Belem do Pará

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados presentó ante la segunda Conferencia Nacional de Legisladoras un paquete de 32 iniciativas de reformas en materia civil, familiar y penal para garantizar los Derechos Humanos de mujeres y niñas.

El paquete de reformas se entregó a las diputadas locales y al gobernador de Yucatán y titular de la Comisión de Igualdad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Rolando Zapata Bello, reunidas este día en San Lázaro, durante el segundo encuentro al que asisten legisladoras de todo el país para revisar temas relacionados con la perspectiva de género y el quehacer legislativo.

La idea, explicó la autora de las propuestas, la a ex subsecretaria para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Patricia Olamendi Torres, es dar insumos a las legisladoras locales y a la Conago para que las promuevan y aunque señaló que aunque no hay una ruta fija para la aprobación de las mismas, las diputadas serán las encargadas de tomar las iniciativas como parte de sus agendas legislativas.

Las reformas son para que en todo el país exista el divorcio sin acreditar una causa, se elimine la figura de alienación parental, crear la figura de maltrato infantil, reconocer la legítima defensa cuando una mujer mata a su agresor, tipificar el suicidio-feminicidio y eliminar los beneficios de pre-liberación a agresores de mujeres.

En materia penal se propusieron modificaciones para cambiar el tipo penal de violencia familiar y establecer la reparación del daño integral y no únicamente el pago de una cantidad monetaria para las víctimas; también se propone incrementar las penas y perseguir de oficio, los delitos de abuso sexual y violación hasta los 18 años de edad.

Estas propuestas, dijo Olamendi Torres, se basan en la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención Interamericana para para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belém do Pará) y en tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una por feminicidio en Ciudad Juárez, conocido como Campo Algodonero, y dos por violación sexual contra las indígenas tlapanecas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en Guerrero.

Son dos los objetivos de esta propuesta expuso la consultora en género Olamendi Torres, el primero, modificar el orden legal existente para que las leyes tengan una visión de Derechos Humanos y el segundo trata de mejorar la situación de facto de las mujeres o de lo contrario, dijo, las normas no estarán cumpliendo con su objetivo.

Aseguró que ahora que los congresos están conformados por más mujeres, desde que en 2014 se legisló la paridad, las parlamentarias deben abrazar los de Derechos Humanos y defenderlos.

Aunque reconoció que el próximo año 28 estados renovarán sus congresos locales y las actuales legisladoras habrán concluido labores, agregó que van 20 años de armonización legislativa por lo que cuando lleguen las próximas diputadas debería existir un mecanismo de seguimiento para sacar estas reformas.

La diputada Laura Nereida Plasencia Pacheco entregó las propuestas ante la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; la senadora Hilda Flores Escalera; y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, entre otros funcionarios.

17/AGM/LGL

Los delitos contra las mujeres, cometidos por sus parejas, ex parejas o familiares constituye violencia de género, violencia familiar, y no admiten mediación ni conciliación. Por eso con justeza las mujeres denuncian cuando una autoridad toma la decisión de clasificar bajo otra figura jurídica esos delitos e intenta resolverlos mediando y conciliando. 
 
Me pregunto qué ley toman las autoridades como criterio para desligar del ámbito de la violencia familiar un hecho de violencia entre dos personas entre las que hubo relación afectiva y luego separación, tras lo cual el hombre decide seguir ejerciendo el control y la violencia contra la mujer, convirtiéndola en sujeto de amenazas o lesiones. No importa que esa pareja se haya formado bajo la figura de convivencia, amigos con derecho o novios formales, no importa, es violencia familiar.
 
Esa canalización de la violencia familiar hacia la mediación y la conciliación se da incluso dentro de los propios Centros de Justicia para las Mujeres (CJM), al que al parecer la Conavim ignora o avala. Hecho grave, ya que  da como resultado que esos espacios –que se suponen de apoyo y seguridad para las mujeres- actúan pasando por alto las recomendaciones del Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (Mesecvi).
 
