Chiapas

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ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   CIDH emite medidas cautelares para 10 comunidades
Seguimos en los montes, no lo olviden, advierte desplazada de Chalchihuitán
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo | Mujeres desplazadas de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2018

“No entienden nuestra situación ninguna de las autoridades, no quieren saber que estamos sufriendo como mujeres, niños… creen que ya no existe el problema”, denunció María, una de las mujeres indígenas de la comunidad de Chalchihuitán que desde noviembre de 2017 se tuvo que refugiar en los montes de los Altos de Chiapas por el ataque de grupos paramilitares.

A 4 meses de que más de 5 mil personas de las comunidades indígenas tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó se vieron obligadas a huir a los montes de Chiapas para protegerse de los grupos paramilitares, María recordó esta mañana en conferencia de prensa que el problema no ha cesado, permanecen en condiciones inhumanas, con enfermedades respiratorias y digestivas, falta de alimentos, medicamentos y reciben agresiones con disparos de arma, sin que el gobierno les proteja.

En su lengua tzotzil, María, quien permanece desde noviembre de 2017 en un campamento, brindó su testimonio de las condiciones que atraviesan a cuatro meses del ataque de grupos armados por la disputa del territorio que divide Chalchihuitán y Chenalhó: “Hemos sufrido mucho, padecemos hambre, se han muerto varios compañeros”, dijo.

Mientras traducían su testimonio, la mujer relató cómo el miedo sigue instalado en las comunidades por la presencia de grupos armados que les impiden retornar a sus hogares. “No podemos regresar a vivir a nuestras casas, cuando queremos verlas, cuando miran el humo por el fuego, vienen a espantarnos y querer matarnos”, dijo.

Esta situación continúa a pesar de que el gobierno chiapaneco aseguró que desde el 2 de enero de 2018 un 65 por ciento de la población desplazada había retornado a sus comunidades y había intensificado los patrullajes en ellas para garantizar la seguridad de las personas, además de brindarles servicios médicos, “despensas” y campamentos seguros.

“El gobierno y el presidente municipal –Martín Gómez Pérez- creen que ya no tenemos sufrimiento, el problema cuando salimos corriendo con nuestros hijos es que no podemos pero ellos no pueden caminar rápido”, dijo María y pidió al gobierno de Chiapas se le dé una pronto solución a este conflicto agrario que lleva más de 45 años según la población.

CIDH EMITÉ MEDIDAS CAUTELARES

La conferencia fue organizada esta mañana por las organizaciones civiles que han documento y demandado protección para las personas desplazadas; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba), la Campaña Popular Permanente Contra la Violencia de Género y el Feminicidio en Chiapas y Melel Xojobal AC.

El 24 de noviembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la solicitud de medidas cautelares que presentó el Centro Frayba para la protección de los derechos de las personas indígenas de Chalchihuitán y Chenalhó “por el riesgo de agresiones, hostigamiento y amenazadas por parte de grupos armados”.

Después de un análisis y recolección de información que reportó el Estado mexicano, la CIDH consideró que las acciones gubernamentales para mitigar al grupo de personas armadas, como el desarme voluntario y el fallo del Tribunal Unitario Agrario del 13 de diciembre de 2017, que favoreció el reparto de tierras al municipio de Chenalhó, no habían sido suficientes.

Ante ello, el pasado 5 marzo emitió las medidas cautelares número 882-17, en las que demandó la protección de 10 comunidades: Chalchihuitán, Cruzton, Tzomolto’n, Bojolochojo’n, Cruz Cacabanm, Tulantic, Bejelto’n, Pom, Chenmut y Kanalumtic.

Además del testimonio de María, estuvo presente el Comité Autónomo de Familias Desplazadas de Chalchihuitán –conformado tras el conflicto- quienes hicieron un llamado al gobierno de Chiapas para garantizarles: agua potable, salud, un plan de regreso para los desplazados, desarme de los grupos paramilitares, reconocerlos como desplazados forzados internos, paz y reparación integral de los daños.

De acuerdo con información de las organizaciones civiles a raíz de este conflicto han fallecido 11 personas (desde recién nacidos a personas mayores), tras vivir en la intemperie y climas extremos de frío continúan con enfermedades respiratorias, digestivas y problemas de estrés. 

18/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   La medida aplicará para las casadas con hombres de otros sitios
Mujeres de Chiapa de Corzo podrían ser multadas con 30 mil pesos
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo | Mujeres desplazadas de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal
Por: Sandra de los Santos
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 15/02/2018

Ejidatarios de la comunidad Carmen Tonapa del municipio de Chiapa de Corzo, en Chiapas, pretenden imponer una “cuota” de 30 mil pesos a las mujeres que se hayan casado con hombres que no son originarios del lugar.

En una asamblea ejidal realizada el pasado 10 de febrero, el comisariado ejidal, Eleuterio Gómez Aguilar, habló sobre la posibilidad de aplicar esta “multa” para un total de 46 mujeres que viven con sus esposos en la comunidad y que no sean originarios de la misma.

La comunidad Carmen Tonapa se fundó en 1982 con población zoque desplazada por la erupción del volcán Chichonal. Debido a la erupción unas 20 mil personas salieron de sus lugares de origen. Hay comunidades de personas desplazadas en diferentes estados y municipios.

