OIT

A seis años de la reforma laboral aprobada por el Congreso en 2012 esta política falló en su objetivo de combatir la desigualdad de género en el trabajo pues aunque prometió mejorar la protección legal para las empleadas que son víctimas de acoso sexual y discriminadas y a quienes se les exige pruebas forzadas de embarazo para ser contratadas, sus derechos aún son vulnerados.

Así lo señalaron organizaciones integradas en la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, quienes a propósito de este 1 de Mayo, Día del Trabajo, aseguraron que en las empresas de manufactura y ensamble, como las de confección, electrónica, automotriz, farmacéutica y aeronáutica, entre otras, se violan los derechos de las trabajadoras.

Al expresar en un comunicado su inconformidad con la política laboral del gobierno mexicano, las organizaciones alegaron que las condiciones laborales de muchas mujeres en el país siguen siendo pésimas, por ejemplo, las empresas son quienes definen el pago por enfermedades de trabajo, lo que implica un conflicto de interés porque los empleadores deciden los montos que deben pagar.

Es por ello que las 84 organizaciones de 23 estados de la República exigieron que no se apruebe una reforma laboral secundaria que perjudique más a la clase trabajadora de este país; por ello pidieron que se organice un debate abierto sobre la política laboral, en el que participen sindicatos democráticos, la ciudadanía y las organizaciones y colectivos que trabajan por los Derechos Humanos laborales.

La Red TDT también argumentó que a 24 años de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se puede comprobar que las condiciones laborales no mejoraron, sino que se precarizaron.

La Red estimó que las actuales estrategias de renegociación del TLCAN se sustentarían en las mismas líneas: otorgamiento total de facilidades a los mercados transnacionales, abaratamiento de la mano de obra,  condiciones laborales precarias, subcontratación, horarios poco estables, y falta de acceso a servicios de salud, entre otras.

Esta política de apertura indiscriminada hacia los comercios y la inversión se podría observar también en el tratado con los países del pacífico (CPTPP) que el Senado acaba de ratificar y en el tratado con Europa (TLCUEM), que está a punto de ser firmado.

Según la Red TDT, es “innegable que las reformas estructurales de esta administración han situado al pueblo de México entre los países con mayor desigualdad”, y que la pobreza afecta en mayor medida a las mujeres.

TRABAJADORAS DEL HOGAR

Por su parte, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género, ONU Mujeres destacó que a pesar de que las trabajadoras del hogar contribuyen sustancialmente a la economía, 97 por ciento no tiene acceso a salud pública ni a prestaciones laborales.

La Ley del Seguro Social excluye explícitamente a las y los  trabajadores del hogar del acceso a la seguridad social obligatoria y de prestaciones como el uso de guarderías. En México hay 2.4 millones de personas empleadas del hogar, de las cuales el 95 por ciento son mujeres.

Además, la Ley Federal del Trabajo considera la actividad en el hogar como un trabajo especial, lo que permite que sean legales jornadas de 12 horas y restringe ciertos derechos laborales. “Lo anterior constituye un inadmisible trato discriminatorio”, expresó ONU Mujeres en un comunicado.

Es por eso que el organismo internacional junto con la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Organización de Trabajo (OIT) hicieron un llamado a que el Estado mexicano ratifique el Convenio 189 de la OIT que regula el trabajo de las y los trabajadoras del hogar.

Con la ratificación de este convenio México estaría obligado a avanzar en la formalización laboral de esta población y los beneficios de dotar de seguridad social a 10 por ciento de las trabajadoras mexicanas más pobres, se extendería directamente a sus familias y disminuiría la pobreza, según afirmó el organismo.

El Convenio reconoce el trabajo doméstico remunerado como un trabajo con derechos laborales y establece medidas para impedir el abuso y la explotación hacia esta población. Aunque este instrumento internacional fue firmado por México desde 2011, a siete años de distancia, aún no ha sido ratificado por el Senado.

18/SG

En México, la desigualdad de género es tan estructural que aun cuando los derechos económicos, sociales y culturales de este país no están garantizados para nadie, su incumplimiento es todavía mucho mayor cuando se trata de las mujeres, de acuerdo con información recabada por más de 150 organizaciones.

El día de ayer y hoy, el Estado mexicano es sometido a una evaluación por parte del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Comité DESCA), de la ONU, en Ginebra, Suiza, que entre otros temas, revisa el cumplimiento de los Estados de sus obligaciones contenidas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), un tratado internacional que México ratificó desde 1981. La última vez que se revisó el estado de estos derechos en México –garantías básicas para la vida digna- fue hace 12 años.

En paralelo a esta revisión, más de 150 organizaciones de la sociedad civil entregaron un informe alternativo (sombra) a este Comité, en el que demuestran múltiples violaciones a los derechos económicos, sociales y culturales que cometió el Estado mexicano por acción y omisión, así como otros actores no estatales como las empresas.