El Mesecvi ha insistido, como señalamos en la columna anterior, que no es posible someter a la conciliación y a la medicación a una mujer que ha vivido violencia a manos de su pareja, y reconoce que las relaciones de noviazgo o bajo cualquier otra forma como sea nombrado, implican que existe la violencia familiar.
 
La razón radica es que, en la sociedad actual, la mayoría de las relaciones se construyen bajo un modelo patriarcal de convivencia en la cual las mujeres se encuentran en condiciones de subyugación y sumisión frente a su compañero.
 
No solo se trata del control económico que él haya ejercido, sino de otras formas más sutiles de violencia que también se van presentado y ligadas al control del estado emocional de la mujer, en algunos casos hasta llevarla al límite con problemas nerviosos. En otros casos el control se realiza de manera más sutil.
 
Los agresores apuestan a que las mujeres estén solas, que no tengan redes de apoyo, por eso las “aíslan” en el tiempo previo, las llevan a romper vínculos con las amigas, las hermanas, la familia. Las convencen de que no tienen a nadie más que a ellos, que solo ellos las ven con valor y solo ellos pueden "cuidarlas". Para atemorizar y manipular apelan a tus necesidades afectivas/económicas, pero también a tus fortalezas o áreas de confianza más elevadas.
 
Seguramente nos suena conocido, porque la mayoría hemos visto  en las relaciones esas formas de control y sometimiento, que no necesariamente operan en las relaciones hombre-mujer, sino en todas aquellas que están regidas desde un sistema de relaciones dominante y patriarcal.
 
Funciona en todos los niveles y grupos, incluso en las relaciones entre dos hombres o dos mujeres. Y si los afectos o formas de expresión en las que se manifiestan los cariños se desarrollan bajo un modelo de “amor romántico”, el resultado es el mismo: el control y el sometimiento.
 
Por eso, cuando un Ministerio Público o agente recibe en el Centro de Justicia para las Mujeres a quien acude con la esperanza de encontrar apoyo y protección -ante una situación que la mayoría de las veces le hace temer por su seguridad- le entrega solo un escrito sencillo, si bien le va, en el que se manifiestan los hechos.
 
El escrito no constituye una denuncia, pues antes  se le informa que se debe “conciliar” o que deberá tener un “careo” con su agresor, a fin de que lleguen a “un arreglo”. En el documento por supuesto no se anota que se trata de violencia familiar, mucho menos que es violencia de pareja o algo que se le parezca. No, solo se consignan “amenazas”, o como en un caso plasmado en el papel: “problemas con su ex pareja”.
 
Aunque parezca inverosímil, la Conavim tendría que empezar a investigar y documentar estos casos, y rendir informes sobre el uso de los mecanismos de conciliación y mediación a los que están enviando los casos, incluso no formalmente sino dentro de los propios CJM en donde psicólogas tratan de “obligar” a las mujeres a “carearse con su agresor”.
 
También hay responsabilidad de la Conavim, porque es la que ha invertido millonarios presupuestos en los Centros de Justicia, por lo que debe supervisar cómo es que esto está ocurriendo. Y si no detienen este proceder, significa que no están haciendo realmente nada contra la violencia de género.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GGQ

Intereses políticos de gobernantes y falta de perspectiva de género en las instituciones son los principales obstáculos que impiden el cumplimiento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
 
Así lo afirman investigadoras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a 10 años de la publicación de la LGAMVLV en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de febrero de 2007.
 
La doctora Aleida Hernández Cervantes,  investigadora de tiempo completo del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la UNAM, explica que uno de los principales retos para la aplicación de la ley ha sido la resistencia de los gobernantes para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo de protección propuesto para las mujeres que viven en zonas con alto índice de violencia  de género.
 
Comentó Hernández Cervantes, en entrevista para Cimacnoticias, que los intereses políticos de los gobernadores para ganar elecciones frenan el acceso de justicia de las mujeres. “Las y los gobernadores no quieren aceptar ni quieren que se diga que en el  estado que lideran se vive una violencia alarmante de género hacia ellas”, dijo.
 
