta en la mesa de trabajo que inició la semana pasada con la Procuraduría capitalina y la Secretaría de Gobierno.
La también presidenta del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social advierte en entrevista con Cimacnoticias que si el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quiere llegar a la Presidencia de la República le conviene no cargar con la impunidad del multihomicidio, conocido como caso Narvarte, que incluso le costó el cargo al ex procurador Rodolfo Ríos Garza.
Luego de la Recomendación 4/2017 emitida el 21 de junio por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), existe una ruta inicial acordada con el actual procurador, Edmundo Porfirio Garrido Osorio, y con la secretaria de Gobierno de la Ciudad, Patricia Mercado, para lograr dar con la vedad de lo ocurrido el 31 de julio de 2015.
Dicha ruta se enfoca, explica Micheel Salas, en agotar la investigación sobre “la línea Veracruz”, que consiste en las amenazas que obligaron a Nadia Vera y a Rubén Espinosa a salir de aquella entidad y refugiarse en la Ciudad de México; si bien esto se pidió al anterior procurador, Rodolfo Ríos Garza, nunca se profundizó en la petición pese a la insistencia de la defensa.
Ahora nuevamente la Procuraduría capitalina está a prueba y la buena voluntad se mostrará este martes cuando la dependencia entregue a las familias y a sus representantes legales el expediente completo del caso así como los videos de las cámaras de seguridad grabados el día del crimen ocurrido en la colonia Narvarte.
Karla Michel Salas asegura que la investigación de este crimen debe ser ejemplar porque toca temas sensibles como la libertad de expresión, la violencia contra personas defensoras y los Derechos Humanos de las mujeres. “No se trata solo de las personas se trata toda la sociedad en su conjunto”, afirma.
“El crimen de la Narvarte no se reduce a tres sujetos que llegaron a un departamento el 31 de julio de 2015, torturaron y asesinaron cruelmente a cinco personas para robarse un cochinito con 6 mil pesos”, señala irónica Micheel Salas.
La línea política debe agotarse, explica, por ello la línea de investigación es un punto fundamental que se habló con el procurador Edmundo Garrido y con la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, durante la reunión de trabajo entre familiares de las víctimas y sus representantes legales, el pasado martes 1 de agosto, línea que la CDHDF también pidió agotar en su recomendación.
Para la abogada feminista, Miguel Ángel Mancera ve en el caso Narvarte una posibilidad política para sus aspiraciones presidenciales, por ello es tajante: “Si aspira a ocupar un cargo, el cargo más importante en este país no puede llevar a cuestas la impunidad, el caso Narvarte”.
Ante la incapacidad técnica de la Procuraduría para desarrollar un “plan de investigación”, señala Salas, se contará con personas expertas independientes para diseñarlo.
En la primera mesa de trabajo realizada el martes pasado, la segunda sesión se realizara este 8 de agosto, se acordó que personas expertas realicen los peritajes necesarios para sustituir las carencias de la Procuraduría capitalina. “(Que) desde otra perspectiva fresca y con información, que desafortunadamente no tienen nuestras instituciones, propongan nuevos actos de investigación, nuevas diligencias, que puedan echar mano de la tecnología para poder acercarnos a la verdad”, explica Salas.
LO QUE FALTA POR INVESTIGAR
La abogada Karla Michel expone cuatro puntos que la Procuraduría capitalina tendría que investigar y que hasta el día de hoy no han sido investigados a profundidad:
1. Identificar qué personas pudieron cometer este crimen. Para ello se requiere personas perfiladoras. A decir de Salas es absurdo que tres personas con las características que la Procuraduría ha presentado sean los autores del crimen o los únicos involucrados.
Lo que ocurrió en el departamento de la colonia Narvarte no sólo es el asesinato de cinco personas, señala Michel Sala, lo ocurrido implicó coordinación. De acuerdo con las características de la tortura, probablemente estaban buscando obtener información de las víctimas.
2. Analizar el cruce de las llamadas telefónicas de los presuntos culpables. De lo que se tiene en el propio expediente los involucrados recibieron llamadas todo el tiempo. Cuando salieron, después de cometer el crimen y mientras rondaron en la ciudad. Las llamadas fueron realizadas de teléfonos desechables.
Para la abogada esto es un indicio de que pudieron recibir instrucciones y que estuvieron informando lo que habían hecho.
3. Investigar la empresa de modelaje que contrató a Mile Virgina Martín para trabajar a la Ciudad de México. La Procuraduría identificó a la empresa y a la persona a cargo pero no ha conseguido que declare. La autoridad se ha excusado diciendo “es que no quiere venir”.
“¿Cómo es posible que una empresa, que al principio nos habían dicho que era fantasma porque no había antecedentes, logra un permiso de trabajo para una mujer extranjera, colombiana? Se tiene que saber qué está haciendo el Instituto Nacional de Migración y la propia Secretaria de Gobernación”.
4. Reforzar la línea de investigación sobre Veracruz. “No sólo tiene que ver con el ex gobernador en prisión, Javier Duarte, sino con su secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, quien se presume también tenía nexos con el crimen organizado”, explica Karla Michel.
