Sufragio femenino

“…y un 17 de octubre de 1953, el presidente Adolfo Ruiz Cortines concedió el voto a la mujer mexicana”. Dicho así pareciera que un día el señor amaneció de buen humor y dijo: “Sería buena idea que las mujeres, al igual que los hombres, puedan votar y ser electas”. Y no fue así. Le cuento: Desde 1821, un grupo de mujeres zacatecanas exigió trato de ciudadanas, tras afirmar que aportaron todo y más a la causa de la Independencia. A partir de entonces, las voces sólo se multiplicarían.

Elvira Hernández Carballido, reconocida investigadora en el tema, señala que desde mediados del siglo XIX surgieron las primeras publicaciones periodísticas fundadas y redactadas por mujeres que demandaron derechos para las mujeres.

Entre ellas, destacan el semanario Violetas del Anáhuac, dirigido por la mexicana Laureana Wright. A este semanario se unieron otras publicaciones como Vesper, fundada en 1901 por Juana Gutiérrez y Elisa Acuña.

A tal punto comenzaron a exigir derechos políticos, que el 31 de marzo de 1911, en la primera plana del importante periódico El Imparcial, se reportó: “Las mujeres solicitaban tomar parte en la lucha electoral”.

La nota precisaba que las sufragistas solicitaron que el presidente enviara una iniciativa al Congreso de la Unión para que les sean reconocidos los mismos derechos que a los hombres en lo que se refiere a votar y ser votadas.

¡Y el texto fue firmado por más de 400 mujeres!

En la historia del sufragio de las mexicanas encontramos muchos nombres y acciones: Elena Torres, Columba Rivera, Eulalia Guzmán, Cuca García, Dolores Jiménez Muro; en Yucatán a Elvia Carrillo Puerto, Francisca Ascanio, Porfiria Ávila, entre muchas otras.

Mención aparte merece la coahuilense Hermila Galindo, quien argumentó, cabildeó, escribió, público “La mujer Moderna”, dio entrevistas a los medios, organizó manifestaciones.

Ella redactó la petición de ciudadanía para las mujeres al Congreso Constituyente de 1917, y cuando los diputados nos excluyeron, se postuló para diputada federal por el 5° distrito, a fin de mostrar la injusticia que significaba dejar sin ciudadanía a la mitad de la población. Fue la primera candidata en nuestro país.

Pero es en la década de 1930 cuando la lucha por el sufragio adquiere forma de movimiento social, porque mujeres de distinta condición social e ideología se organizaron en el Frente Único Pro Derecho de la Mujer, que reunió alrededor de 800 agrupaciones y tuvo más de 50 mil integrantes.

Estas mujeres celebraron marchas, mítines, protestas públicas, conferencias. Y no fue fácil. Hernández Carballido relata que Soledad Orozco contó: “Recibimos muchas burlas, muchas humillaciones, incluso de políticos que se decían revolucionarios.

También éramos objeto de escupitajos”. Adelina Zendejas recordó: “A veces nos juntábamos 300 mujeres en el Zócalo y nos recibían con pedazos de cáscaras de sandía, huevos podridos y jitomates”.

Pero no cedieron. Elvira Hernández afirma que en 1940 más de 3 mil mujeres se manifestaron con carteles donde se leía: “La mujer organizada y consciente tiene derecho al sufragio” y “Por mi patria y por mi hogar”.

Amalia Castillo Ledón fue otra protagonista de primera línea. Como diplomática, con presencia en los altos círculos del poder a nivel nacional e internacional, cabildeó y presionó, argumentó y organizó distintas acciones para que se modificara la ley y se nos reconociera nuestro derecho a la ciudadanía.

Y también participaron activamente María Lavalle Urbina, Esther Chapa, Elvira Vargas, Margarita Robles, Margarita García entre muchas otras.

Así que ¿nos concedieron? ¡Nada de eso! ¡Nunca es una concesión!

Detrás de cada uno de nuestros derechos –desde el derecho a leer y escribir, hasta los derechos que hoy vindicamos o reivindicamos, como el derecho a una vida libre de violencia– hay mujeres irreductibles y tenaces que le hacen frente a la desigualdad, la discriminación, la injusticia y la violencia.

