despido injustificado

A días de cumplir dos años en plantón, extrabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) despedidas en 2016, fueron allanadas por novena ocasión sin que nadie las auxiliara.

En un comunicado, la vocera de las extrabajadoras Guadalupe Carrasco Carrasco, informó que la madrugada del pasado 20 de febrero dos hombres entraron al plantón, rompieron las lonas que sirven de entrada y salida y revolvieron el material que se encuentra adentro.

Explicó que se percataron hasta el día siguiente debido a que después del tercer allanamiento las trabajadoras optaron por ya no realizar guardias como lo hacían de costumbre. Alrededor de las seis de la mañana del 20 de febrero una compañera del plantón avisó a Guadalupe del allanamiento por teléfono.

Posteriormente, la líder del movimiento marcó a los números que le fueron proporcionados como medida de seguridad del Código Águila por parte de la Procuraduría General de Justicia capitalina ya que después del tercer allanamiento, en marzo de 2016,  junto con el integrante del Comité Cerezo, Alejandro Cerezo, solicitaron a la  Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) medidas precautorias, mismas que fueron otorgadas por la instancia en 2017.

Sin embargo, Guadalupe Carrasco afirmó en entrevista con Cimacnoticias, que el personal que la atendió en los teléfonos “no tenía conocimiento de la existencia ni ubicación del plantón” por lo que acudió con un oficial de policía que se encontró en la calle quien se rehusó a ayudarla con el argumento de que “no le competía esa situación”, y le sugirió pedir el número de la cámara de video que se encuentra frente al plantón así como los nombres de los policías en turno del plantel Iztapalapa 2.

El allanamiento sucedió a unos días de su movilización el pasado 15 de febrero hacia las oficinas del gobierno capitalino y de la Secretaría de Finanzas y Capital Humano, para entregar firmas obtenidas de la campaña que emprendieron para exigir su reinstalación.

Las trabajadoras opinaron que estos allanamientos responden a las movilizaciones que han llevado a cabo desde hace 2 años cuando fueron despedidas injustificadamente 59 mujeres, la mayoría madres solteras y personas adultas mayores con más de 10 años de antigüedad laboral.

Las trabajadoras llamaron a las organizaciones civiles y a la población a apoyarlas este 23 de febrero que cumplen 2 años en plantón y anunciaron que presentarán una denuncia penal.

18/AEG/LGL

Adriana Rodríguez Hernández regresó a laborar a la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) el mismo día que hace año fue despedida por tener Cáncer de Mama (Cama). Este 19 de diciembre de 2017 retomó su cargo como subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural.

Después de demostrar que su despido no estuvo relacionado con su desempeño laboral, sino con una serie de agresiones que recibió por parte de funcionarios públicos por padecer (CaMa), en abril de 2017 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito de la entidad, le dio la razón y concluyó que la CES Edomex debía reinstalarla en su puesto y garantizarle el derecho a seguridad social.

La CES Edomex hizo caso omiso a la resolución por lo fue sancionada económicamente por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales. En este proceso la instancia presentó un amparo para no cumplir con la reinstalación. Sin embargo, el mismo Tribunal Colegiado volvió a corroborar el fallo el 24 de noviembre de 2017.

En la sentencia del año pasado los magistrados declararon que Adriana debía regresar a su trabajo porque no había elementos para sustentar su despido, además, destacaron que retirarle la seguridad social e interrumpir su tratamiento contra el cáncer colocaba su vida en riesgo.

La Comisión de Seguridad mexiquense se vio orillada a cumplir con el fallo por lo que informó al Juez Quinto de Distrito –encargado de dar seguimiento a la orden del Tribunal– que a partir del 16 de diciembre comenzarían las labores para la restitución. Tres días más tarde, Adriana Rodríguez confirmó los hechos presentándose a las oficinas de la institución.

LA REINSTALACIÓN

Desconfiada de volver a recibir tratos discriminatorios, por ejemplo, sus compañeros de trabajo se burlaban de ella porque a causa de la enfermedad le extirparon el seno izquierdo y demeritaron de su trabajo por su condición de género, o de vivir represalias por la búsqueda de justicia que emprendió, Adriana relató a Cimacnoticias que ya tuvo el primer encuentro con el personal de Recursos Humanos.

