Católicas por el Derecho a Decidir

Dos mujeres en Nicaragua fueron asesinadas en los primeros tres días de este 2018, lo cual es una muestra del desprecio a la vida de las mujeres, denunció Magaly Quintana, integrante de la organización Católicas por el Derecho a Decidir. 

La violencia contra las mujeres sigue siendo motivo de preocupación para este año que inició muy mal, detalló Quintana, quién pidió a las instituciones del Estado prestar mayor atención a todas las denuncia de maltrato hacia las mujeres para evitar más casos de feminicidio. 

La defensora lamentó que en el informe de cierre de año de 2017 de la Policía Nacional omitiera las cifras de feminicidio lo cual es más preocupante porque consideró que el Estado trata de invisibilizar la violencia contra las mujeres en el país.

Quintana se refirió a los casos de feminicidio en grado de frustración, los cuales ni siquiera son mencionados en el informe policial pese a que en 2017 se cometieron 79 intentos de feminicidio en grado de frustración, lo que indica que son mujeres sobrevivientes de la violencia machista. 

Otros actores se han pronunciado sobre los asesinatos. Hace unos días, el cardenal Leopoldo Brenes dio un mensaje de año nuevo y llamó a prevenir la violencia de género y evitar el feminicidio al tiempo que recomendó a las mujeres “ser más cuidadosas a la hora de elegir a un compañero de vida”.

La iglesia católica nicaragüense pidió que ninguna mujer sea abusada, golpeada o asesinada, ya sea por su compañero de vida u otra persona, dijo el cardenal Brenes durante su primer sermón del año 2018.  

La vice presidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, dijo que el gobierno se sumaba al llamado del cardenal Brenes de promover el respeto y la armonía, así como evitar los incidentes entre las parejas, al mismo tiempo que llamó a las autoridades a poner todo el peso de la ley contra las personas que cometan delitos contra las mujeres o cualquier ser humano. 

Sin embargo, el movimiento amplio de mujeres se quejó de que el Estado oculta las cifras de la violencia contra las mujeres y por ello demandan la aplicación de la ley 779, Ley Integral Contra la Violencia Hacia las Mujeres y exigen la apertura de Comisarias de la Mujer en la Policía Nacional para atender las denuncias y aplicar  medidas preventivas. 

De acuerdo con Católicas por el Derecho a Decidir, 2017 cerró con 51 casos de feminicidio, es decir por razones de género y siete más que aunque no fueron catalogados como tales; de estos casos, cinco fueron  de niñas, y denunciaron que hay crímenes que involucran a miembros del ejército, a quienes señalan de cometer una masacre donde una adolescente y una mujer también fueron asesinadas. 

El informe de Católicas indica que de las 58 mujeres asesinadas en el año 2017, la mayoría tenían edades entre los 13 a los 34 años de edad (37 mujeres), seguida de otras 10 mujeres entre los 35 a los 60 años de edad. 

Los lugares de mayor ocurrencia de feminicidio en 2017 fueron en la Costa Caribe Norte con 12, seguido de Managua con 10,  la Costa Caribe Sur con 8 y el norteño departamento de Jinotega con 6. 

Debido a la violencia machista el año 2017, dejo a 89 niñas y niños en orfandad, de los cuales 67 corresponden a niños y niñas menores de edad, 7 adolescentes y 17 mayores de edad. 

El informe también señala que se identificaron 82 agresores y 31 cómplices de los feminicidio y denuncia que 14 personas responsables están prófugos de la justicia y 2 están libres porque las autoridades determinaron que el feminicidio fue un suicidio y no reunieron las pruebas para inculpar a los responsables, pese a las evidencias mostradas por las familias.

18/NR

Hace una década, el aborto se convirtió en tema de importancia nacional, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras años de insistencia del movimiento feminista y amplio de mujeres por lograr la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, hoy vigente en nuestra ciudad.
 
Pese a los embates de grupos conservadores representados por la Iglesia Católica, legisladores y grupos Provida para impedir la Interrupción Legal del Embarazo, el aborto se colocó como un tema de salud pública, justicia social, y de Derechos Humanos de las mujeres, al reconocerles el derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.
 
El triunfo de las organizaciones de mujeres y feministas que hoy cumple 10 años, se inició en la década de los 70, cuando pugnaban por el aborto libre y gratuito, educación sexual desde la primaria y acceso a anticonceptivos.
 
