violencia intrafamiliar

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México inició una investigación de oficio por las presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas por funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de la capital en contra de Vivian Carmina Huerta Álvarez y sus dos hijos menores de edad.
 
Desde hace cuatro años, en 2013, Vivian enfrenta amenazas e intimidaciones legales por una demanda de su ex pareja, Agustín Gonzáles Guerrero, quien al parecer ha usado sus influencias en el Tribunal y en la Policía Auxiliar de la capital para quedarse con la guarda y custodia de sus dos hijos, actualmente de nueve y seis años de edad.  
 
Después de que Vivian hiciera pública su denuncia y los actos del Juzgado 40 en materia familiar, a cargo de la jueza Alejandra Sánchez Cedillo, que presuntamente han favorecido a su ex pareja, el organismo defensor inició una investigación y hace un mes, el 27 de junio, la Comisión solicitó al Tribunal capitalino consultar el expediente del caso.  
 
Desde 2014 la mujer solicitó la intervención del organismo local y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ésta última la remitió con la Comisión local por tratarse de autoridades capitalinas. Además Vivian interpuso quejas ante las oficinas de Derechos Humanos del Tribunal Superior de Justicia y de la Procuraduría General de Justicia.
 
Si bien en 2014 personal del organismo capitalino la acompañó a las audiencias, lo que provocó que dejaran de intimidarla en el juzgado, el apoyo del organismo local cesó por lo que ahora volvió a reunirse con los defensores de los Derechos Humanos a fin de que reinicien la intervención en el caso.
 
Esta vez Vivian denunció a la Comisión que ha promovido cerca de 12 juicios de amparo contra diversos actos del Juzgado 40 familiar, quien en octubre de 2016, sin valorar las pruebas, decidió quitarle la custodia de sus hijos, ordenarle que otorgara una pensión a su ex pareja e incluso mandar catear su domicilio al incumplir el mandato judicial.
 
De acuerdo con el testimonio de la madre, la jueza Sánchez Cedillo no ha sido imparcial. Como ejemplo, dijo, en un primer momento la jueza ordenó al padre dar una pensión a sus hijos pero no especificó el monto ni la temporalidad; en cambio, cuando determinó que la pensión la debía entregar Vivian, pidió que cada mes se le descontara 40 por ciento de su sueldo.
 
Otro ejemplo del actuar de la jueza ocurrió luego de que en agosto de 2016 Agustín agredió a su hija en el Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Tribunal para obligarla a estar con él, aunque Vivian denunció el hecho y solicitó los videos del lugar para constatar el incidente, la petición fue negada por la funcionaria.  
 
A la fecha Vivian sigue peleando la custodia de sus hijos, quienes aún viven con ella; además parte de su salario sigue retenido por concepto de pensión alimenticia para sus hijos y su ex pareja. En tanto la Comisión de Derechos Humanos revisará el expediente judicial para analizar las presuntas omisiones e irregularidades.
 
17/RED

La casa de Vivian Carmina Huerta Álvarez quedó revuelta, la chapa rota, cada rincón esculcado. Ella no estaba, pero se enteró porque los vecinos le llamaron para informar lo que sucedió ese día, en enero de este año, cuando un grupo de policías en su domicilio, ubicado en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
 
El operativo en el departamento no se trató de la búsqueda de un delincuente sino de una actuación judicial como parte del juicio por la guarda y custodia de sus hijos, V de seis años de edad y A de nueve años de edad. Es una demanda que Vivian mantiene desde hace tres años con su ex pareja Agustín Gonzáles Guerrero, según narra en entrevista con Cimacnoticias.
 
Ese día, expone Vivian, un grupo de policías entró a su casa para buscar a los niños y entregarlos a su padre. Eso fue lo que le aseguró la autoridad, luego de que ella se negó a dejar a sus hijos en manos de una persona que, asegura, los maltrata como aquella vez que jaloneó a su hija para obligarla a ir con él a pesar de que ella no quería.
 
Como parte del litigio, que a decir de Vivian ha favorecido a su ex pareja, quien fue alto funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), la titular del Juzgado Cuadragésimo Familiar de la Ciudad de México, Alejandra Sánchez Zedillo, autorizó que se usara la fuerza pública para quitar los niños a Vivian y entregarlos a su padre.
 
De acuerdo con el expediente, la juez señaló que, en caso de ser necesario, se pediría la intervención del Grupo Especial de Reacción Inmediata (GERI), un grupo de élite de la Procuraduría General de Justicia de la capital, para lograr regresar a los niños con su padre y a la par emitió una alerta migratoria para los menores de edad no puedan salir del país.
 
