Chenalhó

“No entienden nuestra situación ninguna de las autoridades, no quieren saber que estamos sufriendo como mujeres, niños… creen que ya no existe el problema”, denunció María, una de las mujeres indígenas de la comunidad de Chalchihuitán que desde noviembre de 2017 se tuvo que refugiar en los montes de los Altos de Chiapas por el ataque de grupos paramilitares.

A 4 meses de que más de 5 mil personas de las comunidades indígenas tzotziles de Chalchihuitán y Chenalhó se vieron obligadas a huir a los montes de Chiapas para protegerse de los grupos paramilitares, María recordó esta mañana en conferencia de prensa que el problema no ha cesado, permanecen en condiciones inhumanas, con enfermedades respiratorias y digestivas, falta de alimentos, medicamentos y reciben agresiones con disparos de arma, sin que el gobierno les proteja.

En su lengua tzotzil, María, quien permanece desde noviembre de 2017 en un campamento, brindó su testimonio de las condiciones que atraviesan a cuatro meses del ataque de grupos armados por la disputa del territorio que divide Chalchihuitán y Chenalhó: “Hemos sufrido mucho, padecemos hambre, se han muerto varios compañeros”, dijo.

Mientras traducían su testimonio, la mujer relató cómo el miedo sigue instalado en las comunidades por la presencia de grupos armados que les impiden retornar a sus hogares. “No podemos regresar a vivir a nuestras casas, cuando queremos verlas, cuando miran el humo por el fuego, vienen a espantarnos y querer matarnos”, dijo.

Esta situación continúa a pesar de que el gobierno chiapaneco aseguró que desde el 2 de enero de 2018 un 65 por ciento de la población desplazada había retornado a sus comunidades y había intensificado los patrullajes en ellas para garantizar la seguridad de las personas, además de brindarles servicios médicos, “despensas” y campamentos seguros.

“El gobierno y el presidente municipal –Martín Gómez Pérez- creen que ya no tenemos sufrimiento, el problema cuando salimos corriendo con nuestros hijos es que no podemos pero ellos no pueden caminar rápido”, dijo María y pidió al gobierno de Chiapas se le dé una pronto solución a este conflicto agrario que lleva más de 45 años según la población.

CIDH EMITÉ MEDIDAS CAUTELARES

La conferencia fue organizada esta mañana por las organizaciones civiles que han documento y demandado protección para las personas desplazadas; el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Centro Frayba), la Campaña Popular Permanente Contra la Violencia de Género y el Feminicidio en Chiapas y Melel Xojobal AC.

El 24 de noviembre de 2017 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió la solicitud de medidas cautelares que presentó el Centro Frayba para la protección de los derechos de las personas indígenas de Chalchihuitán y Chenalhó “por el riesgo de agresiones, hostigamiento y amenazadas por parte de grupos armados”.

Después de un análisis y recolección de información que reportó el Estado mexicano, la CIDH consideró que las acciones gubernamentales para mitigar al grupo de personas armadas, como el desarme voluntario y el fallo del Tribunal Unitario Agrario del 13 de diciembre de 2017, que favoreció el reparto de tierras al municipio de Chenalhó, no habían sido suficientes.

Ante ello, el pasado 5 marzo emitió las medidas cautelares número 882-17, en las que demandó la protección de 10 comunidades: Chalchihuitán, Cruzton, Tzomolto’n, Bojolochojo’n, Cruz Cacabanm, Tulantic, Bejelto’n, Pom, Chenmut y Kanalumtic.

Además del testimonio de María, estuvo presente el Comité Autónomo de Familias Desplazadas de Chalchihuitán –conformado tras el conflicto- quienes hicieron un llamado al gobierno de Chiapas para garantizarles: agua potable, salud, un plan de regreso para los desplazados, desarme de los grupos paramilitares, reconocerlos como desplazados forzados internos, paz y reparación integral de los daños.

De acuerdo con información de las organizaciones civiles a raíz de este conflicto han fallecido 11 personas (desde recién nacidos a personas mayores), tras vivir en la intemperie y climas extremos de frío continúan con enfermedades respiratorias, digestivas y problemas de estrés. 

18/HZM/LGL

Ante la permanencia de más de dos meses de grupos paramilitares en las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó, en Chiapas, brigadas de salud de organizaciones civiles mantienen la atención médica para mujeres y sus familias desplazadas por el conflicto territorial.

Las brigadas de “Salud y Desarrollo Comunicatorio” (Sadec) y “Casa de la Mujer Ixim Antsetic” (Cam), documentaron en su visita a las comunidades desplazadas, la defunción de una mujer adulta de 57 años de edad por neumonía; dos mujeres menores de 18 años y una muerte fetal hasta diciembre.

En tanto, la agrupación Médicos Sin Frontera informó en un comunicado que un equipo de ocho profesionales ofrece desde el 17 de enero consultas médicas y de atención psicológica en nueve comunidades involucradas en el desplazamiento.

Las organizaciones mantienen el esfuerzo de ofrecer atención médica y recaudación de víveres para estas personas desplazadas, quienes comenzaron el retorno de las montañas de los Altos de Chiapas –donde se refugiaron- a sus comunidades desde el 2 de enero de este año, orillados por las condiciones de precariedad en las que vivían.

Estas brigadas de salud coinciden que las enfermedades crónicas que padecía la población tzotzil (como la hipertensión, problemas respiratorios, mala alimentación, entre otras) se agravaron tras las condiciones extremas de frío y escasez de alimentos en las que se encontraban expuestas en las montañas sobre todo mujeres, niñez y personas adultas.

