PGJDF

De acuerdo con una solicitud de información hecha por esta agencia a la Secretaría de Salud y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para conocer cuántas mujeres fueron atendidas en la Clínica Especializada Condesa (CEC) y en la Procuraduría por este delito en ese periodo, se informó que mientras a la Clínica Condesa, donde se encuentra actualmente el Programa de Atención a Violencia Sexual, llegaron 5 mil 243 víctimas de violación, a la Procuraduría llegaron únicamente 2 mil 974 mujeres.

La revictimización, la falta de personal, los malos tratos y las pésimas condiciones en las que se encuentran los inmuebles de las seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la PGJDF, orilla a las víctimas de violación a desistir de emprender un proceso legal y con ello a acceder a la justicia.

La información proporcionada por la CEC señala que 58 capitalinas presentaron un embarazo producto de una violación en el periodo referido y fueron canalizadas a los servicios de interrupción legal (ILE), un derecho garantizado en la Norma Oficial Mexicana 046 “Violencia familiar, sexual y contra las mujeres” (NOM 046).

De estas víctimas que ejercieron su derecho a una ILE por violación, 43 por ciento fueron adolescentes y niñas cuyas edades oscilan entre los 8 y 18 años de edad (25 casos).

Las que recibieron Anticoncepción de Emergencia (AE) fueron 2 mil 58, mientras que el resto que no accedió a ninguno de los dos servicios (anticoncepción o ILE) se desconoce si fueron forzadas a continuar un embarazo.

Además del embarazo, las víctimas quedan expuestas a contraer infecciones de transmisión sexual como el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), Sida, sífilis, entre otras.

De las 5 mil 243 mujeres atendidas en la Clínica, sólo 33 por ciento (mil 746) accedió al tratamiento de profilaxis, lo que no garantiza que no queden expuestas a riesgos en su salud pues 60 por ciento desiste a acudir a su segunda cita para continuar con el tratamiento que dura nueves meses, informó la Clínica.

SERVICIOS REBASADOS

Los tres servicios (justicia-médico-psicológico) están rebasados ante las violaciones sexuales contra mujeres. De acuerdo con la información que entregó la PGJ, las seis agencias sólo cuentan con 12 oficiales secretarios, seis policías de investigación, seis peritos en materia de psicología y tres peritos en medicina, responsables de atender anualmente a las 700 víctimas de violación que denuncian en la urbe.

La falta de peritas en medicina especializadas en violencia sexual en las 6 agencias resulta preocupante, únicamente se encuentran en las delegaciones Cuauhtémoc, Iztapalapa y Doctores. Ellas son las encargadas de recabar las pruebas para acreditar la violación. Si las víctimas no acuden con ellas, se pierde la evidencia física que compruebe la agresión.

En las agencias cada perita atiende anualmente en promedio a más de 230 víctimas de violación, principalmente a jóvenes y niñas, ya que los registros de la Procuraduría refieren que en estos seis años un 39 por ciento de las violaciones fueron cometidas contra menores de 18 años de edad, un total de mil 152 casos.

Lo mismo sucede con la atención psicológica que brinda el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales (CTA), por ejemplo, el último informe de labores de la PGJDF señala que de 2015 a 2016, impartió solamente 28 sesiones de terapia individuales y 885 grupales, impartidas por 12 psicólogas, detalló.

Obtener una cita en el CTA toma un mes y recibir un tratamiento psicológico certero tres meses, pues las primeras tres consultas son únicamente de evaluación.

LAS VIOLACIONES EN LA URBE

Actualmente las seis agencias se ubican en las delegaciones Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y dos en Cuauhtémoc, ya que en estas zonas se comete el mayor número de delitos sexuales.

En Iztapalapa, en el mismo lapso, ocurrieron 20 de cada 100 violaciones (596 casos), sin embargo, la sede del CEC ubicada en esa delegación solo opera con un médico.

El contexto violento no es menor en otros sectores, a esta delegación le siguen Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, ambas reportaron un total de 727 violaciones (381 y 346 casos respectivamente).

Mientras que en Tlalpan se suscitaron 211 violaciones, en Coyoacán 202 -sin existir agencia cercana- y en Álvaro Obregón 200. En 52 casos la PGJDF dijo desconocer dónde se cometió el delito y señaló que no tiene datos desagregados por edad lo que impide dimensionar las violaciones perpetradas en niñas y adultas.

Respecto a los recursos destinados para la atención de esta violencia,  la PGJDF informó a través de su Dirección General de Programas, Organización y Presupuesto, que no cuenta con información desagregada sobre el presupuesto que se otorga a cada fiscalía, por lo que no transparentó la cantidad de fondos con los que opera desde 2012 la Fiscalía de Delitos Sexuales, liderada por Alicia Rosas Rubí y de la que dependen las seis agencias especializadas.

Poco queda del proyecto integral de atención a las mujeres víctimas de violación que idealizó el movimiento feminista en los años 90; las mujeres no confían en el sistema de justicia, la instancia encargada de brindarles atención psicológica no cumple con sus fines, situación que mantiene a los servicios médicos saturados.

17/HZM/MMAE

La familia de Lesvy está en espera de que el Tribunal Superior de Justicia capitalino responda el recurso de apelación que interpusieron la semana pasada para reclasificar como feminicidio el delito por el que se acusa a la expareja de Lesvy y fije una fecha para la audiencia.
 
Esto aseguró en entrevista el abogado del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que trabaja en el caso junto con la defensa legal de la familia de Lesvy, Rodolfo Domínguez Márquez. Y explicó que está en el proceso de “investigación formalizada”, en la cual ambas partes pueden presentar datos de prueba.

A raíz del recurso de apelación tendrán una audiencia la próxima semana en la que tres magistrados “resolverán en colegiado” el fallo del juez Cristian Franco Reyes, quien acusó el pasado 10 de junio a Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por homicidio doloso por omisión, al no impedir el “supuesto suicidio” de la joven hallada asesinada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo.
 
“En la audiencia se mostrarán los datos de prueba donde los magistrados determinarán cuales serán admitidas durante la etapa oral, esta última es la parte que sigue”, explicó Rodolfo Domínguez.
 
El abogado aseguró que los diferentes peritajes realizados por la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF), como la necropsia, evidenciaron “muchas lesiones que no son compatibles con una mecánica de suicidio, al contrario, nos hablan de que hubo lucha y forcejeo, defensa y que la causa de muerte fue más bien un estrangulamiento”.
 
