derechos laborales
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Busca favorecer participación de mujeres
Aprueba ONU Declaración sobre igualdad de género en medios de comunicación

El secretario general de la ONU, António Guterres aprobó la “Declaración de la Alianza Global de Medios y Género”, sobre igualdad de género en medios de comunicación y tecnologías, que busca que los Estados miembro acepten 14 recomendaciones para favorecer la participación de las mujeres en los medios de comunicación tradicionales y en la comunicación digital.
Para la presidenta de la GAMAG, la investigadora mexicana Aimée Vega Montiel, esta decisión es muy importante pues reconoce la importancia del tema en la agenda internacional de los Derechos Humanos de las mujeres. En entrevista con Cimacnoticias agregó que ello puede favorecer el desarrollo de políticas nacionales y regionales sobre la materia, así como mecanismos que obliguen a los Estados a destinar recursos para que esta agenda se cumpla.
Presentada por el Consejo Económico y Social (ECOSOC) en el marco del 62 periodo de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) la Declaración pide a los Estados miembro mejorar las leyes, reglamentos y políticas sobre la igualdad de género en y a través de los medios y las comunicaciones digitales; eliminar los estereotipos de género en los contenidos; mejorar el acceso y la participación de las mujeres en los medios, incluidos los organismos reguladores; garantizar la seguridad de profesionales del periodismo y sus derechos laborales.
Mejorar la libertad de expresión y el acceso de las mujeres a la información, tanto en medios como en tecnologías digitales; promover cambios en el currículo de las escuelas de periodismo y comunicación, y eliminar la violencia contra las mujeres online y offline.
Cabe recordar que la agenda de medios y género, tiene recomendaciones específicas para los Estados, las industrias de la comunicación y las organizaciones desde el año 1995, sin embargo, esta agenda había quedado rezagada de la revisión permanente de compromisos cumplidos del propio organismo de Naciones Unidas.
La presidenta de la GAMAG, Aimée Vega Montiel, consideró que este es un primer paso, “muy importante sin duda” para avanzar en la materia, pero advirtió que aún queda pendiente cómo se incluirá dentro de las conclusiones que adopten los Estados en este 62 periodo de la CSW, que concluye mañana.
De acuerdo con diversas representantes de las organizaciones sociales que acuden esta segunda semana a la CSW, las negociaciones para las conclusiones están aún tirantes entre los Estados y será hasta mañana viernes que se den a conocer.
Otras recomendaciones hechas por la GAMAG y aceptadas por el Secretario General de la ONU, son asegurar que las políticas y regulaciones de transmisión y digitales respalden a las mujeres, redes de medios, en particular medios comunitarios, radio y redes feministas, incluidas las mujeres jóvenes, para utilizar medios accesibles y apropiados y las TIC para cerrar la brecha en el contenido de los medios de comunicación, en particular a través de las ondas aéreas públicas.
Asimismo, se busca asegurar que las mujeres tengan los mismos derechos a los recursos económicos, acceso y control sobre la propiedad de los medios, y la propiedad de la información y tecnologías de la comunicación. Implementar marcos para la transparencia algorítmica, incorporando métodos como auditorías de terceros.
Hacer referencias específicas al papel y la relevancia de los medios y las comunicaciones dentro de las estrategias nacionales generales de igualdad de género; en específico el compromiso con la igualdad de género en las políticas de medios nacionales y las estrategias digitales, y en las disposiciones de gobernanza de la comunicación internacional, son otras de las recomendaciones.
Para consultar el documento completo visita: http://undocs.org/es/E/CN.6/2018/NGO/155
18/LLH/LGL
Senado deberá aprobarla
Modifican LGAMVLV para incluir como violencia laboral el embarazo

La Cámara de Diputados aprobó modificar el artículo 11 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) a fin de enunciar como violencia laboral la negativa de contratar a mujeres por motivos de embarazo.
El pasado 9 de marzo, la Cámara baja aprobó la modificación para agregar al conjunto de acciones que constituyen violencia laboral “las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo (LFT)”.
De acuerdo con la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara baja, que elaboró el dictamen, esta ampliación permitirá reconocer como violencia laboral la exigencia a las mujeres de presentar certificados médicos de embarazo para el ingreso, permanencia o ascenso en el empleo; incluso al despido de una trabajadora o coacción de renuncia por motivos de embarazo, cambio de estatus civil o cuidado de los hijos.
En adelante el artículo 11 de esta Ley dirá que constituye violencia laboral: “la negativa ilegal a contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las humillaciones, las conductas referidas en la LFT, la explotación; el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la ley y todo tipo de discriminación por condición de género”.
DESPIDO POR EMBARAZO, VIOLENCIA RECURRENTE
De acuerdo con el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), el despido por embarazo ocupa el primer lugar por discriminación en la capital del país.
Esta violencia constituye 31.4 por ciento de los expedientes abiertos en la Copred tan sólo de enero al 8 de marzo de 2018.
En tanto, la segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México (EDUS CDMX 2017) reflejó que 65.5 por ciento de las empleadas embarazadas fueron víctimas de una discriminación.
Entre las conductas discriminatorias más recurrentes están que “no les dan trabajo”, “las corren del empleo”, y “las hacen menos”.