En relación a las mujeres embarazadas desplazadas, el Sadec y Cam, precisaron que se han evitado muertes maternas por el seguimiento médico que tienen con parteras comunitarias.

Asimismo, destacan que las mujeres y personas adultas, viven con algún grado de ansiedad derivado de la incertidumbre y el miedo por la permanencia de los grupos paramilitares.

De estos grupos armados, el Centro Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) informó a Cimacnoticias que han recaudado testimonios de mujeres sobre los constantes disparos de armas de fuego que hay en la zona, sin que las medidas de protección otorgadas por el gobierno chiapaneco para las personas que regresaron sean suficientes.

En medio de un conflicto armado que no cesa, el Frayba y diversas agrupaciones de mujeres denunciaron que la población femenina que retornó a sus hogares de Chalchihuitán y Chenalhó, no tuvieron la oportunidad de participar en la toma de decisión de regresar a la zona de conflicto.

Ante el riesgo, organizaciones como la Campaña Popular Contra la Violencia Hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas, solicitaron la intervención de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujeres (Conavim), apelando que la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género abarca las dos comunidades desplazadas.

Sin embargo, reportaron en un comunicado que no recibieron respuesta a su petición para asegurar la vida de las niñas y mujeres de estas comunidades indígenas.

El conflicto que causó el desplazamiento de más de 5 mil personas, se desató el pasado 13 de noviembre de 2017, luego de que grupos paramilitares de Chenalhó realizaran balaceras, saqueos y quemas de viviendas en varias localidades de Chalchihuitán, debido a la disputa de más de 40 años de antigüedad, por el territorio que divide a estas comunidades.

18/HZM/LGL

Luego de refugiarse por dos meses en las montañas de los Altos de Chiapas ante los ataques de grupos paramilitares, mujeres, niñas, niños y hombres de la comunidad de Chalchihuitán regresaron a sus casas porque ya no pueden soportar las condiciones de precariedad en las que viven.

El Ayuntamiento de Chalchihuitán informó al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) que desde el 2 de enero cientos de familias comenzaron a retornar a sus hogares, a pesar de la desconfianza, el miedo a ser atacados y la falta de condiciones seguras para hacerlo, indica un comunicado difundido por el Centro Frayba.

La población tzotzil decidió regresar porque no podían continuar viviendo en la intemperie, durmiendo en campamentos de plástico, bajo temperaturas extremas de frío. Desde el 21 de noviembre tres niñas menores de cuatro años de edad y un bebé de tres días de nacido pertenecientes a Chalchihuitán fallecieron debido a la escasez de alimentos, reportó Unicef hasta el 12 de diciembre. 

La razón por la que permanecían refugiadas en las montañas cerca de 5 mil personas, entre ellas un centenar de mujeres embarazadas, según los registros de las organizaciones, fueron los saqueos, quemas de viviendas y balaceras ocasionadas el pasado 21 de noviembre por grupos paramilitares.

Este ataque se derivó de un conflicto territorial de más de 40 años entre los municipios chiapanecos de Chalchihuitán y Chenalhó. Tras el desplazamiento el Tribunal Unitario Agrario se vio obligado a resolver, en diciembre pasado, la demanda sobre limites fronterizo, fallando a favor de Chenalhó. Con esta resolución se invalidó las fronteras territoriales emitidas en 1973 por la hoy extinta Secretaría de la Reforma Agraria.

OCS MONITOREAN RETORNO

Las organizaciones civiles como el Frayba son quienes están vigilando que este retorno se haga de la forma más segura a fin de que las personas de Chalchihuitán puedan retomar sus actividades aunque en los lugares siguen asentados los grupos paramilitares. En tanto, otras personas desplazadas decidieron permanecer en albergues, según registraron las agrupaciones.

Organismos internacionales como la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) y Unicef también han mostrado su preocupación por el conflicto y han pedido al gobierno mexicano medidas integrales de protección para las personas desplazadas de Chiapas.

Por su parte, agrupaciones civiles locales solicitaron al gobierno chiapaneco que desarticule a los grupos armados que operan en la región, detenga a las personas responsables de estos delitos y asegure la entrega de la ayuda humanitaria que requieran las comunidades, en especial la atención para las mujeres gestantes, niñas, niños y adultos mayores.

A nivel nacional, de 2009 a enero de 2017, 310 mil 527 personas tuvieron que desplazarse de manera interna debido a las violencia o por conflictos territoriales, religiosos o políticos, de acuerdo con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

17/HZM

Personas desplazadas de las 8 comunidades de Chalchiuitán afectadas por este problema de límites con Chenalhó, rechazaron el dictamen del Tribunal Agrario dado a conocer el pasado 13 de diciembre, en el que se les quita su derecho a la tierra donde vivieron hasta antes de su desplazamiento forzado.

Insisten en que de acuerdo a los títulos primordiales de principio de siglo XX, esa tierra en la que tienen sus viviendas y sus campos de cultivo, ha sido parte de Chalchiuitán, aún cuando ahora legalmente el Tribunal Unitario Agrario le da la titularidad de la tierra a Chenalhó.

Las personas que tuvieron que desplazarse de sus comunidades, dijeron que no aceptarán la reubicación ni el dinero que les ofrece el gobierno (hay que señalar que se trata de no más de 50 mil pesos por familia). Informaron que impugnarán el dictamen del Tribunal Unitario Agrario ante el Tribunal Colegiado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante una asamblea realizada en la plaza central de ese municipio, explicaron que “las autoridades afirmaron que es mentira que haya ganado Chenalhó, que hay un empate, porque no fue en favor de uno ni de otro, pero la gente se rió”, aseguraron los pobladores consultados. Agregaron que otro acuerdo tomado es que cambiarán de abogado, con el argumento de que “no ganaron el caso porque el defensor no hizo bien su trabajo”.