Pero fue hasta el año 2000 que los primeros frutos de este trabajo feminista lograron que la Asamblea Legislativa del DF, bajo el gobierno de Rosario Robles, despenalizara el aborto por motivos eugenésicos o malformaciones congénitas.
 
En esa ocasión también se enfrentó una acción de  inconstitucionalidad promovida por los partidos Verde
Ecologista y Acción Nacional.
 
La SCJN declaró en el 2000 la reforma al Código Penal del entonces DF, como constitucional. El proyecto fue presentado por la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien desde un principio dejó en claro que lo que se discutía nada tenía que ver “con principios éticos, morales, religiosos o políticos sino que era un tema eminentemente jurídico".
 
7 AÑOS DESPUÉS LA MISMA HISTORIA
 
El 24 de abril de 2007, la ALDF aprobó modificar la Ley del Salud del Distrito Federal y, entre otros, el Artículo 144 del Código Penal del DF, con lo que estableció que la interrupción del embarazo es legal hasta las doce semanas de gestación y que los 14 hospitales de la Secretaría de Salud capitalina brindarían el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), así como consejería.
 
La norma entró en vigor el 27 de abril, un día después de su publicación en la Gaceta Oficial del DF.
 
Sin embargo, el 24 de mayo de 2007, un mes después de la aprobación en la ALDF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encabezada por José Luis Soberanes y la Procuraduría General de la República (PGR) encabezada por Eduardo Medina Mora (ahora ministro de la SCJN) presentaron ante la Corte dos acciones de inconstitucionalidad por considerar que la Asamblea Legislativa no tenía facultades para legislar en la materia y por la definición de embarazo y de aborto.
 
La Corte escuchó a partir del 2008, a lo largo de 6 audiencias públicas, a personas de la academia, organizaciones a favor y en contra del aborto, feministas, juristas, a la Consejera Jurídica del DF responsable de defender la norma, Leticia Bonifaz, y a la ciudadanía, que manifestaron sus posturas en torno al tema.
 
Cabe resaltar que sólo en dos ocasiones la Corte ha convocado a estas audiencias, la primera con la Ley Federal de Telecomunicaciones (también conocida como "ley Televisa").
 
Pese a que el proyecto de sentencia estuvo a cargo de uno de los ministros más conservadores, Salvador Aguirre Anguiano, quien en todo momento defendió “la vida desde el momento de la concepción”, lo que se colocó en el centro de la discusión de las y los ministros fueron los Derechos Humanos de las Mujeres y los tratados internacionales signados por México para proteger los Derechos Sexuales y Reproductivos.
 
El trabajo impulsado por las organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ipas México, Population Council, Elige y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y de agrupaciones como el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, entre otros, tuvo eco en las y los ministros.
 
LAS MUJERES EN EL CENTRO DEL DISCURSO
 
Hace 10 años, la SCJN determinó que las mujeres son sujetas de derechos, que las leyes las amparan y que tienen derecho a decidir sobre continuar un embarazo o no.
 
Lo que reconoció la Corte es que el aborto es un tema de justicia social pues las leyes deben beneficiar a las mujeres, sobre todo a las más pobres para asegurarles servicios de salud seguros, máxime, cuando el Estado Mexicano incumple con su obligación constitucional “de educar en materia sexual y reproductiva y de no hacer los esfuerzos suficientes para garantizar un acceso pleno a métodos anticonceptivos”.
 
Y aún más, señaló que la penalización del aborto ha resultado ineficaz, y lejos de impedir que las mujeres recurran a la ILE de manera segura, se les obliga a someterse a procedimientos insalubres que ponen en riesgo sus vidas.
 
Por lo que aseguraron las y los ministros que la despenalización del aborto en sus primeras 12 semanas salvaguarda los derechos de las mujeres tutelados por la Constitución.
 
Reconocieron que obligar a las mujeres y niñas a continuar con embarazos que no desean, es equiparable a formas de esclavitud, pues se les condena a “embarazos forzados” por lo que penalizar la ILE, “discrimina por razones de género” ya que se justifica que una mujer embarazada culmine su embarazo bajo amenazas penales.
 
Argumentos reiterados durante más de 30 años por el movimiento feminista y amplio de mujeres.
 
Por vez primera también reconoció la Corte “el derecho de las niñas a no ser madres”.
 
“Cuando el Estado impone condiciones de embarazo por la vía penal, coloca a las mujeres en desigualdad social”, sostuvo en su argumentación el máximo tribunal de justicia del país.
 
