acceso a la justicia

El “Observatorio de violencia de género en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género”, realizado por la asociación civil Articulación Ciudadana (Aced) para analizar el impacto de la AVG en el acceso a la justicia para las víctimas, reportó que no hay mejoras y continúa la impunidad.

La Aced presentó este diciembre dicho Observatorio en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG): Estado de México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas.

Aunque hasta ahora hay 12 declaratorias en todo el país, este proyecto apoyado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) se enfocó en el impacto que ha tenido el mecanismo en estas seis entidades por estar activo desde hace un año o más.

Con las obligaciones que se desprenden de la AVG en algunos estados se han creado unidades especiales para investigar este delito y mesas de trabajo para revisar los casos de asesinatos de mujeres que permanecen en la impunidad, sin que se observen mejoras en el acceso a la justicia pronta y expedita para las víctimas, indica el reporte.

De acuerdo con datos proporcionados por las Fiscalías de Justicia sobre casos de feminicidio y el acceso a la justicia, se observa que en el Estado de México, la primera entidad en la que se decretó la AVG en 2015 para 11 municipios, de los 217 casos de feminicidio que registró la Fiscalía General de Justicia local de 2013 a 2016, 76 por ciento sigue sin sentencia, es decir, sólo 52 víctimas de feminicidio accedieron a la justicia. 

En la investigación llama la atención que en estos cuatro años, la incidencia de casos de feminicidio ha aumentado en el Edomex. En 2013 la Fiscalía estatal registró 40 víctimas, para 2016 los asesinatos violentos de mujeres incrementaron a 69, en este año se obtuvo la menor cantidad de sentencias, únicamente nueve del total de casos.

Lo mismo ocurre en Morelos. En 2016 sólo seis por ciento de los 31 casos de feminicidio culminaron en una sentencia, es decir, dos. En años anteriores la tendencia fue similar; de las 64 víctimas reportadas de 2013 a 2015, sólo hubo 21 sentencias.

En el mismo periodo la Fiscalía de Justicia de Michoacán reportó a la organización 29 casos de feminicidio, de los cuales, únicamente tres obtuvieron una sentencia.

En Chiapas tan sólo 16 por ciento de las 142 mujeres asesinadas por razón de género accedieron a la justicia (23 sentencias). Respecto a Nuevo León, la Fiscalía únicamente informó a la organización de una sentencia por este delito desde 2013 a 2016, de un total 5 casos. Este estado tiene el conteo de 217 asesinatos de mujeres de 2014 a 2016 calificados como homicidios.

Estas entidades tienen ya más de un año con la AVG. Morelos fue la segunda en la que se decretó (agosto de 2015), después siguió Michoacán en junio de 2016; en Chiapas y Nuevo León se emitió el mismo día, 18 de noviembre de 2016.

Sin embargo, en todos se refleja la falta de acceso a la justicia para las mujeres asesinadas y un incremento considerable de los casos.  La investigación indica que entre los motivos de solicitud de la Alerta para estos estados se hacía referencia a la falta de justicia y simulación de las autoridades por investigar el feminicidio.

“Al no haber sanciones ejemplares para los feminicidas se envía un mensaje de impunidad y de permisibilidad frente a estos actos contra las mujeres”, señala el documento de Aced.

OTRAS VIOLENCIAS

El reporte de Aced contiene también otras modalidades de violencia de género en estos seis estados con AVG: desapariciones de mujeres, trata y violencia sexual.

Los números de estos tipos de violencia se incrementan año con año, por ello, subraya la organización han incrementado también las declaratorias de Alerta: en 2015 se decretaron dos, en 2016 cuatro, en lo que va de 2017 se han emitido seis más.

De acuerdo con el análisis que hace la asociación 24 por ciento de las mexicanas vive en un municipio declarado en Alerta Violencia de Género.

Los otros estados con Alerta son Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit.

17/HZM/LGL

Aunque la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas se decretó hace más de medio año, el 18 de noviembre de 2016, la Fiscalía General Estatal (FGE) continúa con las faltas al debido proceso y al acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, denunció la agrupación civil, Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas (CDMCH).
 