DEPRESIÓN Y EFECTOS EMOCIONALES

Raymundo Luna Pérez, de 18 años de edad, originario de la comunidad Chenmut, Chalchiuitán, ingirió un herbicida para suicidarse luego que cayó en depresión a causa del desplazamiento forzado que enfrentaban junto con otras 5 mil personas a las que el Tribunal Unitario Agrario les negó el derecho a la tierra que habitaron hasta el día de su expulsión, ocurrida el 18 de octubre pasado.

La salud física y emocional de los desplazados se agrava cada día, explicaron organismos defensores de Derechos Humanos y la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, quienes dan asistencia médica y llevan alimentos que ciudadanos y comunidades han donado, a las personas desplazadas.

El pasado 17 de diciembre, a 3 meses de que tuvieron que abandonar sus viviendas, la muerte de Raymundo Luna se sumó a la de otras 10 personas que han fallecido tras el desplazamiento al que han sido sometidos, como consecuencia de la disputa por la tierra que sostienen con sus vecinos de Chenalhó.

En el caso de Raymundo, de acuerdo a su padre, Mariano Luna, estuvo sometido al estrés y depresión producto del desplazamiento, hasta que el pasado 3 de diciembre intentó suicidarse al ingerir el herbicida. Su padre lo localizó momentos después, y logró que médicos lo atendieran. Sin embargo no se recuperó, y tras dos semanas de convalecer, el pasado domingo falleció.

También han fallecido Catarina Sánchez Pérez, por sufrimiento fetal; Ernestina Sánchez Pérez, recién nacida, su madre se encontraba viviendo bajo lonas; Adriana de Jesús Pérez Pérez, de dos años y Maura Pérez Luna, de un año, por enfermedades respiratorias y hambre.

Domingo Girón Luna de 70 años, Marcelino Gómez López de 80 años, María Domínguez Gómez de 57 años y Mariano Pérez Aguilar de 67, han muerto por enfermedades respiratorias y por hambre. A estas muertes se suma la de Samuel Luna García, quien murió asesinado el 18 de octubre, cuando inició el desplazamiento forzado.

Diversos organismos humanitarios que trabajan en Chiapas exigieron a los gobiernos federal y estatal el urgente reconocimiento del estatus legal de desplazamiento forzado interno para que eso obligue a las instituciones a la utilización y aplicación de protocolos efectivos que garanticen la seguridad e integridad personal a las personas desplazadas.

Piden de manera urgente la instalación de campamentos específicos para desplazados, condiciones de seguridad para evitar que sigan siendo amedrentados por los civiles armados que los expulsaron de sus comunidades, y para garantizar ayuda humanitaria integral y la búsqueda de garantías de seguridad para el retorno y reintegración.

El gobierno de Chiapas, por su parte, informó ayer a través de un comunicado de prensa, que solicitó ayuda de la ONU para asistir a las personas desplazadas. En el mismo comunicado anunció que “para inicio de 2018” llegará a esta región, personal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), que buscará poner en marcha la producción de alimentos en la zona donde están los desplazados.

17/AM/LGL

A 10 días de que miles de personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se esconden de los grupos paramilitares en los montes de los Altos de Chiapas, la ayuda del gobierno comenzó a llegar a cuenta gotas pero para las más de 100 mujeres embarazadas aún es difícil acceder a la atención médica.

La coordinadora del área de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Azalia Hernández, informó a Cimacnoticias que ayer llegaron las brigadas de salud del gobierno de Chiapas pero únicamente a la cabecera municipal de Chalchihuitán, “de entrada por salida”.

Debido a la disputa territorial entre ambos municipios (Chalchihuitán y Chenalhó) es imposible que las mujeres y niñez que se refugian en los montes, regresen a sus localidades, ya que los caminos se encuentran obstaculizados por personas armadas, “es absurdo que se les pida trasladarse a los municipios”, señaló la activista.

La situación se agrava día a día, la información que ha recibido el Frayba es que hay mujeres a pocos días de parir, en total tienen el registro de 114 mujeres embarazadas, hay bebés recién nacidos, por ejemplo, la asociación conoció un caso de un bebé de 20 días de vida.

“Médicos están  dispuestos a dar trabajo humanitario, pero es imposible ingresar. En la mañana nos informaron que las personas que bloquean las entradas comenzaron a quemar llantas. Tienen el territorio controlado”.

Según la información que publicó el gobierno estatal en su página web oficial, Protección Civil y paramédicos están atendiendo en Chalchihuitán a las mujeres embarazadas para llevarlas en helicóptero al municipio de Simojovel, pero la mayoría, como indicó la integrante del Frayba, están refugiadas en las montañas.

Lo mismo sucede para la niñez y adultos mayores que presentan enfermedades respiratorias y gastrointestinales por vivir en la intemperie. No hay registro de que las brigadas estén atiendo de forma directa a estos pueblos tzotzil, precisó Azalia Hernández.

“Las familias desplazadas huyeron de sus casas sin nada. Especialmente las mujeres se encuentran en extrema vulnerabilidad, en campamentos hechos con plásticos a temperaturas muy frías, sin alimentos. No pueden regresar a sus casas, les fueron quemadas, robaron sus animales y destruidas sus pocas pertenencias”, comentó.