Además, dijo, en las uñas de Lesvy se encontró piel de Jorge y eso, sumado a las agresiones previas del trabajador de la UNAM hacia Lesvy que se observan en los videos del día del suceso,  “abonan  a la hipótesis de feminicidio”. Aun cuando el juez vio esas pruebas en la audiencia pasada “no quiso hacer la reclasificación a feminicidio, no quiso mirar los datos de prueba que hay con esa perspectiva de género, esto en un problema crónico dentro del poder judicial de la Ciudad de México”, mencionó el abogado.
 
RESPUESTA DE LA CDHDF
 
Actualmente la Comisión de los Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) revisa la carpeta de investigación para identificar “qué elementos se cualifican como alguna probable violación a los Derechos Humanos” y así poder dar a conocer su opinión, esto informó ayer la presidenta de la CDHDF, Perla Gómez Gallardo a medios de comunicación al término de una conferencia.
 
Gómez Gallardo también recordó que desde finales de mayo hizo pública su preocupación por la tardanza de la PGJDF para entregar a la familia de Lesvy la carpeta de investigación completa.
 
La CDHDF, dijo Perla Gómez, envío a la instancia de justicia tres recordatorios para que les entregaran a ellos y a la familia de Lesvy la primera parte de la carpeta de investigación que contiene los primeros peritajes realizados, pero el organismo de Derechos Humanos obtuvo la misma respuesta que la PGJDF dio a la familia por más de dos meses: “nos informaron que (la primera parte de la carpeta de investigación) la tenía la Procuraduría General  de la República para efectos de uno de los dictámenes”, mencionó.
 
Los recordatorios corresponden a la queja de oficio que la CDHDF interpuso a la PGJDF en la Cuarta Visitaduría donde solicitó que la instancia de justicia informara qué tipo de peritajes realizaron y que corroborara si se estaba aplicando o no el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el Delito de Feminicidio en la investigación.
 
Además de la queja ante la Cuarta Visitaduría, la CDHDF inició otra de oficio en la Primera Visitaduría por la filtración de información que la PGJDF hizo en su cuenta de Twitter, con la que, dijo, estigmatizó a la víctima, se violó la presunción de inocencia y la confidencialidad de la investigación.
 
Por dicha filtración en días pasados la familia de Lesvy y su defensa legal, encabezada por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, exigieron la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, porque ahí comenzó la investigación.  También demandaron la renuncia del fiscal de Homicidios, Enrique Reyes Peña, por no investigar el asesinato de Lesvy como feminicidio y por negarles el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
DEFICIENTES INVESTIGACIONES Y JUZGADORES
 
Rodolfo Domínguez expuso que si bien el OCNF no ha acompañado otros casos juzgados por Franco Reyes sí conocen varios en los que la Fiscalía de Homicidios, que coordina la unidad de feminicidio, reclasifica como homicidios delitos que en un  principio se investigaron como feminicidio. Con esto, aseguró, “siguen invisibilizando la violencia de género, la violencia feminicida”.
 
El abogado mencionó que el problema “está en la procuración de justicia, es decir, como la PGJDF investiga la muerte violenta de las mujeres y en cómo están resolviendo los jueces”.
 
Dijo que la PGJDF no investiga con perspectiva de género, no resguardan correctamente las pruebas ni el lugar de los hechos “todas esas acciones y omisiones tienen un impacto negativo porque impide el acceso a la justicia”. Y concluyó: “una mala investigación con un mal juzgador nos lleva a la impunidad”.
 
17/MMAE
 

La defensa legal de Lesvy, la estudiante de la UNAM hallada asesinada en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, presentará mañana un recurso de apelación para que se reclasifique como feminicidio el delito de homicidio simple culposo por el que se investiga a Jorge Luis González Hernández, pareja de la estudiante.
 
Luego de que el pasado 10 de julio el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la capital, Cristian Ricardo Franco Reyes, determinó en una primera audiencia que Jorge Luis González Hernández será juzgado por el delito de homicidio simple culposo y no por feminicidio, la representación legal de la familia de Lesvy dijo que presentarán este recurso pues insistió, existen todos los elementos para que sea por feminicidio.
 
El también abogado del caso e integrante del Centro Fray Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, explicó en entrevista con Cimacnoticias que en la apelación argumentarán que en la audiencia del 10 de julio el juez, que la necropsia y los peritajes están mal hechos porque no tienen perspectiva de género, y no siguieron el Protocolo de Investigación de Feminicidio.
 
“Si el mismo juez aceptó que esa necropsia está mal hecha es porque la mayoría de los peritajes también lo están”, insistió el abogado.
 
La familia de Lesvy también está en espera de que el TSJDF les informe en dónde continuará el proceso legal, ya que actualmente el inculpado cumple prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.
 
CONTINÚA INVESTIGACIÓN
 
El juez Franco Reyes determinó que el plazo de la investigación se ampliaría hasta noviembre, por  lo que en este tiempo, explicó el abogado Martínez, presentarán elementos para comprobar “que Jorge fue el feminicida. “Para ello solicitaremos que expertos independientes de la PGJDF realicen otros peritajes y vamos a presionar para que corrija algunos de los dictámenes o haga algunos que no se han hecho y a partir de ello aportar otras pruebas, como testimoniales”.
 
El abogado recordó que en los videos entregados por la PGJDF sobre el día del crimen no se observa que Lesvy se quitó la vida, lo que sí se aprecia es a Jorge agrediéndola previo al suceso.
 
“Nosotros presumimos que los videos están editados porque en la hora que corresponde con la muerte de Lesvy la imagen está pasmada, por eso pediremos ayuda a algún experto que analice los videos”, dijo.
 
Y recalcó que las lesiones que presentaba el cuerpo de Lesvy no corresponden a las de un suicidio y que la carpeta de investigación incluye el testimonial de Carlos, un amigo en común de Jorge y Lesvy, quien afirma que días previos al suceso Jorge le dio tres cabezazos a Lesvy.
 
A Jorge se le asignó un abogado de oficio, y no hay otro detenido o imputado por el hecho, solo se sabe de dos amigos en común de Lesvy y Jorge que están en calidad de testigos, informó el abogado Martínez Martínez.
 
Hasta el momento la PGJDF no ha hablado con la familia de Lesvy, esto pese a que, de acuerdo al abogado, la instancia de justicia tiene la capacidad de cambiar su fallo y determinar que el delito debe investigarse como feminicidio.
 
En días pasados el Centro Fray Vitoria exigió a través de un comunicado la renuncia del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña por "las violaciones a Derechos Humanos de las víctimas cometidas desde el inicio de las investigaciones, y hasta ahora en la imputación de la hipótesis de suicidio".
 