*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com

17/CL/LGL

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, llamó a los partidos políticos a comprometerse más con la paridad de género porque aseguró que las instituciones electorales ya hacen lo que les toca para garantizar la participación política de las mujeres.

A propósito del 64 aniversario del sufragio femenino que se consiguió el 17 de octubre de 1953, el consejero señaló que los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en la modificación de las barreras que obstaculizan a las mujeres del medio rural, integrarse a los órganos de representación política.

Durante su participación en el seminario “La participación política de las Mujeres Rurales 100 líderes del México Rural”, que se realizó esta mañana en la antigua sede del Senado, el funcionario dijo que el bajo porcentaje de mujeres en puestos de decisión y poder no es por falta de interés o de capacidades, sino por las formas tradicionales de hacer política.

“Los partidos políticos tienen una enorme responsabilidad en la modificación de estas barreras que obstaculizan a las mujeres del medio rural a integrarse a los órganos de representación política”, señaló.

La presencia de barreras estructurales que afectan la participación política de las mujeres en México, dijo, es más grave todavía en el medio rural, aunque ello no significa que no hayamos avanzado en el objetivo de construir una nación igualitaria y una democracia paritaria, “sin duda hemos avanzado en ese sentido”, afirmó.

El consejero agregó que las reformas electorales desde 1953 hasta la de 2014 que legisló la paridad (50-50) han impulsado cambios institucionales para contribuir gradualmente a la igualdad del sufragio entre hombres y mujeres. “Han sido décadas en las cuales se han diseñado procesos que han eslabonado una gran cadena de confianza que ha contribuido a nuestra transición a la democracia”, dijo.

En el acto, la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, subrayó la importancia de impulsar los derechos político- electorales de las mujeres, vistos no sólo como el derecho a votar, sino de mayor participación en los espacios de deliberación y de toma de decisiones para que sean parte del proceso que lleva a transformar la realidad.

La magistrada presidenta del TEPJF indicó que, sin duda, de 1953 al día de hoy se ha hecho mucho por avanzar. Sin embargo, destacó que el proceso no está completo y prueba de ello es lo que ocurre en las zonas rurales donde al parecer los derechos de las mujeres rurales se han materializado plenamente.

En este sentido, recordó que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su recomendación general 34, señala que las mujeres rurales tienen más probabilidades de ser excluidas de los puestos de liderazgo y toma de decisiones a todos los niveles, además de que se ven afectadas con mayor frecuencia y medida por la violencia de género y la falta de acceso a la justicia y a recursos jurídicos eficaces.

Agregó que el Comité señala también que no debe ignorarse la importancia del empoderamiento, la libre determinación y la posición de las mujeres rurales en la toma de decisiones y la gobernanza. “Cuando todo ello se ignora, señala el propio Comité, los Estados ponen en peligro su propio progreso. Habremos de preguntarnos si como órganos de Estado hemos cumplido con esta encomienda”.

Tomando en cuenta que a partir de la reforma de 2016 la Ley Agraria prevé que las candidaturas para el comisariado ejidal y el consejo de vigilancia deberán integrarse por no más de un 60 por ciento del mismo sexo, destacó la presidenta, resultan aplicables los criterios que en materia de cuotas han establecido los órganos electorales.

17/AGM/LGL

Las mujeres privadas de la libertad pierden el derecho a ejercer el voto, pero la investigadora, Corina Giacomello propone debatir cómo garantizar los derechos políticos de las personas en reclusión como parte de los derechos electorales y su reinserción social.
 
La investigadora argumentó en su estudio “Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto. De objetos de normas a sujetos de ciudadanía” publicado en 2016 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la privación de la libertad es ya la pena y no deberían añadirse otras que despojen a las personas presas de su estatus como ciudadanas o ciudadanos.
 
En México se contempla la suspensión del ejercicio de los derechos políticos a las personas procesadas y condenadas a prisión pero para la investigadora en un régimen democrático, basado en los Derechos Humanos (DH), los esfuerzos del Estado mexicano deben estar orientados a garantizarlos y fomentar “valores de participación y apego a la comunidad” de las personas en prisión.
 
