condiciones laborales
LABORAL
OPINIÓN
Monedero
¿Cuántas Mexicanas o niñas están en la pobreza, y en qué condiciones?
Responder a la pregunta de ¿cuántas mexicanas y niñas están en la pobreza, y en qué condiciones? debería ser una cuestión de dominio común y de amplia divulgación por parte del Organismo encargado de este tema: el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Sin embargo no es así, es una pregunta de difícil respuesta o de varias respuestas, durante mucho tiempo (y todavía) esta institución no visibiliza adecuadamente o de plano borra la condiciones de pobreza de las mujeres en México.
Para no ir muy lejos, Coneval recien publicó los resultados de la Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. En este informe se afirma que entre 2008 y 2016 la pobreza aumentó en 3.9 millones de personas.
La pregunta obligada es: ¿cuántas de estas personas son mujeres o niñas? no lo aclara el informe, no se cuenta con estas cifras por sexo, algo fundamental en la construcción de políticas públicas con perspectiva de género.
Anterior a este informe la misma institución publicó un documento denominado “Pobreza y Género en México: Hacia un sistema de indicadores. Información 2010-2016”. Su objetivo según el documento es servir de insumo al diseño y la evaluación de la política de desarrollo social en materia de reducción de la brecha de oportunidades entre géneros.
Está integrado por 30 indicadores que analizan la desigualdad de género en términos de la conformación de los hogares, el acceso a la educación, a la salud, a la seguridad social y a la alimentación, el trabajo remunerado, el ingreso, las características de la vivienda y el trabajo doméstico no remunerado, los cuales muestran la relación entre las inequidades de género y la situación de pobreza de las personas
HOGARES
Una cuarta parte de los hogares cuentan con jefatura femenina. Los hogares con jefatura femenina suelen tener un mayor número de integrantes de la población infantil y adulta mayor. Los hogares con jefatura femenina se asocian también con mayor vulnerabilidad sociodemográfica e incluso mayores porcentajes de pobreza.
INGRESO
En cuanto a los ingresos laborales, las mujeres perciben remuneraciones más bajas que los hombres. Esta brecha es más acentuada en la población en situación de pobreza: en 2016 los datos muestran que las mujeres ganaban una quinta parte menos que sus pares, aun cuando poseían el mismo nivel educativo.
EDUCACIÓN
Las mujeres presentan niveles de rezago más altos que los hombres, sobre todo si están en condición de pobreza, aunque entre los más jóvenes las brechas se reducen. En 2016, la brecha educativa entre ambos sexos se ubicó en 6.5 puntos porcentuales.
SEGURIDAD SOCIAL
La inclusión de las mujeres en el mercado laboral remunerado presenta inequidades frente a las condiciones que presentan los hombres, situación que se refleja en el acceso diferenciado a la seguridad social como prestación del trabajo. Dadas las características de inserción de las mujeres al mercado laboral remunerado, en 2016 por cada 100 hombres ocupados que contaban con los beneficios de la seguridad social por su trabajo, 62 mujeres ocupadas se encontraban en la misma situación. Este indicador prácticamente se ha mantenido constante desde 2010. La brecha se acentúa entre la población con condición de pobreza: en 2016, por cada 100 hombres ocupados que contaban con seguridad social, 49 mujeres ocupadas tenían acceso.
TRABAJO REMUNERADO
Las condiciones de precariedad referidas a los mercados laborales afectan a la población en formas diferenciadas de acuerdo con su sexo y condición de pobreza. Por ejemplo, el porcentaje de la población trabajadora sin contrato se presenta de manera importante en la población pobre indistintamente de su sexo, con alrededor del 80 por ciento en 2016; y el porcentaje de mujeres ocupadas con jornadas parciales asciende a 38.6 por ciento, mientras que en los hombres es de 16.5 por ciento. Precariedad y pobreza son las constantes en las mujeres trabajadoras.
Claramente se aprecia en la gráfica la enorme diferencia o brecha económica y social que implica no contar con un contrato laboral escrito, que le de un mínimo de protección y estabilidad a la trabajadora. En 2016, de cada diez trabajadoras pobres, prácticamente 8 no contaban con ese contrato; por lo consiguiente tampoco pueden tener acceso a la seguridad social, en cualquier momento pueden perder su empleo, y están a voluntad del empleador.
En contraste y para ese mismo año únicamente 4 de cada diez trabajadoras “no pobres” sin cuentan con un contrato laboral escrito que les da estabilidad, seguridad social y mejor ingreso.