La vulnerabilidad no sólo es en su salud física sino también mental. Azalia mencionó que en los campamentos las mujeres, niñas y niños están viviendo con un profundo temor de ser perseguidos y encontrados por los grupos paramilitares.

EL CONFLICTO

El conflicto territorial entre Chalchihuitán y Chenalhó comenzó en los años setenta cuando San Pablo Chalchihuitán obtuvo el Reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC). El municipio recibió hectáreas que eran parte de la localidad colindante.

Desde entonces se desató la problemática que aún sigue sin resolverse. Actualmente continúa en juicio en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez la denuncia de la población de Chenalhó por la distribución del territorio.

Asimismo el conflicto de grupos paramilitares en esta zona es añejo. Hace 20 se suscitó la masacre de Acteal en localidad de Chenalhó. Un grupo paramilitar conocido como “Máscara Roja” asesinó el 22 de diciembre de 1997, a 18 mujeres adultas, 7 hombres, 16 menores de 17 años y 4 niños entre los 15 y 2 años de edad.

Fue una masacre planeada en contra de los miembros de la Sociedad Civil “Las Abejas” mientras hacían una jornada de paz para Chiapas. El caso llegó hasta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La integrante del Frayba –asociación que acompañó el caso Acteal- afirmó que el conflicto armado continúa en estos municipios por la incapacidad del gobierno para desarmar a los grupos paramilitares y la impunidad de castigo a quienes participaron en ellos.

DESPUÉS DEL DESPLAZAMIENTO

Por ello las organizaciones y comunidades temen no sólo de otra masacre como la de Acteal, sino también del futuro de estos cientos de familias. Azalia Hernández explicó que en casos de desplazamiento forzado por grupos paramilitares que ha documentado el Frayba, a muchas poblaciones les es imposible retornar a sus comunidades.

El asentamiento de grupos armados en sus localidades los orilla a comenzar su vida en lugares aledaños. Las familias pierden sus propiedades y terrenos de siembra. También hay una pérdida cultural (tradiciones, lengua) como parte del desplazamiento forzado.

Por ello, dijo, la acción del gobierno debe estar enfocada en cuatro ámbitos: la atención urgente a la población desplazada, el desarme de los grupos armados y la atención del problema estructural en la comunidad, y la reparación del daño integral para los habitantes.

De acuerdo con los registros del Frayba, en Chalchihuitán son 5 mil 23 personas desplazadas, y de la comunidad de influencia zapatista, Chenalhó, la cifra aumentó a 900 personas.

NACIONES UNIDAS PIDE ATENCIÓN URGENTE

En tanto, en un comunicado la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó su preocupación por el desplazamiento forzado de estas comunidades.

Indicó que “es necesario lograr una solución integral y duradera que ponga en el centro los problemas estructurales que han dado origen al desplazamiento interno forzado y la solución de los conflictos que enfrentan estas comunidades”. Pidió que se cumplan las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Por su parte la Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó al Centro de Derechos Humanos Ku’untik que ya integra la solicitud de medidas cautelares para las personas desplazadas que la organización solicitó. 

De acuerdo con el Centro, estas serán una extensión de las medidas cautelares (MC-361-17) que dictó la CIDH en octubre por el desplazamiento forzado de 248 personas del Ejido de Puebla localidad de Chenalhó, de la misma forma por parte de grupos paramilitares.

17/HZM/LGL

En la montañas de los Altos de Chiapas al suroeste de México, en condiciones inhumanas y sobreviviendo a temperaturas extremas de frío, se calcula que más de 5 mil personas entre mujeres embarazadas, niñez y adultos mayores se escoden de los grupos paramilitares por el conflicto territorial entre los municipios de Chalchihuitán y Chenalhó.

El pasado 21 de noviembre, organizaciones de la sociedad civil en Chiapas como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz) y el Centro de Derechos Humanos Ku’untik, fueron alertadas sobre el desplazamiento forzado de los pueblos tzotzil de Chalchihuitán y Chenalhó.

La disputa por el territorio entre ambos municipios comenzó hace más de 40 años, recordó el Centro de Derechos Fray: en 1975 el municipio de San Pablo Chalchihuitán obtuvo el reconocimiento y Titulación de Bienes Comunales (RTBC) y fue beneficiado con 17 mil 948 hectáreas de terreno, y como complemento, en 1981 se entregaron 252 hectáreas más.

La población del municipio colindante, San Pedro Chenalhó se inconformó por el reparto de tierras porque no se respetaron los limites naturales del río Mashilhó y los antiguos documentos de los pueblos indígenas e interpuso una demanda en 2005, actualmente sigue en juicio en el Tribunal Unitario Agrario 03 de Tuxtla Gutiérrez (expediente 181/2005).

Hasta ayer el Frayba informó en un comunicado que únicamente de la localidad de Chalchihuitán son 5 mil 23 personas desplazadas, y  de Chenalhó –comunidad de influencia zapatista- se estima son al menos 300 personas.

De acuerdo con los registros de la asociación civil, el conflicto se agravó el 13 de noviembre tras el ingreso de grupos armados a la región de Chalchihuitán. Las familias huyeron de las balaceras y se reguardaron en los montes de los Altos de Chiapas, donde permanecen incomunicadas y con miedo de ser localizadas.

Al sobrevivir bajo temperaturas frías y condiciones inhumanas, hay personas enfermas, principalmente recién nacidos, niñez y personas adultas, además urge la atención médica para 114 mujeres embarazadas, según los registros del Frayba.

