República Dominicana

A dos años de que se presentara el “Protocolo del programa de atención a niños, niñas y adolescentes huérfanos por feminicidio” en República Dominicana, únicamente 57 menores de edad (de los 224) en esta condición, han accedido a él, por lo que organizaciones civiles hicieron un llamado al Estado a crear política pública que atienda sus necesidades.

Para dar una atención especializada a los hijos e hijas de víctimas de feminicidio en República Dominicana y poner a su disposición la atención legal, económica, y psicológica a la que tienen derecho, el gobierno del país presentó en noviembre de 2015 dicho Protocolo.

El Ministerio de la Mujer encargado de cumplirlo, publicó un informe en el que precisa que a lo largo del funcionamiento del proyecto hasta julio de 2017, localizó a 101 familias responsables de la manutención de 224 menores de edad por el feminicidio de sus madres (130 son hombres y 94 mujeres).

Sin embargo, apenas 25 por ciento de estas víctimas indirectas (57 en total) reciben el apoyo económico, psicológico y legal que ofrece el programa, precisa el informe que consultó Cimacnoticias.

Datos de la organización civil Vida sin Violencia, revelaron que de 2016 a abril de 2017, 88 menores de edad están en orfandad por feminicidio, por lo que exhortaron al Estado a atender esta problemática.

EL PROTOCOLO

El protocolo gubernamental para estas víctimas indirectas se creó a partir de un estudio de 2014 que publicó la Procuraduría General de la República (PGR), titulado “Factores psicosociales en hombres internos por feminicidio en el Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria en República Dominicana”, en el que se alertó que en promedio anual 300 niñas, niños y adolescentes quedaban en condición de orfandad por el asesinato de sus madres.

Así, el protocolo describe de manera precisa cómo actuar una vez que se denuncia un feminicidio: un equipo conformado por una abogada, una psicóloga y una responsable del personal de las Oficinas Provinciales de la Mujer (OPM) y de las Oficinas Municipales de la Mujer (OMM) deben contactar a los familiares de la víctima.

Al hacerlo, están obligadas a registrar el número de adolescentes y niñez que quedó en la orfandad y su lugar de destino: en qué lugar vivirán tras la pérdida de su madre y quién será la persona responsable de su manutención.

Esta información debe ser enviada al Ministerio de la Mujer y al Programa Progresando con Solidaridad –institución que da apoyos sociales en el país del Caribe-, el personal de ambas instancias visita a las familias para conocer las condiciones en las que están viviendo los menores de edad y reconocer sus necesidades, para finalmente determinar si necesitan apoyos escolares, atención psicológica, apoyos económicos o legales.

En específico a las que se encuentran en condiciones de pobreza se les entrega un recurso económico por parte el Sistema Único de Beneficiarios del país, y a las familias sin seguridad social se les incorpora al sistema de salud. El personal debe contactar tres veces al año a los adolescentes, niños y niñas en orfandad y sus familias, indica el protocolo.

El Ministerio de la Mujer indica en su informe que además de esta atención imparte talleres de autocuidado y manejo del duelo para las víctimas y sensibiliza a las y los abogados que acompañan los casos para que sepan actuar en estos casos.

EN TANTO, EN MÉXICO…

Aunque la Ley General de Víctimas en México reconoce que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con las víctimas directas son víctimas indirectas y por lo tanto tienen el derecho a una ayuda provisional oportuna, la realidad es que las familias de las víctimas de feminicidio siguen costeando y sobrellevando la manutención y el apoyo psicológico de estos menores de edad.

En comparación con República Dominicana, no existen protocolos especializados para la atención y contención de las víctimas indirectas del feminicidio, tampoco un registro oficial certero que permita conocer las condiciones en las que están viviendo, apenas se comienzan a impulsar leyes que obliguen al Estado mexicano a atenderlos y visibilizarlos.

17/HZM/LGL

El Senado de la República Dominicana aprobó el miércoles 31 de mayo el Código Penal, en el cual mantiene la penalización del aborto y rechaza las observaciones del Poder Ejecutivo que establecían excepciones en caso de peligrar la vida de la mujer, cuando se tratara de violación o incesto y por malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
 
Con la votación de 27 senadores de 29 presentes, el presidente de la Cámara Alta, Reinaldo Pared Pérez, afirmó que según el procedimiento el Código Penal ya es Ley, actuación que ignoró por completo la solicitud de organizaciones defensoras de la mujer en el país, como la Coalición por los Derechos y la Vida, que pidieron "no conocer el proyecto de Código Penal en estos momentos, ya que todos los ojos están puestos sobre el caso Odebrecht y los procesos que se siguen contra funcionarios sobornados por la constructora brasileña".
 
Simultáneamente al desarrollo de la sesión, grupos feministas protestaron frente a la sede del Congreso y portaron pancartas en las cuales exigían que cumplieran la observación hecha por el Poder Ejecutivo, "en la cual se plasma el Artículo 38 de la Constitución, referido a la Dignidad Humana: El Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que le son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos", expresaban.
 