El informe señaló que el Estado mexicano incumplió el artículo 3 del PIDESC, sobre equidad e igualdad de género.

“Si bien el Plan Nacional de Desarrollo (PND) incluye como uno de sus ejes transversales la perspectiva de género ‘como el centro de la política social, económica y educativa en el país’, su avance a la fecha sigue siendo limitado. Las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres continúan, siendo alarmante la violencia de género y la pobreza, en donde las más afectadas resultan ser las niñas y las mujeres”, dice el informe.

Las organizaciones señalaron la deuda del Estado de garantizar el derecho al aborto en todo el país; el fracaso del enfoque de los programas sociales para revertir la pobreza de las mujeres; y el aumento en pocos años de la violencia feminicida y la desaparición de mujeres.

También habla sobre la ausencia de materias sobre igualdad de género y Derechos Humanos en la política educativa recién reformada en México; el subejercicio de recursos para la implementación de la política de género; y el acceso diferenciado de las mujeres al agua y otros bienes naturales porque algunas instituciones no han incorporado la perspectiva de género.

En general, las organizaciones alertan que “sobre el cumplimiento de las líneas de acción y estrategias transversales del Programa Proigualdad, consideramos que es peligroso que el Estado mexicano asegure que al finalizar el 2018 se tendrá un cumplimiento del 90 por ciento de las líneas de acción del programa, ya que de 2013 a 2016, de acuerdo a lo reportado por el gobierno, solo se ha cumplido 9.1 por ciento lo cual representa aproximadamente 29 líneas de acción cumplidas de un total de 314.

Este documento señaló deficiencias y fallas en la implementación de programas centrales que beneficiarían principalmente a las mujeres, como la Cruzada Nacional contra el Hambre, que trajo más carga de trabajo para ellas y profundizó la pobreza; o el Seguro Popular, que hizo un programa especial para afiliar a mujeres embarazadas y aumentó los índices de mortalidad materna por falta de recursos humanos, económicos y materiales para atenderlas.

No obstante, el resto del informe –que desglosa datos más específicos sobre otros temas- evidencia que los desplazamientos forzados y la migración, están afectando principalmente a las mujeres indígenas, niñas y adultas mayores, cuyos recursos económicos para garantizar su subsistencia en otro lado son más limitados, o para quienes no hay servicios de salud garantizados.

En materia de trabajo también se describe la deuda del Estado para ratificar Convenios Internacionales a fin de evitar la discriminación de las trabajadoras del hogar o para extender la licencia de maternidad; y que la política de igualdad no ha tenido efectos en reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres.  Entre este grupo se destacó como más vulnerables las trabajadoras del hogar y las jornaleras.  

“Aunque en los últimos años se ha incrementado el número de mujeres insertas al mercado de trabajo en México, el crecimiento en números no necesariamente se tradujo en mejores y mayores oportunidades para las trabajadoras, pues el contexto de creciente precarización económica del país afecta la presencia de las mujeres en el mercado laboral; son las mujeres las que ocupan 70 por ciento de los trabajos más precarios. Según datos del Inegi: 44.1 por ciento de las mujeres trabajadoras no tiene un contrato y 44.7 por ciento no cuenta con servicios de salud”.

RECOMENDACIÓN: CUMPLIR COMPROMISOS

A fin de avanzar en el cumplimiento de sus responsabilidades, las organizaciones de la sociedad civil recomendaron al Estado mexicano armonizar las leyes y normas federales y estatales relativas a la interrupción legal del embarazo en todo el país, y derogar aquellas leyes y normas que contravengan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como establece el Proigualdad.

También llamaron a ratificar el Convenio 189 sobre las trabajadoras y trabajadores del hogar –firmado desde 2011- y el Convenio 156 para eliminar la discriminación por motivos de género en las responsabilidades familiares y laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); e incorporar el enfoque de género en la implementación de los programas sociales y de combate a la pobreza, y evaluarlo con indicadores en la materia.

Otra recomendación fue realizar evaluaciones independientes y académicas a programas sociales que cuenten con apoyos financieros del gobierno mexicano y se encuentren a cargo de organizaciones; y crear una política pública de índole nacional e integral de prevención, atención y sanción en materia de acoso sexual en todas las universidades públicas y privadas del país, que incluya elaboración de protocolos e instancias exclusivas de atención y sanción a la violencia contra las mujeres y específicamente al acoso sexual.

Las organizaciones llamaron a hacer un cumplimiento efectivo de todas las medidas establecidas en las declaratorias de Alertas de Violencia de Género, en donde se requiere el acompañamiento de personas expertas en temas de seguridad, justicia y prevención con formación de género; y reconocer el problema de feminicidio y desapariciones de mujeres en México.

