Manuel Velasco Coello

Aunque la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas se decretó hace más de medio año, el 18 de noviembre de 2016, la Fiscalía General Estatal (FGE) continúa con las faltas al debido proceso y al acceso a la justicia en casos de violencia contra las mujeres, denunció la agrupación civil, Centro de Derechos de la Mujer en Chiapas (CDMCH).
 
La AVG fue solicitada por dicho Centro hace tres años y se otorgó para los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores. 
 
Esta situación, señala el CDMCH en un comunicado, se debe a la falta de capacitación, voluntad e interés de fiscales, peritos, policías, traductores y secretarios de la Fiscalía para actuar de acuerdo al mandato que dio la Secretaría de Gobernación (Segob), por medio de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), al gobierno encabezado por Manuel Velasco Coello.
 
De esta forma, las medidas urgentes de seguridad, prevención y justicia que implica la AVG no se aplican, ya que no existe en la Fiscalía la claridad de cómo actuar, por ejemplo cuando una mujer se presenta a denunciar una agresión o algún tipo de violencia de género.
 
Otras irregularidades que detectó el CDMCH respecto a la AVG, solicitada hace tres años por esta organización civil, son que no existen espacios privados y adecuados para escuchar a las víctimas de violencia cuando presentan una denuncia, “generalmente este tipo de procedimiento se realiza en áreas de atención inmediata, un espacio abierto que revictimiza a las personas”, describió la organización.
 
Además, no se llevan a cabo los procedimientos de actuación inmediata de atención a víctimas. “Esto implica canalizar de inmediato a los servicios de salud cuando existen lesiones físicas o bien la sospecha de daños no visibles que puedan generar riesgo para su vida y requieran atención médica”, dice el Centro.
 
Por el contrario, observó el CDMCH, las autoridades se tardan en los trámites, no se le da a conocer a la víctima el procedimiento a seguir ni copias o revisión de su declaración, y los tiempos y recursos en la intervención que existen. Todo esto, bajo un trato que no es digno ni sensible por parte de los servidores públicos, lo que reproduce “los perjuicios que tienden a revictimizar y culpar a las mujeres”.
 
MALOS TRATOS A MUJERES INDÍGENAS
 
La organización peticionara de la AVG destacó en particular los malos tratos que enfrentan las mujeres indígenas, quienes viajan por varias horas para acudir a denunciar ante un Ministerio Público, donde se encuentran con la falta de traductores, personal médico, psicológico y trabajadoras sociales capacitadas.
 
Cabe recordar que la declaratoria del Mecanismo incluye recomendaciones específicas para la población indígena y para las 16 localidades de la zona de los Altos de Chiapas, no obstante, el Centro indicó que en su mayoría no se cumplen con las órdenes de protección a favor de mujeres indígenas.
 
SIN APLICAR PROTOCOLO POR FEMINICIDIO
 
La organización civil insistió que se mantienen las omisiones por parte del Estado para atender los casos de feminicidio ya que no se aplica el “Protocolo de Actuación Operativa y Técnica en la Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio”.
 
Tampoco se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía estatal de cuántos casos de feminicidio (número, lugar, y fecha) se han cometido de noviembre de 2016 hasta la fecha, argumentó la agrupación. Desde agosto de 2014 hasta ese momento, la FGE había documentado 104 casos de feminicidio en Chiapas.
 
De acuerdo con el Centro, estas irregularidades ya han sido discutidas en tres sesiones ordinarias con el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) sobre el seguimiento de la Alerta, por lo que, como parte de la Campaña Popular contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, continuará vigilando al gobierno de Manuel Velasco en su obligación de “salvaguardar la vida e integridad de las mujeres”.
 
17/HZM/GG

El gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, “alentó” a las mujeres del municipio Huixtla a poner un alto a la violencia de género pintando bardas en sus barrios y ejidos y aseguró que aquellos que las maltraten “se irán a la chingada y al Amate”, esto, horas después que se registrara un feminicidio en el municipio costeño, el segundo de esta semana y tercero en lo que va del mes.

A manera por demás banal, Velasco Coello respondió al problema de los feminicidios que suceden en Chiapas pidiendo a las asistentes que denuncien “en las redes sociales, en los medios de comunicación y en la Fiscalía Especializada para atender a las mujeres” para mandar “al Amate y a la chingada” a los que las maltraten.