Para que la AVG se apruebe en una entidad, la Secretaría de Gobernación (Segob) debe comunicárselo al Poder Ejecutivo estatal, sin embargo, explica la doctora Hernández Cervantes, suele retrasarse porque: “Se vuelve un tema de negociación política entre la Segob y el gobernador. Y si, por ejemplo, el Secretario de Gobernación pertenece al mismo partido que el Ejecutivo del estado, el proceso se retrasa y necesita más presión de la sociedad civil, de la academia y hasta del ámbito internacional”, afirmó.
 
En México 41 municipios de Morelos, Estado de México, Jalisco y Michoacán tienen  la AVG, pero destaca que en el Estado de México, gobernado por el priista Eruviel Ávila, las exigencias de la sociedad civil por declararla tardaron años en ser respondidas, pese al alto índice de violencia hacia las mujeres.
 
El informe “Homicidio: una mirada a la violencia en México” del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), menciona que en esa entidad  se reportaron 48 casos de feminicidios durante 2014.
 
TEMA EN LA AGENDA PÚBLICA
 
La implementación de la LGAMVLV en 20017 significó el reconocimiento por parte del Estado para institucionalizar y poner en la agenda pública la violencia de género hacia las mujeres.
 
Con la Ley se dio respuesta a las exigencias de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará).
 
Sin embargo, Teresa Ambrosio, técnica académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, afirma que la eficacia de la LGAMVLV depende de una transformación en los modelos socioculturales de mujeres y hombres que están en las instituciones.
 
Teresa Ambrosio dijo que es esencial trabajar en la educación de todas las personas en materia de género y derechos humanos porque, de no hacerlo, la existencia de instituciones enfocadas a atender la violencia hacia las mujeres, así como la aplicación de la ley LGAMVLV no podrá cumplirse.
 
17/MMAE/GGQ
 

Hace 10 años, la doctora Marcela Lagarde y de los Ríos, junto con la Comisión de Equidad y Género de la LIX Legislatura de la Cámara de Diputados, logró la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), sustentada en el trabajo científico de 60 investigadoras.
 
Marcela cuenta que pudo aprobarse la ley porque “donde pone el ojo, pone el hacer”, porque logró acuerdos con la Comisión, encabezada por Diva Gastelum y con partidos; por la experiencia de sus compañeras diputadas, como Angélica de la Peña y porque, como ella le aconsejó, habló “hasta con el diablo” sobre la urgencia de una ley que no sólo castigara.
 
Todo se volvió creíble, recuerda, porque fue público y  dialogado, y se votó “palabra por palabra”, pero lamenta que a 10 años de la LGAMVLV lo que más haya pegado “como moda” sea la Alerta de Violencia de Género, y las otras partes de esta ley integral no se vea. Critica también la descoordinación y enredos de las instituciones que surgieron a partir de la ley.  
 
ERRADICAR, NO SOLO DENUNCIAR
 
Lucía Lagunes (LLH): ¿Cómo surgió la LGAMVLV?
 
Marcela Lagarde (MLR): La ley surgió porque entendí que no solo estás ahí, en la Cámara de Diputados, denunciado, ya eres parte de las instituciones del Estado y no puedes ponerte solo a denunciar.   Y porque Alma Vucovich, ex diputada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) me habló y me dijo “tú has venido mucho a Ciudad Juárez,  sabes lo que pasa aquí, ven a explicarnos por qué los hombres matan a las mujeres.
 

Marcela Lagarde habla sobre feminicidio: Mi agenda política era lograr la tipificación del delito de feminicidio. CIMACFoto: César Martínez López

 
Eso me cambió la vida porque tuve que asumir una  posición propositiva, investigativa, teórica y política para explicarlo, ya no para denunciarlo y me encontré con un libro maravilloso de Diana Rossel y Jean Ralsfo que se llama  “El feminicidio, una política del asesinato de las mujeres”, que es una antología sobre el feminicidio, que contiene una incipiente teoría del feminicidio.
 
