asesinatos violentos de mujeres

Durante 2017, cada tres días una poblana fue víctima de feminicidio, sin embargo, la atención a esta violencia por parte del gobierno es insuficiente, denunció la Universidad Iberoamericana, campus Puebla.

En un comunicado la universidad llamó al gobierno estatal a impulsar políticas públicas para frenar los asesinatos violentos de mujeres ahora que este mes la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) evaluará las medidas derivadas de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG).

Aunque en julio pasado la dependencia de la Secretaria de Gobernación (Segob) se negó a decretar la Alerta de Género en Puebla (solicitada por organizaciones civiles en marzo de 2016), dictó ocho medidas y después adicionó seis más para que el gobierno atendiera los casos de feminicidio y la violencia que viven las poblanas.

Estas acciones que incluían campañas para prevenir la violencia de género, revisar expedientes de casos de homicidios dolosos, feminicidio y desapariciones de los últimos ocho años, además de atender la trata de mujeres, debieron implementarse en seis meses, plazo que venció el pasado siete de enero, recordó la universidad.

No obstante, la prevención de la violencia contra las poblanas “aún es incipiente, desarticulada y no se atiende suficientemente, ni con la emisión de órdenes de protección frente a los altos índices de violencia”, indicó la Universidad la Iberoamericana y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), perteneciente a la institución.

Ambas entidades señalaron que las acciones que realice el gobierno encabezado por José Antonio Gali Fayad, deben de cumplir con los tratados internacionales como la Convención Belém do Pará y las normas nacionales como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Sin embargo, denunciaron, las acciones emprendidas hasta ahora por Antonio Gali como la campaña “De una vez por todas”, que consta de aplicaciones móviles para denunciar acoso y campañas, no están a la altura por lo que exigieron a la Segob la emisión de la AVG.

2017 AÑO VIOLENCIA EN PUEBLA

El IDHIE realiza un registro hemerográfico de los asesinatos de mujeres por razones de género en el estado a través del Observatorio de Violencia Social de Género Puebla (OVSGP), por medio de cual documento 246 casos de feminicidio de 2015 a agosto de 2017.

Esta cifra duplica los datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Puebla, quien en el mismo periodo registró 115 casos de feminicidio.

En tanto, para 2017 el Observatorio de Violencia encontró que en promedio cada tres días en Puebla una mujer era víctima de feminicidio. Uno de los casos que causó la indignación de la sociedad civil fue el feminicidio de Mara Fernanda Castilla, estudiante asesinada en septiembre por un conductor del transporte privado de la empresa Cabify cuando se trasladaba a su domicilio.

Cabe mencionar que Conavim no solo tiene que evaluar la actuación del gobierno poblano respecto a la AVG, además debe dar solución a las otras dos peticiones de Alerta de Género; una que tramitó en noviembre de 2017 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio por la desaparición de mujeres, y la otra, impulsada un mes antes por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

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Este 10 de agosto se cumplieron dos años desde que está vigente la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho municipios de Morelos, sin embargo en un balance realizado por la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) se sustenta que los casos de feminicidio no cesan en la entidad: 170 mujeres fueron asesinadas desde que se activó la alerta.

La CIDH, organización peticionaria de la AVG para Morelos, señala en su informe del segundo aniversario del mecanismo que estas cifras son indicadores de la omisión del gobierno estatal, “así como de una inexistente política de Estado para impulsar el desarrollo social de las mujeres y garantizar sus Derechos Humanos”.

Muestra de ello, precisan en el reporte, hasta julio de este 2017  suman 46 casos de feminicidio y 2016 se posicionó como el año más violento para las morelenses, cuando la Comisión registró 97 asesinatos violentos de mujeres.

El municipio de Cuernavaca, uno de los ocho en los que la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó el mecanismo de emergencia, registró el mayor número de casos de feminicidio, desde agosto de 2015 a julio de 2017, sumo 43, es decir, el 26 por ciento de los 170 ocurridos en dos años. 

Otras de las localidades detectadas por la Comisión Independiente como “focos rojos” son: Temixco (13 asesinatos), Jiutepec (11), Tlaltizapán (9) y el municipio de Cuautla, Ayala, Jojutla, y Yautepec, que suman ocho casos de feminicidio cada uno en el mismo periodo. 

“Si el feminicidio crece es porque no se aplica adecuadamente las medias de la AVG”, sentencia la organización en el documento y agrega “que es responsabilidad de quienes tienen la tarea conferida por la sociedad civil, preservar la vida la de las mujeres”.

CIDH RECOMIENDA ACCIONES

A partir del análisis que la agrupación hizo a dos años de la AVG, propusieron tres recomendaciones puntuales de temas que debe atender el Gobierno de Morelos: la restitución integral del daño a las víctimas de violencia de género, acceso pleno a la justicia y las garantías efectivas de no repetición. 

En su reporte, la CIDH propuso al Gobierno estatal que se conformen mesas de trabajo con las autoridades de los municipios que tienen la declaratoria de la AVG. En las que participen de manera coordinada las organizaciones civiles y las dependencias del gobierno dedicadas a la atención de la violencia contra las mujeres, con el fin de dar un seguimiento puntual de las acciones que deben desarrollar. 

