violación sexual

La Audiencia Provincial de Navarra, España, condenó a nueve años de prisión a cinco hombres, conocidos como “La Manada”, por el delito de robo con intimidación y abuso sexual continuado, es decir, realizado en repetidas ocasiones, contra una joven que acusó violación sexual.

El fallo de este 26 de abril provocó que miles de personas salieran a las calles en todo el país en rechazo de la sentencia. La indignación surgió porque la Fiscalía pidió 22 años y 10 meses de cárcel por este caso de violación sexual cometido durante las fiestas de San Fermín, en la ciudad de Pamplona, en 2016, pero solo se condenó a los culpables por abuso sexual.

El caso de “La Manada” es uno de los más conocidos de violencia sexual en España en los últimos años. El 7 de junio de 2016, durante las fiestas locales, caracterizadas por las carreras con toros, los cinco hombres de entonces entre 24 y 27 años acorralaron a una joven de 18 años.

“La Manada”, conocida así porque era el nombre de un grupo de WhatsApp en el que planeaban violaciones y en el que se vanagloriaron después de los hechos de 2016, compartió los videos de la violación sexual y los subió al internet.

En una calle jalaron a la joven para acorralarla en un pasillo muy estrecho, los cinco la violaron repetidamente. La víctima, según su relato ante la corte, se bloqueó y ante la violencia cerró los ojos, no habló, no gritó. Quería que todo pasara cuanto antes.

Después del crimen, los hombres la dejaron tirada en la calle, desnuda, y le robaron el teléfono móvil para que no pudiera llamar a la policía. Sin embargo, argumentaron ante la Corte que fue sexo consentido y pidieron absolución.

La sentencia de la Audiencia de Navarra reconoció que las prácticas sexuales se realizaron sin la “aquiescencia” de la denunciante, quien se vio sometida, pero consideró que no hubo violencia o intimidación. Estos dos últimos elementos son necesarios para que los hechos delictivos califiquen como violación sexual, según el Código Penal español.

La resolución indignó a los muchos colectivos feministas. En varias ciudades españolas se organizaron marchas para demostrar la indignación con el fallo. En las afueras de la audiencia, centenares de mujeres esperaron con las manos pintadas de rojo, símbolo contra las agresiones sexistas.

Las mujeres gritaron: “Es violación, no es abuso”, informó la prensa española u diarios como El País. Por lo menos diez mil personas se congregaron ante el Ministerio de la Justicia en Madrid para manifestar contra la sentencia, de la misma manera, hubo protestas en Barcelona, Sevilla, Valencia, Bilbao y otras ciudades más.

En redes sociales, se hizo viral el Hashtag #NoEsNo, con 172 mil tuits, tanto como #YoSiTeCreo, lema con el que las feministas respaldaron a la víctima desde que ocurrieron los hechos en 2016, y #Noesabusoesviolación. “Se sintió acorralada, agazapada, sin capacidad de reacción… pero ‘sin intimidación’?”, se preguntó un usuario.

Otra explicó: “Leída la sentencia no es que dé vergüenza, es vomitiva. Machista y retrógrada. A la víctima de La Manada le han vuelto a violar hoy.”

El diario El País citó a la vicepresidenta de la asociación de mujeres juristas Themis, Altamira Gonzalo, que dijo estar “en profundo desacuerdo” con la sentencia. Explicó que “desde la experiencia humana es una contradicción tremenda. Había cinco personas mucho más mayores y fuertes contra una absolutamente indefensa y a esas horas de la noche. Es intimidatorio a todas luces, no puede solventarse con un delito de abusos sexuales que está previsto para casos fugaces como ir por la calle y que te toquen el trasero”.

Cabe mencionar que hubo un magistrado, Ricardo González, que emitió un voto discrepante. Él pidió la absolución de los acusados, argumentando que en las grabaciones del acto, que los cinco agresores hicieron, el rostro de la joven muestra una “innegable expresión relajada, sin asomo de rigidez o tensión” y que incluso, de los gestos, expresiones y sonidos que emite ella se desprende “excitación sexual”.

El magistrado González es blanco de críticas para la mayoría de las personas que rechazan la sentencia, una resolución que califica a la justicia española como patriarcal y por lo que ahora demandan reformas que garanticen justicia.

Desde ayer, la plataforma Change.org ha recogido más de 700 mil firmas que piden inhabilitar a los magistrados encargados del juicio. La Fiscalía de Navarra declaró este 27 de abril su desacuerdo con el fallo y que recurrirá al Tribunal Superior de Justicia de Navarra.

18/SG

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) actualizó los Lineamientos de operación del servicio de interrupción del embarazo para asegurar una atención eficiente, eficaz, de calidad y calidez a las capitalinas que lo soliciten.

En estos lineamientos publicados en la Gaceta Oficial a propósito de los 11 años de la reforma que despenalizó la interrupción del embarazo en la Ciudad de México, la Sedesa definió los “tipos de aborto” a los que pueden acceder las mujeres en la capital del país.

Con base en evidencia científica y en la experiencia que ha dejado esta reforma a lo largo de estos 11 años, la Sedesa definió ahora como “Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)” aquella “que es consecuencia de una violación sexual sin que la mujer haya realizado una denuncia formal” y que podrá realizarse dentro de las 20 semanas y seis días de gestación, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046 en todo el país.

