explotación sexual

Organizaciones de mujeres guatemaltecas demandaron al Congreso de aquel país retire de la agenda legislativa la iniciativa 5385 “Ley de Creación de Procedimientos para Delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas” y sea declarada con “dictamen desfavorable” por la Comisión de Reforma al Sector Justicia –institución encargada del análisis y dictámenes de iniciativas-.

En un comunicado, la organización “Mujeres Transformando el Mundo” junto con otras organizaciones de mujeres rechazaron la iniciativa de Ley –presentada por el Congreso de Guatemala en 2017- porque violenta los derechos de las víctimas, limita su participación en el proceso penal, vulnera su acceso a la justicia y favorece al agresor con la reducción de la pena.

Además consideraron que esta Ley “Abre las puertas a procedimientos conciliadores que benefician al agresor sexual, tratante y explotador sexual” pues “la voz de las víctimas permanece silenciada y sólo se escucha al agresor”, dejando a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

El proyecto plantea implementar el Procedimiento Alternativo por el Simplificado –Decreto 51-95, del Código Penal para resolver este tipo de delitos en un mínimo de dos audiencias (primera declaración y audiencia de procedimiento alternativo) de las cinco ya destinadas en un periodo menor de 12 meses (tiempo estimado en el CP) y limitar el plazo para el “ofrecimiento de pruebas”.

Lo anterior con el objetivo de dictaminar una sentencia sin etapa de juicio, la cual deberá ser decretada por el Ministerio Público y posteriormente por un juez. Para ello el MP tendrá que realizar una investigación preliminar, que sea “clara, completa y congruente con los hechos atribuidos al sindicato y la adecuación de calificación jurídica”.

Sin embargo, las organizaciones de mujeres concluyeron que las razones de la iniciativa de Ley no justifican su aplicación en este tipo de delitos –violencia sexual, explotación sexual y trata de personas- que son considerados por la Comisión contra la Tortura (CAT) como “delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes” y reiteraron que ya existe una normativa que rige este tipo de delitos. 

Debido a lo anterior, las organizaciones evaluaron que este procedimiento propicia la impunidad al centrase en el “beneficio” del agresor y no de la víctima, lo cual, reconocieron, lleva hacia un retroceso de más de 20 años de trabajo de las organizaciones, funcionarias y la sociedad civil, en la creación e implementación de leyes que garanticen a las mujeres el acceso a la justicia.

Desde meses anteriores las organizaciones han dicho que de aprobarse esta normativa se violentarían las Convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Guatemala: Convención para la Eliminación de todas las formas De Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, entre otras.

Las organizaciones advirtieron que esta Ley “es una respuesta misógina a la violencia sexual”, la cual fomenta un sistema de justicia que no “persuade a los victimarios de cometer delitos”, sino termina empoderándolos, “perpetuando así la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) durante 2014 la violencia sexual fue l2.38 por ciento de las 42 mil 275 violaciones a los Derechos Humanos registradas. En ese año de los 1 mil 465 casos denunciados sólo se pudieron documentar 285.

Al igual, la ONU consideró que la violencia de género en Guatemala se manifiesta de manera continua en la historia como una herramienta de “subordinación, control de la vida y el cuerpo de las mujeres” sustentada por un “sistema frágil de seguridad y repuestas judiciales que genera impunidad”.  En 2015, el Ministerio Público registro más de 58 mil denuncias sobre violencia contra las mujeres, de las cuales 270 fueron feminicidio.

18/AEG/LGL

La doctora en historia Fabiola Bailón Vásquez presentó su  libro “Prostitución y lenocinio en México, siglos XIX y XX”, un recuento histórico que plantea como las políticas públicas y diversos intentos del Estado por regularizar la prostitución en el país únicamente han fallado y afectado a las mujeres.
 
En las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se presentó y discutió el estudio, publicado por el Fondo de Cultura Económica y la Secretaria de Cultura, que hace una revisión histórica de poco más de dos siglos para explicar cómo, por qué y a través de qué medios, la prostitución y su explotación han adquirido en nuestro país los rasgos que la caracterizan hoy como uno de los negocios lucrativos de mayor remuneración y explotación del cuerpo de las mujeres.
 
La historiadora Bailón cuenta con un reconocido trabajo de más de 10 años de investigación sobre la historia de la prostitución en nuestro país, y este libro, a su parecer, es la muestra de cómo los procesos de regularización y complicidad del gobierno han profundizado el flagelo y las dimensiones de la explotación sexual en México, aseveró.
 
“REGLAMENTARISMO”
 
En la presentación, participó la directora de la Consultora para la Investigación, Formación e Incidencia Política (CIFIP), Verónica Caporal Pérez, quien dijo que el libro es un análisis crítico que demuestra cómo a lo largo de la historia, en los intentos por regularizar la prostitución “las mujeres son las últimas que importan”.
 