La AVG fue solicitada por dicho Centro hace tres años y se otorgó para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. 
 
Esta situación, señala el CDMCH en un comunicado, se debe a la falta de capacitación, voluntad e interés de fiscales, peritos, policías, traductores y secretarios de la Fiscalía para actuar de acuerdo al mandato que dio la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello.
 
De esta forma, las medidas urgentes de seguridad, prevención y justicia que implica la AVG no se aplican, ya que no existe en la Fiscalía la claridad de cómo actuar, por ejemplo cuando una mujer se presenta a denunciar una agresión o algún tipo de violencia de género.
 
Otras irregularidades que detectó el CDMCH respecto a la AVG, solicitada hace tres años por esta organización civil, son que no existen espacios privados y adecuados para escuchar a las víctimas de violencia cuando presentan una denuncia, “generalmente este tipo de procedimiento se realiza en áreas de atención inmediata, un espacio abierto que revictimiza a las personas”, describió la organización.
 
Además, no se llevan a cabo los procedimientos de actuación inmediata de atención a víctimas. “Esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgo para su vida y requieran atención médica”, dice el Centro.
 
Por el contrario, observó el CDMCH, las autoridades se tardan en los trámites, no se le da a conocer a la víctima el procedimiento a seguir ni copias o revisión de su declaración, y los tiempos y recursos en la intervención que existen. Todo esto, bajo un trato que no es digno ni sensible por parte de los servidores públicos, lo que reproduce “los perjuicios que tienden a revictimizar y culpar a las mujeres”.
 
MALOS TRATOS A MUJERES INDÍGENAS
 
La organización peticionara de la AVG destacó en particular los malos tratos que enfrentan las mujeres indígenas, quienes viajan por varias horas para acudir a denunciar ante un Ministerio Público, donde se encuentran con la falta de traductores, personal médico, psicológico y trabajadoras sociales capacitadas.
 
Cabe recordar que la declaratoria del Mecanismo incluye recomendaciones específicas para la población indígena y para las 16 localidades de la zona de los Altos de Chiapas, no obstante, el Centro indicó que en su mayoría no se cumplen con las órdenes de protección a favor de mujeres indígenas.
 
SIN APLICAR PROTOCOLO POR FEMINICIDIO
 
La organización civil insistió que se mantienen las omisiones por parte del Estado para atender los casos de feminicidio ya que no se aplica el “Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio”.
 
Tampoco se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía estatal de cuántos casos de feminicidio (número, lugar, y fecha) se han cometido de noviembre de 2016 hasta la fecha, argumentó la agrupación. Desde agosto de 2014 hasta ese momento, la FGE había documentado 104 casos de feminicidio en Chiapas.
 
De acuerdo con el Centro, estas irregularidades ya han sido discutidas en tres sesiones ordinarias con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) sobre el seguimiento de la Alerta, por lo que, como parte de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, continuará vigilando al gobierno de Manuel Velasco en su obligación de “salvaguardar la vida e integridad de las mujeres”.
 
17/HZM/GG

Las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas (IMEF) se han quedado cortas, la mayoría de las veces, y sin saber el alcance de sus responsabilidades para con las mujeres víctimas de violencia. Y ahora enfrentan un nuevo escenario, con una nueva encomienda derivada de la nueva Ley General de Víctimas, un nuevo papel en el que requieren profesionalizarse para estar a la altura de las circunstancias. 
 
Las IMEF y las instancias en los municipios han navegado hasta ahora en la indefinición, escudándose en que la ley interna solo las faculta para dar “asesoría” y no litigar el caso. Además, este servicio lo han brindado en algunos estados y dependiendo de la fortaleza del área jurídica y disponibilidad de la persona titular.
 
Sin embargo, y con la atención personal puesta en las mujeres víctimas de violencia y su derecho al acceso a la justicia, así como en el deber de las instituciones de trabajar en garantizar ese derecho de una manera comprometida, he identificado que sus alcances en muchas entidades se quedan cortos frente a la problemática de la violencia contra las mujeres que sigue recrudeciéndose y en la impunidad.
 
