Oaxaca

La Unión de Mujeres Víctimas de Violencia en Oaxaca (Umuvio) exigió al gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, una audiencia pública para conocer los avances sobre los casos de feminicidio de sus hijas.

En una carta pública, las integrantes de la Umuvio denunciaron que a un año de esta reunión donde el gobernador ordenó a la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña (SMO), la Fiscalía General de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJE) estatales presentar mensualmente los resultados de las investigaciones de feminicidio de sus hijas, estas instituciones “no han hecho nada”.

Específicamente, subrayó la agrupación, el gobernador instruyó a la Secretaría de la Mujer local coordinar estas reuniones, no obstante, han sido “pocos” los encuentros que han tenido y en representación de la institución únicamente acude la abogada asignada para su defensa, Elizabeth Benítez, de quien dijeron, lejos de defenderlas desconoce la información de los casos. 

De acuerdo con la Unión de Mujeres, las instituciones únicamente les han dado largas y no se tienen avances para que sus hijas obtengan justicia, ejemplificaron que el 3 de abril de 2017 tuvieron una reunión con la entonces titular del SMO, Miriam Liborio y el fiscal Héctor Joaquín Carillo, quienes les pidieron fichas de información y datos generales de los casos. “Nos quedó claro que no tenían informes de los expedientes”, evidenciaron.

Finalmente el 21 de abril del año pasado, Héctor Carillo dejó su cargo como fiscal y aseguró a las madres que por lo menos, “sacarían los cinco primero casos de feminicidio con éxito” por lo que cuestionaron en la carta “¿qué pasa con los otros 754?”.

En tanto, la nueva titular del SMO, Ana Vásquez Colmenares, recibió a las madres el pasado 13 de febrero y se comprometió con el tema, pero señalaron que esperan no sean sólo promesas.

Ante esta situación, la unión de madres exigió en la carta a Alejandro Murat una reunión, para que cuestione a estas instituciones que han hecho para llegar a la verdad de los asesinatos de las oaxaqueñas.

El Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad de Género Oaxaca –organización que lleva registro de los casos de feminicidio en la entidad- informa que de 2010 a 2016, bajo la administración de Gabino Cué, se perpetraron 527 casos de feminicidio.

En lo que va del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, el Consorcio ha registrado 141 casos.

Por su parte, en la petición de las organizaciones civiles para activar la Alerta de Violencia de Género en Oaxaca aseguran que de 2010 al 19 de febrero de 2016 se han cometido 557 asesinatos de mujeres de los cuales “200 encuadraban en el tipo penal de feminicidio”, según datos de la Fiscalía Especializada en Atención a Delito contra la Mujer por Razón de Género.

18/HZM/LGL

Integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), agredieron ayer lunes a las reporteras oaxaqueñas Alondra Olivera y Sayra Cruz, cuando daban cobertura al conflicto interno en este sindicato afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Alondra Olivera quien labora en Noticias Voz e Imagen de Oaxaca y es corresponsal de La Silla Rota, así como Sayra Cruz, reportera del Imparcial y de Fórmula Oaxaca, entre otros medios locales, habían acudido a las oficinas de la CTM para dar cobertura a la manifestación de quienes exigían la restitución de Álvaro Reyes Sánchez, dirigente depuesto por Carlos Aceves del Olmo, líder nacional de la CTM.

Dentro del lugar, al cual ingresaron por una convocatoria a rueda de prensa, fueron rodeadas por al menos 30 personas del sexo masculino que son identificadas como grupos de choque al mando de Reyes Sánchez.

El grupo que se caracteriza por un actuar violento y con cobijo de impunidad, amagó con quitarles su equipo de trabajo. A empujones y entre amenazas les exigieron mostrar sus teléfonos para cerciorarse que no hubieran tomado fotografías o audio de la asamblea que desarrollaban en el lugar.

De manera abusiva y con utilización de violencia verbal los cetemistas lograron revisar el celular de ambas reporteras, pues les hicieron saber que “nos vale madre lo que digan”.