La medida es desigual para mujeres y hombres en esta condición, pues ellas, deberán pagar la “multa” pero los varones no, aunque estén casados con mujeres de otras comunidades. Hay mujeres que llevan entre 13 años y meses de casadas con hombres de otro sitio.

Los ejidatarios que están de acuerdo con que se cobre la multa, advirtieron que en el caso de que las mujeres se nieguen a pagar la “multa” se les quitarán los servicios de agua y energía eléctrica.

De acuerdo al reglamento interno, las personas que lleguen a vivir a Carmen Tonapa –sin ser originarios de ahí- tienen que pagar una cuota de 2 mil pesos, entregar las cooperaciones de las festividades y apoyar los acuerdos de la asamblea ejidal.

En la asamblea las propias mujeres se negaron a pagar la multa por considerarla discriminatoria y por no haber una razón que justifique hacerlo; por lo que se propuso disminuir la cantidad a mil 500 pesos, a lo que ellas se volvieron a oponer.

Debido a que no llegaron a ningún acuerdo, el comisariado ejidal suspendió la asamblea y la pospuso para este sábado sábado 17 de febrero donde se volverá a discutir si se impone la multa y bajo qué condiciones.

DE LA VIOLENCIA EN LA COMUNIDAD

De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia, esta acción constituye violencia comunitaria la cual es definida en su artículo 16, como “los actos

individuales o colectivos que transgreden derechos fundamentales de las mujeres y propician su denigración, discriminación, marginación o exclusión en el ámbito público.

En su artículo 17 establece que el Estado mexicano debe garantizar a las mujeres la erradicación de la violencia en la comunidad, a través de la reeducación libre de estereotipos y la información de alerta sobre el estado de riesgo que enfrentan las mujeres en una sociedad desigual y discriminatoria y propone un sistema de monitoreo del comportamiento violento de los individuos y de la sociedad contra las mujeres.

La propia Ley de Chiapas, también reconoce la violencia en la comunidad a la cual define como “los actos individuales o colectivos que transgreden o menoscaban los derechos fundamentales de las mujeres, sobre todo aquellas de origen indígena; propiciando su denigración, discriminación,

marginación o exclusión en cualquier ámbito.

El informe de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres para el estado de Chiapas, elaborado por el Grupo de Trabajo, reconoce que la mayoría de la población en Chiapas vive en una situación de pobreza.

Hasta el año 2012, señala el documento, el porcentaje de pobreza extrema de la población en Chiapas era del 32 por ciento, lo que equivale a 1 millón 629 mil 197 personas que vivían en esta condición y de esta población, las mujeres indígenas representaron 30.43 por ciento.

Más aún, del total de mujeres indígenas del estado de Chiapas, 73.99 por ciento vive en pobreza extrema.

18/SS/LGL

 








ESTADOS
   Suspenden entrega de Honoris Causa a general Cienfuegos
Organizaciones niegan aportes del ejército en Chiapas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/02/2018

El Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH) advirtió que la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) insiste en entregar el doctorado Honoris Causa al general Salvador Cienfuegos Zepeda, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), porque sólo suspendió la realización del acto oficial.

Después de las protestas ciudadanas que se informaron porque una institución académica de Chiapas reconociera al ejército, a pesar de que ha cometido violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, ayer el Secretario General de la Universidad, Ricardo Paniagua Rodas, difundió un comunicado donde se informó que se suspendería el acto.

“Hemos acordado suspender la entrega”, dijo Paniagua Rodas a la vez que manifestó que la administración de la Unicach era abierta para escuchar todas las voces dentro y fuera de la institución, esto en referencia a que más de treinta organizaciones y personas a título individual rechazaran la entrega del reconocimiento.

Sin embargo, Gloria Flores Ruiz, integrante Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas concluyó: “Este es un mensaje claro. El gobierno sigue insistiendo en que la Universidad entregue el título” y agregó que la Fiscalía General del estado emitió un boletín reconociendo “los aportes del General y de la Sedena a favor de la sociedad”.

En opinión de Flores esto sería una muestra de que el Estado quiere limpiar la imagen del ejército a pesar de que las fuerzas armadas son responsables de cometer violaciones sexuales como el caso de las hermanas tseltales Ana, Beatriz y Celia González Pérez quienes fueron detenidas y violadas en un retén militar el 4 de junio de 1994, en Altamirano, caso que llegó a instancias internacionales.

Para la defensora el llamado en contra de reconocer al ejército mexicano sigue en pie porque consideró que sería un desprecio para las miles de víctimas que han padecido violencia por parte de fuerzas castrenses, como lo señalaron en el pronunciamiento público del 5 de febrero.

El General Cienfuegos Zepeda ha sido el personaje principal a favor de la militarización del país al solicitar a los poderes Ejecutivos y legislativos un marco jurídico para que el ejército haga  tareas de seguridad. Así, en diciembre de 2017, consiguió que se promulgara la Ley de Seguridad Interior, “otorgando de facto un poder desmedido similar al que hemos visto en las dictaduras militares en América Latina”, señaló Flores Ruiz.

