acoso en la UNAM

Alumnas  e integrantes de diversos colectivos feministas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) llevaron a cabo un “Paro Feminista” de 24 horas para exigir al abogado de la Oficina Jurídica de la dependencia, Jesús E. Juárez González la resolución y atención de las quejas de violencia de género interpuestas por alumnas de la Facultad, así como la modificación del “Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género.

En entrevista con Cimacnoticias, una integrante del Tribunal Universitario de la FFyL -que pidió anonimato por cuestiones de seguridad- denunció que la directora de Secretaría General, Ana María Salmerón Castro y el abogado de la Oficina Jurídica desestiman las quejas presentadas por las alumnas argumentando que el Protocolo publicado en 2016 es limitado.

Agregó que una de las exigencias es la modificación de éste porque revictimiza y no está armonizado con la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” y otros instrumentos internacionales en la materia que sí sancionan y consideran otras medidas para erradicar la violencia y que establecen plazos para interponer una queja.

El Protocolo establece en el punto 2.1 del capítulo 2 “Aspectos generales sobre el procedimiento de atención a casos de violencia de género” que “sólo se recibirán quejas relacionadas con violencia de género dentro de los doce meses posteriores a la comisión del acto reclamado. En el caso de actos continuados, el plazo se computará a partir de que se haya presentado el último hecho. Cuando se trate de actos cometidos en contra de la libertad y seguridad sexual de personas menores de edad, no habrá término para la presentación de la queja”.

“Hay tratados internacionales que dan a las víctimas un plazo de 3 años. Aquí tenemos casos de chicas que su agresión ya tiene más de un año”, agregó la alumna.

Criticó también el concepto de “confidencialidad” en los procedimientos de atención a casos de violencia de género ya que obliga a las mujeres a callar sobre la violencia ejercida en su contra y seguir conviviendo con su agresor, si es el caso, dentro de las instalaciones mientras se da resolución a la situación jurídica.

Aunado a lo anterior, resaltó que muchas veces se deja a la víctima en situación de vulnerabilidad, pues las “medidas urgentes de protección” (acompañamiento jurídico, atención psicológica) o las “medidas académicas” (cambio de horario o clase) no se brindan a las mujeres si su queja no llega al Tribunal Universitario. No obstante, el Protocolo formaliza que las medidas sean otorgadas desde la etapa 1: orientación para interponer una queja.

Debido a la figura de conciliación que propone el Protocolo aseguró que la UNAM sólo ha resuelto 6 casos de 200 aproximadamente registrados de 2016 a 2018. “La Facultad y la Universidad están permitiendo que se sigan violando los derechos de las mujeres, esto es lo más grave que tenemos, no se están resolviendo los casos de acoso, se están agravando”.

A pesar de la existencia de diversas instancias creadas para la atención y acompañamiento de los casos de violencia de género como la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD), la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y los “Lineamientos para la Igualdad de Género”, entre otros, impulsados por la Universidad, la activista explicó que no funcionan dado que su contenido es insuficiente en cuestiones de género y porque existe corrupción.

Del 2017 hasta la fecha, la integrante del Tribunal Universitario de FFyL, dijo que recibieron un caso de violación y de hostigamiento, sin embargo, recalcó que no todos llegan a este órgano colegiado, debido a que los abogados de las Oficinas Jurídicas así como las y los directores de cada Facultad consideran solucionado el problema con solo levantar la queja, pero los casos se archivan y no se registran en las estadísticas sobre violencia de género en la Universidad.

Durante la conferencia de prensa mencionaron los casos de acoso sexual en la preparatoria 5; el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, las denuncias contra el estudiante del posgrado de Geografía de la FFyL, Héctor Ignacio Martínez Álvarez acusado de violación y acoso, entre otros. Dijeron que el acoso sexual, hostigamiento y la violencia psicológica son las más comunes y que los principales agresores son los profesores, alumnos y personal administrativo de la dependencia.

De acuerdo con el “Informe sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia” -agosto 2016 a junio 2017- se presentaron 234 quejas por posibles hechos de violencia de género ante el  jurídico de la UNAM, de las cuales 203 fueron por alumnas de nivel de licenciatura.

Posterior a la rueda de prensa se desarrollaron actividades culturales dentro de las instalaciones de la FFyL, y se recolectaron más testimonios de alumnas. Con estos datos, las activistas feministas buscan hacer una relación de todos los casos y el apoyo jurídico para comenzar a realizar la propuesta de reforma al Protocolo.

Las alumnas exigieron que se les garantice su derecho a denunciar y el acceso a la justicia; la expulsión inmediata y definitiva de Héctor Ignacio Martínez Álvarez de la Universidad -principal caso que motivó el “Paro Feminista”-  y que se dejen de tolerar, encubrir y justificar las acciones de los agresores.

A las 20:00 horas de ayer terminó el “Paro Feminista” debido al apoyo y respuesta de diversas Facultades y universidades externas.

DORA ROMERO, UN TESTIMONIO

En agosto de 2014, Dora Romero Olivera inició su doctorado en geografía en el Instituto de Geografía de la UNAM, a cargo del tutor José Joel Carrillo Rivera. Desde el comienzo -reconoció ella- las actitudes de su tutor no le parecieron “alarmantes”: “el doble beso”, “Ay, suéltate el pelo”, “Ay, vienes muy tapada”, que posteriormente se convirtieron en violencia psicológica: gritos e insultos, hostigamiento y chantajes continuos.

En entrevista con Cimacnoticias, Dora Romero -recordó- que si quería ser acreedora de revisiones en su investigación o contar con la firma de José Carrillo para trámites escolares debía realizar trabajos extras y tener tiempo disponible siempre que él se lo pidiera, de no ser así, el ingeniero geólogo se molestaba con ella y la trataba peor. “Yo siempre le insistía, por favor profesor necesito asesoría, pero él siempre decía que no tenía tiempo”.

