prisión preventiva

Después de pasar 2 años y 11 meses en prisión preventiva acusada del delito de privación ilegal de la libertad en el estado de Oaxaca, Dolores, una mujer oaxaqueña, jefa de familia y madre de una niña de 7 años, recuperó su libertad este 16 de marzo.
 
El 8 de mayo de 2014 Dolores fue detenida arbitrariamente en la  localidad de Guadalupe del Recreo, en el municipio de Zapotitlán Lagunas, Oaxaca, acusada del presunto secuestro de dos personas.
 
Aquella tarde la mujer, quien estaba embarazada, acudió al pueblo a buscar a su pareja; sin embargo fue detenida por policías locales que la interceptaron luego de que por un altavoz se dio aviso de un intento de secuestro en la casa a la que ella se dirigía.
 
El coordinador del Área Jurídica de la organización Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), Edgardo Calderón, quien acompañó el caso y logró la liberación de la mujer, dijo en entrevista que no hubo pruebas para demostrar la culpabilidad de la mujer.
 
Cuando Dolores fue detenida, el pueblo intentó lincharla pero los policías la llevaron al Ministerio Publico. Debido a los golpes que recibió, cinco días después fue llevada a un hospital donde, en un principio, le negaron la atención porque “no estaba aseada”. Después le practicaron un legrado, a pesar de que no contaba con las condiciones médicas necesarias.
 
Luego del proceso médico la joven fue enviada al Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, en Oaxaca, donde permaneció hasta que recuperó su libertad.
 
MUJERES SIN SENTENCIA
 
Asilegal asegura que el proceso que vivió Dolores careció de una investigación sólida, se realizó una audiencia sin su presencia y denunció que apenas ayer, al iniciar la etapa de juicio, la Fiscalía promovió el sobreseimiento del caso a pesar de que desde el principio pudo hacerlo.
 
De acuerdo con esta organización, la historia de esta mujer no es un caso aislado de abuso de prisión preventiva ya que en el Centro de Reinserción Social Femenil de Tanivet, Oaxaca, el 75 por ciento de las mujeres están recluidas sin sentencia condenatoria.
 
Luego de la intervención del equipo jurídico de Asilegal y de que la presunta culpable pasará dos años en prisión, el Ministerio Público admitió que no contaba con las pruebas suficientes para comprobar la culpabilidad.
 
La agrupación señaló que este caso muestra la incapacidad de los operadores de justicia para hacer frente al nuevo sistema de justicia, que requiere de personal capacitados para lograr esclarecer los hechos, proteger a la persona inocente y procurar que el culpable no quede impune.
 
Uno de los problemas que Asilegal identificó en este y otros caso que se resolvieron mediante el nuevo sistema de justicia –caracterizado por los juicios orales– es la dificultad para la correcta valoración de las evidencias.  
 
Ante ello concluyeron que las autoridades judiciales de Oaxaca violan el principio de presunción de inocencia, omiten juzgar con perspectiva de género, hacen uso abusivo de la prisión preventiva y muestran incapacidad para implementar en forma correcta el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
 
17/AGM/GG
 

La Cámara de Diputados aprobó una reforma al Código Nacional de Procedimientos Penales para que los casos de feminicidio ameriten prisión preventiva, es decir, que los presuntos culpables sigan su proceso penal en prisión mientras esperan sentencia.
 
En la sesión de este jueves, con 364 votos a favor, se aprobó la reforma el Artículo 167 de este Código, como respuesta al incremento de asesinatos violentos de mujeres que quedan en la impunidad porque los agresores no son recluidos durante el proceso y tienen oportunidad de huir.
 
La priista Claudia Edith Anaya Mota, dijo que esta reforma intenta corregir lo que sucede actualmente cuando asesinan a una mujer: que el Ministerio Público investiga, pero el juez dice que “por ser feminicidio y no estar contemplado en el Catálogo de Delitos que Ameritan Prisión Preventiva, que (el presunto culpable) se vaya a su casa a enfrentar el proceso”.
 
Entonces, dijo la legisladora, el feminicida se va a su casa a enfrentar el proceso; quedan expuestas las víctimas, los testigos, y por lo regular, y en la mayoría de los casos, el feminicida huye y el delito queda impune.
 
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Arturo Santana Alfaro, explicó que se adicionaría fracción III al artículo 167 del Código de Procedimientos Penales, para determinar que quienes sean presuntamente responsables de cometen un feminicidio tengan que estar en prisión preventiva de manera oficiosa.
 
Esta medida, dijo, aseguraría que no haya la posibilidad de una evasión o de una fuga por falta de un ordenamiento jurídico en esta materia.
 
En la discusión, la diputada del Partido Nueva Alianza, María Eugenia Ocampo Bedolla, mencionó que el feminicidio es un fenómeno complejo, que define a los asesinatos de las mujeres cometidos por hombres, únicamente por la razón de su sexo.
 
La legisladora dijo que este fenómeno ha alcanzado proporciones alarmantes y citó datos de ONU Mujeres que indican que 2007 a 2009 los asesinatos de mujeres en el país se incrementaron en un 68 por ciento, aunque el algunos estados el aumento fue de 400 por ciento.
 
Pese a ello, la diputada señaló que las instituciones de administración de justicia no han respondido de manera eficaz a estos crímenes porque pocos casos llegan a consignar a los culpables, lo que ha propiciado la impunidad y la inseguridad en la que viven las mujeres.
 
La reforma avalada en la Cámara de Diputados fue enviada al Senado donde se deberá ratificar para entrar en vigor. 
 
17/AGM/GGQ
 

El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) realizará una segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas que se han adoptado para protegerlas de la tortura.
 
Esta visita se da a 2 años de que en 2014, el entonces relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del SPT, Juan E. Méndez, realizó un viaje de trabajo a México donde concluyó que la tortura era una práctica generalizada, y que la tortura sexual contra mujeres se cometía para obligarlas a inculparse de algún delito.
 
En esta ocasión la delegación integrada por los expertos Felipe Villavicencio, Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora Sveass, acudirá a prisiones, estaciones de Policía, cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros correccionales para jóvenes e instalaciones de detención para migrantes, tanto a nivel federal como estatal.
 
Los expertos se reunirán con autoridades del Estado, funcionarios de la ONU, representantes de la sociedad civil y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para presentar al final de la visita sus observaciones preliminares al Gobierno de México, con carácter de confidenciales.
 
Cuando Juan E. Méndez estuvo en el país, el gobierno mexicano a través del entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, calificó de “no profesional y poco ético” el trabajo de quien fuera relator y señaló la tortura como una práctica generalizada en México.
 
En esta ocasión, el SPT revisará los avances de las recomendaciones que hizo hace 8 años (2008), cuando recomendó al Estado mexicano establecer mecanismos y controles de seguimiento a las denuncias sobre tortura, crear un programa nacional de atención a víctimas de tortura y controles legislativos para prevenir la tortura durante la detención.
 
De acuerdo con un informe de la Relatoría Especial del SPT de la ONU, las mujeres, niñas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad.
 
Un caso similar es el de las mujeres. Mientras están en detención preventiva corren un riesgo particular de sufrir torturas y malos tratos, ya que agentes del Estado pueden emplear la violencia y los abusos sexuales como medios de coacción o para obtener confesiones, según el informe.
 
16/AGM/AMS/LGL