También pidió la destitución de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, por la filtración de información de Lesvy que la instancia realizó durante el día del hallazgo del cuerpo.
 
17/MMAE

La colonia San Miguel Teotongo, de la delegación Iztapalapa, lugar en donde vecinas han denunciado frecuentes desapariciones de mujeres y niñas, está identificada desde 2012 como un “foco rojo” de origen, tránsito y destino para la trata de personas.
 
Esto afirmó en entrevista con Cimacnoticias la directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa Ziáurriz.
 
De acuerdo a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas comete el delito quien realice acciones u omisiones dolosas para captar, enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, recibir o alojar a una persona con fines de explotación.
 
Ulloa Ziáurriz explicó que particularmente la colonia San Miguel Teotongo de Iztapalapa se ubica como un “punto rojo” por la incidencia de delitos como la trata de personas  y los relacionados con las formas contemporáneas de esclavitud tales como el trabajo forzado y la explotación sexual comercial, así como otros de alto impacto (homicidios y violaciones sexuales).
 
También mencionó que, de acuerdo a las investigaciones de CATWLAC se sabe de la existencia de casas de seguridad en esa zona a las que se lleva a mujeres secuestradas.
 
Además, dijo, “la colonia se ubica en una zona peligrosa por su cercanía con el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, identificado por el alto índice de violencia hacia las mujeres, y la autopista hacia Puebla, caracterizada por ser una de las principales zonas de destino, origen y tránsito de las víctimas de trata con fines de explotación sexual”.
 
De acuerdo a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) en 2015 San Miguel Teotongo fue una de las 13 colonias donde se registraron más violaciones sexuales, además de ella en Iztapalapa se identificaron otras cuatro con alto índice de este delito: Lomas Estrella, Jacarandas, Santa Martha Acatitla y Santa Cruz Meyehualco.
 
Teresa Ulloa  explicó que hay una relación marcada entre la desaparición de mujeres y niñas con los delitos de trata de personas y de explotación laboral y la de tipo sexual comercial.
 
Por ello, denunció la nula actuación de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) en revisar las zonas identificadas como peligrosas para las mujeres.
 
Tan solo de 2009 a 2015, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, en Iztapalapa se registraron 33 por ciento de los casos de mujeres y niñas de 12 a 25 años de edad desaparecidas y que continúan sin ser localizadas de la Ciudad de México.
 
La directora regional recordó que el principal rango de edad de las  víctimas de trata y explotación laboral y sexual va de los 12 a los 18 años de edad, le sigue el rango de 18 a 25 años.
 
De las 151 desapariciones de niñas de 12 a 18 años en la Ciudad de México, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, 27 de ellas ocurrieron en Iztapalapa, es decir,  representan 18 por ciento de los casos.
 
Mientras que de las 34 desapariciones registradas de entre el rango de 19 a 25 años de edad, cinco ocurrieron en Iztapalapa, 15 por ciento del total.
 
IZTAPALAPA Y LA CDMX: FOCO ROJO DE TRATA
 
Desde 2012 CATWLAC ha señalado a la Ciudad de México como una de las primeras 10 entidades de origen, tránsito y destino de mujeres víctimas de trata. En este contexto la delegación Iztapalapa ocupa, desde entonces, los primeros lugares.
 
De acuerdo a los informes anuales de datos estadísticos y georreferenciados de casos del Sistema Alerta Roja (SAR), realizados con base en los casos atendidos y trabajados por CATWLAC, de  2012 a 2015 Iztapalapa se ubica dentro de las primeras cuatro delegaciones de origen, tránsito y destino de mujeres víctimas de trata.
 
En 2012 la organización identificó a la Ciudad de México como el  principal lugar de origen de las víctimas de este delito en el país, ese año Iztapalapa fue, con cuatro casos registrados, la delegación con más delitos de trata, el trabajo forzado y la explotación sexual comercial. Con tres casos también se ubicó como la principal delegación de destino, es decir, a donde fueron llevadas más víctimas.
 
Para 2013 CATWLAC ubicó a la Ciudad de México como el principal lugar de destino de mujeres para la trata interna con 37 registros. Ese año Iztapalapa ocupó, junto con las delegaciones Álvaro Obregón y Gustavo A. Madero, el tercer lugar con dos casos registrados en cada una.
 
En 2014 la Ciudad de México se mantuvo como el primer lugar de destino para trata interna -27 casos- e Iztapalapa y Gustavo A. Madero fueron el cuarto lugar de destino de las víctimas con dos casos registrados en cada delegación.
 
La capital del país destacó, en 2015, como el primer lugar de destino -18 casos- y origen -34 casos- de mujeres y niñas víctimas de trata interna. En este contexto Iztapalapa fue, junto con Azcapotzalco, la segunda delegación con más casos de víctimas originarias de ahí, con dos casos cada una.
 
Cabe destacar que luego de las brigadas de búsqueda realizadas en San Miguel Teotongo por la comunidad de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) para localizar a Belén Cortés Santiago, la estudiante de 19 años desaparecida el 29 de abril y cuya familia sigue sin tener contacto con ella aun cuando la PGJDF confirmó su localización, la comunidad universitaria expuso que habitantes de la zona denunciaron conocer diversos casos de mujeres y niñas desaparecidas en la zona.
 
17/MMAE

La zona oriente de la Ciudad de México es el sector con el mayor número de violaciones sexuales, de 2014 a septiembre de 2016 esta zona concentró 533 casos, sin embargo, este territorio sólo alberga una agencia ministerial especializada para atender a las mujeres que busquen denunciar este delito.
 
Lo anterior, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Información e Inteligencia Policial (SSPDF), las delegaciones que se ubican como puntos rojos de este delito son Iztapalapa, Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta; de las mil 524 violaciones que fueron registradas en ese periodo, 35 por ciento ocurrieron en esta zona.
 
Las cifras de la SSPDF también revelan que la violación sexual en la región oriente de la capital va en aumento: en 2014 se registraron 163 violaciones, la cifra incrementó un 35 por ciento al año siguiente con 220, y hasta septiembre de 2016 sumaron 148 violaciones.
 
A pesar de ser ubicada por las autoridades como un territorio de alta incidencia, la única Agencia Especializada en Delitos Sexuales cercana para que las víctimas de violación acudan a denunciar, se ubica en la delegación Iztapalapa, a orillas del Estado de México, alejada de las zonas de la periferia como Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, donde ocurren los hechos.
 