Por cierto, es bastante común que las periodistas trabajen sin contrato escrito, por tanto en condiciones muy precarias.
Esta informalidad afecta la productividad de la economía en su conjunto. En México, la mayoría de las empresas son pequeñas e informales y absorben una gran parte del empleo. Sin embargo, este tipo de empleo continúa siendo el que prevalece en el país y en las mujeres, particularmente las jefas de familia y las jóvenes.
Por ejemplo, en 2017 del total de personas jóvenes entre 15 y 29 años -es muy importante conocer esta información por sexo-, más de la mitad (59.9 por ciento) estaban en empleos informales.
Un factor muy importante en el crecimiento de la pobreza en los hogares es el alza inflacionaria que inicia en 2017, ésta redujo en ese año el poder de compra en 2.5 por ciento; en realidad esta cifra de Coneval es bastante conservadora, la reducción del poder de compra en los hogares fue mucho mayor, baste saber que la inflación oficial alcanzó 6.77 y el precio del gas LP (insumo indispensable) aumento 40 por ciento.
Elegantemente Coneval dice que los empleos de las mujeres carecen de “prestaciones”. En realidad se está barriendo con los derechos laborales, no son prestaciones como eufemísticamente se les llama, son derechos de los y las trabajadoras, producto de largas luchas sindicales y sociales, y mucho menos son “privilegios.”
Nadie les ha regalado nada a las trabajadoras, eso debe quedar muy claro y tampoco en el futuro recibirán algún regalo, tendrán que conocer bien sus derechos y defenderlos en forma organizada.
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
18/CPM/LGL
LABORAL
Gobierno sigue sin ratificar Convenio 189 de la OIT
Senado propone reformar LFT para formalizar trabajo del hogar

Legisladoras del Senado de la República propusieron reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el fin de estipular claramente las condiciones laborales formales para las trabajadoras del hogar y garantizarles las prestaciones que por ley tienen derecho.
La propuesta impulsada por la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña Gómez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diva Hadamira Gastélum Bajo y del Partido Acción Nacional (PAN), María del Pilar Ortega Martínez, Martha Elena García Gómez y Marcela Torres Peimbert; busca derogar el régimen discriminatorio que establece la LFT para las trabajadoras del hogar y garantizarles el acceso a vacaciones, aguinaldo, seguridad social y un contrato laboral.
Actualmente el Capítulo XIII, título sexto “Trabajos Especiales” de la LFT, es el que regula los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, sin embargo, permite una jornada excesiva de trabajo de 12 horas y no estipula la obligatoriedad de afiliar a las empleadas del hogar a la seguridad social.
Asimismo el Artículo 334 reconoce que hasta 50 por ciento de la retribución para las trabajadoras del hogar puede ser en especie (alimentos o habitaciones), una medida excesiva en comparación con las recomendaciones de los instrumentos internacionales que es del 33 por ciento.
En este apartado también se indica que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) debe fijar el salario mínimo para las trabajadoras del hogar pero hasta el momento no lo ha establecido.
Por lo tanto el proyecto de las senadoras plantea añadir un Artículo 331 Ter a la Ley del Trabajo para determinar mediante un contrato escrito la remuneración económica para este sector (no menor a dos salarios mínimos), el horario de trabajo, las vacaciones anuales pagadas, los periodos de descanso y la inscripción al seguro social.
La iniciativa también reconoce y regula el pago de las tres modalidades del trabajo del hogar: quienes residen en el domicilio donde laboran, las que trabajan con un sólo empleador, o bien, varios.
Otras de las reformas que se plantean es la indemnización de las trabajadoras y abolir el trabajo infantil al prohibir la contratación de menores de 15 años de edad para esta tarea.
Finalmente quienes se encargarían de verificar que las y los empleadores cumplan con la ley serían los “Inspectores del Trabajo”, la propuesta indica que ellos visitarían las empresas, hogares y establecimiento donde fueron contratadas las empleadas periódicamente, con especial atención para las trabajadoras migrantes e indígenas.
SINACTRAHO EXIGE DERECHOS LABORALES
En el proyecto las senadoras argumentaron que el trabajo del hogar es una tarea fundamental para la población mexicana; cerca de 2 millones de hogares contratan servicios del hogar, según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2014).