La Sedesa precisa que en estos casos el personal médico tiene la obligación de informar a las mujeres sobre su derecho a denunciar los hechos de violencia sexual y aunque ellas deben decidir si continúan o no el proceso ante la Procuraduría General de Justicia, el personal médico debe llenar un formato para dar aviso al Ministerio Público.

En caso de que la IVE sea solicitada por una menor de 12 años de edad –acompañada de su madre, padre, o en ausencia de éstos o de un tutor– la Sedesa indica que el personal médico debe hacer del conocimiento de la Procuraduría de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes local el caso.

Estos lineamientos publicados ayer y que entran en vigor este 26 de abril nombran como “Interrupción del embarazo como consecuencia de alguna excluyente de responsabilidad penal del delito de aborto” a las otras cuatro causales establecidas en el Código Penal, estas son: por violación denunciada ante la autoridad competente, inseminación artificial no consentida, por encontrase en riesgo la vida de la mujer, y porque el producto presenta alternaciones genéticas o congénitas.

Respecto al embarazo producto de una violación que fue denunciada en la Procuraduría de Justicia se establece que si la edad gestacional rebasa las 20 semanas y seis días, las mujeres deberán ser referidas, sin dilación, por el personal médico a alguna unidad médica de tercer nivel que cuente con especialidad en gineco-obstetricia.

Con ello, la “Interrupción Legal del Embarazo (ILE)” queda definida como aquella que es por deseo de la mujer y que podrá realizarse hasta las 12 semanas y seis días de gestación

De acuerdo con los registro del Programa ILE a 11 años de vigencia (abril 2007 – 18 de abril 2018) un total de 194 mil 153 mujeres han accedido al servicio; un 30 por ciento de ellas vienen de diversos estados de la República; y la mayoría (73 por ciento) acude en las primeras 8 semanas de gestación.

Por último, los lineamientos dejan en claro que el personal médico no puede invocar la “objeción de conciencia” cuando la interrupción del embarazo sea de carácter urgente, por lo que están obligados a realizar el procedimiento.

Se reafirma también que el personal sanitario debe prestar este servicio con una actitud empática, respetuosa, digna, informada, vigilando la confidencialidad y el procedimiento seguro, además de garantizar los servicios de planificación familiar y acompañamiento social a las mujeres que acudan a las instancias de salud.

18/HZM

En Chile el Ministerio de Salud (Minsal) emitió las normas que regulan las directrices que debe seguir el personal médico público y privado en la práctica del aborto tras la despenalización de las tres causales: riesgo a la vida de la mujer, inviabilidad del veto y violación, en 2017.

La denominada “Norma técnica nacional de acompañamiento y atención integral en la mujer que se encuentra en alguna de las tres causales que regula la Ley 21.030”, publicada el pasado 7 de febrero, establece que los servicios primarios de atención chilenos (consultorios y servicios de urgencias) tendrán un plazo menor a 24 horas para informar a las mujeres si se configura o no alguna de las tres causales para que accedan al aborto. 

Después de que fuera promulgada el 23 de septiembre de 2017, la iniciativa de la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, discutida por tres años, se tienen todo el marco normativa que deben seguir los servicios médicos para que las chilenas puedan acceder a este servicio.

Según el manual operativo en caso de violación de menores de 14 años de edad, las niñas no están obligadas a presentar una denuncia pero el personal de salud tiene la obligación de informar a la Fiscalía de todo caso que se presente a los servicios médicos chilenos. Sin embargo, el resto de las mujeres adultas y adolescentes deben presentar una denuncia.

Las Ley 21.030 permite la interrupción del embarazo por la causal de violación únicamente durante las 12 semanas de gestación, en el caso de niñas menores de 14 años, la interrupción puede realizarse hasta las 14 semanas. Otra responsabilidad de los servicios médicos es brindar atención psicosocial e intervención en crisis para las víctimas.

Según información de este protocolo de actuación, en Chile no existe información certera obre la prevalencia de la violación sexual de mujeres, menos aún de los embarazos como producto de este delito; sólo se conoce que en 2016 hubo mil 727 denuncias de mujeres víctimas de violación (46 por ciento eran menores de 18 años) y se calcula que 75 por ciento de las mujeres no denuncia.

El manual también indica que en promedio cada año en Chile se hospitalizan 16 mujeres con embarazos de menos de 22 semanas de gestación que cumplen con criterios para las dos primeras causales (razones de salud y malformaciones del feto), por lo indica que estos casos deberán ser referidos a centros de salud terciarios con equipos clínicos especializados en ginecobstetricia.

En relación a las muertes maternas ocurridas por problemas hipertensivos en el embarazo (preeclampsia y eclampsia) en el periodo de 2013 a 2014 ocurrieron 18 casos (representa un 26 por ciento del total de defunciones 68).

En tanto, la mortalidad perinatal asociada con la patología incompatible con la vida de los fetos de carácter letal para las mujeres, las autoridades sanitarias chilenas aseguran que al año se estiman 500 casos de este tipo; además de 2005 al 2014 se mostró que en promedio de los 481 productos nacidos con estas malformaciones, fallecieron entre las 22 semanas de gestación y los siete días de vida.