Además, la travesía no terminaría ahí, pues en caso de que las víctimas decidan continuar con un servicio de atención integral (médico y psicológico) tendrán que trasladarse al sur de la ciudad donde están concentrados los servicios: la Clínica Especializada en la colonia Condesa, y el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexual, ubicado en la colonia Del Valle.
 
UNA SOLA AGENCIA PARA DOS SECTORES
 
En 1989 cuando se estableció la primera agencia de delitos sexuales de la capital (en Miguel Hidalgo-Cuajimalpa que actualmente ya no existe) se dijo que la ubicación de estas unidades fue estratégica para “permitir atender con oportunidad a todas las víctimas de violación u otros delitos sexuales”.
 
Sin embargo, de las seis agencias en delitos sexuales que hay hasta ahora, para las personas que busquen  denunciar una violación en la zona sur y poniente del país, el único Ministerio Público especializado cercano, es el que se ubica en la delegación Álvaro Obregón, pues dentro de estos sectores no hay otra unidad a la que puedan atender.
 
Por lo que en teoría, esta agencia tendría que atender a las 527 víctimas de violación que se registraron en la región poniente (que abarca las delegaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Miguel Hidalgo y Azcapotzalco) y la sur (que incluye Tlalpan, Magdalena Contreras, Coyoacán y Benito Juárez) que se registraron de 2014 a septiembre de 2016.
 
AGENCIAS SE CONCENTRAN EN EL CENTRO
 
Así, la mayoría de las agencias se encuentra cercanas a la zona centro del capital del país. Tanto la zona centro como la norte cuentan con dos agencias especializadas en delitos sexuales.
 
La región norte (conformada por las delegaciones Iztacalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza) es la segunda con el mayor registro de violaciones, sumó 302 casos durante 2014 a septiembre de 2016 (20 por ciento del total de los mil 524 casos), según datos de la Subsecretaría Policial.
 
De estos casos, 56 ocurrieron en el último año, 119 en 2015 y 127 en el año 2014. Dos de sus tres delegaciones de la región norte cuentan con una agencia especializada (excepto Iztacalco), sin embargo, como sucede en el oriente, están alejadas de las periferias donde se registra este delito.
 
En la zona centro, también se ubican dos agencias para atender únicamente la delegación Cuauhtémoc, ya que de 2014 a 2016 tuvo 158 casos de violación, una cantidad alta considerando que es una sola delegación.
 
Este contexto coloca la Ciudad de México con una tasa del delito de violación de 6.3 por cada 100 mil habitantes, es decir, se cometen dos violaciones cada día, indica la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF, 2016).
 
VIOLACIÓN EN AUMENTO
 
Mientras este delito ocurre en toda la Ciudad de México, poco se sabe cuál es la cantidad de víctimas que atiende cada agencia y el protocolo que sigue su personal para dar una atención especializada.
 
Por ello, en junio la diputada Ana Juana Ángeles Valencia presentó ante la Asamblea Legislativa (ALDF) un punto de acuerdo para exhortar a la Procuraduría a dar un informe sobre los lineamientos de capacitación de servidores públicos de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales, así como la operación de las seis agencias especializadas que dependen de la fiscalía.

17/HZM 

A tres meses del asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, que se cumplen hoy, las organizaciones feministas y colectivas que acompañan el caso se pronunciaron en contra del silencio que han mantenido las autoridades universitarias, y pidieron al Rector, Enrique Graue Wiechers, que exija a la Procuraduría de Justicia capitalina que el agresor de Lesvy sea juzgado por feminicidio.
 
En un mitin realizado afuera de la Rectoría, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para conmemorar los 3 meses del feminicidio de la estudiante universitaria, las activistas ahí reunidas exigieron a Graue Wiechers y al director del Instituto de Ingeniería, Luis Agustín Álvarez Icaza, que garanticen la seguridad, la vida y la libertad de las estudiantes, docentes y trabajadoras de esta casa de estudios y que coordinen un sistema de seguridad con perspectiva de género en el cual participen expertas en el tema.
 
El sistema, precisaron, implica analizar a profundidad las violencias que viven las mujeres en Ciudad Universitaria y qué factores las propician; requiere ser implementado con el apoyo de expertas en género, deben monitorearse contantemente los objetivos por alcanzar; así como integrar la perspectiva de género en todas las actividades y trabajar en coordinación con las organizaciones que se ocupan del tema.
 
Exigieron que el procurador capitalino Edmundo Porfirio Garrido Osorio ordene una investigación complementaria con perspectiva de género y formule la acusación como feminicidio contra Jorge Luis González Hernández, pareja de Lesvy, toda vez que señalaron, hay evidencias suficientes para que así sea.
 
A la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, le pidieron emitir una recomendación dirigida a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJCDMX) y a todas las autoridades responsables de haber cometido las violaciones a los Derechos Humanos de Lesvy.
 
Cabe recordar que la  CDHDF ya abrió dos quejas de oficio por el caso, una está en la Primera Visitaduría y la otra en la Cuarta.

La exigencia también incluyó al jefe de gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera, a quien le pidieron que reconozca el mal tratamiento del caso por parte de la instancia encargada de la procuración de justicia de la capital y por la inoperancia de las autoridades que han puesto en riesgo a la familia de Lesvy, en particular a su madre, Araceli Osorio Martínez.
 
Asimismo pidieron la destitución del juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la capital Cristian Ricardo Franco Reyes, quien juzgó el caso por homicidio culposo por omisión y quien carece de perspectiva de género para juzgar, por lo que revictimiza y pone en riesgo a las mujeres.
 
También exigieron las renuncias del titular de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, Marco Enrique Reyes Peña por las violaciones a Derechos Humanos de las víctimas cometidas desde el inicio de las investigaciones, y hasta ahora en la imputación de la hipótesis de suicidio; y la de la titular de la fiscalía desconcentrada COY-1, Claudia Elizabeth Cañizo Vera, por la filtración de información de Lesvy que la instancia realizó, mientras estaba a su resguardo el cuerpo el día del hallazgo.
 
Al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, le exigieron que entregue a la defensa de Lesvy las fotografías completas y los vídeos que se encuentran en el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) y a la Sala Penal que conocerá del recurso de apelación interpuesto por la defensa, para que corrija la deficiente intervención del juez de control Cristian Ricardo Franco Reyes y determinar la vinculación a proceso de Jorge Luis González Hernández por el delito de feminicidio agravado.
 