USO DE LA FUERZA PÚBLICA
 
Vivian mantenía la custodia de los V y A pero Agustín uso su poder para aportar pruebas que lo favorecieran para tener a los niños con él, por ejemplo, entregó un dictamen psicológico donde se asegura que la madre es “bipolar” y dijo que un día lo golpeó en el estómago y que lo amenazó de muerte.  
 
El 24 de octubre de 2016, la titular del Juzgado 40 Familiar de la Ciudad de México, Alejandra Sánchez Zedillo, emitió una sentencia donde modificó la custodial temporal y pidió que los menores de edad fueran entrados a Agustín el 25 de noviembre de 2016.  En esa sentencia también ordenó a la madre dar el 40 por ciento de su sueldo como pensión alimentación.
 
Inconforme con la resolución, Vivian apeló porque no se tomó en cuenta la violencia del padre hacia los hijos y hacía ella. Así que llegó el 25 de noviembre y ella no entregó a los niños, por lo que el Juzgado ordenó que fueran entregados el 9 de diciembre pero tampoco los llevó. El Juzgado  fijó el 20 de enero de 2017 como nuevo plazo pero tampoco fueron entregados.
 
Los niños no fueron entregados a su padre porque estaban enfermos y porque la madre estaba esperando la respuesta a la apelación. Vivian aseguró que la sentencia no estaba firme, porque estaba siendo apelada pero aun así la jueza consideró que la mujer estaba en desacato y que le debían quitar a los niños a la fuerza.   
 
Finalmente aquel día de enero que entraron al departamento de la delegación Gustavo A. Madero no había nadie, por lo que los niños continúan en custodia de Vivian, pero Agustín acudió a la jueza para informar que si no estaban allí podrían estar en casa de los abuelos paternos en Atlixco, Puebla.
 
Con esta nueva información, se lee en el expediente, el padre pidió al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México exhortar a un juez de la entidad para que se entregue a los niños y que esto se hiciera, como lo dijo la juez Sánchez Cedillo, con la intervención de 10 policías de la Fiscalía General de Puebla, “fracturando” cerraduras y con el cateo del lugar.
 
La jueza expuso que los niños tenían que estar con su padre y, en caso de ser necesario, quien se negara a entregarlos debería ser presentado ante el Ministerio Público por delitos contra la administración de justicia.   
 
Aunque el litigio continúa, el 25 de abril Agustín buscó a Vivian en el lugar donde labora para intimidarla. Él, junto con otros sujetos, se presentó ante el edificio de la PGR en la delegación Cuauhtémoc, se identificaron con otros nombres y señalando que iban de parte de un Juzgado a notificar una demanda aunque en realidad estaban amenazando a Vivian.   
 
17/AGM/GG

El abrumador asesinato de la defensora de derechos humanos indígena Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 ha puesto el punto de mira sobre el agravamiento de la situación de Derechos Humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. Un país en el que ahora se discute un nuevo Código Penal.
 
La defensora de derechos humanos Regina Fonseca, de la Plataforma “Somos Muchas”, ha visitado recientemente Irlanda, Bruselas y el Estado español, acompañada por las organizaciones Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz-Estado Español, Calala Fondo de Mujeres, JASS–Asociadas por lo Justo, y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
 
Fonseca tenía el objetivo, entre otras cosas, de denunciar las violaciones a Derechos Humanos del proyecto de nuevo Código Penal. El proceso de elaboración de este Código, llevado a cabo en el seno de una comisión del Congreso Nacional de Honduras, ha contado con recursos y asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).
 
En declaraciones públicas emitidas el 3 de abril de 2017 el presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Alonso Pérez, afirmó que dicha Comisión había concluido que no modificaría el artículo del Código Penal que establece la penalización absoluta del aborto y expresó que para el Estado hondureño el aborto será considerado un “delito grave fuertemente penalizado”.
 
El 4 de abril, medios de comunicación local informaron que la policía había detenido a una mujer en Comayagua, zona central de Honduras, por haberse provocado un aborto. La foto de la mujer acusada por el “delito de aborto” fue exhibida en los medios de comunicación con las manos atadas y una policía a su lado.
 
El Congreso Nacional de Honduras aprueba de este modo mantener la penalización total del aborto en el nuevo Código Penal, con penas de 3 a 10 años de cárcel. Mientras, Regina y cientos de mujeres organizadas en las más de 23 asociaciones de la sociedad civil hondureña articuladas en la iniciativa “Somos Muchas” no cejan en el empeño de defender los derechos de las mujeres.
 
EL NUEVO CÓDIGO
 
Gloria López (GL): Estás involucrada, Regina Fonseca, en la respuesta de la sociedad civil frente a la reforma del Código Penal de Honduras. ¿Qué pretende esta reforma y en especial, qué consecuencias puede tener en la vida de las mujeres?
 