El origen de esta modificación a la LGAMVLV es una iniciativa que presentó la bancada de Movimiento Ciudadano durante la Legislatura LXII. Esta iniciativa fue aprobada en marzo de 2014, luego fue remitida al Senado, y luego devuelta a la Cámara de Diputados con algunos cambios.
Con esta aprobación, la iniciativa de ampliación avanza a su última fase: la discusión y eventual aprobación por parte del Senado de la República.
18/AJSE/LGL
FEMINISMO
“Las mujeres nicaragüenses somos arrecha, seguiremos luchando”: Gioconda Belli
Miles de mujeres en Nicaragua salen a las calles y piden fin a la violencia

Más de cinco mil personas, la mayoría mujeres, participaron de una marcha que recorrió cerca de un kilómetro en la carretera a Masaya, ubicada en el centro de la capital Nicaragüense, en donde demandaron al Estado y a la sociedad un alto a la violencia machista.
En lo que va del año 11 mujeres han sido asesinadas entre ellas una mujer de 92 años y una niña de 12 años, lo que ha generado indignación de las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres.
La escritora Gioconda Belli, participante de la marcha, dijo que las mujeres en Nicaragua necesitan el poder real, para poder cambiar la situación en el país, aunque el gobierno celebre que Nicaragua está en el sexto lugar en el mundo en equidad de género, esto es ridículo, porque en la realidad las mujeres que ocupan cargos en el Estado, no responden a los Derechos Humanos de las mujeres.
“Es lamentable que la vicepresidenta de la república diga que en Nicaragua tenemos los niveles más bajos de violencia de las mujeres en comparación con Honduras, El Salvador o Guatemala, es absurdo, eso no quiere decir que estemos bien, es como decir, mal de muchos consuelo de tontos”, dijo la escritora.
Falta voluntad política del Estado, cerraron las Comisarías de la mujer, no se ven políticas reales para bajar la violencia contra las mujeres, le quitaron contenido a la ley 779, (Ley Integral Contra la Violencia hacia las Mujeres), sin embargo las mujeres nicaragüenses “somos arrecha, seguiremos luchando”, dijo Belli.
Contrario al pasado 25 de noviembre del año pasado cuando las autoridades impidieron la marcha de las mujeres en Managua, esta vez la movilización se desarrolló de manera normal, ni siquiera hubo agentes policiales de tránsito para regular la circulación, pese a que la carretera a Masaya es una de las avenidas más transitadas en la capital nicaragüense.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Vilma Núñez, dijo que cada día se observa que el Estado ya no puede impedir las marchas de las mujeres, “sería el colmo que además de permitir los feminicidios reprimieran también esta movilización”, agregó.
“El Estado de Nicaragua tiene una deuda histórica con las mujeres, las mujeres aportaron a la lucha revolucionaria, sin embargo no se les reconoce esto”, señaló Núñez, agregó que la mayor deuda la tienen con las víctimas de la violencia machista.
La directora del “Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra”, Sandra Ramos, que participó en la marcha, denunció las violaciones a los derechos de las obreras de las maquilas.
En un encuentro reciente, las trabajadoras denunciaron que cada vez que hay aumento del salario mínimo los empresarios les aumentan las metas de producción, las mujeres jóvenes están quedando con graves secuelas en su salud a temprana edad al no tener las condiciones adecuadas para trabajar.
Por día realizan 21 mil movimientos repetitivos por 22 días hábiles por los 12 meses del año, por lo que tres de cada 10 mujeres presentan problemas en sus músculos ante esta situación, señaló Ramos.
La marcha concluyó en la Avenida Universitaria en donde llamaron al Estado a frenar la violencia machista, a través de sus instituciones, aplicando las leyes, atendiendo las denuncias de las mujeres, aplicando las medidas preventivas y sancionando con todo el peso de la ley a los agresores.
Mientras se desarrollaba la marcha en Managua y en otras ciudades del interior del país, se conoció de un nuevo feminicidio en el municipio de Santa María de Pantasma, en el norteño departamento de Jinotega, en donde la joven Johana Meza de 30 años de edad fue asesinada por su pareja Noel Cruz de 34 años, quien después del crimen huyo del lugar.
18/NR/LGL
LABORAL
Que cumpla su promesa de campaña: Sindicato de Trabajadoras del Hogar
Ultimátum a Peña Nieto para ratificar Convenio 189

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno federal ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre trabajo del hogar (remunerado) antes de que concluya el sexenio.
En un comunicado emitido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), las organizaciones pidieron que el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto cumpla con una de las promesas que hizo en campaña, que es la ratificación del Convenio 189, que daría derechos laborales a las 2.4 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar.
Denunciaron que desde hace 4 años el gobierno federal ha retrasado el envío del Convenio al Senado de la República para su ratificación
El instrumento internacional fue adoptado y firmado por México en 2011 para reconocer el trabajo doméstico como un trabajo con derechos laborales y remuneración para así enfrentar las desigualdades: contrato o salarios injustos, discriminación, abuso, explotación, en las cuales se desempeñan los y las trabajadoras del hogar. Sin embargo su ratificación no se ha llevado a cabo.