"La sociedad dominicana sigue esperando la aprobación de un Código Penal que dé respuestas a la realidad social en que vivimos. Esta no será una pieza legislativa sólida si la observación del Poder Ejecutivo no está incluida", declaraban mujeres participantes en la protesta.
 
"Exigimos la aprobación del Artículo presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional relativo a la despenalización del aborto por causales que se refieren a: cuando el embarazo sea el resultado de una violación, rapto o incesto, siempre que se practique dentro de las primeras 12 semanas de gestación y que el mencionado hecho punible hubiese sido denunciado, o sea manifiesto que la víctima ha estado en la imposibilidad de hacer la denuncia y cuando debido a una malformación congénita, clínicamente establecida, la vida del concebido se considere inviable".
 
"Cada día que pasa, sin que se apruebe el Código Penal con las causales es una sentencia de muerte", concluyeron las participantes ante esta decisión que ignora por completo las altas cifras de mortalidad materna que van en aumento, ante la mirada indolente e irreflexiva de quienes velar y defender la integridad y respeto de las mujeres.
 
17/MAR/GG
 

El Estado dominicano no hace lo necesario para prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres, según el 60 por ciento de las personas consultadas por una encuesta Gallup difundida este domingo por el diario local HOY.
 
El estudio, realizado entre el 25 y el 30 de enero último por encargo de ese rotativo, indica que sólo un 36 por ciento de las personas consultadas opinó que las autoridades sí hacen lo necesario desde las instancias públicas para enfrentar la violencia de género.
 
Los ciudadanos consideran que la falta de previsión y de mecanismos para luchar contra ese flagelo se debe a la carencia de leyes (28 por ciento), no dar mucha importancia a las denuncias (25.7 por ciento), a que cada día se registran más casos (18 por ciento), a que no se orienta a la ciudadanía (6.2 por ciento) o porque liberan a los agresores con rapidez (3.3 por ciento).
 
La encuesta confirmó que el 81.9 por ciento de la población rechaza que un hombre maltrate físicamente a una mujer y esa percepción aumenta entre las mujeres (82.9 por ciento) y entre los jóvenes de 18 a 24 años (84.3 por ciento), aunque un 14.8 por ciento de las y los ciudadanos creen que a veces las mujeres “merecen” las golpizas.
 
MOTIVOS
 
Sobre los motivos que generan esa violencia el estudio arrojó que el 38.2 por ciento lo atribuye a los celos, el 24.7 por ciento a la infidelidad, el 15.9 por ciento al machismo, el 12.5 por ciento a la falta de educación, el 11.6 por ciento al irrespeto entre sexos, el 8.7 por ciento a los bajos salarios, el 7.3 por ciento a las drogas y el 6.5 por ciento a las “provocaciones” que hacen ellas mismas.
 
Sobre los casos de feminicidio, el 61.4 por ciento de las y los ciudadanos consideran que aumentaron en el último año y sólo el 16.6 por ciento entiende que han disminuido.
 
El 88 por ciento de las personas consultadas consideran que faltan más lugares de acogida para las mujeres agredidas, el 79 por ciento cree que las autoridades no actúan con rapidez, el 77 por ciento entiende que el método aplicado por las autoridades no es el más indicado y un 75.7 por ciento dicen que las mujeres maltratadas no denuncian a tiempo a sus parejas.
 
Al abordar otros problemas sociales, la encuesta arrojó que en el país existen personas muy pobres debido al desempleo (41.8 por ciento), a que la riqueza está mal distribuida (26.4 por ciento), a la falta de educación (16.2 por ciento), a que el Gobierno no da suficiente ayuda (8.7 por ciento), y a las políticas económicas aplicadas (8.3 por ciento).
 
El estudio confirmó que la delincuencia e inseguridad es la mayor preocupación que tienen las familias dominicanas, seguido de la economía, las enfermedades y la falta de empleo.
 
17/RED/GG
 

Decenas de periodistas de diferentes medios de comunicación dominicanos solicitaron el pasado martes 7 a senadores y diputados aprobar en la actual legislatura extraordinaria el Código Penal con las enmiendas propuestas por el Poder Ejecutivo (PE), a fin de que se despenalice la interrupción del embarazo cuando sea el resultado de una violación o incesto, cuando peligre la vida de la mujer y cuando el feto sea incompatible con la vida.
 
En carta enviada a los Presidentes de ambas cámaras legislativas, el grupo de reporteros y reporteras, comentaristas, entrevistadores de televisión, radio, prensa escrita y digital; así como ejecutivos de medios de prensa y productores de programas expresaron su convicción de que el Estado dominicano tiene el deber de defender la dignidad, la salud y los derechos de las mujeres, y que “saldrían fortalecidos si por fin se aprueba el Código penal con las enmiendas que ha formulado el PE”, resaltan.
 
La misiva expone en uno de sus párrafos: “Aspiramos a mantenernos en sintonía con los mejores intereses y necesidades de nuestro país, por lo que nos inquieta sobremanera que el conocimiento del Código Penal sea aplazado, una vez más, para la próxima legislatura, por lo que solicitamos sus buenos oficios para que este se conozca cuanto antes, y con las observaciones que -por segunda vez- envía el presidente Danilo Medina al Congreso Nacional”.
 