En uno de los cuatro capítulos que conformar el libro, reseñó, se explica cómo en el periodo conocido como “reglamentarismo” en México (1865-1940), el gobierno contó con un sistema de control para quienes ejercían la prostitución, donde las más afectadas fueron las mujeres, “al ser controladas, vigiladas, perseguidas y sancionadas, se dejó invisible a los explotadores y consumidores”, dijo.
 
Caporal Pérez añadió que en la actualidad la explotación sexual ha adquirido mayor fuerza, siendo un negocio con beneficios de escala global, “un negocio criminal que implica múltiples actores”. Sin embargo, como verifica la investigación, toda la responsabilidad y acciones políticas que se han ejecutado recaen en las mujeres, sin sancionar las acciones de los varones, tanto de los proxenetas como de los clientes.
 
COMO ANTAÑO
 
La directora regional de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC), Teresa Ulloa Ziáurriz, dijo que es un libro necesario y oportuno, pues en pleno siglo XXI existe un ataque sistemático en la dignidad de las personas, e insisten en revindicar la prostitución como trabajo, “empezando desde organizaciones defensoras de derechos humanos”, añadió.
 
La directora de CATWLAC puso a discusión el proyecto de ley presentado en la Asamblea Constituyente, donde se buscó reconocer y proteger en la Carta Magna de la capital el trabajo sexual “voluntario y autónomo como una actividad lícita”, mismo que fue desechado.
 
Teresa Ulloa aseveró que el discurso que se ha planteado desde la academia, el gobierno y algunas organizaciones civiles, donde se ve a la trata de personas como “una cosa horrible y un delito” y la prostitución como una opción libre y autónoma, “es una falacia que sólo atenta contra la dignidad de las mujeres que están en esas situaciones de vulnerabilidad”, y señaló que el Estado ha sido cómplice de la explotación sexual de las mujeres.
 
Al diálogo se unió la abogada, Andrea Medina Rosas, quien comentó que el recuento histórico hecho por la doctora Baldón permite reconocer lo que ha implicado en la normatividad de México la regulación de la explotación sexual.
 
En eso coincidió la directora del CIFIP, quien dijo que esta “nueva propuesta de ley desde los derechos humanos”, no es distinta a la experiencia “reglamentarista” de persecución y exclusión de las mujeres. Es la misma, pues no reconoce lo que verdaderamente implica la explotación de los cuerpos femeninos, y su naturalización.
 
Todas consideraron  que este libro permite plantear la discusión crítica y objetiva de la explotación sexual en el país, al reconocer las implicaciones que tienen las medidas de regularización y las dimensiones que hoy alcanza el fenómeno, todo esto con el fin de generar políticas públicas que puedan frenar este delito.
 
17/HZM/GG
 

Siempre he dicho que me siento una mujer afortunada en muchos aspectos, de hecho creo que lo sigo siendo cada día, pese a todo.
Recientemente tuve un par de experiencias bastante impactantes, de esas que no son habituales y de las que cuesta hablar por la intensidad con la que te golpean.
 
Participé como invitada por el Movimiento Democrático de Mujeres para hablar sobre el patriarcado y cómo es visto el cuerpo de las mujeres y otra participante hablaría sobre la explotación sexual comercial.
 
Abordó el tema desde su experiencia -haber trabajado con ellas y saber que son las más rechazadas por todas las instituciones y que se pueden llegar a convertir en sus enemigos principales.
 
Esta mujer (pidió que no se diera su nombre) nos contó cómo algunos departamentos de los servicios sociales a los que estas mujeres en condición de explotación sexual acuden a solicitar ayuda y reaccionan inmediatamente con "quitarles" a sus hijas e hijos con el pretexto de brindarles “la protección de esos menores” sin tener en cuenta su situación emocional.
 
"Por qué si existen instituciones para formar peluqueras o mecánicas de automóviles u otras profesiones ¿Por qué nos negamos a que ellas sean formadas correctamente en su profesión?"
 
Puede resultar grotesco, pero me remueve "pilares" de los políticamente correctos al pensar en el tipo de formación que habría que impartir si realmente se regulara este tipo de actividad.
 
Otra pregunta llegó en forma de dardo sobre ¿Qué hacemos con esas mujeres explotadas por personas sin escrúpulos, que solamente las usan y las tiran cuando ya son viejas y no sirven?
 
¿Qué hacemos con ellas, muchas extranjeras y sin arraigos que las cambian constantemente de lugar para que no puedan tener ningún tipo de vínculo?
 
Obviamente no nos dejó inmunes y, pese a que en la sala no había ninguna mujer en esas condiciones de explotación sexual, al menos a mí me removió muchos aspectos emocionales.
 
Son personas rechazadas, estigmatizadas y viven casi escondidas socialmente porque ya no sirven como materia prima. Así de duro. Así de simple.
 