El Conapred aseguró que en la Ley del Seguro Social se excluye a las 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar del acceso a la seguridad social obligatoria y a prestaciones indispensables como las guarderías y que la Ley Federal de Trabajo considera al trabajo del hogar, en su capítulo XIII, como un “trabajo especial” con jornadas legales de 12 horas sin descanso y restringe derechos laborales y prestaciones.
En su investigación “Hacer visible lo invisible. Formalización del trabajo del hogar remunerado en México: una propuesta de política pública” la investigadora y coordinadora académica del departamento de Ciencia Política del ITAM, Marta Cebollada, reconoció que en México, más de 2.3 millones de personas -casi todas mujeres- enfrentan una discriminación por la naturaleza de su profesión: el trabajo del hogar remunerado. Dicha labor, dijo, se ve sobrevalorada por la “percepción errónea” de que no es un trabajo real.
En el país, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2016, revelaron que existían casi 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales la mayoría son mujeres y niñas, y reconoció que en la última década se ha registrado un incremento en esta actividad.
Desde 2011, año en el que fue firmado el Convenio189, organizaciones de la sociedad civil, instancias nacionales e internacionales así como senadoras de diversas fracciones parlamentarias se han sumado a la petición de las trabajadoras del hogar para avanzar en la ratificación del Convenio 189 con el fin de tener acceso a sus derechos laborales.
Datos de la OIT, mencionan que México es el país de América Latina con menor porcentaje de trabajadoras formales. Conapred mencionó que países con menor desarrollo al de México “han ratificado este Convenio y están dando pasos para garantizar al sector los mismos derechos que el resto de las ocupaciones”.
18/AEG/LGL
POLÍTICA
Fallece a los 92 años de edad
Marcela Lombardo, la luchadora social que compitió por la presidencia de México

La política mexicana Marcela Lombardo Otero, falleció este lunes 5 de marzo a los 92 años de edad. Fue profesora y trabajó por las causas sociales, además de ser la segunda mujer en competir por la presidencia de la República Mexicana en 1994 por el Partido Popular Socialista.
Marcela Lombardo nació en la Ciudad de México el 20 de marzo de 1926, apenas quince años después del auge de la Revolución Mexicana, tema que, junto con el socialismo y la paz, serían centrales en su trayectoria política y profesional, de acuerdo con información del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano” del que fuera directora hasta el día de su muerte.
Con el ejemplo de su familia, Marcela se formó en su juventud como maestra normalista de nivel primaria en la Escuela Nacional de Maestros, y posteriormente como economista en la Escuela Nacional de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Desde joven, Marcela Lombardo se incorporó a la vida política del país. En 1948 – siete años antes de que en México se reconociera el derecho de las mujeres a votar- fundó el Movimiento de la Juventud Popular en México y el Partido Popular, que después se convertiría en el Partido Popular Socialista (PPS).
En l994, el PPS la nombró candidata a la Presidencia de la República. Sus propuestas políticas estaban centradas en el fortalecimiento de la soberanía, el proceso electoral, la defensa de los intereses populares y el conflicto social en Chiapas.
Si bien el partido obtuvo entonces una votación por debajo del 1 por ciento, lo que les llevó a perder el registro, Marcela se convirtió en la segunda mujer en postularse a este puesto de elección popular en el país, y con esto en convertirse en una pionera para el ejercicio de los derechos políticos de las mexicanas. La única mujer que en 1988 la presidió como candidata fue la activista Rosario Ibarra de Piedra.
Luego de Marcela, sólo cuatro mujeres más se han postulado como candidatas para ocupar la Presidencia de la República: Cecilia Soto (en 1994, por el Partido del Trabajo), Patricia Mercado (en el 2006, por el Partido Alternativa Socialdemócrata), Josefina Vázquez Mota (en el 2012, por el Partido Acción Nacional), y ahora Margarita Zavala, como candidata independiente.
A pesar de la derrota, Lombardo continuó su participación política y se convirtió en 1976 diputada dentro de la L Legislatura en la Cámara de Diputados, puesto que volvió a ocupar en la LV Legislatura hasta 1991.
En sus inicios como política, Marcela acompañó a su padre Vicente Lombardo Toledano, profesor y dirigente del movimiento socialista en México, en actividades de índole político de gran relevancia en el mundo, como la Fundación de la Federación Sindical Mundial en París y el I Congreso Latinoamericano sobre el Pensamiento Antiimperialista.
Sin embargo, también participó de manera independiente en eventos internacionales vinculados a los derechos de las mujeres, como el “Decenio de la Mujer” de 1985, que organizó Naciones Unidas en Kenia para hablar sobre “La mujer en la lucha por la paz”; y la Segunda Conferencia Nacional de la Mujer Saharaui en 1990.
En adelante, Marcela Lombardo participó en conferencias mundiales para hablar sobre la paz y la prevención de la guerra. Por ejemplo, el II Congreso de la Unión de Científicos sobre Problemas de la Paz y la Prevención de la Guerra Nuclear.
También fue galardonada por el Colegio Nacional de Economistas, A.C en 1991; obtuvo el grado Honoris Causa por la Universidad “Simón Bolívar”, Barranquilla de la República de Colombia en 1992; fue nombrada integrante Honoraria de la Sociedad Bolivariana del Atlántico, A.C y recibió la condecoración “Orden de la Amistad” del Gobierno de la República Socialista de Vietnam, entre otros reconocimientos y galardones.
