Salario mínimo

El porcentaje de la población que no puede adquirir la canasta básica con su ingreso laboral crece en forma importante, y las mujeres son las más afectadas porque tienen los ingresos laborales más bajos del país, que de por si son miserables. En el país este porcentaje se incrementó al pasar de 40.0 (2016), a 41.1 por ciento para el cuarto trimestre de 2017. 

En la Ciudad de México el crecimiento es mayor, ya que en 2005 era de 20.7 y para 2017 la cifra fue de 37.9 por ciento. De hecho, en 20 de 32 entidades del país aumentó el porcentaje de población que no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso laboral entre ellos destaca la Ciudad de México, ver gráfica. Datos del Consejo Nacional para la Evaluación de la Pobreza (Coneval).

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En el período analizado (2005-2017), es muy relevante el crecimiento que ha tenido la pobreza laboral en los estados de: Morelos, Nuevo León, Oaxaca y Guerrero. Situación que se ilustra claramente en la gráfica.

Coneval publica trimestralmente las variables relacionadas con el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), esta información permite observar la evolución del poder adquisitivo del ingreso laboral de los hogares y, con base en éste, analizar si aumenta o disminuye el porcentaje de la población cuyos ingresos laborales son insuficientes para adquirir la canasta alimentaria.

De acuerdo al último informe que corresponde al cuarto trimestre de 2017, creció 4.6 por ciento la población del país que no tiene un ingreso laboral suficiente para comprar la canasta alimentaria, situación que no se veía desde 2014. El ingreso laboral deflactado por el índice de precios de la canasta alimentaria pasó de 1 mil 567.85 a 1 mil 492.61 pesos.

Esto implica necesariamente mayor pobreza femenina, porque aunque las cifras de Coneval no están desagregadas por sexo (desafortunadamente), partimos de la premisa de que son ellas las de los salarios más bajos, lo que se demuestra con las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el Inegi.

Esta tendencia se observa tanto en zonas rurales como urbanas; no obstante, el aumento anual del ITLP es más pronunciado en las zonas urbanas y la caída trimestral es más pronunciada en las zonas rurales.  

Ahora bien, el poder adquisitivo del salario entre 2016 y 2017 también disminuyó mucho, es 2.5 por ciento menos.

¿Por qué está sucediendo esto? El propio Coneval reconoce que “la explicación de este aumento en la población con un ingreso laboral inferior a la línea de bienestar mínimo radica principalmente en un aumento del valor de la canasta alimentaria de 9.0 por ciento en zonas urbanas y 8.7 por ciento en zonas rurales en este periodo; así como por una disminución en el ingreso laboral real de 2.5 por ciento anual en este periodo”.

Dicho en otras palabras: crecen los precios pero no crece el salario y el resultado es que día a día y año con año se empobrecen más las mujeres y en general la población que vive de un ingreso fijo.

Desgraciadamente esta dinámica es la que sostiene el famoso “equilibrio macroeconómico”, del que tanto se presume en los discursos oficiales.

Sin embargo cuando los Sindicatos independientes –los que quedan- solicitan aumentos de emergencia a los salarios la respuesta es que éstos son “inflacionarios” (¡Sic!).

Actualmente en las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo los incrementos salariales han sido únicamente del 4 al 4.5 por ciento, totalmente insuficientes para enfrentar el proceso inflacionario que está experimentando la economía del país.

Para muestra un dato: en 2012 la inflación (crecimiento de los precios) era de 3.57 por ciento pero para 2017 fue de 6.67, prácticamente el doble y evidentemente los salarios no han tenido esa misma evolución progresiva.

Si observamos el crecimiento de los precios exclusivamente en los alimentos, la situación es todavía más crítica. En el lapso comprendido entre 2012 y 2016, es decir en cuatro años consecutivos, la canasta básica experimentó un crecimiento de sus precios de 20.7 por ciento; específicamente los alimentos 30.1 por ciento de inflación.

Conclusión. Ya se vio que según la información generada por el Coneval el salario ni siquiera alcanza para comer. A las mujeres les urge un cambio de política económica y salarial.

Pobreza de las mujeres y su crecimiento medida por el ingreso laboral y los precios de la canasta básica, según información generada por el Coneval. Situación de esta pobreza a nivel estatal, urbano y rural.

* Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

18/CPM/LGL

Coloquialmente se le llama “cuesta de enero” a la inflación (aumento de precios) que religiosamente se da en el mes enero, al inicio de cada año, solamente que ahora tenemos ese problemita de la inflación desde hace un buen rato.

Los incrementos en los precios durante los primeros días o semanas de este mes son desmesurados y ya no es cuesta de enero sino del Everest. Como se aprecia claramente en la gráfica a pesar de que  solamente son algunos productos como muestra; de tal forma que las cifras que nos da el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre el crecimiento de los precios (6.77 en el Índice Nacional al Consumidor, diciembre 2017), es altísima pero de ninguna manera refleja  lo que están experimentando las mujeres trabajadoras, en términos de pérdida de poder adquisitivo de su salario.

Ver gráfica aquí

¿Qué está sucediendo?

Bueno, hubo una reforma energética que entre otras cosas liberalizó los precios de los energéticos, los dejó al libre juego de las fuerzas del mercado, es decir la ley del más fuerte; y el más fuerte no son ni con mucho las personas que viven de un ingreso fijo.

No se invirtió en refinerías, por tanto la producción de gas o gasolina nacional es muy baja. Se importa una gran cantidad de gasolina a precios del dólar que es muy alto. El gas también se importa y su precio es volátil, igual que el precio del dólar. El resultado es que el precio del gas LP ha crecido más del 40 por ciento (ver gráfica), impactando fuertemente el costo de la canasta alimentaria de las personas más pobres.

Las tasas de interés (precio del dinero) también están creciendo, se prevee que para este año Banxico genere tres incrementos; porque lo consideran un instrumento económico para frenar la inflación y el precio del dólar. También porque el Banco Central de Estados Unidos incrementa esas tasas y México lo hace de la misma manera para mantener atractiva la inversión extranjera financiera (los capitales golondrinos).

Lo malo es que con esta política se incrementan los precios de los créditos, tanto para empresas como para familias y hay menos inversión, pero también menos consumo. Según Inegi en octubre de 2017 el consumo privado de bienes importados cayó 5.5 por ciento y del nacional 2.5 por ciento, seguramente las cifras de este año no serán mejores.

Si aumenta el precio del dinero para las empresas ellas repercuten esos incrementos en los precios de los productos y el que paga el pato es el consumidor. Desde 2016 los índices de precios al productor que reportaba Inegi eran más altos que los del consumidor y claro, pronto impactaron en los precios de los productos.

Ningún aumento en la producción de los productos que tenga una empresa lo va a absorber o a reducir su tasa de ganancia, siempre la trasladará al consumidor o consumidora ese incremento en los costos. Claro que también esto tiene un límite, porque habrá menos consumo, no podrá vender sus productos, por lo menos no todos.

En la esfera política la incertidumbre que genera el proceso electoral de este año que se antoja complejo, también crea incertidumbre en las inversiones y los mercados, con efectos en el precio del dólar.

Por supuesto los factores externos también repercuten, un Presidente como Trump es una verdadera pesadilla. En la renegociación del TLCAN sigue poniendo trabas y “ocurrencias” como el muro fronterizo; cada vez se le concede más y sigue presionando. 

Los efectos están en la volatilidad del dólar y en la gran salida de capitales o de empresas extranjeras, menos empleo.

Los gobiernos neoliberales que el país ha tenido en los últimos 30 años presumían y presumen de la famosa “estabilidad macroeconómica”, anclada en la baja inflación y el control de cambios, pero lo más importante, en los bajísmos salarios y en una superexplotación de la clase trabajadora, en particular de las mujeres cuyo salario invariablemente es menor al masculino.

Según datos del Observatorio del Salario de la Ibero de Puebla, en 2017 el salario promedio masculino (mensual) era de 7 mil 365.60 pesos, pero el de las mujeres disminuía a 6 mil 187.11 pesos. Entre el 2013 y 2017 el salario promedio se contrajo en México en 14.4 por ciento.