Con una actitud paternalista, el gobernador las llamó “ustedes, mis mujeres” y les pidió que alzaran la mano para que repitieran a coro después de él: Vamos… A denunciar… A quien no… Respete… A las mujeres… Lo vamos… A mandar… Al Amate… ¡Y a la chingada!

“¡A ver a ver a ver, tranquilas!”, les decía a las asistentes, todas mujeres, cada que ellas lo ovacionaban, para luego asegurarles que les entregaría una clínica de atención a las mujeres, así como prometerles que “Los apoyos para las mujeres en Huixtla se van a intensificar”. 

Ante el problema de feminicidio en Chiapas, donde tan sólo en lo que va de este mes de agosto, se registraron tres asesinatos, el gobernador sólo atinó a dar un retórico y sexista discurso: “Hay un tema que me preocupa mucho, en toda la costa hay violencia en contra de las mujeres y en Huixtla tienen que entender que a las mujeres se les respeta, que a las mujeres se les debe de apoyar, cuidar y proteger y nadie tiene el derecho a tocarlas ni con el pétalo de una rosa”.

Además, les pidió “su apoyo” para denunciar la violencia hacia ellas y no queden impune sus maltratadores: “Quiero pedirles que me ayuden, su apoyo, así como están grabando con sus celulares cada una de ustedes, quiero que me ayuden a denunciar, si ustedes tienen una amiga, una hermana, una prima, una vecina, una conocida que haya sido agredida física o sicológicamente que haga la denuncia en las redes sociales, en los medios de comunicación, a través de la Fiscalía especializada para atender a las mujeres.

“Para que acá en Huixtla no quede impune ningún delito en contra de las mujeres, y el que no respete a las mujeres en Huixtla, se vaya a la cárcel. Ustedes son mis ojos en los barrios, en las comunidades, en los ejidos, ustedes son mis mujeres que me deben de ayudar a combatir la violencia en contra de las mujeres en Huixtla.

“Me van a ayudar ¿sí o no?” preguntaba eufórico el joven gobernador del Partido Verde Ecologista de México y pidió: Quiero que levanten la mano todas mis compañeras acá presentes y que juntos digamos: ¡Basta a la violencia contra las mujeres!
Y remató pidiendo: “Necesito que me ayuden, que en su colonias, en sus barrios, pintando bardas con una mano que diga Basta a la violencia contra las mujeres y yo les pido ayuda a cada una de ustedes. ¡Que dios los bendiga mucho!”

En esta semana se registró el feminicidio de Lizet, una mujer de 21 años en el municipio de Huixtla, de oficio mesera, cuyo cadáver fue encontrado a las afueras del municipio; un día antes se informó sobre Rosa, de 60 años de edad, quien de igual forma fue encontrada entre matorrales con evidentes señas de violación sexual y tortura, y el 9 de agosto en el municipio de Ocosingo, Esveydi, una joven de 16 años fue asesinada a puñaladas. 

17/VVS

Aunque recupera su hidratación, Gabriela Mayanin López, quien fue retirada el miércoles del ayuno que realizan enfermeras afuera del hospital “Dr. Rafael Pascacio Gamboa”, podría tener problemas en su función hepática, por lo que se mantienen en terapia intensiva y se valora una dieta líquida, informó la vocera del grupo María de Jesús Espinosa de los Santos, en conferencia de prensa.
 
Gabriela --hospitalizada el miércoles por la noche, luego de estar más de 400 horas sin probar alimentos- se sumó a la huelga de hambre de sus compañeras enfermeras para exigir insumos y medicamentos en los servicios de salud, para reclamar el fin de las irregularidades administrativas y la restitución de sus compañeros despedidos por sumarse a la protesta. El ayuno puso en riesgo su vida cuando presentó un cuadro con deshidratación, taquicardia, desnutrición de segundo nivel y náuseas. 
 
Informó también la vocera del movimiento que sus otras tres compañeras en huelga de hambre se mantienen en observación porque también han presentado un desgaste físico importante, pero están bajo control de una doctora que se sumó a la causa.
 
Aclaró que responsabilizan al Gobierno de Chiapas de cualquier daño físico que sufran las personas que se encuentran en protesta y que están conscientes de los daños que genera esta protesta, pero no claudicarán hasta que todas sus demandas sean cumplidas, porque  su petición es justa y persiguen el bien del pueblo.
 
