Carta Magna

El senador y presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente, Alejandro Encinas Rodríguez, aseguró que el litigio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para resolver las impugnaciones contra la Constitución Política de la Ciudad de México –publicada el pasado 5 de febrero– es de naturaleza política y no jurídica.
 
El político dijo que los recursos presentados particularmente por la Procuraduría General de la República (PGR), la Presidencia de la República, el Senado y el Tribunal Superior de Justicia de la capital son de carácter ideológico porque la redacción de la Carta Magna local se apegó escrupulosamente a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
 
En conferencia de prensa con ex constituyentes y delegados designados por la Consejería Jurídica de la Ciudad de México para defender el texto constitucional, el senador dijo que en el recurso presentado por PGR hay “dolo, mala fe y una carga conservadora” de la visión de país que se quiere.
 
RECURSOS EN CONTRA
 
La Constitución capitalina que entraría en vigor en 2018 reconoce los derechos sexuales, los reproductivos, la diversidad sexual, matrimonios entre personas del mismo sexo, abre la puerta a la legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y permite mantener la política de despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación.
 
Sin embargo, en la Suprema Corte hay cuatro acciones de inconstitucionalidad sustentadas por la PGR, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena); y tres controversias constitucionales presentadas por la Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia y el Senado.
 
Luego de que Encinas Rodríguez presentó un recurso de reclamación para que la Asamblea Constituyente fuera la autoridad encargada de la defensa de la Carta Magna, el 19 de mayo el senador fue notificado por el alto tribunal del carácter responsable del organismo e informó que en un plazo de 30 días debe entregar un documento con sus alegatos.
 
El senador dijo que en próximos días se citará a la Mesa Directiva de la Asamblea Constituyente que estaba integrada por Clara Brugada Molina, Irma Cué Sarquis, Mauricio Tabe Echartea, Margarita Saldaña Hernández, Bertha Elena Luján Uranga y Aida Arregui Guerrero, para integrar los argumentos en defensa de la Constitución capitalina.
 
CARTA DE DERECHOS
 
La acción de inconstitucionalidad presentada por la PGR impugna, entre otros elementos, los Artículos que reconocen la dignidad humana, la libertad e igualdad de derechos, la protección más amplia de las personas, la protección de todas las formas de familia, la autodeterminación y libre desarrollo de la personalidad y los derechos sexuales y reproductivos.
 
Entre los argumentos de la dependencia encabezada por el ex senador Raúl Cervantes, se solicita declarar inconstitucional el Artículo 6, apartado E y F, sobre derechos sexuales y reproductivos, porque invade las atribuciones del Congreso de la Unión para legislar en materia de salubridad general, específicamente, sobre planificación familiar.
 
Asimismo, se impugna el Artículo 6, apartado D, numeral 2, que reconoce “todas las estructuras, manifestaciones y formas de comunidad familiar”, porque de acuerdo con la Procuraduría este precepto “admite la poligamia y viola preceptos constitucionales y convencionales en perjuicio de los derechos de las mujeres”.
 
En opinión de Encinas, los argumentos de la PGR son ideológicos porque la Ciudad de México tiene competencia para establecer más derechos y así lo hizo en su momento sin tener autonomía política y con una forma de gobierno limitada al despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y promover programas sociales como la pensión universal para personas adultas mayores.
 
“Yo quiero ver qué ministro de la Corte va a ser el valiente que vote por quitarle derechos a los habitantes de la Ciudad de México. Va a ser un debate muy importante que tiene que involucrar a la sociedad mexicana”, expuso el legislador.
 
MANIFESTACIONES DE DELEGADOS
 
Los delegados designados por la Consejería Jurídica de la capital tienen la facultad de enviar “manifestaciones”, es decir argumentos jurídicos a la Suprema Corte para que sean considerados a la hora de resolver las impugnaciones presentadas.  
 
Al respecto el director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria y delegado designado, Miguel Concha Malo, señaló que hoy presentó un documento con cuatro argumentos a favor de la Constitución local, uno de ellas para argumentar que la Constituyente no se extralimitó con las leyes de reconocimiento de Derechos Humanos, como lo afirma la PGR.
 