Ahora, las IMEF afrontarán la modificación de la Ley General de Víctimas, en su Artículo 107 específicamente, que habla de las responsabilidades de las instituciones que podrán y deberán recibir la declaración de las víctimas, para evitar ahora sí ese ciclo de revictimización al que eran sometidas las mujeres víctimas de violencia familiar, sexual, laboral y de otras formas muy comunes. 
 
La nueva encomienda surge del Artículo 107, que señala:
Toda autoridad que tenga contacto con la víctima estará obligada a recibir su declaración, la cual consistirá en una narración de los hechos con los detalles y elementos de prueba que la misma ofrezca, la cual se hará constar en el formato único de declaración.
 
El Ministerio Público, los defensores públicos, los asesores jurídicos de las víctimas y las comisiones de derechos humanos no podrán negarse a recibir dicha declaración. Cuando las autoridades citadas no se encuentren accesibles, disponibles o se nieguen a recibir la declaración, la víctima podrá acudir a cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal para realizar su declaración, las cuales tendrán la obligación de recibirla, entre las cuales en forma enunciativa y no limitativa, se señalan las siguientes:
 

1. Embajadas y consulados de México en el extranjero;
2. Instituciones de salud y educación, ya sean públicas o privadas;
3. Institutos de las Mujeres;
4. Albergues;
5. Defensoría Pública, y
6. Síndico municipal.

 
De entrada, esta nueva Ley General de Víctimas nos aporta elementos de exigencia para estas instituciones, que hasta ahora han jugado un tibio papel en los gravísimos niveles de la violencia contra las mujeres, pero fundamentalmente abona a evitar la revictimización y el tiempo perdido e innecesario que se ocupan en las áreas jurídicas de las Instancias de las Mujeres.
 
Sin embargo, esto no significa que estén ya aptas y dispuestas, especialmente instituciones como los albergues y los propios Institutos de las mujeres que siguen sin tener un papel activo en la defensa de las mujeres y su acompañamiento para garantizar el acceso a la justicia.
 
Abre una nueva línea de trabajo y capacitación para las IMEF y, personalmente, conociendo la estructura, trabajo y alcance, hago énfasis en su nueva tarea para que no quede en la maraña de responsabilidades que nadie sabe que tienen y que están obligadas a cumplir y que transitan por la vida sin asumirlas porque nadie se las reclama.
 
A partir de ahora, todas las mujeres que acuden a las IMEF tienen la oportunidad de que, al comunicar y expresar los hechos de violencia vividos, no podrán ni deberán ser enviadas al Ministerio Público para que hagan formalmente su declaración, con una hora o más invertidas en explicarle a las abogadas o abogados de las IMEF de qué va su problema y situación.
 
Es de lo más común que las mujeres acudan a las IMEF a denunciar hechos de violencia como el acoso y el hostigamiento laboral, así como la violencia que viven a manos de sus parejas por eventos y situaciones en las que se sienten vulneradas, especialmente en los estados donde aún no hay Centros de Justicia para las Mujeres (CJM).
 
Pero incluso en las entidades en las que sí hay CJM, los propios institutos laboran en el espacio próximo y reciben a las mujeres para escuchar sus experiencias de violencia y luego turnarlas al MP para que repitan esta historia.
 
El formato único de declaración es uno de los elementos más importantes para que las IMEF asuman su responsabilidad y este tendrá que alcanzar –aunque la ley no lo enuncia- a las instancias municipales de las mujeres. Pero, claro, antes tendrán que capacitarse en este ámbito, además de tener pendiente la especialización en el acceso a la justicia para las mujeres víctimas de delitos.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG

Personas ejidatarias del Ejido de la Sierrita de Galeana, en Durango, ganaron el amparo que promovieron en 2016 contra la minera Excellon, por lo que ésta deberá pagarles la renta de sus hectáreas que adeuda desde hace 3 años.
 