DEJEN DE MENTIR, PIDEN
 
En respuesta a un comunicado del Gobierno del estado, emitido ayer, en donde se dice preocupado por la salud de las enfermeras, Espinoza de los Santos, pidió que deje de mentir y simular dolor por la parte afectada, porque los trabajadores siguen en espera del depósito para que ya no sean deudores con terceros.
 
Señaló que aunque el Gobierno del estado, como informó ayer en un comunicado, depositó 51 millones de pesos, la deuda total es de 700 millones de pesos, señaló Espinoza de los Santos.
  
Mencionó que esperarán la respuesta de los “arrogantes”, “la solución a nuestra queja; le decimos al pueblo en general que seguimos buscando el medicamento, material e insumos que necesitan para su atención”.
 
Detalló que en la segunda ronda de la huelga de hambre llevan dos reuniones de manera formal con las autoridades; no obstante, seguirán en su misma dinámica hasta que se cubra la deuda total.
 
Por su parte, el gobierno de Manuel Velasco asegura que, al 12 de mayo, habían sostenido 15 reuniones con el movimiento, y que seis puntos de su pliego petitorio se atendieron con precisión, entre ellos: reinstalación de trabajadores cesados, regularización de cuotas al Fovissste, pago a terceros, regularización ante el SAR, abasto de medicamentos y pago de pasivos a trabajadores eventuales.
  
Lamentó Espinosa de los Santos que las autoridades sigan protegiendo al secretario de Salud (SS) de Chiapas, Francisco Ortega Farrera, y que, aquellos que tiene el “poder”, no se preocupen por la población más vulnerable.
 
 
17/RED/GG

La enfermera Rosy Eroyda Pérez Lázaro se unió ayer al movimiento de huelga que reiniciaron este lunes primero de mayo las trabajadoras de salud, afuera del Hospital de la Mujer “Rafael Pascasio Gamboa”,  de esta ciudad capital, debido al incumplimiento del gobierno de Chiapas, que encabeza Manuel Velasco Coello, de los acuerdos como reinstalación laboral, pagos de prestaciones y descuentos, así como el abasto de medicamentos.
 
Una de las voceras del movimiento, María de Jesús Espinosa de los Santos, señaló que de acuerdo con su plan  cada 48 horas se sumarán al ayuno dos personas más para reforzar la protesta.
 
La huelga de hambre inició el pasado mes de abril, cuando nueve enfermeras estuvieron en ayuno durante 10 días para exigir la reinstalación laboral de un grupo de trabajadores, pago a proveedores y descuentos diversos, además del abasto de medicamentos a todas las clínicas y hospitales del estado. Esta fue levantada cuando el Gobierno del estado aseguró que cumpliría las demandas.
 
No fue así. El movimiento asegura que el gobierno de Manuel Velasco Coello les ha mentido, engañó como es su costumbre, por lo que están en ayuno las enfermeras: Rosy Pérez Lozano, Nelly Ivonne Castillo Escobar, María Cielo Gramajo Cundapí, Emma Escobar López, Gabriela Mayanín López Cruz y Elizabeth Hernández Pereira, de la sociedad civil organizada que se integró en solidaridad con las y los trabajadores de la Secretaría de Salud.
 
El  Gobierno del estado aseguró haber liquidado una suma de 51.7 millones de pesos al Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Fovissste), con lo que habría cumplido una de las principales demandas. 
 
Espinosa de los Santos indicó que tras el anuncio de pago, las y los trabajadores de salud investigan si es real el pago o una mentira más del gobierno insensible de Manuel Velasco, pero lamentó que el desabasto de medicamentos e insumos aún persiste.
 
Hasta anoche, dijo, el único centro médico que registraba un 65 por ciento de abasto es el Hospital Rafael Pascasio Gamboa, mientras que el resto de clínicas y hospitales del estado, no cuentan con lo básico.
 
17/RED/GG

Antes de levantarse de la mesa de diálogo, con la promesa de que el 10 de abril a las 9:00 horas regresaría para continuar con los acuerdos, el Secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, escuchó, se llevó los mensajes que le escribieron las enfermeras en huelga y no regresó.
 