Concha Malo aseguró que establecer un catálogo de Derechos Humanos en la Constitución local fue para reforzar las obligaciones internacionales de las resoluciones y sentencias emitidas por los órganos y tribunales internacionales; pero además consideró que las entidades federativas tienen competencia para legislar en la materia.
 
“Los Derechos Humanos no son exclusivos de un régimen, no son exclusivos de un gobierno, los Derechos Humanos son propios del Estado mexicano, y por eso están en la Constitución”, dijo.
 
17/AGM/GG
 

La Constitución Política de la Ciudad de México, publicada el 5 de febrero y considerada el ordenamiento más progresista en el país en materia de Derechos Humanos (DH), corre el peligro de no entrar en vigor en septiembre de 2018, debido a que enfrenta siete recursos de impugnación ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): cuatro acciones de inconstitucionalidad, tres controversias constitucionales y alrededor de 50 amparos en juzgados federales presentados por integrantes de organizaciones de derecha. 
 
Las impugnaciones, afirman diputadas y diputados constituyentes que participaron en el debate, tratan de evitar que los avances alcanzados en la capital se concreten y propaguen por todo el país. Son parte de una andanada conservadora que no soporta una Constitución libertaria y, para evitar que los derechos contenidos irradien su luz en otras entidades, buscan echar abajo la autonomía de la capital y los derechos de la ciudadanía.   
 
La Carta Magna capitalina asusta –dicen las y los ex constituyentes– porque además de robustecer la participación ciudadana, incluyó los derechos sexuales, los reproductivos, reconoce la diversidad sexual, matrimonios entre personas del mismo sexo y abre la puerta a la legalización de la eutanasia, el uso médico de la mariguana y el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
 
Asimismo, reconoce la igualdad de salario entre mujeres y hombres, la paridad (50-50) en candidaturas; dispone la creación de un Sistema de Cuidados para aligerar las tareas domésticas de las mujeres e incluye el derecho la autodeterminación personal, que implica la maternidad libre y voluntaria.
 
ALEGATOS
 
Ante estos derechos de avanzada, la Procuraduría General de la República (PGR), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el Partido Nueva Alianza (Panal) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) presentaron acciones de inconstitucionalidad, alegando contradicciones de esta norma con la Constitución federal.
 
La Presidencia de la República, el Tribunal Superior de Justicia capitalino y el Senado presentaron controversias constitucionales, es decir, por invasión de competencias.
 
En opinión del Comisionado para la Reforma Política de la capital, Porfirio Muñoz Ledo, estas impugnaciones son parte de un plan autoritario porque se quiere parar la evolución democrática de la Ciudad y del país. “No quieren que tengamos ningún derecho adicional”, asegura.
 
Muñoz Ledo sostiene que los opositores al texto dicen que la Asamblea Constituyente debió constreñirse a los aspectos, orgánicos, administrativos y presupuestales. “Es la Constitución que querían, una ley reglamentaria”.
 
Explica que la “impugnación madre” es la de la PGR con 194 artículos impugnados en materias que, según constituyentes, no le corresponden, porque en general se cuestiona el capítulo Carta de Derechos y temas como derechos de las personas con discapacidad y comunidades indígenas.
 
La constituyente por Morena, Patricia Ruiz Anchondo, asegura que la controversia presentada por PGR, encabezada por Raúl Cervantes Andrade (quien también fue constituyente) está fuera de lugar y es una falta de respeto a los ciudadanos.
 
La ex procuradora Social y ex delegada de Gustavo A. Madero dice las impugnaciones se hicieron porque “el contenido de la Constitución es progresista, una visión garantista de Derechos y libertades que la ciudadanía ha conquistado”. El fondo, dice, es que no la quieren porque “se afectan intereses que han estado arraigados en esta ciudadana,  económicos, sociales, políticos”.   
 
La también constituyente por Morena, Clara Brugada, asegura que atrás está  el conservadurismo, “la andana derechista que no soporta que una ciudad pueda tener una Constitución libertaria, de avanzada, en el país… Tienen pavor a la multiplicación que pueda haber en otros estados”.
 