“Sabemos que Arturo Bermúdez tiene empresas de seguridad, uno de los temas que pusimos desde las primeras semanas en la investigación del caso Narvarte: la operación de grupos al interior del estado de Veracruz, personas vestidas de civil, con un vínculo cercano con la Secretaría de Seguridad Pública o que respondía a las órdenes de la Secretaria de Seguridad Pública.
“Investigar estas empresas de seguridad es fundamental, sobre todo cuando una de estas empresas de seguridad tiene oficinas muy cerca de donde se cometieron los crímenes.
“En Narvarte el acto (multihomicidio) fue programado y planeado, las personas que acudieron al departamento usaron arma 9 milímetros, armas que usan personas que realizan labores de seguridad estatal, estas personas llevaron esas armas con silenciador.
“Estos son elementos que nos dicen que estas personas iban preparadas. Los disparos son limpios, es decir, la persona que disparó sabía disparar, no es un improvisado”.
Aunque suene obvio, y casi de sentido común, estas son las pruebas que a consideración de la abogada y representante de tres de las cinco víctimas, tendría que investigar la Procuraduría. “No realizando diligencias sin sentido o simplemente hacer un check list” porque, afirma, lo que tiene que hacer es buscar la verdad.
17/LLH
VIOLENCIA
Sin cambios dentro de la Procuraduría imposible mejoras Micheel Salas
Misoginia institucionalizada en PGJDF”: lo que dejó Ríos Garza

Una administración que se caracterizó por la falta de acceso a la justicia para las mujeres, anomalías en las investigaciones, desatención y revictimización fue lo que dejó el ex procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza, tras su reciente renuncia el pasado 24 de junio.
Así lo sostuvo la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, quien en entrevista con Cimacnoticias hablo de una “misoginia institucionalizada” dentro de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) y con un recuento de casos de feminicidio, desaparición y violencia sexual que ha litigado expuso las practicas que utilizó la administración del ex procurador contra los derechos de las víctimas.
CASO NARVARTE: LA SALIDA
La salida de Ríos Garza ocurrió tres días después de que la Comisión de Derechos Humanos capitalina (CDHDF) emitiera la Recomendación 4/2017 a la PGJDF, por la investigación de los asesinatos de Nadia Vera Pérez, Olivia Alejandra Negrete Avilés, Yessenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martín y del fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, ocurridos el 31 de julio de 2015, en un departamento de la colonia Narvarte.
En 18 puntos, la Comisión se dirigió a Ríos Garza y exhortó a la dependencia que encabezó a actualizar los protocolos de investigación en casos de feminicidio y agravio a periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) por las irregularidades en la investigación.
Este caso que puso fin a la administración de Ríos Garza, señaló la abogada, fue parte de una larga lista en la que se expuso la actuación irregular de la Procuraduría al indagar los asesinatos violentos de mujeres, como ocurrió con Lesvy Berlín Rivera Osorio.
LOS PENDIENTES: LESBY Y EL FEMINICIDIO
La joven de 22 años fue asesinada en la madrugada del 3 mayo en las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la PGJDF utilizó sus redes sociales para filtrar la información que dio la pareja sentimental de Lesvy. Esto ocasionó el malestar de la comunidad universitaria, que se manifestó dentro de la UNAM para exigir justicia.
Aún cuando se creó un grupo especializado de académicas de la institución para atender el caso y exigir, conforme a la ley y protocolos, que se investigue el asesinato como feminicidio hoy la familia sigue sin acceder completamente a la carpeta de investigación. Además, el peritaje antropológico propuesto por la Procuraduría en conjunto con la UNAM, apunta a un supuesto “suicidio”.
Micheel Salas, indicó que ahora la PGJDF tiene la obligación de reparar el daño a las víctimas y atender este tipo de casos que quedaron pendientes y se perfilan para caer en la impunidad.
Sin embargo, desestima que esto sea posible ya que, a pesar de la salida de Rodolfo Ríos, se mantienen los mismos funcionarios dentro de la institución incluido el subprocurador Edmundo Porfirio Garrido Osorio, quien asumió el cargo.
“No sé si como tal puede existir un cambio, este subprocurador era cercano a Ríos. Esperemos que en la Jefatura de Gobierno se genere una reflexión a estos casos tan preocupantes los cuales, según los análisis, motivaron la salida anticipada de Rodolfo Ríos”, declaró.
“ACEPTAR EL COSTO POLÍTICO, LUEGO LAS VÍCTIMAS”
Los casos de violencia contra las mujeres no dejaron de sumarse en los últimos meses, por lo que la presión social contra la Procuraduría fue la herramienta de las capitalinas para que el sistema diera respuesta y celeridad a las investigaciones, aseguró Micheel Salas.
Como ocurrió con Belén Montserrat Cortés Santiago, la estudiante de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) desaparecida el 29 de abril. Días después de que su familia y la comunidad universitaria hicieran brigadas de búsqueda en el último lugar donde fue vista, en la colonia San Miguel Teotongo, Iztapalapa, Rodolfo Ríos informó a los medios de comunicación que habían localizado a Belén.