En las imágenes y entrevistas que han difundido las organizaciones que ingresaron a los montes, se observan a niñas y niños durmiendo en el pasto, a mujeres calentando la escaza comida en campamentos construidos con ramas y lonas, personas adultas y niñez reposando por alguna enfermedad. Los únicos médicos que hay son los chamanes de las comunidades.

La situación empeora porque el municipio de Chalchihuitán está sitiado y la única carretera que conecta con San Cristóbal de las Casas está bloqueada, por lo que es imposible proveer de ayuda, alimentos y medicinas sobre todo para las mujeres, niñas, niños y adultos mayores, reportaron las asociaciones.

El Frayba documentó las comunidades y personas que fueron desplazadas de Chalchihuitán: de Ch’en Mut 700 personas (8 mujeres embarazas); de Pom más de 2 mil personas y 100 mujeres embarazadas; Tzomolton son 800 personas y 6 mujeres embarazadas; C’analumtic 600 personas; Bejelton 150 personas; Tulantic 350 personas; Vololch’ojon 150 personas; Cruz c’ac’al nam 200 personas; y Cruz ton 73 personas desplazadas.

El Centro de Derechos Humanos informó que ha recurrido a las instancias internacionales, envío una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli Corpuz y el Relator Especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazamientos Internos, Chaloka Beyani, ambos de Naciones Unidas.

Hasta el momento el gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello no se ha pronunciado al respecto y tampoco se conoce sobre la intervención del gobierno, por el contrario, las organizaciones civiles alertaron que las personas de la comunidad refieren que ha habido cortes de energía eléctrica e intervenciones de otros grupos armados.

A 20 AÑOS DE MASACRE EN ACTEAL

El miedo de la población y de las organizaciones civiles es que el enfrentamiento culmine en otra matanza como la ocurrió casi 20 años atrás en la comunidad de Acteal del municipio de Chenalhó.

El 22 de diciembre de 1997 –en la presidencia del priista Ernesto Zedillo- un grupo paramilitar asesinó a 45 personas, entre mujeres, hombres, niñas y niños, miembros de la Sociedad Civil Las Abejas, cuando hacían una jornada de ayuno y oración por la paz de Chiapas.

El caso fue acompañado por el Centro Frayba y lo presentó en 2005 ante la CIDH. Cinco años después la Comisión Interamericana lo admitió (Informe 146/10 “Manuel Santiz Culebra y otros Masacre de Acteal”).

El director del Frayba, Pedro Faro Navarro, relató en una audiencia pública de la CIDH –un mes antes de ser aceptado- que en 1996 inició una nueva etapa del conflicto armado interno en Chiapas como respuesta a la creación del Municipio Autónoma Rebelde Zapatista de San Pedo Polhó.

Para minar el apoyo de la población civil a la guerrilla en las zonas de los Altos, el gobierno actuó a través de acciones paramilitares.

Según la información que dio la organización, la masacre fue planeada varios días antes por el Ejército mexicano y su Fuerza de Tarea Arcoíris comandada por el General Mario Renán Castillo, la estrategia fue revelada en un documento conocido como “Plan Campaña Chiapas 94”.

El 22 de diciembre a las 11 horas en Acteal, en el campamento de desplazados “Los Naranjos”, los paramilitares del grupo "Máscara Roja" asesinaron a 18 mujeres adultas, cuatro de ellas embarazadas, 7 hombres, 16 mujeres menores de 17 años de edad, y 4 niños entre los 15 y 2 años.

Sin embargo, el Estado mexicano sostiene que el conflicto se trató de una riña intercomunitaria e incluso interfamiliar. Hasta ahora no se ha sancionado o investigado a los autores materiales e intelectuales de los hechos.

ACUSAN INTERESES POLÍTICOS

Por su parte la asociación Centro de Derechos Humanos Ku’untik,  acusó en un pronunciamiento que los grupos paramilitares actúan por los intereses de la alcaldesa del municipio de Chenalhó, Rosa Pérez Pérez, quien dijeron, “disputa las tierras colindantes con Chalchihuitan y persigue a sus opositores”.

La parroquia de Chenalhó también se pronunció en un comunicado y dijo que el conflicto es parte de las acciones de los gobiernos estatales, por lo que pidió a las comunidades dialogar y permanecer en paz, e hicieron un recordatorio de la matanza de Acteal.

El Centro Frayba coincidió, “es clara la responsabilidad de los distintos niveles del gobierno que han permitido que esta situación se torne de emergencia humanitaria. Además se ha evidenciado la incapacidad de las autoridades en atender las causas y los efectos de la violencia”, concluyó.

17/HZM/LGL

La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, denunció que a un mes de la resolución de ese organismo jurisdiccional, las autoridades locales chiapanecas no han acatado el fallo de restituir en sus cargos a las mujeres indígenas alcaldesas de Chenalhó y Oxchuc.
 
En el contexto del “Foro Democracia Paritaria”, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Alanís Figueroa dio la conferencia sobre “Mujeres indígenas y violencia política de género” donde expuso los casos ocurridos en Chiapas, de mujeres alcaldesas que fueron removidas de los cargos para los que fueron electas en 2015.
 
Dijo que las sentencias no han podido ser notificadas a quienes están ejerciendo indebidamente el cargo, y que hasta ahora ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni Seguridad Pública, han informado qué medidas adoptaron para cumplir con la sentencia.
 
El TEPJF resolvió el 17 de agosto restituir en su cargo de alcaldesa del municipio de Chenalhó a Rosa Pérez Pérez y el 30 de agosto resolvió de forma similar a favor de la alcaldesa de Oxchuc, María Gloria Sánchez.
 