Los últimos años de su vida, fue directora del Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales “Vicente Lombardo Toledano” que se fundó en 1972 para aprovechar el legado escrito del líder político; sin embargo, tras la dirección de Lombardo Otero, el Centro se convirtió en una institución pública dependiente de la Secretaría de Educación, de investigación y estudios avanzados en Ciencias y Humanidades, además de fungir todavía como centro de documentación.
18/AJSE/LGL
LABORAL
Aún con medidas precautorias continúan en riesgo
Allanan por novena ocasión plantón de extrabajadoras de limpieza

A días de cumplir dos años en plantón, extrabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) despedidas en 2016, fueron allanadas por novena ocasión sin que nadie las auxiliara.
En un comunicado, la vocera de las extrabajadoras Guadalupe Carrasco Carrasco, informó que la madrugada del pasado 20 de febrero dos hombres entraron al plantón, rompieron las lonas que sirven de entrada y salida y revolvieron el material que se encuentra adentro.
Explicó que se percataron hasta el día siguiente debido a que después del tercer allanamiento las trabajadoras optaron por ya no realizar guardias como lo hacían de costumbre. Alrededor de las seis de la mañana del 20 de febrero una compañera del plantón avisó a Guadalupe del allanamiento por teléfono.
Posteriormente, la líder del movimiento marcó a los números que le fueron proporcionados como medida de seguridad del Código Águila por parte de la Procuraduría General de Justicia capitalina ya que después del tercer allanamiento, en marzo de 2016, junto con el integrante del Comité Cerezo, Alejandro Cerezo, solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) medidas precautorias, mismas que fueron otorgadas por la instancia en 2017.
Sin embargo, Guadalupe Carrasco afirmó en entrevista con Cimacnoticias, que el personal que la atendió en los teléfonos “no tenía conocimiento de la existencia ni ubicación del plantón” por lo que acudió con un oficial de policía que se encontró en la calle quien se rehusó a ayudarla con el argumento de que “no le competía esa situación”, y le sugirió pedir el número de la cámara de video que se encuentra frente al plantón así como los nombres de los policías en turno del plantel Iztapalapa 2.
El allanamiento sucedió a unos días de su movilización el pasado 15 de febrero hacia las oficinas del gobierno capitalino y de la Secretaría de Finanzas y Capital Humano, para entregar firmas obtenidas de la campaña que emprendieron para exigir su reinstalación.
Las trabajadoras opinaron que estos allanamientos responden a las movilizaciones que han llevado a cabo desde hace 2 años cuando fueron despedidas injustificadamente 59 mujeres, la mayoría madres solteras y personas adultas mayores con más de 10 años de antigüedad laboral.
Las trabajadoras llamaron a las organizaciones civiles y a la población a apoyarlas este 23 de febrero que cumplen 2 años en plantón y anunciaron que presentarán una denuncia penal.
18/AEG/LGL
LABORAL
Desigualdad de fin de año
Funcionarios chiapanecos reciben 10 veces más aguinaldo que una trabajadora

El gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello cobró de aguinaldo la cantidad de 116 mil 200 pesos correspondientes a 60 días de sueldo. El aguinaldo de cada uno de los titulares de las diferentes dependencias del Estado fue de 95 mil 920 pesos.
En el Poder Judicial del Estado se cobraron 60 días de aguinaldo. El sueldo del titular del Poder Judicial según el portal de transparencia, es de 20 mil pesos mensuales, en teoría debió de cobrar de aguinaldo 40 mil pesos. Cabe mencionar que además de su sueldo, el presidente magistrado, Rutilio Escandón recibe otros recursos de parte de la dependencia.
El Secretario Particular de Rutilio Escandón Cadenas gana más que él. Su sueldo mensual es de 54 mil 925 pesos por lo que recibió de aguinaldo 109 mil 850 pesos.
El magistrado con categoría A en el Poder Judicial gana mensualmente 102 mil 652 pesos, su aguinaldo fue 205 mil 305 pesos, el más alto en todo el Poder Judicial. Le siguen los magistrados que ganan 98 mil 327 pesos y su aguinaldo fue de 196 mil 654 pesos.
Un auxiliar de oficina fue el que menos aguinaldo recibió en el Poder Judicial del Estado. Mensualmente gana 6 mil 150 pesos y su aguinaldo fue 12 mil 300, es decir, 16.6 veces menos que un magistrado.
Cada uno de los 40 diputados de Chiapas recibió el equivalente de 60 días de salario como aguinaldo. Los diputados tienen un salario neto de 54 mil 606 pesos, lo que significa que antes de este 20 de diciembre recibieron como aguinaldo cada uno 109 mil 212 pesos.
En contraparte, según el portal de transparencia del Congreso del estado, las trabajadoras que menos ganan –todas mujeres- son las Secretarias Ejecutivas E, quienes tienen un sueldo neto de 3 mil 929 pesos. Lo que se traduce que recibieron como aguinaldo, 7 mil 858 pesos.
Los diputados son los mejores pagados de la nómina y las Secretarias Ejecutivas E las peores remuneradas. El aguinaldo de los diputados fue 13.8 veces mayor que el de las secretarias.