Mi agenda política era lograr la tipificación del delito de feminicidio, no sabía nada, no entendía. Había trabajado por la tipificación, ya tenía una visión, se llamaba feminicidio. Establecí la Comisión de Feminicidio y la Cámara asumió el concepto. 
 
La gente no se da cuenta, pero vas creando una jurisprudencia, que se nombren las cosas como nosotras las nombramos, desde la perspectiva feminista de género. Fue un gane, sin pelearnos, siendo minoría numérica, las mujeres en la Cámara éramos 22 por ciento y éramos minoría ideológica, filosófica, 4 autodefinidas feministas.
 
Abrimos la Comisión, reunimos muchos puntos de vista porque era la lógica de la política dialógica. Yo pertenecía al movimiento, no dejas de pertenecer al movimiento porque eres legisladora, eres una legisladora feminista y tienes una base.
 
Pero llegó un momento en que dije: con la tipificación del delito no vamos a enfrentar el problema, esa es una parte mínima, vamos a poder construir una parte del acceso de las mujeres a la justicia, porque vamos a tener un delito en el Código Penal, y eso nos va a permitir perseguirlo y castigarlo, pero lo que queremos es erradicar la violencia contra las mujeres.
 
DE LA IDEA A LA LETRA
 
MLR: Un día me levanté y dije, necesitamos una ley que dicte una política de Estado como dice la CEDAW (la Convención sobre la eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer). Entonces nos juntamos e hicimos la ley entre muy poquitas diputadas, nos pusimos a estudiar técnica jurídica, porque no sabíamos ni cómo se redactaba.
 
Trabajamos en la ley, constantemente, dos diputadas y la presidenta de la Comisión  de Equidad y Género, Diva Gastelum. Hicimos una alianza trans-partidista, con perredistas, priistas, hasta un cuate de Convergencia, Jesús González Schmal. Después, a defender Comisión por Comisión. Es terrible, se va votando casi palabra por palabra, pero tienes un texto que tiene coherencia y pueden hacer un cicirisco de un texto. Me pasó eso con la definición de la Alerta de Género.  
 
RUPTURAS, PACTOS Y AVANCES
 
LLH: En ese momento, te toca un momento muy fuerte: la ruptura del PRD con Rosario Robles. 
 
MLR: La ruptura… yo no, pero sí el partido. Las personas no son idénticas siempre, evolucionan, cambian, dan virajes, tienen crisis, hitos en su vida.  Rosario, siempre fue una mujer de izquierda, la conocí en el sindicato en la UNAM, en la Facultad de Economía, participó en todo y luego gobernó esta ciudad e hizo cosas fenomenales, reconocida por la gente, era una cosa impresionante.
 

Marcela Lagarde dice: Mi reacción era empoderarnos con un orgullo feminista. CIMACFoto: César Martínez López

 
LLH: Reconocida entonces por algunas feministas como la próxima presidenta…
 
MLR: No solo por algunas feministas, creo que en el cuadro político, eso tuvo que ver, y se la poncharon, entre otras cosas por eso, porque se acercó demasiado a la posibilidad de ser la primera presidenta de este país.
 
LLH: Y en ese ambiente, no solo contra Rosario, sino contra el feminismo, lograste sacar una ley…
 
MLR: No sólo una ley: logramos acreditar al feminismo, tuvo autoridad. Mi reacción era empoderarnos con un orgullo feminista. Caminábamos por la Cámara,  a nosotras no nos van a enjuiciar junto a Rosario, estábamos haciendo una ley. Con mi Comisión y 60 investigadoras hicimos la investigación más importante que se ha hecho en México sobre violencia feminicida. Todo eso logró callar la boca a todo el mundo en torno a nosotras, pero también se fue diluyendo el tema de Rosario y fue prevaleciendo el aporte positivo que hacíamos las diputadas feministas, además aliadas con todo el mundo.
 
LLH: ¿Pactaste?
 
MLR: Pactamos. Todo lo que fui elaborando lo pude poner en práctica, la sororidad con principio político de relación con las demás. Y mira que me serrucharon el piso, juntaron firmas para sacarme de la Comisión de Feminicidio, hicieron cosas terribles y la persona que lo hizo sabe que lo hizo.
 
