Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres

La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde renunció a su puesto como integrante del Grupo de Trabajo que investigó la solicitud de Alerta de Violencia de Género para el municipio de Cajeme, Sonora, misma que fue negada el pasado 4 de agosto.

Zuñiga presentó su renuncia a Alejandra Negrete Morayta, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), después de que la Secretaría de Gobernación (Segob) diera a conocer la resolución de no procedencia de la Alerta en Cajeme.

El Grupo de Trabajo fue conformado en junio de 2015 luego de una convocatoria nacional abierta para dos académicas o académicos de instituciones de investigación de Sonora, y dos de otros estados, denominados “nacionales”.

La investigadora de El Colegio de Sonora expresó en el documento que las razones para su dimisión fueron las múltiples irregularidades observadas en la última fase del procedimiento para la discusión y toma de acuerdos sobre el dictamen emitido en relación al informe de cumplimiento que presentó el gobierno del estado.

Dichos señalamientos los había comunicado en su voto razonado de fecha 5 de agosto de 2017, tanto a la comisionada nacional de Conavim, como al resto del Grupo de Trabajo.

Tales irregularidades, consideró, desvirtúan la naturaleza del Grupo, mismo que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida libre de Violencia, es un órgano autónomo de composición mixta, cuya función principal es estudiar y analizar la situación que guarda el territorio sobre el que se señala que existe violación a los Derechos Humanos de las mujeres.

Otra razón expresada como motivación de la renuncia fue que el Grupo de Trabajo no tuvo conocimiento a través de una notificación oficial (ni extraoficial) de la resolución de la Segob sobre la no procedencia de la Alerta.

Fue hasta el lunes 7 de agosto por la mañana cuando únicamente se les envió una liga a la página de Conavim, donde se ubicaba el documento que fue publicado en la página del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) desde el viernes 4 de agosto.

La notificación de la negativa fue enviada a la organización peticionaria pero las y los integrantes del Grupo de Trabajo la desconocían, a pesar de que son pieza fundamental para ofrecer argumentos para la decisión final de Segob.

La dinámica de las reuniones había sido establecida por el Grupo de Trabajo desde el principio, acordando como norma a su interior el mantener un canal de comunicación e intercambio permanente de borradores de documentos y resoluciones gubernamentales, lo cual no ocurrió al final.

Esta forma de trabajo posibilitó en el pasado llegar a acuerdos consensados sobre cada uno de los aspectos requeridos para facilitar su quehacer, tanto en cuestiones de logística como de organización y procedimiento, según expuso la académica.

Sin embargo, lamentó que en la última fase imperó la desinformación, la rigidez y la imposición por lo que como académica y estudiosa de la violencia de género dijo que le resultaba imposible llevar a cabo ya el compromiso obligado que tenía con la sociedad en general y la sonorense en particular.

La doctora Mercedes Zúñiga Elizalde es profesora investigadora de El Colegio de Sonora, y fue seleccionada en la convocatoria pública para la conformación del grupo de trabajo al que se refiere el artículo 36 del reglamento de la LGAMVLV.

En su momento, las y los académicos que integraron el grupo fueron: Adriana Guadalupe Mejía Salcido como representante del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Edgar Alejandro Jaimes como representante de la Universidad Nacional Autónoma de México. También formó parte la maestra Gilda Salazar del Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo.

Si bien este grupo sufrió una serie de cambios en la composición: uno del representante de Inmujeres, dos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dos del Instituto Sonorense de las Mujeres, y cuatro de Conavim, es ésta la primera renuncia por motivos de diferencias por las irregularidades, lo que se traduce en una crítica que quedó expresada tanto en la renuncia como en el voto razonado de Zúñiga Elizalde.

17/SNE

El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se acreditaba su condición de orfandad.
 
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense, estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993, creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres, programa que ha resultado insuficiente.
 
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.
 