El protocolo añade que el personal médico debe actuar de manera empática con las mujeres, evitando la revictimización y estimagmatización y priorizar la confidencialidad.

Asimismo tienen la obligación de explicar los pasos en la práctica del aborto e informar otras medidas a las que pueden acceder las mujeres como la adopción, pero siempre respetando la libre decisión de ellas, las y los profesionales no puede ser “directivos, disuasivos o impositivos” apunta la normativa.

OBJECIÓN DE CONCIENCIA Y ACOMPAÑAMIENTO

El pasado 22 de enero el Ministerio de Salud chileno también aprobó el protocolo de “objeción de conciencia” y otros de los pendientes que era el reglamento de acompañamiento que podrán dar organizaciones civiles a mujeres que accedieron a un aborto por estas causales.

Respecto a la objeción de conciencia quedó establecido que las objeciones personales de cada médico o médica deben formalizarse por escrito y en caso de que haya instituciones de salud que no quieran realiza el procedimiento primero deben enviar una solicitud para negar este tipo de servicio al Ministerio de Salud.

Pero en todo caso, ningún médico cirujano puede excusarse de objetor de conciencia cuando esté en riesgo la vida de una mujer o requiere una atención médica inmediata e impostergable, o bien, no exista otro profesional que pueda realizar la intervención.

También establece que la objeción de conciencia no se puede pedir en otras etapas de la atención como la orientación o información del proceso de aborto, ni los cuidados posteriores.

De acuerdo con la organización Corporación por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Miles) el 9 de febrero la Pontifica Universidad Católica (PUC) acudió a la Corte de Apelaciones de Santiago, Chile, para solicitar que se declare ilegal el reglamento que regula la objeción de conciencia frente al aborto por tres causales.

La organización expuso en comunicado que la universidad católica “busca un trato especial y privilegiado en virtud de razones religiosas”, lo cual violeta el Estado laico y persiste en negar la asistencia médica urgente y oportunidad a mujeres que buscan practicar un aborto.

Para las organizaciones que busquen brindar acompañamiento a las chilenas que abortaron por estas tres causales permitidas por ley, deben tener un mínimo de dos años de abordaje psicosocial del tema.

Con la publicación de esta normativa de actuación en los servicios médicos privados y públicos en Chile se terminan los requerimientos para el aplicación de las tres causales aprobadas para interrumpir un embarazo en el país.

En enero de 2015, durante su segundo mando de Michel Bachelet envió al Congreso Nacional de Chile la ley para despenalizar el aborto por estas tres causales. La Cámara de Diputados probó la iniciativa en agosto de 2015, después de dos años y medio de debate parlamentario el proyecto culminó con su aprobación.

Con Bachelet en la presidencia de Chile también se aprobó en 2010 la Ley 20.418 que estableció el deber del Estado en garantizar el acceso a la píldora “del día siguiente” y la obligación de brindar educación sexual a la población adolescente.

 18/HZM

En la Ciudad de México, la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Elizabeth Mateos Hernández, propuso incrementar la sentencia para los agresores sexuales que al cometer una violación suministren cualquier tipo de sustancia psicotrópica a sus víctimas con el fin de dejarlas inconscientes.

Por el delito de violación, la iniciativa de la presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Asamblea Legislativa, busca que se agregue una segunda fracción al Artículo 175 del Código Penal capitalino, con el que se agravaría la sentencia que actualmente es de 6 a 17 años de cárcel y que se duplicaría a una pena de 12 a 34 años.

Este castigo se impondría a “quien se valga de sus intenciones para suministrar cualquier sustancia psicotrópica para provocar premeditadamente en la víctima cambios temporales en la percepción, somnolencia y hasta la pérdida de la conciencia”, indica la propuesta.

La legisladora del PRD argumentó en un comunicado que en promedio anual más 300 mujeres en la Ciudad de México son víctimas de un ataque sexual cuando se encuentran en estado de narcosis producido por la administración deliberada de sustancias que provocan en la víctima un estado de  indefensión que es aprovechado por el agresor.

Sobre estos casos, recordó Mateos Hernández, Naciones Unidas América ha advertido desde 2010 pues son sustancias que se pueden obtener fácilmente.

La asambleísta indicó que este proyecto es parte los esfuerzos para fomentar una vida libre de violencia a la población femenina, debido a los graves daños a la salud física y mental que causa a las mujeres una violación.

De marzo de 2015 a febrero de 2017, en la Ciudad de México la Procuraduría General de Justicia local inició mil 261 carpetas de investigación por el delito de violación. Es de mencionar que las víctimas de violación tienen el derecho a interrumpir el embarazo cuando es resultado del ataque y pueden acudir a servicios de atención psicológica especializada de forma gratuita en el Centro de Terapia y Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA).

18/HZM

Al menos 13 mil 810 mujeres han sido víctimas de violencia sexual en Colombia durante la guerra civil por la que el país sudamericano pasa desde hace más de 50 años. Los principales agresores son miembros de grupos paramilitares, guerrilleros y de las Fuerzas Armadas.

Esto reveló el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) en su informe “La guerra inscrita en el cuerpo”, publicado a inicios de este mes. El estudio muestra los resultados obtenidos del registro y la recolección de testimonios de víctimas de violencia sexual – como acoso, violaciones sexuales, explotación sexual comercial, extirpación de genitales, entre otras- cometidas desde 1958 hasta 2016 en el contexto de la guerra civil.