Urgieron también a homologar la tipificación del feminicidio a nivel estatal con los elementos establecidos en el tipo penal federal y con circunstancias objetivas de fácil acreditación; aprobar la Ley General en materia de desapariciones, y armonizarla con convenios internacionales; y elaborar un registro único de personas desaparecidas, desglosado por sexo.

18/AJSE/LGL

“Llegar de 15 a cero”, es decir, reducir la brecha salarial entre mujeres y hombres, que ronda 15 por ciento en el continente, ese es el objetivo de la Coalición Internacional sobre Igualdad de Remuneración (EPIC, por sus siglas en inglés), iniciativa liderada por la Organización Internacional de Trabajo (OIT), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y ONU Mujeres para lograr los objetivos de desarrollo en el año 2030.

Aunque la OIT observó una reducción de la brecha salarial de seis por ciento entre los años 2005 y 2015, lo que se busca con esta iniciativa es conseguir la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor. Esto, resaltan las organizaciones, sólo sería posible mediante la implementación de diferentes mecanismo, incluyendo instrumentos legales.

De igual manera, se tendrían que involucrar múltiples actores, como entidades gubernamentales, organizaciones de trabajadoras y empleadoras, el sector privado, y organizaciones de la sociedad civil y academia, destaca la OIT; sin embargo, hasta ahora sólo han diseñado tres indicadores para medir el avance hacia la meta: disminución de la brecha de género, compromiso demostrado para lograr la igualdad de remuneración y la ratificación universal de las normas internacionales de trabajo.

En la presentación de EPIC el pasado 29 de enero el presidente de Panamá, país centroamericano que promueve la iniciativa, Juan Carlos Varela aseguró: “corresponde a esa Coalición la tarea de articular políticas, promover y adoptar medidas y acciones concretas para aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral”.

En ese acto, la vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo, fue nombrada “campeona” de la plataforma de liderazgos de EPIC y por ello representante de América Latina y el Caribe.

Asimismo representantes de administración pública, empresas, sindicatos y organizaciones debatieron sobre las medidas a tomar en una conferencia celebrada en Panamá, que concluye hoy. Entre las participantes estuvo Lorena Cruz, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres de México.

A nivel nacional existen diferentes cifras sobre la brecha salarial en México. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) informó a inicios de enero de este año que aun cuando el empleo y educación eran similares entre mujeres y hombres, los varones ganaron 34 por ciento más que las mujeres.

Mientras tanto, el Foro Económico Global constató en su último informe que las mujeres en México ganaron apenas la mitad que los hombres en 2017. Pero esta cifra es un promedio y toma en cuenta que muchas mujeres no han entrado en el mercado laboral, no trabajan tiempo completo o de forma informal.

La Coalición Internacional sobre Igualdad de Remuneración fue lanzada a nivel global en septiembre de 2017 en el marco de la Asamblea de la ONU. Esta semana siguen los lanzamientos regionales con la presentación de la iniciativa en Asia Pacífico.

18/SG

Legisladoras del Senado de la República propusieron reformar la Ley Federal del Trabajo (LFT) con el fin de estipular claramente las condiciones laborales formales para las trabajadoras del hogar y garantizarles las prestaciones que por ley tienen derecho.

La propuesta impulsada por la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Angélica de la Peña Gómez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Diva Hadamira Gastélum Bajo y del Partido Acción Nacional (PAN), María del Pilar Ortega Martínez, Martha Elena García Gómez y Marcela Torres Peimbert; busca derogar el régimen discriminatorio que establece la LFT para las trabajadoras del hogar y garantizarles el acceso a vacaciones, aguinaldo, seguridad social y un contrato laboral.

Actualmente el Capítulo XIII, título sexto “Trabajos Especiales” de la LFT, es el que regula los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, sin embargo, permite una jornada excesiva de trabajo de 12 horas y no estipula la obligatoriedad de afiliar a las empleadas del hogar a la seguridad social.

Asimismo el Artículo 334 reconoce que hasta 50 por ciento de la retribución para las trabajadoras del hogar puede ser en especie (alimentos o habitaciones), una medida excesiva en comparación con las recomendaciones de los instrumentos internacionales que es del 33 por ciento.

En este apartado también se indica que la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) debe fijar el salario mínimo para las trabajadoras del hogar pero hasta el momento no lo ha establecido.

Por lo tanto el proyecto de las senadoras plantea añadir un Artículo 331 Ter a la Ley del Trabajo para determinar mediante un contrato escrito la remuneración económica para este sector (no menor a dos salarios mínimos), el horario de trabajo, las vacaciones anuales pagadas, los periodos de descanso y la inscripción al seguro social.

La iniciativa también reconoce y regula el pago de las tres modalidades del trabajo del hogar: quienes residen en el domicilio donde laboran, las que trabajan con un sólo empleador, o bien, varios.