Regina Fonseca (RF): Bueno, no se trata de una reforma, sino de crear un nuevo Código Penal. El actual data de 1985. Lo que se ha vendido a la opinión pública es que este nuevo código es un instrumento moderno que nos va a dar más seguridad en el país. Las organizaciones feministas fueron las primeras que entramos en alerta cuando supimos que se estaba creando este código, queríamos conocer. Sobre todo porque cada cambio, cada avance en el reconocimiento de determinados derechos, ha venido dada por la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas hondureñas. Como ejemplos concretos está el reconocimiento de la violencia intrafamiliar, el que los delitos sexuales dejaran de ser considerados delitos contra el honor, sino delitos contra la integridad. Y que ambos fuesen considerados de persecución pública. Han sido luchas que hemos ido conquistando.
 
Nos costó mucho que nos abrieran espacio en la creación de este Código. Fue un proceso muy opaco. Hasta finales de 2016 no pudimos entrar y en ese sentido, fue muy importante la labor de la cooperación española, de los consultores que elaboraron el segundo borrador del Código Penal.
 
Participamos, había cosas que eran importantes defender. Es una oportunidad para que al menos en circunstancias excepcionales no se penalice a las mujeres y niñas que aborten: aquellas que sufren violencia sexual o incesto, o las que ponen en riesgo su salud e incluso su vida, o cuando existen malformaciones graves en el feto incompatibles con la vida.
 
Estamos pidiendo unos mínimos, que además están reconocidos en los estándares internacionales de Derechos Humanos. Nos hemos organizado para demandar que el tipo penal de Feminicidio permanezca incluido y mejore, para que los delitos sexuales tengan los suficientes candados que eviten la impunidad y garanticen la protección de las mujeres, para no perder lo ganado en materia de discriminación, por ejemplo, con la comunidad LGTBI. Y por supuesto, para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos.
 
ABORTO CON PASTILLAS PARA CURAR FRIJOLES  
 
GL: ¿El aborto está absolutamente penalizado en Honduras?
 
RF: Absolutamente. Honduras es uno de los 9 países en el mundo que lo tienen penalizado, 7 de ellos están en América Latina.
 
GL: ¿A qué se enfrenta una mujer que quiere abortar en Honduras?
 
RF: La única manera de abortar es de manera clandestina. Si tienes dinero, puedes recurrir a un aborto seguro. Pero la mayoría de la población no tiene ese privilegio, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, o las campesinas. Y hay mujeres en la cárcel por abortar. La pena varía, de 3 a 6 años y para quien lo realiza, de 6 a 8 años.
La mayoría de los abortos son inseguros, las mujeres ponen en riesgo su vida. Hay suicidios de niñas, sobrevivientes de violencia sexual que quedaron embarazadas. No sé si han oído hablar de pastillas para curar frijoles, que es un veneno que se utiliza para quitar los bichos a los granos básicos y que se venden en los comercios de productos agrícolas; hay quienes se han introducido esas pastillas en la vagina.
 
GL: ¿Tampoco tienen derecho a los anticonceptivos?
 
RF: La concepción moderna existe, excepto la de emergencia, que fue prohibida tras el golpe de Estado.
 
GL: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta represión?
 
RF: Las cúpulas de la Iglesia católica evangélica han conducido todos los procesos de criminalización de todas aquellas mujeres y hombres que quieren defender sus derechos de salud reproductiva. Han detenido procesos de educación sexual, han obstaculizado la anticoncepción de emergencia. Los ataques que recibimos las defensoras de los derechos humanos vienen de esa jerarquía. Están demasiado cerca de los poderes políticos y jurídicos en nuestro país.
 
IMPUNIDAD
 
GL: Entre las razones de la violencia estructural que sufren las mujeres en Honduras, figura la impunidad. Tú has realizado varios estudios. ¿Las mujeres denuncian? ¿Qué pasa cuando denuncian? ¿Qué estamentos son cómplices para que exista esta impunidad?
 
RF: Hay problemas estructurales que se agudizan con los problemas de criminalización social y la militarización que se da posterior al golpe. También la zona sociopolítica donde estamos es importante: Honduras ha sido históricamente el patio trasero de Estados Unidos. La militarización se ha naturalizado. Las bandas criminales que se han organizado por esa región requieren de todo el engranaje institucional del Estado para que funcione y de eso hay evidencias.
 