LOS AGUINALDOS EN LOS MUNICIPIOS
En los 10 municipios más poblados de Chiapas –Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Chiapa de Corzo, Chilón, Las Margaritas, Ocosingo, Palenque y Villaflores- los alcaldes tuvieron aguinaldos que van de los 24 mil 825 pesos a los 216 mil 112 pesos.
En cada municipio el sueldo de los alcaldes es distinto, y en cada uno cobran entre 30 y 60 días de aguinaldo.
Los cálculos que se hicieron de los aguinaldos, para este trabajo, fueron con base en la información de los portales de transparencia de los propios municipios.
Para el caso de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, Comitán y Chiapa de Corzo, no se encontraron los datos en sus portales de transparencia por lo que no se pudo hacer el cálculo correspondiente.
En San Cristóbal de las Casas el sueldo mensual del alcalde es de 24 mil 825 pesos. Si recibe 30 días de aguinaldo la cantidad que se le dio fue también de 24 mil 825, pero si son 60 días se le otorgaron 49 mil 650 pesos. De los municipios consultados es el que menos recursos recibió por este concepto.
El alcalde del municipio de Ocosingo es el que mejor aguinaldo recibió, de los presidentes municipales consultados, ya que su sueldo mensual es de 108 mil 056 pesos, si su aguinaldo fue de 30 días recibió la misma cantidad, pero si fue de 60 días llegó a recibir 216 mil 112 pesos.
Chiapas es uno de los estados con mayor población en la economía informal y desigualdad económica por lo que no toda la población que trabaja recibió aguinaldo.
17/SS/LGL
DERECHOS HUMANOS
PRI arremete contra Derechos laborales y Humanos de cara a contienda electoral
Cascada de reformas y Leyes que atentan contra derechos de mujeres y trabajadoras

De cara a la contienda electoral de 2018 que entre otros cargos públicos definirá la presidencia de la República, en las últimas semanas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con otras fuerzas políticas, presentó Leyes y Reformas que atentan contra las Derechos Humanos y laborales (DH) de la sociedad civil.
Impulsadas por el Partido Revolucionario Interinstitucional (PRI) destacan la Ley de Seguridad Interior que permite la intervención del Ejército mexicano cuando considere “amenazas de seguridad”; la reforma al Código Civil Federal para considerar “daño moral” en mensajes que se consideren ofensivos a través de medios digitales; y la reforma a la Ley Federal del Trabajo que elimina todas las barreras de contratación a las empresas outsourcing.
Cimacnoticias consultó a organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, y a la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, quienes hablaron del impacto diferenciado que pueden tener en la vida de las mujeres estas normativas; y destacaron que no debe perderse de vista que ninguna puede quedar fuera del análisis del próximo contexto electoral.
“LA LEY GOLPISTA”
La recién aprobada Ley de Seguridad Interior legitima el uso de la fuerza para “contener riesgos y amenazas” en la seguridad pública. Pese a su cuestionamiento por organismos internacionales de DH y al repudio que generó entre organizaciones civiles locales que la nombraron la “Ley Golpista”, el pasado 15 de diciembre el Senado de la República la aprobó después de una discusión de 16 horas.
Con un Senado conformado en su mayoría por la bancada priista, apoyada por la mitad del Partido de Acción Nacional (PAN), la Ley de Seguridad fue avalada con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.
En horas, la turnaron a la Cámara de Diputados donde finalmente se avaló y la enviaron a Enrique Peña Nieto, de modo que ahora sólo falta el refrendo de éste para que se publique en el Diario Oficial de la Federación.
LAS MUJERES Y LA TORTURA POR MILITARES
Las y los legisladores desoyeron los exhortos de detener la Ley de Seguridad Interior por su ambigüedad y porque no respeta los estándares internacionales de DH. La senadora Angélica de la Peña describió en entrevista con esta agencia, que en ninguna otra ocasión había visto a tantos órganos de DH pidiendo al Estado mexicano frenar una ley.
Los llamados provinieron de los Altos Comisionados de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cientos de asociaciones civiles, quienes han visto en la última década las consecuencias de “abatir la delincuencia organizada” militarizando este país: ejecuciones extrajudiciales, privaciones de la libertad, desapariciones, tortura, agresiones sexuales y el desplazamiento forzado de las poblaciones.
Estas violaciones a los DH por parte de agentes militares ha valido a México sentencias en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La mayoría de estos casos, fueron cometidos contra mujeres por parte de militares, quienes utilizan la tortura para obtener confesiones e inculparlas de pertenecer a la delincuencia organizada, recordó la senadora de la Peña.
Para la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, esta Ley de Seguridad Interior tiene un impacto negativo específicamente en las mujeres, “la experiencia ha mostrado que al posicionar a militares en labores de seguridad pública estos incurren violaciones discriminatorias contra las mujeres con prácticas de tortura sexual o denigrantes contra ellas”.
“Esta Ley tendría un impacto diferenciado en las mujeres, recordemos que la mayoría de los casos conocidos por la Corte, Inés y Valentina y ahora Atenco, tienen que ver con violaciones a las mujeres e intervención de militares y fuerzas federales. Lamentable en estos casos se tuvo un componente de género: en ambos violaciones sexuales”, subrayó Marcia Aguiluz.