La magistrada expuso que en los casos de Oxchuc y Chenalhó el TEPJF inició acciones nunca antes tomadas por un Tribunal Electoral, como órdenes de protección, y que los juzgadores deben tener responsabilidad para que se cumplan las sentencias sin que se ponga en riesgo a nadie.
 
Señaló que como autoridad jurisdiccional, el Tribunal cumplió con su obligación constitucional, y ahora es tarea de las autoridades locales trabajar intensamente en la implementación de las sentencias.
 
Destacó la importancia de la ejecución de las sentencias sobre Oxchuc y Chenalhó para que no vuelvan a ocurrir casos como el de Rosa Pérez y María Gloría Sánchez.
 
“Queremos presidentas municipales, síndicas, regidoras ejerciendo sus cargos en un contexto libre de violencia y discriminación”, dijo Alanís Figueroa.
 
El Foro “Democracia Paritaria” fue organizado por el IEPC, con el objetivo de elaborar un paquete de reformas legislativas que garanticen la no violencia política contra las mujeres, e igualdad de oportunidades; y es el primero de 8 foros titulados “Diálogos para  fortalecer el marco constitucional y legal del proceso electoral en Chiapas 2017-2018”.
 
El consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, llamó a las mujeres a no rendirse en su lucha por la igualdad de género y les garantizó que en las consejeras y consejeros electorales tienen un aliado, porque como funcionarios electorales tienen la responsabilidad de garantizar los derechos político- electorales de todas y todos los ciudadanos.
 
En su participación la académica y doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Flavia Freidemberg, expuso que en México, únicamente 12 por ciento de alcaldías son ocupadas por mujeres.
 
Señaló que la violencia política contra las mujeres siempre ha existido, pero con la paridad de género como rango constitucional, es que se han visibilizado más los casos de este tipo de violencia.
 
“Chiapas es un claro ejemplo de lo que pasa cuando no se respetan las candidaturas en el registro, por eso este foro es ideal para trabajar en el tema pues lo que urge es tipificar en una ley cuáles son los actos de acoso y violencia de género. Estaría muy bien que Chiapas tuviera una ley al respecto y con los trabajos de hoy se desarrollará una propuesta para conocer las  vías de denuncia y sus sanciones”, expresó Freidemberg.
 
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo, la Consejera Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal la maestra Dania Paola Ravel Cuevas; la integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles; y la doctora Inés Castro Apreza, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, coincidieron en que debe promoverse el liderazgo femenino desde el ámbito local y que se elaboren nuevas normas que garanticen que las mujeres que participan en política no serán violentadas.
 
También señalaron la necesidad de tipificar la violencia política como un delito para que bajo ninguna circunstancia exista violencia de género.
 
16/IM/LGL

Los magistrados que integran los tribunales electorales deciden aspectos centrales en materia político-electoral y esa es la razón por la que las promotoras de los derechos femeninos aseguran que más mujeres en esos cargos, implicaría más controversias resueltas con perspectiva de género. 
 
Como ejemplo, en los últimos meses las y los magistrados de los tribunales electorales estatales y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvieron casos donde protegieron los derechos de mujeres electas para ocupar cargos públicos, que fueron víctimas de violencia política de género.
 
Es por ello que las activistas, académicas y políticas integradas en la Red Mujeres en Plural, no quitan el dedo del renglón, sobre todo cuando en el proceso de selección para elegir a siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF, de 21 candidatos sólo 6 son mujeres.
 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
La Sala Superior del TEPJF, como máximo tribunal electoral, ha sentado precedentes para proteger los derechos de las mujeres; desde revocar el registro de candidaturas que no cumplen con la paridad de género (50-50), hasta ordenar la restitución de mujeres electas que fueron obligadas a renunciar a sus cargos por el hecho de ser mujeres.
 
La magistrada y los magistrados de la Sala Superior han generado precedentes para que otros tribunales electorales hagan lo propio a la hora de conocer casos donde haya presuntas violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres.
 
En el caso de Chiapas, por ejemplo, la Sala Superior ha emitido dos sentencias relevantes para restituir los derechos de mujeres electas que fueron obligadas a renunciar a sus cargos. La primera fue el 17 de agosto cuando ordenó la restitución de Rosa Pérez Pérez, como alcaldesa del municipio de Chenalhó.
 
El TEPJF consideró que la alcaldesa electa renunció contra su voluntad, bajo presión y por violencia política y de género, luego de que el pasado 25 de mayo, Pérez Pérez presentó al Congreso una solicitud de licencia a cambio de que los pobladores dejaran en libertad al diputado Eduardo Ramírez Aguilar y al coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Arturo Penagos, a quienes tenían secuestrados.
 
La segunda sentencia similar la emitió el 1 de septiembre, cuando revocó el decreto del Congreso de Chiapas por el cual se aprobó la renuncia de María Gloria Sánchez Gómez, como presidenta municipal de Oxchuc, quien se vio forzada a firmar el escrito de solicitud de licencia indefinida. 
 
El fallo del Tribunal Electoral ordenó también la restitución de los derechos políticos de las regidoras plurinominales, quienes habían denunciado que no se les tomó protesta, no se les convocó a las sesiones de cabildo y se les retuvieron sus salarios desde el inicio de la gestión municipal.
 
OAXACA
 
Ejemplo de la incidencia de esta autoridad electoral son las sentencias en Oaxaca, la primera entidad que incluyó el término de violencia política de género, aunque la definición todavía no aparece en las leyes locales.
 