A pesar de la forma violenta y lesiva a la ciudad en la que se ha conducido este gremio en los últimos días, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, recientemente reiteró a través de Twitter su alianza con el dirigente Álvaro Reyes, acto que ha envalentonado a los cetemistas.

Alondra Olivera, advirtió que por la agresión cometida por la CTM interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Justicia del Estado, instancia que ofreció dar el acompañamiento.

Cabe destacar que hasta el primer semestre del 2017, Oaxaca se ubicaba dentro de los cinco estados con mayor número de agresiones cometidas en contra de periodistas con 23 casos registrados,

Los estados que encabezan la lista son Coahuila donde la cifra fue de 26. Veracruz y Ciudad de México empatan con 28 el número de atentados a la prensa, y Guerrero que al igual que Oaxaca registró 23.

Pero en el caso específico de violencia contra mujeres periodistas, Comunicación e Información de la Mujer AC, documentó en su informe "El poder del cacicazgo" que en el periodo 2014-2015 Veracruz, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos se colocaron como las entidades más peligrosas para las periodistas. El panorama de la violencia no cambió mucho con respecto a 2012-2013 cuando CIMAC presentó su informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”.
 
En el periodo anterior, la capital del país tenía el primer lugar de agresiones contra comunicadoras al concentrar 35 por ciento de los casos; seguía Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno.
 
En esta actualización de 2014 se encontró que Veracruz concentró el mayor índice de violencia con 19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad de México con 18.7 por ciento; Guerrero con 8.1 por ciento; y Oaxaca y Morelos ocuparon el cuarto lugar con 5.4 por ciento de los casos, cada una.

“El Poder del cacicazgo” documentó que los actos violentos se cometieron contra reporteras de entre 25 y 34 años de edad, que en su mayoría cubría temas relacionados con la política, corrupción, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y compra de votos durante campañas y procesos electorales, así como movimientos sociales.

Del total de periodistas agredidas, 21.7 por ciento reporteaba temas relacionados con protesta social (cubren las manifestaciones) mientras que 8.1 por ciento cubría temas relacionados con la seguridad.

17/CLV/LGL

Organizaciones civiles exigieron a las autoridades de los tres niveles de gobierno que no se olviden que “la salud sexual y reproductiva es un Derecho Humano y debe ser tratada como tal durante la respuesta ante cualquier contingencia” como los sismos, las lluvias y demás fenómenos naturales que han azotado la entidad.

Por ello se pronunciaron para que durante la respuesta a la contingencia por la que actualmente atraviesa Oaxaca, no se olviden las necesidades de niñas, adolescentes y mujeres, para evitar embarazos no deseados, infecciones de transmisión sexual, violencia obstétrica o muertes por falta de medicamentos a pacientes con VIH.

Organizaciones como Alianza Nacional por el Derecho a Decidir, Colectiva Feminista, Mujeres Lilas, y la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar Grupo de estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos, recordaron que 59 por ciento de la población menor de 18 años que vive en las entidades más afectadas por los sismos, son niñas.

También la Red Nacional Católica de Jóvenes por el Derecho a Decidir, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddeser Oaxaca) y Servicios del Pueblo Mixe, mencionaron que en el país 6 de cada 10 menores de edad son víctimas de abusos o violencia; 9 de cada 10 no denuncian, y que en 5 de cada 6 de estos abusos las víctimas son niñas.

Mencionaron que de acuerdo con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, en el país hay una falta de espacios y servicios que permitan a las mujeres decidir cuándo o qué tan frecuente embarazarse, exponiéndose a complicaciones que requieren atención médica, problemas de infertilidad, mortalidad infantil y Cáncer Cérvico uterino, entre otros.

Aunado a ello, la demanda insatisfecha por anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años es de 11 por ciento y alrededor de 54 por ciento de los embarazos no planeados en México son resueltos por un aborto inducido, cifra que representa más de un millón de abortos inducidos en mujeres de 15 a 44 años.

Sin embargo, en situaciones de emergencia como las actuales, las autoridades además de garantizar la seguridad en las zonas de riesgo deben evitar violencia sexual y asegurar el acceso a anti-retrovirales para mujeres en situación de violación sexual.