De esto da cuenta Amnistía Internacional en su informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” (2016), en el cual entrevistó a 100 mujeres privadas de su libertad que fueron agredidas en su detención por las fuerzas policiales, el Ejército o la Marina. La organización identificó que 72 sufrieron abusos sexuales y 33 fueron víctimas de violación sexual por parte de las Fuerzas Armadas.
Además, precisa Amnistía en su reporte, pese a las múltiples denuncias presentadas por mujeres ante actos de violencia sexual a manos de Fuerzas Armadas, ni un solo soldado ha sido suspendido por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015.
Aprobar la Ley de Seguridad Interior, expresó la abogada especialista en DH, es darle “carta blanca a los militares para que actúen en cualquier circunstancia” y muestra que el Estado mexicano no tiene la voluntad en cumplir con obligaciones respecto a las sentencias emitidas por la CoIDH.
“El mensaje que nosotros recibimos es que no existe un voluntad de México por respetar las obligaciones internacionales que tienen, tampoco tienen una voluntad por resolver el grave problema de seguridad. Sabemos que los militares son un actor muy poderoso en México, la presión que hacen para aprobar esta Ley habla de ello”, señaló la integrante de Cejil.
PERMISO A LAS FUERZAS ARMADAS
Cejil como otros organismos defensores de DH, alertaron que este proyecto carece de un mecanismo de control sobre las operaciones que pueden llevar las Fuerzas Armadas en el territorio pues de acuerdo con la Ley aprobada, es el Presidente de la República quien puede ordenar la intervención del Ejército en un territorio determinado por alguna “amenaza a la seguridad interior”. También puede ordenarlo a petición de los titulares de las entidades federativas.
Con ello, el Artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, permite “la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución”, indica.
Si bien, se establece que la intervención de las Fuerzas Armadas dura un año, se puede prolongar si así lo determina el Ejecutivo. Así, el Ejército no sólo tendría la facultad de asumir las acciones de la policía, les permite actuar por sí mismo, pues sólo le bastaría informar al Presidente y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre las actividades emprendidas, indican los Artículos 32 y 33 de dicha Ley.
Esto, en opinión de la senadora Angélica de la Peña, es contrario a la Constitución mexicana y no resuelve los problemas de seguridad pública que vive el país. “Los militares están capacitados para hacer un uso de la fuerza en su máxima expresión: en ataques terroristas o amenazas de seguridad nacional. No para sustituir la policía”, sentenció.
“El problema de fondo y que no hemos resuelto es tener corporaciones policiacas suficientes, capacitadas, que se les reconozcan sus derechos laborales. Pero esta Ley no resuelve el problema de fondo, dejar al Ejército permanentemente, desde el punto de vista de una democracia, es muy peligroso”.
Con esta Ley México también enfrenta un retroceso a los derechos ganados, precisó De la Peña Gómez, “cada vez avanzamos en leyes importantes en DH: la Ley contra la Tortura, la Ley contra Desaparición Forzada, el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; la Ley de la Niñez, y no encontramos en esta Ley algo que las incluya”.
El rechazo de la Ley de Seguridad Interior ha llevado a la sociedad a protestar en las calles y pedir Peña Nieto que la vete. De no detenerla, la senadora señaló que el irán por la Acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Otras asociaciones internacionales como Cejil, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, instalaron a partir de la aprobación de esta Ley, un Observatorio Internacional sobre México para documentar la situación de crisis de los DH en el país.
SANCIONAR POR DAÑO MORAL, DESCRÉDITO Y OTRAS…DEL PRI
Mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados aprobó el 14 de diciembre la reforma al Artículo 1916 del Código Civil Federal para anexar que se sancionará por daño moral a quien por cualquier medio, incluidos “los electrónicos”, “difunda información que cause deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.
La directora general de la asociación civil Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló en entrevista con Cimacnoticias, que se trata de una iniciativa encaminada a “generar temor para quien difunde ideas en medios electrónicos” y consideró que esta propuesta del diputado Pablo Elizondo García, también priísta, es particularmente relevante en medio de un proceso electoral “cuando hay mucho que informar”.
“Responde a un afán por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión o el deseo de generar temor en el gremio periodístico y en quienes ejercen su libertad de expresión a través de medios electrónicos”, dijo Mendiola Landeros, pero recordó que sobre esta modificación está el derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución mexicana.
La directora de Propuesta Cívica agregó que las demandas “de daño moral” son utilizadas como métodos de agresión sobre todo por políticos contra las y los periodísticas en este país. “Cuando un actor político presenta demanda por daño moral la persona deja de investigar los temas que tocan intereses políticos, por enfocarse a un litigio civil, genera autocensura”, explicó.
Para el gremio periodístico que labora en medios digitales estas agresiones han ido en aumento; la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), en su informe “El Poder del Cacicazgo. Violencia Contra las Mujeres Periodistas 2014-2015”, documentó que de los 147 casos de agresiones contra las periodistas, 34.6 por ciento de ellas pertenecía a un medio digital.
Aunque falta que esta reforma sea aprobada por el Senado de la República, la abogada Sara Mendiola, destacó que podría tratarse “de un simple distractor” que tiende a generar temor y autocensura en los medios digitales.
