protocolo UNAM

Alumnas  e integrantes de diversos colectivos feministas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) llevaron a cabo un “Paro Feminista” de 24 horas para exigir al abogado de la Oficina Jurídica de la dependencia, Jesús E. Juárez González la resolución y atención de las quejas de violencia de género interpuestas por alumnas de la Facultad, así como la modificación del “Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género.

En entrevista con Cimacnoticias, una integrante del Tribunal Universitario de la FFyL -que pidió anonimato por cuestiones de seguridad- denunció que la directora de Secretaría General, Ana María Salmerón Castro y el abogado de la Oficina Jurídica desestiman las quejas presentadas por las alumnas argumentando que el Protocolo publicado en 2016 es limitado.

Agregó que una de las exigencias es la modificación de éste porque revictimiza y no está armonizado con la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” y otros instrumentos internacionales en la materia que sí sancionan y consideran otras medidas para erradicar la violencia y que establecen plazos para interponer una queja.

El Protocolo establece en el punto 2.1 del capítulo 2 “Aspectos generales sobre el procedimiento de atención a casos de violencia de género” que “sólo se recibirán quejas relacionadas con violencia de género dentro de los doce meses posteriores a la comisión del acto reclamado. En el caso de actos continuados, el plazo se computará a partir de que se haya presentado el último hecho. Cuando se trate de actos cometidos en contra de la libertad y seguridad sexual de personas menores de edad, no habrá término para la presentación de la queja”.

“Hay tratados internacionales que dan a las víctimas un plazo de 3 años. Aquí tenemos casos de chicas que su agresión ya tiene más de un año”, agregó la alumna.

Criticó también el concepto de “confidencialidad” en los procedimientos de atención a casos de violencia de género ya que obliga a las mujeres a callar sobre la violencia ejercida en su contra y seguir conviviendo con su agresor, si es el caso, dentro de las instalaciones mientras se da resolución a la situación jurídica.

Aunado a lo anterior, resaltó que muchas veces se deja a la víctima en situación de vulnerabilidad, pues las “medidas urgentes de protección” (acompañamiento jurídico, atención psicológica) o las “medidas académicas” (cambio de horario o clase) no se brindan a las mujeres si su queja no llega al Tribunal Universitario. No obstante, el Protocolo formaliza que las medidas sean otorgadas desde la etapa 1: orientación para interponer una queja.

Debido a la figura de conciliación que propone el Protocolo aseguró que la UNAM sólo ha resuelto 6 casos de 200 aproximadamente registrados de 2016 a 2018. “La Facultad y la Universidad están permitiendo que se sigan violando los derechos de las mujeres, esto es lo más grave que tenemos, no se están resolviendo los casos de acoso, se están agravando”.

A pesar de la existencia de diversas instancias creadas para la atención y acompañamiento de los casos de violencia de género como la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD), la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y los “Lineamientos para la Igualdad de Género”, entre otros, impulsados por la Universidad, la activista explicó que no funcionan dado que su contenido es insuficiente en cuestiones de género y porque existe corrupción.

Del 2017 hasta la fecha, la integrante del Tribunal Universitario de FFyL, dijo que recibieron un caso de violación y de hostigamiento, sin embargo, recalcó que no todos llegan a este órgano colegiado, debido a que los abogados de las Oficinas Jurídicas así como las y los directores de cada Facultad consideran solucionado el problema con solo levantar la queja, pero los casos se archivan y no se registran en las estadísticas sobre violencia de género en la Universidad.

Durante la conferencia de prensa mencionaron los casos de acoso sexual en la preparatoria 5; el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, las denuncias contra el estudiante del posgrado de Geografía de la FFyL, Héctor Ignacio Martínez Álvarez acusado de violación y acoso, entre otros. Dijeron que el acoso sexual, hostigamiento y la violencia psicológica son las más comunes y que los principales agresores son los profesores, alumnos y personal administrativo de la dependencia.

De acuerdo con el “Informe sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia” -agosto 2016 a junio 2017- se presentaron 234 quejas por posibles hechos de violencia de género ante el  jurídico de la UNAM, de las cuales 203 fueron por alumnas de nivel de licenciatura.

Posterior a la rueda de prensa se desarrollaron actividades culturales dentro de las instalaciones de la FFyL, y se recolectaron más testimonios de alumnas. Con estos datos, las activistas feministas buscan hacer una relación de todos los casos y el apoyo jurídico para comenzar a realizar la propuesta de reforma al Protocolo.