Las y los ministros sostuvieron que la ILE es un derecho a la salud y ha contribuido a educar e informar a las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
 
A 10 años de este triunfo del movimiento feminista y pese a los intentos de los grupos conservadores para echarlo atrás, lo cierto es que 176 mil 355 mujeres de 18 entidades federativas, han ejercido su derecho a no ser madres.
 
17/LGL
 
 

La Corte Suprema de Justicia Tucumán resolvió ayer por unanimidad dejar sin efecto la condena que pesaba sobre la joven Belén**, quien sufrió un aborto espontáneo en el hospital Avellaneda el 21 de abril de 2014. La abogada Soledad Deza cuenta cómo fue el camino desde ese día hasta su liberación, qué representa el caso y qué absolvió a Belén: “Tenemos un movimiento de mujeres imparable”, dice.

El 13 de abril de 2016 Soledad Deza recibió una llamada. Una mujer a la que nunca conoció, le contaba que una chica estaba acusada de aborto y homicidio. Tres días después fue a la cárcel intentando dar con ella. No le permitieron entrar, necesitaba autorización de Belén y ella no la conocía. Le dio una tarjeta a la oficial que estaba de guardia y le pidió que se la entregue. Esa misma tarde la madre de Belén la llamó.

En el libro “Libertad para Belén. Grito Nacional”, Soledad Deza, su abogada, e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir, relata su primer encuentro. Fue la mañana lluviosa y fría del 17 de abril y duró tres horas que parecieron fugaces. Soledad escribe: “Me cuenta que está presa desde hace más de dos años y que los médicos dijeron cosas horribles de ella el jueves pasado en el “juicio”. Que la acusaban de cosas que ella no había hecho. Vuelve a llorar: ‘¿Cómo van a pensar que yo hice algo así?’. Yo le agarro la mano y lloramos las dos. Le pregunto qué pruebas hay. Me mira sorprendida y me contesta que nunca vio su causa. Que nunca leyó un escrito de su expediente. Solo vio una vez a su abogada defensora de oficio y que la recuerda mal, le pedía que se haga cargo de lo que había hecho. Me cuenta que le pidió que se fuera”.

Antes que Deza, Belén había tenido tres abogados: Walter Frías Barrera, Abraham Musi -quien dejó su defensa unos días antes del juicio dado que la familia había juntado 7 mil 500 de los 20 mil pesos argentinos de sus honorarios, poco más de 24 mil pesos mexicanos- y la defensora oficial Norma Bulacios. Cuando Soledad se fue del penal tras ese primer encuentro se llevó en el cuerpo dos preguntas “¿Qué pasa con la relación abogado-cliente? ¿En qué momento asumimos que los operadores del derecho pueden deshumanizarse y eso no está mal?

EN PRIMERA PERSONA

La madrugada del 21 de marzo de 2014 Belén llegó junto a su madre al Hospital de Clínicas Presidente Dr. Nicolás Avellaneda, en Tucumán con dolor de panza. En una entrevista relató detalladamente esa noche: “Me atendió la doctora de la guardia, me inyectó un calmante. No me revisó. De ahí me fui al baño. No tardé media hora como dicen. Fui y volví en 5 minutos. Me pusieron suero. Me acosté en una camilla. Tenía frío. Me dan una frazadita. A eso de las 6:30 me levanto. Creo que me hice pis, le dije a mi mamá. Estaba con sangre. Me llevan a la sala de parto. Me dice el doctor Martín que me quede tranquila, que estaba teniendo un aborto espontáneo”.

En su libro, Soledad propone otra forma de contar el caso de Belén, en números. Algunos de ellos, reveladores: “Fue al baño unos minutos, 5 minutos dice una enfermera. Le llevó otros 5 minutos que sus médicos la acusen de haberse provocado un aborto. Solo 6 minutos después de que le hicieran el legrado ya estaba “aprehendida” en la cama del hospital. Despertó con 5 policías que la custodiaban. Dos fueron las psicólogas que pidieron que esa custodia fuera –por lo menos- femenina. En solo unas 5 horas más estaba detenida por “aborto seguido de presunto homicidio”. Cuatro días después le dieron el alta y salió directamente presa al Penal Santa Ester. Llevando 5 días presa el fiscal le imputó un “homicidio agravado por el vínculo”, un día antes de que haya una autopsia. Un mes es el tiempo que demoró la fiscalía en pedir un ADN. Cero es el número de estudios genéticos que se hicieron para probar la acusación”.