De igual manera, se debe garantizar el aborto a quienes como consecuencia de una violación presenten embarazos, como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM046) Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres.

Así también, consideran urgente comprometer el abasto de medicamentos, antirretrovirales, métodos anticonceptivos y su respectiva distribución.

Por consiguiente, hicieron un enérgico llamado para que las autoridades estatales activen y respeten los planes de emergencia, las donaciones hechas por organismos internacionales, por países y actores externos y por la sociedad civil local, para que trabajen por las mujeres, niñas y adolescentes como grupo prioritario de atención y actuación en las políticas públicas y programas y accionar con firmeza y estrategia, porque las mujeres, niñas y adolescentes no son ciudadanas de segunda.

Exigieron el acceso a la salud sexual y la salud reproductiva porque representa un componente prioritario para garantizar calidad de vida, desarrollo colectivo y comunitario y el respeto a la dignidad humana.

Insistieron en que la salud sexual y la salud reproductiva forman parte de los Derechos Humanos fundamentales contenidos en Tratados y documentos internacionales que México ha firmado y ratificado.

17/PM/LGL

El cabildo de Juchitán por “acuerdo unánime” contempló destinar 8 de los 65  millones de pesos que recibió de la empresa Eólica del Sur al área de seguridad pública de siete agencias municipales pero no tomó en cuenta el rezago social y la marginación que vive una de ellas: Santa María del Mar, donde desde hace dos años alrededor de 862 habitantes no tienen energía eléctrica ni drenaje y cuentan con un mal servicio de agua potable.
 
Desde hace 8 años esta comunidad de origen huave vive un conflicto de límites territoriales con sus vecinos de San Mateo del Mar y no tienen acceso vía terrestre a la zona, solo lo hacen por el mar. En enero de este año tres personas murieron tras volcarse una lancha.
 
Las siete agencias municipales de Juchitán, Álvaro Obregón, Chicapa de Castro, La Venta,  La Ventosa, Playa Vicente, Santa María del Mar y Ejido Zapata, solo contarán con 8 millones de pesos para el programa “Reforzamiento del área de seguridad pública municipal y de señalización vial en Juchitán y sus agencias municipales” pero no habrá nada para obras de desarrollo social y programa de prevención a la violencia.
 
El municipio de Juchitán recibió hace unas semanas 65 millones de pesos de parte de la empresa Eólica del Sur como parte de un pago por otorgar el permiso de uso de suelo y licencia de construcción para uno de los parques eólicos más grandes que tendrá Oaxaca y Latinoamérica, propiedad de Mitsubishi.
 
En el tema de los derechos de las mujeres, el cabildo solo destinó un millón de pesos para el programa de salud pública en apoyo a la mujer el cual contempla la adquisición de un colposcopio  y pruebas de Papanicolaou para la detención del cáncer.
 
En conferencia de prensa, la alcaldesa Gloria Sánchez López  informó que, por “acuerdo unánime”, los concejales destinaron  9 millones de pesos para la sustitución y rehabilitación del drenaje en las secciones de Juchitán.
 
En el año 2015, el Fondo Regional (Fonregión) destinó al municipio juchiteco, que en ese entonces gobernaba Saúl Vicente Vásquez,  4 millones 571 mil 791 pesos con 97 centavos por concepto de “Rehabilitación del sistema de Alcantarillado Sanitario Colapsado” pero hasta el momento no se informado de si fue aplicado o no.
 
Además los concejales también consideraron la adquisición por 6 millones de pesos para  adquirir espacios para panteones y acondicionarlos debido a que informaron que los dos que se encuentran (Miércoles Santo y Domingo de Ramos) están saturados.
 
El monto mayor que ocupa casi la mitad de los 65 millones de pesos, es decir 32 millones de pesos es para la compra de un terreno para la reubicación del comercio en la vía pública y  un programa de vigilancia, sin que se haya presentado un dictamen técnico por un urbanista especializado.
 
También se destinará un millón de pesos para acciones del problema de la basura de Juchitán cuando se supone que en 2015, con recursos de Fonregión, el ex alcalde de Juchitán, Saúl Vicente Vásquez, recibió 37 millones de pesos para que se construyera y equipara un planta de tratamiento y valorización integral de residuos sólidos urbanos, el cual no funciona porque no fue concluida.
 