Su ausencia, explicó, fue “voluntaria” y “personas de su confianza tenían conocimiento de ello”. La familia no fue notificada, se enteró a través de las noticias y la única prueba que les presentaron para comprar el bienestar de la joven, fue una fotografía en blanco y negro. Hasta ahora no han tenido contacto con Belén.
“Con todo esto, prefirió Rodolfo aceptar el costo político de acusaciones y no vio por el respeto al estado del derecho y de las víctimas”, acusó la abogada.
LA ÚLTIMA: ITZEL
Para concluir con su administración, en el periodo en el que aún Rodolfo Ríos era procurador local, esta institución decidió investigar por homicidio a Itzel de 15 años de edad por herir de muerte a Miguel Ángel Pérez Alvarado, quien la violó e intentó asesinar el pasado primero de junio en las inmediaciones del metro Tasqueña en la delegación Coyoacán.
La Procuraduría se pronunció en un boletín de prensa y resolvió que no procesaría a Itzel y quedaría libre de toda responsabilidad, esto luego de que la familia de Itzel y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (Gadh) denunciaron públicamente que la PGJDF investigaba a la menor de edad por homicidio y vivían hostigamiento por parte del personal de la dependencia.
Esto sucedió a pesar de que la Procuraduría ya tenía la Recomendación 6/2016 de la CDHDF por el caso de Yakiri Rubí Rubio, quien fue víctima de violación en 2013 y fue encarcelada tres meses por matar a su agresor.
El organismo de Derechos Humanos señaló en ese momento que la Procuraduría no actuó con la debida diligencia y colocó a la víctima como victimaria. Con ello ya no había cavidad para estas acciones y persecuciones contra mujeres que se defienden de sus agresores, insistió la abogada especialista en violencia de género.
“Sería lamentable si Rodolfo fuera posicionado como candidato a magistrado o que Miguel Ángel Mancera –si va a la presidencia- lo considere para algún espacio. Es terrible el mensaje que deja para las mujeres el mantener a una persona como Rodolfo Ríos en el servicio público”, concluyó Salas.
17/HZM
VIOLENCIA
Se suma a la presentada por la CDHDF
Familia de Belén presentó queja ante CDHDF por actuación de PGJDF

Familiares de Belén Montserrat Cortés Santiago, estudiante de la UACM desparecida y cuyo bienestar no ha sido comprobado por su familia, pese a que la Procuraduría capitalina anunció su hallazgo, interpusieron una queja ante la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la capital (CDHDF).
En la queja, presentada el 2 de junio, afirman que la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) no ha dado a la familia pruebas certeras de que ella está bien, solo se conoce una fotografía en blanco y negro, por lo que piden que ésta aclare la información que ha dado sobre Belén, que “está bien y decidiendo de manera libre su actuar”.
Así lo informaron integrantes del personal académico y de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) en un comunicado el 2 de junio, un día después de que familiares de Belén se reunieron con autoridades.
Belén, de 19 años de edad, estudiante de Comunicación y Cultura de la UACM, desapareció el pasado 29 de abril, por lo cual su familia y la comunidad universitaria iniciaron una campaña de búsqueda. El 24 de mayo, el rector de la UACM, Hugo Aboites Aguilar, encabezó una marcha para exigir su localización.
Un día después, el procurador Rodolfo Ríos Garza informó en conferencia de prensa que Belén fue hallada y que ella prefería no decir su paradero. Desde entonces la única prueba presentada a su familia ha sido la fotografía en blanco y negro.
ATENCIÓN QUE “ENRARECE” EL CLIMA
“La actuación de la Procuraduría sigue enrareciendo todo el clima sobre el caso”, afirmó en entrevista con Cimacnoticias la académica de la UACM, Tania Paloma Hernández Ramírez, quien estuvo presente en la reunión que tuvo la familia de Belén el pasado 1 de junio con autoridades de la Procuraduría, antes de que presentaran la queja ante la CDHDF.
Hernández Ramírez, profesora del Colegio de Ciencias y Humanidades en el plantel San Lorenzo Tezonco, denunció que en dicha reunión la directora General de Derechos Humanos de la Procuraduría, Eunice Beatriz Castañeda Ávila, se hizo pasar por integrante de la CDHDF y argumentó que no podían dar información sobre el paradero de Belén porque “lo fundamental es su Derecho Humano a la privacidad”.
Explicó la académica que les “insinuaron” que darles informes sería “privarla de su libertad”. Sin embargo, señaló la académica, “la comunidad uacemita y su familia sólo nos preguntamos: ¿dónde está Belén?”.
Paloma Hernández denunció también que tras el anuncio del Procurador, en redes sociales se empezó a culpabilizar a Belén por su desaparición.
Por eso, dijo, es necesario exigir que en la investigación no se pierda la perspectiva de género, petición ahora respaldada por la Cuarta Visitaduría, el área especializada en investigar y tramitar quejas sobre acciones y omisiones que vulneran los Derechos Humanos de las mujeres.