Las alumnas exigieron que se les garantice su derecho a denunciar y el acceso a la justicia; la expulsión inmediata y definitiva de Héctor Ignacio Martínez Álvarez de la Universidad -principal caso que motivó el “Paro Feminista”-  y que se dejen de tolerar, encubrir y justificar las acciones de los agresores.

A las 20:00 horas de ayer terminó el “Paro Feminista” debido al apoyo y respuesta de diversas Facultades y universidades externas.

DORA ROMERO, UN TESTIMONIO

En agosto de 2014, Dora Romero Olivera inició su doctorado en geografía en el Instituto de Geografía de la UNAM, a cargo del tutor José Joel Carrillo Rivera. Desde el comienzo -reconoció ella- las actitudes de su tutor no le parecieron “alarmantes”: “el doble beso”, “Ay, suéltate el pelo”, “Ay, vienes muy tapada”, que posteriormente se convirtieron en violencia psicológica: gritos e insultos, hostigamiento y chantajes continuos.

En entrevista con Cimacnoticias, Dora Romero -recordó- que si quería ser acreedora de revisiones en su investigación o contar con la firma de José Carrillo para trámites escolares debía realizar trabajos extras y tener tiempo disponible siempre que él se lo pidiera, de no ser así, el ingeniero geólogo se molestaba con ella y la trataba peor. “Yo siempre le insistía, por favor profesor necesito asesoría, pero él siempre decía que no tenía tiempo”.

En su primera evaluación del doctorado, en 2015, José Carrillo le pidió hacer la reservación de una habitación en Roma, Italia, para darle ahí asesoría sobre su investigación y le hizo la propuesta sexual de dormir con él. Al rechazar su petición, el ingeniero la amenazó “Cuídate porque algo grave le va a pasar a tu evaluación”, le dijo.

En su segunda evaluación, en 2016, José Carrillo la reprobó con el argumento de que “había reconsiderado cambiar su calificación aprobatoria en su primera evaluación pues no desarrolló bien su investigación”.

Ante ello, Dora Romero pidió ayuda a los co-tutores del doctorado, solicitó la intervención del Comité Académico, convocó a una audiencia con el Comité y pidió cambio de tutor, pero no tuvo respuesta o justificación del porqué no era atendida ninguna de sus solicitudes.

Posteriormente optó por meter un recurso de revisión sobre su evaluación, al cual añadió pruebas de audio y textos que constataban la violencia ejercida por José Carrillo, sin embargo la repuesta que obtuvo fue que todo lo dicho y las pruebas adjuntadas eran mentira. Me escribieron en pocas palabras “Todo lo que dice la alumna es mentira”.  

“La costumbre aquí es aguantar, no pasa nada, pero me está amenazando. ¿Qué le hiciste? Nunca se cuestionan qué paso del otro lado, sino a ti”.

El día de ayer, junto con el grupo de alumnas de la FFyL, Dora Romero hizo pública su denuncia en la conferencia de prensa, la cual busca presentar ante la Defensoría de la UNAM por escrito, con el fin de que sean atendidas las injusticias ejercidas por José Carrillo y le den una solución sobre su situación en el doctorado con fecha de término en julio de 2018.

16/ AEG/LGL

La UNAM no envía todas las denuncias de violencia de género al Tribunal Universitario para su análisis y resolución, ya que de 81 registradas por la abogada general de la institución educativa, Mónica González Contró, los estudiantes que forman parte del tribunal fueron llamados para revisar sólo tres casos.
 
Lo anterior lo informó en una entrevista a Cimacnoticias un estudiante que fue consejero técnico del Tribunal Universitario de la UNAM desde el 2014 al 2016. El alumno pidió el anonimato porque teme a represalias, y explicó que no están tomando en cuenta a la comunidad estudiantil para la resolución de todas las denuncias de violencia en contra de alumnas y académicas.
 
Las facultades de Derecho, Filosofía y Letras, así como el Posgrado de Geografía, son las áreas en las que el Tribunal Universitario, la Asamblea Feminista y el colectivo Nosotras por Nosotras han detectado una obstaculización del proceso de denuncia y falta de aplicación del protocolo de parte del personal directivo, quienes son los encargados de informar y llamar al Tribunal Universitario para la revisión de los casos. 
 