En un comunicado, el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) informó que el Segundo Tribunal Colegiado de Material Penal y Administrativa en Torreón, Coahuila, otorgó el amparo interpuesto en diciembre de 2016 por integrantes del ejido La Sierrita de Galeana de Durango.
 
El Coordinador del Área de Justicia Transnacional de Proyecto de derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), Juan Antonio López, dijo que “el Ejido La Sierrita no ha recibido el pago de la renta en los últimos 3 años; además, la sentencia que emitió el Tribunal Unitario Agrario omite ordenar que el Ejido debe recibir un pago por los daños causados y por los incumplimientos al contrato por parte de la empresa. Por eso es tan relevante que el Segundo Tribunal Colegiado haya admitido el amparo interpuesto, y esperamos que se garanticen a cabalidad los derechos de las ejidatarias y los ejidatarios”.
 
Excellon de México llegó al Ejido La Sierrita en 2004; utilizó 27 hectáreas por 30 años e hizo un pago único por 1 millón 200 mil pesos. Después de varias inconsistencias y violaciones por parte de la empresa a ese primer contrato, el ejido intentó llegar a un acuerdo.
 
En 2008, ambas partes firmaron un Contrato de Ocupación Temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales que aumentarían año con año de acuerdo con la inflación. En ese contrato se establecieron cláusulas económicas, sociales y medioambientales que en su mayoría fueron incumplidas por la empresa, dice el comunicado.
 
En septiembre de 2012, las y los ejidatarios de La Sierrita con el acompañamiento de ProDESC presentaron una demanda ante el Tribunal Unitario Agrario por rescisión del contrato con la minera; después de 4 años resolvió privilegiando el beneficio de las empresas trasnacionales por encima de la defensa a los derechos de las y los mexicanos.
 
El caso el ejido La Sierrita, que forma parte de los 37 conflictos mineros que actualmente hay en México según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina, es paradigmático porque las y los ejidatarios aceptaron el trabajo de la transnacional en sus tierras y, desde entonces, han buscado acuerdos que favorezcan el desarrollo de la región sin que se vean afectados sus derechos y el medio ambiente del lugar.
 
17/MMAE/LGL
 

De no existir los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), no habría un espacio físico con infraestructura y recursos humanos dispuestos para la atención de la violencia contra las mujeres que concreten el compromiso del Estado Mexicano con ellas. Pese a los graves errores documentados por todo el país, su presencia y existencia es fundamental, y su impacto será mucho mayor si se avanza en la generación de indicadores de resultado e impacto para incidir en el acceso pleno de las mujeres a la justicia.
 
Para alcanzar su propósito, además de la vinculación interinstitucional, los Centros de Justicia para las Mujeres deberían integrar a las organizaciones que defienden los Derechos Humanos (DH) de las mujeres y de los organismos internacionales que buscan eficientar su desempeño mediante diversos recursos técnicos, operativos y de definición de indicadores, así como cursos de capacitación a través de otras organizaciones de DH.
 
Un modelo que ha demostrado ser pionero y al mismo tiempo dar resultados importantes es el Centro de Justicia para las Mujeres de Campeche, el cual alentó y mantiene la colaboración con la sociedad civil y donde el Observatorio de Violencia Social y de Género permanece trabajando.
 
En Chihuahua, la organización Mujeres por México, ofrece acompañamiento a la solicitud de atención para las mujeres, que se extiende hacia las audiencias públicas con apoyo emocional para las víctimas de violencia de género.
 
Hay organizaciones que cuestionan la existencia de los Centros de Justicia, y esto se debe a las experiencias negativas de aquéllos en los que no se garantizó el principio de atender y sancionar la violencia contra las mujeres, el acceso a la justicia fundamentalmente.
 
Pero hay otras experiencias que hablan de la importancia de ofrecer un apoyo adicional a través de las asistencias jurídicas, sicológicas, y por supuesto de acompañamiento a mujeres que viven violencia y cuyo alcance puede ampliarse con la colaboración de las organizaciones, incluso en áreas culturales.
 