Los concejales juchitecos asignaron 3 millones de pesos para el programa de rescate y fortalecimiento y de la lengua zapoteca, al igual 3 millones para educación y capacitación para el trabajo dirigido a jóvenes, 2 millones para el programa de conservación y mantenimiento del entorno urbano y finalmente un millón de pesos para el programa de salud pública en apoyo a la mujer.
 
La alcaldesa de Juchitán anunció que las obras se realizaran por licitación y a través de su portal de transparencia dará a conocer la lista de constructores de dichas obras y de ejecutores de proyectos.
 
17/DM

Las  asistentes al  Cuarto Encuentro de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca advirtieron que la defensa de sus derechos en esa entidad “se ha vuelto cada día más peligrosa”.  
 
Realizado el 15 y 16 de junio en la capital oaxaqueña, el Encuentro congregó a mujeres mestizas, indígenas Ñuu Savi, Mixes, Afromexicanas, Zapotecas, Chinantecas y  Mazatecas pertenecientes a decenas de diferentes movimientos civiles, feministas, sociales, todas en defensa de Derechos Humanos.
 
En su declaratoria política, dada a conocer al final del Encuentro, las mujeres repudiaron el “incremento desmedido de ataques en nuestra contra, en particular en contextos comunitarios”.
 
La difamación, campañas de desprestigio, hostigamiento y amenazas se han vuelto cotidianas, alertan. En la mayoría de los casos, los agresores amenazan, dicen, a nuestras hijas y nuestros hijos, nos agreden en nuestras casas, nos atacan o amenazan sexualmente y utilizan elementos de nuestra vida íntima para desprestigiarnos.
 
DEFENSORAS DEL TERRITORIO 
 
Advertimos, señala su declaratoria, sobre la particular gravedad y vulnerabilidad de las mujeres defensoras del territorio quienes se han visto cada vez más agredidas en un contexto donde el Estado promueve políticas públicas de despojo tanto a nivel federal como estatal.
 
Dichas políticas, agregan, ilustran la lógica de privatización siguiendo un modelo extractivista neoliberal y de control del territorio; como es en el caso de la reciente estrategia de las “Zonas Económicas Especiales” por ejemplo.
 
Frente a este contexto, exigen el cese al despojo de la tierra y territorio, así como garantías para todas las defensoras, “en particular las mujeres quienes ejercemos nuestra legitima labor de defensa de nuestros bosques, mar, agua y tierra”.
Recuerdan que “desde nuestras ancestras, somos las mujeres quienes hemos cuidado de la tierra, misma que nos provee sabiduría, identidad y lo que necesitamos para vivir, seguiremos defendiéndola de manera articulada y no permitiremos el despojo”.  
 
SIN MECANISMOS DE PROTECCIÓN
 
Informan también que ante la falta de efectividad de mecanismos institucionales para protegerlas y frente a la cruenta impunidad en la que se encuentran todos los ataques en su contra, “hemos tenido que construir nuestros propios mecanismos de protección”.
 
Seguiremos articulando y construyendo estrategias de auto protección, en particular para enfrentar los riesgos específicos en contextos comunitarios, advierten.
 
Por tanto, exigen a Enrique Peña Nieto y al Ejecutivo estatal,  Alejandro Murat, que cese a la simulación y doble discurso de preocupación por la situación defensoras, dicen, y los urgen a que garanticen la labor de mujeres defensoras y periodistas, así como el cese al despojo de la tierra y territorio como respuesta a un modelo económico capitalista que no respeta los Derechos Humanos.
 
17/RED  

Sin resultados satisfactorios  terminó la reunión que sostuvo hoy una comisión de  familiares de personas desparecidas con autoridades de la  Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la  Procuraduría General de la República (PGR), para tratar en especial los casos de Edmundo Reyes y Gabriel Cruz, desaparecidos en Oaxaca en 2007.
 