Otras de las reformas que se plantean es la indemnización de las trabajadoras y abolir el trabajo infantil al prohibir la contratación de menores de 15 años de edad para esta tarea.

Finalmente quienes se encargarían de verificar que las y los empleadores cumplan con la ley serían los “Inspectores del Trabajo”, la propuesta indica que ellos visitarían las empresas, hogares y establecimiento donde fueron contratadas las empleadas periódicamente, con especial atención para las trabajadoras migrantes e indígenas.

SINACTRAHO EXIGE DERECHOS LABORALES

En el proyecto las senadoras argumentaron que el trabajo del hogar es una tarea fundamental para la población mexicana; cerca de 2 millones de hogares contratan servicios del hogar, según la Encuesta Nacional de Uso de Tiempo (ENUT, 2014).

En estos hogares viven 4 millones 854 mil personas, quienes se benefician de las tareas que realizan las empleadas del hogar, sin embargo, la mayoría sólo cobra dos salarios mínimos de 70.10 pesos diarios –o menos- según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

El Conapred también precisa que 97 por ciento no tiene seguridad social y muchas de ellas viven situaciones de discriminación, maltratos, jornadas excesivas de trabajo sin remuneración e incluso violencia sexual.

Por ello las integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) se manifestaron el 23 de noviembre frente al Senado para exigir a los y las legisladoras que apoyen y agilicen esta iniciativa, pues podría permitir que las 2.4 millones de trabajadoras del hogar que hay en el país –según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía- gocen de sus derechos laborales.

El gremio también urgió al Senado la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), instrumento internacional que sigue sin ser ratificado por el gobierno y que supondría la obligación inmediata de regular el trabajo del hogar en México.

Por el momento el proyecto se turnó a las Comisiones Unidas de Trabajo y Precisión Social y de Estudios Legislativos donde será discutido.

17/HZM/LGL

A través del contrato colectivo de trabajo, el Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) busca que sus afiliadas puedan gozar de sus derechos laborales como es un salario justo, días de descanso, retiro y seguridad social, y no quedar bajo la voluntad de quienes las contratan.
 
Apegado a los instrumentos internacionales y nacionales en materia laboral, el contrato colectivo de trabajo es una propuesta del Sindicato Nacional, para frenar los abusos y la informalidad en la que se desempeñan las 2.4 millones de trabajadoras del hogar en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  
 
En entrevista con Cimacnoticias, la principal impulsora del contrato colectivo, Marcelina Bautista Bautista, explicó que históricamente el trabajo del hogar se ha regido por un acuerdo verbal, donde siempre se sobrepone la voluntad de él o la empleadora: “cómo debe funcionar, cuánto debe de pagar, todo bajo su condición”.
 
Entre limpiar, planchar, lavar, hacer de comer y cuidar personas por únicamente dos salarios mínimos, nueve de cada 10 trabajas del hogar no tienen un contrato que regule las tareas, el precio de los servicios que realizan o un retiro digno, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred, 2015).
 
“Hay empleadoras que se quejan de eso porque no saben lo que cuesta el trabajo del hogar, hay estados donde nuestra compañeras ganan muy poquito, 50 pesos al día, son situaciones muy críticas, para sobrevivir las trabajadoras tienen que ir a todas la casas que puedan para ganar más”, señala la también directora del Centro de Apoyo y Capacitación para las Empleadas del Hogar (CACEH).
 
A esto se suma otro factor en contra de las empleadas del hogar, agrega Bautista: la nula intervención del Estado mexicano pues no existe ningún marco normativo que obligue a las y los empleadores a garantizar los derechos laborales de este sector. “Sin leyes ¿quién obliga a las empleadoras?” se pregunta la defensora.
 
Entonces la responsabilidad recae en las trabajadoras, que intentan convencer a quienes las contratan de suscribirlas al Seguro Social, acordar su salario y días de descanso, muchas ni siquiera lo logran y se enfrentan a situaciones de explotación laboral.
 
CONTRATO COLECTIVO: GANANCIA DOBLE
 
Firmar el contrato colectivo, indica Marcelina Bautista, permite no sólo acabar con estas condiciones precarias que enfrentas las trabajadoras del hogar, también da a las empleadoras la seguridad de saber los servicios que se les deben garantizar y explica cómo funciona:
 
El contrato colectivo se firma entre la empleadora, la empleada y una representante del Sindicato. Contiene cinco rúbricas; la primera es un tabulador de salarios que establece el pago de la trabajadora conforme a los servicios que realice y su experiencia.
 
Por ejemplo, se contempla a empleadas que realizan la limpieza general, hasta aquellas que tienen una profesionalización técnica como chef o de cuidado de personas. El salario mínimo es de 250 hasta 550 pesos diarios, dependiendo del servicio.
 
