Legalización de la prostitución en la CDMX

Ante las posiciones divididas entre legisladores, la Comisión Carta de Derechos de la Asamblea Constituyente desechó la propuesta de reconocer el “trabajo sexual” en el dictamen de los artículos 8 al 19, 48 y 57 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
 
En el proyecto de dictamen que se publicó la noche de este 7 de diciembre, desaparece del artículo 15 el apartado que decía que las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias  “reconocen y protegen el trabajo sexual voluntario y autónomo como una actividad lícita”.
 
Luego de revisar las propuestas ciudadanas y las iniciativas legislativas, la Comisión presidida por la antropóloga feminista Marcela Lagarde, sólo especificó en el apartado B del artículo 15 del dictamen, que los trabajadores no asalariados podrán poseer una identidad formal como “personas trabajadoras no asalariadas de la ciudad”.
 
En las consideraciones del documento, se precisan algunos argumentos que sirvieron para sacar del dictamen la propuesta original del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera y del Grupo Redactor del texto constitucional, entre ellos Lol Kin Castañeda y Clara Jusidman, quienes además fueron designadas diputadas constituyentes e integrantes de esta Comisión.  
 
Por ejemplo, la constituyente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lisbeth Hernández Lecona expuso su rechazo a esta iniciativa porque en su opinión regular el “trabajo sexual voluntario lícito” afectaba la dignidad humana, pues con esta disposición mujeres y hombres se verían como objetos y materia de comercio. 
 
A su vez el diputado constituyente del Partido Acción Nacional (PAN), Carlos Gelista González, presentó un documento donde aseguró que la propuesta del borrador de Carta Magna adolecía de los elementos para brindar seguridad jurídica a quienes ejercen esa actividad.
 
Las organizaciones civiles y activistas también enviaron sus propuestas en apoyo o rechazo de considerar el “trabajo sexual”. Entre las agrupaciones que aplaudieron la propuesta estuvo la Asociación de Bares y Centros Nocturnos, que sugirió ampliar el derecho al trabajo sexual en sus “diferentes expresiones y modalidades”.
 
La asociación Balance, que trabaja temas de salud sexual y reproductiva, sugirió modificar la propuesta para que dijera que se “reconoce el trabajo sexual, consiente, libre, voluntario y autónomo realizado por personas mayores de edad como una actividad lícita”, al tiempo que sugirieron considerar en el análisis los argumentos de la Red Latinoamericana de Trabajo Sexual.
 
En contra de la propuesta se manifestó la Coalición para la Abolición del Sistema Prostituyente –integrada por activistas,  académicas y organizaciones como la Red Género y Economía o la Coalición para Abolir la Prostitución Internacional–, que propuso robustecer los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas y quitar del texto el “trabajo sexual”.
 
Al rechazo se sumó el Observatorio Género Violencia y Derechos Humanos de la Ciudad de México, que pidió la eliminación de este párrafo por ir en contra de los tratados internacionales como la Convención para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución ajena.
 
Luego de las audiencias públicas, la Comisión Carta de Derechos de la Constituyente hizo una valoración de las propuestas, pero en el caso de las que se refieren a trabajo sexual no expuso si era materia de otra norma, si no era de carácter normativo o si contravenía alguna legislación, como lo hizo con el resto de las propuestas.
 
El dictamen se votará en el órgano legislativo y después será enviado al pleno de la Asamblea Constituyente para su discusión y eventual aprobación.
 
16/AGM/AMS/LGL

Ante el riesgo de que la Constitución de la Ciudad de México permita la explotación sexual de las mujeres, académicas, activistas e investigadoras llamaron a la Asamblea Constituyente a desechar la redacción del artículo 15 del borrador que reconoce y protege el “trabajo sexual”.
 
La economista Jennifer Ann Cooper, la socióloga Olivia Tena Guerrero, la psicóloga Roberta Liliana Flores Ángeles, la antropóloga Verónica Caporal Pérez y la activista Carmen Ugarte García, coincidieron en que reconocer esta actividad como trabajo no garantizará mejores condiciones en la vida y seguridad de las capitalinas.
 
En conferencia de prensa, las académicas señalaron que ante un tema tan complejo es necesario tener un diagnóstico del fenómeno antes de implementar una política pública, por ello llamaron a las y los diputados constituyentes a evitar que los consumidores de “servicios sexuales”, tengan el privilegio de acceder libremente al cuerpo de las mujeres para su satisfacción.
 
La profesora de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Jennifer Ann Cooper, expuso que pocos asuntos como la “prostitución” necesitan de un verdadero debate porque de no analizar el tema, se corre el riesgo de que los argumentos feministas no se tomen en cuenta a la hora de legislar o reglamentar esta actividad, como una cuestión política o económica.
 
Cooper, quien es integrante de la Asociación Internacional de Economía Feminista, dijo que, como en otros mercados, en el contexto de la “prostitución” los agentes económicos siempre intentan optimizar sus ganancias, es decir, quienes se benefician del “trabajo sexual” no son las mujeres que lo realizan, sino aquellos que se dedican a la “venta” de los servicios sexuales de las otras personas. 
 
Para la especialista resulta un “espejismo” decir que este “trabajo” fomenta el empleo femenino, y que es ético porque se elige de manera voluntaria. Asegura que elegir dedicarse a la “prostitución” se da en un marco de restricciones, y por tanto no es una “compra-venta” en condiciones de igualdad porque el cliente compra el derecho de manosear o penetrar cualquier parte del cuerpo.
 
A esta postura se sumó Olivia Tena Guerrero, socióloga y especialista en género y salud, quien destacó que el erotismo y la sexualidad son dos de las manifestaciones humanas más gozosas siempre que se realizan en condiciones de igualdad, porque las personas siempre sienten placer con su cuerpo cuando ocurre sin chantaje, extorsión o violencia.
 
Pensar el erotismo como “trabajo” pierde el sentido de libertad, gozo y creatividad, consideró la también psicóloga. Además recalcó que al formalizar esta actividad como un negocio o un servicio, se debe analizar quiénes son las personas que se beneficiarían y cuáles son los intereses económicos de los que buscan legitimar el “trabajo sexual” en la Constitución capitalina.
 
Ahora que la Comisión Carta de Derechos discute el dictamen del artículo 15, las activistas enviaron un pronunciamiento al organismo legislativo para que considere que crear un marco normativo para supuestamente proteger a las “trabajadoras sexuales”, no será garantía de derechos laborales como sucede con las jornaleras, maquiladoras o trabajadoras de “outsourcing”.
 
En un documento que entregaron a la Comisión, las activistas señalaron que incluir este término en la Carta Magna capitalina deja de lado el contexto en que se da, las consecuencias físicas y emocionales de ejercer este oficio y contribuye a hacer imposible la distinción entre prostitución “libre y forzada”.
 
Agregaron que México firmó el “Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de prostitución ajena”, que en el artículo 73 de la Constitución Mexicana indica que es facultad exclusiva del Congreso de la Unión legislar en materia de trabajo,  por lo que la Asamblea Constituyente no tiene atribuciones para ello.
 
16/AGM/AMS