Entre las acciones que realiza la Conavim –creada a nivel federal en 2009 a partir de los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza– está diseñar políticas en materia de igualdad de género; construir y equipar los Centros de Justicia para las Mujeres; coadyuvar en los trámites de Alerta de Violencia de Género y dar cursos y capacitaciones en la materia. En la ciudad fronteriza es un enlace entre el gobierno estatal y federal.
 
VIOLENCIA QUE SE EXTIENDE
 
Un informe que realizó Amnistía Internacional en 2003 describía el perfil de las mujeres víctimas de la franja fronteriza como jóvenes “sin ningún poder en la sociedad”, trabajadoras de las industrias maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes; muchas de ellas vivían en circunstancias precarias y a veces con hijas e hijos que mantener.
 
A su vez un informe de la Conavim encontró que en la década de los noventa las mujeres asesinadas o desaparecidas eran menores de 25 años, solteras, estudiantes y trabajadoras de la maquiladora y documentó  que a principios del nuevo milenio creció el número de víctimas de 25 a 35 años que eran amas de casa o empleadas.
 
Desde que comenzaron los crímenes en Juárez se comprobó que la violencia feminicida afectaba también a las hijas e hijos de las víctimas, lo que llevó a las madres de las mujeres asesinadas a demandar apoyos para sus nietos que quedaron en orfandad. Con el impulso de las organizaciones civiles, estas abuelas consiguieron la atención de las autoridades. 
 
Abbud Esparza, quien ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de la Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, explica que casi una década después de que en 1993 se dieran a conocer a nivel nacional e internacional los asesinatos de mujeres en esta zona, en 2004 comenzó un programa para atender a la infancia en esta situación.
 
En ese entonces 14 familias recibían una cantidad de mil 900 pesos mensuales, atención psicológica, apoyo para comprar útiles y uniformes escolares y becas de estudio. Hasta 2013 el programa beneficiaba a 125 familias y de acuerdo con la funcionaria sigue vigente y hay alrededor de 150 familias apoyadas.
 
Para que una niña o niño tenga acceso a estos beneficios, explicó, la familia tiene que estar vinculada con la Fiscalía General del estado, en particular con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, que es la autoridad que acredita que se cometió un feminicidio.
 
En Chihuahua la ley no reconoce el término feminicidio pero Abbud Esparza detalló que la Fiscalía Especializada es competente en los asesinatos de mujeres siempre y cuando el delito cumpla ciertos requisitos: el más importante, que la mujer fuera privada de la vida por condición de género.
 
Si la Fiscalía (ubicada en el edificio del Centro de Justicia) considera que se trató de un homicidio por razón de género entonces puede canalizar a las víctimas indirectas al Instituto Chihuahuense de la Mujer para que les expliquen los apoyos sociales que pueden recibir en caso de que haya menores de edad que quedaron en orfandad.
 
PROGRAMAS DISPERSOS
 
En mayo de 2005 la Procuraduría General de la República creó que el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez con un monto de 25 millones de pesos de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía gobierno estatal. 
 
La directora adjunta de la Conavim en Juárez señaló que este fondo también está vinculado al análisis y a la investigación que arroja la Fiscalía y para acceder al apoyo las autoridades analizan los casos y determinan las circunstancias de los hechos y la cantidad que se puede otorgar a las familias. El apoyo es en una sola ocasión.
 
“En general, todas las que están en ese programa son familias con muchas necesidades económicas para sacar a sus nietos, o a las hijas e hijos de las víctima de la situación en la que se encuentran, por eso el apoyo se les da en efectivo, para poder solventar un poco pagos, estudios. Evidentemente nada va a resarcir o les podría reintegrar a su hija, pero es parte de un programa que trata de apoyarles en lo que se pueda”.
 
En 2010, durante la implementación de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Chihuahua propuso una serie de acciones para reestablecer el tejido social en la frontera azotada por los asesinatos. Así se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
 
Este fondo, señaló la funcionaria, lo manejaba el DIF por tratarse de la niñez y posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito pero con el cambio de administración del gobierno estatal el año pasado se analizó transferir este fideicomiso a la Secretaría de Desarrollo Social.
 