La entrada en septiembre de 2017 del gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, implicó el cambio de personal de la CES. Hubo múltiples despidos, entre ellos, quienes discriminaron a Adriana y la corrieron de la institución: el jefe de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas y el jefe de Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez.

En Recursos Humanos le dijeron a Adriana que apenas conocían su caso porque recibieron un oficio del Juez Quinto. Adriana también habló con el nuevo titular del área a la que pertenece, lo mismo le comentó, ignoraba el proceso jurídico que enfrentaba con la CES Edomex y su reinstalación laboral exigida desde abril de 2017. La demanda se había mantenido en total discreción por parte del departamento Jurídico.

Adriana Rodríguez describió en entrevista que por primera vez se hizo escuchar dentro de la institución. Narró su historia y fue comprendida por parte de sus compañeros, finalmente retomó sus labores como subdirectora de Información Delictiva.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Para Adriana volver a su trabajo significó solo una parte de la demanda por justicia, comentó que su propósito es que su caso, de despido injustificado por tener Cáncer de Mama no se repita dentro de la CES Edomex o en algún otro espacio laboral.

La subdirectora no piensa claudicar en obtener una sentencia ejemplar que incluya la sanción a los servidores públicos responsables y la reparación del daño integral.

Hoy, la única institución que accedió a acompañarla legalmente para demandar a los funcionarios de la CES Edomex es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sin embargo, hasta ahora no han emprendido acciones concretas para interponer la demanda.

A Rodríguez Hernández le fue rechazada su denuncia en múltiples organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

A pesar de las pruebas, como mensajes de hostigamiento, ofensas y testimonios que daban cuenta de los malos tratos, el Inmujeres, la Comisión mexiquense de DH y la CNDH, concluyeron que no existía ningún tipo de violencia de género o discriminación por padecer una enfermedad predominantemente femenina.

Por su parte, en una entrevista que realizó Cimacnoticias al Área de Admisibilidad, Orientación e Información de Conapred, el organismo reconoció la discriminación en contra Adriana y la violación de sus derechos laborales, a la salud y una vida libre de violencia, pero no aceptó el caso, pues al tratarse de servidores públicos mexiquenses no tiene la facultad de intervenir, argumentó.

Pero señaló que la Comisión de DH del Edomex era la responsable de dar respuesta a la denuncia de Adriana junto  con el Inspector General de las Instituciones de Seguridad Pública del Edomex (Igispem), instituciones a las que Adriana ya había acudido.

Para septiembre de 2017 que Conapred dio esta respuesta, nueve meses antes la Comisión Estatal de DH había concluido que “no había elementos que respaldaran las acusaciones de discriminación”. En tanto, el Igispem mantiene abierta una carpeta de investigación (número, IGISPEM/QP/IP/2816/2016) pero no muestra ningún avance o da respuesta a Adriana.

El cáncer que padece Adriana Rodríguez es llamado “Her 2 positivo”, un tipo poco investigado en el país y que tiene la particularidad de desarrollarse de forma rápida. Actualmente es atendida en un programa especial alemán que investiga este cáncer en el Centro Oncológico Estatal de Toluca. El tratamiento tiene una duración de cinco años para descartar que vuelva a aparecer.

“Estoy trabajando, haciendo que conozcan mi trabajo. Me siento orgullosa porque sigo luchando”, concluyó a Adriana, quien por ahora espera la respuesta de la CEAV.

17/RED

En represalia por denunciar públicamente las condiciones de precariedad en las que laboran y despidos injustificados, autoridades del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS) decidieron no renovar el contrato a una profesora y continúan hostigando a las trabajadoras de intendencia que despidieron.
 
El pasado 31 de julio, las autoridades del IEMS, a cargo de Ulises Lara López, decidieron no renovar el contrato de Karla Santoyo Hernández, quien se desempeñaba como profesora de Lengua y Literatura en el plantel Álvaro Obregón I, y como secretaria de prensa y propaganda del Sindicato de la Unión de Trabajadores (SUTIEMS).
 
