tortura

La organización Amnistía Internacional (AI) alertó sobre el incremento de la violencia de género en México, la falta de estadísticas sobre feminicidio y las deficientes investigaciones en los asesinatos de mujeres y niñas y su clasificación.

Al presentar su informe “La situación de los Derechos Humanos en el mundo” en el capítulo dedicado a México, presentado esta mañana, AI señaló que el problema de la violencia de género se sigue generalizando, muestra de ello, dijo, es que los asesinatos de mujeres se investigan como homicidios, en 2016, señaló, 2 mil 668 asesinatos de mujeres se consideraron homicidio.

De acuerdo con su informe, la violencia contra mujeres y niñas sólo se registró en la encuesta 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la cual estimó que dos tercios de las niñas y mujeres mayores de 15 años han vivido violencia en espacios públicos o comunitarios a lo largo de su vida; y que la violencia más frecuente es la sexual (acoso, abuso o violación).

En este sentido, AI retomó lo dicho por el Relator Especial sobre la tortura del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Juan E. Méndez quien en su última visita a México en 2014, dijo que la violencia sexual es el método de tortura más frecuente.

El informe también se refiere a la Alerta de Violencia de Género (AVG) implementada en 12 entidades federativas, sin embargo, destaca la falta de resultados en la disminución de la violencia contra las mujeres.

En el tema de desapariciones, AI destaca la falta de información sobre las 8 mil 974 mujeres desaparecidas y advirtió que esta cifra puede ser aún más alta, ya que no están contemplados en el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) los casos anteriores a 2014 y los clasificados como secuestro o tráfico de personas, lo cual, dijo, ha conllevado a que persista la impunidad en estos delitos.

La organización defensora de los Derechos Humanos, también se refirió a la libertad de expresión y precisó que las amenazas, hostigamientos, agresiones y homicidios contra periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) no ha descendido a causa de las deficientes investigaciones por parte de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) quien no ha esclarecido si existe una relación entre los asesinatos y la profesión de la persona, como ocurrió con el caso de la defensora de DH (cuya hija está desaparecida) Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, ocurrido en mayo de 2017 en Tamaulipas, al norte del país.

AI señaló que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de DH y Periodistas no ofrece protección a las defensoras ni a los periodistas.

Con este informe, Amnistía Internacional documentó la situación de los DH en 159 países y territorios durante 2017 así como el cumplimiento de los gobiernos en su protección y respeto.

18/AEG/LGL

El Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Puebla, condenó a cinco años y tres meses de prisión a José Montaño, uno de los policías estatales de Puebla responsables de la tortura física y psicológica contra la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, durante su detención y traslado, de Quintana Roo a Puebla.

En un comunicado, la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que-después de 9 años en esta instancia- obtuvo la sentencia pues se acreditó la tortura contra la comunicadora durante su detención en 2005, por la denuncia que ésta hizo contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge, a quien señaló de encabezar una red de pederastia.

Lyda Cacho, quien ha recibido diversos y múltiples galardones por su trabajo periodístico, recorrió un arduo camino en la justicia mexicana para que sus torturadores fueran sentenciados. Sin embargo, pese a que su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, ésta determinó un año más tarde, en 2007, que no existieron violaciones graves a sus Derechos Humanos y por lo tanto descartó la hipótesis que había mantenido la periodista, de que el entonces gobernador, Mario Marín, “confabuló” en contra de ella conjuntamente con Kamel Nacif, para su tortura y detención.

Cabe recordar que Lydia Cacho Ribeiro presentó en marzo de 2006 dos denuncias: ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevim) y la Especial para delitos cometidos contra periodistas (Feadle), ambas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las denuncias fueron contra el gobernador priista de Puebla, Mario Marín, y el empresario textilero Kamel Nacif; contra la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Alicia Villeda; contra la jueza Rosa Celia Pérez González, y los policías judiciales que participaron en su detención y la torturaron durante el traslado de Cancún a Puebla. Las acusaciones fueron por cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación, falsedad de declaraciones y tortura.

Sin embargo, la denuncia ante la Fevim, encabezada entonces por Alicia Elena Pérez Duarte no concluyó, por lo que ésta pasó, en 2008, a la Feadle.

El 15 de mayo de 2008,  la autoridad judicial mexicana, en una estrategia para evitar que la periodista denunciara su caso en instancias internacionales de Derechos Humanos, giró órdenes de aprehensión contra los policías judiciales poblanos Verónica Chávez Cruz; Irene Arteaga Rangel; Jesús Pérez Vargas y José Montaño, todos ellos implicados en la detención y traslado de Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005.