CONDENA MORAL, NO JURÍDICA

El 19 de abril del 2016 fue condenada a ocho años de prisión por “homicidio agravado por el vínculo mediando circunstancias extraordinarias de atenuación” por los jueces Dante Julio José Ibáñez, Néstor Rafael Macoritto y Fabián Adolfo Fradejas de la Sala III de la Cámara Penal de Tucumán. Belén pasó dos años, cuatro meses y veintitrés días encerrada por un aborto espontáneo. Fueron en total ochocientos ochenta y un días hasta que recuperó su libertad, tras orden de la Corte Suprema de la provincia. Su abogada analiza: “Las pruebas de la inocencia de Belén estuvieron desde aquel 21 de marzo que a ella se le inicia la causa, yo no aporté ninguna prueba, lo único que hice es leer el expediente”.

Si las pruebas que la liberaron ya estaban, ¿qué la condenó? Deza es contundente: “La condena de Belén fue moral antes que jurídica” y sigue: “La cosmovisión moral de los anti derechos, la que asocia en el imaginario el aborto con un crimen en cualquier caso y lo digiere como un asesinato, como un homicidio, y por eso la mujer que aborta es una homicida, esa cosmovisión moral es la que llevó al fiscal a acusar sin pruebas, la que llevó a la defensa oficial a no defender a su cliente y la que finalmente llevó a la Cámara a condenar. Los anti derechos hablaron a través de los operadores de la salud, de la policía metida en un hospital público recabando pruebas y del poder judicial armando una causa que fue más producto de una condena moral que de la recolección legal de pruebas para justificar una condena”.

LAS QUE MENOS TIENEN

Belén tenía 25 años cuando llegó al hospital, vivía con sus padres y era la única de sus hermanos que había terminado el secundario. Su caso grafica a qué mujeres la justicia criminaliza. “Es un punto de partida de mucha desigualdad en el que se para ella frente a los operadores de la salud que la maltratan, frente a la policía que la criminaliza y frente al poder judicial que abusa de su poder. Es un punto de partida sumamente desaventajado el de Belén y eso creo que es uno de los sesgos más violentos de la justicia patriarcal, que se ensaña en estos casos con los sectores más vulnerables”.

Maria Galindo, feminista boliviana y una de las fundadoras de Mujeres Creando, en su libro “¡A despatriarcar!” define: “Cuando hablamos de patriarcado, estamos hablando de la base donde se sustentan todas las opresiones, es un conjunto complejo de jerarquías sociales expresadas en relaciones económicas, culturales, religiosas, militares, simbólicas cotidianas e históricas” El entramado completo de esas relaciones cayó con violencia sobre el cuerpo de Belén.

Soledad enumera: “Hablando solo del poder judicial: hay un fiscal que debería haber archivado la denuncia hecha por los médicos porque esa denuncia era nula, no solo no archivó sino que lleva adelante una investigación y finalmente fue quien pide su detención, pide su prisión preventiva y eleva el juicio por homicidio agravado por el vínculo. Después tenemos una jueza mujer que es la que hace lugar a la prisión preventiva sin que el encarcelamiento preventivo de Belén reúna los estándares internacionales. Luego tenemos una defensa oficial que es funcional a la acusación. Finalmente tenemos una Cámara que la condena sin fundamentos y en base a prejuicios según los reconoce, también, el dictamen del ministro fiscal”.

Edmundo Jesús Jiménez, Ministro Fiscal de Tucumán, mediante dictamen consideró que el fallo que condenó a Belén a ocho años por “homicidio agravado por el vínculo” es “arbitrario y, por ende, nulo”.

Soledad sigue: “Tienes cuatro áreas distintas del Poder Judicial que, cada una desde sus lugares, revictimizaron a una mujer que venía torturada del sector de la salud. Belén sufrió violencia obstétrica pero además sufrió tortura. Se la sometió a interrogatorios incriminatorios, se le hizo entrar policía a la sala de parto, estuvo detenida cuando estuvo internada con custodia policial en una sala de partos comunitarias. Una mujer víctima de violencia en la salud es revictimizada desde el Poder Judicial, desde todos sus espacios de poder”.

DAR VUELTA LA HISTORIA

Para revertir la condena de Belén, Soledad presentó el 13 de mayo un Recurso de Casación, herramienta por la cual se pide a la Corte que revise la sentencia. En la segunda parte de su libro Deza presenta extractos de los argumentos para que sirvan como herramienta en el futuro.

