mujeres refugiadas

En México las mujeres migrantes centroamericanas se exponen al peligro de la detención y deportación por parte de las autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) pero prefieren emprender el viaje a vivir la violencia que persiste en Guatemala, El Salvador y Honduras, sus países de origen.

Sin embargo, en el informe “Personas ignoradas y sin protección”, la organización Amnistía Internacional encontró que el INM no toma en cuenta aquellas personas que huyen de la violencia recrudecida que viven en sus países de origen para solicitar asilo o refugio en México.

Tras levantar y analizar 500 encuestas a migrantes y solicitantes de asilo en 2017, Amnistía encontró que 17 por ciento de las personas encuestadas eran mujeres que trataban de escapar de la violencia en sus países de origen, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras; la mayoría tenía como destino final México.

De acuerdo con el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) cada año 20 mil mujeres transitan la frontera sur de México con la finalidad de solicitar asilo por cuestiones de seguridad, mejorar las condiciones económicas o como paso para llegar a la frontera norte del país.  

La Unidad de Política Migratoria, Secretaría de Gobernación, reporta que 25 por ciento de personas detenidas en la frontera sur del país son mujeres, dato que se basa en las estadísticas oficiales del INM y el cual no reflejan las rutas precarias o clandestinas que las mujeres toman para evitar las deportaciones y que además son difíciles de evaluar.  

Por ejemplo, la presencia de maras (grupos organizados de delincuencia) y la impunidad con que estos actúan en los países afectados obligan a los residentes a solicitar refugio en un país que no cuenta con protocolos efectivos para acoger a las personas que corren peligro en sus lugares de origen.

Un caso que ejemplifica el informe, publicado en enero pasado, es el de Emilia, originaria de El Salvador, país clasificado como uno de los lugares más peligrosos con tasas de homicidio entre ocho y diez veces más altas que las que la Organización Mundial de la Salud considera una epidemia según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Este contexto violento orilló a Emilia a abandonar su país de origen tras perder a dos de sus hijos y a su hermano, asesinados por grupos de maras.

Emilia migró de su país de origen buscando asilo humanitario en México en compañía de sus siete hijos e hijas. Al llegar a Chiapas, su hija adolescente inició labores de parto y fue trasladada a un hospital; el resto de la familia se hospedó en un hotel.

Emilia fue detenida por agentes del Instituto Nacional de Migración cuando regresó al hospital en un autobús para tramitar la vacunación de su nieta recién nacida. El personal de migración ignoró por completo sus suplicas y después de unos días la deportaron.

Al llegar a El Salvador, Emilia localizó a uno de sus hijos y a una persona que le prestó dinero para regresar a México. Una vez en el país buscó al resto de su familia y hacinados en una habitación de la frontera esperaron la aprobación de asilo. En abril de 2017 la familia obtuvo protección internacional en México y se mudaron al norte del territorio mexicano donde dijeron sentirse seguros y a salvo.

Como en este caso, las personas encuestadas por Amnistía Internacional dijeron que los agentes migratorios del INM no respetan los lineamientos regionales para la identificación de poblaciones migrantes en condición de vulnerabilidad al momento de la detención y omiten preguntar qué les orilló a abandonar sus lugares de origen, y cuando lo hacen, los agentes ignoran o se burlan de las respuestas proporcionados por las personas detenidas.

Amnistía Internacional recomendó al gobierno mexicano ordenar una revisión urgente de los procedimientos de identificación aplicados por el INM con la finalidad de garantizar que las personas detenidas en situación irregular sean informadas sobre su derecho a solicitar asilo en México, así como garantizar su acceso a los procedimientos para acceder al mismo.

Con esta información la organización internacional emitió una serie de recomendaciones, entre ellas instó a las autoridades mexicanas a detener las prácticas ilegales de deportación de personas y garantizar que los funcionarios que incurran en estas prácticas sean objeto de sanciones administrativas.

Al Instituto Nacional de Migración recomendó mejorar la integración de bases de datos y los procesos para la coordinación interna y garantizar los derechos de las personas detenidas, proporcionarles fotocopia de la documentación del expediente generado al ingresar a los centros de detención, así como la copia del documento de retorno asistido y de la resolución del procedimiento migratorio.

La situación de vulnerabilidad de las personas en tránsito por las fronteras de México, en especial la zona sur, expuso la organización, es una muestra de la urgencia de atención en materia de Derechos Humanos para las personas que abandonan su país de origen para buscar condiciones de seguridad y mejores ingresos económicos.

18/SRC

Women’s Link Worldwide recibió el Premio de Derechos Humanos de la Abogacía 2016, por su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres migrantes y refugiadas.
 
La presidenta de la organización, Viviana Waisman, aseguró que su compromiso con los derechos de este colectivo “es más fuerte que nunca y seguiremos luchando por ellas”. El galardón le será entregado el próximo 15 de diciembre en el Ateneo de Madrid.
 
Women’s Link Worldwide recibirá el reconocimiento en la categoría ‘Instituciones’ por su trabajo desde 2006 denunciando y visibilizando la situación de éstas mujeres a través de investigaciones, informes y presentaciones de casos de solicitantes de asilo y víctimas de trata ante tribunales nacionales e internacionales.
 
Su presidenta, Viviana Waisman, dijo que el premio es “un gran reconocimiento a una labor que comenzamos hace 10 años y que, por desgracia, sigue plenamente vigente”.
 
Actualmente, las mujeres y niñas refugiadas que llegan a Europa son especialmente afectadas por malas decisiones de las instituciones europeas, que aumentan su riesgo de sufrir violencia y abusos sexuales, así como caer en redes de tráfico y de trata.
 
En agosto de 2016, el grupo de Waisman presentó un informe que alertaba de la entrada de más de un millón de personas por el Mediterráneo, principalmente a través de Turquía y Grecia.
 
El informe iba acompañado de la primera queja con perspectiva de género presentada ante la Oficina de la Defensora del Pueblo Europeo contra la Comisión Europea, por no haber realizado un análisis del impacto de Derechos Humanos que el Acuerdo entre la Unión Europea (UE) y Turquía iba a tener en la vida de las mujeres y las niñas.
 
16/RED/AMS