Por ejemplo, el 25 de agosto de 2014, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, declaró la invalidez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, al considerar que al no haber integrado el órgano edilicio de manera igualitaria, se violó el principio de igualdad, por lo que ordenó una nueva elección de concejales.
 
En muchas ocasiones los tribunales electorales estatales resuelven considerando las directrices marcadas en el Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres (el cual entró en vigor en marzo de este año) pero en otras ocasiones la Sala Superior, como máxima instancia, debe resolver los casos cuando hay inconformidad por las sentencias. 
 
Así sucedió cuando la Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Xalapa y modificó la resolución que emitió el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), para dejar sin efectos la destitución de Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón Mixe.
 
El 13 de diciembre del año pasado Agustina y las tres mujeres fueron electas a través del sistema normativo indígena, por medio de una Asamblea Comunitaria, pero un grupo opositor las señaló por supuestas fallas, desvío de recursos, y esparció rumores para demostrar que las mujeres no podían gobernar, lo que derivó en su destitución.

Luego de un largo proceso judicial, por unanimidad, el máximo tribunal electoral del país, dejó sin efectos la Asamblea Comunitaria que se realizó el pasado 28 de abril para destituir a las integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec.
 
Al resolver el juicio, la Sala Superior señaló que en la Asamblea de destitución, las mujeres no tuvieron derecho de audiencia pues no se les informó del tema a tratar, ni había constancia de que se les permitiera defenderse ni aportar las pruebas a su favor.
 
Además de estos casos, también pueden promover cambios internos como sucedió con Yolanda Pedroza Reyes, magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, quien fue víctima de violencia política por parte de sus pares magistrados, quienes le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función.
 
El 30 de marzo la Sala Superior del TEPJF, determinó dar vista del caso al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal de ese estado para su revisión argumentando violencia, acoso, discriminación e inequidad política, caso que sigue en investigación.
 
Las mujeres en los tribunales también promueven el desarrollo de estrategias externas, como lo hizo el TEPJF que en 2014 creó una Agenda Indígena para difundir el conocimiento de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y comunidades, y los derechos de la ciudadanía indígena.
 
16/AGM/LGL
 

Tras una sesión que terminó en los primeros minutos de este jueves, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el decreto emitido por el Congreso de Chiapas, por el cual aprobó la renuncia de María Gloria Sánchez Gómez como presidenta municipal de Oxchuc, y ordenó su inmediata reincorporación en el cargo para el que fue electa en 2015.
 
Al resolver el recurso jurídico SUP-JDC-1756/2016, la magistrada y los magistrados determinaron por unanimidad que las pruebas aportadas por la presidenta del municipio indígena tseltal resultaron determinantes para confirmar que se vio forzada a firmar el escrito de renuncia al cargo y, por la forma en que ocurrieron los hechos, no tienen justificación constitucional ni legal.
 
El TEPJF ordenó a las autoridades estatales, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo, Miguel Velasco Coello, que generen las condiciones de seguridad para que la presidenta municipal, así como el propio cabildo, puedan ejercer el cargo en un ambiente de tranquilidad en el municipio de Oxchuc.
 
Esta resolución se da 13 días después de que el propio TEPJF resolvió un caso similar que favoreció a Rosa Pérez Pérez para ser reincorporada e su cargo de alcaldesa en el municipio de Chenalhó, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
 
Similar a lo que sucedió con la presidenta municipal Chenalhó, el pasado 11 de febrero, en una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del estado se aprobó la solicitud de licencia indefinida –que fue tomada como renuncia– de la alcaldesa María Gloria Sánchez.
 
La alcaldesa nunca pudo tomar posesión de su puesto debido al conflicto que se desató en ese municipio por los resultados de las elecciones en donde resultó electa. Diferentes grupos señalaron irregularidades en el proceso de elección.
 
El Congreso del estado designó como nuevo alcalde a Oscar Gómez López, a petición de las autoridades con bastón de mando de las 115 comunidades que conforman ese municipio.
 
Sin embargo, ante la presión política a la que fue orillada para pedir licencia, la alcaldesa postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en los comicios del domingo 19 de julio del 2015, interpuso un recurso ante el TEPJF que hoy fue resuelto a su favor.
 
REPARE CELEBRA FALLO
 
Tras conocer el fallo del TEPJF, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (Repare) –una agrupación de activistas y políticas que ha acompañado los casos de violencia política de género en la entidad– emitió un renunciamiento donde condenó los actos para arrebatar los cargos de elección popular y dijo que estos conflictos se deben dirimir por las vías pacíficas y legales.
 
En su comunicación, la Repare reconoció el debate que se dio en la Sala Superior, por ejemplo que la magistrada María del Carmen Alanís afirmara: “No podemos mandar el mensaje de que con violencia se pueden arrebatar los puestos de elección popular”.
 
El fallo del Tribunal Electoral ordenó también la restitución de los derechos políticos de las regidoras plurinominales, quienes habían denunciado que no se les tomó protesta, no se les convocó a las sesiones de cabildo y se les retuvieron sus dietas desde el inicio de la gestión municipal.
 
Es por ello que la Repare manifestó su respaldo absoluto a los argumentos de la magistrada y de los magistrados que manifestaron que la violencia no debe decidir quién debe gobernar, también consideraron como urgente una reflexión sobre la convivencia de los sistemas normativos internos y de partidos políticos en los municipios indígenas del estado de Chiapas.
 
Asimismo exigieron al Congreso del estado una explicación sobre el tratamiento de renuncia a la licencia indefinida presentada por la presidenta municipal, sin haber sido consultada al respecto, y que el Gobierno estatal genere las condiciones de gobernabilidad que permitan el cumplimiento a cabalidad de la sentencia del Tribunal.
 