En estos hogares viven 4 millones 854 mil personas, quienes se benefician de las tareas que realizan las empleadas del hogar, sin embargo, la mayoría sólo cobra dos salarios mínimos de 70.10 pesos diarios –o menos- según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
El Conapred también precisa que 97 por ciento no tiene seguridad social y muchas de ellas viven situaciones de discriminación, maltratos, jornadas excesivas de trabajo sin remuneración e incluso violencia sexual.
Por ello las integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) se manifestaron el 23 de noviembre frente al Senado para exigir a los y las legisladoras que apoyen y agilicen esta iniciativa, pues podría permitir que las 2.4 millones de trabajadoras del hogar que hay en el país –según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía- gocen de sus derechos laborales.
El gremio también urgió al Senado la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento internacional que sigue sin ser ratificado por el gobierno y que supondría la obligación inmediata de regular el trabajo del hogar en México.
Por el momento el proyecto se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Precisión Social y de Estudios Legislativos donde será discutido.
17/HZM/LGL
LABORAL
Desde 2012 no se revisaba contrato colectivo de trabajo
Continúan contradicciones en información sobre predio de Chimalpopoca

Catorce días después del sismo ocurrido en la Ciudad de México, tras la especulación de lo ocurrido en el inmueble de Bolívar 168 de la colonia Obrera, el gobierno de la Ciudad de México informó que en este lugar dos trabajadoras estaban de manera irregular en el país, que en el predio existían 5 empresas; que se recuperaron 15 cuerpos sin vida, 12 de ellos de mujeres, dos personas sobrevivientes y que la propiedad le pertenece a la inmobiliaria Inmobico.
En una reunión que duró tres horas entre organizaciones feministas, la Secretaria de Gobierno Patricia Mercado, la Secretaria de Trabajo, Amalia García Medina y la directora del Inmujeres CDMX, Teresa Incháustegui Romero; la titular del Trabajo leyó un documento de 8 hojas con información que logró “recabar” sobre lo ocurrido en el predio de Bolívar 168, documento que explicó, terminó de elaborar el mismo martes a las tres de la mañana.
El encuentro se dio luego de que distintas organizaciones feministas y de Derechos Humanos exigieron información clara sobre las personas que laboraban en el inmueble de Bolívar 168, esquina con Chimalpopoca en la colonia Obrera, su situación migratoria, el número total de personas que laboraban ahí, la propiedad del inmueble, el número de personas rescatadas y personas fallecidas, entre otras.
CONTRADICCIONES
Si bien hoy se habla de 15 personas fallecidas en el lugar, ésta no es la cifra que se manejó en los primeros días del sismo, también por autoridades de la Ciudad de México.
El pasado 21 de septiembre, tres días después del sismo, en Conferencia de prensa, el Subsecretario de Desarrollo Humano del gobierno capitalino, Miguel Ángel Vázquez, aseguró que hasta esa noche del jueves 21 en predio de Bolívar 168; se habían rescatado 19 cadáveres, dos personas con vida y que faltaban por rescatar dos cuerpos más.
El viernes 22, cuando se dieron por concluidos los trabajos de rescate en el inmueble, nuevamente el Subsecretario de Desarrollo aseguró que se habían rescatado 25 cuerpos y dos personas con vida. De las personas fallecidas, dijo, siete eran de origen asiático.
En la reunión, la Secretaria del Trabajo, García Medina explicó que dos de las personas extranjeras “se encontraban en situación irregular en nuestro país” pero aclaró ya “en trámites para su residencia”.
Las personas son Lai Yin Xia quien laboraba en la empresa ABC Toys y el Señor Lin Chia Cin, de origen taiwanés con nacionalidad paraguaya y propietario de la empresa Dashcam System S.A de C.V.
Sin embargo, hace dos días la Oficina de Economía y Cultura de Taipéi, como Representante del gobierno de Taiwán en México, aclaró a través de un boletín de prensa, que las cinco personas de nacionalidad taiwanesa fallecidas en el edificio laboraban de manera legal. Hay que señalar que en su comunicado anexó las formas migratorias. El consulado del Paraguay aún no tiene una declaración al respecto.
LAS EMPRESAS
De acuerdo con el reporte oficial (que hoy es público) dado por la secretaria del Trabajo García Medina, en el predio operaban cinco empresas; aunque enumeró seis y una tienda de ropa de la cual no se dio más información: “M. Hilo”, que contaba con una bodega en la planta baja, cuya propiedad le pertenece a “Moisés o Simón Askenazi” a quien según la secretaria no han podido ubicar.