El CNMH contabilizó 15 mil 076 víctimas, 91.6 por ciento de ellas mujeres (13 mil 810). De los más de 15 mil casos determinó que en 4 mil 837 del total (32 por ciento) los responsables fueron agentes paramilitares, en 31.5 por ciento (4 mil 722) miembros de las guerrillas y en 206 se identificaron a agentes del Estado como responsables directos; mientras que a los grupos armados conformados durante el gobierno del ex presidente Álvaro Uribe Vélez (de 2002 a 2010), conocidos como “Grupos Armados Posdesmovilización”, se le atribuyeron 950. Destaca que 3 mil 973 de las víctimas no identificaron la pertenencia de sus agresores a un grupo en específico.

En cuanto a la pertenencia étnica de las mujeres se determinó que al menos mil 152 tenían origen afrocolombiano y 152 indígena. Además, el informe reveló que las principales víctimas fueron niñas y adolescentes de 0 a 19 años de edad, pues se registró a 5 mil 013 víctimas en este rango.

La instancia dependiente del Departamento para la Prosperidad Social del gobierno colombiano, concluyó que la violencia sexual contra las mujeres se relaciona directamente con el conflicto armado pues se usa como “estrategia de guerra”, ya que se comete para frenar la labor de maestras, periodistas, defensoras de los Derechos Humanos y mujeres líderes de sus comunidades que se oponen a la actuación política y militar de los grupos armados.

También se emplea como medio de tortura para obtener información y como "estrategia de disciplina" de los hombres hacia las mujeres que integran los grupos armados para remarcar las relaciones de poder y jerarquías; además de ser parte de la violencia ejercida para obligar a una población a desplazarse y despojarlas de sus tierras. Estas agresiones cometidas en el contexto violento que se vive en Colombia han expuesto a las mujeres y sus cuerpos como “sinónimos de territorios y de objetos en disputa”, denunció el CNMH.

Otro factor que sustenta la relación de las agresiones sexuales con el conflicto colombiano fue el aumento de casos en periodos políticos relevantes. Por ejemplo, de 2000 a 2005 se registraron 45.7 por ciento de los casos, cuando el gobierno colombiano promovió con más intensidad el uso de las armas y las guerrillas también respondieron con acciones violentas. Mientras que de 2011 a 2014, donde se cometieron 11.8 por ciento de las agresiones, corresponde al periodo en el que se buscó con más intensidad reacomodar a las guerrillas.

Organizaciones civiles colombianas han alertado sobre la urgencia de erradicar y sancionar esta violencia por las afectaciones al proyecto de vida, a la salud física y emocional de las mujeres, lo que se corroboró con los testimonios de mujeres y niñas que refirieron presentar embarazos producto de violaciones, de ellas varias afirmaron llevarlos a término porque no tuvieron alternativas para interrumpirlo, incluso en los casos que ocurrieron después de 2006, cuando el Estado colombiano legalizó la interrupción del embarazo si es producto de una violación.

El informe “La guerra inscrita en el cuerpo” se realizó luego de que durante años organizaciones y colectivos de mujeres solicitaran al gobierno justicia para las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y la documentación de los casos.

El resultado de sus exigencias derivó en la promulgación, en 2014, de la Ley 1719, misma que obliga al gobierno colombiano a implementar medidas que garanticen el derecho de acceso a la justicia para estas víctimas; dicha legislación también ordenó al CNMH a realizar el diagnóstico del contexto en el que se agrede sexualmente a las mujeres en el país.

17/MMAE/LGL

Hace unos días un efímero tuit llamó la atención porque apenas pensamos que hay un avance en el entendimiento social de que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, y de golpe, la cruda realidad nos devuelve a la realidad “real”.

Desde el 8 de diciembre de 2016 en Hermosillo, por primera vez tenemos una Jefa del Departamento de tránsito municipal. Se trata de Janneth Elena Pérez Morales, quien cumplió recién un año en el cargo.

Es una mujer joven, seria, profesional, disciplinada y al momento de tomar posesión contaba con 16 años de experiencia.

Con todo y ello el 4 de diciembre pasado, en la ceremonia de entrega de veinte patrullas nuevas a la corporación a su cargo, fue objeto, sí objeto, de un acto de violencia a través de una red social, por un periodista de gran experiencia que en el transcurso del mismo día, retiró su publicación sin dar explicación alguna.

El tuit consiste en mostrar en primer plano la parte posterior del cuerpo de la Jefa de tránsito municipal con su impecable uniforme, quien se encuentra de frente a las patrullas, escribiendo el tuitero que por si no se habían fijado –quienes ven la imagen- la patrulla que aparece al fondo es de la marca Nissan.

Días después se conoce la noticia de que una joven es buscada por sus familiares pues salió a divertirse una noche de fin de semana, acudió a un antro, y después de que tomara un coche de servicio Uber, ya no pudo ser ubicada por su familia y aparece hasta el día siguiente.