Desde 2006, la periodista autora de “Los Demonios del Edén”, “Memorias de una infamia” y “Esclavas del poder”, entre otros, ha sido galardonada con varios reconocimientos. En ese año recibió el premio “Yo Dona”, por la mejor labor humanitaria que otorga el periódico “El Mundo”, de España a través de su revista Yo Dona.

En el mismo año también obtuvo el premio Francisco Ojeda al valor periodístico y el premio Sergio Méndez Arceo por la defensa de los Derechos Humanos. 

En 2007, recibió los premios: Ginetta Sagan de Amnistía Internacional (AI); de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, el premio Mundial Valentía en el periodismo 2007 y obtuvo de Human Rights Watch la beca Hellman/Hammett, en reconocimiento a las y los periodistas por la valentía con que enfrentaron la persecución política. 

En mayo de 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le dio el Premio Mundial UNESCO Guillermo Cano de Libertad de Prensa, por su trabajo de denuncia periodística contra una red de pederastia en México.

Durante este mismo mes la Unión de Periodistas de Valencia la galardonó con el Premio Internacional Libertad de Expresión 2008.

En ese mismo año recibió la beca Tucholsky de manos de la ministra sueca de Cultura Lena Adelsohn, con quien la periodista mexicana se reunió para presentar, ante un foro, su ponencia sobre libertad de expresión y en 2009 recibió el reconocimiento “Hermila Galindo”.

17/LGL

La periodista colombiana, Jineth Bedoya ha tenido que relatar más de 11 veces su secuestro, tortura y agresión sexual a manos de paramilitares de ese país y este miércoles testifica nuevamente, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) y la Red Mundial de Defensa para la Libertad de Expresión (IFEX), han llamado a la Procuraduría General de Justicia de Colombia, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al juez que supervisa el juicio para asegurarse de que esta vez se haga justicia.

Tanto IFEX como la FLIP piden justicia en el juicio contra los presuntos autores de crímenes contra Jineth Bedoya, periodista y activista de derechos humanos, conocida por informar sobre los grupos paramilitares de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

En el año 2000 fue secuestrada, torturada y agredida sexualmente por paramilitares; luego, en 2003 fue secuestrada por las FARC. La historia de Bedoya se ha convertido en sinónimo de la impunidad y la corrupción que está arraigada en el sistema judicial colombiano; su lucha se presenta como un caso emblemático en la campaña No Más Impunidad de IFEX.

La Fiscalía ha sido negligente en la presentación de pruebas: los testimonios que son fundamentales para el caso, así como los análisis médicos, se presentaron 10 años después de que los crímenes fueran cometidos.

Además, desde 2012, tres ex paramilitares han sido acusados como parte del proceso penal, sin embargo al 2016 solo dos de ellos han sido sentenciados por el secuestro de Bedoya, y sólo uno por el delito de agresión sexual; ninguno de los cerebros criminales detrás de los ataques ha sido procesado.

En los casi 17 años en que el Poder Judicial se ha dedicado a investigar y procesar ineficazmente estos crímenes, varias personas involucradas, tanto perpetradores como testigos, han muerto o eludido a las autoridades; varios funcionarios estatales vinculados a los crímenes no han sido procesados; esto es indicativo del hecho de que las dos sentencias dictadas hasta el momento en el caso no son suficientes para exponer la verdad completa y lograr que se haga justicia.

Hasta la fecha, Bedoya ha ofrecido más de 11 declaraciones y relatos de lo que le sucedió; en múltiples ocasiones, ha tenido que describir lo ocurrido en mayo de 2000 y los actos de violencia sexual cometidos en su contra; en agosto de 2016, tanto el fiscal del caso contra los presuntos autores Alejandro Cárdenas Orozco y Jesús Emiro Pereira, como la defensa, solicitaron un nuevo testimonio de la víctima; el juez aceptó esta solicitud, y hoy Bedoya volverá a testificar.

Las organizaciones consideran que con esta revictimización y el hecho de que Bedoya deba volver a contar la historia de su secuestro, tortura y agresión sexual frente a sus agresores, se ignoran las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual.

A pesar de esto, y además del sufrimiento físico y emocional que esta situación le ha causado, Bedoya ha decidido testificar una vez más para sentar un precedente sobre los errores que el Estado colombiano ha cometido en su caso, así como en muchos otros juicios relacionados con la violencia sexual.