Abbud Esparza explica que aunque hay tres programas de apoyos a las niñas y niños en orfandad a cusa del feminicidio, la Conavim coordina una red interinstitucional para detectar la situación de las víctimas y coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno que manejan recursos o programas específicamente para apoyarlas.
 
Cada dos meses se hacen reuniones de trabajo para analizar las necesidades de las familias de una mujer asesinada y ver quien puede atenderla toda vez que puede requerir desde ayuda legal para tramitar la custodia de los menores de edad o una bolsa de empleo para conseguir trabajo. “Cada caso se trabaja de manera particular porque las necesidades son diversas y son diferentes”, aseguró.
 
Sin embargo no sólo se trata, dijo, de que los gobiernos den apoyos económicos, sino de promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres y en el caso de los programas enfocados a las niñas y niños en orfandad que permanezcan a pesar de los cambios de gobierno.
 
17/AGM
 

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que no declarará la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Puebla, pues el gobierno local realizó acciones suficientes para atender las propuestas del Grupo de Trabajo, al tiempo que decretó el mecanismo en tres municipios de Quintana Roo y no en cinco como fue solicitada: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.
 
OCHO MEDIDAS PARA EL GOBIERNO DE PUEBLA
 
A través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó en su resolución el pasado 7 de julio que el Grupo de Trabajo conformado para atender y determinar la procedencia de la AVG en Puebla, determinó que el gobierno estatal, encabezado por Antonio Gali Fayad, generó las propuestas necesarias “para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad”.
 
Esto a pesar de que en el dictamen señala con datos de los Censos de Procuración de Justicia (2015 y 2016), que hubo un incremento en “los homicidios de mujeres en Puebla: de 183 casos en 2014, se pasó a 258 en 2015”, lo que significa un aumento del 39 por ciento.
 
Asimismo, Segob señaló que Puebla se posiciona en el octavo lugar de estados del país con mayor número de denuncias por violencia familiar en agravio a mujeres. Por lo que si bien determinó que no había “elementos objetivos para declarar procedente la alerta”, en los próximos seis meses Conavim evaluará que el gobierno de Antonio Gali cumpla con las siguientes ocho medidas:
 
1) Elaborar un diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia de género; 2)Ejecutar de manera inmediata una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público; 3) Generar mecanismos efectivos para órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; 4)Actualizar el Centro Estatal de Datos e Información referente a casos de violencia.
 
5) Formular un programa de atención a hombres generadores de violencia desde la perspectiva de género; 6 y 7)Conformar una Unidad de Contexto para investigar el feminicidio, homicidios dolosos, violencia sexual y desapariciones de mujeres, y que revise los expedientes de los últimos ocho años para detectar las posibles deficiencias de las investigaciones; 8) fortalecer los centros de justicia de las mujeres y agencias ministeriales.
 
RETRAZOS Y ENGAÑOS
 
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos, solicitaron la AVG para Puebla. Conavim aceptó la solicitud un mes después y convocó a la conformación del grupo de trabajo. Este emitió el 28 de junio un informe con 11 recomendaciones para el gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle.
 
Las irregularidades se presentaron cuando la Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla (SGG) dijo entregó la solución a las recomendaciones del informe en diciembre de 2016, cuando en realidad sucedió hasta enero de 2017. El análisis y la resolución del grupo de trabajo sobre la información que entregó el gobierno estatal ocurrió seis meses después, hasta el pasado 7 de julio.
 
AVG PARA QUINTANA ROO, SUMAN 11 ESTADOS
 
Mientras, ese mismo día Segob decretó la alerta de violencia en tres municipios de Quintana Roo, en respuesta a la solicitud que hizo en diciembre de 2015 el Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo AC y la agrupación, Justicia Derechos Humanos y Género.
 