Línea Moda Joven, la cual se ubicaba en el primer piso y cuya representante legal es Sofía Duek Azkenazi; en el segundo piso se encontraba ABC Toys Companny, cuya propietaria era Hsien Yu Huang, quien falleció en el sismo.
Además estaban en el tercer piso SEO Young Internacional S.A. de C.V. dedicada a la bisutería de ropa, la empresa New Fashion propiedad de Jaime Azkenazi; y Dashcam Sistem, propiedad de Lin Chia Cin, quien también falleció y estaba en el país de manera irregular.
¿QUIÉNES TRABAJABAN AHÍ?
De acuerdo con la información de García Medina, en el lugar había trabajadores de distintas nacionalidades: mexicanas, coreanas, taiwanesas, y había una persona de origen taiwanés con nacionalidad paraguaya y otra de origen israelita con nacionalidad argentina.
La gran mayoría no contaba con seguridad social y sólo en una de las empresas existía la representación sindical.
En “Línea Moda Joven” dedicada al corte de telas y prendas para vestir para mujer, había 33 personas aseguradas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, sin embargo, el 19 de septiembre se encontraban trabajando 22 personas, de éstas 2 fallecieron. Se trata de Irma Chávez Martínez, e Irma Sánchez Ramírez como documentó Cimacnoticias.
De acuerdo con la Secretaría del Trabajo capitalina, la representante legal, Sofía Duek Askenazi, aseguró que estas familias además de contar con una indemnización otorgada por el Seguro Social recibirían una “indemnización especial”.
En entrevista con familiares de ambas trabajadoras hasta el día de hoy, la empresa no las ha contactado y en el caso de Irma Sánchez Ramírez, el único apoyo que recibió por parte de la empresa fueron dos mil pesos que fueron entregados el 23 de septiembre, junto con 8 mil que recabaron entre las y los trabajadores de Línea Moda Joven, tal como lo informamos en esta agencia.
La empresa está afiliada a la Organización Sindical de Empleados y Trabajadores del Comercio en General, Empresas Particulares y Similares del DF, con un contrato colectivo que no se revisa desde 2012 y cuyo secretario general es Antonio Hinojosa Vázquez, quien hasta el día del sismo era desconocido por las trabajadoras.
De acuerdo con una investigación de la Fundación Friedrich Ebert titulada “Evaluación de la contratación colectiva en el Distrito Federal”, coordinado por José Alfonso Bauzas; Antonio Hinojosa Vázquez, no sólo es el representante de esta Organización sindical perteneciente a la Confederación Mexicana de Trabajadores, (CTM) también representa al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica, Artefactos eléctricos, Mecánicos, de precisión, similares y conexos de la República mexicana; así como al Sindicato Nacional de Trabajadores, empleados de la industria alimenticia y su distribución: Lic. Donaldo Colosio Murrieta; también es representante del Sindicato Ricardo Flores Magón de Trabajadores y Empleados de la industria del vestido, bordados, piel en general, tintorerías, lavanderías, colchones, similares y conexos del Distrito Federal, todos ellos registrados como independientes.
En el informe oficial, García Medina dijo que la dependencia a su cargo realizó, días previos al sismo, “una visita oficial de constatación de datos a esta empresa para verificar la condición laboral de las personas trabajadoras.
Asimismo, después del temblor, “y con la intención de verificar las condiciones laborales del personal superviviente de la empresa Línea Moda Joven, S.A. de C.V,” la misma dependencia realizó otra visita de inspección el 29 de septiembre en la calle de Bolívar, donde trabajan de manera temporal, con el fin de verificar su situación laboral.
“Se constató que efectivamente ahí están transitoriamente, y las personas trabajadoras señalaron que continúan con su relación laboral y han recibido su salario y prestaciones normalmente”.
Sin embargo, a decir del abogado laboral Manuel Fuentes Muñiz, lo que tenían las trabajadoras del predio de Chimalpopoca era un “contrato de protección”, es decir, un contrato mandado a hacer por la empresa, firmado por el líder sindical Antonio Hinojosa Vázquez, sin el aval de las y los trabajadores y el cual, se hace como una forma de “evitar” que alguien más pueda representarlos sindicalmente.