No hay CJM más cercano al ideal, que aquél que a sabiendas de la crítica postura que pueden asumir las organizaciones defensoras de Derechos Humanos, trabaja abriendo sus puertas a la participación, organización, planeación e intervención de ONG defensoras de los de DH de las mujeres. Particularmente, que admite el trabajo conjunto en la defensa de los derechos de las víctimas durante los juicios del vigente Sistema Penal Acusatorio, con quienes pueden desarrollar las coadyuvancias a favor de las niñas y mujeres.
 
Los Centros de Justicia tienen que atender los delitos contra las mujeres por razones de género, y aunque en un principio a algunos les costó “definir” cuál era su campo de acción, ya que no tenían la precisión de lo que la violencia basada en género significa, y la limitaban a la violencia familiar y de pareja, y la excluían cuando ésta era cometida en espacios institucionales, laborales o ejercida por un actor distinto a la pareja, en la práctica esto se fue superando y encontraron el camino para garantizar una atención especializada y con enfoque de DH para las mujeres.
 
Sin embargo, cada Centro de Justicia para las Mujeres en cada región de México afronta contextos y retos ligados a la expresión de la violencia basada en género y su incremento en diferentes escenarios de violencia social.
 
Los indicadores
 
Uno de los retos más importantes de los CJM, es la generación de indicadores comunes específicos para mostrar que su camino va directo a construir una respuesta institucional  a las recomendaciones puntuales que la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer propone para dar seguimiento, en sus informes regulares al Estado Mexicano (séptimo, octavo y próximamente el noveno).
 
De la misma forma, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), dispone de un documento de indicadores puntuales, propuestos por el Comité de Expertas de la CEDAW, emanados del Mecanismo de Seguimiento (Mesecvi) que pueden ajustarse a las actividades y objetivos de los Centros de Justicia.
 
De la misma forma, la alineación estratégica de objetivos de los CJM con el Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (del Gobierno Federal 2014-2018), así como del Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (2013-2018), permitirían al personal que labora en estos Centros, tener claridad sobre cuáles son sus objetivos y sus responsabilidades conforme al marco jurídico nacional e internacional de carácter obligatorio para el Estado Mexicano.
 
Esto abonaría en el cumplimiento de los indicadores de monitoreo, pero fundamentalmente de resultado e impacto que nos mostrarían la utilidad y conveniencia de las millonarias inversiones destinadas a los Centros de Justicia.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL

Familiares de víctimas de violencia, colocaron ofrendas y flores blancas en el memorial dedicado a las víctimas de feminicidio de Chihuahua, para exigir al Estado Mexicano, que atienda como una emergencia nacional, la violencia en contra de las mujeres y niñas.
 
La movilización ciudadana conformada por diferentes organizaciones civiles, activistas y familiares de víctimas de violencia, denominada “México en Alerta de Género”, convocó a un acto simbólico para recordar a las víctimas de feminicidio de diferentes entidades federativas, con el objetivo de visibilizar los casos y exigir justicia.
 
Se reunieron en el Memorial de víctimas de violencia de Estado, ubicado a un costado del Campo Marte y a unos pasos de una de las principales avenidas de la Ciudad,  y ahí colocaron flores blancas para sumar a este lugar, los nombres de otras mujeres que fueron asesinadas en la Ciudad de México, Estado de México, Veracruz y Guerrero.
 
La vocera del movimiento ciudadano “México en Alerta de Género”, la ex subsecretaria para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Patricia Olamendi Torres, dijo a Cimacnoticias, que este acto es para recordar a las víctimas de feminicidio en el día en el que las y los mexicanos llevamos ofrendas a los seres queridos que ya fallecieron. Pero lo más importante, dijo, es exigir el acceso a la justicia y resolución de los casos denunciados al Estado Mexicano.
 