Así, la mesa se suspendió, pese a que el Secretario de Gobierno escuchó las denuncias y exigencias de las enfermeras: Una de ellas le narró la última agresión que sufrió de parte de los familiares de una paciente cuando les pidió comprar material de curación porque en el hospital regional ya no había; otra le contó lo que han pasado en estos días de huelga: su situación física y emocional. Una más fue contundente: “de aquí solo me levanto hasta que vea el baucher de que ya depositaron lo de nuestras prestaciones y hay medicamento en el hospital”.
 
NUEVE ENFERMERAS EN AYUNO
 
El lunes pasado por la noche, en el campamento que mantienen las y los trabajadores del Hospital Regional de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez, las ocho enfermeras en ayuno se quitaron las mordazas que se habían colocado durante 10 horas para no beber líquidos y hacer más intensa la huelga de hambre, iniciada el 3 de abril. 
 
Se abrazaron y oraron, recibieron hidratación y les tomaron los signos vitales, antes de ver a sus familiares, apoyadas por sus compañeras. Abrazaron a sus hijas e hijos, les preguntaron si ya se habían bañado, si comieron bien, besaron a sus parejas. La mayoría son apoyadas por sus familias, pero para otras es difícil conciliar su activismo con la vida familiar. 
 

Enfermeras en Huelga de Hambre se abrazan y oran | Imagen: Sandra de los Santos/Chiapas Paralelo

 
Gabriela Mayanin López Cruz fue examinada ese mismo lunes, antes de unirse a la huelga de hambre. Es la novena en iniciar el ayuno. ¿Segura que te vas a huelga?, le preguntó su jefa en el hospital. Sí, jefa, le respondió. Se abrazaron y la jefa le sostuvo la mano mientras acaba de tomarle la muestra. 
 
Gabriela cuenta a Cimacnoticias que el año pasado tuvo que enfrentarse a los reclamos de familiares enojados por falta de insumos en el hospital. “Una la que tiene que salir a dar la cara con el familiar, a la que le reclaman. La que entrega a los niños muertos a sus madres, o la que tiene que decir que la madre falleció”, dice.
 
Chiapas ocupa de los primeros lugares tanto en muerte materna como infantil. Son las enfermeras que están en huelga las que ven en hechos  esas cifras, las que ven morir a las mujeres y los niños, las que saben que muchos de esos casos se pudieran evitar si hubiera el equipo e insumos suficientes.
 
En el hospital de la mujer y el niño de Tuxtla Gutiérrez casi el 90 por ciento del personal son mujeres.
 
ANTE LA CARENCIA, EL NEGOCIO FLORECE
 
El Hospital de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez está rodeado de laboratorios clínicos, farmacias y centros de diagnósticos. No es gratuito, es un buen negocio porque en el hospital no hay medicinas, ni estudios de laboratorio y las familias de los pacientes recurren a esos comercios, cerca de donde están sus pacientes.  
 
“El hospital es un hotel en donde se hospeda a las enfermas porque de ahí no hay nada, no hay medicamentos, tomografías, rayos X, laboratorio, no hay nada, todo se le manda a comprar a los familiares y pedir que los estudios lo hagan allá afuera” dice Limbano Domínguez Alegría, vocero del Movimiento de las y los Trabajadores de Salud del Hospital de la Mujer y el Niño.
 
El desabasto de medicamentos ha sido tema común durante el gobierno de Manuel Velasco Coello, pero se agudizó el año pasado. “Regularmente a principios de año hay problemas, porque según no baja el presupuesto, pero se regulariza en febrero, pero el año pasado nunca se regularizó y este año ha seguido peor”, afirma Elvira Cruz, química en el hospital, quien aprovecha su tiempo libre para apoyar a sus compañeras enfermeras en huelga.
 
ENERO, EL INICIO DE LA PROTESTA
 
El 22 de enero las y los trabajadores del hospital iniciaron una manifestación para exigir que les restituyeran los pagos que habían hecho por concepto de prestaciones, que aparecían como descuentos en sus recibos, pero que no habían sido entregados a las instituciones de crédito, como Fovissste; reinstalación laboral; abasto de medicamentos e insumos en hospitales, clínicas y casas de salud del estado.
 
En el caso de las prestaciones, se dieron cuenta de que el gobierno había dejado de hacer esos pagos y que estaban desviando los recursos que les habían descontado a las y los trabajadores. Alrededor de 780 millones de pesos desviados en perjuicio de 30 mil trabajadores.
 