Fuentes Muñiz precisó que este contrato presentado ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, contrario a lo que establece la Ley Federal del Trabajo, no se revisaba desde 2012, por lo que no había protección para las trabajadoras, además de que contenía los mismos salarios y prestaciones desde ese año, cuando esta revisión salarial debe hacerse anualmente, así como el incremento salarial; mientras que las prestaciones deben revisarse cada dos años, por lo que estas personas trabajadoras continúan laborando en las mismas condiciones de hace 5 años.
QUIÉNES FALLECIERON
A decir de la Secretaria del Trabajo en la planta baja donde se encontraban las bodegas de telas y el estacionamiento no había gente el día del sismo. Sobre la “pequeña tienda de ropa” no se dio información.
En la empresa “Línea Joven” del primer piso, el 19 de septiembre había 22 personas laborando, sólo dos fallecieron.
En la empresa “ABC Toys” fallecieron cinco mujeres; cuatro de Origen taiwanés, incluida la propietaria, y una mexicana.
En el tercer piso en la empresa Seo Young Internacional. Fallecieron 6 personas: cinco mujeres y un hombre.
En el cuarto piso fallecieron dos hombres Jaime Azkenazi, dueño de la empresa “New Fashion” y Pepe Lin, dueño de la empresa “Dashcam System”.
17/LLH/LGL
POBLACIÓN Y DESARROLLO
Se modernizaron para cuidar las plantas pero no a las personas, dice
Margarita Amalia Cruz: “seguimos en pie en San Quintín”

A Margarita Amalia Cruz Cruz no le gusta que la vean como víctima, por eso cada vez que habla de su trabajo en defensa de los derechos de las jornaleras de San Quintín evita hablar de “ataques” a su labor y prefiere destacar las condiciones laborales de quienes trabajan 12 horas diarias a pleno rayo de sol por un pago ínfimo de 120 pesos diarios.
Margarita conoce muy bien del significado de trabajar horas extenuantes sin tener dinero suficiente para vivir. Lo sabe porque desde los 8 años de edad hasta los 37 trabajó como jornalera en aquel valle de Baja California, lugar a donde llegó de niña y donde ahora dirige la organización Mujeres en Defensa de la Mujer (Naxihi na xinxe na xih).
“Sabemos que en el Valle de San Quintín hay mucho que hacer. Si seguimos unidas y trabajando en colectivo va a ser más fácil transformar esas injusticias que hemos vivido durante mucho tiempo por ser jornaleras. Tenemos que decirle a las mujeres que tenemos derechos, hay que exigirlos, nunca quedarnos callados porque el miedo no nos deja avanzar”, dice.
La asociación de las mujeres comenzó a gestarse hace 20 años: en 1997 se creó un grupo de mujeres artesanas, en 2004 este colectivo se formalizó y empezó a defender derechos laborales, principalmente demandando la afiliación al Seguro Social, porque trabajar en los campos agrícolas, expuestas a químicos y sólo con una gorra o sombrero para protegerse del sol, implicaba riesgos a la salud que las más de las veces no podían costear.
Desde la década de 1980, cuando Margarita llegó a San Quintín, la situación ha cambiado poco. En aquellos años una jornalera ganaba entre 23 y 25 nuevos pesos al día (el sueldo mínimo en la época era de 27 pesos); algunas contaban con el beneficio de un pase para ir al médico y en los campos se veía a mujeres embarazadas y niños trabajando.
En ese entonces, como ahora, la mayoría de las y los trabajadores eran migrantes, mixtecos, zapotecas y triquis de Oaxaca; mixtecos y nahuas de Guerrero; nahuas de Veracruz; y mixtecos y nahuas de Veracruz, de acuerdo con el extinto Instituto Nacional Indigenista, hoy Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
A su llegada a San Quintín, en 1985, junto con sus dos hermanos mayores y su madre, Margarita entró como niña jornalera a la compañía ABC, empresa de capital nacional con vínculos con capital extranjero para comercializar sus productos. La cuadrilla en la que estaba era de unos 30 niños que vivían en un campamento y trabajan para ayudar al sustento económico porque, rememora, “soñábamos con un futuro mejor”.
Desde hace 7 años Margarita ya no labora en la pisca de fresa, frambuesa y mora, pero las escenas que miró cuando era niña son muy similares a las que observa como adulta. “Pude mirar los maltratos; el salario, no te pagaban horas extras; la aplicación de químicos, en aquellos tiempos fumigaban ya sea con máquinas que pasaban por los surcos o con avionetas; había un sinfín de violaciones a nuestros derechos”, recuerda.