Esta organización civil también recordó las numerosas violaciones a Derechos Humanos cometidas por soldados, casos que van desde desaparición forzada, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado interno y la creación de grupos paramilitares en la zona de los Altos y Norte del estado, así como diversos casos de violencia contra las mujeres, en particular, violación sexual.

Por eso, para esta agrupación preocupa “la desmemoria histórica” de la Universidad y coincide con el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica en que el perfil del General Cienfuegos Zepeda carece de todo sustento para tener este mérito académico.

En protesta contra la decisión de los varios consejos universitarios, dos galardonados ya renunciaron a este reconocimiento: la investigadora social feminista y fundadora del CDMCH, Mercedes Olivera Bustamante, y el rector fundador de la Unicach y antropólogo social, Andrés Fábregas Puig.

18/SG








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Continúan grupos paramilitares en la zona: Frayba
   
Brigadas de salud mantienen atención a desplazadas de Chalchihuitán
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo | Mujeres desplazadas de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscalh
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/01/2018

Ante la permanencia de más de dos meses de grupos paramilitares en las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas, brigadas de salud de organizaciones civiles mantienen la atención médica para mujeres y sus familias desplazadas por el conflicto territorial.

Las brigadas de “Salud y Desarrollo Comunicatorio” (Sadec) y “Casa de la Mujer Ixim Antsetic” (Cam), documentaron en su visita a las comunidades desplazadas, la defunción de una mujer adulta de 57 años de edad por neumonía; dos mujeres menores de 18 años y una muerte fetal hasta diciembre.

En tanto, la agrupación Médicos Sin Frontera informó en un comunicado que un equipo de ocho profesionales ofrece desde el 17 de enero consultas médicas y de atención psicológica en nueve comunidades involucradas en el desplazamiento.

Las organizaciones mantienen el esfuerzo de ofrecer atención médica y recaudación de víveres para estas personas desplazadas, quienes comenzaron el retorno de las montañas de los Altos de Chiapas –donde se refugiaron- a sus comunidades desde el 2 de enero de este año, orillados por las condiciones de precariedad en las que vivían.

Estas brigadas de salud coinciden que las enfermedades crónicas que padecía la población tzotzil (como la hipertensión, problemas respiratorios, mala alimentación, entre otras) se agravaron tras las condiciones extremas de frío y escasez de alimentos en las que se encontraban expuestas en las montañas sobre todo mujeres, niñez y personas adultas.

En relación a las mujeres embarazadas desplazadas, el Sadec y Cam, precisaron que se han evitado muertes maternas por el seguimiento médico que tienen con parteras comunitarias.

Asimismo, destacan que las mujeres y personas adultas, viven con algún grado de ansiedad derivado de la incertidumbre y el miedo por la permanencia de los grupos paramilitares.

De estos grupos armados, el Centro Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) informó a Cimacnoticias que han recaudado testimonios de mujeres sobre los constantes disparos de armas de fuego que hay en la zona, sin que las medidas de protección otorgadas por el gobierno chiapaneco para las personas que regresaron sean suficientes.

En medio de un conflicto armado que no cesa, el Frayba y diversas agrupaciones de mujeres denunciaron que la población femenina que retornó a sus hogares de Chalchihuitán y Chenalhó, no tuvieron la oportunidad de participar en la toma de decisión de regresar a la zona de conflicto.

Ante el riesgo, organizaciones como la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim), apelando que la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género abarca las dos comunidades desplazadas.

Sin embargo, reportaron en un comunicado que no recibieron respuesta a su petición para asegurar la vida de las niñas y mujeres de estas comunidades indígenas.

El conflicto que causó el desplazamiento de más de 5 mil personas, se desató el pasado 13 de noviembre de 2017, luego de que grupos paramilitares de Chenalhó realizaran balaceras, saqueos y quemas de viviendas en varias localidades de Chalchihuitán, debido a la disputa de más de 40 años de antigüedad, por el territorio que divide a estas comunidades.

18/HZM/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Ayuda humanitaria no llega para embarazadas
   
Conflicto agrario en Chenalhó ha provocado 5 muertes de niñas y mujeres
Imagen retomada del portal Chiapas Paralelo | Mujeres desplazadas de Chalchiuitán. Foto: Ángeles Mariscal
Por: Ángeles Mariscal
Cimacnoticias | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 20/12/2017

Personas desplazadas de las 8 comunidades de Chalchiuitán afectadas por este problema de límites con Chenalhó, rechazaron el dictamen del Tribunal Agrario dado a conocer el pasado 13 de diciembre, en el que se les quita su derecho a la tierra donde vivieron hasta antes de su desplazamiento forzado.

Insisten en que de acuerdo a los títulos primordiales de principio de siglo XX, esa tierra en la que tienen sus viviendas y sus campos de cultivo, ha sido parte de Chalchiuitán, aún cuando ahora legalmente el Tribunal Unitario Agrario le da la titularidad de la tierra a Chenalhó.