Bautista expone que el documento también toma en cuenta el tipo de modalidad en las que se emplean las trabajadoras, las que viven en la casa en la que trabajan y aquellas que laboran únicamente seis días o menos. Esto evita despidos injustificados, o pagos excesivos en especie como en alimentación o vivienda.
 
En los otros rubros se hace obligatorio afiliar a las trabajadoras al Seguro Social, dar permisos de incapacidad por enfermedades, permiso de maternidad, y asegurar su retiro, asimismo, capacitarlas para realizar las tareas y crear espacios de trabajo seguros, responsables y de respeto entre las dos partes.
 
El contrato, asegura la directora de CACEH, es un arduo trabajo de la organización, que durante un año en colaboración con abogados y entrevistas a 100 trabajadoras, lo crearon conforme las recomendaciones del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre el trabajo digno del hogar.
 
EMPLEADORES TAMBIÉN DEBEN PARTICIPAR
 
Para empleadoras como Jessica Hernández Bonilla, tener un contrato con las dos trabajadoras que laboran en su hogar, es una manera de poder generar mejores condiciones de trabajo, acuerdos entre ellas, establecer responsabilidades y derechos, pero sobre todo, visibilizar esta profesión.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Jessica Hernández, quien radica en el municipio de Libres, Puebla, refiere que estaría dispuesta a firmar el contrato “por ser una manera de reconocer el valor del trabajo del hogar”, no sólo dentro de su familia, sino como ejemplo para otras empleadoras.
 
Sin embargo, Marcelina Bautista narra que la mayoría de los empleadores se resisten a firmar el contrato, la respuesta constante es que no estarían dispuestos a garantizarles sus derechos, bajo el pretexto que después los demandarán por abusos laborales.
 
“Hay una resistencia, hay muchas cosas que son estructurales como la discriminación, y que necesitan cambiarse desde la familia hasta el Estado, porque saben que hay acciones que realizan que podrían generarles demandas”, declaró.
 
De acuerdo con datos de Conapred, uno de cada 10 empleadores no garantiza a las trabajadoras del hogar su fondo de ahorro para el retiro. Muestra de la discriminación que viven las empleadas del hogar es que 14 por ciento reportó ser víctima de maltrato verbal; siete por ciento físico; y 25 de cada 100 empleadores justifican darles de comer alimentos sobrantes.
 
CRUCIAL FIRMAR CONVENIO 189 Y CONTRATO
 
Marcelina Bautista insiste sobre la responsabilidad concretamente del Estado, pues a vísperas del Día Internacional del Trabajo del Hogar, que se conmemora el próximo 22 de julio, el Ejecutivo no ha ratificado desde hace seis años el Convenio 189 que lo obligaría a crear todas las condiciones legislativas para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar.
 
En tanto, este año a través  de una campaña nacional, el Sindicato, el CACEH y las trabajadoras, promoverán que más empleadores firmen el contrato. “La meta del Sindicato es seguir incidiendo y exigiendo los derechos que deberían de tener las trabajadoras del hogar  y buscar la manera en que éste se implemente”, concluyó Bautista. 

17/HZM

Los sindicatos de empleadas del hogar en América Latina han logrado mejorar sus condiciones laborales, formalizar su trabajo, acceder a la seguridad social y a otros derechos establecidos en la ley; además, les permite participar en las discusiones de los consejos internacionales del trabajo para la toma de decisiones. 
 
Así lo explicó en entrevista con Cimacnoticias la asesora en género de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), María José Chamorro, durante el foro “Intercambio Regional de Experiencias de Trabajadoras Del Hogar: Convenio 189 y Seguridad Social”, organizado por Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadoras del Hogar (CACEH), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho) y el Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir (WIEGO, por su siglas en inglés). 
 
En el Foro, Realizado del 17 al 18 de febrero pasados, participaron dirigentes sindicales y empleadas del hogar de Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica y Jamaica, quienes compartieron experiencias sobre derechos laborales y sobre la ratificación del Convenio 189. 
 
La asesora de la OIT informó que en la región latinoamericana existen entre 17 y 19 millones de trabajadoras remuneradas en los servicios del hogar y  que “aquellos países donde más se ha avanzado son los países donde las trabajadoras del hogar están organizadas y tienen una voz”.
 
Entre estos países están Uruguay, Argentina y Chile,  en donde existe una legislación que les permite tener sus derechos íntegros,  además de ser ejemplo de las buenas prácticas que se obtienen al ratificar el Convenio 189 de la OIT.
 
El Foro se organizó como parte de la capacitación y  formación para integrantes del Sinactraho, el cual cumplió un año de funcionamiento y que hoy está en campaña nacional para concretar la ratificación del Convenio 189 en México, la modificación de la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, que no  contemplan los derechos de las trabajadoras ni les da seguridad social.
 