Así lo afirmaron abogados e integrantes de las familias, entre ellas Margarita Cruz, hermana de Gabriel Cruz, y Nadin Reyes, hija de Edmundo Reyes, quienes forman parte de 12 colectivos y organizaciones civiles, que marcharon desde la Secretaría de Gobernación a la Fiscalía, con lo cual concluyeron las actividades de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, que se realizó del 23 al 30 de mayo.
 
Lo único que lograron, informó el abogado de la familia de Cruz y Reyes, Sandino Rivero, fue una cita para una mesa de trabajo el próximo 13 de junio con la fiscal especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Eréndira Cruzvillegas. 
 
MARGARITA Y NADIN
 
Desde hace 10 años, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel Cruz Sánchez, defensor de Derechos Humanos detenido sin orden  y desaparecido el 25 de mayo de 2007 en Oaxaca, ha acudido a la manifestación “porque el Estado nos obliga a hacer esto, de otra forma no nos escuchan”, afirmó.
 
La también participante del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, dijo en entrevista con Cimacnoticias que junto con su hermano también desapareció el defensor Edmundo Reyes Anaya, cuya búsqueda está encabezada por su hija Nadin Reyes Maldonado, y explicó “aunque hace varios años se emitió una orden judicial para buscarlos en los Campos Militares esto no se ha realizado".

CIMACFoto: César Martínez López.

Presente también en la movilización, Teresa, hermana de Minerva Vera Alvarado, desaparecida el 20 de abril de 2006, cuando tenía 60 años de edad, dijo que además de la omisión de las autoridades, los familiares de las personas desaparecidas se enfrentan a largos traslados de donde viven a las instancias de procuración de justicia generales lo que cambia por completo su vida cotidiana.
 
Narró que desde 2006 tuvo que dejar Oaxaca para vivir en la Ciudad de México y estar cerca de las autoridades, dijo que su caso entró al Mecanismo de Búsqueda, pero desde hace años no hay avances. “Así vengo casi cada dos semanas a la PGR y a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) para presionar por avances”, expresó.
 
Ante ello dijo estar consciente de que única forma de obtener justicia es la exigencia colectiva, por lo que es también integrante del Movimiento por la Paz por Justicia y Dignidad. Y consideró, al igual que las demás familias, que las personas desaparecidas son víctimas de un “terrorismo de Estado”.
 
PRÓXIMA REUNIÓN
 
Sandino adelantó que en la reunión del 13 de junio las autoridades les informarán si aceptan o no que se cite a declarar a funcionarios de la PGR y de mandos militares activos durante 2007 en relación con las desapariciones de Reyes y Cruz; también si aceptan revisar si los cuerpos ubicados en los centros militares coinciden con las características de los defensores y, de ser el caso, se hagan los estudios forenses correspondientes.
 

CIMACFoto: César Martínez López.

En la reunión de hoy efectuada con funcionarios de la PGR también se abordaron los casos de Fidensio Gómez Ortiz, desaparecido en 2015 en Chiapas, donde se acusa al grupo paramilitar “Los Petules” como los autores y al gobierno estatal de encubrirlos.
 
“En los casos no se ha cumplido con el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas de la PGR”, señaló el coordinador del Área de Acompañamiento del Comité Cerezo México, Héctor Cerezo.
 
También se habló del caso de Teodulfo Torres Soriano, desaparecido en la Ciudad de México en el 2013 y del cual “hasta ahora no hay ninguna línea de investigación clara”, añadió el defensor de  Derechos Humanos.
 
Algunas de las organizaciones presentes en la manifestación fueron el Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, el Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO) y el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT).
 
17/MAE/GG

“Aún con todas nuestras contradicciones, este movimiento va, pues a los pueblos a los que no debemos, pues si bien queremos estar en las boletas electorales en el 2018, nuestra lucha será por la vida, por la organización, para seguir existiendo”, dijeron miembros del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) al presentar y respaldar a María de Jesús Patricio Martínez, como la vocera y candidata independiente a la presidencia de la República.
 
Nahua de Tuxpan, el sur de Jalisco, donde nació el 23 de diciembre de 1963, la mujer indígena que cursó el bachillerato para dedicarse a la preservación de la medicina tradicional y la herbolaria, fue la elegida como la vocera del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) por el Congreso Nacional Indígena y por la Comandancia General del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CG-CCRI) del EZLN.
 