Las mujeres que ganaban más de cinco salarios mínimos en 2005 eran 1 millón 241 mil; para 2017 esa cifra descendió 69 por ciento y se convirtió en únicamente 731mil 666 trabajadoras. Un proceso de empobrecimiento muy acelerado, ahora acompañado de crecimiento en los precios y desempleo, con altos niveles de informalidad. Es decir, sin seguridad social que las proteja, carecen de los más elementales derechos laborales.

¿Qué efectos tiene la inflación, o el crecimiento sostenido de los precios según Banxico?

• Es un impuesto que afecta más a los hogares de menores ingresos.
• Reduce el poder de compra de las obligaciones contractuales.
• Afecta la planeación de largo plazo de los agentes económicos.
• Desalienta la inversión y el ahorro de largo plazo.
• Afecta el crecimiento económico.
• Los periodos de alta inflación coinciden con un bajo crecimiento o caídas de la actividad.
• Reduce la generación de empleo.
• Encarece el costo financiero de los proyectos productivos.

Todos y cada uno de estos elementos impactan mucho más a las mujeres, sean o no trabajadoras. En los últimos diez años la inflación ha sido del 51 por ciento.

UN PAÍS DE MUJERES EMPOBRECIDAS

Sin duda la economía nacional está atrapada entre el estancamiento económico y las políticas de austeridad, como dice David Harvey: “gracias a Piketty se destruye la idea ampliamente extendida de que el capitalismo de libre mercado extiende la riqueza y que el mayor bastión en la defensa de libertades individuales. El capitalismo de libre mercado, cuando se hallan ausentes las intervenciones redistributivas del Estado produce oligarquías antidemocráticas.

Además las políticas contra la inflación  son una ´muy buena forma´ de aumentar el desempleo, y aumentar el desempleo es una forma extremadamente atractiva de reducir la fuerza de la clase trabajadora”.

Hoy, todas las organizaciones o partidos políticos del país tienen ante sí el reto de responder a un justo reclamo de las mujeres: el sistema económico no sólo produce empleos informales y una gran desigualdad de género; sino que además no produce crecimiento económico y para colmos, ahora se enfrentan a este desmesurado crecimiento en los precios de los productos básicos, que se come sus salarios y disminuye su calidad de vida, aún en los niveles mínimos que plantea Coneval.

* Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

18/CRPM/LGL

Recientemente se publicó un importante texto titulado “Relaciones laborales reales vs. Relaciones laborales formales: balance actual del mundo de trabajo en México y otras latitudes”, coordinado por José Alfonso Bouzas Ortiz. Los temas son globalización, subcontratación, terciarización, contratos patronales, así como flexibilización y precarización del trabajo.
 
Todos y cada uno de estos temas se relacionan en forma directa e indirecta con las condiciones de vida y derechos laborales de las mujeres del país, sean o no trabajadoras asalariadas. Este proyecto de investigación contó con el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y del Instituto de Investigaciones Económicas, entre otras instituciones.
 
Destacan también la Universidad Jaime I de Castellón y la Universidad de Valencia, ambas de España, así como la Universidad Externado de Colombia.
 
En un momento nacional e internacional donde pareciera que la globalización y sus efectos están en tela de juicio –como lo demuestran la salida de Inglaterra de la Unión Europea, o el triunfo de Trump en Estados Unidos–, la discusión y análisis de los efectos de la globalización en el mercado de trabajo, específicamente en las mujeres, es de vital importancia.
 
La precarización de que son objeto actualmente los y las trabajadoras crea un nuevo significado de “clase trabajadora”, que difiere en forma importante del concepto marxista que se tenía a mediados del Siglo XX.  
 
“Con el cambio de modelo de producción fordista al toyotista, este último caracterizado por ser `flexible´, se modifica sustantivamente el papel del y la trabajadora, así como la organización del trabajo, modelo que se aplica globalmente en todas las economías de los países, generando cambios profundos en las relaciones laborales”.
 
En términos de normatividad, es la eliminación de rigideces en el marco jurídico que regula las relaciones laborales, las que se construyen bajo el esquema de trabajo asalariado. Esas normas se diseñaron con la lógica de protección al trabajo y de reglas laborales proteccionistas, como la seguridad social.
 