En su primera evaluación del doctorado, en 2015, José Carrillo le pidió hacer la reservación de una habitación en Roma, Italia, para darle ahí asesoría sobre su investigación y le hizo la propuesta sexual de dormir con él. Al rechazar su petición, el ingeniero la amenazó “Cuídate porque algo grave le va a pasar a tu evaluación”, le dijo.

En su segunda evaluación, en 2016, José Carrillo la reprobó con el argumento de que “había reconsiderado cambiar su calificación aprobatoria en su primera evaluación pues no desarrolló bien su investigación”.

Ante ello, Dora Romero pidió ayuda a los co-tutores del doctorado, solicitó la intervención del Comité Académico, convocó a una audiencia con el Comité y pidió cambio de tutor, pero no tuvo respuesta o justificación del porqué no era atendida ninguna de sus solicitudes.

Posteriormente optó por meter un recurso de revisión sobre su evaluación, al cual añadió pruebas de audio y textos que constataban la violencia ejercida por José Carrillo, sin embargo la repuesta que obtuvo fue que todo lo dicho y las pruebas adjuntadas eran mentira. Me escribieron en pocas palabras “Todo lo que dice la alumna es mentira”.  

“La costumbre aquí es aguantar, no pasa nada, pero me está amenazando. ¿Qué le hiciste? Nunca se cuestionan qué paso del otro lado, sino a ti”.

El día de ayer, junto con el grupo de alumnas de la FFyL, Dora Romero hizo pública su denuncia en la conferencia de prensa, la cual busca presentar ante la Defensoría de la UNAM por escrito, con el fin de que sean atendidas las injusticias ejercidas por José Carrillo y le den una solución sobre su situación en el doctorado con fecha de término en julio de 2018.

16/ AEG/LGL

La UNAM no envía todas las denuncias de violencia de género al Tribunal Universitario para su análisis y resolución, ya que de 81 registradas por la abogada general de la institución educativa, Mónica González Contró, los estudiantes que forman parte del tribunal fueron llamados para revisar sólo tres casos.
 
Lo anterior lo informó en una entrevista a Cimacnoticias un estudiante que fue consejero técnico del Tribunal Universitario de la UNAM desde el 2014 al 2016. El alumno pidió el anonimato porque teme a represalias, y explicó que no están tomando en cuenta a la comunidad estudiantil para la resolución de todas las denuncias de violencia en contra de alumnas y académicas.
 
Las facultades de Derecho, Filosofía y Letras, así como el Posgrado de Geografía, son las áreas en las que el Tribunal Universitario, la Asamblea Feminista y el colectivo Nosotras por Nosotras han detectado una obstaculización del proceso de denuncia y falta de aplicación del protocolo de parte del personal directivo, quienes son los encargados de informar y llamar al Tribunal Universitario para la revisión de los casos. 
 
El Tribunal Universitario está conformado por estudiantes, quienes también toman decisiones para el análisis y resolutivo de las denuncias de acoso y otros tipos de violencias que denuncien en la institución educativa, con la publicación del “Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género”, recibieron una capacitación sobre los tipos de violencia de género, para poder juzgar y decidir si otorgarán sanciones o no a los agresores.
 
Aunque sus miembros recibieron capacitación sobre la atención de violencia de género, el exconsejero técnico considera que falta una mayor preparación en el tema, porque no son especialistas y al momento de juzgar un caso, para emitir una resolución cada miembro lo hace de acuerdo a su propio criterio y ética universitaria.
 
El alumno de la UNAM indicó que antes de la publicación de este procedimiento para atender y sancionar la violencia de género, personal directivo inhibía la denuncia de las alumnas y académicas, al minimizar la agresión y decirles que no fueran “exageradas”, que esos conflictos tenían solución.
 
Una vez publicado el protocolo,  la situación no ha cambiado de manera positiva, puesto que la comunidad estudiantil ha notado que hay represión y emisión de resolutivos que van en detrimento de los derechos de las víctimas. Como ejemplo mencionó un caso de una alumna que fue expulsada de la institución educativa, cuando el agresor continúa con sus labores en la UNAM.
 
PRONUNCIAMIENTO
 
En un pronunciamiento publicado el pasado 24 de noviembre firmado por la “Red No Están Solas” y el colectivo “Nosotras por Nosotras”, las alumnas proponen modificación al “Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género” para que se garantice el derecho a denunciar y el acceso a la justicia, además se “deje de tolerar y justificar la impunidad”.
 
Señalan que el documento no propone sanciones específicas para la violencia de género, pero sí contempla la sanción para las alumnas que realicen “denuncias falsas”; no contempla las sanciones para las autoridades universitarias que obstaculicen el proceso de denuncia o no cumplan con el protocolo.
 
Tampoco establecen medidas para reparar el daño a las víctimas, pero sobre todo no está armonizado con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia Belém do Pará, en donde se prohíbe la utilización de la mediación como un alternativa de solución para la violencia.
 
Critican el concepto de “confidencialidad” utilizado en las mediaciones, porque obliga a las víctimas a callar sobre la violencia ejercida en su contra como la revictimización que se da en el proceso, sobre todo porque hablar y socializar sus vivencias, es una manera en la que las víctimas superan las afectaciones que les haya provocado la violencia ejercida en su contra.
 
“Nosotras sí creemos en las denunciantes, sabemos lo difícil que es atreverse a denunciar y nos enojan los riesgos que supondría hacerlo de acuerdo con un protocolo que ha sido redactado sin tomarnos en cuenta”, concluyen las estudiantes organizadas en contra de la violencia de género en su comunicado.
 
16/GVV/AMS/LGL