En otros municipios como  Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tonalá y Palenque también ha habido manifestaciones de las y los trabajadores del sector salud por la misma situación.
 
Los servicios en el Hospital de la Mujer de Tuxtla no se suspendieron, ya que el personal se turna para participar en la protesta afuera del nosocomio, sin desatender a las pacientes.
 
En represalia a la manifestación, fueron despedidos el 23 de febrero dos trabajadores y el 22 de marzo 14 trabajadores más, la mayoría mujeres enfermeras.
 
Dos de las enfermeras despedidas, que no aceptaron firmar un documento en la que renunciaban a seguir participando en el movimiento a cambio de ser reinstaladas, decidieron irse a huelga de hambre el 3 de abril. Tres de sus compañeras se sumaron a la manifestación. Cinco empezaron la huelga de hambre y ahora suman nueve.
 

Imagen: Issa Maldonado/ Chiapas Paralelo

 
“Estamos aquí voluntariamente-obligadas, obligadas por la situación, porque no quisiéramos estar acá, porque quisiéramos estar en el hospital  trabajando con el material suficiente, sin correr riesgo, quisiéramos estar ahora con nuestra familia, estamos aquí obligadas por el Gobierno que no ha querido hacer caso a nuestras demandas”, dice una de las huelguistas, mientras camina agarrada de una de sus compañeras. “Ella ya tuvo un desmayo y tiene dos días defecando sangre”, explica.
 
Otra de las enfermeras en ayuno no pudo ir al funeral de su abuela, con la que creció y quien murió al segundo día de iniciada la huelga. Le lloró, dice, desde el plantón. 
 
Las nueve mujeres enfermeras que están en huelga de hambre tienen entre 35 y 50 años, trabajadoras de base y la mayoría con más de 20 años de servicio, comprometidas con su oficio. Todas son madres de familia y se  unieron a la huelga de hambre por las mismas demandas: restitución a las y los trabajadores despedidos; abasto de medicamentos para todos los hospitales y centros de salud del estado, y pago inmediato de las prestaciones descontadas, pero no aplicadas.  
 
Todas están ahí por la convicción de que su movimiento es necesario, para cambiar la situación en ese y otros hospitales donde ahora las mujeres mueren al parir y los niños fallecen al nacer por falta de medicamentos y equipo en los hospitales.
 
17/SDLS/GG
 

Hoy se cumplen 72 horas de la huelga de hambre que mantienen 8 enfermeras chiapanecas que denunciaron desabasto de medicamentos, material y equipos en los hospitales del estado gobernado por Manuel Velasco Coello.
 
Una de las enfermeras que permanece en huelga de hambre  agradeció el apoyo y solidaridad de la población y agregó que decidió hacer la huelga “porque los políticos no les dejaron otra opción” y, aunque no debieron llegar a ello, lo hacen porque los chiapanecos tienen derecho a una salud digna, de calidad.
 
“Al día vivimos en los hospitales carencia de medicamentos, material y equipos, y considero que como humanos no necesitamos de esta vida que llevamos, por eso llevo 72 horas y las que sean necesarias, lo voy a tener que hacer”, advirtió ante la prensa y sus compañeros del sector salud.
 
CEDH, “PENDIENTE DE LA SITUACIÓN”
 
En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Chiapas (CEDH) manifestó a través de un comunicado que por medio de la Visitaduría General Especializada de Atención de Asuntos de la Mujer está pendiente de la situación de las enfermeras del hospital Dr. Rafael Pascacio Gamboa que permanecen en huelga de hambre, algunas de ellas se cosieron los labios y no han ingerido ningún tipo de bebida ni alimento desde hace 3 días.
 
De acuerdo con la Comisión Estatal, desde que conoció la situación, inició el expediente de queja CEDH/214/2017 al tiempo que ha seguido las medidas precautorias de la Secretaría de Salud (SS) para salvaguardar el respeto a la integridad física y el derecho a la salud de las huelguistas; a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que les brinde la seguridad necesaria a las agraviadas en el campamento en el que se encuentran; y a la Secretaría General de Gobierno, para que brinde la atención inmediata y oportuna al caso, lo anterior con el objetivo de evitar la consumación de violaciones a Derechos Humanos de difícil o imposible reparación, dice en el comunicado.
 