La ex jefa delegacional de Iztapalapa agrega que el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sobre representado en la Asamblea Constituyente, hizo que muchos temas se matizaron en el texto y ahora no quiere que la capital vaya más allá de la Constitución federal ni exprese lo más avanzado del país. 
 
El Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, y Morena llaman a la ciudadanía a la defensa de la Constitución, cuando en realidad las controversias no son públicas y el proceso de redacción del texto fue opaco.
 
COLECTIVOS FEMINISTAS, A LA DEFENSA
 
La feminista, activista, militante de izquierda e integrante de Las Constituyentes, Yndira Sandoval Sánchez, dice que no legitiman toda la Constitución pero la reconocen como un instrumento que desafía las leyes federales y amenaza a la ultraderecha, ahora reagrupada y fortalecida. 
 
Recuerda que siempre que hay debates políticos los derechos de las mujeres son moneda de cambio y por ello criticó que la PGR y la CNDH politicen los temas, como en 2007 cuando presentaron recursos ante la SCJN en contra de la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en la capital.
 
La activista llamó a los actores involucrados a ser responsables políticamente para salvaguardar los derechos recogidos en este ordenamiento y que son un precedente para todo el país. Adelantó que en como colectivos ciudadanos también planean enviar un amicus curiae (documento con argumentos jurídico) a la SCJN. 
 
El reto, ahora es saber quién defenderá jurídicamente la Constitución, porque la Asamblea Constituyente, redactora del texto, fue disuelta una vez publicado el texto. Por tanto, podría ser la Asamblea Legislativa del Distrito Federal la que se presente como interesada, aunque no haya elaborado la norma. 
 
Porfirio Muñoz Ledo y el senador y ex presidente de Mesa Directiva de la Constituyente, Alejandro Encinas, entre otros, afirman que quienes hicieron la Carta Magna deben presentar su defensa ante la Suprema Corte.   
 
El ministro Javier Laynez Potisek es el encargado de elaborar los proyectos para que la SCJN debata y decida sobre los recursos presentados en contra de la Constitución de la capital del país.
 
17/AGM/GG

La Ciudad de México se convertirá en la primera entidad en implementar un Sistema de Cuidados para atender a niñas, niños, adultos mayores, personas en situación de dependencia por enfermedad o discapacidad a fin de aligerar las tareas de cuidado que realizan las mujeres.
 
El pasado sábado 7 de enero, la Asamblea Constituyente aprobó que la Constitución Política de la Ciudad de México incluya en el artículo 14, inciso B, la obligación de las autoridades capitalinas de crear un Sistema de Cuidados que preste “servicios universales, accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad”. 
 
El pleno de la Asamblea que debate y aprobará la Carta Magna que regirá la capital –la cual deberá estar lista el próximo 31 de enero– recogió la demanda del movimiento feminista que exigió al Estado participar en las tareas de cuidados que realizan las mujeres. 
 
Este fin de semana las y los diputados constituyentes aprobaron la redacción del artículo 14, apartado B, que dirá que “toda persona tiene derecho al cuidado que sustente su vida y le otorgue los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad a lo largo de toda su vida”.
 
Entre quienes propusieron incluir este tema en el texto constitucional estuvo la cofundadora de la Red de Investigación y Acción Feminista, Yazmin Pérez Haro, quien indicó que hay personas que por su edad, ciclo de vida, condiciones físicas, mentales o por afectaciones a su salud se encuentran temporal o permanente en condiciones de dependencia o requieren cuidados específicos.
 
Con el apoyo del colectivo, Las Constituyentes CDMX, Pérez Haro hizo llegar a las y los diputados una propuesta donde explicó que las mujeres son quienes realizan las tareas de cuidado, lo que constituye un trabajo no remunerado; por ello destacó que esta actividad se debe considerar un derecho y así diseñar e implementar un Sistema Público de Cuidados.
 
El objetivo es que la Ciudad de México, las familias, las empresas privadas, las organizaciones sociales y las comunidades sean corresponsables y en conjunto tomen acciones para cuidar a las personas dependientes y permitir que las mujeres obtengan una remuneración por realizar estas tareas o puedan dedicarse a otras actividades remuneradas.
 