Las personas que tuvieron que desplazarse de sus comunidades, dijeron que no aceptarán la reubicación ni el dinero que les ofrece el gobierno (hay que señalar que se trata de no más de 50 mil pesos por familia). Informaron que impugnarán el dictamen del Tribunal Unitario Agrario ante el Tribunal Colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante una asamblea realizada en la plaza central de ese municipio, explicaron que “las autoridades afirmaron que es mentira que haya ganado Chenalhó, que hay un empate, porque no fue en favor de uno ni de otro, pero la gente se rió”, aseguraron los pobladores consultados. Agregaron que otro acuerdo tomado es que cambiarán de abogado, con el argumento de que “no ganaron el caso porque el defensor no hizo bien su trabajo”.

DEPRESIÓN Y EFECTOS EMOCIONALES

Raymundo Luna Pérez, de 18 años de edad, originario de la comunidad Chenmut, Chalchiuitán, ingirió un herbicida para suicidarse luego que cayó en depresión a causa del desplazamiento forzado que enfrentaban junto con otras 5 mil personas a las que el Tribunal Unitario Agrario les negó el derecho a la tierra que habitaron hasta el día de su expulsión, ocurrida el 18 de octubre pasado.

La salud física y emocional de los desplazados se agrava cada día, explicaron organismos defensores de Derechos Humanos y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quienes dan asistencia médica y llevan alimentos que ciudadanos y comunidades han donado, a las personas desplazadas.

El pasado 17 de diciembre, a 3 meses de que tuvieron que abandonar sus viviendas, la muerte de Raymundo Luna se sumó a la de otras 10 personas que han fallecido tras el desplazamiento al que han sido sometidos, como consecuencia de la disputa por la tierra que sostienen con sus vecinos de Chenalhó.

En el caso de Raymundo, de acuerdo a su padre, Mariano Luna, estuvo sometido al estrés y depresión producto del desplazamiento, hasta que el pasado 3 de diciembre intentó suicidarse al ingerir el herbicida. Su padre lo localizó momentos después, y logró que médicos lo atendieran. Sin embargo no se recuperó, y tras dos semanas de convalecer, el pasado domingo falleció.

También han fallecido Catarina Sánchez Pérez, por sufrimiento fetal; Ernestina Sánchez Pérez, recién nacida, su madre se encontraba viviendo bajo lonas; Adriana de Jesús Pérez Pérez, de dos años y Maura Pérez Luna, de un año, por enfermedades respiratorias y hambre.

Domingo Girón Luna de 70 años, Marcelino Gómez López de 80 años, María Domínguez Gómez de 57 años y Mariano Pérez Aguilar de 67, han muerto por enfermedades respiratorias y por hambre. A estas muertes se suma la de Samuel Luna García, quien murió asesinado el 18 de octubre, cuando inició el desplazamiento forzado.

Diversos organismos humanitarios que trabajan en Chiapas exigieron a los gobiernos federal y estatal el urgente reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno para que eso obligue a las instituciones a la utilización y aplicación de protocolos efectivos que garanticen la seguridad e integridad personal a las personas desplazadas.

Piden de manera urgente la instalación de campamentos específicos para desplazados, condiciones de seguridad para evitar que sigan siendo amedrentados por los civiles armados que los expulsaron de sus comunidades, y para garantizar ayuda humanitaria integral y la búsqueda de garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

El gobierno de Chiapas, por su parte, informó ayer a través de un comunicado de prensa, que solicitó ayuda de la ONU para asistir a las personas desplazadas. En el mismo comunicado anunció que “para inicio de 2018” llegará a esta región, personal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que buscará poner en marcha la producción de alimentos en la zona donde están los desplazados.

17/AM/LGL








DERECHOS HUMANOS
   Algunas se encuentran a días de parir y hay recién nacidos
   
En riesgo, mujeres embarazadas desplazadas de Chenalhó y Chalchihuitán
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/12/2017

A 10 días de que miles de personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se esconden de los grupos paramilitares en los montes de los Altos de Chiapas, la ayuda del gobierno comenzó a llegar a cuenta gotas pero para las más de 100 mujeres embarazadas aún es difícil acceder a la atención médica.

La coordinadora del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Azalia Hernández, informó a Cimacnoticias que ayer llegaron las brigadas de salud del gobierno de Chiapas pero únicamente a la cabecera municipal de Chalchihuitán, “de entrada por salida”.

Debido a la disputa territorial entre ambos municipios (Chalchihuitán y Chenalhó) es imposible que las mujeres y niñez que se refugian en los montes, regresen a sus localidades, ya que los caminos se encuentran obstaculizados por personas armadas, “es absurdo que se les pida trasladarse a los municipios”, señaló la activista.

La situación se agrava día a día, la información que ha recibido el Frayba es que hay mujeres a pocos días de parir, en total tienen el registro de 114 mujeres embarazadas, hay bebés recién nacidos, por ejemplo, la asociación conoció un caso de un bebé de 20 días de vida.

“Médicos están  dispuestos a dar trabajo humanitario, pero es imposible ingresar. En la mañana nos informaron que las personas que bloquean las entradas comenzaron a quemar llantas. Tienen el territorio controlado”.

Según la información que publicó el gobierno estatal en su página web oficial, Protección Civil y paramédicos están atendiendo en Chalchihuitán a las mujeres embarazadas para llevarlas en helicóptero al municipio de Simojovel, pero la mayoría, como indicó la integrante del Frayba, están refugiadas en las montañas.