El jueves 18 de agosto de 2016 tras orden de la Corte Suprema de Tucumán Belén recuperó su libertad. Soledad explica: “lo que hizo la Corte al reconocerle la libertad fue decir: discúlpenme, señoras y señores judiciales, pero nunca estuvieron dadas las condiciones para que Belén este encarcelada preventivamente, denle inmediatamente la libertad. Lo que hizo es adecuar la situación de Belén a los estándares nacionales e internacionales de privación de la libertad”.

Continúa: “Hasta acá analizó de forma ajustada con los derechos humanos el proceso en el cual a Belén se la privó preventivamente de su libertad y dijo: no fue ajustado a derecho porque no estaban dados los requisitos de peligro de fuga ni de peligro de entorpecer la investigación”. Desde ese día, la Corte Suprema de Tucumán tenía 90 días hábiles para librar, o no, de culpa y cargo a Belén. Esos 90 días vencieron el viernes 2 de diciembre de 2016. La absolución finalmente llegó hoy 27 de marzo de 2017.

Deza analiza: “La demora en el Poder Judicial es un problema en todos los procesos, no solamente en el de Belén, lo que ocurre es que me parece que no advirtieron que ese era un caso fuera de lo común. Es un caso en el que han puesto la mirada organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, todo un movimiento de mujeres a lo largo y a lo ancho, incluso la opinión pública internacional y nacional. En ese sentido perdieron de vista que el derecho a obtener un pronunciamiento rápido forma parte, cuando una está procesada como está Belén, del derecho a la defensa constitucional. En este caso la demora profundiza aún más las violencias que ella sufrió de parte del poder judicial”.

UNIDO MOVIMIENTO DE MUJERES

“Belén, afirma Deza, sacó masivamente a mujeres a las calles en el año en que el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo busca, una vez más, ser ley. ¿Qué nos enseña su caso? “Una de las cosas: tenemos un movimiento de mujeres sumamente unido, muy potente y sobre todo veo mucho crecimiento. En parte la libertad de Belén fue tan masiva porque logramos que sectores que exceden al movimiento de mujeres se identifiquen con su problemática.

“Es hora de que construyamos alianzas que legitimen la demanda por la legalización del aborto por fuera exclusivamente del feminismo, afirma. Hay que ponernos creativas, quizás un poquito más atrevidas en nuestras demandas, dejar de resistir y empezar a conquistar porque son muchos los avances que uno ve en esta época de parte de los anti derechos. Tenemos un movimiento de mujeres imparable, la forma de capitalizar eso es sincerarlo y animarnos a dar debates que usualmente no nos animamos a dar.

Necesitamos, lamentablemente, aceptar que tenemos que convencer a otros sectores, considera Deza. Las alianzas que hemos construido hasta acá son fuertes, pero no alcanzan. Hay que mostrar cómo la prohibición del aborto es la violación de un derecho, como la criminalización del aborto es una violación de derechos humanos. Me parece que le da una fortaleza que va más allá de reclamar: mi cuerpo es mi decisión, no porque mi cuerpo es mi decisión sea insuficiente, sino porque necesitamos construir otras alianzas y tenemos que ser estratégicas”.

*Este artículo fue retomado del sitio argentino lavaca.org

17/RED

El hallazgo de casi 30 mil piezas de anticonceptivo caduco en las instalaciones de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) revela acciones que transgreden la Norma Oficial Mexicana (NOM) 005 de los servicios de Planificación Familiar, que determina el acceso a anticonceptivos de manera gratuita en las unidades de salud públicas, así como la NOM 047, que garantiza la atención médica integral, prevención y control de enfermedades entre jóvenes de 10 a 19 años de edad.
 
Así lo afirmó en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Área de Jóvenes de CDD, Minerva Santamaría Hernández, quien agregó que es obligación de Gabriela Velásquez Rosas, actual titular de la SSO, aclarar la situación y no “lavarse las manos” al decir que fueron errores administrativos del pasado gobierno, encabezado por Gabino Cué.
 
Esto es, dijo, muestra de la crisis sanitaria que enfrenta la entidad, sobre todo en el tema de salud sexual y reproductiva (SSR), lo que pone al descubierto el fallo en la distribución de métodos anticonceptivos a las mujeres de Oaxaca, la falta de campañas en materia de educación sexual y reproductiva, así como la nula comunicación entre las unidades médicas para su entrega. Y esto, en medio de “todos los cambios que ha tenido la SSO”.
 