El mecanismo de emergencia se decretó para tres municipios y no para cinco como fue solicitado: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, con ello quedaron descartados los municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
 
El grupo de trabajo que atendió la AVG determinó que el estado no atendió las 11 proposiciones que le fueron hechas en el informe, por lo que deberá asumir medidas como: recuperar espacios públicos, un programa coordinado de atención a mujeres víctima de violencia y protocolos para atender, investigar y juzgar con perspectiva de género los casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Este contexto coloca a México con 11 estados bajo la AVG, cinco de ellas se aceptaron en lo que va del 2017: 11 municipios del Estado de México, ocho en Morelos, 14 en Michoacán, siete municipios en Chiapas, cinco en Nuevo León, 11 en Veracruz, cinco en Sinaloa, cinco en Colima, seis en San Luis Potosí, ocho en Guerrero, y tres en Quintana Roo.
 
17/HZM

Dos años después de que fue solicitada la Alerta de Violencia de Género (AVG) para todo el estado de Colima, la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó el mecanismo sólo para 5 de los 10 municipios: Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.
 
La solicitud de la AVG fue hecha el 22 de diciembre de 2014 por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, la organización civil Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” (CAM) y la Fundación Ius Género, ante la Secretaría Ejecutiva,  para todo el estado, y reportaron que anualmente 25 mujeres eran asesinadas en el estado.
 
Adicionalmente, las asociaciones civiles pidieron a la Conavim la inclusión de acciones de movilidad y de seguridad, para garantizar la integridad física de las mujeres en los traslados a sus centros escolares y de trabajo, y otras más en el ámbito legal.
 
El decreto de alerta, notificado ayer por la Segob al titular del Ejecutivo local, José Ignacio Peralta Sánchez, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), excluyó inexplicablemente Manzanillo, en donde “la violencia de género se ha disparado en los últimos meses”, señalaron los organismos peticionarios en un comunicado.
 
Carmen Nava, del CAM, y Evangelina Flores, de Ius Género, recordaron que al pedir la  AVG se documentó el asesinato de 105 mujeres, en un periodo comprendido de 2003 a noviembre de 2014 y los datos actuales indican que a partir de noviembre de 2014 hasta el 21 de junio del presente año suman 82 crímenes contra mujeres, 27 de los cuales han acontecido en lo que va de este 2017.
 
Carmen Nava resaltó que con los cinco municipios que entran a la AVG se está atendiendo 60 por ciento de la población, pero de haber incluido a Manzanillo se estaría hablando del 90 por ciento.
 
Segob, por su parte, asegura que con la AVG en cinco municipios, “se concentra el 89 por ciento de los casos de mujeres que fueron atendidas por alguna lesión o violencia de género, de 2009 a 2013”, de acuerdo con el  Informe del Grupo, consultado por esta agencia.
 
Ni Nava ni Flores entienden los motivos que llevaron a la Conavim a dejar fuera a Manzanillo de esta Alerta y advierten sobre la violencia en ese municipio, en donde ayer mismo, día en que el Gobernador anunció la AVG y se comprometió a cumplir sus medidas, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en un predio aledaño al libramiento hacia El Naranjo; tenía las manos atadas con cinta y el rostro cubierto con una bolsa de plástico.
 
Con Colima suman ya ocho estados bajo este mecanismo de emergencia para proteger los Derechos Humanos de las mujeres y garantizarles una vida libre de violencia, pero quedan aún pendientes 21 solicitudes de Alerta en el todo el territorio. Es decir, más de la mitad del país ha pedido a Segob decretar la AVG en sus estados.
 
OBLIGACIONES
 
En consecuencia, el Gobierno de Colima deberá “diseñar un programa de trabajo que permita implementar una serie de medidas de seguridad, prevención y justicia para las mujeres”, establecido en el Artículo 23 y el 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, indicó Segob.
 
Y enumeró las acciones: divulgar la AVG en el estado a través de campañas de difusión para la sociedad en general; establecer una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública, para recuperar los espacios públicos.
 
Asimismo, acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar con diligencia órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; y crear agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata. Una unidad especializada para investigar casos de feminicidio; medidas para garantizar el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del año.
 