Corina Giacomello indicó que las mujeres privadas de la libertad pueden ser la puerta para comenzar a plantear el tema, pues son un grupo de la población penitenciaria que es vulnerable y aunque es minoritario  enfrentan violencia específica.
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las mujeres representan el cinco por ciento de la población penitenciaria total, la mayoría se encuentran encarceladas por delitos menores como: robo y posesión de drogas, mencionó la investigadora.
 
Al representar un porcentaje muy pequeño de la población penitenciaria, las mujeres son menos vistas y tomadas en cuenta. La autora apuntó que esto deriva en un número insuficiente de centros de reclusión exclusivos para mujeres.
 
A partir de este contexto, Giacomello realizó en marzo de 2016, entrevistas a 12 mujeres del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, sobre la relevancia que tienen los derechos políticos y particularmente el derecho al voto para ellas.
 
Las internas expresaron que el voto podría fungir como un medio para influir en el mejoramiento de las condiciones carcelarias, pues los políticos se interesarían en “resolver los problemas que enfrentan al estar en prisión”.
 
Asimismo concluyeron que el voto podría ser una voz para que las mujeres privadas de la libertad puedan expresar que “existen” y por tanto que requieren servicios y atenciones.
 
La mayoría de las presas entrevistadas (50 por ciento) eran madres con hijos e hijas menores de edad, el 70 por ciento, laboraba en el comercio informal antes de ser recluidas, lo que responde a niveles educativos muy bajos en todas las entrevistas, reportó el estudio.
 
Para la investigadora, debatir el derecho de las mujeres privadas de la libertad para votar, también significa considerar y replantear las condiciones en las que viven en los reclusorios, así como su inserción a la sociedad.
 
Sin embargo, estas posibilidades son obstaculizadas por las autoridades mexicanas, quienes argumentaron que la suspensión de los derechos políticos de las personas presas está relacionada con la imposibilidad de “llevar casillas a los centros de reclusión y realizar los procedimientos que conlleva una elección”.
 
La investigadora afirmó que esta abdicación del Estado en su función como defensor y garante de los DH, a partir de un reconocimiento de su incapacidad para hacer efectivos estos derechos es inadmisible.
 
Ante la situación la autora elaboró una serie de propuestas, para implementar los derechos al voto de las personas presas, iniciando con las mujeres.
 
Como principio establece que es necesario presentar el tema para desencadenar el debate; continuar con los cambios al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho al voto a las personas procesadas. De lograrse, deberían generarse modificaciones a las leyes secundarias en la materia.
 
Y por último, discutir cómo garantizar el ejercicio del voto notificado en lugares donde las personas viven aisladas de los acontecimientos del mundo exterior. Esto plantearía analizar las condiciones de reclusión y el acceso restringido a los medios de comunicación en las cárceles. Lo que abre, según la investigadora, nuevos temas de los derechos en prisión.
 
17/HZM/KVR
 

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado exhortó a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) y a los tribunales electorales de los estados a establecer e implementar protocolos para atender la violencia política contra las mujeres.
 
En un dictamen que aprobó la Comisión también se llamó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), a tomar acciones para sancionar a quienes violentan, agreden o intimidan a las mujeres que son candidatas o ejercen cargos públicos.
 
Las legisladoras pidieron a las instituciones locales que tomen como modelo el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de las Mujeres y la FEPADE.
 
De acuerdo con las integrantes de la Comisión, que preside la senadora priísta Diva Hadamira Gastélum, si bien existen disposiciones básicas destinadas a regular la actuación de funcionarios judiciales, resultan insuficientes en casos de violencia contra mujeres que se desempeñan como funcionarias.
 
La violencia política, indicaron las legisladoras en el documento, impacta el derecho de las mujeres a ejercer el voto y a ser electas en procesos electorales, su desarrollo en la escena política o pública ya sea como militantes en los partidos políticos, aspirantes a un cargo de elección popular o en el ejercicio del cargo público.
 
El Protocolo define este tipo de violencia como todas aquellas acciones y omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
Durante las últimas semanas han salido a la luz casos que podrían entrar en esta definición. 
 