Las activistas destacaron que el proyecto del magistrado Manuel González Oropeza sugería que “la única forma de sofocar la violencia, garantizar la paz y la tranquilidad en Oxchuc era respetando la voluntad de la población mediante una consulta popular”, es decir que la población decidiera si confirmaba a Oscar Gómez López o María Gloria Sánchez en la presidencia o elegían a un tercero.
 
Sin embargo, el magistrado Flavio Galván Rivera rechazó la propuesta del magistrado Oropeza con el argumento de que “no se puede dictar una sentencia para imponer una solución que no tiene sustento constitucional”.
 
La sentencia a favor de la restitución fue aprobada por la mayoría de los magistrados por lo que la Repare señaló que, ante el desafío para cumplir con la sentencia las instituciones locales y federales, deben sumar esfuerzos para garantizar la paz social.
 
16/IM/GGQ

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la inmediata reincorporación de Rosa Pérez Pérez como presidenta municipal del municipio de Chenalhó, en el estado Chiapas, quien fue víctima de violencia política y obligada a renunciar a su cargo hace tres meses.
 
En la sesión de este 17 de agosto, la magistrada y los magistrados del TEPJF consideraron que la alcaldesa electa renunció contra su voluntad, bajo presión y por violencia política y de género, por lo que decidieron revocar el decreto 216 emitido por la Legislatura del Congreso de Chiapas, que aprobó su dimisión.

El pasado 25 de mayo, Pérez Pérez presentó al Congreso una solicitud de licencia, a cambio de que los pobladores dejaran en libertad al diputado Eduardo Ramírez Aguilar y al coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Arturo Penagos, a quienes tenían secuestrados.
Tras la resolución del Tribunal, la alcaldesa difundió un video en redes sociales, en donde explica que las agresiones en su contra comenzaron desde abril de 2016, cuando un grupo minoritario de personas pretendía su destitución, por lo que tomaron y vandalizaron el Palacio municipal, hicieron quema de casas y  secuestraron a dos legisladores.
 
En el video, Rosa Pérez afirma que la violencia en su contra se debió a que el síndico Miguel Santiz Álvarez no aceptó que una mujer asumiera la autoridad municipal y por eso, de  manera ilegal, logró la renuncia de la alcaldesa y que se le nombrara a él como alcalde sustituto.
 
Hace también un llamado al diálogo y al reconocimiento de la resolución. “Hoy comienza una nueva etapa para la vida política y social en San Pedro Chenalhó. Mi compromiso ahora es por la gobernabilidad, la paz de nuestras comunidades, por la inclusión de todas las fuerzas políticas para lograr la unidad de nuestros hermanos”.
 
EL FALLO
 
En el análisis del caso, el Tribunal Electoral consideró que los hechos de violencia fueron determinantes para que Rosa Pérez se viera forzada a firmar el escrito de renuncia, aunque no había justificación constitucional ni legal para ello. 

En el fallo también se pidió al gobernador Manuel Velasco que se generen condiciones de seguridad, para que la presidenta municipal y  el cabildo puedan ejercer el cargo en un ambiente de tranquilidad. 
 
Durante el debate, la magistrada María del Carmen Alanís coincidió en que hubo violencia política de género y que a  Pérez no se le permitió el derecho de ejercer el cargo para el cual fue electa en julio de 2015. La sentencia, dijo, manda el mensaje claro de que ser de mujer no debe ser obstáculo para desempeñar un cargo público.

En estos casos, dijo Alanís, se debe garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres y que las autoridades electorales dicten y, en su caso ejecuten, medidas para prevenir daños mayores a las víctimas, sus familiares y personas vinculadas con sus campañas y/o cargos públicos.

El magistrado Manuel González Oropeza afirmó que la alcaldesa corrió peligro de ser quemada viva, por lo que escapó y que la licencia solicitada no cumplió ningún requisito de ley, no recibió calificación del Congreso ni del Ayuntamiento y no hubo argumento para justificar la ausencia; esta se aceptó automáticamente. 

El magistrado Pedro Esteban Penagos habló de coacción y violencia política y el magistrado Flavio Galván afirmó que se debe revisar el sistema electoral, el de partidos y la responsabilidad de los servidores públicos. No es admisible la conducta violenta de ciudadanos que pretenden ejercer justicia por propia mano”, dijo.

El magistrado presidente Constancio Carrasco Daza destacó la  violencia física y violencia moral registrados en San Pedro Chenalhó para exigir la renuncia de la alcaldesa electa. La oposición contra su gobierno tuvo que ver con su condición de mujer. 
 
FALTAN GARANTÍAS
 
La Red Chiapas por la Paridad Efectiva (Repare) –organización integrada por mujeres políticas, académicas y activistas– aplaudió  la sentencia y aseguró que no es suficiente la restitución sino que las autoridades competentes deben otorgar garantías de seguridad a ella, su familia y colaboradores.
 
Para esta red de promotoras de la participación política de las mujeres chiapanecas, la manera como Rosa Pérez fue obligada a retirarse del cargo violentó la legalidad y el Estado de derecho y no puede ser tolerada en un Estado democrático.
 
La agrupación advirtió que aún hay muchos riesgos y por eso exigió al Gobernador, al Congreso, al secretario de Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda, y al Procurador General de Justicia del estado, Raciel López Salazar, que realicen las acciones pertinentes para que la alcaldesa pueda continuar con la responsabilidad que le otorgó la ciudadanía que votó por ella.
 
16/AGM/GGQ