derechos trabajadoras del hogar

La Ciudad de México se convertirá en la primera entidad en implementar un Sistema de Cuidados para atender a niñas, niños, adultos mayores, personas en situación de dependencia por enfermedad o discapacidad a fin de aligerar las tareas de cuidado que realizan las mujeres.
 
El pasado sábado 7 de enero, la Asamblea Constituyente aprobó que la Constitución Política de la Ciudad de México incluya en el artículo 14, inciso B, la obligación de las autoridades capitalinas de crear un Sistema de Cuidados que preste “servicios universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad”. 
 
El pleno de la Asamblea que debate y aprobará la Carta Magna que regirá la capital –la cual deberá estar lista el próximo 31 de enero– recogió la demanda del movimiento feminista que exigió al Estado participar en las tareas de cuidados que realizan las mujeres. 
 
Este fin de semana las y los diputados constituyentes aprobaron la redacción del artículo 14, apartado B, que dirá que “toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida”.
 
Entre quienes propusieron incluir este tema en el texto constitucional estuvo la cofundadora de la Red de Investigación y Acción Feminista, Yazmin Pérez Haro, quien indicó que hay personas que por su edad, ciclo de vida, condiciones físicas, mentales o por afectaciones a su salud se encuentran temporal o permanente en condiciones de dependencia o requieren cuidados específicos.
 
Con el apoyo del colectivo, Las Constituyentes CDMX, Pérez Haro hizo llegar a las y los diputados una propuesta donde explicó que las mujeres son quienes realizan las tareas de cuidado, lo que constituye un trabajo no remunerado; por ello destacó que esta actividad se debe considerar un derecho y así diseñar e implementar un Sistema Público de Cuidados.
 
El objetivo es que la Ciudad de México, las familias, las empresas privadas, las organizaciones sociales y las comunidades sean corresponsables y en conjunto tomen acciones para cuidar a las personas dependientes y permitir que las mujeres obtengan una remuneración por realizar estas tareas o puedan dedicarse a otras actividades remuneradas.
 
Al respecto ONU Mujeres indicaron que dedicarse al hogar o al cuidado de personas dependientes, sin recibir remuneración alguna, restringe notablemente la posibilidad de las mujeres de contar con ingresos propios, de buscar opciones en el mercado laboral y de participar plenamente en la política y la sociedad, entre otras consecuencias.
 
El organismo también destacó que en México, de acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo no remunerado de los Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2013, las labores domésticas y de cuidado no remuneradas que hacen las mujeres equivale a 42 mil 500 pesos al año.
 
En la sesión donde se aprobó este artículo, la constituyente Clara Jusidman Rapoport –designada diputada por el Jefe de Gobierno– destacó que las mujeres, en su mayoría, han sido las encargadas de cuidar a otras personas, por lo que es necesario reconocer la desigualdad que esto genera, sin que haga de la asistencia social un derecho.
 
Por otra parte el artículo aprobado también establece el derecho a la salud al más alto nivel posible; el derecho al agua; la prevención, tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; el desarrollo de investigación científica; la promoción de la medicina tradicional indígena y el uso médico y terapéutico de la cannabis.
 
17/AGM/KVR
 

El borrador de la Constitución Política de la Ciudad de México incluye el “derecho al cuidado”, pero es una propuesta insuficiente para garantizar la atención en el hogar que alguna mujer brinda a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, con discapacidad o con adicciones, aseguró la consultora y cofundadora de la Red de Investigación y Acción Feminista, Yazmin Pérez Haro. 
 
Luego de participar en un foro sobre desarrollo económico de las capitalinas, la también integrante del colectivo Las Constituyentes aseguró que es necesario que se cree un sistema público de cuidados, que incluya la participación de los hogares, la iniciativa privada y al Estado en tareas que prácticamente sólo hacen las mujeres.
 
De acuerdo con el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, 43 por ciento de las capitalinas tiene un trabajo remunerado y 57 por ciento realiza labores domésticas y de cuidado, es decir, atender a otras personas.
 
El borrador de la Carta Magna, que se discute en la Asamblea Constituyente, incluye en el artículo14, apartado C, que toda persona tiene derecho al cuidado, entendido como “el conjunto de actividades que sustentan vitalmente a las personas y les otorgan los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad”.
 
Asimismo, este artículo dice que la Ciudad de México promueve la economía del cuidado mediante la prestación de servicios públicos y universales, y fomenta la participación corresponsable de autoridades, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres, los hombres y los distintos grupos de edad en la provisión de servicios de cuidado.
 
“El capítulo 14 del derecho al cuidado no sólo es insuficiente, es la versión más austera, más limitada en cuestión de derechos. La propuesta queda coja por muy innovadora que sea porque no se estaba pensando de forma integral”, resume la activista.
 
Es por ello que Pérez Haro elaboró una iniciativa de reforma que presentó con el colectivo Las Constituyentes para modificar los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 26 del borrador del texto constitucional, a fin de crear el sistema público de cuidados en el que participen las familias, el Estado y el mercado.
 
La propuesta busca que el cuidado sea un derecho y una ocupación remunerada, que permita generar ingresos económicos a las mujeres que realizan estas labores.
 
A decir de la también especialista, quien investiga las desigualdades en el trabajo no remunerado, es fundamental un cambio estructural de la política en la materia y no sólo rediseñar programas que ya existen, porque hoy se requiere un cambio que dé respuesta a la crisis de cuidado que se vive en la capital del país.
 
En la iniciativa ciudadana se incluye el derecho al tiempo porque en opinión de Pérez Haro, es un elemento fundamental para las personas que realizan tareas domésticas y de cuidado sin horarios fijos, en ocasiones mezclando actividades con otras que podrían considerarse de “recreación”, como ver la televisión.
 
La investigadora espera que en la Carta Magna que redactarán las y los diputados constituyentes figure un nuevo pacto de género, e incluya una de las grandes desigualdades: la división sexual del trabajo.
 
16/AGM/AMS