Por ejemplo, el 23 de noviembre el titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), Luis Enrique Miranda, espetó a la diputada y académica especializada en pobreza, Araceli Damián González que “no estudié psiquiatría para entenderla”. Esa fue su repuesta cuando ella lo cuestionó sobre las cifras de pobreza que presentó durante una comparecencia en San Lázaro.
 
En Veracruz, la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Daniela Griego Ceballos, denunció que el pasado 30 de noviembre desconocidos violaron las cerraduras de su casa, mientras que su correligionaria Eva Felicitas Cadena reveló que en su teléfono celular recibió mensajes amenazantes con nombres de personas, algunas que supuestamente serían asesinadas.
 
El 28 de noviembre la presidenta municipal por Acción Nacional en Reynosa, Tamaulipas, Maki Ortiz Domínguez, indicó que fue víctima de violencia política por parte de su partido y es que síndicos, regidores y diputados de ese organismo la amagaron con someterla a juicio político por supuestas irregularidades.
 
Otras intimidaciones se denunciaron durante los procesos electorales de este año. La entonces candidata a la gubernatura de Puebla por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Roxana Luna Porquillo, denunció que el 9 de abril fue encañonada por policías municipales mientras viajaba en su auto cuando hacía campaña.
 
En estas elecciones también se dieron casos como las destituciones de María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, presidentas de los municipios indígenas de Oxchuc y Chenalhó, en Chiapas, respectivamente, a quienes obligaron a separarse de sus cargos mediante violencia y amenazas.
 
16/AGM/AMS/LGL

Aunque reconocieron la necesidad de incorporar el término de violencia política a la legislación, aún no existe un dictamen para lograrlo, señalaron senadoras, quienes coincidieron en que la falta de una normativa en la materia ha impedido que quienes la han vivido accedan a la justicia.
 
Como parte del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se conmemoró el 25 de noviembre, se realizó en el senado un foro donde estuvieron presentes representantes del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional Electoral (INE) y senadoras. Ahí, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Diva Hadamira Gastélum, dijo que es momento de eliminar la violencia política que se comete contra las mujeres que participan en política.
 
Hasta ahora la Comisión de Igualdad analiza un dictamen para reformar las Leyes Generales de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Partidos Políticos; y en Materia de Delitos Electorales para definir si la violencia política será un agravante o un delito autónomo y las características que definan quién comete el ilícito y quién es la persona agraviada.
 
Al respecto, las senadoras Gastélum y Angélica de la Peña Gómez, consideraron que es hora de tener una reforma en la materia, sin embargo, todavía se trabaja en el documento que se presentará al pleno del Senado. Cabe decir que en 2013 las y los senadores aprobaron tipificar esta violencia pero la Cámara de Diputados no ratificó la reforma.
 
La senadora De la Peña explicó que en 2007, cuando entró en vigor la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las diputadas que diseñaron esta norma no imaginaron la necesidad de incluir la figura de violencia política contra las mujeres porque en ese momento no existía un fenómeno de tal magnitud.
 
A decir de la legisladora cuando las mujeres accedieron a los poderes de decisión en todos los niveles y consiguieron ser diputadas, senadoras, magistradas o consejeras electorales, comenzaron a surgir situaciones de violencia para impedir su ascenso al poder y el ejercicio de sus cargos.
 
Por su parte la consejera electoral del INE, Beatriz Eugenia Galindo, explicó que esta instancia ha identificado actos discriminatorios contra candidatas pero aseguró que es necesario establecer sanciones específicas para estas conductas.
 
En su participación el titular de la Fiscalía Especialidad para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), de la Procuraduría General de la República, Santiago Nieto Castillo, dijo que a pesar de la paridad como principio constitucional, falta mucho por avanzar como visibilizar la participación de las mujeres en el espacio público sin violentarlas.
 
A su vez la presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, dijo que después de muchos intentos la paridad en el registro de candidaturas ahora es una realidad lo que ha permitido más presencia de mujeres en la Cámara de Diputados, el Senado y los Congresos locales, pero aún falta tipificar la violencia política de género.
 
16/AGM/LGL