CDHDF PRESENTA QUEJA DE OFICIO
La queja de la familia se sumó a la que abrió de oficio la CDHDF en la Primera Visitaduría para solicitar a la PGJDF que informe por qué comunicaron a los medios de comunicación el hallazgo de la estudiante antes que a sus familiares.
La titular de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo, dio a conocer lo anterior el 31 de mayo en una entrevista. Explicó que primero hay que saber “si es real que la persona no quiere ser identificada; segundo, dónde y por qué razón es que no quisiera ser identificada”. Añadió que con esa queja investigarán las omisiones cometidas por la PGJDF en el caso.
La profesora Hernández Ramírez consideró que con las dos quejas abiertas en el CDHDF “se abre una posibilidad de corroborar que Belén está bien y para exigir que no se pierda la perspectiva de género en la investigación”.
17/MMAE/GG
Aborto
ZONA DE REFLEXIÓN
Aborto legal para no morir

En 1989 una amiga, a quien llamaré “Luz”, necesitaba interrumpir su embarazo. Ninguna sabía qué hacer, ni a dónde ir, ni a quién recurrir. El camino para poder llegar a un lugar seguro fue terrorífico y dos miedos nos acompañaron todo el tiempo: la muerte y la cárcel.
Estudiantes de Sociología, ambas con no más de 22 años de edad, nos adentramos al mundo “clandestino” del aborto. Estudiantes y maestras conocían de lugares, todos secretos, resguardados con temor. Uno de los lugares a los que llegamos estaba por el metro Villa de Cortés. Un departamento mal adaptado como “clínica”, con un presunto médico, lo pongo en duda porque aun cuando estaban sus diplomas enmarcados, algo nos decía que no lo era.
Al recibirnos, lo primero que nos dijo fueron sus honorarios, lo segundo que nos preguntó fue si podíamos pagarlo. Tras la respuesta afirmativa de que contábamos con el recurso, pasó a mi amiga a la “sala de exploración-quirófano-bodega”.
La revisión fue violenta. Sin ningún cuidado, metió sus dedos en la vagina de mi amiga, lastimándola; le preguntó la fecha de su última menstruación y nos dio una fecha para el legrado, siempre y cuando tuviéramos el dinero completo que tendríamos que pagar antes de la intervención quirúrgica.
Al salir de ahí nos soltamos a llorar, el lugar era sucio y el supuesto médico nos daba muchísima desconfianza. En el metro mi amiga me dijo: “ahí me voy a morir”. Intenté darle confianza, pero yo también creía que ahí la muerte era segura: o por una mala práctica o por una infección.
La suerte y el movimiento feminista salvaron la vida de mi amiga. Digo suerte, porque encontramos a la persona precisa con la información necesaria. Luz está viva, es una brillante investigadora y ayer estuvo en la ceremonia de los 10 años de aborto legal en la Ciudad de México.
Felices, celebramos junto a muchas feministas que picaron piedra en esta Ciudad de México, y otras más, que aun cuando no estuvieron presentes, son parte de la lucha por la legalización del aborto.
Por ejemplo, la Red por la Salud de las Mujeres del Distrito Federal que aglutinó a varias organizaciones, que realizó investigaciones para mostrar por qué era urgente despenalizar el aborto, que reveló las prácticas cotidianas que usaban las mujeres más pobres, aquellas que se provocaban los abortos con las cosas más inverosímiles, aquellas que llegaron a pseudo-clínicas, con pseudo-médicos que las ponían en la calle cuando la hemorragia no paraba para que se fueran a morir en sus casas o en cualquier otro lugar.
Decía Marta Lamas en su intervención durante la ceremonia oficial de una década de la Interrupción Legal del Embarazo, que hace diez años la legalización del aborto hasta las 12 semanas fue una decisión política donde intervinieron seis partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa.
Claro que sí, fue una decisión política alimentada durante años por las feministas, que contó con un gobierno que asumió la despenalización del aborto, que contó con voces inteligentes y certeras como la de la entonces Consejera Jurídica, Leticia Bonifaz; con una Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal que asumió su deber de defender el derecho de las mujeres a decidir si quieren o no ser madres; con ministras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que certificaron la constitucionalidad de la medida.
Mujeres de a pie, que salieron a las calles a defender lo que por derecho les corresponde: decidir sobre sus cuerpos y sus vidas.
Por eso celebramos, porque ninguna mujer que ha acudido a alguna de las 13 clínicas de la Ciudad de México ha perdido la vida por practicarse un aborto legal, porque hoy, al igual que Luz, están vivas 176 mil 355 mujeres, quienes no tuvieron que enfrentar el miedo de la muerte o la cárcel.
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
17/LLH/GG
LABORAL
CDHDF no emite aún recomendaciones
Autoridades de la CDMX, sin respuesta a trabajadoras del IEMS

Autoridades de la Ciudad de México se deslindaron de su responsabilidad para resolver las denuncias de recontratar y garantizar condiciones laborales dignas a las trabajadoras de intendencia despedidas, desde enero de 2016, del Instituto de Educación Media Superior (IEMS).