Durante el memorial, Samantha Hilario Villavicencio prima de Araceli Villavicencio Arroyo, dijo que Araceli era originaria de la Ciudad de México y se encontraba en juicio por la custodia de sus dos hijos cuando la reportaron como desaparecida. Encontraron su cuerpo en Acapulco, Guerrero, en donde dictaminaron que su muerte fue un “suicidio por ahorcamiento”, hecho que niegan sus familiares quienes exigieron que se investigue la verdadera causa de la muerte de Araceli, ya que considera, fue víctima de feminicidio.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Samantha explicó que su prima Araceli tenía 37 años de edad, se dedicaba a la docencia y tenía 2 años en un proceso civil por la guardia y custodia de sus dos hijos de 7 y 10 años de edad.
 
Narró que Araceli era una mujer inteligente y responsable, que desde que decidió separarse de su ex esposo, éste le quitó a sus hijos bajo el argumento de que ella no podía cuidarlos porque estaba “loca”. Lo único que deseaba Araceli, dijo su prima, era poder tenerlos a su lado, es por eso que no admite que su prima se haya suicidado como afirman las autoridades, por lo que exigió a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, que investigue el caso como un presunto feminicidio.
 
En entrevista aparte, la fundadora de la Red de Mujeres Líderes por la Equidad y una vida libre de violencia Patricia Patiño Fierro, informó que su agrupación civil representa legalmente a Samantha Hilario Villavicencio y agregó que en la averiguación previa de Araceli, no incluyeron los antecedentes de violencia familiar, la situación que atravesaba por la custodia de sus hijos, y otros detalles que son importantes a la hora de investigar la muerte de una mujer, que en este caso podría ser feminicidio.
 
Araceli fue reportada como desaparecida ante el Ministerio Público de la Ciudad de México el pasado 7 de junio del 2016 y el 27 de junio su cuerpo fue encontrado en Acapulco, Guerrero, en donde dictaminaron que se suicidó.
 

 
VIOLENCIA CONTRA MUJERES SE INCREMENTA
 
En 2014 se registró en el país un promedio diario de 6.3 defunciones femeninas, de acuerdo con el informe “La violencia feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias 1985-2014”, elaborado por ONU-Mujeres, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Gobernación.
 
El documento muestra que en el estado de Chihuahua se registró la menor disminución de asesinatos de mujeres, y que en Tlaxcala, Tamaulipas, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Nayarit, San Luis Potosí y Sonora hubo incluso un aumento de esta violencia.
 
Entre otros datos del informe destaca que los asesinatos de mujeres aumentaron 92.9 por ciento en México entre 2007 y 2014. En esos 7 años, se alcanzó el punto máximo de homicidios de mujeres registrados en las últimas tres décadas.
 
En 2008 y 2012 hubo un incremento importante de crímenes contra mujeres que alcanzó la cúspide en 2012, con 2 mil 761 casos; pero –de acuerdo con el reporte– en 2013 los asesinatos bajaron a 2 mil 594, y para 2014 volvieron a disminuir para quedar en 2 mil 289 casos de feminicidio.
 
Respecto al Estado de México, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, de 2005 a 2014, el Edomex recibió el reporte de 4 mil 281 mujeres desaparecidas, de las cuales se reportó que 2 mil 727 fueron localizadas con vida, aunque se desconoce la forma y lugar de la localización; 95 fueron encontradas sin vida, y mil 500 –en su mayoría de entre 16 y 18 años de edad– permanecen como desaparecidas.
 

 
16/GVV/LGL

Organizaciones civiles con trabajo en infancia y violencia denunciaron que la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Chilpancingo, Guerrero, violentó el “debido proceso” al que debe tener acceso toda víctima de delitos sexuales; y los derechos de las niñas y los niños, al otorgarle una sentencia absolutoria a Saúl Andoni Quintana Campos, acusado de abusar sexualmente de una menor de edad.
 
En conferencia de prensa, el Observatorio de Género, Violencias y Derechos Humanos, la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violentadas AC (ADIVAC), la organización Equidad y Autonomía en Movimiento AC y el Observatorio Ciudadano de la Justicia Federal, manifestaron su preocupación, ya que esta decisión pone en riesgo la vida de la niña M, quien podría regresar al hogar donde vive su agresor.
 