Lo mismo sucede para la niñez y adultos mayores que presentan enfermedades respiratorias y gastrointestinales por vivir en la intemperie. No hay registro de que las brigadas estén atiendo de forma directa a estos pueblos tzotzil, precisó Azalia Hernández.

“Las familias desplazadas huyeron de sus casas sin nada. Especialmente las mujeres se encuentran en extrema vulnerabilidad, en campamentos hechos con plásticos a temperaturas muy frías, sin alimentos. No pueden regresar a sus casas, les fueron quemadas, robaron sus animales y destruidas sus pocas pertenencias”, comentó.

La vulnerabilidad no sólo es en su salud física sino también mental. Azalia mencionó que en los campamentos las mujeres, niñas y niños están viviendo con un profundo temor de ser perseguidos y encontrados por los grupos paramilitares.

EL CONFLICTO

El conflicto territorial entre Chalchihuitán y Chenalhó comenzó en los años setenta cuando San Pablo Chalchihuitán obtuvo el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC). El municipio recibió hectáreas que eran parte de la localidad colindante.

Desde entonces se desató la problemática que aún sigue sin resolverse. Actualmente continúa en juicio en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez la denuncia de la población de Chenalhó por la distribución del territorio.

Asimismo el conflicto de grupos paramilitares en esta zona es añejo. Hace 20 se suscitó la masacre de Acteal en localidad de Chenalhó. Un grupo paramilitar conocido como “Máscara Roja” asesinó el 22 de diciembre de 1997, a 18 mujeres adultas, 7 hombres, 16 menores de 17 años y 4 niños entre los 15 y 2 años de edad.

Fue una masacre planeada en contra de los miembros de la Sociedad Civil “Las Abejas” mientras hacían una jornada de paz para Chiapas. El caso llegó hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La integrante del Frayba –asociación que acompañó el caso Acteal- afirmó que el conflicto armado continúa en estos municipios por la incapacidad del gobierno para desarmar a los grupos paramilitares y la impunidad de castigo a quienes participaron en ellos.

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO

Por ello las organizaciones y comunidades temen no sólo de otra masacre como la de Acteal, sino también del futuro de estos cientos de familias. Azalia Hernández explicó que en casos de desplazamiento forzado por grupos paramilitares que ha documentado el Frayba, a muchas poblaciones les es imposible retornar a sus comunidades.

El asentamiento de grupos armados en sus localidades los orilla a comenzar su vida en lugares aledaños. Las familias pierden sus propiedades y terrenos de siembra. También hay una pérdida cultural (tradiciones, lengua) como parte del desplazamiento forzado.

Por ello, dijo, la acción del gobierno debe estar enfocada en cuatro ámbitos: la atención urgente a la población desplazada, el desarme de los grupos armados y la atención del problema estructural en la comunidad, y la reparación del daño integral para los habitantes.

De acuerdo con los registros del Frayba, en Chalchihuitán son 5 mil 23 personas desplazadas, y de la comunidad de influencia zapatista, Chenalhó, la cifra aumentó a 900 personas.

NACIONES UNIDAS PIDE ATENCIÓN URGENTE

En tanto, en un comunicado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por el desplazamiento forzado de estas comunidades.

Indicó que “es necesario lograr una solución integral y duradera que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado y la solución de los conflictos que enfrentan estas comunidades”. Pidió que se cumplan las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó al Centro de Derechos Humanos Ku’untik que ya integra la solicitud de medidas cautelares para las personas desplazadas que la organización solicitó. 

De acuerdo con el Centro, estas serán una extensión de las medidas cautelares (MC-361-17) que dictó la CIDH en octubre por el desplazamiento forzado de 248 personas del Ejido de Puebla localidad de Chenalhó, de la misma forma por parte de grupos paramilitares.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Huyen de balaceras y se refugian en las montañas, la situación se agrava
Urge atención médica para 114 mujeres embarazadas desplazadas de Chenalhó
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/11/2017

En la montañas de los Altos de Chiapas al suroeste de México, en condiciones inhumanas y sobreviviendo a temperaturas extremas de frío, se calcula que más de 5 mil personas entre mujeres embarazadas, niñez y adultos mayores se escoden de los grupos paramilitares por el conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

El pasado 21 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil en Chiapas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, fueron alertadas sobre el desplazamiento forzado de los pueblos tzotzil de Chalchihuitán y Chenalhó.

La disputa por el territorio entre ambos municipios comenzó hace más de 40 años, recordó el Centro de Derechos Fray: en 1975 el municipio de San Pablo Chalchihuitán obtuvo el reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) y fue beneficiado con 17 mil 948 hectáreas de terreno, y como complemento, en 1981 se entregaron 252 hectáreas más.

La población del municipio colindante, San Pedro Chenalhó se inconformó por el reparto de tierras porque no se respetaron los limites naturales del río Mashilhó y los antiguos documentos de los pueblos indígenas e interpuso una demanda en 2005, actualmente sigue en juicio en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez (expediente 181/2005).