En la reunión efectuada el pasado 7 de abril entre personas representantes de las trabajadoras y de instancias capitalinas, un funcionario de la Secretaría de Educación (SEDU) negó que pueda dar respuesta a las exigencias laborales de las mujeres, aún cuando el titular, Mauricio Rodríguez Alonso, tiene un cargo jerárquico superior al de la directora del IEMS, Dinorah Pizano, y cuando el IEMS es un organismo descentralizado, pero dependiente de la Secretaría.
A estas condiciones adversas para las trabajadoras, se suma el reconocimiento del representante del IEMS sobre la inexistencia de contratos de las empresas subcontratistas de limpieza firmados por las trabajadoras despedidas, informó la organización acompañante del caso, el Comité Cerezo México, mediante un comunicado.
La asamblea, que se realizó en las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México, en el Centro Histórico, fue resultado de lo que exigieron las trabajadoras en el mitin que hicieron el 3 abril frente a la instancia.
SIN GARANTÍAS DE SEGURIDAD
Sobre la seguridad que las trabajadoras pidieron para el plantón que mantienen afuera del Plantel 2 de Iztapalapa del IEMS, para lo cual ya entregaron un documento a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), un representante de la instancia les informó que abrieron una carpeta de investigación, pero requieren que las trabajadoras presenten una denuncia contra el personal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) que fotografió el plantón en marzo pasado.
Al respecto la representante de la Dirección General de Asuntos internos de la SSP expresó también la necesidad de que las trabajadoras presenten a la dependencia una queja contra los supuestos funcionarios implicados.
Sin embargo, en el comunicado del Comité Cerezo, las trabajadoras mencionaron que aún no deciden si denunciarán o no, ante el temor de que aumente la represión.
Por su parte, la representante de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) dijo que ya existe un expediente del caso y no dio novedades sobre las recomendaciones que las trabajadoras despedidas han insistido que emitan.
En la reunión también estuvo un vocero de Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno, quien ofreció discutir en otra sesión, junto con representantes de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la prolongación del aumento del seguro de desempleo otorgado a 22 trabajadoras.
La Concertación es el órgano que las instó a levantar un Juicio para que el IEMS las reconozca como trabajadoras. Este se presentó a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje desde febrero de 2016 y hasta ahora no hay un fallo definitivo.
17/MMAE/GG
LABORAL
Apoyo simulado de CDHDF
Trabajadoras despedidas del IEMS logran cita con funcionarios

Funcionarios de la Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno capitalino se reunirán el próximo viernes 7 de abril con las trabajadoras de intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), para responder a sus denuncias laborales.
Así lo informó hoy el director de Gestión Social de la dependencia gubernamental, Pedro Bello Aguilar, durante el mitin realizado por las trabajadoras frente a las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México.
El funcionario Bello Aguilar respondió de esta forma, luego de que durante la concentración de las trabajadoras aceptó que desconocía la existencia del oficio dirigido al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; a la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado y el subsecretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, en el que las trabajadoras exigieron se les garantizara seguridad y se instará a las autoridades del IEMS a continuar con el diálogo para acordar su recontratación con condiciones laborales dignas.
Desde enero del año pasado, las trabajadoras de intendencia exigen que el IEMS las recontrate y les asegure buenas condiciones de trabajo, ya que fueron despedidas con el argumento de que la empresa ROCMAN fue quien las contrató, todo esto sin su consentimiento.
El documento fue entregado a las autoridades capitalinas el pasado 16 de marzo a la Oficialía de Partes del Gobierno de la Ciudad y en él las trabajadoras le reclamaron seguridad, tras el incremento de agresiones al plantón que mantienen afuera de la Preparatoria 2 del IEMS en Iztapalapa.
El defensor de derechos humanos e integrante de, Comité Cerezo México, Antonio Cerezo Contreras, denunció que “pese a que se han cumplido todos los procesos y los caminos para comunicar la situación al Gobierno capitalino se nos dice que no saben de qué se está hablando”.
Cerezo Contreras evidenció que el director de Gestión Social pidió a las trabajadoras que esperaran respuestas hasta que concluya el juicio que mantienen desde febrero de 2016 en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) y del que aún no hay respuesta.
“El juicio se abrió a solicitud del mismo funcionario y el Gobierno, argumentando que solo así se abriría un mecanismo de diálogo y mesas, pero hoy es un escudo con el que argumentan que nada se puede hacer hasta que no se resuelva”, aseguró el activista.
A la reunión, que se realizará en la Sala 89 de las oficinas del Gobierno de la Ciudad de México asistirá una comisión de 5 personas conformada por trabajadoras despedidas y las organizaciones que acompañan el caso, Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH) y el Comité Cerezo México.
RESPUESTAS SIMULADAS
Las trabajadoras despedidas, junto con las organizaciones acompañantes, también denunciaron lo que consideran un “apoyo simulado” de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
La CDHDF se comprometió a acompañar a las trabajadoras despedidas en caso de que estas presentaran una demanda a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que el órgano investigue las agresiones y hostigamiento en su contra, decisión que no ha sido tomada por las mujeres.