El Tribunal Universitario está conformado por estudiantes, quienes también toman decisiones para el análisis y resolutivo de las denuncias de acoso y otros tipos de violencias que denuncien en la institución educativa, con la publicación del “Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género”, recibieron una capacitación sobre los tipos de violencia de género, para poder juzgar y decidir si otorgarán sanciones o no a los agresores.
 
Aunque sus miembros recibieron capacitación sobre la atención de violencia de género, el exconsejero técnico considera que falta una mayor preparación en el tema, porque no son especialistas y al momento de juzgar un caso, para emitir una resolución cada miembro lo hace de acuerdo a su propio criterio y ética universitaria.
 
El alumno de la UNAM indicó que antes de la publicación de este procedimiento para atender y sancionar la violencia de género, personal directivo inhibía la denuncia de las alumnas y académicas, al minimizar la agresión y decirles que no fueran “exageradas”, que esos conflictos tenían solución.
 
Una vez publicado el protocolo,  la situación no ha cambiado de manera positiva, puesto que la comunidad estudiantil ha notado que hay represión y emisión de resolutivos que van en detrimento de los derechos de las víctimas. Como ejemplo mencionó un caso de una alumna que fue expulsada de la institución educativa, cuando el agresor continúa con sus labores en la UNAM.
 
PRONUNCIAMIENTO
 
En un pronunciamiento publicado el pasado 24 de noviembre firmado por la “Red No Están Solas” y el colectivo “Nosotras por Nosotras”, las alumnas proponen modificación al “Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género” para que se garantice el derecho a denunciar y el acceso a la justicia, además se “deje de tolerar y justificar la impunidad”.
 
Señalan que el documento no propone sanciones específicas para la violencia de género, pero sí contempla la sanción para las alumnas que realicen “denuncias falsas”; no contempla las sanciones para las autoridades universitarias que obstaculicen el proceso de denuncia o no cumplan con el protocolo.
 
Tampoco establecen medidas para reparar el daño a las víctimas, pero sobre todo no está armonizado con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia Belém do Pará, en donde se prohíbe la utilización de la mediación como un alternativa de solución para la violencia.
 
Critican el concepto de “confidencialidad” utilizado en las mediaciones, porque obliga a las víctimas a callar sobre la violencia ejercida en su contra como la revictimización que se da en el proceso, sobre todo porque hablar y socializar sus vivencias, es una manera en la que las víctimas superan las afectaciones que les haya provocado la violencia ejercida en su contra.
 
“Nosotras sí creemos en las denunciantes, sabemos lo difícil que es atreverse a denunciar y nos enojan los riesgos que supondría hacerlo de acuerdo con un protocolo que ha sido redactado sin tomarnos en cuenta”, concluyen las estudiantes organizadas en contra de la violencia de género en su comunicado.
 
16/GVV/AMS/LGL

Contrario a lo que sostienen activistas universitarias respecto a que existen obstáculos para denunciar casos de hostigamiento y acoso sexual en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de una presunta protección a los agresores que hostigan a las denunciantes, la abogada general, Mónica González Contró, afirmó que en su oficina no ha recibido ninguna denuncia en contra del personal directivo.
 
Entrevistada en sus oficinas en la máxima casa de estudios, la abogada Mónica González Contró indicó que su oficina personal y la Unidad de Atención de Quejas y Denuncias están abiertas para recibir a quienes tengan una inconformidad con el actuar del personal directivo con respecto a la implementación del protocolo.
 
Cabe recordar que la Asamblea Feminista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM conformada por estudiantes de licenciatura que hacen acompañamiento a quienes denuncian violencia de género, informaron a Cimacnoticias sobre los obstáculos que se enfrentan las víctimas en el proceso de denuncia, como cuestionamientos que revictimizan a las denunciantes, además de minimizar la violencia.
 
En ello coincidió la “Red no estás sola”, integrada por alumnas de posgrado y docentes quienes confirmaron que directivos y profesores hostigan incluso a las docentes que apoyan públicamente a una estudiante que denuncia.
 
Cuestionada al respecto, la abogada negó categóricamente que se dé esta situación, incluso afirmó que no tenía conocimiento de ninguna denuncia en contra de la directora de la Facultad de Filosofía y Letras  Gloria Villegas Moreno o de la secretaria general de la misma, Luz Fernanda Azuela Bernal, quienes fueron señaladas por las estudiantes de obstaculizar los procesos de denuncia.
 