Mi ética política es otra, no contexto con destrucción, sigo adelante. Nosotras hicimos el dictamen de la ley, pasó por tres comisiones, y elaboramos los tres dictámenes. Nos quitaron de la ley el delito de feminicidio, por técnica jurídica y penal. Entonces dijeron “hagamos una negociación, ustedes quitan el delito de feminicidio y aprobamos la ley”. Así fue la negociación.
 
Desconsideraban la ley, les parecía anodina. Nos la objetaron porque estaba dirigida solo a las mujeres. El sujeto de la ley son las mujeres y eso rompe con todo el marco jurídico mexicano. Es transgresora, es vanguardista en el mundo, porque tiene como sujeto a las mujeres. Además, porque consideramos la violencia misoginia concentrada, contiene todo el argumento de cómo el patriarcado violenta a las mujeres. No es que los hombres, unos poquitos estén enfermos, no es que las mujeres se peleen con todo el mundo. Es que hay cinco tipos de violencia y cinco modalidades.
 
Nos faltó la violencia política, que ahora vamos a introducir en una reforma y ojalá se haga pronto. Tampoco incluimos la violencia obstétrica, que se introdujo en Veracruz. Sigue siendo una ley maravillosa, la política que contiene esa ley está en construcción.
 
FUI DERECHO, NO ME QUITÉ
 
LLH: ¿Cuáles fueron las claves que te permitieron sacar esta ley?
 
MLR: Cuando pongo el ojo, pongo el hacer, fui derecho y no me quité. Además con Diva Gastelum, quien estuvo de acuerdo, que asumió, pues esa era la Comisión Legislativa. Y luego Angélica de la Peña, quien tiene una experiencia legislativa de lujo y me enseñó que hay que hablar hasta con el diablo.
 
Y lo hice, hablé con procuradores en todo el país, con defensores de derechos humanos, con quienes estaban acusando, con quienes exigían. Eso nos permitió hacer la ley. Y a mí, con un equipo científico, hacer la investigación diagnóstica. En mi cabeza la investigación justificaba la ley: no sólo íbamos a castigar.
 
Ese fue un debate con muchas compañeras feministas, que querían únicamente la penalización. Con todas fui a discutir, todo lo hicimos público, dialogado, se volvió creíble.
 
También hubo problemas con compañeras de Ciudad Juárez, porque cuando les llevamos la investigación diagnóstica sobre el feminicidio en México me dijeron que le dábamos en la torre al trabajo que venían haciendo desde años, al decir que había feminicidio en otros lados del país,  cuando el argumento de ellas era la excepcionalidad del feminicidio.
 
MÁS QUE ALERTAS
 
LLH: Todavía no se logra aplicar la ley…
MLR: La gente me dice “siguen matando a las mujeres”, y lo dicen con orgullo, que “hay muertas”. Existe una cantidad de morbo en torno a la violencia contra las mujeres terrible. He visto, por ejemplo, en el debate sobre hacer las leyes o no hacerlas, a grupos de compañeras de movimiento de mujeres que parecía que estaban esperando a la siguiente, para demostrar que matan mujeres.
 
Acabé asqueada de esa incapacidad de empatía con las mujeres, y en contraste, del uso de las mujeres y la problemática de las mujeres para hacer activismo, para denunciar, para exigir. Al extremo de que, lo que más pegó como moda en el movimiento amplio de mujeres fue la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
Y de lo demás de la ley nadie se ocupa, no les importa, no les interesa, no entienden que es una ley integral, que requiere una política integral del Estado. Solo exigen que se cumpla la AVG porque esa, yo lo entiendo, permitía denunciar, exhibir, exigir enfrentar con el discurso la impunidad terrible que hay.
 
EL TRAMPOSO ENREDO
 
LLH: La alerta ha sido un instrumento también para las instituciones del estado, se volvió un “toma y daca”...
 