“Pensamos que la compañera Marichuy, no se vende, no claudica y no se rinde, como ella se formó dentro del CNI, eso creemos”, dijo una de las mujeres del CIG al leer el pronunciamiento de la Asamblea Constitutiva.
 
Marichuy, como la conocen todos en el CNI y los zapatistas recibió el apoyo unánime de todo los presentes en ese gran salón en el que entraron más de mil 400 delegados de unos 58 pueblos indígenas, más unos 250 más representantes del EZLN.
 
En mayo del 2015, por preservar la medicina tradicional y la herbolaria, así como por su vinculación con las comunidades indígenas del país, el cabildo del Ayuntamiento de Tuxpan le entregó a Marichuy el Galardón al Mérito Tuxpanense, adscrita a la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Coordinación de Vinculación y Servicio Social de la Universidad de Guadalajara.
 
El galardón se le entregó en el área de Ciencia y Cultura, por su trabajo en la Casa de Salud con la medicina tradicional y la herbolaria.
 
Hoy Marichuy dirige la Casa de Salud Calli tecolhuacateca tochan, lugar para el ejercicio y desarrollo de la medicina indígena tradicional de la comunidad nahua de Tuxpan. La Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas (UACI) de la Universidad de Guadalajara (UdeG) desde hace 22 años apoya este proyecto, con el fin de atender a los enfermos con un esquema de salud comunitaria integral y que sirva como un espacio para la capacitación de promotores de salud indígenas de la región.
 
Actualmente la Casa de Salud Calli tecolhuacateca tochan se ubica en la calle Abasolo, número 57-A, en el barrio de El Cóbano, con un horario de atención de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 horas; y los sábados de 9:00 a 14:00 horas. Donde hasta hoy, ella personalmente atiende.
 
Pero su vida ha dado un giro radical al ser nombrada ahora la vocera del CIG y candidata independiente a la presidencia de la república por parte de los pueblos indígenas.
 
Aunque ella ni Carlos González, su esposo, quien también figura y destaca dentro del CNI, lo han dicho, sus hijos quedarán bajo resguardo de las bases de apoyo y mandos del EZLN en Chiapas, quienes lo cuidarán y le darán protección, pero sobre todo educación.
 
Previo a que se conociera su nombre, algunas ya vaticinaban que sería ella la elegida, pues pocas mujeres como Marichuy se han destacado dentro del CNI. Ella, desde el levantamiento armado del EZLN en 1994, ya estaba apoyando la causa zapatista. Participó en todos y cada uno de sus eventos la que ha convocado el grupo armado.
 
Fue ella la elegida para que, junto con los comandantes y subcomandantes zapatistas, tomaran el micrófono en la tribuna, tras su primera salida de los zapatistas de la Selva Lacandona y su gran marcha rumbo a la Ciudad de México. Fue en esa ocasión en la que destacó la comandanta Esther del EZLN.
 
Reconocida como una de las fundadoras del CNI, en su discurso el 29 de marzo de 2001 ante el Congreso de la Unión, Marichuy habló  en nombre de las mujeres indígenas de México.
 
Esa pequeña mujer menudita que siempre iba de un lado a otro en todos y cada uno de los encuentros y foros que el EZLN celebraba en el CIDECI-Unitierras de San Cristóbal de Las Casas, en Oventic, o en cualquier otro territorio o caracol zapatista.
 
Para los conocedores del zapatismo, no fue difícil saber que Marichuy será la ungida por el EZLN y el CNI, el domingo 28, cuando alrededor de las tres de as tarde salió humo blanco de ese gran auditorio.
 
Ausentes en ese auditorio pero presentes en otra cabaña cerca, dando seguimiento a cada detalle de la Asamblea Constitutiva, estaban el Subcomandante Galeano y otros mandos como Tacho, y otras personas de las que siempre se apoya en la vía civil, Jorge Javier Elorriaga y Sergio Rodríguez Lazcano.
 