La escritora y feminista francesa, Flora Tristán afirmó en su momento, a principios del siglo XIX que "La explotación sexual comercial es la más horrible de las aflicciones producidas por la distribución desigual de los bienes del mundo". Y así lo percibí.
 
La segunda experiencia que viví fue con mujeres privadas de libertad. Sí, con mujeres reclusas o "castigadas" como ellas se llaman.
 
Son mujeres de toda clase y deseosas de ser escuchadas. Mujeres con errores a sus espaldas que les han llevado a estar donde están. Mujeres con fuerza e ilusiones que están en un lugar tan inhóspito y hostil como es la cárcel.
 
Son mujeres fuertes porque sobreviven a esas condiciones de falta de libertad, en donde todos sus movimientos están controlados.
Ríen y cuentan sus experiencias como si de otras personas se tratara. Expresan con sus propias palabras sus sentimientos y vivencias.
 
El impacto emocional que causaron estas dos experiencias va más allá de la mera experiencia vivida e incluso compartida con ellas. Ha sido un impacto que me ha permitido reflexionar sobre su ausencia en demasiados discursos feministas teóricos, el mío incluido.
 
Sabemos que están y que existen, pero (al menos yo y hasta ahora) no nos hemos preocupado demasiado por escucharlas y saber de sus experiencias e incluso de sus sabidurías.
 
Y están ahí. Son mujeres como yo o como tantas otras a las que el patriarcado ha castigado con sus leyes y sus artimañas.
 
Son olvidadas, relegadas e incluso escondidas por una sociedad hipócrita que las hizo creer que podían elegir sus destinos y luego las castigó por haber elegido.
 
"El mito de la libre elección" o el neoliberalismo sexual como lo llama la feminista española, Ana de Miguel,  está más allá de lo estrictamente sexual.
 
Ese neoliberalismo que nos hace creer que realmente existe la libertad de elección cuando lo que realmente existe son condicionamientos para llevar a cabo un plan diseñado por el patriarcado para el sometimiento de mujeres y niñas.
 
Tanto las mujeres en condición de explotación sexual, como las que están privadas de libertad son las grandes ausentes y relegadas de demasiados discursos, pero que están, viven, respiran, sienten y padecen como cada persona.
 
Por mi parte procuraré no volver a olvidarme de ellas, puesto que como mujeres han de estar presentes y ser reconocidas.
 
* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.
 
tmolla@telefonica.net
 
16/TMC/KVR

Durante 2015, se registraron 203 casos de víctimas de trata de personas y explotación sexual, en 136 participó la delincuencia organizada (67 por ciento) y en 67 casos fue delincuencia común.
 
Lo anterior fue expuesto durante la presentación del Informe Anual de Datos Estadísticos y Georreferenciados 2015 del Sistema de Alerta Roja (SAR) que es el sistema de auxilio a víctimas de trata de personas, por la representante legal de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe AC (CATWLAC por sus siglas en inglés), María Teresa Ulloa Ziáurriz.
 
El Sistema Alerta Roja, cumple en este 2016 su décimo aniversario como el Sistema de Auxilio a Víctimas de la CATWLAC. Desde 2006 ha podido rescatar y/o localizar aproximadamente  a mil 406 personas.
 
La abogada explicó que con las acciones de combate al narcotráfico, la delincuencia organizada se ha diversificado, si antes sólo facilitaban el paso a la frontera para los tratantes de personas, ahora participan de lleno en este delito porque el gobierno federal no lo combate de igual manera como lo hace con el narcotráfico.
 
De acuerdo con el reporte, las formas o técnicas con las que opera para captar a las víctimas tanto la delincuencia organizada como la común, son “por la fuerza”, engaño, seducción y sustracción de las y los menores de edad.
 
Detalló que las víctimas niñas y mujeres representaron 186 de los 203 casos, el resto fueron niños y hombres. Respecto a las edades, las niñas tienen con edades de los 12 a 18 años representaron 75 casos, seguidas por las jóvenes de 19 a 35 años de edad con 44 casos. Mientras que en los casos de víctimas de sexo masculino, los niños de 1 a 5 años de edad representan 7 casos de un total de 17.
 
Por nivel educativo, es básico desde primaria a preparatoria, y provienen de familias en situación de pobreza y clase media. En sólo 2 por ciento de los casos las víctimas son indígenas.
 
La representante legal de la CATWLAC, María Teresa Ulloa enfatizó que la manera de operar del crimen organizado en la trata de personas es más violento porque después de captar a las víctimas y de explotarlas, terminan matándolas con violencia extrema.
 
En 6 casos las víctimas de trata también fueron víctimas de feminicidio. Las mujeres y niñas que fueron encontradas con vida fueron 36 y 139  aún se encuentran desaparecidas.
 
Los estados en los que se documentaron mayor número de casos de trata de personas y explotación sexual son Ciudad de México con 34 casos, Estado de México con 32, Zacatecas 18, Veracruz 17 y Quintana Roo con 10.
 
16/GVV/LGL