Quienes firman el documento subrayan: “Nos sumamos a la posición asumida por el presidente Medina al establecer que lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que deben regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimientos de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en los tres supuestos debidamente fundamentados”.
 
Finalmente, el texto destaca que “despenalizar la interrupción del embarazo no significa obligar a nadie a hacerlo. Significa que el Estado permite esa interrupción para quien tome esa decisión ante situaciones adversas establecidas legalmente”.
 
CREAN COMISIÓN, PERO TEMA SE DILATA
 
La sociedad dominicana conoció el pasado 11 de enero la decisión del Senado de la República de conformar una comisión destinada a estudiar las observaciones del presidente Medina, en las cuales el mandatario propuso volver a discutir si se aprueba o no un Código Penal que despenaliza el aborto si se cumplen las causales antes mencionadas: violación, incesto o el originado en malformaciones del embrión.
 
La primera reunión de dicha comisión especial tuvo lugar el pasado 17 de enero, a fin de discutir la metodología de trabajo.
 
En la cita hubo intervenciones encontradas, como la del legislador Julio César Valentín, quien llamó a sus colegas a apoyar la propuesta del Presidente de la República, y la de la diputada Betzaida González, que exhortó a rechazar el pedido del PE. De inmediato, los obispos católicos publicaron en su Carta Pastoral que “la ideología de género” promovía “el libertinaje sexual en adolescentes y jóvenes, el homosexualismo, el lesbianismo y el aborto”.
 
Mientras, las estadísticas ofrecidas por la Organización Mundial de la Salud estremecen al dar a conocer que en la República Dominicana por cada 100 mil nacimientos vivos, mueren 106 mujeres, sobre todo pobres, como consecuencia del alto número de abortos clandestinos, estimados en 90 mil cada año, practicados por manos inexpertas en condiciones de inseguridad.
 
17/MAR/GG

Con la reelección de Danilo Medina en la Presidencia de República Dominicana para los próximos cuatro años, dos mujeres ocupan cargos de alta dirección: Margarita Cedeño, quien seguirá siendo la vicepresidenta, y Lucía Medina, quien presidirá la Cámara de Diputados.
 
El pasado 16 de agosto tuvo lugar en el país la toma de posesión presidencial, y el cuatrienio 2016-2020 se inicia con cinco mujeres entre los nuevos congresistas que dirigirán los destinos de la nación.
 
Ese día la Asamblea Nacional también juramentó a 158 alcaldes y alcaldesas e igual número de vicealcaldes y vicealcaldesas; mil 164 regidores y regidoras y sus suplentes; 234 directores de distritos municipales y similar cantidad de subdirectores que, sumados a los 730 vocales, los 32 senadores y 190 diputados suman 4 mil 59 funcionarios edilicios y congresuales.
 
La nueva nomenclatura de mujeres que desarrollarán sus funciones en la Cámara Baja se integra por Ivannia Rivera, Sandra Abinader y Jaqueline Ortiz, del oficialista Partido de la Liberación Dominicana; así como Faride Raful, la más joven y con mayores votos, del opositor Partido Revolucionario Moderno, y Gloria Reyes, también de esta organización política.
 
El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), quien tiene mayoría en ambos organismos legislativos, escogió a Reinaldo Pared Pérez como presidente del Senado por novena ocasión, en sustitución de Cristina Lizardo, primera mujer en la historia del país que ocupó dicha posición.
 
En tanto Lucía Medina por primera vez se desempeña en la presidencia de la Cámara de Diputados, en sustitución de Abel Martínez.
 
DEFICIENTE CUOTA FEMENINA
 
La diferencia entre los porcentajes de mujeres candidatas a los puestos de dirección de los gobiernos locales (alcaldías y direcciones de distritos municipales) y los de fiscalización y legislación (regidurías y vocalías) siguen por debajo de las expectativas.
 
Si bien a nivel de las alcaldías de los partidos y movimientos políticos se alcanzó 16.26 por ciento, el más alto porcentaje hasta la fecha, y se evidenció un aumento de mujeres regidoras, la cifra no llega al dos por ciento con respecto a las de 2010.
 
De las 7 mil 401 candidaturas a regidurías, 3 mil 153 son ocupadas por mujeres (42.60 por ciento); mientras que un total de 4 mil 248 corresponde a los hombres, para 57.40 por ciento.
 
En las candidaturas a directores de distritos municipales, las mujeres figuran con 16.32 por ciento y el 83.68 por ciento son hombres.
 
En cuanto a las candidaturas de vocales de distritos municipales, las mujeres han conseguido más del 40 por ciento de las propuestas para esos puestos. Poco más de mil 500 mujeres (42.13 por ciento) de un total de 3 mil 577 postulaciones.
 
En la actualidad, la cuota femenina dominicana es de 20.8 en la Cámara de Diputados, 9.4 por ciento en el Senado y 17.6 por ciento a nivel del ejecutivo.
 
16/MA/GGQ