Además, según denunciaron las trabajadoras de intendencia a esta agencia de noticias, algunas de sus compañeras que permanecen laborando para el IEMS fueron obligadas a firmar un documento que dice que reciben prestaciones que en realidad no tienen; mientras que las que sostienen el plantón desde hace 9 meses afuera de los planteles educativos son hostigadas e intimidadas.
 
REPRESIÓN SINDICAL
 
En entrevista con Cimacnoticias, Karla Santoyo Hernández, dijo que su despido es consecuencia de sus actividades sindicales, ya que en meses recientes apoyó a las trabajadoras de intendencia de esta institución que fueron despedidas por la empresa Rocman -que presta servicios al gobierno capitalino- por exigir mejores condiciones de trabajo.
 
Las actividades de Santoyo Hernández como secretaria de prensa del SUTIEMS –que representa a 960 personas- comprendían la elaboración de pronunciamientos, difusión de la política del sindicato, desplegados en medios de comunicación y distribución de boletines dentro de los planteles educativos.
 
En 2014 y 2015 participó en una huelga para exigir respeto al contrato colectivo de trabajo –ya que documentó más de 60 violaciones contractuales-, basificación para todo el personal, y mejoras a las instalaciones educativas.
 
En 2015, la Secretaría de Educación capitalina nombró en la dirección de la institución a Ulises Lara López, con quien se permitió el despido injustificado de las 60 trabajadoras de intendencia y se orquestó el despido de la sindicalista.
 
Santoyo recordó que la represión sindical se acentuó a inicios de 2016 luego de que, en apoyo a las trabajadoras de intendencia despedidas, mantuvo dentro del sindicato la demanda central de que no sólo fuera reinstaladas en sus puestos de trabajo sino que se modificaran los estatutos de la institución para que todo el personal de intendencia -la gran mayoría mujeres adultas de muy escasos recursos- fueran basificadas y reconocidas como parte del personal de planta.
 
La extrabajadora señaló que las autoridades del IEMS le disminuyeron gradualmente un porcentaje importante de su sueldo a manera de sanción, por acudir a sus actividades sindicales, lo que la obligó a utilizar sus prestaciones laborales como días económicos y vacaciones para acudir a las reuniones del Sindicato.
 
Finalmente, en julio pasado las autoridades del IEMS se negaron a renovar –como lo hacían cada 6 meses desde hace 8 años- su contrato de trabajo, sin importar que la trabajadora presenta un embarazo de más de 10 semanas de alto riesgo.
 
Santoyo dijo que en 10 años de existencia del sindicato, ella es la primera persona a la que se le retira una licencia sindical, aún cuando ella es parte del Comité Ejecutivo, pero no es la primera vez que autoridades del IEMS reprende a alguna mujer sindicalista.
 
Recordó que otras dos mujeres líderes del gremio en sus planteles (una de ellas embarazada), también fueron hostigadas a través de descuentos económicos injustificados, para que dejaran de representar al sindicato, por lo que presentaron quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y demandas ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA).
 
Por su parte, Santoyo Hernández ya interpuso una demanda ante la JLCADF y prepara una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
 
REPRESIÓN CONTRA DEFENSA DE TRABAJADORAS
 
En entrevista con Cimacnoticias, una de las extrabajadoras del IEMS, Guadalupe  Carrasco, coincidió en que el despido de Karla Santoyo responde a una represión más que las autoridades de la institución educativa usan en contra de las trabajadoras con el fin de que desistan de sus denuncias públicas.
 
Carrasco agregó que el IEMS sigue negado a modificar sus estatutos internos, pese a que ya existe un punto de acuerdo en la Asamblea Legislativa para que las trabajadoras de intendencia que todos los días trabajan jornadas completas en cada uno de los planteles de este instituto, sean consideradas como personal del Gobierno de la Ciudad de México.
 