Diseñar políticas públicas efectivas y capacitar a las y los funcionarios públicos en perspectiva de género; crear un banco de datos de violencia contra las mujeres y un grupo especializado en análisis de contextos de esta violencia, puntualizó Segob.
 
Por su parte, la directora del Instituto Colimense de las Mujeres, Mariana Martínez, aseguró que las acciones a emprender con motivo de esta declaratoria, se llevarán a los 10 municipios, especialmente a Manzanillo, donde, reconoció, “tenemos que realizar acciones emergentes e inmediatas”.
 
INCUMPLIMIENTOS Y DOS AÑOS DE ESPERA
 
Tras recibir la solicitud y, de conformidad con el proceso, el 24 de diciembre de 2014, Conavim la aceptó  y prosiguió a conformar el Grupo de Trabajo encargado del estudio y análisis para determinar la procedencia de la AVG.
 
Este grupo de especialistas emitió en abril de 2015 un informe de trabajo con 10 recomendaciones que tenía que cumplir el gobierno de Colima en un plazo de seis meses, para mayo de 2016. Sin embargo, el Grupo determinó otorgar una prórroga de seis meses más para que el estado logrará concluir las órdenes.
 
Concluido el periodo de prórroga, el 27 de marzo de 2017, el Grupo de Trabajo, con siete votos a favor y uno en contra, determinó que el gobierno de José Ignacio Peralta no cumplió con las propuestas contenidas en el informe.
 
 
GOBIERNO DE COLIMA SE COMPROMETE
 
La Segob informó en un comunicado que el gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, “ha manifestado la disposición para implementar las medidas solicitadas y refrendó su compromiso para trabajar en coordinación la Federación y con los municipios”.
 
Y señaló que en los próximos días, el Gobierno del estado emitirá un mensaje a la ciudadanía para reiterar su posición de “cero tolerancia frente a la violencia contra las mujeres”, e insistió Segob: el gobierno de Colima deberá enfocar su trabajo en tres ejes: prevención, seguridad y acceso a las mujeres a la justicia.
 
La Comisión de Derechos Humanos formará parte de una comisión legislativa que debe formarse en el Congreso local, para revisar las leyes y modificar las que por obsoletas o por su redacción atenten contra las mujeres y las niñas.
 
A partir de que se declaró la Alerta, las instancias peticionarias de la misma entran a formar parte de una Comisión de Vigilancia, que se encargará de observar, vigilar y monitorear las acciones que se estén llevando a cabo en las distintas dependencias del gobierno estatal y los municipios.
 
El Gobernador, por su parte, tiene un plazo de diez días hábiles, a partir del martes 20 de junio, para integrar y presentar el programa de trabajo con motivo de la AVG y anunciar el presupuesto que destinará a su ejecución.
 
La Conavim será la encargada de dar seguimiento puntual y coadyuvará con el gobierno local en las medidas de implementación. Mientras, aún tiene en proceso la solicitudes de AVG de los estado de Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas y Veracruz por agravio comparado.
 
 
17/HZM/GLMT/GG

Son 22 estados del país quienes han presentado la solicitud para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), pero es común que no se respeten los tiempos del mecanismo, que las acciones recomendadas por los grupos de trabajo no garanticen la seguridad de las mujeres y que haya un desconocimiento general sobre el proceso en que se encuentra cada alerta.
                                                                                                        
Así lo expusieron promotoras y solicitantes de la AVG de los estados de Sonora, Quintana Roo, Sinaloa, Querétaro, Tlaxcala, Nayarit, Guerrero y Campeche, en una reunión con representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
 
La reunión -solicitada por las organizaciones- se realizó en el Senado de la República, el 29 y 30 de abril, y ahí se discutieron los avances, obstáculos y resultados que observan luego de presentar la solicitud, la experiencia que tienen durante el proceso de la declaratoria, y los resultados que visualizan después de que se aplica o niega el mecanismo.
 
Hasta ahora, la AVG se decretó en 7 estados del país: 11 municipios del Estado de México, 8 municipios de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 municipios de Nuevo León, 11 municipios de Veracruz y en Sinaloa en 5 municipios.
 