El subcomandante insurgente Moisés encabezaba la plenaria de la Asamblea Constitutiva junto con Bettina Cruz Velazquez,  del pueblo indígena zapoteco e integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec en Defensa de la Tierra y el Territorio, Santa María Xadani, Oaxaca.
 
Los miembros del CIG presentaron a Marichuy y señalan que más que una campaña electoral hará una campaña por la organización, por la vida, por la defensa del territorio. Que su misión será la articulación de los todos los pueblos y movimientos indígenas de todo el país.
 
Aunque no lo dijeron, sería algo similar a la “Otra campaña” que hizo el entonces Subcomandante Marcos o Comandante 0 por todo el país, pero la diferencia es que esta vez buscan aparecer en las boletas electorales en el 2018.
 
Marichuy dijo que llevará esta “gran responsabilidad” que le han encomendado el CNI y el EZLN, pero que para ello no está solo sino que cuenta con todo el respaldo de los miembros del CIG que son alrededor de 50 hombres y mujeres, todos de diferentes estados del país y de diferentes pueblos indígenas.
 
La próxima reunión para encontrarse todos será el 12 de octubre en territorio zapatista. Al igual que Marichuy, los nuevos concejales hicieron un llamado a todos los pueblos indígenas de México a sumarse a esta lucha antes que el capitalismo arrase y desaparezca a todos los pueblos originarios.
 
17/IM/GG

Los Centros de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, Beti Cariño y Digna Ochoa, manifestaron su preocupación por las amenazas e intimidaciones contra Bettina Cruz Velázquez y Rodrigo Flores Peñaloza, ambos personas defensoras de Derechos Humanos.
 
Al considerar que sus vidas están en peligro, luego de que recibieran amenazas por su labor en la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, las organizaciones emitieron una Acción Urgente, pues aunque las amenazas han sido una constante en lo que va de este año, el pasado 26 de abril fueron hostigados directamente afuera de sus centros de trabajo, denunciaron en el comunicado.
 
De acuerdo con las organizaciones, el hecho coincide con las intensas movilizaciones que se han llevado a cabo para exigir el esclarecimiento del asesinato de José Alberto Toledo Villalobos de Chauites, y del apoyo que han mostrado a la defensa del cerro Iguú, en Oaxaca.
 
Bettina Cruz Velázquez es una defensora del derecho a la tierra y la organización a la que pertenece se ha opuesto en diversas ocasiones a los proyectos eólicos que pretenden imponer en la región del Istmo, lo que le ha valido, desde años atrás, diversas intimidaciones y amenazas, por lo que se le han otorgado medidas de protección por parte de varias dependencias de gobierno.
 
En 2012, fue detenida de manera irregular y llevada al Reclusorio Regional de Tehuantepec, de donde salió dos días después. La arrestaron por haber participado en una manifestación pacífica de la organización a la que pertenece, realizada el 3 de abril de 2011, afuera de la Comisión Federal de la Electricidad (CFE) de Juchitán, en el estado de Oaxaca. Los delitos por los que se la acusó fueron privación ilegal de la libertad y delitos contra el consumo y la riqueza nacional.
 
17/LGL/GG
 
 

Rosalba López Jiménez y más de 50 mujeres zapotecas de las agencias municipales de San Blas Atempa defensoras de su tierra y territorio, junto con sus esposos campesinos, cumplieron más de 30 horas de bloquear la carretera federal panamericana 190, a la altura de la comunidad de Puente Madera, exigen que se detengan las obras de construcción de la subestación para el parque eólico de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
 
Las mujeres, la mayoría artesanas y hacedoras de totopos (tortillas hechas a mano en una olla de barro bajo tierra) no se han ido a dormir a sus casas y ahí preparan comida y cuidan a sus hijas e hijos. Se oponen a que destruyan su espacio de vida, que es una reserva natural llamada “El Pitayal”, ubicado en los terrenos comunales de su localidad. Con piedras, palos y enormes lonas impiden el paso a todo vehículo y camiones.
 
Rosalba López Jiménez dice que su defensa es por la vida. “No queremos que nuestra vida cambie, nosotras queremos vivir libres, esta subestación y los ventiladores no nos traerán beneficios, a nosotros nadie nos preguntó si queríamos que llegaran, simplemente se pusieron y listo, pedimos que se vayan”.
 