MLR: Ahí hubo un cambio importante, pasamos los primeros años en algo muy atrapante, muy terrible, que estaba en la ley: ese famoso Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las Violencias de las Mujeres en México, que lleva el título completo porque lo tomamos de la Convención Belém do Pará. Se llama así para hacer todo eso y porque era el encargado de aprobar todas las políticas ligadas a la violencia.
 
Luego surgió la CONAVIM (Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres), porque no había organismo en la Secretaría de Gobernación, que preside al Sistema, para encargarse del asunto. Se crea también la Fiscalía Especial para Atender Delitos de Violencia contra las Mujeres. Eran ya varias instancias, cada una trabajando cosas sin entender bien la ley, para empezar.
 
Luego, rápidamente a la Fiscalía Especial le aumentaron “y la Trata de Personas”, lo que la desvirtuó totalmente. Estaba imponiéndose en toda América Latina la Ley de Trata, fue una movilización latinoamericana y europea. Estaban definiendo qué es la trata, digamos para acotar los mercados de mujeres. Para mí fue clarísimo: para eso se legisló. 
 
CAMINO DE LEYES
 
LLH: ¿Cómo ha sido tu experiencia como legisladora?
 
MLR: La Cámara de Diputados se conecta con lo de ahora, la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, en donde soy presidenta de la Comisión Carta de Derechos. He sido militante inscrita con credencial en los partidos de izquierda: pasé del Partido comunista (PCM) al PSUM (Partido Socialista Unificado de México, al PMS (Partido Mexicano Socialista), al Frente Democrático Nacional y al PRD.
 
En el PRD no me gustó el tratamiento que hicieron en el proceso para las candidaturas a la Cámara de Diputados y la Asamblea de Representantes del Distrito Federal (1988), y no volví durante 10 años.  Después me pidieron que fuera candidata a diputada, en la LIX Legislatura, cuando Rosario Robles era la presidenta del PRD.  Su nombre ha quedado en una reforma legal que tiene que ver con el aborto. Es la única ley que lleva el nombre de una mujer: la Ley Robles.
 

Fui una “mujer cuota”, 4 cuotas que habíamos ganado en los ayeres en otros partidos y que heredó el PRD: la cuota externa, intelectual y ser feminista. CIMACFoto: César Martínez López.

 
Decidieron abrir en el PRD 20 candidaturas ciudadanas y me dije “ustedes no han cambiado”. Una semana me estuvieron presionando, fui a dos reuniones a casa de amigos, donde estaba Rosario, y ahí nos propuso que fuéramos con el PRD y todos muy críticos. Yo muy atravesada por una contradicción: “están convocando a que las mujeres hagamos política y tienes que ir a través de los partidos”, porque no habían esos fenómenos de las  y los independientes. Tenía 50 años, llena de vida y muy apasionada, pensé “esto me permite aprender algo nuevo”.
 
Fui una “mujer cuota”, 4 cuotas que habíamos ganado en los ayeres en otros partidos y que heredó el PRD: la cuota externa, intelectual y ser feminista.
 
LLH: ¿Qué te significó recibir la medalla Elvira Carrillo?
 
MLR: ¡Uf!, me significó mucho gusto, por el reconocimiento que el Senado me hacía, siendo una feminista y porque, por tanto, estaba reconociendo al feminismo. Nosotras, que somos rebeldes, subversivas, transgresoras, que hemos estado a veces en la esquina de la política, que hemos sido vistas como peligrosas al orden social, casquivanas, todo lo que está en el imaginario de la derecha sobre el feminismo, ésas estamos siendo reconocidas en una institución muy importante del Estado mexicano.
 
Para mí los cambios pasan por el Estado, para que haya derechos humanos tiene que haber Estado, si no hay Estado que garantice no hay derechos. Soy una crítica del Estado contemporáneo, como todas las feministas de todos los tiempos, pero al mismo tiempo pues ser una teórica del Estado feminista.
 
Nosotras ya vivimos en un Estado reformado, desde el punto de vista de género, pero nosotras le hemos dado un empuje enorme en la segunda mitad del siglo XX.
 