Entre los puntos discutidos, las representantes de organizaciones como la Asociación Guerréense contra la Violencia AC, el Consejo Estatal de Mujeres de Quintana Roo AC, la Red Feminista Sonorense, entre otras, reprocharon a las instituciones encargadas del seguimiento de las Alertas no contar con un reporte sobre el estado en el que se encuentran las solicitudes y de no ser informadas sobre los avances de éstas, al ser las organizaciones civiles las principales solicitantes, y parte clave de la vigilar que se cumplan con las recomendaciones emitidas por los grupos de trabajo.
 
De acuerdo con información del portal web de Inmujeres, hasta el 5 de abril, casi la mitad de los estados del país (13 en total) cuenta con procedimientos de AVG en trámite: Campeche, Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz (por agravio comparado) y Zacatecas. 
 
Estos obstáculos, precisaron, también se presentan porque no se siguen los plazos para decretar o rechazar la AVG. En el Estado de México tardó 5 años la declaratoria, en Veracruz y Sinaloa un año, en tanto Sonora sigue en proceso, a pesar de contar con características similares la última entidad -presencia de crimen organizado, desaparición de mujeres y violencia feminicida-, aseveraron las presentes.
 
Tras estos ejemplos, la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, presente en la reunión, refirió la importancia de la reforma aprobada por la Cámara de Diputados al Artículo 25 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para puntualizar el procedimiento y los plazos para decretar la Alerta de Violencia de Género.
 
Estos son: 5 días para conformar el grupo de trabajo, 30 días para que este dicte una resolución; 30 días para rechazar o aceptar la solicitud de AVG, y un plazo de 6 meses para que el gobierno de la entidad implemente acciones de prevención y atención reflejadas en el informe.
 
“ALERTA” CON PRÓRROGAS
 
“El mecanismo no es expedito ni está dando garantías, debe ser mucho más ágil la actuación de las autoridades, no puede llevarse años, porque esa ya no es un alerta”, comentó en entrevista con Cimacnoticias Leticia Burgos.
 
Este último proceso es donde se presentan mayores conflictos, concordaron las organizaciones, ya que en diversas ocasiones –como en Quintana Roo y Sonora- se da a los gobiernos prórrogas para cumplir con las recomendaciones, a pesar de no estar previstas en la Ley General de Acceso.
 
En la reunión, la promovente de la AVG en Querétaro, Angélica Reyes Servín, señaló que sería obligación de los gobiernos locales generar planes de acción de emergencia una vez que se hizo la investigación del grupo de trabajo, para garantizar a las mujeres vivir una vida libre de violencia con o sin declaratoria.
 
Lo anterior, porque en los estados donde se negó la Alerta, se interpuso en principio la “cantidad de casos de feminicidio” que se contabilizaron y, en los casos donde sí se decretó la AVG, “las recomendaciones no aterrizan en los planes de acción de emergencia que deberían de estarse implementando para evitar el asesinato de las mujeres”, añadió Leticia Burgos.
 
En dos ocasiones Segob determinó no declarar la AVG; en Guanajuato (30 de junio de 2015) y Baja California (19 de mayo de 2016) al considerar que los gobiernos locales cumplieron con las recomendaciones determinadas en los informes de los Grupos de Trabajo, indica información del portal de Inmujeres.
 
En el caso más reciente, Querétaro (9 de febrero de 2017), se concluyó no declarar la AVG porque no existían elementos que acreditarán la violencia feminicida en la entidad, recordó Reyes Servín.
 
SE LLEVAN “LAS INQUIETUDES”
 
Los representantes de Inmujeres, Conavim y CNDH acordaron remitir estas observaciones a sus autoridades correspondientes: “nos parece como si no tuvieran en la materia la responsabilidad completa, porque todos dejaron en claro que se llevarían todas las inquietudes”, dijo la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos.
 
Por su parte, la CNDH adelantó que está preparando un informe especial sobre las alertas de violencia a nivel nacional, y la actuación de las autoridades encargadas del debido funcionamiento y seguimiento del mecanismo de la AVG.
 