“Ves normal todo lo que pasa. Te levantas, vas a trabajar, oyes de repente cómo los mayordomos se enojan contigo, te insultan porque no te apuras; tomaban muchas personas de un solo vaso, no sabíamos si había enfermedades”.
CAMBIOS PROTEGEN EL CULTIVO NO A ELLAS
¿La situación ha cambiado? se le pregunta a Margarita y ella reflexiona y responde, “hoy en día se ha modernizado mucho, hay invernaderos, ya no trabajas tanto tiempo agachado, ya no hay tanto trabajo donde tengas que estar todo el tiempo de espalda… claro, está la fresa que aun te mantienes doblado todo el tiempo. Se han modernizado para cuidar las plantas, para proteger el cultivo, pero no a las personas”.
Ahora con las medidas “de certificación”, reitera, las empresas meten medidas de calidad para el cultivo, pero no para las personas. “Dicen unas: sí, nos dan guantes, nos dan equipo, pero para proteger el cultivo no para proteger a la trabajadora o al trabajador” y es que la prioridad es tener fresas, frambuesas, moras, arándanos relucientes, frescos, coloridos, que se vendan.
Por temporada se cosecha tomate, pepino, calabaza y hay compañeras que producen verduras como coliflor o brócoli, que implican, como en el pasado, trabajo cansado, dolor de cuello, nuca, espalada, columna, manos, en realidad prácticamente en todos estos trabajos las mujeres deben estar largas horas agachadas y en cuclillas.
“Ahorita por las altas temperaturas que se manejen en los invernaderos tenemos casos de personas que al salir en la tarde les causa embolia o parálisis en el rostro, son medidas para que el cultivo se aclimate dentro del invernadero, pero no están considerando la salud y las consecuencias que le causa a una persona, de pasar de un lugar caliente a temperaturas frías”.
EN DEFENSA DE TRABAJO DIGNO
Cuando las mujeres se hicieron conscientes de las condiciones de trabajo y de la insalubridad de los asentamientos donde vivían, comenzaron a tomar capacitaciones y exigir garantías mínimas para trabajar, dice, “es un gran orgullo, es importante ser la voz de todas aquellas mujeres que se acercan a nosotras para poder exigir sus derechos. Me siento contenta pero sé que es un gran compromiso para las jornaleras y jornaleros”.
Como defensora, Margarita habla con muchas mujeres que llegan del sur del país rumbo a Estados Unidos, algunas van a trabajar por temporada en los campos agrícolas del país vecino, donde no hay mucha diferencia con las condiciones laborales de Baja California, “desafortunadamente en ambos países hay una falta de seguridad social, de conciencia en cuestión del salario, de lo que se debe pagar a la trabajadora”, dice.

A través de estos diálogos se ha vuelto experta en las necesidades de las mujeres, migrantes, trabajadoras e indígenas como ella, mixteca oriunda de Oaxaca.
CASA DE LA MUJER INDÍGENA
Con esa información, la organización decidió dividir su labor en dos vertientes: una sobre derechos laborales de las jornaleras y otra sobre el rescate de la medicina tradicional a través de la Casa de la Mujer Indígena donde hacen acciones de prevención de la violencia de género y promoción de la salud sexual y productiva.
Al respecto dice, “para mi quedó atrás el tiempo de decir que sufrí tanto en el campo. Sí se sufre, efectivamente, se viven muchas injusticias, pasas insultos, discriminación, humillaciones, te pagan muy poco, sufres de enfermedades, intoxicaciones, accidentes que no son pagados… y al final así te despiden y no creaste nunca ningún derecho”.
Pero recalca que cuando una jornalera indígena aprende a defenderse es diferente, porque puede exigir un salario digno y prestaciones, además tiene claro cuáles son sus obligaciones como trabajadoras y cuáles las de la empresa. “Cuando tú conoces todo eso, es muy difícil que el patrón te violente, tal vez no te contrate, ¿verdad?, no quiere personas así, pero es muy difícil que alguien te violente, y es muy difícil que alguien te vuelva a victimizar”.
Una persona que exige sus derechos corre el riesgo de no ser contratada, pero Margarita afirma que es mejor demandar lo que les corresponde cuando son despedidas de manera injustificada, cuando piden licencia de maternidad, afiliación al Seguro Social, o un intérprete porque hablan una lengua indígena y no dominan el español. Más, si el día de mañana las trabajadoras, como si fueran máquinas, van a ser obsoletas para las empresas.