En su narrativa, la chica dijo que fue llevada a un motel por el chofer de Uber en donde abusó de ella, y por la mañana la llevó a su casa. La Secretaría de Seguridad pública municipal dio la información preliminar en un boletín:

“Hermosillo, Sonora, a 10 de diciembre.- El conductor de un auto que presta servicio como Uber es señalado como presunto responsable de abuso sexual en contra de una joven que requirió sus servicios al salir de un centro de diversión la madrugada de este domingo.

Elementos de Seguridad Pública atendieron el reporte de una joven cuyos familiares solicitaron la intervención de los cuerpos policiacos al no tener información de ella.

Fue así como ubicaron a quien dijo llamarse Omar N. de 33 años y con domicilio en la colonia Pueblo Bonito.

Según la afectada cuya identidad se omite, al salir del antro a donde acudió a divertirse, abordó el vehículo del servicio de Uber para dirigirse a su domicilio pero el conductor la llevó a un hotel y al despertar alrededor de las 9:00 horas de este domingo, le pidió que la llevara a su domicilio”.

Entre las muchas reacciones que causó la noticia, al no ser ésta la primera vez que un chofer de Uber es investigado por abuso sexual, una cuenta de Twitter denominada Hermoencuestas lanza un sondeo para que la gente opine sobre la situación de la joven agredida.

Sus opciones son: “Se quedó botada”; “Se fue con el noviecito”; “Se la robó el Uber”; y “Otra (comenta)”. De 126 votos, 75 opinaron que se fue con el novio. El nivel de banalización de la agresión sexual fue igual de la cuenta que lanzó el sondeo, como del público que decidió opinar.

Ambos casos narrados tienen algo en común: demuestran que no se ha aprendido nada de violencia contra las mujeres. Quien decidió lanzar un tuit con la imagen de una mujer a quien no se le pidió permiso para poner en redes sociales su imagen en un ángulo que seguramente ella nunca pensó sería captada, solo buscó “hacer una broma” utilizando el cuerpo de la Jefa de tránsito municipal de Hermosillo.

Por su parte, quien maneja la cuenta de Twitter que lanzó el sondeo, usa como mercancía el drama de una joven y de su familia que de acuerdo a su dicho sufrió un episodio de violencia por parte de un desconocido que aprovechándose del estado de vulnerabilidad de la chica, abusó de ella y está siendo investigado.

Ambos vuelven a saltar al vacío de su conocimiento sobre Derechos Humanos de las mujeres. De nuevo en menos de una semana dos casos relacionados con la comunicación masiva, tan grave uno como el otro, se permiten violar el derecho a una vida libre de violencia, que en teoría todas las mujeres gozamos en este estado y país.

Afortunadamente el tuit fue retirado, pero el daño está hecho, pues sabemos que una vez lanzada una imagen al espacio de las redes sociales, nunca nada vuelve a ser igual, pues jamás se logra desaparecerla del todo.

El mensaje para las mujeres es: Si eso se puede hacer con una mujer de alta jerarquía como lo es una Jefa de un departamento de tránsito de la capital de un Estado ¿qué no se podrá hacer con el cuerpo y la imagen de cualquier otra mujer?

Si la violación sexual contra una mujer, una de las agresiones más difíciles de superar –si es que se logra- puede ser objeto de sorna y puesto en lo público para que cualquiera opine, lastimando aún más la dignidad e integridad de la afectada ¿qué se podrá esperar de agresiones consideradas menores por la ley?

¿Qué tiene que pasar para que quienes utilizan un medio de comunicación entiendan que cuando la ley describe las violencias de género contra las mujeres, se refiere a todas las que se inflijan por cualquier medio?

¿Cuándo se entenderá que el hecho de ser comunicador o periodista no exceptúa a las personas de ser acusados de cometer un delito?
Ambos casos son preocupantes, pues es obvio que las mujeres siguen siendo carne para los leones. Lo que a ellas les pase, así como sus cuerpos son propiedad de cualquiera, menos de ellas mismas. Expresa también el fracaso de las campañas mediáticas pues ni las personas que trabajan en medios han abierto oídos a ellas. Aquí dos muestras.

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora

17/SNE/LGL

Feministas, personas y organizaciones defensoras de Derechos Humanos de las mujeres, condenaron enérgicamente la violencia sexual ejercida contra la antropóloga social y defensora Yndira Sandoval Sánchez, quien el pasado 16 de septiembre fue detenida arbitrariamente y víctima de violación sexual por parte de policías del municipio de Tlapa de Comonfort, en Guerrero.

El sábado 16 de septiembre, la activista, líder de la iniciativa “Todas Mx” se encontraba en esa entidad para dar talleres y una conferencia sobre violencia de género en la Universidad Autónoma de Guerrero. Ese día tuvo un accidente con un clavo por lo que ella y un compañero, Amaury Navarrete Cruz, acudieron a una clínica, como lo relató al periódico La Jornada.

Cuando salió del lugar, su compañero era detenido por policías por supuestamente negarse a pagar la cuenta de la clínica, cuando ella preguntó las razones de la  agresión y dijo que era defensora, también fue detenida y posteriormente agredida sexualmente por una mujer policía. 

Después de que la denuncia se hiciera pública este 22 de octubre, organizaciones y personas defensoras emitieron un comunicado donde condenan la violación sexual, privación ilegal de la libertad, tortura y uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades de Tlapa, uno de los ocho municipios con Alerta de Violencia de Género.