De esta reunión también se desprendió la creación de una red conformada por las organizaciones que impulse y dé seguimiento a las declaratorias de AVG en todo el territorio, asimismo, buscarán tramitar la AVG a nivel nacional.
 
17/HZM/GG

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) recomendó a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) revisar y, en su caso, modificar los plazos para la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
Después de realizar una auditoría de desempeño, la ASF también recomendó a este organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), revisar la correcta operación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim).
 
En el documento, disponible en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015, se indica que en ese año la dependencia recibió seis solicitudes de AVG, de los cuales en tres casos un Grupo de Trabajo realizó un informe sobre la petición y remitió sus observaciones a la Segob.
 
En otros dos casos (33.3 por ciento) se enviaron informes a los gobiernos de los estados para la implementación de acciones propuestas por el informe del Grupo de Trabajo; y en un caso más (16.7 por ciento) la información se turnó al gobierno del estado para que atendiera las propuestas de los expertos.
 
REVISAR PLAZOS
 
La ASF identificó que los procesos de declaratoria de AVG requieren, en promedio, nueve meses para que se concluya la investigación y se implemente las acciones de prevención de la violencia de género, o en su caso, la declaratoria de alerta.
 
La auditoría también determinó que no contar con plazos establecidos origina que la herramienta, considerada por la Ley General de Acceso como una “acción gubernamental de emergencia”, no pueda ser aplicada de forma inmediata.
 
Ante ello la ASF recomendó revisar y en su caso modificar el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de establecer un plazo determinado para la evaluación de las alertas declaradas, así como de su conclusión.
 
SIN DATOS CERTEROS
 
Sobre el número de mujeres víctimas de violencia, la ASF encontró que, 8 años después de la promulgación de la Ley General (2007) que establece la creación del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (Banavim) a 2015, no había información certera.
 
Hace dos años, cuando se realizó la auditoría, el Banavim no estaba en operación en los términos establecidos en la norma, pero la Segob y la Conavim informaron que se acordó que la Comisión Nacional de Seguridad administrará el banco en la Plataforma México para generar una base de datos que sea insumo para las estadísticas en la materia.
 
Sobre este tema, la ASF recomendó analizar el diseño del Banavim y verificar si éste genera información clara, confiable, oportuna y suficiente para la toma de decisiones en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.
 
Estas recomendaciones se suman a las que hizo la ASF en 2015, cuando informó que en la evaluación de desempeño que hizo de la Conavim en 2013 encontró que no se había creado una política integral con perspectiva de género en beneficio de los 60.6 millones de mexicanas.
 
17/AGM/GG

En 2015, la violencia contra las mujeres costó a México 1.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), lo que en términos absolutos representa 245 mil 118 millones 266 mil 538 pesos, según un estudio realizado por el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
El estudio, titulado “El Costo de la Violencia contra las Mujeres en México”, explica por qué la violencia genera costos económicos: cada vez que una mujer es golpeada debe gastar dinero para ir al médico, ir a denunciar o ir a terapia psicológica; deja de recibir sueldo por faltar al trabajo y gasta más en trasporte; mientras que el Estado invierte en programas de prevención, apoyos sociales, procesos jurídicos y en mantener a los culpables en prisión.  
 
El estudio señala que la cifra obtenida corresponde a los gastos que realizaron las mujeres que vivieron violencia por parte de su pareja en los 12 meses de 2015, a los ingresos que dejaron de percibir por causa de un feminicidio (casos registrados en 2013), así como el valor de los trabajos no remunerados que dejaron de realizar.
 
La cifra también contempla el gasto de los servicios carcelarios de los hombres que se encontraban en reclusión por ejercer violencia familiar en 2015 y los programas públicos dirigidos a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres incluidos en el Anexo 13 Erogaciones para la igualdad entre mujeres y hombres, del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2015.
 