Los niveles de violencia letal convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo hace dos años. La tasa anual de asesinatos de mujeres es de 12 por 100 mil, más alta que la media. En un contexto en el que los órganos del Estado están al servicio, no de la gente, sino de las grandes empresas transnacionales, tiene sentido la impunidad. Y la violencia es ejemplarizante. En el caso de los feminicidios es del 90 por ciento, en el caso de los delitos sexuales es del 94 por ciento. Esto no incentiva la denuncia. Puedes encontrarte que la persona que te agredió está detrás del escritorio de la policía. ¿A dónde vas a denunciar?
 
GL: ¿Qué tipo de agresiones, presiones, violencia, sufren las defensoras de los derechos humanos en Honduras?
 
RF: Tiene que ver con el ámbito de la defensa de los derechos. Las defensoras de la tierra se enfrentan a la muerte y a la violencia sexual. Hay poblaciones que sufren más estas formas de violencia. Berta Cáceres fue asesinada incluso con medidas cautelares. Nos enfrentamos al poder establecido, es el Gobierno quien concede los contratos y proyectos de explotación.
 
GL: Háblanos de tu labor como responsable del Programa de Incidencia Política Internacional de la organización Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
 
RF: La lucha contra la violencia de género es políticamente correcta. La lucha contra la expropiación de nuestros cuerpos no lo es. Somos “maleducadas” cuando hacemos exigencias sobre el uso de nuestros cuerpos y nuestra libertad. Y en eso se acompañan las instituciones Estado-Iglesia, especialmente el Opus Dei, que tiene mucha influencia política y económica. Ellos nos difaman y tienen la cobertura de los grandes medios para hacerlo.
 
Nuestra lucha es a contracorriente y sufrimos criminalización, ataques, difamación. Ha sido una estrategia pensada y ejecutada. A esto hay que sumar que una forma para callarnos tiene que ver con llevar nuestros casos a instancias penales y civiles; si te ponen multas de 50 mil dólares y a pedir perdón público por algo que hemos expresado, es una forma de ahogar la protesta y matar a las organizaciones. Y con la excusa del delito de hacer apología de terrorismo, la cosa se complica.
 
Hay que decir que los consultores españoles, al menos públicamente allá, con la discusión del nuevo Código Penal, no han dicho nada alrededor de estos retrocesos. Han guardado un silencio que para nosotras es cómplice. No es fácil hacer incidencia política.
 
FORMAS PERVERSAS DE CASTIGAR LA DISIDENCIA
 
GL: Es cierto que a partir del golpe de Estado de 2009, hay un aumento de la violencia, del uso de la fuerza como estrategia patriarcal. Pero las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mucho más. Las mujeres indígenas, pobladoras y campesinas que luchan por la defensa de sus territorios, su cultura y sus bienes comunes y que se oponen a los megaproyectos extractivos fomentados por los gobiernos corporativos amparados en tratados voraces internacionales y en leyes serviles que atentan contra la soberanía de los pueblos es un aspecto fundamental en Honduras. Estamos hablando de capitales internacionales, muy poderosos. ¿Cómo superar las resistencias en países europeos, cuando esos capitales son dueños de los medios de comunicación, por ejemplo?
 
RF: Es muy difícil. Son los mismos, dueños de bancos, de los medios de comunicación, los que administran las hidroeléctricas. Son intereses de corporaciones internacionales, el capital, un sistema que juega en contra de las personas.
 
GL: La sensación aquí es que hay un antes y un después tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo 2016. ¿Hay un cambio en cuanto al conocimiento de la situación más allá de las fronteras nacionales? ¿Se sienten más respaldadas internacionalmente? ¿Se traduce en cambios y mejoras en el terreno?
 
RF: Nadie de las estructuras del poder político y económico se imaginaba la reacción. Esa respuesta internacional ha hecho que ellos se vean obligados a hacer algunas cosas. Cosas que implican riesgos y trampas. Se hacen determinadas consultas pero con una participación viciada. El gobierno promueve un asistencialismo que compra conciencias se algunos sectores en estas comunidades y, cuando no se compran, estos grupos reciben otras formas de sanción. Por ejemplo, tras el asesinato de Berta se hizo un informe acerca de los hilos que unen el poder político y económico en la región. Y supimos que algunas personas que habían colaborado, fueron sancionados, impidiendo por ejemplo, a una padre que sus hijos fueran matriculados en la escuela pública. Se les castiga de esa manera tan perversa.
 
GL: ¿El machismo está presente también en los movimientos “progresistas”, entre los compañeros con los que defiendes los derechos humanos?
 
RF: Sí, claro que tenemos que bregar con el machismo. Es muy importante producir un acercamiento entre organizaciones tradicionales de derechos humanos y las organizaciones feministas. De hecho se va produciendo. Es importante comprender que tu lucha es mi lucha y a la inversa.
 
17/GR/GG