Lesvy tenía 22 años cuando fue hallada asesinada en Ciudad Universitaria el 3 de mayo, su cuerpo estaba colgado con el cable de una cadena telefónica y presentó lesiones en su cuerpo que acreditan un feminicidio, sin embargo, la Procuraduría capitalina determinó que ella se suicidó y acusa a su novio y ex trabajador de la UNAM, Jorge Luis González Hernández, por homicidio culposo por omisión al no impedir el “suicidio”, aun cuando hay evidencia de la violencia que él ejercía contra ella.
 
Entre las denunciantes está la organización que acompaña legalmente a la familia Rivera Osorio, el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, el Colectivo de Mujeres Fuerza Alternativa del Sindicato de Trabajadores de la universidad (STUNAM) y Comunicación e Información de la Mujer A.C (CIMAC).
 
Señalaron las irregularidades y falta de trasparencia que ha caracterizado la investigación y recordaron que no es el primer caso de violencia hacia las mujeres en el que la UNAM ha sido omisa. Como ejemplo mencionaron la desaparición de la estudiante de arquitectura Adriana Mortlett en septiembre de 2010, afuera de la Biblioteca Central, quien fue hallada asesinada un año después en Tlalpan, sin que a la fecha se conozca al asesino.
 
Pese a ello y aunque el feminicidio se tipificó en la Ciudad de México en 2011 “las autoridades se niegan a reconocer los casos”, expusieron.
 
De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) tan solo de 2012 a 2015 se registraron en la Ciudad 555 homicidios violentos de mujeres, de ellos la PGJDF estimó que solo 217 fueron casos de femincidio.
 
 
17/MMAE

Más de 80 organizaciones civiles en todo el país demandaron a la Procuraduría General de Justicia capitalina que permita a la familia de Lesvy, encontrada asesinada en mayo pasado en la UNAM, el acceso completo a la carpeta de investigación y a la Procuraduría General de la República (PGR) responder y justificar si cuenta con los originales de la primera parte de la carpeta.
 
Las organizaciones que conforman la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) suscribieron un comunicado donde solicitan a la PGR responder de “forma inmediata” si cuentan con los originales de la primera parte o con copias autenticadas de la investigación y, de ser así, que expliquen por qué las posee.
 
Además, exigieron a la PGR que responda si tiene evidencias resguardadas y en cadena de custodia y, si es el caso, que explique cuáles y qué trabajos realiza con ellas.
 
Esto porque a casi dos meses de que el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera Osorio fue hallado en Ciudad Universitaria, la PGJDF continúa negando a la familia y defensa legal las primeras hojas de la carpeta de investigación donde están las primeras diligencias realizadas, con el argumento de que la PGR no las ha devuelto a la instancia de justicia capitalina
 
Pese a que el feminicidio, línea de investigación que la familia y el Observatorio Ciudadano del Feminicidio (OCNF) han pedido que se siga, es un delito del fuero común, la PGR tiene competencia para colaborar con la PGJDF en materia pericial y técnica cuando esta última no cuenta con peritos o tecnología necesaria.
 
Las firmantes aseguraron que “la omisión constituye una violación directa al derecho de las víctimas de acceder a la justicia” y con ello se obstaculiza su derecho de acceso de las víctimas a la justicia y a la verdad.
 
El comunicado también está firmado por las organizaciones Católicas por el Derecho a Decidir,  Justicia, Derechos Humanos y Género A.C. y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, quienes representan legalmente a la familia de Lesvy.
 
El Centro Vitoria ha solicitado a la PGJDF las copias y acceso a la primera parte de la carpeta de investigación en 6 comparecencias, pero al no obtener respuestas solicitaron la “expedición inmediata de copias autenticadas” de la primera hasta la hoja 324 de la carpeta CI-FCY/COY-1/UI-1 C/D/01099/05-2017, que incluye también el acceso a los videos incluidos en un disco compacto (CD).
 
Las organizaciones recalcaron la falta de “transparencia” y “lealtad” en la actuación de la Procuraduría capitalina, y reiteraron la demanda de las víctimas para que el órgano de justicia acepte la coadyuvancia institucional del OCNF y así garantizar que el caso se investigue con perspectiva de género.
 
17/MMAE/GG
 

La Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) inició una investigación por homicidio en contra de Itzel, adolescente de 15 años de edad, quien al defenderse del agresor que la violó sexualmente lo hirió de muerte, según denunció el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC (Gadh) y los familiares de la víctima.
 
Las agresiones contra Itzel ocurrieron el pasado 1 de junio de 2017, en las inmediaciones del metro Tasqueña, en la delegación Coyoacán, cuando la adolescente salió de la escuela para encontrarse con su padre, para lo cual tenía que abordar el transporte público, como relata en un video que circula en redes sociales.
 
Rumbo al paradero, Miguel Pérez Alvarado la detuvo, amenazándola con un cuchillo y la llevó debajo de un puente, donde la privó de su libertad por más de dos horas, la violó e intentó asesinarla.  
 
En el video Itzel denuncia el desinterés de automovilistas y transeúntes, a pesar de que observaron cuando era amenazada y atacada sexualmente en la vía pública donde el criminal la expuso, sin que nadie interviniera. Cuando Miguel Pérez le dijo que la asesinaría “porque lo merecía”, comenzaron a forcejear con el cuchillo que él intentó enterrarle pero este salió herido en el pecho.
 
La menor de edad logró escapar y pidió ayuda. Al lugar llegó la policía de la Secretaría de Seguridad Pública y fue trasladada al Ministerio de Público (MP) en Coyoacán,  sitio en el que no había  una médica especializada para atender a víctimas de violencia sexual, por lo cual fue trasladada a otra unidad ministerial en la colonia Vallejo, al norte de la ciudad.
 
En Vallejo, las autoridades del MP le dijeron que no podían atenderla y la enviaron a la colonia San Jerónimo, donde nuevamente se negaron a darle el servicio. Hasta que fue trasladada y atendida en la Agencia Especializada en Delitos Sexuales ubicada dentro de las instalaciones de la PGJDF, en la delegación Cuauhtémoc. Para ese momento ya habían pasado más de 24 horas desde que Itzel fue víctima de violación.
 
PGJDF PERSIGUE A LA VÍCTIMA
 
Los familiares de Itzel y representantes legales del caso, los abogados Karla Micheel Salas y David Peña Rodríguez, señalaron en conferencia de prensa que el futuro de la joven de 15 años está por definirse, pues dos días después de la agresión le notificaron que el criminal había muerto, por lo que la PGJDF abrió una denuncia en contra de la niña.
 