En esta suma de 2015 no se incluyen otras violencias contra las mujeres como la laboral, escolar, comunitaria e institucional, lo que elevaría sustancialmente el costo, señala el estudio del  PUEG –ahora el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG)-  a petición de la Conavim, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob).
 
El costo económico de la violencia contra las mujeres se elevaría aún más si todos los casos fueran denunciados, pero esto no se refleja ya que en el país existe un bajo nivel de denuncias y solo 13 por ciento de las mujeres violentadas lo hace.
 
PROBLEMA ECONÓMICO
 
Para calcular cuánto cuesta la violencia de género al Estado mexicano, el PUEG realizó una metodología que pudiera integrar todos los aspectos de la vida cotidiana que se modifican y causan gastos personales e institucionales ante esta situación, como los gastos en salud, justicia criminal y civil, bienestar social y servicios especiales gubernamentales.
 
A pesar de la falta de información, el estudio logró obtener un dato para aproximarse al costo de la violencia contra las mujeres y mostrar que es un problema que afecta la economía del país y el bolsillo de las mujeres. 
 
VIOLENCIA Y PRESUPUESTO FEDERAL
 
En relación con el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), el costo de la violencia contra las mujeres, de acuerdo con el PUEG,  representa el 5 por ciento del gasto total.
 
Al igual que en el caso del PIB, cuando se observan los costos de la violencia en relación con al PEF, la cifra es baja, si se considera la baja denuncia, lo que significa que no utilizan los bienes y servicios que las instituciones de Gobierno deben ofrecer para garantizar justicia y reparación del daño, por lo que el Estado ahorra lo que 87 por ciento de las mujeres no demandan en estos bienes y servicios.
 
 
17/AGM/GG
 

Las organizaciones civiles IUS Género y el Centro de Apoyo Integral a la Mujer (CAM), alertaron que es preocupante que el mecanismo de la Alerta de Violencia de Género (AVG) se desvirtuó hasta evitar atender emergencias de la violencia feminicida en México, y se encaminó a impedir su declaratoria en la mayor parte de las entidades federativas donde la han solicitado.
 
Por lo anterior y junto con las integrantes de otras 22 organizaciones del país solicitaron desde noviembre de este año, una reunión colectiva con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, de la que aún esperan respuesta.
 
El martes 22 de noviembre organizaciones sociales y activistas de 22 estados de la República Mexicana, solicitantes y promoventes de la AVG, se reunieron en la Secretaría de Gobernación (Segob) con la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta y con la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz para analizar la implementación del mecanismo de Activación de la AVG.
 
En ese encuentro quedó evidenciada la crisis de violencia extrema expresada en los casos de feminicidio que día a día aumentan en nuestro país, y en particular en su entidad, Colima, que en general es “una problemática que debe ser considerada un asunto de seguridad nacional”, expusieron.
 
También las integrantes manifestaron que las conclusiones alcanzadas por los grupos de trabajo que investigan los procesos de solicitud de activación de la Alerta, no cumplen con los principios de exhaustividad, congruencia, naturaleza y seguridad jurídica.
 
Además hay vacíos en el debido proceso constitucional, con los compromisos adquiridos por el Estado mexicano al suscribir y ratificar los Tratados Internacionales, así como sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en materia de erradicación de la violencia de género, como el caso Campo Algodonero.
 
El colectivo reiteró que en Colima solicitaron la Alerta por los altos índices de violencia contra las mujeres, ocupando desde el primero al séptimo lugar en todos los tipos de violencias respecto a otras entidades, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
El pasado 7 de noviembre, la Procuraduría General de Justicia de la entidad reconoció en su informe a la Conavim y ante el Congreso del Estado de Colima, el asesinato de 105 mujeres en el periodo de 2003 a 2014.
 
“Aún después de esta solicitud, del análisis y las 10 recomendaciones que formuló el Grupo de Trabajo Interinstitucional al gobierno del estado, a fin de que realizara acciones para frenar la violencia, fueron asesinadas 80 mujeres más: 25 en el año 2015 y 55 de enero al mes de noviembre de este año”.
 
16/HDLG/AMS/LGL