“Yndira Sandoval logró sobrevivir, sin embargo, la violencia de género institucional en su contra no ha cesado, pues continúa siendo víctima de amenazas e intimidaciones y su casa y auto en la Ciudad de México han sido allanados”, señalan en el comunicado.

De acuerdo con las organizaciones, la casa de la activista en la Ciudad de México fue allanada, aunque no precisaron la fecha, delito que fue denunciado ante la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, en la carpeta de investigación CI-FAE/B/UI-3C/D/ 790/10/2017

A más de un mes de estos hechos, la Fiscalía General de Guerrero no ha vinculado a los agresores a proceso, ni ha generado a través de un juez de control ninguna orden de aprehensión contra la persona agresora directa, quien fue reconocida por la víctima, con nombre y apellido; tampoco ha removido a los policías de sus cargos a pesar de estar plenamente identificados.

Sandoval Sánchez es autora y coautora de distintas iniciativas para fortalecer el marco jurídico; también fue funcionaria pública en la Ciudad de México y coordinadora de feminismo del Comité Americano de la Internacional Socialista de Jóvenes (IUSY), según difundió el colectivo Tribunal Permanente de los Pueblos-Capítulo México. 

Esta agrupación también difundió detalles de la violencia institucional que enfrentó Ynidra Sandoval. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales con sede en Tlapa, estaba cerrada al momento que intentó denunciar, minutos después de las agresiones; el Ministerio Público se negó a tomar la denuncia y la amenazó e intimidó con llevarla a la policía si no se retiraba.

Según este colectivo, el director de Seguridad Pública (aunque el comunicado no precisa si era el director estatal Pedro Almazán Cervantes o el director municipal Neftalí León González) “casualmente” se encontraba afuera de la Fiscalía Especializada cuando Yndira Sandoval se presentó nuevamente a denunciar, ya que el día anterior no pudo hacerlo.

Sumado a estas irregularidades, el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada no dictó medidas cautelares pese a la solicitud expresa de la víctima, violó en todo momento los protocolos de atención a víctimas y no ordenó la realización de dictámenes tales como el legista, psicológico, ginecológico y toxicológico tal y como lo marca la ley en tiempo y forma.

La defensora tampoco contó con disposiciones de seguridad como víctima y fue hasta al tercer día de las violencias ejercidas en su contra y bajo permanente riesgo, que fueron dictadas medidas de protección en su carácter de defensora de Derechos Humanos. 

Todos estos agravios obran en la carpeta de investigación 12080470200090170917 que se inició en la Fiscalía General del Estado de Guerrero en la Unidad de Investigación número 1 Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, Región Montaña. 

La Procuraduría General de la República, la Fiscalía Especializada para los delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de personas (FEVIMTRA) inició  una investigación a través de la carpeta FED/SDHPDSC/FEVIMTRA-GRO/ 0000634/2017 donde están las denuncias generadas tanto en Guerrero como en la Ciudad de México.

A más de un mes de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya realizó el Protocolo de Estambul para acreditar tortura (protocolo que no se realizó en Guerrero), además de que este organismo se encuentra realizando sus propias diligencias para garantizar un debido proceso.

Actualmente Yndira cuenta con las medidas cautelares y  de protección dictadas por la PGR a través de FEVIMTRA en coadyuvancia con el Mecanismo federal y local de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, así como de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Organizaciones feministas, de Derechos Humanos y personas de la academia exigieron la detención de la policía que la agredió sexualmente, la reparación integral del daño, y sanciones, penales, administrativas y legales contra todas las personas involucradas y responsables de los hechos.

A los pronunciamientos posteriores a la denuncia pública se sumó el Partido de la Revolución Democrática (PRD) a través de una declaración de la secretaria general Beatriz Mojica Morga, quien este domingo exigió al gobernador Héctor Astudillo Flores y al titular de la Fiscalía General de Guerrero, se castigue a los responsables de la agresión sexual.

La líder perredista pidió que la PGR atraiga el caso y se agilice la investigación para castigar a los responsables de la violencia sexual contra la activista, quien además ha sido simpatizante del PRD.

"Es inaceptable que los encargados de cuidar y velar por el bienestar de los ciudadanos, con total abuso de poder, agredan física y sexualmente a una mujer que lucha por erradicar la violencia de género en nuestro país", reclamó.

La Comisión de los Derechos Humanos del estado de Guerrero (CDHEG) por su parte, informó que el jueves 28 de septiembre recibió una queja contra el presidente municipal de Tlapa, Jesús Noé Abundiz García; el director de Seguridad Pública municipal, Neftalí León González; así como del agente titular y agente del Ministerio Público en turno del Fuero Común del Distrito Judicial de Morelos, con sede la ciudad de Tlapa, por presuntos actos violatorios a sus Derechos Humanos.

La queja la presentó Amaury Navarrete Cruz, quien denunció la falta de acceso a la justicia, privación de la libertad personal, violación sexual y abuso de autoridad, por lo que la delegación regional de la CDHEG en la Montaña registró la queja bajo el número de expediente CDHEG-DRM/049/2017-I.

Según la información del organismo ya se pidió un informe a los funcionarios públicos involucrados, así como los nombres completos de los servidores públicos que estuvieron en funciones durante los días 16 y 17 de septiembre; pidió a las víctimas que presenten las pruebas que consideren pertinentes a fin de acreditar responsabilidades.