Sobre la mediación que propone el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género” -del cual González Contró participó y que fue muy criticado por las activistas- presentado el 29 de agosto de este año en la UNAM, la abogada general dijo que ésta se aplicará en casos donde las víctimas sean menores de edad, en donde denuncien tocamientos y en otros casos “graves” de violencia (violación).
 
Para la abogada “los varones en particular, en ocasiones no son conscientes de que ejercen violencia cuando incurren en expresiones o aproximaciones con el sexo opuesto, como por ejemplo piropear a las mujeres”, por lo que consideró que un proceso de mediación bien llevado puede generar cambios en el agresor. 
 
“Un proceso de mediación bien llevado lo que puede hacer es que la víctima logre expresar lo que sintió y el agresor entienda realmente lo que pasó con la víctima. Entonces esto genera transformaciones a largo plazo en una cultura que es muy permisiva con la violencia de género” dijo González Contró.
 
Informó que desde que se publicó el Protocolo han recibido 81 denuncias de violencia de género por parte de alumnas y académicas de las cuales una se resolvió a través de mediación,  en 15 sancionaron a los agresores, en 3 no lograron acreditar la violencia y 56 están en proceso.
 
Las denuncias fueron interpuestas en 94 por ciento por mujeres estudiantes y académicas; 6 por ciento de los denunciantes son hombres. La violencia denunciada fue de pareja, sexting y hostigamiento.
 
Sobre los agresores, 93 por ciento fueron hombres, 5 por ciento mujeres y en 2 por ciento su identidad y sexo no fueron identificados. En 43 por ciento de las denuncias los agresores fueron estudiantes; 33 por ciento son académicos; 15 por ciento trabajadores administrativos y en 5 por ciento fueron personas externas a la universidad que se encontraban dentro del campus.
 
Las sanciones para los agresores pueden ser amonestaciones que se incluyen en sus expedientes académicos o laborales, sanciones que pueden ser cese de sus actividades escolares o laborales desde 6 meses a un año máximo y la expulsión definitiva, aunque las activistas han denunciado que a quienes se cambia de área o de clase es a las denunciantes.
 
16/GVV/LGL

La precarización laboral, que se traduce en sueldos bajos, nulas prestaciones, ausencia de seguridad social, inestabilidad en el empleo, jornadas extenuantes, discriminación y explotación, perpetúa y es antesala de la violencia contra las mujeres.
 
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH, 2011) señala que más de la tercera parte de las 9.7 millones de mujeres casadas o unidas que trabajan, ha padecido violencia infligida por su esposo o pareja. “Las cifras revelan que la violencia de género se acentúa entre quienes trabajan o buscan incorporarse al mercado laboral”, dice el análisis.
 
En 2010, ONU Mujeres publicó el informe “Violencia feminicida en México. Características, tendencias y nuevas expresiones en las entidades federativas, 1985-2010”  que afirma que en México las mujeres padecen violencia económica e institucional –como salarios desiguales, menores posibilidades de firmar un contrato y ausencia de seguridad social-, lo que constituyen características estructurales de la violencia feminicida.
 
PRECARIEDAD LABORAL, UNA VIOLENCIA EN SÍ MISMA
 
Al respecto, la etnóloga y educadora popular feminista Norma Cacho, responsable de la Coordinadora Nacional de Defensoras de Derechos Humanos Laborales (CNDHL un proyecto que convoca y coordina el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ProDESC), aseguró en entrevista con Cimacnoticias, que el trabajo precario es en sí mismo una violencia contra las mujeres.
 
Ello porque son las mujeres más marginadas (las que viven en los cinturones de miseria, migrantes, campesinas e indígenas) quienes se ocupan en los escalafones más bajos de los trabajos con nula regulación laboral.
 
“Esto representa una violencia económica estructural porque significa una ausencia de oportunidades de desarrollo laboral que respondan a sus necesidades más básicas y que entre en el esquema de lo que se ha llamado trabajo digno y decente: con seguridad social, estable y que no implique riesgos”, explicó.
 
Cacho, quien también ocupa el puesto de coordinadora del área de Procesos Organizativos del ProDESC, una organización que defiende Derechos Humanos laborales, explicó que por la falta de oportunidades educativas  y el ejercicio de trabajos de cuidado a los que son obligadas las niñas en sus hogares para que los varones salgan estudiar y producir, muchas mujeres tienen acceso únicamente al trabajo del hogar, el trabajo agrícola, la maquila y todo el sector servicios: dependientas de las tiendas, recepcionistas, comerciantes. Sectores bastante precarizados.
 