El próximo lunes 17 de octubre, las ex trabajadoras del IEMS tendrán una audiencia en la JLCyA para presentar pruebas por la demanda que interpusieron desde febrero pasado contra esta institución para que las reconozca como trabajadoras.
 
Esta acción se suma a las reuniones que ya sostuvieron en la Secretaría del Trabajo capitalina y con otras autoridades del gobierno local, así como a la carta que entregaron al jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, para exigir una solución inmediata a su situación.
 
Hasta ahora, ninguna autoridad ha mediado para que las trabajadoras de intendencia logren ser reconocidas como personal del IEMS y se les devuelva su espacio de trabajo; por el contrario, han dejado el caso en manos de la JLCyA, donde las audiencias se han dilatado y no se ha dictado ningún resolutivo a favor de estas mujeres que llevan más de 9 meses sin empleo.
 
16/AJSE/LGL

Trabajadoras del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) realizaron un acto de protesta afuera de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) para exigir se vigile la audiencia que tendrán el 21 de septiembre.
 
Con limpiavidrios y pancartas en mano, las 65 trabajadoras de intendencia que fueron despedidas injustificadamente del IEMS, se encadenaron de manera simbólica a las puertas de la entrada de la JLCyA para exigir se vigile la audiencia en la que demostrarán que sí trabajaron para el gobierno capitalino y no para empresas de outsourcing.
 
Ya pasaron 9 meses desde que el IEMS las despidió de manera injustificada, durante ese tiempo, algunas de ellas han buscado trabajo en otros lugares pero tienen dificultades para conseguirlo por su edad y por dedicar su tiempo a la defensa de sus derechos laborales, ya que todas tienen un rango de edad de 55 años a más.
 
Tal es el caso de Gloria Olmos Gaona, una mujer de 61 años de edad, viuda y que vive con su hija, quien  dijo a Cimacnoticias que conseguir trabajo ha sido difícil porque dar seguimiento a una denuncia requiere de tiempo, explicó que ese fue el motivo por el cual perdió un empleo que había conseguido después haber sido despedida injustificadamente del IEMS, en donde laboró durante 7 años.
 
Patricia Márquez Martínez de 55 años de edad, al ver que ya no la contrataban por su edad, empezó a vender dulces y comida al personal docente del IEMS, para poder obtener un ingreso.
 

Trabajadoras del IEMS se encadenaron de manera simbólica a las puertas de la entrada de la JLCyA | CIMACFoto: Gema Villela Valenzuela

Otro de los motivos por los cuales no las contratan es por su activismo en defensa de sus derechos laborales, así lo mencionó Virginia Magallar López de 52 años de edad.
 
“El gobierno de la Ciudad de México, sabe de nosotras y podrían solucionarlo, pero nos han pisoteado nuestros derechos, el Instituto no quiere reconocer los años que trabajamos en ese lugar”, dijo Virginia Magallar, ex trabajadora del IEMS.
 
Este 21 de septiembre tendrán audiencia ante la JLCyA en donde presentarán la documentación que comprueba que ellas trabajaron para el IEMS y el Gobierno de la Ciudad de México, esperan tener su base laboral o el pago por la cantidad de años que trabajaron en esa institución educativa.
 
16/GVV/LGL

Después de tres años, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) no responde a la demanda que presentó Gabriela Cervantes Fuentes,   por su despido injustificado como coordinadora de Educación en el Instituto Municipal de Mujeres de Guadalajara (IMMG), en donde trabajó de 2007 a 2012, y como coordinadora de Trabajo, de ese año hasta 2013.
 
Cervantes Fuentes, quien pidió su reinstalación laboral, afirma que “no es posible que una institución que fue creada para defender los derechos de las mujeres, sea la primera en vulnerar y transgredir mis derechos como trabajadora”.
 
Dice que tampoco acepta arreglarse “bajo el agua”, como le sugerían funcionarios, porque si acepta esas condiciones, harán lo mismo con otras mujeres. “Ya estoy harta de escuchar ese discurso vacío de nuestros gobernantes que se llenan la boca hablando del empoderamiento de las mujeres, porque sólo queda en discurso y políticas de vista pero no resuelven de fondo la situación y las necesidades de las mujeres”.
 