Son 15 años de reformas impresionantes en el mundo global, en las instituciones internacionales de derechos humanos, y todo eso es un impacto en el mundo occidental enorme, la Conferencia Mundial de Pekín, la Cumbre de Viena, Belém do Pará… Son un conjunto de movimientos feministas que cuajan  en declaraciones vinculantes, en tratados, en los que nos apoyamos las locales para llevar en nuestros países.
 
17/LLH/GGQ

La Organización Mundial de la Salud sostiene que las diferentes funciones de género que se traducen en roles y estereotipos, pueden generar desigualdades, es decir, diferencias entre mujeres y hombres que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos, lo que se traduce en violencia y discriminación contra ellas.
 
Ello constituye la pieza clave para entender la dominación y discriminación en contra de las mujeres por parte de los hombres, y ha impedido su pleno adelanto. La violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se le fuerza a una situación de subordinación respecto del hombre.
 
Entender esto nos permite mirar en su plena dimensión que nombrar a un hombre al frente de la Comisión de Igualdad de un congreso, (como ocurrió en Sinaloa) constituye un acto que promueve la subordinación de las mujeres que integren la comisión respecto al “hombre” que fue nombrado y designado.
 
Esta condición prevalecerá con todas las mujeres que busquen una alianza desde la sociedad civil, otros organismos públicos para contribuir a eliminar la desigualdad contra las mujeres, condición contradictoria con los principios de la propia comisión.
 
Esto nos lleva repensar en la razón por las que se crearon las cuotas paritarias: para que las mujeres se representaran a sí mismas en espacios de toma de decisión a fin de garantizar, difundir y defender los derechos e intereses de género, fundamentalmente con el propósito de revertir las desigualdades históricas, resultado de las formas de opresión y control (entre ellas, que las voces de las mujeres fueran representadas por los hombres).
 
Las mujeres estamos en proceso de construir nuestra propia voz, nuestros discursos, desde la reflexión para escucharnos a nosotras mismas, y esto nos permitirá  transitar hacia el ejercicio pleno de nuestros derechos para revertir esas desigualdades que hoy día se traducen en feminización de la pobreza, del analfabetismo, de los salarios peor remunerados.

Las instituciones de atención a las mujeres y las comisiones legislativas, son resultado de las recomendaciones que el Estado Mexicano ha recibido de organismos internacionales y por los tratados y convenciones que ha signado, como la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Belém do Pará) que reconocen la necesidad de implementar acciones afirmativas para revertir la desigualdad.
 
El Comité de expertas de la CEDAW recomendó al Estado parte que:
 
b) Elimine los obstáculos que impiden que las mujeres, en particular las indígenas, participar en la vida política de sus comunidades, inclusive realizando campañas de concienciación orientadas a ampliar la participación de la mujer en la vida política en los planos estatal y municipal;
 
Es contradictorio entonces que por un lado el congreso tenga esa responsabilidad, y un espacio que representa una oportunidad de participación para las mujeres, no sea ocupado por una.
 
Las críticas al sistema paritario, las acciones afirmativas y las medidas de protección a los Derechos Humanos de las mujeres son criticados bajo el argumento de que “las mujeres quieren todo y discriminan al hombre”.
 
Las mujeres no queremos todo, queremos empezar a tener voz, empezar a representarnos a nosotras mismas.
 
¿Es que acaso es tan difícil comprender que podemos hablar por nosotras mismas, pensar y defender nosotras mismas nuestro derecho a la construcción de una sociedad igualitaria, desde la perspectiva de las mujeres?
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/LGL

El acceso de las mujeres a la justicia es visto todavía como un tema en abstracto, aun cuando el Estado mexicano tiene la responsabilidad y obligación de cumplirla y garantizarla, con cuatro puntuales líneas de intervención: prevención, atención, sanción y erradicación. Y la existencia de los Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) constituye una política pública que responde a ello.  
 