Sin embargo, desde ProDESC –dijo- hemos detectado que en esos sectores se registran fuertes violaciones a los Derechos Humanos laborales contra ellas "por su condición de mujeres, indígenas, y que viven en contextos de marginación”. Actualmente muchas mujeres siguen teniendo trabajos semiesclavizantes, con ganancias de 50 pesos diarios por 8 horas de trabajo y sin seguridad social, lo que va en perjuicio de ellas y sus familias.
 
Sin un trabajo digno y decente no hay oportunidades de desarrollo, ni de esparcimiento, ni de otros derechos a los que las mujeres deben acceder. Los derechos están muy interrelacionados, observó.
 
Así sucede con las trabajadoras que experimentan acoso sexual y discriminación por embarazo en sus centros de trabajo. Cacho detalló que una mujer que tiene un papel preponderante en el mantenimiento de su familia, que tiene hijos y para quien no es fácil salir de un trabajo para llegar a otro, muchas veces se ve sometida a un círculo de violencia del que no puede escapar porque enfrentaría, además, violencia económica y toda una precarización en su vida.
 
En efecto, el cuaderno de trabajo “Retratos de la violencia contra las mujeres”, que en 2012 publicó el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), muestra que el único grupo de mujeres que presenta un mayor riesgo de ser acosada sexualmente o discriminada por motivos de embarazo es el de las empleadas en fábricas, “con un riesgo 88 por ciento mayor que las empleadas públicas”.
 
Cacho explicó que con el proyecto de la CNDDHL también han registrado que las trabajadoras de estos sectores experimentan fuertes violencias psicológicas y una gran violencia social porque la sociedad subvalora su trabajo, como el trabajo del hogar y el de la maquila.
 
“Son ofendidas por el propio trabajo que realizan. Me tocó escuchar una vez a una mujer que al llegar a su casa su pareja le decía que apestaba a cloro. Ella se la pasaba todo el día lavando tazas de baño con cloro, y era la encargada de llevar el sustento a su familia. Hay una gama de violencias”, relató.
 
La también activista dijo que cuando las trabajadoras pasan de la condición de víctimas y trascienden a defensoras de DH laborales enfrentan otras formas de violencias.
 
Y señaló que hasta ahora, las políticas públicas que ha emprendido el gobierno para enfrentar la violencia laboral y la violencia contras las mujeres en general, tienden a homogenizar a las mujeres en una misma categoría, sin reflexionar sobre la división genérica, racial y de clase del trabajo que realizan.     
 
No obstante, transformar las estructuras sociales, culturales y económicas que sostienen esta precarización va a llevar mucho tiempo y tiene que empezar porque el Estado reconozca el aporte de las mujeres al Producto Interno Bruto del país, y con escuchar a las mismas trabajadoras, “quienes diariamente resisten, recrean sus propios saberes y salen avante”.
 
LA RESPUESTA ESTÁ EN LAS DEFENSORAS
 
Algunos testimonios que recopiló Cimacnoticias le dan la razón a Cacho. Por ejemplo, Justina Hermillo, integrante de la Red de Mujeres Empleadas del Hogar, A.C. en Guerrero -quien participa en la CNDDHL-, explicó en entrevista que no tienen vacaciones, aguinaldo, seguro social ni atención médica. “Todo eso es lo que nos preocupa porque como trabajadoras del hogar estamos desamparadas totalmente”, explicó.

Esta situación la llevó a reunirse con sus compañeras en un lugar público en Guerrero y visitar a más mujeres que trabajaban en casas, para informarles sobre sus derechos.

Lo mismo pasa en el sector de la maquila, donde Magdalena Izquierdo, integrante del Colectivo Rosas y Espinas, Derechos de las Mujeres, A.C. en Coahuila, (también integrante de la CNDHL), dijo que sus compañeros hombres tienden a relegarlas cuando ellas exigen el cumplimiento de sus derechos.

Además, los hombres conforman sindicatos y las amenazan con propiciar su despido bajo el argumento de que no son jefas de familia y no tienen que llevar un sueldo a casa.

Otro de los retos, dijo, es empoderar a las jefas de familia, quienes tienen que buscar quién cuide a sus hijas e hijos. “Es una situación complicada y es un reto para nosotras como organización que las mujeres tengan un grado de conciencia en cuanto a los derechos que tienen como personas, después como trabajadoras y luego como ciudadanas”.

16/AJSE/GGR/LGL