Hasta ayer el Frayba informó en un comunicado que únicamente de la localidad de Chalchihuitán son 5 mil 23 personas desplazadas, y  de Chenalhó –comunidad de influencia zapatista- se estima son al menos 300 personas.

De acuerdo con los registros de la asociación civil, el conflicto se agravó el 13 de noviembre tras el ingreso de grupos armados a la región de Chalchihuitán. Las familias huyeron de las balaceras y se reguardaron en los montes de los Altos de Chiapas, donde permanecen incomunicadas y con miedo de ser localizadas.

Al sobrevivir bajo temperaturas frías y condiciones inhumanas, hay personas enfermas, principalmente recién nacidos, niñez y personas adultas, además urge la atención médica para 114 mujeres embarazadas, según los registros del Frayba.

En las imágenes y entrevistas que han difundido las organizaciones que ingresaron a los montes, se observan a niñas y niños durmiendo en el pasto, a mujeres calentando la escaza comida en campamentos construidos con ramas y lonas, personas adultas y niñez reposando por alguna enfermedad. Los únicos médicos que hay son los chamanes de las comunidades.

La situación empeora porque el municipio de Chalchihuitán está sitiado y la única carretera que conecta con San Cristóbal de las Casas está bloqueada, por lo que es imposible proveer de ayuda, alimentos y medicinas sobre todo para las mujeres, niñas, niños y adultos mayores, reportaron las asociaciones.

El Frayba documentó las comunidades y personas que fueron desplazadas de Chalchihuitán: de Ch’en Mut 700 personas (8 mujeres embarazas); de Pom más de 2 mil personas y 100 mujeres embarazadas; Tzomolton son 800 personas y 6 mujeres embarazadas; C’analumtic 600 personas; Bejelton 150 personas; Tulantic 350 personas; Vololch’ojon 150 personas; Cruz c’ac’al nam 200 personas; y Cruz ton 73 personas desplazadas.

El Centro de Derechos Humanos informó que ha recurrido a las instancias internacionales, envío una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazamientos Internos, Chaloka Beyani, ambos de Naciones Unidas.

Hasta el momento el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello no se ha pronunciado al respecto y tampoco se conoce sobre la intervención del gobierno, por el contrario, las organizaciones civiles alertaron que las personas de la comunidad refieren que ha habido cortes de energía eléctrica e intervenciones de otros grupos armados.

A 20 AÑOS DE MASACRE EN ACTEAL

El miedo de la población y de las organizaciones civiles es que el enfrentamiento culmine en otra matanza como la ocurrió casi 20 años atrás en la comunidad de Acteal del municipio de Chenalhó.

El 22 de diciembre de 1997 –en la presidencia del priista Ernesto Zedillo- un grupo paramilitar asesinó a 45 personas, entre mujeres, hombres, niñas y niños, miembros de la Sociedad Civil Las Abejas, cuando hacían una jornada de ayuno y oración por la paz de Chiapas.

El caso fue acompañado por el Centro Frayba y lo presentó en 2005 ante la CIDH. Cinco años después la Comisión Interamericana lo admitió (Informe 146/10 “Manuel Santiz Culebra y otros Masacre de Acteal”).

El director del Frayba, Pedro Faro Navarro, relató en una audiencia pública de la CIDH –un mes antes de ser aceptado- que en 1996 inició una nueva etapa del conflicto armado interno en Chiapas como respuesta a la creación del Municipio Autónoma Rebelde Zapatista de San Pedo Polhó.

Para minar el apoyo de la población civil a la guerrilla en las zonas de los Altos, el gobierno actuó a través de acciones paramilitares.

Según la información que dio la organización, la masacre fue planeada varios días antes por el Ejército mexicano y su Fuerza de Tarea Arcoíris comandada por el General Mario Renán Castillo, la estrategia fue revelada en un documento conocido como “Plan Campaña Chiapas 94”.

El 22 de diciembre a las 11 horas en Acteal, en el campamento de desplazados “Los Naranjos”, los paramilitares del grupo "Máscara Roja" asesinaron a 18 mujeres adultas, cuatro de ellas embarazadas, 7 hombres, 16 mujeres menores de 17 años de edad, y 4 niños entre los 15 y 2 años.

Sin embargo, el Estado mexicano sostiene que el conflicto se trató de una riña intercomunitaria e incluso interfamiliar. Hasta ahora no se ha sancionado o investigado a los autores materiales e intelectuales de los hechos.

ACUSAN INTERESES POLÍTICOS

Por su parte la asociación Centro de Derechos Humanos Ku’untik,  acusó en un pronunciamiento que los grupos paramilitares actúan por los intereses de la alcaldesa del municipio de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, quien dijeron, “disputa las tierras colindantes con Chalchihuitan y persigue a sus opositores”.

La parroquia de Chenalhó también se pronunció en un comunicado y dijo que el conflicto es parte de las acciones de los gobiernos estatales, por lo que pidió a las comunidades dialogar y permanecer en paz, e hicieron un recordatorio de la matanza de Acteal.

El Centro Frayba coincidió, “es clara la responsabilidad de los distintos niveles del gobierno que han permitido que esta situación se torne de emergencia humanitaria. Además se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades en atender las causas y los efectos de la violencia”, concluyó.