Cabe mencionar que en enero de este año, al finalizar una misión en México, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, dijo que encontró muchos casos de criminalización a personas defensoras que denunciaban violaciones por parte de las autoridades públicas.

El Relator expresó que se criminaliza a las y los defensores por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas, y enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas a ellos, por ello llamó al gobierno mexicano a comprometerse en la lucha contra la corrupción e impunidad.

Leer el comunicado aquí

17/AGM/LGL

La zona oriente de la Ciudad de México es el sector con el mayor número de violaciones sexuales, de 2014 a septiembre de 2016 esta zona concentró 533 casos, sin embargo, este territorio sólo alberga una agencia ministerial especializada para atender a las mujeres que busquen denunciar este delito.
 
Lo anterior, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial (SSPDF), las delegaciones que se ubican como puntos rojos de este delito son Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; de las mil 524 violaciones que fueron registradas en ese periodo, 35 por ciento ocurrieron en esta zona.
 
Las cifras de la SSPDF también revelan que la violación sexual en la región oriente de la capital va en aumento: en 2014 se registraron 163 violaciones, la cifra incrementó un 35 por ciento al año siguiente con 220, y hasta septiembre de 2016 sumaron 148 violaciones.
 
A pesar de ser ubicada por las autoridades como un territorio de alta incidencia, la única Agencia Especializada en Delitos Sexuales cercana para que las víctimas de violación acudan a denunciar, se ubica en la delegación Iztapalapa, a orillas del Estado de México, alejada de las zonas de la periferia como Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, donde ocurren los hechos.
 
Además, la travesía no terminaría ahí, pues en caso de que las víctimas decidan continuar con un servicio de atención integral (médico y psicológico) tendrán que trasladarse al sur de la ciudad donde están concentrados los servicios: la Clínica Especializada en la colonia Condesa, y el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexual, ubicado en la colonia Del Valle.
 
UNA SOLA AGENCIA PARA DOS SECTORES
 
En 1989 cuando se estableció la primera agencia de delitos sexuales de la capital (en Miguel Hidalgo-Cuajimalpa que actualmente ya no existe) se dijo que la ubicación de estas unidades fue estratégica para “permitir atender con oportunidad a todas las víctimas de violación u otros delitos sexuales”.
 
Sin embargo, de las seis agencias en delitos sexuales que hay hasta ahora, para las personas que busquen  denunciar una violación en la zona sur y poniente del país, el único Ministerio Público especializado cercano, es el que se ubica en la delegación Álvaro Obregón, pues dentro de estos sectores no hay otra unidad a la que puedan atender.
 
Por lo que en teoría, esta agencia tendría que atender a las 527 víctimas de violación que se registraron en la región poniente (que abarca las delegaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco) y la sur (que incluye Tlalpan, Magdalena Contreras, Coyoacán y Benito Juárez) que se registraron de 2014 a septiembre de 2016.
 
AGENCIAS SE CONCENTRAN EN EL CENTRO
 
Así, la mayoría de las agencias se encuentra cercanas a la zona centro del capital del país. Tanto la zona centro como la norte cuentan con dos agencias especializadas en delitos sexuales.
 
La región norte (conformada por las delegaciones Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza) es la segunda con el mayor registro de violaciones, sumó 302 casos durante 2014 a septiembre de 2016 (20 por ciento del total de los mil 524 casos), según datos de la Subsecretaría Policial.
 
De estos casos, 56 ocurrieron en el último año, 119 en 2015 y 127 en el año 2014. Dos de sus tres delegaciones de la región norte cuentan con una agencia especializada (excepto Iztacalco), sin embargo, como sucede en el oriente, están alejadas de las periferias donde se registra este delito.
 
En la zona centro, también se ubican dos agencias para atender únicamente la delegación Cuauhtémoc, ya que de 2014 a 2016 tuvo 158 casos de violación, una cantidad alta considerando que es una sola delegación.
 
Este contexto coloca la Ciudad de México con una tasa del delito de violación de 6.3 por cada 100 mil habitantes, es decir, se cometen dos violaciones cada día, indica la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF, 2016).
 
VIOLACIÓN EN AUMENTO
 
Mientras este delito ocurre en toda la Ciudad de México, poco se sabe cuál es la cantidad de víctimas que atiende cada agencia y el protocolo que sigue su personal para dar una atención especializada.
 
Por ello, en junio la diputada Ana Juana Ángeles Valencia presentó ante la Asamblea Legislativa (ALDF) un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría a dar un informe sobre los lineamientos de capacitación de servidores públicos de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales, así como la operación de las seis agencias especializadas que dependen de la fiscalía.

17/HZM 

La representación legal de Itzel, la niña de 15 años de edad víctima de violación e intento de asesinato, calificó de “lamentable” y “tardía” la respuesta de la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), ya que informó, un mes después del crimen, que no procedería contra la menor de edad acusada de defenderse y herir de muerte a su agresor, Miguel Ángel Pérez Alvarado.
 
La representante legal de la niña y su familia Karla Micheel Salas Ramírez, afirma que esto sucedió después de que la familia de Itzel y el Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh), al que pertenece la abogada, exigió públicamente a la PGJDF terminar con la persecución por homicidio contra la menor de edad. La Procuraduría resolvió, en un comunicado de prensa, que la víctima quedaba libre de la responsabilidad porque “actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo”.
 