URUGUAY, DE PRIVADO A PÚBLICO
 
Uruguay fue la primera nación en ratificar el Convenio 189 en 2012, de acuerdo con la presidenta del Sindicato Único de Trabajadores Domésticas (SUT-Domésticas), Lucía Gándara, el país tiene una de las mejores legislaciones a nivel mundial para la protección laboral de las personas trabajadoras del hogar.
 
Gándara compartió con Cimacnoticias que uno de sus principales logros es “el procedimiento de inspección laboral domiciliaria”, es decir, las autoridades uruguayas visitan los hogares para verificar que los y las empleadoras tengan un contrato formal con las trabajadoras y mantengan el cumplimiento de las normas laborales.
 
Desde 2006, con la aprobación de la Ley 18.065, las trabajadoras uruguayas tienen seguridad social, una jornada laboral regulada de ocho horas diarias, tiempos de descanso definidos, indemnizaciones por despido, embarazo y postparto, indica el “Estudio Comparativo de las legislación para el trabajo del hogar en América Latina” de Marta Cebollada publicado en 2016 por la Secretaría de Gobernación”.
 
El documento refiere que Uruguay tiene el mayor número de cobertura de seguridad social para las trabajadoras del hogar en la región (43 por ciento). Sin embargo, Gándara aseguró que aún contemplan varios desafíos para garantizar la formalidad de la mayoría de las trabajadoras del hogar en su país.
 
CHILE: EL CONTRATO COLECTIVO
 
Chile tiene desde 1978 establecido un contrato laboral formal para las trabajadoras del hogar, pero aún con mínimas prestaciones y protección para las trabajadoras.
 
En entrevista, la presidenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadoras de Casa Particular (Fesintracap) en Chile, Ruth Solar Olate, relató que con la organización del gremio se pudo crear un contrato colectivo desde las trabajadoras que contemplara sus “necesidades reales”.
 
El Código de Trabajo de este país establece un contrato entre el empleador y la trabajadora, que debe ser registrado ante la Inspección de Trabajo por obligación. También señala la jornada laboral mínima y la garantía de servicios como seguridad social, vacaciones, e indemnizaciones.
 
Ruth Solar destacó que la legislación  que tiene el país permitió que la aprobación del Convenio 189 en 2015 fuera más rápida al estar armonizadas las leyes.
 
ARGENTINA
 
En Argentina el proceso de garantías de los derechos laborales de las trabajadoras del hogar ha sido gradual, dijo en entrevista la presidenta del Sindicato del Personal de Casas de Familia, Alcira Isabel Burgos, pero no ha presentado retrocesos.
 
Argentina cuenta con  25 por ciento del sector de trabajadoras aseguradas en los servicios de salud, a lo largo de los años han logrado la regulación de horas de trabajo, prestaciones, vacaciones pagadas y aguinaldo, destacó Alcira.  
 
Asimismo, entre las particularidades de ley argentina  (ley 26.844) se reconoce la diferencia entre quienes trabajan para un solo empleador de quienes lo haces para distintos. En 2014 Argentina ratificó el Convenio 189, aunque aún presenta desafíos para su aplicación agregó Alcira.
 
 
17/HZM/GG

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó que las mujeres son afectadas por la pobreza debido a su situación de discriminación social, las cargas adicionales como las tareas en el hogar y la falta de acceso a recursos económicos.
 
Los hallazgos preliminares del informe “Pobreza, Pobreza Extrema y Derechos Humanos en América” –que inició en 2015 y concluirá  el 31 de enero de 2017– hace mención de que las mujeres se encuentran en desventaja en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, lo que provoca que sean más vulnerables a vivir en pobreza.
 
El informe de la CIDH se sustentó en visitas realizadas a Bolivia, Estados Unidos, Guatemala, Guyana, Paraguay y Perú, de donde se obtuvo información sobre pobreza y pobreza extrema; luego de estas visitas se encontró que las mujeres sufren discriminación tanto en la ley como en la práctica con respecto al acceso y control de recursos económicos.
 
El documento también destaca que pese a la continua inserción de las mujeres en el mercado laboral y el sector educativo, los logros aún son incipientes; por ejemplo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) indicó que las mujeres que viven en pobreza y pobreza extrema, en general tienen  actividades no remuneradas y dependencia económica de sus parejas, o bien, ocupaciones informales y con bajos salarios.
 
La Comisión advirtió que estas formas de discriminación contribuyen a la situación de pobreza de las mujeres, a vulneraciones de su autonomía tanto productiva como reproductiva, y a la desprotección general de sus Derechos Humanos.
 
Según este informe, los Estados están informados de lo preocupante que es este vínculo entre la pobreza y la violencia, ya que se derivan más agresiones como: la violencia doméstica, sexual, el acoso laboral, el homicidio, la trata de personas y la violencia institucional.
 