El hallazgo del medicamento caduco Ciclofem, tras una denuncia anónima, provocó que, el pasado 7 de febrero, la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) iniciara un procedimiento administrativo contra la SSO, por el almacenamiento y mal manejo del anticonceptivo. “Esto es grave, dijo Santamaría Hernández, porque no se trató de cinco mil piezas, sino de casi 300 mil dosis de anticonceptivos que no se distribuyeron” o que no se entregaran cuando las mujeres los solicitaron.  
 
COMPRA Y SEGUIMIENTO
 
En 2014, el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva (CNEGSR), como parte de los esfuerzos para reducir el embarazo en adolescente, realizó una compra consolidada de 13 métodos anticonceptivos de alrededor de mil millones de pesos, para garantizar el abastecimiento en el territorio nacional, acción que se repitió en 2015.
 
Santamaría Hernández dijo que será necesario que la SSO indique si estos fármacos fueron parte de la compra consolidada y aclare qué seguimiento le dieron a los demás métodos adquiridos, “No sólo se pagaron inyectables, hubo una amplia gama de métodos anticonceptivos, hay que saber cómo fue la distribución de los otros”.
 
OBSTÁCULOS PARA ACCEDER A ANTICONCEPTIVOS
 
De acuerdo con Santamaría Hernández, en los monitoreos que ha realizado CDD en las unidades de Servicios Amigables para Adolescentes de la SSO, han descubierto algunas complicaciones para que los jóvenes puedan recibir la atención integral necesaria.
 
Entre ellas, desabasto de métodos anticonceptivos en los establecimientos, cierre de unidades por remodelación y falta de personal capacitado, lo que repercute en un trato poco cálido, informado y seguro para que los y las jóvenes se acerquen y tengan acceso a dichos métodos.

“Es un reto que tiene que trabajar esta nueva administración para poder fortalecer lo que tiene y ampliar lo que es posible, y garantizar que estos servicios puedan prestar servicios de calidad, teniendo trato e información y que los podamos llamar amigables”, señaló la integrante de CDD.

La organización también ha identificado obstáculos en el ejercicio de la sexualidad de las mujeres en comparación con los hombres. Sobre todo prejuicios por parte del personal cuando las adolescentes piden una pastilla de anticoncepción de emergencia, o quieren acceder a algún método anticonceptivo femenino.

Esto, pese a que el Consejo Nacional de Población (Conapo) ha señalado que la atención en servicios en salud sexual y reproductiva es esencial en este grupo de edad, ya que en 2010 en Oaxaca alrededor de una de cada cinco mujeres (20 por ciento) era adolescente.

La SSO estima que el promedio de nacimientos por año es de 70 a 72 mil, de los cuales entre el 16 y 18 por ciento ocurre en adolescentes menores de 20 años de edad.

Asimismo, en algunas unidades de zonas rurales se les niega el servicio a adolescentes si no se encuentran acompañados de algún tutor, en estos lugares CDD ha trabajado para cambiar estas políticas con la población.

Por último Santamaría Hernández recordó que el Gobierno tiene retos aún pendientes en la materia, como el acceso al aborto legal y seguro de víctimas de violencia sexual y la atención de casos de violencia obstétrica registrados en la entidad.

17/HZM/GGQ
 

El feminicidio/femicidio en Nicaragua aumentó en 2016, a pesar de las diferentes acciones que realizaron las autoridades para ocultar los datos, denunció la coordinadora, Magaly Quintana de la organización Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).
 
Según CDD, el año pasado se registraron 49 casos de feminicidio/ femicidio, de los cuales 28 corresponden a mujeres y adolescentes entre 13 a 40 años de edad. El hogar, es el principal ámbito de la agresión y en segundo lugar son las zonas desoladas.
 
Algo que también llama la atención en las organizaciones de mujeres, es que en 2016 se incrementaron los casos de suicidio. Se registró que 30 mujeres se quitaron la vida.
 
La coordinadora dijo que en muchos de estos casos de suicidio, se sospecha que hubo agresión por parte de los hombres, ya que pone en peligro la vida de otras mujeres, además se requiere de una mayor investigación al respecto.
 
La también activista mencionó que de las 30 mujeres, la mayoría eran jóvenes y se quitaron la vida debido a la violencia machista. Denunció que el Estado no está efectuando acciones para detener la tragedia que viven las mujeres en Nicaragua.
 
Esta situación permite que el feminicidio/ femicidio quede impune, agregó que: “en este 2017 continuaremos en las calles. Exigiremos que se cumpla la  ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres y que se ponga un alto a esta violencia”.
 