“La Procuraduría lo hizo después de que el caso se hizo público (el este 27 de junio). Era una investigación que tuvo que concluir las primeras horas del 2 de junio, lo cual resulta lamentable”, denunció Salas, abogada especialista en violencia de género.
 
Itzel fue víctima de violación en la vía pública cerca del metro Tasqueña en la delegación Coyoacán. El crimen ocurrió en la noche del 1 de junio, cuando Miguel Pérez la sometió con un cuchillo cuando se dirigía a la terminal del transporte público.
 
La violó sexualmente por dos horas sin que ella fuera auxiliada por las personas que presenciaron el hecho, hasta que, en defensa propia, forcejeó con él para evitar que la asesinara, lo que ocasionó la muerte del agresor y que después la PGJDF conformara un grupo especial para investigarla por “homicidio doloso”.
 
De acuerdo con la abogada, la defensoría y los familiares de Itzel mañana tendrán la notificación formal de que la carpeta de investigación por homicidio se cerró, ya que después del comunicado que la Procuraduría local dio a los medios, la autoridad los contactó para concretar la cita, informó en entrevista a Cimacnoticias.
 
FALTA SANCIONAR A SERVIDORES
 
Si bien la investigación se cerró con la muerte del agresor y el pronunciamiento de la PGJDF, el caso continuará, aseveró Micheel Salas, ya que aún se tienen que deslindar responsabilidades y castigar a aquellos servidores públicos que se negaron a brindarle atención inmediata a Itzel.
 
Tal como lo denunció su familia: no se le dieron anticonceptivos de emergencia en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales ubicada dentro de la Procuraduría, el padre de la niña tuvo que comprarlos, fue revictimizada en los servicios de atención psicológica y la denuncia se levantó después de 48 horas.  
 
Por estas negligencias ya se inició una queja en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, asimismo, por las amenazas y hostigamientos que ha sufrido la familia y la víctima,  por parte del personal de la Procuraduría y familiares del agresor, este órgano emitió medidas de protección para ellos, informó Salas.
 
“En principio que se vayan y sean sancionadas la directora de la Fiscalía de Delitos Sexual, Alicia Rosas Rubí, y la directora del Centro de Terapia y Apoyo a Víctima de Delitos Sexuales (CTA)”, concretó Micheel Salas.
 
OTRAS VÍCTIMAS
 
Karla Micheel Salas, integrante del Gadh, añadió que mañana, al tener acceso a la carpeta de investigación, podrán conocer si Miguel Ángel Pérez cuenta con antecedentes penales por violencia sexual u otro delito, pues le dijo a Itzel que había herido anteriormente a alguien y no era la primera vez que atacaba a una mujer
 
17/HZM/GG 

La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) informó que Itzel, de 15 años de edad, no será procesada por la muerte de Miguel Ángel Pérez Alvarado, quien la violó e intento asesinar el pasado 1 de junio.
 
Horas después de que familiares y el Grupo Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) pidieron en conferencia de prensa que la PGJDF cerrara la carpeta de investigación por homicidio doloso en contra de Itzel, la Procuraduría emitió un comunicado donde indica que tras la investigación, se determinó que “la víctima queda libre de toda responsabilidad, debido a que actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo”.
 
Por tanto, la PGJDF indicó que no ejercerá acción penal contra la menor de edad e insistió en que la institución brinda atención integral y multidisciplinaria a personas que sean víctimas de cualquier delito, por medio de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito: con trabajadoras sociales, apoyo jurídico y proceso psicoterapéutico.
 
La afirmación de la Procuraduría contrasta con lo denunciado por Itzel y su familia, quienes refieren malos tratos y negligencia en dicha instancia de procuración de justicia. 
 
El crimen contra la menor de edad ocurrió el 1 de junio en la colonia Atlántida, cerca del metro Tasqueña en la delegación Coyoacán, cuando Miguel Pérez la sometió con un cuchillo y la violó en la vía pública, sin que los peatones testigos de la agresión sexual contra Itzel le ayudaran.
 
En defensa propia, al forcejear, Itzel hirió a su agresor con el cuchillo que él intentaba enterrarle, lo que le causó la muerte, por lo que la PGJDF conformó un grupo especial para investigar el delito de homicidio doloso, según reportaron hoy los abogados e integrantes del Grupo Acción por los Derechos Humanos.
 
De acuerdo con la madre de la víctima, María de la Luz Hernández, en la Agencia Especializada de Delitos Sexuales, ubicada dentro de las instalaciones de la Procuraduría capitalina en la colonia Doctores, su hija no recibió anticonceptivos de emergencia ni contención emocional, como lo establece el protocolo de actuación para estos ministerios especializados. Ellos tuvieron que comprar los anticonceptivos.
 
Ayer, Itzel acudió al Centro de Terapia y Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) donde la psicóloga que la atendió le dijo, que “era mentira que su agresor estaba muerto” y la incitó a dejar “su flojera” y se pusiera a hacer “cosas”. Por lo cual, Itzel decidió en no acudir de nuevo a al CTA dependiente de la Procuraduría capitalina.
 
17/HZM/GG