También informó que, como parte del seguimiento que hace de este caso, permanece como observadora en las mesas de diálogo a fin de vigilar el respeto a los Derechos Humanos de las enfermeras.
 
LAS CIFRAS ALEGRES DE VELASCO COELLO
 
Según el cuarto informe de gobierno de Manuel Velasco Coello, “para atender las demandas de salud, se gestionaron ante el gobierno federal 12 mil 540 millones 68 mil 316 de pesos, de los cuales 4 mil 771 millones 184 mil 173 pesos corresponden a gastos de operación, incluye 869 millones 457 mil 685 pesos para medicamentos y 413 millones 349 mil 37 pesos en materiales de curación.
 
Para la construcción, mantenimiento y equipamiento de unidades médicas, “principalmente el Hospital General de Tapachula, se destinaron 762 millones 85 mil 238 pesos”, dice el informe de Gobierno.
 
El estado cuenta con 538 unidades médicas divididas en 444  centros de salud; 19 centros de salud con hospitalización; 14 centros de salud con servicios ampliados; 17 hospitales básicos comunitarios; 14 hospitales generales; 12 clínicas de Especialidades; 17 unidades de especialidades médicas; una unidad de atención mental; un centro estatal de transfusión sanguínea (Banco de Sangre) y un laboratorio estatal de salud pública.
 
Según el Gobernador, para elevar la calidad de atención a las personas usuarias de los servicios hospitalarios, su gobierno invirtió más de 172 millones de pesos en reemplazamiento del equipo médico electromecánico por uno de mayor tecnología, para modernizar 13 unidades médicas hospitalarias entre las que enumeró el Hospital Regional Dr. Rafael Pascacio Gamboa, donde laboran las enfermeras en huelga de hambre que denunciaron desabasto de medicamentos y equipo en ese hospital.
 
 17/LGL/GG 

La distancia de Tuxtla Gutiérrez a la capital de Guatemala es de 600 kilómetros, menos de lo que hay de la capital del estado de Chiapas a la Ciudad de México (alrededor de 960 kilómetros). No tiene ni dos siglos que Chiapas, el estado más al sur del país, era parte de Guatemala, ese país que hoy llora  a 43 niñas que murieron calcinadas cuando realizaban una protesta en contra de las condiciones en las que vivían en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
 
Chiapas tiene más similitudes con Guatemala que con México, que va más allá del clima y su historia antes de 1824, cuando se dio la anexión de Chiapas a México.
 
Las condiciones de vida de las niñas de Chiapas no son muy diferentes a las que tienen las menores de edad de Guatemala. En ambos lados del río Suchiate, la división natural entre México y Guatemala, las niñas y adolescentes tienen que padecer la exclusión, desigualdad, pobreza, impunidad y corrupción institucional. Todas estas condiciones son las que generaron la tragedia en ese mal llamado “Hogar Seguro”.
 
Las cifras en cuanto a embarazos en niñas y adolescentes, acceso a la educación, el uso de herramientas tecnológicas son parecidas entre las niñas de Chiapas y Guatemala.
 
De acuerdo al Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA) el 26 por ciento de los partos atendidos en Guatemala son de niñas y adolescentes de 10 a 19 años, que se convierten en madres, comprometiendo sus oportunidades educativas y laborales y poniendo en riesgo su salud y su vida.
 
Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) Chiapas ocupa el primer lugar en embarazos en niñas y adolescentes y uno de los estados con mayor tasa de matrimonios infantiles.
 
El contexto en que se presentan estos embarazos, tanto en Guatemala como Chiapas es parecido: violaciones sexuales, matrimonios forzados y falta de acceso a los servicios de salud reproductiva.
 
Chiapas es también la entidad con el mayor índice de niñas y adolescentes que no asisten a la escuela.
 
La organización civil Melel Xojobal, que trabaja en la promoción de los derechos de las niñas y adolescentes, denunció hace unos días que de 2011 a la fecha 41 niñas y adolescentes han sido víctimas de feminicidio en Chiapas.
 
LAS NIÑAS EVIDENCIARON EL SISTEMA
 
La manifestación de las niñas de Guatemala el 8 de marzo –Día Internacional de la Mujer- y la muerte de 43 de ellas calcinadas dejó al descubierto que el sistema de protección a la niñez que existe en Guatemala no funciona, que es irregular, que las personas que deberían de ser garantes de los derechos de las niñas y adolescentes están siendo sus principales violentadores.
 