Mujeres en Defensa de la Mujer, agrupación integrada por mujeres mixtecas y triquis da talleres en las comunidades del Valle de San Quintín, hace difusión en su programa radial “Entre mujeres tejiendo caminos” en la radio indigenista XEQUIN (La Voz del Valle), en donde colabora con la Secretaría del Trabajo y el sector Salud y busca que las jornaleras también se adueñen de sus cuerpos.
Para fortalecerse busca también conocer el trabajo de otras organizaciones que hacen difusión de los derechos de las mujeres, o de las que defienden la tierra y el territorio. “Sabemos que cuando una empresa internacional entra a nuestros territorios no nada más llega a explotar las manos jornaleras, también llegan a explotar la tierra, a destruir la naturaleza, luego de terminar sus objetivos se van y dejan tierras infértiles”.
Estas mujeres que viven de la fuerza de su cuerpo y de la bondad de la tierra, las mismas que todavía salen de madrugadas de sus casas improvisadas para subir en grupos a camiones destartalados y llegar a los puntos donde la suerte dirá si el capataz las escoge para emplearlas, dicen que seguirán denunciando cuando sea necesario.
La idea de un futuro mejor sigue viva y por eso desde 2015 el movimiento de jornaleros ha hecho fuerza y un eco tan grande que ha sido reprimido: “Creo que el movimiento de este año era un grito desesperado que ya tiene desde hace mucho tiempo la población jornalera. Por parte de Mujeres en Defensa de la Mujer seguimos de pie y aquí estamos”, dice Margarita.
17/AGM/GGG/GG
LABORAL
Consideran que hombres deben realizar quehaceres del hogar
Senadoras del PRI impulsan equilibrio entre vida laboral y familiar

Senadoras del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseguraron que las dependencias federales deben implementar medidas para conciliar la vida familiar y laboral, por ejemplo, horarios y espacios laborales más flexibles para que mujeres y hombres participen de manera activa en el cuidado de las hijas e hijos.
A través de un punto de acuerdo, diversas senadoras priistas solicitaron que el Senado exhorte a las Secretarías de Economía (SE) y del Trabajo y de Previsión Social (STyPS) a fortalecer las medidas, políticas, actividades o disposiciones encaminadas a promover, fomentar y fortalecer la conciliación entre la vida familiar y laboral de las trabajadoras.
Las senadoras citaron cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) que indican que 97.7 por ciento de las mexicanas combina las jornadas laborales con los quehaceres del hogar, lo que implica que sobre ellas pesa una mayor responsabilidad familiar.
La propuesta presentada por las legisladoras Lisbeth Hernández Lecona, Ivonne Álvarez García, Angélica Araujo Lara, Hilda Ceballos Llerenas, Margarita Flores Sánchez y Rocío Pineda Gochi, dice que la conciliación de la vida laboral y familiar es una estrategia que facilita la auténtica igualdad entre mujeres y hombres.
Al presentar la propuesta en la sesión de este jueves, la senadora Hernández Lecona dijo que el cuidado de la familia y la crianza de los hijos son un tema que corresponde y que implica tanto a hombres como a mujeres, porque ambos deben participar activamente no sólo en el rol de proveedores económicos, sino la crianza activa de los hijos.
Sin embargo, consideró que actualmente las medidas conciliatorias como aquellas del cuidado infantil, horarios reducidos, permisos de maternidad, lactancia o trabajo desde el hogar, son insuficientes debido a que la participación de las mujeres en actividades económicas disminuye conforme aumenta el número de hijos.
La licencia de maternidad (que otorga permiso a las trabajadoras para ausentarse de su lugar de trabajo y cuidar a sus hijos recién nacidos), es de 12 semanas, 84 días pagados, que pueden ser distribuidos antes y después del parto, o de 6 semanas en caso de adopción. La licencia de paternidad es únicamente de 5 días remunerados.
La STyPS lleva a cabo el programa Empresa Familiarmente Responsable en donde se otorga a los centros de trabajo el distintivo con el mismo nombre, cuya finalidad es mejorar las condiciones de vida de las y los trabajadores fortaleciendo la conciliación entre el trabajo y la familia.
La legisladora detalló que la conciliación es una estrategia que facilita la auténtica igualdad entre hombres y mujeres, que contribuye a la construcción de una sociedad basada en la calidad de vida de las personas, para que hombres y mujeres se desarrollen en todos los ámbitos vitales, progresen profesionalmente, atiendan las responsabilidades familiares y disfruten de tiempo familiar y personal.