DESAPARECER LOS POCOS DERECHOS LABORALES
A días de terminar las sesiones en el Congreso de la Unión, senadores del PRI presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) que plantea eliminar las restricciones a la subcontratación de personal (llamada, “outsourcing”) y propone limitar la asociación sindical. De aprobarse, las condiciones de trabajo de mujeres y hombres en el país empeoraría, pues daría pie a más violaciones a sus derechos laborales.
En entrevista con esta agencia, la coordinadora del área de Diálogo Sindical y de Género de la fundación Friedrich-Ebert, Inés González Nicolás, señaló que la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentada el pasado 7 de diciembre y que evalúa las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos del Senado, pone en riesgo derechos laborales.
De ser aprobada, una empresa podría emplear a todo su personal por subcontratación y los contratistas únicamente tendrían que registrarlos en el Seguro Social e inscribirlos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). “Aunque los senadores argumentan que la reforma generaría más empleos, la verdad es que serían como en la última década: precarios, inestables y con salarios bajos”, dijo la experta en derechos laborales Inés González.
Un caso emblemático sobre las violaciones a los derechos laborales por este tipo de contrataciones es el despido injustificado, en 2016, de 59 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, algunas de ellas tenían hasta 15 años trabajando para el IEMS, pero luego de organizarse y exigir condiciones de trabajo dignas fueron despedidas bajo el argumento de que una empresa terciaria las contrató.
Sobre la propuesta de los senadores, más de 50 Sindicatos y 29 organizaciones civiles laborales de todo el país, advirtieron en un pronunciamiento dirigido al titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión, que no limitar la subcontratación, provocaría graves afectaciones a las y los trabajadores porque “destruye toda protección laboral y actualiza un golpe sin precedente en la historia laboral mexicana”.
La iniciativa también contempla la creación de un Instituto que regularía el registro de Sindicatos y contratos colectivos, sin embargo, la función y conformación del organismo es contraria a lo que establecen los artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana (reformados en febrero de este año), señaló Inés González, pues no contempla la participación de representantes del sindicalismo independiente.
Tampoco hace referencia al derecho a un voto libre y secreto para la elección de titulares sindicales y en la firma de contratos colectivos, como estipulan las reformas a los artículos mencionados, lo que “sostiene la existencia de contratos patronales -acuerdos firmados entre empleadores y líderes sindicales que no velan por los derechos del personal empleado- , así los líderes se eternizan y no hay posibilidades de cambios directivos en los sindicatos”, enfatizó Inés González.
Además, la defensora de los derechos laborales recordó que la iniciativa promovida por el PRI cancela el derecho que las y los trabajadores tienen de ser notificados por escrito en caso de ser despedidos y las razones para efectuarlo. La iniciativa “sólo favorece a las empresas, las personas trabajadoras quedan en total indefensión”, sentenció.
La propuesta se analiza en un contexto nacional donde las mujeres laboran en condiciones precarias. A nivel nacional, 61 de cada 100 trabajadoras no tienen acceso a instituciones de salud, es decir, 12.2 millones de mujeres de un total de 19. 9 millones trabajadoras, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2005 al cuarto trimestre de 2016.
Mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estimó en su último informe, publicado en agosto de este año, que el salario mensual de las mujeres está por debajo del promedio nacional (5 mil 773 pesos), pues de acuerdo a la dependencia gubernamental ellas ganan al mes 4 mil 935 pesos y en el mismo periodo de tiempo los hombres obtienen 6 mil 291 pesos.
17/HZM/MMAE/LGL
LABORAL
Gobiernos federal y estatal financiarán proyecto
Mujeres de Macuspana sí tendrán su maquiladora

Luego de siete años de exigencias para lograr la construcción de una maquiladora que empleara a mujeres choles y chontales de Macuspana, Tabasco, las mujeres agrupadas en la cooperativa Exótica Textiles, lograron el financiamiento para su proyecto, el cual será financiado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Economía (SE) y por el gobierno estatal.
La Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo (SDET) tabasqueña ingresó la propuesta de la maquila al Proyecto al Amparo de Convenio (PAC) del Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), que otorga a los gobiernos estatales recursos económicos para financiar programas considerados como estratégicos por la cantidad de empleos que podrían generar.
Por ello, antes del 15 de diciembre el Inadem, dependiente de la SE, otorgará un fondo de más de 4 millones de pesos para la construcción de la maquila y el gobierno estatal aportará la misma cantidad para sumar en total 8 millones 820 mil pesos.
Lo anterior fue notificado a las costureras el primero de diciembre pasado en una reunión efectuada en la SDET. La decisión responde a la exigencia de las mujeres porque autoridades económicas estatales y federales garantizaran la construcción de la maquiladora.
Con el acuerdo del primero de diciembre "aseguramos la construcción de la maquila”, explicó en entrevista con esta agencia la presidenta del Consejo de Administración de “Exótica Textiles”, Alicia Jiménez Hernández.
Las más de 50 choles y chontales que integran “Exótica Textiles” lucharon desde 2011 por la construcción de la maquila con el objetivo de “cambiar los escenarios de pobreza” en los que viven las indígenas de Macuspana. Desde entonces buscaron apoyo por parte del gobierno tabasqueño para la construcción, pero se enfrentaron a violaciones a sus Derechos Humanos y encarcelamientos injustificados.