Denunció que las instituciones del Estado están sujetas a la presidencia de Nicaragua, que tiene como política esconder información sobre los asesinatos de mujeres. Tanto la Policía Nacional como el Instituto de Medicina Legal y la Fiscalía de la República han hecho caso omiso ante esta tragedia.
 
En los casos de feminicidio/ femicidio, las autoridades registran el hecho como suicidio, un ejemplo, es el caso de Paula, una mujer que perdió la vida en el municipio de El Rama, en la Costa Caribe Sur del país, se dio a conocer que la mujer falleció por neumonía, pero se sospecha que se debió a los golpes que recibió en la cabeza, los cuales fueron propinados por su pareja, según denunciaron sus familiares, sin embargo, el agresor ni siquiera fue investigado y su caso pasó a la impunidad.
 
Hay otro caso de una mujer en Managua en la que el hombre la tuvo 3 días encerrada en su casa, cuando la familia la descubrió, la encontraron colgada en la ventana y el caso fue tipificado como suicidio, pero sus familiares sospechan que se trató de un feminicidio/ femicidio, el caso se cerró por parte de las autoridades, luego se supo que la pareja era hijo de un escolta de un alto funcionario, denunció Quintana.
 
Durante este año, en el país se realizaron varias manifestaciones y plantones, en lugares emblemáticos de Managua para exigir las medidas preventivas y detener la violencia machista que golpea al país.
 
Además de las diversas acciones educativas, se requiere ante todo para castigar a los agresores, una serie de medidas preventivas para frenar la violencia contra las mujeres, tanto de las parejas como de la violencia institucional, concluyó el enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia, Eveling Flores.
 
17/NR/KVR
 

Ha transcurrido un año 4 meses desde que se activó la Alerta de Violencia de Género (AVG) para una de las entidades más violentas para las mujeres: el Estado de México (Edomex); que tan sólo en 8 años (2005- 2014) acumuló 4 mil 281 desapariciones y en el mismo periodo 933 asesinatos, según el Informe del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para atender la solicitud de AVG.
 
En esta entidad, la más poblada del país, habitan 8 millones 353 mil 540 mujeres, según la más reciente estimación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía de 2015 (Inegi). 52 por ciento de ellas se encuentra en edad reproductiva al tener entre 15 y 29 años.
 
Está integrado por 125 municipios y aunque los más poblados concentran 54 por ciento de los asesinatos de mujeres, la AVG se declaró para 11 solamente: Chalco, Chimalhuacán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec, Ixtapaluca, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Tultitlán y Valle de Chalco.
 
Todos ellos comparten entre sí altos índices de pobreza, rezago educativo y carencia de servicios básicos; el Índice de Desarrollo Humano, el cual mide la esperanza de vida con calidad, la salud y la educación de la población, ubica al Edomex en el lugar 18.
 
El Estado de México fue la segunda entidad federativa en la que se declaró la AVG en el país. La solicitud fue hecha el 8 de diciembre del 2010.
 
De 2005 a 2010, Ecatepec encabezó la lista de municipios mexiquenses más violentos para las mujeres. Durante ese periodo, la Procuraduría General de Justicia del estado registró un total de 118 casos de homicidios de mujeres. Es también la localidad que registra el mayor número de atenciones médicas por lesiones y violencia de género, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais).
 
Chimalhuacán, ubicado al oriente del Edomex, recibe recursos federales para fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de seguridad pública mediante el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun). Pero estos recursos no han impedido que policías municipales sean identificados como los mismos agresores de mujeres y niñas. Para muestra está el caso de Mariana Lima Buendía, asesinada en ese municipio en 2010 por su pareja, Julio César Hernández Ballinas, quien era policía judicial.
 
Este caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, después de que su madre, Irinea Buendía, tocara varias puertas para exigir justicia por el asesinato de su hija sin obtenerla. El 25 de marzo de 2015, la máxima  instancia de justicia del país después de hacer una revisión exhaustiva del expediente, ordenó a la Procuraduría estatal volver a investigar los hechos como feminicidio y sentó precedentes para los demás casos que se den en el Edomex.
 
Pese a este panorama y a un año 4 meses de la declaratoria de la AVG, los resultados para disminuir la violencia no han sido los esperados. Tan sólo este año en Naucalpan, uno de los municipios donde se decretó la AVG, se han incrementado las desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas.
 