[[nid:75405]]

Hasta esta mañana los  abogados dijeron no tener acceso a la carpeta de investigación por homicidio doloso (con número CI-FLI/COY-2/01/000968/06-2017). Sin embargo, horas después del pronunciamiento de la familia, la Procuraduría capitalina informó en un comunicado que derivado de la investigación determinó que la menor de edad “queda libre de toda responsabilidad“.
 
Previo al anuncio de la autoridad, la abogada especializada en perspectiva de género, Karla Micheel Salas, explicó que no hay posibilidades de castigo por el delito de violación sexual ante la muerte del agresor y además dijo que cuando se cerró esta investigación, que contiene los peritajes y la mecánica de lesiones, también se debió cerrar la indagatoria por el delito de homicidio doloso.
 
Sin embargo, la defensa legal de Itzel señaló su preocupación por que hasta esta mañana la PGJDF aún no cerraba la investigación donde se inculpa a la joven; por el contrario, este martes personal de la dependencia les informó que se conformó un grupo especializado para investigar el supuesto homicidio del criminal, por lo que la Procuraduría podría llevar a proceso a Itzel.
 
“El cierre de esta investigación tuvo que ser en menos de 48 horas”, denunció la abogada Micheel Salas, ya que insistió en que la autoridad contaba con todos los elementos de prueba y dictámenes para confirmar el ataque sexual del que fue víctima la menor de edad. En caso de que la investigación por homicidio continúe, dijo, será responsabilidad del Poder Judicial determinar si procede o no la denuncia.
 
UN AMPARO PARA CONOCER EXPEDIENTE
 
En la conferencia de prensa, el abogado David Peña dijo que esperaban que la PGJDF se pronunciara para informar el cierre de la investigación por homicidio, en tanto, la defensoría interpuso recurso de amparo en el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal para conocer el estatus de la carpeta de investigación por homicidio.
 
Además, los abogados del Gadh presentaron una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) por el caso, por la actuación de la Procuraduría local y la atención que da a las víctimas de delitos sexuales. “Lo que nos urge ante el contexto de hostigamiento de la Procuraduría, es resolver la situación jurídica de Itzel”, señaló David Peña.
 
Asimismo también se buscaría medidas de protección para Itzel y su familia, ya que han recibido amenazas por parte de amigos y familiares de Miguel Pérez Alvarado. Esto ha ocasionado que  la menor de edad deje de  asistir a la escuela y mantiene en “zozobra a la familia”, dijo la madre de Itzel, María de la Luz Hernández.
 
“Mi hija estaba defendiendo su derecho a la vida y ahora la Procuraduría está diciendo que es culpable”, señaló.  
 
PGJDF INCUMPLE CON PROTOCOLO DE ATENCIÓN
 
Luz Hernández también denunció los malos tratos a los que fue sometida su hija al presentar la denuncia. En la Agencia Especializada en Delitos Sexuales del llamado “bunker”, no le brindaron la atención médica y psicológica inmediata, que incluye la administración de anticonceptivos de emergencia y antirretrovirales, así como la contención emocional, tal como lo indica la normativa de actuación de la PGJDF (acuerdo A/002/2005).
 
[[nid:75404]]

Por el contrario, le dijeron que primero tenía que hacer la declaración, luego podrían proceder a la atención médica. Sin embargo, en esta unidad especializada no contaban con anticonceptivos de emergencia por lo que ellos fueron los encargados de comprarlos, denunció la familia.
 
“El área de atención a víctimas no está cumpliendo con los protocolos ni con la ley”, indicó Karla Micheel, “tenemos un marco jurídico que debe proteger a las víctimas de violencia sexual, donde indica en su protocolo que deben ser trasladada al médico y dar contención emocional”, nada de esto le fue brindado a Itzel.
 
Las negligencias continuaron en el Centro de Terapia y Apoyo para Víctimas de Delitos Sexuales (CTA) donde ayer se presentó Itzel. Ahí, la psicóloga que la atendió le dijo que era mentira que su agresor estaba muerto y que “se pusiera hacer algo, que no fuera floja”, relató la madre.
 
Estos malos tratos y la falta de personal capacitado para atender a víctimas de violación sexual en las instancias de la PGJDF, como las Agencias Especializadas en Delitos Sexuales y el Centro de Terapia (CTA) han sido constatados por Cimacnoticias a través de una investigación especial.  
 
VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN EN LA CDMX: CASO YAKIRI
 
Las acusaciones contra Itzel, pese a ser la víctima, presentan similitud con otro caso reciente dentro del sistema de justicia capitalino: el de Yakiri Rubí Rubio Aupart, una joven de 20 años de edad, quien se defendió para evitar ser asesinada después de ser víctima de violación en diciembre de 2013.
 
La PGJDF acusó a la joven  de “homicidio por exceso de legítima defensa”, por lo que fue recluida en el penal de Santa Martha Acatitla, y después en Tepepan, al sur de la Ciudad de México. Un año después, salió libre por las exigencias y la defensa jurídica de organizaciones civiles y su familia.
 
El padre de Yakiri, José Luis Rubio, quien a raíz de la vivencia con su hija ahora acompaña a víctimas de violencia sexual, ahora incluida Itzel, destacó en la conferencia de prensa sobre este último caso que lo sucedido con su hija tuvo que ser el paradigma para que la PGJDF no volviera a perseguir a víctimas de violación que actúan en defensa propia.
 
Esto, dijo, lo estableció el CDHDF, quien en escrito jurídico determinó que, en el caso de Yakiri, la Procuraduría ignoró tratados internacionales y violentado los Derechos Humanos (DH) al acusarla del homicidio de su agresor.
 
Cabe destacar que la Ciudad de México se inician, en promedio, al día dos carpetas de investigación por violación sexual. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación (Segob) tan sólo de 2014 a febrero de 2017, en la capital se abrieron mil 872 investigaciones por violación.
 
17/HZM/GG

El Grupo de académicas expertas en perspectiva de género propuesto por la UNAM para investigar el caso de Lesvy, encontrada asesinada en Ciudad Universitaria el pasado 3 de mayo, se pronunció por primera vez desde su conformación para exigir a la Procuraduría capitalina que investigue el hecho como feminicidio y que permita a la familia de la joven y a su representante legal el acceso completo a la carpeta de investigación.
 