17/HZM/LGL

 








ESTADOS
VIOLENCIA
   Autoridades no acatan recomendaciones, solo hay simulación: OSC
Cumple un año sin resultados, AVG para Chiapas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 21/11/2017

A un año de declararse la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Chiapas las acciones omisas, dilaciones y el desdén por cumplir con el mecanismo es la actuación ha caracterizado al gobierno estatal, denunció la “Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas”.

En un comunicado emitido a propósito del aniversario, la agrupación civil informó que desde el 18 de noviembre de 2016, cuando la Secretaría de Gobernación (Segob) activó la AVG en siete municipios de Chiapas, a lo que va del año, documentó 46 casos de feminicidio y 119 homicidios de mujeres, algunos de estos cumplían con las razones de género para ser investigados como un feminicidio, señalaron.

En comparación, los datos oficiales son menores: la Fiscalía General de Justicia de Chiapas sólo reportó hasta octubre de este año 27 casos de feminicidio y 35 homicidios de mujeres, reportó la Campaña.

Durante este año la organización observó que la Fiscalía es la principal instancia que no cumplió con los acuerdos derivados de la AVG, pues siguen sin erradicar las negligencias en las investigaciones de asesinatos violentos de mujeres, no aplican los protocolos de protección para las víctimas sobrevivientes de violencia y tampoco existe una articulación institucional que permita garantizarles una atención integral.

Parte de los nulos resultados obtenidos tras un año de vigencia de la AVG es por la falta de interés del gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, denunciaron las integrantes de la Campaña; ejemplo de ello es que en este tiempo no se logró ninguna reunión del gobernador con los alcaldes de los municipios en los que se activó la Alerta para conocer el plan de seguimiento.

“Incluso algunos alcaldes hicieron llamados al gobierno estatal evidenciando el olvido y desprecio del Poder Ejecutivo para atender los alarmantes índices de violencia”, precisó la organización.

Por el contrario la agrupación civil señaló que la AVG fue utilizada por Manuel Velasco “para promocionarse y simular la atención a la pobreza y las injusticias contras las mujeres con fines electorales”, incluso utilizó los recursos económicos destinados a la AVG, dijeron.

Asimismo indicaron que la Segob dejó en el olvido la AVG en Chiapas, pues no dio seguimiento al cumplimiento de los acuerdos a través de la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), como le correspondía.

La simulación de las autoridades de Chiapas orilló a la organización civil a anunciar el mes pasado su retiro en la participación de las mesas de trabajo para atender las acciones de la Alerta, de las cuales acudieron puntualmente a cuatro durante el año.

LA VIOLENCIA EN CHIAPAS

En específico la Campaña Popular expresó su preocupación por el acceso a la justicia y a la salud de mujeres víctimas de violencia sexual, el reflejo de este problema es que Chiapas es una de las entidades con los mayores índices de violencia sexual infantil, embarazo infantil y adolescente, subrayaron.

También recordaron las situaciones de violencia por las que atraviesan las mujeres migrantes y refugiadas en la frontera sur del estado, quienes se ven expuestas a ser víctimas trata de personas o ataques de violencia sexual.

Todo un contexto de violencia por el cual es necesario la eficacia en la aplicación de la AVG indicó la organización, e hizo un urgente llamado a las autoridades del estado por darle cumplimiento.

LA LUCHA POR LA ALERTA

La solicitud de Alerta para Chiapas la hizo el 25 de noviembre de 2013 la asociación civil Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas (CDMCH), sin embargo el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres –quien entonces votaba su procedencia- se opuso a su declaratoria.

Las agrupaciones, entre las que se encuentran el Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas: Brigada Feminista por la Autonomía; el Centro de Atención a la violencia intrafamiliar y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas; tuvieron que ampararse ante esta decisión. Como resultado, un año después se creó el Grupo de Trabajo para valorar la declaratoria de Alerta y determinó en un informe que existía una violencia sistemática contras las chiapanecas.

Así, después de tres años de proceso, Segob declaró la AVG en los municipios de Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores; y aunque no los incluyo en la declaratoria a los municipios de los Altos de Chiapas. dio recomendaciones específicas para atender la violencia contra las mujeres indígenas en este lugar.

17/HZM/LGL








ESTADOS
POLÍTICA
   Inicia segunda etapa de gira para recabar firmas
Construir autonomías más allá del 2018: Marichuy-CIG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Ángeles Mariscal
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 10/11/2017

En la segunda etapa de su gira para recabar firmas que le permitan obtener la candidatura independiente al gobierno de México, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, e integrantes del Concejo Indígena de Gobierno (CIG) al que representa, plantearon que su objetivo es construir y articular a lo largo del país comunidades autónomas, proyecto que está más allá de las elecciones de julio de 2018.

La vocera indígena nahua, quien apenas en octubre pasado recorrió la zona de influencia el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en donde ya se llevan a la práctica procesos autónomos de gobierno, desarrollo y educación, visitó esta ocasión la costa del estado y la ciudad de San Cristóbal de las Casas.

En este último lugar, frente a la Catedral de la paz, explicó que en el recorrido que emprende por México, llevarán “la palabra que nos han encomendado las comunidades (…) y si están de acuerdo, haremos una fuerte organización, no para aquí al 2018, sino más allá del 2018”.