ACOSO Y DESPIDO
 
Gabriela Cervantes, quien comenzó a trabajar en el IMMG en 2004, cuenta a Cimacnoticias que en noviembre de 2012 le pidieron verbalmente, por instrucciones de la entones directora general del instituto, Rosa María Castillero Manzano, que dejara su oficina, así como sus actividades, y que ocupara el cargo de coordinadora de Trabajo. Nunca recibió instrucciones por escrito ni fue llamada para reunirse con la directora, aunque lo solicitó en varias ocasiones y le respondía que atendía otros asuntos.
 
Además, su coordinación nunca tuvo agenda ni contó con personas que asistieran el trabajo, se le excluyó de reuniones en donde participaban quienes ocupaban coordinaciones, se le escatimó información de su área y programas de trabajo, además de sumaron dos horas a su jornada laboral.
 
Explica que su despido ocurrió el 30 de abril de 2013, cuando se dirigía a cubrir sus talleres, que realizaba de 4 a 7 de la noche. “El licenciado Antonino Calderón Gómez me dijo que no saliera, porque la jefa del jurídico, Valeria Bernabé Iraní Castillo, quería hablar conmigo”.
 
Acudió extrañada y en el lugar, en donde estaban también  Verónica Muñoz, coordinadora administrativa del Instituto, su asistente Lorena Preciado, así como Calderón Gómez, la encargada del jurídico le informó que “por órdenes de la dirección general”, debía despedirla y le pidió que firmara hojas de renuncia y recibo de un cheque de 124 mil pesos.
 
Gabriela pidió explicación sobre las causas del despido. Iraní Castillo contestó que no sabía y no sabía qué problema pudo haber tenido con la directora, que recogiera sus cosas. Ante esto, decidió no firmar nada y presentar una denuncia ante la Junta de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco.
 
¿ASUNTO DE MILITANCIAS?
 
Gabriela Cervantes, militante del Partido Acción Nacional (PAN) y candidata en 2014 a diputada por el distrito 13 de Guadalajara (la cual se anuló porque su partido decidió que debería contender un hombre), afirma que los puestos de trabajo de las personas “no son botín político”, en alusión a que la titular del  IMMG es militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI).   
 
Explica que desde el principio de su proceso de demanda laboral “han aparecido pequeñas incidencias que hablan de un interés  de presionar y no llevar el caso por la vía de derecho”. Y un ejemplo de esto fue lo ocurrido el pasado 7 de julio, cuando en la Junta local de Conciliación y Arbitraje, “a donde acudí a realizar mi confesional”,  el abogado defensor del IMMG y la secretaria de la mesa, “comenzaron a decirme que pensara en una cifra de dinero para ya cerrar el proceso”.
 
Ella contestó que sólo quería la reinstalación en su trabajo, pero el abogado le confesó que “ya no se iba reinstalar a nadie en estos dos años que faltan, que dejará de perder el tiempo y de enfermarme porque no me iban a regresar mi trabajo, que mejor les dijera cuánto quería y ya cerráramos ese asunto.”
 
Afirma que lo que ella pelea “es una cuestión de justicia”, porque “no es posible que una institución que fue creada para defender los derechos de las mujeres sea la primera en vulnerar y transgredir mis derechos como trabajadora”.
 
Explica que, de aceptar lo que le propusieron, podría repetirse con otra y con muchas mujeres. “Ya estoy harta de escuchar ese discurso vacío de nuestros gobernantes que se llenan la boca hablando del empoderamiento de las mujeres y que sólo queda en discurso y políticas de vista, pero que no resuelven de fondo la situación y las necesidades de las mujeres”, dice.
 
Afirma que también harta de que  existan tantas leyes sobre la protección de los derechos de las mujeres “y se las pasen por el arco del triunfo”. Y pide que no se vulnere a las mujeres, como personas y servidoras públicas, que los gobernantes entiendan que los puestos de trabajo de las personas “no son botín político”.
 
16/JHT/GGQ