Asimismo planteó que trabaje con el Tribunal Superior de Justicia para revisar los casos de feminicidio que están sin sentencia y actualizar las capacitaciones de los funcionarios para que juzguen desde la perspectiva de género. 

La agrupación también consideró que la Coordinación Estatal de Seguridad Pública local debe realizar una investigación para detectar las zonas de riesgo para las morelenses, y en base a ello, generar políticas de seguridad pública. 

También exhortó al Gobierno a crear la Base Estatal de Datos sobre Feminicidio y aplicar los protocolos especializados de investigación de los asesinatos violentos de mujeres. 

La Comisión Independiente concluyó que las 16 medidas de acciones urgentes que tuvo que realizar el estado por la AVG, sólo una se cumplido en su totalidad, la reparación simbólica del daño a los familiares de víctimas de feminicidio. 

Lo reportado por la CIDH contrasta con las declaraciones que dio en abril de este año el Secretario de Gobierno de Morelos, Matías Quiroz Medina, quien indicó que la Segob ya “había levantado” la Alerta en un 80 por ciento, luego de que el gobierno entregó tres informes de cumplimiento. Cabe mencionar que el reglamento del mecanismo no fija que se pueda retirar una Alerta. 

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En Chiapas, de agosto del 2014 al 2016 se registraron 104 casos de feminicidio, según datos oficiales de la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) quien si bien da cuenta de estas cifras, en muchos casos carece de información detallada sobre la víctima.
 
En ese mismo periodo, 7 mil 720 mujeres fueron víctimas de otros delitos como lesiones, secuestro, violencia familiar, violencia sexual, hostigamiento sexual y trata.
 
De acuerdo a los datos oficiales respecto a la edad de las mujeres, los asesinatos se concentran en mujeres de entre 18 y 29 años de edad al alcanzar 32, seguidas por las de 30 a 39 años y de 40 a 49 años, pero los asesinatos también se extienden a mujeres mayores y menores de edad.
 
En su mayoría las víctimas eran solteras (40 casos), y en unión libre (29 casos) mientras que en las casadas el registro fue de 10 casos. En 41 casos eran amas de casa; 10 eran trabajadoras, cuatro estudiantes, dos comerciantes, seis desempleadas, dos educadoras, una era bailarina y estaba en situación de prostitución,  y en los 38 casos restantes casos no hay información.
 
La educación básica (algún grado de primaria o secundaria) destaca como la escolaridad de las mujeres, 42 contaban con educación básica mientras que nueve habían concluido el bachillerato, ocho tenía algún estudio de licenciatura y en 14 casos, no tenían estudios. En los restantes casos no se cuenta con la información.
 
Con relación a la causa de la muerte, 14 mujeres murieron como causa de golpes, 11 por arma blanca, 9 por estrangulamiento, 5 por arma de fuego, tres por asfixia, dos por inmersión en líquido, una por ingesta de veneno y en los restantes casos no se cuenta con información.
 
PROTOCOLO DEFICIENTE
 
Un análisis hecho por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) 2012-2013, para conocer la implementación del tipo penal de feminicidio en las entidades del país, reveló que en el caso de Chiapas si bien cuenta con un Protocolo de actuación para la investigación del feminicidio, éste es deficiente pues no establece elementos mínimos para garantizar la debida diligencia con perspectiva de género en la investigación de estos delitos.
 
El OCNF reveló que este Protocolo no relaciona ni coordina las actuaciones ministeriales con los de la policía especializada y los peritos y no establece qué actuaciones deben hacerse con perspectiva de género para favorecer la adecuada acreditación del delito de feminicidio.
 
Pero lo más grave, señala el OCNF es que este documento “carece de un marco teórico conceptual y de una base teórica mínima que permita la comprensión de la violencia contra las mujeres y su relación con la discriminación, los tipos y modalidades de la violencia; esto desfavorece la generación de metodologías de trabajo a partir de la conciencia de la existencia de la violencia contra las mujeres”.
 
Tampoco explica de manera clara el proceso de construcción del concepto de feminicidio y no desarrolla ni explica las características del tipo penal, en particular las razones de género establecidas en la definición penal del feminicidio, lo que dificulta que las instancias obligadas a realizar la investigación del feminicidio las comprendan, señala el Observatorio.
 
Por lo tanto no se establecen elementos suficientes para garantizar que toda muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio, dice el organismo.
 
Por último, señala el Observatorio en este informe, no se establecen formas de documentación de estadística criminal a partir de indicadores que garanticen el adecuado registro y sistematización de información, para la integración de bancos de datos.
 
Cabe recordar que datos del OCNF de Chiapas durante el periodo de 2011 y 2012, registran mil 77 hechos de violencia contra las mujeres y únicamente se otorgaron 36 medidas de protección (3 por ciento), lo que evidencia, dice, que existe una situación de desprotección a las mujeres víctimas de violencia en el ámbito doméstico, que se relaciona directamente con el feminicidio, pues ante la falta de estas órdenes, se les coloca en mayor riesgo de ser víctimas de feminicidio.
 
En Chiapas, el delito de feminicidio se contempla en el artículo 164 bis del Código Penal del estado, el cual entró en vigor el 8 de febrero de 2012. El pasado 18 de noviembre, se decretó la Alerta de Violencia de Género para 11 municipios de esta entidad.
 
16/SS/LGL