Aunado a esto, señaló que ante la falta de políticas que promuevan el bienestar personal, las empresas se enfrentan con mayores problemas de ausentismo, disminución del rendimiento, baja productividad y específicamente, la pérdida de personal altamente calificado, que quieren dedicarse a sus familias, sin encontrar la posibilidad dentro del mercado laboral.
La propuesta se turnó a la Comisión de la Familia y Desarrollo Humano para su dictamen.
16/AGM/AMS/LGL
LABORAL
Son 43.49 por ciento de población ocupada
Gobierno de CDMX agilizará búsqueda de trabajo de mujeres

Buscar un empleo en la Ciudad de México es una tarea complicada para las mujeres, en particular si son madres, viven con alguna discapacidad o deben cuidar a sus familiares, por lo que el Gobierno capitalino implementará el Programa Integral de Empoderamiento y Autonomía Económica de las Mujeres para incorporar 23 programas de capacitación, créditos y apoyos sociales.
El objetivo de esta estrategia es que las mujeres que buscan un trabajo o capacitación para el empleo toquen menos puertas para conseguirlo, así lo anunciaron el pasado 5 de diciembre las directoras del Instituto de las Mujeres (Inmujeres CDMX), Teresa Incháustegui Romero, y de la secretaria del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), Amalia García Medina.
La Ciudad de México es uno de los grandes mercados de trabajo de toda la República con 4.1 millones de personas ocupadas, donde 43.49 por ciento son mujeres; sin embargo, las y los trabajadores enfrentan condiciones de precariedad laboral caracterizada por la informalidad, bajos ingresos y trabajo sin remuneración, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi).
A ello se suma que para la población femenina -quien tiene bajo su responsabilidad el trabajo de cuidado-, es más complicado incorporarse a un empleo porque deben atender a sus hijas, hijos, adultos mayores y personas enfermas, dando preferencia a los empleos informales por la flexibilidad de horario. O bien, emprender un negocio propio.
Esta política integrará 23 programas de las Secretarías de Desarrollo Social (Sedeso); de Desarrollo Económico (Sedeco); de Educación (Sedu); de Ciencia, Tecnología e Innovación (Seciti), de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Sederec); del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (Fondeso); el DIF; la STyFE y el Inmujeres CDMX.
En lugar de crear nuevos programas o apoyos económicos la idea es conjuntar las políticas que ya existen para la capacitación, gestión de recursos, mercadeo, para conseguir un empleo o poner una empresa y acortar la fila que las mujeres hacen para acceder a ellos, explicó a Cimacnoticias, Balbina Hernández Alarcón, directora de Fomento y Concertación de Acciones del Inmujeres CDMX.
Hernández Alarcón aseguró que esta política se elabora desde 2015 y se analizó con población de la ciudad, donde además se consultó a organizaciones civiles y académicas para estudiar las mejores formas de promover la autonomía económica femenina.
Para aligerar las tareas de cuidado que pesan sobre la población femenina, el Programa Integral propone otorgar becas y apoyos económicos a las personas que se capaciten como cuidadoras, integrar un registro de quienes ofertan servicios de cuidado para su colocación laboral y otorgar facilidades para la creación, ampliación o fortalecimiento de espacios de asistencia tanto comunitarios como privados.
Con esta oferta institucional, asegura la funcionaria del Inmujeres CDMX, será más fácil que en cualquier ventanilla de las dependencias una mujer con un hijo recién nacido tenga información sobre cómo solicitar un subsidio para la manutención, a través del programa Bebé Seguro, tomar un curso de capacitación para el empleo, solicitar un crédito que le permita emprender un negocio o incorporarse al mercado laboral.
Otro beneficio, indica la funcionaria, es que al tener concentrados todos los programas las y los servidores públicos ahora tendrán la facultad de referir a las mujeres a otras dependencias, esto permitirá, por ejemplo, que a una mujer dedicada al cuidado que llegue al Instituto en busca de asesoría para el empleo, se le sugiera capacitarse como cuidadora o crear una cooperativa de cuidados.
Sin embargo, el Programa todavía no está vigente porque aún debe avalarlo el Sistema para la Igualdad entre Mujeres y Hombres de la Ciudad de México, que el próximo año deberá publicarlo en la Gaceta Oficial o promover la firma de acuerdo entre las dependencias para que entre en operación.
16/AGM/AMS/LGL