Al respecto ONU Mujeres indicaron que dedicarse al hogar o al cuidado de personas dependientes, sin recibir remuneración alguna, restringe notablemente la posibilidad de las mujeres de contar con ingresos propios, de buscar opciones en el mercado laboral y de participar plenamente en la política y la sociedad, entre otras consecuencias.
 
El organismo también destacó que en México, de acuerdo con la Cuenta Satélite del Trabajo no remunerado de los Hogares que realizó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2013, las labores domésticas y de cuidado no remuneradas que hacen las mujeres equivale a 42 mil 500 pesos al año.
 
En la sesión donde se aprobó este artículo, la constituyente Clara Jusidman Rapoport –designada diputada por el Jefe de Gobierno– destacó que las mujeres, en su mayoría, han sido las encargadas de cuidar a otras personas, por lo que es necesario reconocer la desigualdad que esto genera, sin que haga de la asistencia social un derecho.
 
Por otra parte el artículo aprobado también establece el derecho a la salud al más alto nivel posible; el derecho al agua; la prevención, tratamiento y control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas; el desarrollo de investigación científica; la promoción de la medicina tradicional indígena y el uso médico y terapéutico de la cannabis.
 
17/AGM/KVR
 

El borrador de la Constitución Política de la Ciudad de México incluye el “derecho al cuidado”, pero es una propuesta insuficiente para garantizar la atención en el hogar que alguna mujer brinda a niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, con discapacidad o con adicciones, aseguró la consultora y cofundadora de la Red de Investigación y Acción Feminista, Yazmin Pérez Haro. 
 
Luego de participar en un foro sobre desarrollo económico de las capitalinas, la también integrante del colectivo Las Constituyentes aseguró que es necesario que se cree un sistema público de cuidados, que incluya la participación de los hogares, la iniciativa privada y al Estado en tareas que prácticamente sólo hacen las mujeres.
 
De acuerdo con el Instituto de las Mujeres (Inmujeres) de la Ciudad de México, 43 por ciento de las capitalinas tiene un trabajo remunerado y 57 por ciento realiza labores domésticas y de cuidado, es decir, atender a otras personas.
 
El borrador de la Carta Magna, que se discute en la Asamblea Constituyente, incluye en el artículo14, apartado C, que toda persona tiene derecho al cuidado, entendido como “el conjunto de actividades que sustentan vitalmente a las personas y les otorgan los elementos materiales y simbólicos para vivir en sociedad”.
 
Asimismo, este artículo dice que la Ciudad de México promueve la economía del cuidado mediante la prestación de servicios públicos y universales, y fomenta la participación corresponsable de autoridades, el sector privado, la comunidad, las familias, las mujeres, los hombres y los distintos grupos de edad en la provisión de servicios de cuidado.
 
“El capítulo 14 del derecho al cuidado no sólo es insuficiente, es la versión más austera, más limitada en cuestión de derechos. La propuesta queda coja por muy innovadora que sea porque no se estaba pensando de forma integral”, resume la activista.
 
Es por ello que Pérez Haro elaboró una iniciativa de reforma que presentó con el colectivo Las Constituyentes para modificar los artículos 14, 16, 17, 21, 22 y 26 del borrador del texto constitucional, a fin de crear el sistema público de cuidados en el que participen las familias, el Estado y el mercado.
 
La propuesta busca que el cuidado sea un derecho y una ocupación remunerada, que permita generar ingresos económicos a las mujeres que realizan estas labores.
 
A decir de la también especialista, quien investiga las desigualdades en el trabajo no remunerado, es fundamental un cambio estructural de la política en la materia y no sólo rediseñar programas que ya existen, porque hoy se requiere un cambio que dé respuesta a la crisis de cuidado que se vive en la capital del país.
 
En la iniciativa ciudadana se incluye el derecho al tiempo porque en opinión de Pérez Haro, es un elemento fundamental para las personas que realizan tareas domésticas y de cuidado sin horarios fijos, en ocasiones mezclando actividades con otras que podrían considerarse de “recreación”, como ver la televisión.
 
La investigadora espera que en la Carta Magna que redactarán las y los diputados constituyentes figure un nuevo pacto de género, e incluya una de las grandes desigualdades: la división sexual del trabajo.
 
16/AGM/AMS