La pobreza, la falta de oportunidades y las barreras al acceso a la educación ponen a mujeres y niñas en situaciones vulnerables, ratifican en el documento.
 
Para la preparación de este informe, la Comisión llevó a cabo una consulta con expertos en el tema, que incluyó a representantes de organismos multilaterales, universidades y organizaciones civiles, esto con el fin de recoger insumos adicionales y validar la consistencia de todas las informaciones recibidas.
 
La Comisión se centró principalmente en desafíos de personas que viven en situación de pobreza para acceder a la justicia y obtener respuestas efectivas a sus demandas.
 
16/CAR/ KVR
 

Karla Avelar, activista transgénero, se pronuncia contra la violencia LGBTTTI
San Salvador, El Sal.- Karla Avelar, activista transgénero salvadoreña, hace frente a la violencia que ataca a las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, travestis e intersexuales (LGBTTTI).

Después de sufrir tres intentos de asesinato, continúa mudándose de casa en casa para evitar otro más, tras recibir amenazas por teléfono, en línea y por escrito.
 
A pesar de todas las intimidaciones, Avelar defiende no sólo su propia vida, sino también las de otras personas como ella, al liderar el grupo de activistas de Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans (COMCAVIS). Su historia y sus investigaciones ilustran los principales problemas que enfrenta la comunidad LGBTTTI en El Salvador, que provocan que muchos huyan.

OIT, presenta estrategias para reducir la informalidad en el trabajo del hogar
Ginebra, Suiza.- El informe “Formalising Employment in Domestic Work” (Formalizando el empleo en el trabajo del hogar) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) recomienda una combinación de incentivos y el cumplimiento de las normas, a fin de disminuir la informalidad en el trabajo del hogar, medidas que pueden ser adoptadas por los gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores.
 
“El empleo doméstico tiene lugar en la esfera privada: el hogar, de manera que ésta puede ser confusa o deformada por las normas sociales. La familia empleadora y los trabajadores con frecuencia desconocen sus respectivos derechos y responsabilidades, al percibir que los acuerdos formales son costosos y complicados. El bajo nivel de participación y de representación en el sector significan que los hogares y los trabajadores a veces no cuentan con los medios para influenciar en las políticas”, señaló, Claire Hobden, especialista en trabajo doméstico de la OIT.
 

ONU, hace un llamado para seguir defendiendo los Derechos Humanos.
Ciudad de México.- La Organización de las Naciones Unidas (ONU), hace un llamado éste 10 de diciembre, fecha en que se celebra el Día de los Derechos Humanos, para seguir defendiendo los derechos del otro. Por ello señala que es responsabilidad de todos defender los Derechos Humanos, cada uno de nosotros debe tomar una posición, un paso adelante y defender los derechos de un refugiado o migrante, una persona con discapacidad o personas LGBTTTI (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travestis e Intersexuales).
 
En 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1950, la Asamblea adoptó la resolución 423 (V), invitando a todos los Estados y organizaciones interesadas a que observen el 10 de diciembre de cada año como el Día de los Derechos Humanos.
 
 
Zeid  Ra’ad, celebra el nuevo acuerdo de paz con las FARC-EP
Ginebra, Suiza.- Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), celebró la decisión del Congreso colombiano de refrendar el nuevo acuerdo de paz con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo ( FARC-EP) para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado.
 
“Es precisamente por la importancia de este momento en la historia de Colombia que tanto mi oficina como yo, estamos honrados y determinados en continuar apoyando al país y a su gente en el camino hacia una paz basada sólidamente en los principios de derechos humanos”, indicó Zeid. 
 
16/CAR/AMS/LGL

Pese a contar con más escolaridad y mejores niveles educativos, las mujeres de la región continúan enfrentando problemas de empleo en comparación con los hombres, por lo que es importante generar políticas públicas de cuidados y mejorar también la condición de las personas que se dedican al trabajo del hogar remunerado.
 
Durante el primer Foro Internacional “Economía del Cuidado e Igualdad Laboral de la Ciudad de México” realizado ayer, la asesora en Género en el Área de Centroamérica de la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), la maestra María José Chamorro,  refirió que las mujeres se insertan con mayor frecuencia en el mercado informal en 54 por ciento, mientras los hombres lo hacen en apenas 48 por ciento.
 
La especialista costarricense agregó que “pese a tener mejores niveles educativos que los hombres, las mujeres enfrentan mayores problemas de empleo en América Latina, como más niveles de desempleo, sub empleo, menores niveles de protección social y mayor informalidad.”
 
En el foro, convocado por la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, la representante de la OIT destacó que invertir 2 por ciento del PIB en sectores de cuidado  y salud generaría incrementos en empleo de entre 1.2 por ciento y 3.2 por ciento.
 