“Tenemos que discutir si se demandará o no, porque el hostigamiento en nuestra contra viene de la policía, no sabemos si denunciar nos asegure seguridad”, expuso la vocera de las trabajadoras, Guadalupe Carrasco Carrasco, en entrevista para Cimacnoticias.
Durante el mitin, una visitadora adjunta de la Quinta Visitaduría de la CDHDF, quien prefirió no dar su nombre a esta agencia por “motivos de discreción”, aseguró en entrevista con Cimacnoticias que existe un expediente con todas las denuncias de las trabajadoras.
“Estamos atentas sobre las demandas y estamos dándoles toda la atención y el apoyo de la institución”, afirmó.
Pese a ello, una de las principales denuncias de las trabajadoras a la CDHDF es el reconocimiento de las constantes violaciones a sus derechos humanos, denunciados por ellas ante la Comisión desde diciembre de 2015. “Buscamos que el órgano las acepte para que emita recomendaciones a la policía capitalina y esta garantice les brinde seguridad”, recordó Cerezo Contreras.
17/MMAE/GG
LABORAL
Evalúan si denuncian agresiones
CDHDF acepta acompañar a trabajadoras despedidas de IEMS

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) sí acompañará a las trabajadoras despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) para que denuncien las agresiones de que han sido objeto en su lucha por la reinstalación.
Aunque en un principio la CDHDF se negó a acompañarlas ante la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), tras la conferencia de prensa que realizaron las trabajadoras el 27 de marzo, el organismo defensor de los derechos humanos se comunicó con las organizaciones que acompañan el caso para dar marcha atrás a su negativa.
El Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH) informaron en la conferencia de prensa, que hizo cambiar de opinión a la CDHDF, se responsabilizó al gobierno capitalino de posibles daños a la integridad física y psicológica de las trabajadoras despedidas en 2016, por no brindarles seguridad, como lo habían ya solicitado.
Las trabajadoras recordaron que la negativa de la CDHDF a acompañarlas ocurrió el 21 de marzo, un día después del último allanamiento que tuvo su campamento. Ante las organizaciones que las apoyan, integrantes de la Quinta Visitaduría les dijeron que acompañarlas “no era su labor y de hacerlo sería como tomar partido”, señaló a Cimacnoticias el integrante del Comité Cerezo, Alejandro Cerezo.
LA DENUNCIA
Explicó Alejandro Cerezo que la decisión de denunciar la tomarán las trabajadoras ya que temen que la policía capitalina no garantice su seguridad, luego de que en los últimos meses han sido vigiladas, no cuidadas, por ellos, como lo denunciaron mediante comunicados, donde explican que personas con uniformes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México han merodeado el plantón, así como gente de la delegación Iztapalapa.
Una de las peticiones de las trabajadoras de intendencia, y la cual ya fue presentada en una carta dirigida al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, el 16 de marzo pasado, es que la PGJDF investigue al propietario de un automóvil Chevy color azul, con placas MTY-55-32, ya que el 8 de marzo, durante un evento político-cultural que las mujeres realizaron afuera del plantón, un sujeto a bordo de ese auto las fotografió.
Luego de que el auto se retiró una patrulla con las placas DF-513-R2 se colocó frente al plantón.
“EN LO OSCURITO”
Desde que fueron despedidas, con el argumento de que las contrató la empresa ROCMAN, todo eso sin su consentimiento, las trabajadoras demandan ser recontratadas por el IEMS, pero la directora del organismo, Dinorah Pizano Osorio, se niega a retomar el diálogo público con ellas.
Denunciaron que el 16 de marzo, día en que las trabajadoras realizaron un mitin frente al edificio de Gobierno de la Ciudad de México, Pizano se comunicó con integrantes del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS) para que pidiera a las trabajadoras no manifestarse como condición para concederles una entrevista.
“Ellas rechazaron la entrevista porque Pizano Osorio no aceptó que acudieran ni sus abogados ni las organizaciones acompañantes”, comentó Cerezo.
Personal del SUTIEMS denunció anteriormente que la administración pasada del IEMS, a cargo de Ulises Lara López, tampoco estuvo abierta al diálogo, lo que retrasó el cumplimiento de las demandas hechas por las trabajadoras despedidas.
17/MMAE/GG
LABORAL
No pidió a PGJDF que indague agresiones
CDHDF desoye a trabajadoras despedidas del IEMS

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se negó a exhortar a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) que investigue las agresiones crecientes hacia las trabajadoras de intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS).
Así lo informaron las trabajadoras en un comunicado, en donde advierten que no desmontarán el plantón que mantienen afuera de la Preparatoria 2, en Iztapalapa, y continuarán difundiendo sus demandas por ser recontratadas por el IEMS, pese a que este mes dicho plantón fue allanado por tercera vez y a que la CDHDF no llamó a la autoridad judicial a indagar las agresiones.
Las trabajadoras fueron despedidas desde enero de 2016, bajo el argumento de que fue la empresa ROCMAN la que hizo el contrato y no el Instituto, por lo que buscan ser recontratadas y reconocidas por IEMS como trabajadoras de la institución.