OBSTÁCULOS PARA IMPLEMENTAR AVG
 
Lograr que se decretara la Alerta no fue sencillo, fue un proceso jurídico que duró 5 años de insistencia de organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) que tuvieron que hacer frente a la resistencia de autoridades para reconocer que en aquella entidad se mata a mujeres por el hecho de serlo.
 
La abogada de la CMDPDH, Nayomi Aoyama González, dijo en entrevista con Cimacnoticias, que uno de los obstáculos para implementar la Alerta es la falta de recursos para cumplir las medidas y agregó que a ello se suma la confusión sobre las acciones que le corresponden a los tres niveles de gobierno.
 
Si bien la CMDPDH ya no participa en el trabajo de campo, acude a las reuniones de seguimiento de la AVG como observadora, por lo que mencionó que para la recuperación de espacios y Ciudades Seguras, los recursos para mejorar el alumbrado público o limpieza de lotes baldíos, fueron motivo de discusión entre el gobierno municipal y estatal, al no tener asignado un presupuesto específico.
 
También dijo que los funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno no han comprendido que la AVG es un mecanismo de emergencia y no una política pública a la que se le tenga que asignar un recurso para implementarla, sino que tienen que asignar los recursos ya existentes.
 
COMPROMISOS A MEDIAS
 
Cuando se decretó la AVG el gobernador priista Eruviel Ávila Villegas, aseguró que la Procuraduría estatal pondría en operación la Unidad de Análisis y Contexto para la investigación de delitos vinculados al feminicidio, homicidios dolosos y desaparición de niñas y mujeres, el cual –dijo– se conformaría por 17 personas expertas, quienes realizarían estudios para conocer las causas sociales, culturales, geográficas y económicas de esta problemática.
 
También garantizó la creación del grupo especializado para la atención e investigación de asuntos de alto impacto relacionados con muertes violentas de niñas y mujeres, el cual estaría a cargo de la PGJEM.
 
Otro compromiso fue que en las 11 Fiscalías Regionales de la Procuraduría se pondrían en operación los grupos de apoyo, para la investigación de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas.
 
Respecto a la Subprocuraduría para la Atención de Delitos Vinculadas a la Violencia de Género informó que se reforzaría con 25 elementos de la Comisión Estatal de Seguridad, además las y los alumnos de nivel básico recibirían clases sobre la AVG, y se presentaría una iniciativa de ley para instruir este tipo de materias en las escuelas de la entidad, incluso se dijo que se haría una propuesta para que la asignatura de Perspectiva de Género tenga valor curricular.
 
El gobernador también se comprometió a que la Secretaría de Salud verifique que en las unidades médicas se cumpla la Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar y Sexual contra las Mujeres (NOM-046).
 
Y recordó que en los ayuntamientos existe el compromiso de realizar acciones como la recuperación de espacios públicos en lugares con altos índices de violencia, así como crear redes comunitarias y fortalecer las instancias municipales de la Mujer.
 
Esta lista de buenas intenciones no ha podido comprobarse, pues a la fecha, aún no se tiene un diagnóstico de los avances en el cumplimiento de las medidas de la AVG.
 
La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada dijo en entrevista que no hay un diagnóstico de cumplimiento pero explicó que durante el mes de octubre trabajaron sobre el Protocolo Alba para que se implemente de manera concreta a la hora de que reporten desapariciones de mujeres y niñas, sin necesidad de esperar las 72 horas como se contemplaba en el Protocolo Naranja que elaboró el Gobierno del Estado de México.
 
También instalaron de manera reciente la Unidad de Análisis y Contexto conformado por un grupo multidisplinario (expertos en derecho, estadísticas y criminología) quienes se encargarán de documentar e investigar la violencia de género para después capacitar a los agentes del Ministerio Público y policías municipales.
 
Y lo siguiente, dijo, es incorporar en el Modelo de Ciudades Seguras (réplica del modelo propuesto por ONU Mujeres para combatir la violencia en contra de las mujeres en la comunidad) los mapas donde se detectó el mayor riesgo de las mujeres para que incrementen la seguridad.
 
María de la Luz Estrada dijo que no era fácil medir los avances en el cumplimiento de las medidas de la AVG del gobierno del Estado de México y para ello la OCNF y Católicas por el Derecho a Decidir elaborará un diagnóstico en enero del 2017.
 
(Con información de Gladys Torres, Anaiz Zamora y Angélica Jocelyn Soto)

16/GVV/LGL