A más de un mes y medio de creación, a través de un comunicado, las académicas expresaron su “indignación” por el trato que las autoridades de la Procuraduría local (PGJDF) ha tenido con la familia de Lesvy Berlín Rivera Osorio, “estudiante y parte de la comunidad universitaria”,  y su representación legal al proporcionarles “a cuentagotas” información sobre las primeras diligencias realizadas.
 
Esto, aseguraron, “obstaculiza que se realice de manera oportuna y eficaz su coadyuvancia en las investigaciones, derecho que como víctimas, por mandato de la Constitución, debe ser respetado y garantizado por parte del Ministerio Público”.
 
El Grupo interdisciplinario está integrado por la directora del Centro de Investigaciones en Estudios de Género (CIEG), Ana Buquet Corleto; la coordinadora de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la UNAM y reconocida por el Senado de la República con el premio “Elvia Carrillo Puerto 2017”, Gloria Ramírez Hernández; así como por la abogada penalista e investigadora del CIEG, Lucía Núñez Rebolledo.
 
También forman parte del Grupo la coordinadora de la investigación diagnóstica para la elaboración de un “modelo de UNAM segura”, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH), Martha Patricia Castañeda Salgado; la  investigadora del CIEG, Lourdes Enríquez Rosas; la integrante de la Federación Mexicana de Universitarias, Ydalia Pérez Fernández Ceja, y por la presidenta de la Comisión de Equidad de Género del Consejo Universitario y directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Leticia Cano Soriano.
 
El grupo interdisciplinario fue convocado por la Oficina de la Abogada General de la UNAM, Mónica González Contró, el pasado 11 de mayo para “brindar mayor transparencia y certidumbre a las averiguaciones de los hechos”. 
 
La integración del Grupo fue anunciada por la autoridad universitaria días después de que la joven fue encontrada asesinada en el campus, pero  sin tener certeza de cuáles serían específicamente sus funciones. Y  el contacto con la familia de Lesvy, señaló la madre de la joven, Araceli Osorio Martínez, y con su abogada, Sayuri Herrera Román, ocurrió apenas este mes.
 
La abogada señaló como esencial para favorecer un proceso justo y para el esclarecimiento del caso que el Grupo de expertas, a través de su palabra “colectiva y constante”, se vinculara inmediatamente con la familia de la joven, además de “reivindicar la memoria de Lesvy por medio actos dentro de la UNAM”.
 
CUATRO ACCIONES DEL GRUPO
 
El Grupo de expertas proponen cuatro acciones, con incidencia a mediano y largo plazo en el caso y para “enfrentar las problemáticas relacionadas con las violencias de género”, señala el comunicado.
 
En conjunto con las autoridades universitarias, darán seguimiento a las mesas de discusión del Protocolo para la Atención de casos de violencia de género en la UNAM para que se mejoren “los mecanismos ya establecidos para la prevención y sanción” de este tipo de violencia.
 
Buscarán también la elaboración de protocolos con perspectiva de género para el personal de seguridad universitario.
 
También promoverán que en la licenciatura en Ciencia Forense se imparta una materia de elaboración de periciales con perspectiva de género y se realicen foros para reflexionar sobre estos peritajes en casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Además, las académicas organizarán foros, seminarios, cursos y campañas de información para prevenir la violencia de género.
 
17/MMAE/GG

La familia de Lesvy y su defensa legal, solicitaron al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) del Tribunal Superior de Justicia capitalino (TSJDF) el acceso a todas las fotos y el video de la necropsia realizada a la joven encontrada asesinada en el área del Instituto de Ingeniería de la UNAM, para que peritos independientes analicen las heridas que presentaba cuando fue encontrada sin vida.
 
Esto informó en entrevista la abogada del caso Sayuri Herrera Román, quien explicó que hicieron la petición mediante escritos dirigidos al INCIFO. Con ello, dijo, buscan más elementos para acreditar que se trató de un feminicidio.
 
El 3 de mayo el cuerpo de Lesvy fue hallado colgado del cable de la caseta telefónica ubicada entre los edificios 2 y 4 del Instituto de Ingeniería en Ciudad Universitaria con signos de violencia característicos de un feminicidio, sin embargo la Procuraduría capitalina (PGJDF) argumentó  que la joven se “suicidó” y acusó a su pareja, Jorge Luis González Hernández, como culpable de homicidio culposo por omisión, por no impedir el “suicidio”.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la vigilante de la UNAM, Esperanza Sánchez Hernández, quien fue la primera en encontrar el cuerpo de Lesvy, narró lo sucedido la mañana del miércoles 3 de mayo.
 
Eran las 5:50 am y como cada mañana, ella se dirigía al Laboratorio de Vías Terrestres, pero al pasar frente a la caseta telefónica del Instituto de Ingeniería, de reojo vio algo que llamó su atención. El lugar, identificado desde 2014 por las estudiantes universitarias como una zona insegura, no estaba iluminado, fue hasta que alumbró con la linterna de su celular cuando encontró a Lesvy.
 
“Pensé que estaba desmayada, me impresionó mucho”, y recordó “el cable del teléfono estaba en su cuello como sobrepuesto”.
 
Asustada, buscó al vigilante del Instituto del turno nocturno, Andrés Sánchez Andrade; cuando ambos se dieron cuenta que la joven no respiraba, el trabajador llamó al área de Vigilancia Central de la UNAM.
 
Esperanza dijo a Cimacnoticias que ellos no tocaron el cuerpo porque como vigilantes han recibido capacitaciones por parte del personal del área de Asuntos Jurídicos, quienes les han explicado cómo actuar en caso de encontrar un cuerpo.
 
“En los cursos los de Asuntos Jurídicos nos dicen que en estos casos no podemos acercarnos ni tocar nada para no perder evidencia, debemos de avisar a los superiores, ellos deciden qué se hace”, expuso la trabajadora, quien a causa de la impresión desde entonces no ha podido nivelar sus niveles de azúcar.
 
Minutos antes de las 6:30 am, Esperanza dejó el lugar para checar su turno en el Laboratorio de Vías Terrestres. Después personal de Asuntos Jurídicos de la UNAM le pidió que regresara a la caseta telefónica para que diera su declaración. Cuando llegó, recuerda, ya había mucha gente alrededor del cuerpo de Lesvy.
 
Las actas de levantamiento del cuerpo y la cadena de custodia contenidas en la carpeta de investigación  COY-1/IU-1C/D/1099/05-2017 consultadas por esta agencia, señalan que el cuerpo de Lesvy fue llevado a la fiscalía desconcentrada COY-1 a las 8:15 am. Las fotografías tomadas por los peritos muestran que cuando llegaron al lugar de los hechos una lona cubría la caseta telefónica y el cuerpo de Lesvy; estaban amarrados con cinta amarilla de seguridad.
 