SOLICITUD DENEGADA
Desde finales de enero, afirman, han aumentado los actos de vigilancia hacia ellas y al plantón por parte de personas con uniformes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México y civiles, así como el hostigamiento, con actos como dos allanamientos a su plantón el 10 y 11 de marzo.
Por eso, el 13 de marzo, las mujeres despedidas y las organizaciones que acompañan su caso, el Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A.C. (ACUDDEH), solicitaron a la CDHDF la emisión de medidas precautorias para garantizar su seguridad.
Sin embargo, tras reunirse con la Quinta Visitaduría de la CDHDF el 21 de marzo, un día después de que su plantón fuera allanado, robado y se cortara una de las lonas que lo mantiene, la instancia dijo que no pediría a la PGJDF que investigue la agresión.
Afirman que el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera; la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, y el subsecretario de Gobierno, Guillermo Orozco Loreto, están enterados de las medidas que solicitaron y de sus exigencias ante la constante violencia que han vivido durante los últimos meses, pues así se los dieron a conocer en un documento que entregaron en la Oficialía de Partes del edificio de Gobierno de la Ciudad de México el pasado 16 de marzo.
En ese documento se pidió a las autoridades capitalinas que la SSP les otorgue un código ciudadano a las trabajadoras con el que se salvaguarde su seguridad física y las pertenencias del plantón.
Las trabajadoras denunciaron que las agresiones “intentan lograr el aislamiento de las trabajadoras y quitarles un lugar que les ha sido incomodo a las autoridades de la Ciudad de México durante ya un año y tres meses”.
Durante una conferencia de prensa realizada el martes pasado en el Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS) el defensor de derechos humanos e integrante del Comité Cerezo, Alejandro Cerezo advirtió: "Hacemos responsable a las autoridades capitalinas de la integridad física y psicológica de las trabajadoras".
Las trabajadoras no desmontarán el plantón y continuarán difundiendo sus demandas por ser recontratadas por el IEMS. Para eso, continuarán realizando actividades culturales, como la que está programada para el 31 de marzo, cuando la defensora de derechos humanos, María Atilano Uriarte, presente su libro “Tradoc: la esperanza obrera” en el plantón que mantienen frente al plantel Iztapalapa 2 a las 17:00 horas.
17/MMAE/GG
LABORAL
Ante agresiones contra su movimiento
Trabajadoras despedidas del IEMS exigen seguridad a Mancera

Las trabajadoras de intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) entregaron hoy un documento al Gobierno de la Ciudad de México, dirigido al ejecutivo local, Miguel Ángel Mancera, para exigir seguridad, ante el recrudecimiento de agresiones en su contra, y para informar sobre las medidas precautorias que solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el pasado 13 de marzo.
El documento fue entregado en la Oficialía de Partes del edificio de Gobierno por Guadalupe Carrasco, quien laboró durante nueve años como personal de limpieza del IEMS, mientras afuera del edificio de Gobierno las trabajadoras realizaban un mitin.
En el documento, se informa al Gobierno capitalino sobre los dos allanamientos cometidos en plantón que mantienen afuera de la Preparatoria 2 del IEMS en Iztapalapa, ocurridos los días 10 y 11 de marzo, así como del acecho por parte de oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México, del que han sido víctimas en diferentes ocasiones desde el 31 de enero.
“Con esto, señaló a Cimacnoticias Guadalupe Carrasco, ya no hay pretexto para que el gobierno diga que no estaba enterado de nuestras exigencias”.
La trabajadora de intendencia denunció la poca voluntad política del gobierno capitalino por atender la solicitud de que el IEMS reconozca sus derechos laborales y las recontrate como personal de base, además de garantizarles seguridad mientras se manifiestan.
Muestra de ello es que las mujeres denunciantes y las organizaciones acompañantes del caso, el Comité Cerezo México y Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos A. C., desconocen el estado actual de la queja 15/D7799 emitida ante la Quinta Visitaduría de la CDHDF durante los primeros meses de 2016.
El defensor de derechos humanos del Comité Cerezo¸ Alejandro Cerezo, dijo a Cimacnoticias que las trabajadoras también exigen a las autoridades del IEMS la reanudación del diálogo porque la directora General del IEMS, Dinorah Pizano, quien asumió el cargo en diciembre de 2016, se ha negado a hablar con ellas ya que eso “significaría validar las exigencias de las ex empleadas”.
Guadalupe Carrasco aseguró que, pese a las constantes agresiones hacia ella y sus compañeras organizadas, no dejarán de denunciar, que los hechos violentos las hacen pensar que hay intereses políticos que impiden la recontratación.
La trabajadora despedida criticó también la simulación en las acciones del Gobierno capitalino para garantizar los derechos de las mujeres y de las trabajadoras. “Todo se queda en discursos en donde se preocupan por los derechos de las mujeres, dicen ofrecer una supuesta ciudad segura, cuando las agresiones en contra nosotras muestran otra cosa”, lamentó.