Las activistas refirieron que el 27 de junio de 2013, el padre de la niña, Mario Alberto R, denunció a Saúl Andoni Quintana Campos, por el delito de abuso sexual contra su hija. El hecho fue confirmado a través de peritajes psicológicos realizados por el Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero y la Fiscalía General de Justicia del estado.
 
Sin embargo, pese a las evidencias, el agresor fue absuelto el 11 de enero de 2016 por la jueza tercera de primera instancia en materia penal del distrito de Los Bravos, Rosalinda Sáenz Rodríguez, en la causa penal 128/2013-II, decisión que fue ratificada el 16 de agosto de este año, por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero, Vicente Rodríguez Martínez.
 
Las representantes de las organizaciones denunciaron que el magistrado y la jueza que emitieron la sentencia no tomaron en cuenta los peritajes y desacreditaron la declaración de la niña argumentando su edad y una presunta manipulación por parte de su padre.
 
“Nos encontramos en un sistema de justicia donde no están preparados. Los jueces desestiman el dicho de la niña o el niño, o bien, no saben interpretar el peritaje, y a lo que obligan es a que los menores de edad tengan que seguir conviviendo con el abusador” señaló la especialista en comportamiento infantil, Denise Meade Gaudry.
 
Además, acusaron que ambos funcionarios han sido señalados reiteradamente en otros casos de violencia contra niñas y niños, por sus presuntos vínculos con los agresores,  casos que siguen sin sentencia.
 
La representante de ADIVAC, Laura Martínez, dijo que las autoridades están cometiendo una falta grave a los Derechos Humanos de la menor de edad y lamentablemente es un caso que forma parte de las amplias denuncias ignoradas por abuso sexual cometidas contra la infancia en nuestro país.
 
“Después de 3 años, nos dimos cuenta que no hay justicia en Guerrero, existe una gran impunidad”, declaró la abuela de la víctima, e hizo un llamado a las autoridades para resolver el caso de su nieta, castigar a su agresor y dar la custodia a su padre con el fin de garantizar su seguridad.
 
En entrevista telefónica, Eva Albavera Viveros, activista que defiende y promueve los Derechos Humanos de mujeres y niñas en Guerrero, consideró que este caso es “paradigmático” porque el juicio ha durado casi 3 años, toda vez que las autoridades no han cumplido con los tiempos legales establecidos para integrar la averiguación previa, juzgar y emitir una sentencia.
 
EL CASO 
 
El 27 de junio del 2013, Mario Alberto R. padre de la niña M, interpuso denuncia en contra de Saúl Andoni Quintana Campos, ante el Ministerio Público por el delito de abuso sexual contra su hija, la averiguación previa quedó registrada con el número 128/2013-II.
 
Saúl Andoni es la pareja actual de la madre de la niña; la menor de edad vivía con su mamá hasta que su padre biológico obtuvo la patria potestad como medida cautelar, el mismo día que interpuso la denuncia.
 
La niña fue valorada por una persona del área de Psicología de la Dirección de Servicios Periciales de la Ciudad de Chilpancingo, después por la perito en psicología, Carmen Olimpia Gardea Fajardo, adscrita al Centro de Apoyo Interdisciplinario a Víctimas de Violencia dependiente de la Secretaría de la Mujer del estado de Guerrero y también lo hizo el psicólogo Cristóbal Galarza de la Paz de la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado. 
 
Todos los expertos coincidieron en que la niña sí fue víctima de abuso sexual y en sus dictámenes señalaron que una niña con 2 años 8 meses de edad no es fácil de manipular ni tampoco mienten sobre actos de abuso sexual.
 
El 16 de agosto del 2016 el Tribunal Superior de Justicia Actuaria de la Primera Sala Penal, ratificó la sentencia absolutoria para Saúl Andoni Quintana Campos (dictada el 11 de enero del mismo año), en el expediente con Toca Penal número 394/2016, al mencionar que no se presentaron elementos suficientes que acreditaran el delito de abuso sexual contra la menor de edad. 
 