La flexibilidad laboral se dirige contra ellas, el propósito es hacer más fácil para los “empleadores” lo que antes no sucedía en materia de derechos de los y las trabajadoras: ahora vemos contratos de trabajo temporales, despidos sin indemnización, establecimiento de condiciones laborales sin negociación colectiva, entre otros.
 
La finalidad es aumentar la producción, haciéndola más ágil y dúctil, así como reducir los costos de la mano de obra, “flexibilizando la fuerza trabajo”, como refiere María Elena López Pacheco, integrante de la Unidad de Economía del Trabajo y la Tecnología, quien es antropóloga social de la ENAH y maestra en Estudios de la Mujer de la UAM-X.
 
Sin duda todo esto forma parte de la realidad laboral que experimentan las mujeres trabajadoras de México y de “otras latitudes del mundo”, como lo llama el libro que coordinó Bouzas Ortiz.
 
Un efecto muy grave y muy importante para las mujeres de esta “flexibilización” y globalización es la pérdida de un derecho laboral fundamental: la seguridad social. Esto explica la “deslaborización” de la seguridad social que ha experimentado la clase trabajadora del país, en los últimos 30 años.
 
Ello, al grado de que se ha perdido la noción de que la seguridad social es un derecho laboral, una conquista de los y las trabajadoras, no así un “privilegio”, como lo denominan los medios masivos de comunicación y la clase empresarial. Por supuesto que también implica el abandono del que han sido objeto por parte del Estado, de las instituciones de seguridad social, o de cualquier otro instrumento de protección laboral.
 
Por eso se habla de relaciones laborales “reales vs formales”. Tal parece que ante esa nueva realidad laboral, la normatividad e infraestructura en la materia proteccionista (formal) es anacrónica.
Formalmente toda persona asalariada tiene derecho a la seguridad social, es un derecho universal; sin embargo, en la realidad sucede todo lo contrario, cada vez son menos los y las trabajadoras que acceden a la seguridad social por su trabajo asalariado.
 
VER GRÁFICA AQUÍ
 
Como se ilustra en la gráfica, a nivel nacional el porcentaje de personas en la informalidad laboral (sin seguridad social), es de 58.22 para las mujeres y 56.84 en los hombres. Las  más precarizadas (empobrecidas) son las mujeres, pero en ambos casos el porcentaje supera a la mitad de la clase trabajadora del país. Estas cifras varían considerablemente en las diferentes entidades.
 
Por ejemplo, en las trabajadoras de Oaxaca alcanza 81.35 por ciento, mientras que en Nuevo León es de 39.39 por ciento, las diferencias regionales son enormes, como se observa en los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondientes a julio-septiembre de 2016.
 
Como parte importante de esta flexibilización laboral, están el desempleo y los bajos salarios que tanto afectan a las mujeres. El divorcio de la realidad laboral con la normatividad aquí es todavía más amplio.
 
A estas alturas, nadie piensa que un salario de 80 pesos diarios pueda cumplir con lo establecido en el Artículo 132 de la Constitución, ni siquiera cubre la línea de bienestar que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). 
 
Según datos del Observatorio del Salario de la Universidad Iberoamericana (UIA), las empresas destinan sólo el 25 por ciento de sus ingresos al pago de sueldos y salarios, cuando hace casi 40 años, era el 51 por ciento. Esto sin mencionar la caída del poder adquisitivo de los salarios en los últimos 38 años.
 
Por otra parte, las cifras de desempleo que publica el Inegi –particularmente de las mujeres–, están muy por debajo de la realidad, justamente de lo que se trata (y se ha logrado) es facilitar el desempleo y mantener una importante reserva de oferta de mano de obra que permita abaratar todavía más los salarios, y por ende los costos de producción.
 
Ante este panorama donde las nuevas regulaciones legitiman la flexibilización laboral y desprotección de los y las trabajadoras (Reforma laboral, 2012), para los autores del libro “es necesario solicitar en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una actualización de las normas para lograr una mejora de las regulaciones nacionales, acordes con el nuevo contexto, evitando situaciones de desprotección laboral”.
 
También es indispensable una presencia sindical internacional capaz de superar los problemas nacionales”.
 
Twitter: @ramonaponce
 
* Economista especializada en temas de género
 
16/CRPM/AMS