Expresó que representantes de la Secretaria General de Gobierno de Oaxaca les informaron que este miércoles sostendrán una reunión con las mujeres y sus esposos (quienes se dedican a recoger leña y a la cacería), por lo que será hasta entonces que levantarán su bloqueo carretero.
 
Aseguran que el gobierno de Oaxaca y el comisariado de bienes comunales, Inocencio Patiño Cristóbal, no acataron una minuta pactada el pasado 12 de abril en la cual acordaron detener la obra de construcción que realiza la empresa Tradeco y realizar una consulta mediante una asamblea.
 
“No ha sido uno, sino dos veces que nos hemos sentado a dialogar con la Secretaría de Gobierno y firmamos acuerdos de que  iban a detener la obra que está acabando con nuestro espacio natural y además para construirla están extrayendo material de un cerro sagrado que conocemos como Cerro Iguu, pero nada ha ocurrido, por eso seguimos manifestándonos”.
 
17/DM/GG

Portando cartulinas, además de todos los implementos de la labor periodística, decidimos levantar la voz periodistas de medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales en la Plaza de Armas de Cuernavaca no solamente por el artero asesinato de la colega Miroslava Breach Valducea, en Chihuahua, sino por la creciente violencia contra quienes ejercemos esta profesión en cualquier parte del territorio nacional.
 
Esta manifestación es parte de la Movilización Escalonada de Protesta, convocada por la organización Periodistas de a pie, y que tuvo ya lugar en la Ciudad de México, y en Jalisco. Mañana tocará el turno a Oaxaca, el miércoles a Puebla, el jueves a Sinaloa, el viernes a Chiapas y el sábado en Chihuahua, lugar donde fue asesinada la corresponsal de La Jornada.
 
En cada acto, se ha dado lectura a un  Pronunciamiento nacional y en el caso de Cuernavaca estuvo a cargo de la colega Rubicela Morelos Cruz, corresponsal de La Jornada.
 
En el mismo, se resalta que las y los periodistas “No somos personajes de una clase especial, no exigimos un trato privilegiado, sólo las garantías constitucionales para poder seguir haciendo periodismo y ejercer la libertad de expresión, sin que nuestra integridad física, psicológica y emocional se vea abatida por violencia revanchista, porque incomoda lo que narramos, porque al poder (fáctico y constitucional) no le conviene que se sepa la verdad”.
 
La exigencia es, por supuesto, Justicia por el asesinato de la compañera Miroslava, pero también mejores condiciones para el ejercicio seguro del periodismo y el funcionamiento apropiado del Mecanismo de Protección y de la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
 
Recuerda que durante la administración de Enrique Peña ha habido un ataque cada 22 horas contra  una o un periodista y suman 103 periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, 3 en marzo de 2017, ningún indicio de los desaparecidos. Critica la inoperancia del Mecanismo de Protección, y exige cuentas a la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, con 99.5 por ciento de averiguaciones sin justicia. 
 
Por eso, exigen: “Basta de disuadir a los compañeros que acuden al MP a interponer una denuncia, basta de perder expedientes, basta de opacidad, basta de criminalizarnos, basta de evadir la facultad que tiene la Fiscalía para atraer las investigaciones y explorar la línea de la labor periodística como motivo de un asesinato, desaparición y agresión. Basta de regatear medidas de protección. Basta de imponer medidas irracionales para una labor compleja como lo es reportear. Basta de mantener funcionarios de primer, segundo y tercer nivel responsables de procesar inadecuadamente la protección a quienes se acogen al Mecanismo como última opción.
 
No se salva Javier Corral, no se salva Osorio Chong, no se salva Peña Nieto ni los treinta tantos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos que cobran a cuenta del Mecanismo, o los 3 ministerios públicos federales asignados a los casos de la FEADLE, mucho menos los diputados y senadores…ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas como penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia.
 
Estaremos saliendo a las calles, no quitamos el dedo del renglón, pero ya no queremos salir a gritar el nombre de nadie más, concluye el comunicado. 
 
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