Ante unas 4 mil personas que se reunieron, indígenas y no indígenas, reiteró la propuesta de organizarse entre grupos, comunidades y pueblos que deseen construir un sistema económico, de gobierno y sociedad anticapitalista. Consideran al sistema capitalista el causante de la desigualdad social, pobreza, violencia y corrupción que se vive actualmente en México.

“Sí podemos lograrlo, sí podemos hacerlo, si todos logramos poner algo de nuestra parte desde el lugar donde estamos”, dijo.

Uno de los integrantes del CIG, Nereo González López, indígena de Chiapas, al tomar la palabra puntualizó que “lo que se está buscando es formar una autonomía”, cuya construcción no dependa de la vocera Marichuy,  sino de cada una de las personas y comunidades que la integren.

“Cómo nos vamos a organizar, pues de manera así, autónoma. La invitación es que no esperemos que la compañera Marichuy nos va a solucionar el problema. Ella es nuestra vocera que llevará la voz del pueblo, más ella no es la solución. La solución somos todos.

Ella nunca nos va a dar la solución y arreglar nuestros problemas. No, nuestros problemas se van a solucionar solamente organizándonos”, reiteró el concejal.

Marichuy fue electa vocera del CIG, organismo del que hasta ahora forman parte más de 150 representantes de 63 pueblos indígenas del país. Este consejo fue formado a iniciativa del Congreso Nacional Indígena (CNI) y el EZLN, y busca en este momento articular los movimientos de personas, grupos y comunidades rurales y urbanos.

Eligieron a Marichuy como su vocera y candidata para las elecciones de 2018, en las que desean participar de manera independiente a los partidos políticos, aún cuando su meta no es la elección en sí misma, sino la articulación y construcción de autonomías.

A fin de conseguir del Instituto Nacional Electoral (INE) el registro formal como candidata independiente a la presidencia de México, deben recabar 866 mil firmas de apoyo antes del mes de febrero.

17/AM/LGL

 








ESTADOS
POBLACIÓN Y DESARROLLO
   “Las plantas vibran, dan energía, nos mantienen vivos”
Evelia, la bióloga que construyó un jardín para Tuxtla
Imagen retomada del portal revistaenheduanna.com.mx
Por: Sandra De Los Santos
Cimacnoticias/Enheduanna | Tuxtla Gutiérrez, Chis.- 30/10/2017

El espacio dedicado al “Jardín Zoque” en el Museo de la Ciudad de Tuxtla parece demasiado pequeño para el tamaño del edificio emblemático de la capital de Chiapas, pero no es por casualidad, la intención es demostrar a quienes visitan el lugar que en un reducido espacio se pueden mantener diferentes especies de plantas  que se dan en la región.

En el jardín hay plantas medicinales, comestibles y de ornamento: flor de mayo, pitaya, coralillo, guanábana, sanalotodo, té limón, orégano, bugambilia, flor de cuchunuc, entre otras. Todo en un espacio de dos por seis metros.

El nombre del jardín es para hacer referencia a la región de Tuxtla, pero no es que solo haya plantas endémicas, están las que les gusta vivir en esta ciudad, las que se han adaptado bien, lo que pasa con las personas, a veces, sucede también con las plantas. Habitantes del mundo son.

La persona que hizo posible este jardín y lo sostiene es una mujer de 73 años: Evelia Chávez Quiñones. La primera vez que la vi fue con una camisa de manta manga larga, pantalones de mezclilla, botas y un sombrero, en medio del jardín quitando la maleza, componiendo las plantas y dando indicaciones a dos personas más que le ayudaban en el trabajo.

Evelia es toda energía. Esa imagen clichosa de una mujer de la tercera edad en una mecedora en ella no rifa. Se mueve de un lugar a otro, conversa con unas personas que se detienen a preguntarle de los efectos medicinales de unas plantas y las convence de poner su propio jardín en su casa.

“Si las personas tienen su propio huerto en su casa, aunque sea chiquito, en un espacio reducido, en la azotea o la ventana, eso les va a ayudar mucho, porque las plantas vibran, dan energía, nos mantienen vivos, ese es el mensaje que les queremos dar a quienes vienen al Museo y ven el jardín, que aquí en la ciudad también se puede hacer, que convivir con la naturaleza es lo que nos mantiene” dice Evelia y su propia filosofía de vida parece funcionar muy bien en ella.

Evelia es bióloga y trabajadora social de profesión, el trabajo que realiza en el Museo de la Ciudad manteniendo el Jardín es voluntario.

Desde que la Fundación Fernando Castañón Gamboa inició el proyecto del Museo de la Ciudad hace unos 25 años  –en una casa rentada y no en las instalaciones que ahora tienen- Evelia se sumó haciendo un huerto de plantas medicinales zoques. Hace unos años, después de la remodelación del museo, decidieron retomar el proyecto, pero ahora con la perspectiva de hacer un jardín que sirviera de ejemplo para las y los visitantes del lugar.

El Jardín Zoque se puede visitar en el Museo de la Ciudad de Tuxtla ubicado en la segunda poniente y avenida central.

17/SDLS/LGL

 








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