El 22 de septiembre del año en curso el padre de la víctima interpuso una demanda de amparo contra la sentencia absolutoria para el agresor ratificada el pasado 16 de agosto, para ser turnada al Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito en turno de Chilpancigo, Guerrero y donde exige la revocación de la sentencia, a condenatoria.
 
16/HZM/GVV/LGL

Miriam, recién liberada tras nueve años de cárcel acusada sin pruebas de homicidio por un parto fortuito que causó la muerte del feto, enfrenta un nuevo proceso jurídico, ahora de tipo civil, para que la dejen convivir con su hijo de 10 años, a quien no ve desde su prisión.   
 
En 2008, Miriam tenía 26 años, vivía con su pareja y con el hijo de ambos, de 2 años de edad. Era, dice a Cimacnoticias esta mujer guerrerense,  “reservada”, se dedicaba al trabajo en el hogar y  prefería mantenerse en silencio cuando se presentaba algún problema o alguna situación en contra.
 
El 25 de noviembre de ese año, tuvo un accidente, una caída en el interior de su casa que la desmayó y la provocó un “parto fortuito”, en el que murió el feto, de siete meses de gestación, y a ella le causó  una hemorragia posparto.
 
Su pareja la llevó al hospital y el médico que atendió a Miriam pidió a sus familiares que le llevaran el cadáver del producto, tras lo cual reportó a la policía la comisión de un delito. Ese mismo día, agentes la sacaron del hospital, para llevarla ante el Ministerio Público. “No era un interrogatorio, ellos me decían: fuiste tú. Lo hicieron con violencia. Y luego en los separos los policías me esposaron y delante de mi hacían sus necesidades”, relata Miriam.
 
Debido a que su salud era delicada, la regresaron al hospital y al día siguiente la trasladaron a los separos, de donde fue llevada al Penal de Las Cruces en Acapulco la madrugada del 28 de noviembre. “Me dolía mucho el cuerpo, la nuca y las caderas. Los médicos del hospital habían dicho que debía tomar medicamentos (para el dolor y para evitar infección), pero en el penal no había atención médica ni medicinas”, recuerda Miriam.
 
Su madre y su hermana consiguieron medicinas. Su madre buscó apoyo legal. El primer abogado “solo nos quitó el dinero, se dejaba manipular por el Ministerio Público”. Acusada de homicidio, enfrentó un juicio que, con irregularidades, duró cuatro años y fue sentenciada a 20 años de prisión por homicidio.  
 
Durante su encierro, Miriam recibió las visitas de su madre y hermana, pero a su hijo ya no lo volvió a ver, porque se quedó a vivir con el padre y éste dejó de visitarla en la cárcel. Al principio la madre de Miriam visitaba al niño los fines de semana, hasta que el padre y su familia le negaron el contacto con su nieto.
 
En 2015, la asociación civil Asilegal conoció el caso, pidió revisión de sentencia, ya que no había pruebas del delito y fue además víctima de violencia institucional y de violencia obstétrica, al ser vulnerado su derecho a atención médica.  
 
Dentro del penal, Miriam vivió la rutina carcelaria, pases de lista y vigilancia continua, y trató de rehacer su vida. Tuvo así un tercer embarazo y nació su segundo hijo. “Fue difícil porque, si no hay médicos y medicinas para las reclusas, menos para los niños”, dice. 
 
El pasado 16 de agosto, un juzgado le dictó sentencia de libertad y ordenó la reparación de daños para Miriam, al reconocer que no había pruebas suficientes de que haya cometido el delito. Regresó así a la casa de su madre, con su segundo hijo de 5 años de edad.
 
Ahora quiere recuperar a su hijo de 10 años y esa es su motivación para continuar con el juicio civil para lograrlo. “Lo tomo por buen plan, antes era una persona muy callada, no peleaba, pero estar ahí te hacer crecer, te haces más ágil de pensamiento y te empiezas a defender”, dijo.
 
Mientras tanto, Miriam espera que en los próximos días el Ministerio Público no apele la sentencia de absolución, con lo cual se le reparará el daño y le permitirá continuar en su empeño por reintegrarse a la vida de su primer hijo. 
 
16/GVV/GGQ