En Chiapas desde hace más de un año diversas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación de que el gobierno de Manuel Velasco Coello se resiste a implementar de manera debida el Sistema de Protección Integral de las Niñas, Niños y Adolescentes en el estado a pesar que la Ley lo obliga.
 
Las cifras de embarazos en niñas y adolescentes, violaciones sexuales en su contra, falta de acceso a los servicios básicos, ponen de manifiesto de que hasta ahora el estado de Chiapas no ha sido capaz de garantizar el respeto a los derechos de las niñas en la entidad como sucede en Guatemala.
 
Lo que sucedió en Guatemala no solo pasó el 8 de marzo, es el resultado de problemas estructurales y sociales de hace décadas y mal haríamos en no ver que las niñas de Guatemala también podrían ser las de Chiapas, que Guatemala no nos queda lejos, sus problemas son nuestros problemas y que algo se debe de hacer al respecto.
 
17/SS/GG

Más de una semana se ha cumplido desde que el Sistema Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres declaró la Alerta de Violencia de Género para siete municipios de Chiapas. Desde ese día ni un pronunciamiento ha habido de parte de ninguno de los poderes de gobierno, principalmente del Ejecutivo del estado a quien le compete responder a la declaratoria.
 
El silencio del gobierno de Manuel Velasco Coello evidencia, por si alguien aún lo dudaba, la violencia estructural que sufrimos las chiapanecas, el estado en donde existen las peores condiciones de vida para las mujeres en el país: sin acceso a la salud, educación y otros servicios básicos.
 
A diferencia de otros estados en donde se ha dado la declaratoria, en Chiapas no se dio la alerta por el número de casos de feminicidio –que también son considerables- sino por la violencia estructural y sistemática que existe en contra de las mujeres y que nos coloca en una situación de riesgo.
 
Las condiciones de pobreza, la falta de oportunidades y de políticas públicas claras y efectivas en materia de impartición de justicia; de acceso a los servicios básicos y que las mujeres vivan libres de violencia, fue lo que hizo que el Sistema aprobara la declaratoria.
 
La Secretaría de Desarrollo del Empoderamiento de las Mujeres (Sedem) que juega en contra de las mujeres y a favor de una familia
 
Una de las recomendaciones de la declaratoria es fortalecer la dependencia, que desde que inició este gobierno, se ha mantenido en manos de una familia: León Villard.
 
La ahora diputada federal, Sasil de León Villard; Nancy López Ruíz, esposa de Yumaltik León Villard; Itzel de León Villard, han estado al frente de esta dependencia, que en teoría es de las que más recursos económicos recibe, pero en la práctica eso no se traduce en políticas públicas.
 
A la Sedem se le han destinado más fondos en los últimos 2 años, pero eso se debe a que por medio de ella se bajan los recursos, que son utilizados para el programa de apoyo a madres solteras jefas de familia, que lejos de ser una política de empoderamiento para las mujeres se ha convertido en una forma de coacción con fines partidistas.
 
Durante la administración de Manuel Velasco fueron disminuidos los servicios de las unidades y centros  de atención a las mujeres en situación de violencia; las trabajadoras de estos centros han denunciado violencia laboral y hasta ahora no hay un solo programa que tenga seguimiento, que sea una política pública clara y efectiva a favor de las mujeres.
 
La falta de compromiso del gobernador Manuel Velasco con el real empoderamiento de las mujeres se ve, precisamente, en el sostener a la familia León Villard en la Sedem. La dependencia se convirtió para el gobernador en un espacio más para pagar un favor político.
 
Las personas que han dirigido la Sedem no tienen ni la formación, ni el compromiso con el tema para el que fueron elegidas.
 
En 2014 cuando era titular de la Sedem, Sasil de León, dijo que 156 muertes violentas de mujeres –que eran las que se tenían registradas en ese entonces-no ponía en riesgo la paz social en Chiapas por lo que no había necesidad de una declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la entidad.
 
Si la lectura que da el gobernador a la declaratoria en el apartado del fortalecimiento a la Sedem se traduce en el empoderamiento de una familia, la dependencia seguirá jugando en contra de las mujeres.
 
16/SS/LGL