Señaló que hay países latinoamericanos con pendientes en reformas legislativas que mejoren la situación y donde ya hay legislación hay una brecha de implementación de éstas. Ejemplificó el caso del Convenio 189 sobre trabajo decente para las trabajadoras del hogar, donde solamente 18 por ciento de los países latinoamericanos lo cumplen.
 
José Chamorro explicó que la ratificación de este Convenio busca equiparar los derechos de las trabajadoras del hogar a los de cualquier otra trabajadora y así exigir derechos laborales como el acceso a seguridad social, entre otros.
 
Cabe destacar que México no ha ratificado el Convenio, pese a los diversos exhortos que se le han hecho desde diferentes instancias al Ejecutivo Federal.
 
En su participación, la investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, doctora María Ángeles Durán Heras, se refirió al trabajo de cuidado no remunerado que recae principalmente en las mujeres.
 
Durán Heras destacó que son las mujeres quienes dedican más tiempo al trabajo no remunerado del cuidado, sobre todo en la filiomaternidad (cuando una hija adulta cuida a su madre de la tercera edad).
 
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) destacan que durante 2013 la contribución que realizó cada mexicana de 12 años o más de manera cotidiana a través de las labores domésticas y de cuidado no remuneradas, representó 42 mil 500 pesos anuales; para mujeres en aéreas rurales la contribución fue de 49 mil 700 pesos anuales; y para las casadas de 57 mil  600 pesos en comparación con los 13 mil 900 pesos que los hombres aportaron.
 
De acuerdo con el Inegi, el trabajo doméstico no remunerado equivale al 20.5 por ciento del Producto Interno Bruto nacional, superior a lo que representa la industria manufacturera o el sector comercio para la economía nacional.
 
Por tiempo dedicado al trabajo doméstico y de cuidados, ONU Mujeres destacó en un estudio sobre el tema, que las mujeres dedican 59 horas semanales al trabajo doméstico y de cuidados, mientras los hombres dedican apenas 22 horas, lo que refleja la carga desigual en la distribución del trabajo como consecuencia de los estereotipos arraigados en la sociedad.
 
Finalmente, la directora del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvior, Ximena Andión, señaló que es necesario reconocer el trabajo de cuidado como un derecho en la próxima Constitución capitalina y reconoció que aunque son muchos los programas sociales dedicados a este tema, se concentran solamente en algunas Secretarías.
 
16/CCO/LGL

Durante una sesión de trabajo el pasado 22 de noviembre, integrantes del Senado aprobaron un  punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo Federal a ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre trabajadoras y trabajadores del hogar.  
 
En un comunicado, senadores de los distintos partidos políticos aplaudieron la petición, pues beneficiaría a los 2.2 millones de personas que se dedican al trabajo del hogar en México, casi en su totalidad mujeres, 55 por ciento son residentes de zonas no urbanizadas, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
 
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, dijo que “la decisión fue acertada”, ya que la aprobación del Convenio permitirá que la legislación mexicana reconozca los derechos laborales de las personas que trabajan en el hogar, ya que se les debe reconocer, respetar y valorar en el ámbito del derecho laboral, los derechos que hasta ahora les han sido negados.
 
Recordó que “la aprobación del Convenio ha enfrentado la resistencia de autoridades gubernamentales, particularmente del  Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), por el temor de ser superados en la demanda de servicios en cuanto puedan acudir al IMSS como derechohabientes”.
 
De la Peña Gómez mencionó que se deben realizar campañas de concientización para frenar la discriminación que enfrentan quienes realizan labores del hogar, que en su mayoría son mujeres jóvenes que no han tenido acceso a la educación.
 
Por su parte, la senadora independiente, Martha Tagle Martínez, refirió que el principal tema que se debe discutir es el de la seguridad social, para garantizarles los mismos derechos que tiene cualquier trabajador fuera del hogar, es decir, que tengan derecho a vacaciones, a una pensión y a servicios de salud. 
 
El senador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Raúl Morón Orozco subrayó “la aprobación del Convenio servirá para revertir el proceso de precarización laboral, que en los últimos años ha experimentado la clase trabajadora del país”.
 
“Y no sólo se deben incorporar las prestaciones a la normatividad vigente, sino que también se debe garantizar a estas y estos trabajadores, la firma de un contrato de trabajo, la libertad de asociación sindical y el derecho de negociación colectiva”, señaló el legislador.
 
El instrumento internacional entró en vigor a escala internacional el 5 de septiembre de 2013 y ha sido aprobado en 23 países del mundo, la mayoría en América Latina, una de las regiones con más trabajadoras del hogar.
 
El Convenio contempla condiciones de trabajo digno para las y los empleados del hogar entre las que se encuentran: seguridad social, un  salario justo, jornadas de trabajo reglamentadas, prestaciones y la no discriminación. 
 
En 2011, México aprobó el Convenio 189 de la OIT, pero no lo ha ratificado.
 
16/GMV/LGL