“Cubrir el cuerpo impidió fotografiarlo desde distintos ángulos y contribuyó a la pérdida de evidencia”, mencionó la abogada del  Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria, Sayuri Herrera Román.
 
Con ello también see violó el Protocolo de Investigación Ministerial, Policial y Pericial con Perspectiva de Género para el delito de Feminicidio, que obliga a las autoridades a “someter a una rigurosa cadena de custodia la recolección de todas las evidencias”.
 
A ello se suma que desde que la PGJDF inició la investigación no siguió el Protocolo. La instancia de justicia inició la carpeta de investigación por el delito de homicidio y no por feminicidio, aun cuando está obligada a investigar la muerte violenta de una mujer como feminicidio y las primeras entrevistas realizadas a personas cercanas de Jorge y Lesvy evidenciaron que había antecedentes de violencia del ex trabajador de la UNAM hacia la joven de 22 años.
 
PRUEBAS  DE VIOLENCIA
 
La necropsia y fotografías incluidas en la carpeta de investigación muestran que Lesvy tenía lesiones en los tobillos, restos de piel en sus uñas y rastros de violencia en la cara como golpes del lado izquierdo de su rostro y una cicatriz a la altura de su ceja. De acuerdo a la PGJDF las heridas se las provocó ella misma al dejarse caer para asfixiarse, acto que, apunta la instancia de justicia, Lesvy realizó ubicada de frente a la caseta.
 
El movimiento descrito por la PGJDF, con el que supuestamente Lesvy se quitó la vida al enredar el cable de teléfono en su cuello, corresponden al que realizaría una persona con la mano izquierda, ella era diestra y su cuerpo fue encontrado sosteniendo con la mano izquierda la cadena de su perro, enfatizó la abogada Herrera Román.
 
Entre las lesiones también se encontró una fractura en el cuello pero la marca que el cable telefónico dejó es más tenue del lado izquierdo porque ahí se observa que Lesvy tiene colocada la bocina del teléfono. La abogada refirió que la policía de investigación detectó ADN en la bocina, pero no pudo determinar a quién pertenecía toda vez que Jorge, pidió que no se le tomaran muestras.
 
VIDEOS  UNAM
 
La PGJDF dilató por más de dos meses la entrega completa de la carpeta de investigación a la familia Osorio Rivera, incluidos los videos de las cámaras de seguridad de la UNAM. Estos les fueron negados con el argumento de que la Procuraduría General de la República (PGR) los analizaba, sin embargo en la carpeta no hay un escrito que lo corrobore.
 
La secuencia de hechos realizada por la policía de investigación de la PGJDF con los videos de las cámaras de seguridad de la UNAM y a la que esta agencia tuvo acceso, dura alrededor de 20 minutos pero no incluye el momento de la muerte de Lesvy.
 
Los horarios no son lineales y no se aprecia la hora en que algunos fragmentos fueron tomados, sin embargo se tomó como evidencia por el juez de control Cristian Ricardo Franco Reyes para acreditar que Lesvy se suicidó.
 
En la secuencia se observa a Lesvy, a Jorge y al amigo de Jorge, auxiliar de intendencia en la Facultad de Química, Carlos Castro, caminando en Ciudad Universitaria la madrugada del 3 de mayo. Desde la 1:56 am se les ve acompañados de un hombre que más adelante ya no aparece y cuyo testimonio no fue recabado por el Ministerio Público.
 
La PGJDF entregó los videos a la familia de Lesvy y su defensa legal la noche del 5 de julio, menos de 24 horas antes de informar en un comunicado la conclusión del “suicidio”. Las autoridades habían argumentado que no podían entregarles los videos porque  no tenían un disco duro con la capacidad necesaria para almacenarlos.
 
Les dijeron, explicó Herrera Román, que necesitaban un disco duro de 2 terabytes (2 mil gigabytes), pero los videos se les entregaron en un disco de la mitad de capacidad de la que solo utilizaron una sexta parte (629 gigabytes).
 
ENTREGA DE VIDEOS
 
De acuerdo a la carpeta de investigación el 3 de mayo el agente del ministerio público Juan Manuel Uribe Ugalde solicitó mediante escrito al director general de Asuntos Jurídicos de la UNAM, Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, los videos de las cámaras 2 y 4 del IIUNAM y las cámaras aledañas. Un día después, el director de Asuntos Jurídicos, Gerardo Moisés Loyo Martínez, entregó dos discos que contenían los videos al Ministerio Público (MP).
 
Cimacnoticias cuestionó al director del IIUNAM, Luis Agustín Álvarez Icaza, si tuvo acceso a los videos y éste aseguró que “fueron entregados de inmediato al MP”.
 
El 4 de mayo, cuando Araceli Osorio Martínez trabajadora del Sindicato de Trabajadores de la UNAM (STUNAM) y  mamá de Lesvy, acudió la fiscalía de Coyoacán a donde había llegado el cuerpo de su hija, la abogada de la Unidad de Apoyo Jurídico de la UNAM, Teresa Hermenegildo Santos se presentó con ella y le dijo que iba en representación de la UNAM. Ese día, durante aproximadamente tres horas, Hermenegildo Santos vio los videos junto con la titular de la Fiscalía Claudia Elizabeth Cañizo Vera, pero Araceli no tuvo acceso a ellos.
 
Por su parte el líder del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, afirmó en entrevista con Cimacnoticias que el sindicato trabaja “de manera coordinada con las autoridades universitarias” y afirmó que de ser necesario y si la familia de Lesvy lo solicita, buscarán una reunión con el rector. Incluso fue más allá y acotó: “hablaremos con el Jefe de Gobierno, con el Procurador de justicia, o con quien sea para encontrar el pleno esclarecimiento de los hechos”.
 
El caso se encuentra en la etapa de investigación complementaria que concluye el 10 de noviembre. Jorge cumple prisión preventiva en el reclusorio oriente acusado de homicidio culposo por omisión, la defensa legal de la familia de Lesvy interpuso un recurso de apelación para que el delito se reclasifique como feminicidio y pueden aportar datos de prueba que lo inculpen.
 
En la próxima audiencia, para la cual aún no hay fecha, tres magistrados determinarán la situación legal de Jorge. En tanto, a tres meses de cumplirse el feminicidio, colectivas y organizaciones feministas realizarán mañana un mitin frente a Rectoría a las 14:00 horas.
 
17/MMAE