Desde enero de 2016, las trabajadoras despedidas han buscado, por medio de denuncias públicas y 22 demandas laborales, su reinstalación y que el IEMS reconozca la relación laboral con ellas ya que la instancia sostiene que fueron contratadas por la empresa ROC MAN, todo ello sin el consentimiento de las mujeres.
Las mujeres despedidas esperan que la CDHDF acepte las medidas precautorias que solicitaron y, con ellas, se garantice su protección.
17/MMAE/GG
LABORAL
Ante aumento de agresiones
Trabajadoras despedidas del IEMS urgen a CDHDF medidas precautorias

Las trabajadoras de intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) en enero de 2016, urgieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) que emita las medidas precautorias que le solicitaron el lunes pasado, ante las intimidaciones por parte de policías capitalinos y la escalada de agresiones contra su plantón ubicado frente a la Preparatoria 2 del IEMS en Iztapalapa.
Las trabajadoras, quienes fueron despedidas el 8 y 9 de enero de 2016, bajo el argumento de que fueron contratadas sin su consentimiento por la empresa ROC MAN y no por el IEMS, solicitaron las medidas precautorias luego de que su plantón fue allanado dos veces, el 10 y 11 de marzo pasados.
Las mujeres, quienes son acompañadas y asesoradas por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos (ACUDDEH A. C.) y el Comité Cerezo México, han buscado por medio de denuncias públicas y 22 demandas laborales su reinstalación, y que el IEMS reconozca la relación laboral porque dicha instancia fue quien las contrató.
ACUDDEH y el Comité Cerezo las acompañaron también ante la CDHDF para solicitar con urgencia las medidas precautorias a favor de las trabajadoras despedidas del IEMS. De ser admitida la petición, las medidas deberán aplicarse de inmediato.
Para que estas se cumplan pidieron a la SSP que otorgue un “código ciudadano”, con el cual se busca garantizar la seguridad de las trabajadoras con medidas como “contar con patrullas durante la mañana y noche, que vean por la seguridad de las trabajadoras y la de sus pertenencias dentro del plantón”, explicó el abogado del Comité Cerezo, Alejandro Cerezo.
También exigieron a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México que resguarde los videos de las cámaras de seguridad cercanas al plantón del 10 y 11 de marzo, cuando se registraron los allanamientos. Además, pidieron que se investiguen las placas del automóvil que en el que se transportó el sujeto que fotografió a las trabajadoras el 8 de marzo.
LAS AGRESIONES
Las agresiones, señalan en un comunicado emitido ayer, se incrementaron desde enero, cuando el día 31 de ese mes, personas con uniformes de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de la Ciudad de México, que se transportan en vehículos de esa dependencia, merodearon el plantón.
El 6 de marzo pasado, nuevamente dos oficiales de la SSP merodearon el plantón y sólo dos días después, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reaparecieron durante un acto cultural que realizaron para denunciar su situación. Ese día, una patrulla de la SSP se estacionó cerca del plantón y fueron fotografiadas por un hombre a bordo de un vehículo.
Un día después, el 9 de marzo, la carpa que cubre el plantón de las trabajadoras fue abierta desde las instalaciones de la Preparatoria 2 del IEMS.
Ante esta agresión el abogado Alejandro Cerezo comentó en entrevista con Cimacnoticias que se evitó enfrentar a las autoridades del plantel porque “se han caracterizado por tener actitudes violentas hacia las trabajadoras”.
Sin embargo, hablaron con los vigilantes ubicados en una casilla de seguridad de la preparatoria, quienes dijeron no haber presenciado ninguna agresión, lo que “no es creíble porque todo el tiempo hay vigilantes”, dijo el abogado.
Los días 10 y 11 de marzo, el plantón fue allanado durante la madrugada y robado el material que las trabajadoras utilizan para vender comida, actividad con la que sustentan sus gastos, así como de documentos con información de las personas del IEMS que les han brindado apoyo. También se llevaron material con el que realizan denuncias durante sus movilizaciones. En ambas ocasiones, los autores de los allanamientos dejaron excremento humano.
DEMANDAS LABORALES
Sobre las demandas laborales, el abogado Alejandro Cerezo informó que las organizaciones acudieron la semana pasada a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) de la Ciudad de México para exigir a la instancia que no retrase más el proceso de ratificación de las firmas de trabajadoras despedidas y empleados y empleadas del IEMS.
Las firmas fueron presentadas desde diciembre de 2016 a la Junta para comprobar la relación laboral de las despedidas con el IEMS y así continuar con las pláticas sobre su recontratación como empleadas de base.
Se espera que tras el acercamiento con la JLCyA, “en 10 días hábiles se emita una sentencia definitiva”, aseguró el abogado.
El 7 de febrero pasado, el último día de los testimoniales de las trabajadoras ante la Junta, algunas mujeres despedidas acudieron a las instalaciones de la JLCyA para exigir que el plazo de resolución no excediera el límite propuesto por la ley, mismo que es de 10 días a dos meses. Por lo pronto, están en espera de que la CDHDF emita las medidas precautorias para salvaguardar su integridad física.
17/MMAE/GGQ
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