Los 26 Centros de Justicia que existen en 19 estados del país deberían tener como eje de acción las “órdenes de protección” y éstas deberían de  ser para el Estado mexicano de constante reflexión y evaluación, ya que son los indicadores más importantes del Informe Hemisférico del Mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Mesecvi), conocida como Belem do Pará.
 
Sin embargo, es poco lo que se ha hecho en los CJM para una rendición de cuentas ante la ciudadanía, con base en los lineamientos sobre los que tienen que construir sus acciones.
 
LAS RECOMENDACIONES
 
Por una parte, tenemos el Informe Séptimo y Octavo del Comité de Expertas de la Convención para Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, relativo a la recomendación 19 inciso d.
 
Este señala la responsabilidad de: Garantizar el acceso de las mujeres, entre otras cosas mejorando la capacidad de los centros de justicia para las mujeres y poniendo estos centros al alcance de las mujeres y las muchachas que son víctimas de la violencia. Además, otras recomendaciones relativas a las órdenes de protección, como una medida de prevención de la violencia contra las mujeres.
 
También los indicadores del Informe Hemisférico del Mesecvi en lo relativo al Artículo 7, inciso f, donde señala que los Estados deben establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer víctima de violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y acceso a tales procedimientos.
 
MONITOREO DE INDICADORES
 
El Informe da cuenta de los indicadores que pueden ser monitoreados y que pueden ser utilizados por la sociedad civil mediante solicitudes de transparencia, para el tema de órdenes de protección, fundamentales en el acceso a la justicia. Estos indicadores son: 
 
Indicador 1.1.f, sobre la existencia de legislación sobre medidas de protección a solicitud de las víctimas, de terceras/os o de oficio, antes y durante el proceso judicial.
 
Indicador 2.1.f, sobre los procedimientos judiciales que cuenten con medidas que garanticen la seguridad de las mujeres víctimas de violencia y la de las y los testigos.
 
Indicador 1.2.a, sobre el número de órdenes de protección otorgadas en casos de violencia contra las mujeres, con respecto al número de órdenes de protección demandadas.
 
ÓRDENES DE PROTECCIÓN
 
En especial, este último indicador representa una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil tengan información de la relación que existe entre el número de solicitudes y las que se otorgan. Tenemos muy claro que este indicador representa el reto más importante en los Centros de Justicia para las Mujeres.
 
Aún falta contar con registros sobre las solicitudes, ya que cuando las  mujeres acuden a los Centros, prácticamente en ninguno queda constancia de quiénes solicitan apoyo y a quiénes no se les otorga, de acuerdo con el criterio del operador de justicia. Dato de gran importancia para empezar a establecer responsabilidad en servidores públicos que no les otorguen ayuda en casos urgentes.
 
Los indicadores son resultado de la propuesta de medición de las recomendaciones del Mesecvi para la aplicación absoluta de la Convención de Belem do Pará, y para constatar su aceptabilidad, accesibilidad, asequibilidad y adaptabilidad a los derechos que reconoce la propia Convención.
 
La implementación de esta obligación aún está en proceso de ser una real garantía para las niñas, adolescentes y mujeres de todo el país, aun con la existencia de los Centros de Justicia. Así, el acceso a la justicia para las mujeres parece un bien inasible, subjetivo y no medible, desde la falta de indicadores.
 
La exigencia y la necesidad de justicia para las mujeres tiene que venir acompañada de la rendición de cuentas para que deje de ser un abstracto, y para ello los Centros de Justicia, que en teoría disponen de un Sistema de Información aparejado al Banavim (y decimos en “teoría” porque sabemos que en la práctica este Banco no ha funcionado) no es accesible, y no se generan los indicadores ya que son una base de datos de registro, de servicio, limitados y restringidos.
 
La sociedad civil tiene la posibilidad de exigir y demandar resultados concretos y medibles con base en indicadores establecidos por el Comité de Expertas (CEDAW) y el Mecanismo de Seguimiento, para realmente evaluar y medir las actuaciones de una de las políticas públicas más importantes que se han implementado y a la cual se han destinado presupuestos muy importantes en 26 estados.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
16/AC/GGQ