Alicia Jiménez mencionó que el financiamiento de la construcción está asegurado porque eso afirmó el subsecretario de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa de la SDET, Rúben Ricardo García Moguel durante la reunión del primero de diciembre, postura que secundó el representante del secretario de Desarrollo Económico y Turismo estatal, Wilver Méndez Magaña, y el director de Articulación Estratégica en el Inadem, Hugo Hernández Espinosa. El compromiso consta en la minuta de la reunión firmada por los funcionarios, de la cual esta agencia tiene copia.
En mayo pasado las costureras ingresaron el proyecto para buscar financiamiento al Inadem, pero ante la dilación de resultados buscaron de manera alterna reuniones con funcionarios estatales y federales para conseguir financiamiento independientemente de la respuesta al concurso, por lo que lograron que el gobierno estatal suscribiera el proyecto al PAC.
Si el proyecto no prospera en la primera convocatoria que emitieron, de cualquier forma recibirán recursos del PAC, explicó el representante legal de Exótica Textiles, Julio César Álvarez Santos, en entrevista con Cimacnoticias.
Al respecto Alicia Jiménez, quien fue recluida injustificadamente en 2014 mientras exigía frente al Congreso tabasqueño el apoyo para la maquila, opinó que ella y sus compañeras de “Exótica Textiles” aun sienten desconfianza por parte de las autoridades, pues han dilatado su proyecto por años, pero confían en que en esta ocasión “sí se ponga como prioridad el derecho que tienen las mujeres indígenas de tener condiciones de trabajo dignas”, misma que se reflejaría con la construcción de la maquila.
17/MMAE/LGL
LABORAL
Gobierno sigue sin ratificar Convenio 189 de la OIT
Senado propone reformar LFT para formalizar trabajo del hogar

Legisladoras del Senado de la República propusieron reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el fin de estipular claramente las condiciones laborales formales para las trabajadoras del hogar y garantizarles las prestaciones que por ley tienen derecho.
La propuesta impulsada por la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña Gómez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diva Hadamira Gastélum Bajo y del Partido Acción Nacional (PAN), María del Pilar Ortega Martínez, Martha Elena García Gómez y Marcela Torres Peimbert; busca derogar el régimen discriminatorio que establece la LFT para las trabajadoras del hogar y garantizarles el acceso a vacaciones, aguinaldo, seguridad social y un contrato laboral.
Actualmente el Capítulo XIII, título sexto “Trabajos Especiales” de la LFT, es el que regula los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, sin embargo, permite una jornada excesiva de trabajo de 12 horas y no estipula la obligatoriedad de afiliar a las empleadas del hogar a la seguridad social.
Asimismo el Artículo 334 reconoce que hasta 50 por ciento de la retribución para las trabajadoras del hogar puede ser en especie (alimentos o habitaciones), una medida excesiva en comparación con las recomendaciones de los instrumentos internacionales que es del 33 por ciento.
En este apartado también se indica que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) debe fijar el salario mínimo para las trabajadoras del hogar pero hasta el momento no lo ha establecido.
Por lo tanto el proyecto de las senadoras plantea añadir un Artículo 331 Ter a la Ley del Trabajo para determinar mediante un contrato escrito la remuneración económica para este sector (no menor a dos salarios mínimos), el horario de trabajo, las vacaciones anuales pagadas, los periodos de descanso y la inscripción al seguro social.
La iniciativa también reconoce y regula el pago de las tres modalidades del trabajo del hogar: quienes residen en el domicilio donde laboran, las que trabajan con un sólo empleador, o bien, varios.
Otras de las reformas que se plantean es la indemnización de las trabajadoras y abolir el trabajo infantil al prohibir la contratación de menores de 15 años de edad para esta tarea.
Finalmente quienes se encargarían de verificar que las y los empleadores cumplan con la ley serían los “Inspectores del Trabajo”, la propuesta indica que ellos visitarían las empresas, hogares y establecimiento donde fueron contratadas las empleadas periódicamente, con especial atención para las trabajadoras migrantes e indígenas.
SINACTRAHO EXIGE DERECHOS LABORALES
En el proyecto las senadoras argumentaron que el trabajo del hogar es una tarea fundamental para la población mexicana; cerca de 2 millones de hogares contratan servicios del hogar, según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2014).
En estos hogares viven 4 millones 854 mil personas, quienes se benefician de las tareas que realizan las empleadas del hogar, sin embargo, la mayoría sólo cobra dos salarios mínimos de 70.10 pesos diarios –o menos- según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
El Conapred también precisa que 97 por ciento no tiene seguridad social y muchas de ellas viven situaciones de discriminación, maltratos, jornadas excesivas de trabajo sin remuneración e incluso violencia sexual.
Por ello las integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) se manifestaron el 23 de noviembre frente al Senado para exigir a los y las legisladoras que apoyen y agilicen esta iniciativa, pues podría permitir que las 2.4 millones de trabajadoras del hogar que hay en el país –según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía- gocen de sus derechos laborales.
El gremio también urgió al Senado la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento internacional que sigue sin ser ratificado por el gobierno y que supondría la obligación inmediata de regular el trabajo del hogar en México.
Por el momento el proyecto se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Precisión Social y de Estudios Legislativos donde será discutido.
17/HZM/LGL
Pages