Finalmente, la FLIP e IFEX esperan que este caso avance positivamente hacia el reconocimiento de la verdad y la condena de todos los autores materiales e intelectuales involucrados, incluyendo a todos los funcionarios y ex funcionarios del Estado.  

17/RED/GG

De los 65 millones de personas refugiadas y desplazadas por las guerras y el cambio climático en el mundo, el 49 por ciento son mujeres. Constituyen el mayor desplazamiento forzado desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, y la violación de sus derechos humanos es insoslayable. Así lo señala el informe sobre refugiadas del Estado español, que debatió el 18 de febrero la Plataforma CEDAW Sombra y que será presentado en julio próximo. 
 
La Comisión Europea lanzó en mayo la Agenda Europea de Migración para salvar vidas, aumentar los Fondos de Asilo, Migración e Integración a los países de frontera exterior y “cuotas de solidaridad" entre los estados miembros.
 
En junio se comprometió a la reubicación en otro país de 160 mil personas que ya estaban y habían pedido asilo en la Unión Europea (UE), sobre todo en Grecia e Italia, y al reasentamiento de 22 mil procedentes de campamentos de personas refugiadas fuera de Europa, mayormente de Líbano, Turquía y Jordania, donde hay 3 millones.
 
El Consejo de la UE de septiembre de 2015 rebajó los objetivos, ante la escasa acogida general y el veto de Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, pese a la normativa existente.
 
Un año después, sólo había acogido al 7 por ciento, y el cierre de fronteras ha dejado, solo en 2016, 4 mil 700 cadáveres en el Mediterráneo, mil muertes más que en 2015. El 7 de marzo de 2016, el Consejo de la UE acordaba la ‘externalización a Turquía’ del derecho europeo de asilo, y la devolución en masa de cientos de miles de personas refugiadas.
 
España, con el 9 por ciento de la población de la UE, se comprometió en junio 2015 a reubicar antes de septiembre 2017 a 15 mil 888 (9 mil 323 desde Grecia e Italia) y reasentar a mil 449, pero a 23 de enero 2017 solo ha proporcionado reubicación a 745 personas y reasentamiento a 289 (previsiblemente incrementadas pronto por unas 200 procedentes de Turquía), en total  mil 34 personas, mayoritariamente sirias, iraquíes y eritreas. Un incumplimiento del 94 por ciento de su compromiso.
 
CIERRE DE FRONTERAS Y TRÁFICO
 
En “Asilo en cifras 2015”, de Eurostat, de sus 22 tablas de datos, solo 4 cuatro se desglosan por sexos. Al cerrarse las vías legales y seguras de entrada en la UE, aumenta el negocio de los traficantes, que sufren especialmente mujeres y niñas. Se requiere también una actuación urgente que permita solicitar asilo o visados humanitarios, que contempla el marco legal español y europeo, pero no se han desarrollado por falta de voluntad política. Y hay que recordar que subsisten las devoluciones en caliente que las autoridades españolas llevan a cabo en las fronteras de Ceuta y Melilla.
 
El 8 de marzo 2016 se aprobó la Resolución del Parlamento Europeo sobre la situación de las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo en la UE, señalando que desde el verano 2015 son mujeres, niñas y niños el 55 por ciento del millón de personas refugiadas llegadas a Europa y que las mujeres y las niñas sufren violaciones, extorsiones, matrimonios precoces y forzados, prostitución, sexo forzado y trabajos degradantes en origen, tránsito y destino.
 
La Resolución llama a evitar las muertes en las fronteras, abrir vías seguras y legales hacia la UE y que las normas sobre migración no impidan el asilo. También propone repartir la acogida entre los 28 Estados miembros y reconocer mutuamente las concesiones de asilo, inscribir individualmente a las mujeres, para garantizar su seguridad, libertad y servicios, que participen en el reparto de alimentos y ayudas a las familias y en los comités de personas refugiadas, identificar y proteger a solicitantes de asilo vulnerables a la Mutilación Genital Femenina (MGF) y a la persecución de población Lésbica, Gay, Transexual, Transgénero, Travesti y Bisexual (LGTB).
 
Asimismo, sugiere que la UE ratifique y aplique el Convenio de Estambul, recuerda que el Internamiento de migrantes o solicitantes de asilo debe ser la excepción y nunca de niñas, niños o embarazadas, plantea investigar todas las denuncias de abusos sexuales y violencia de género en los Centros de Detención de Inmigrantes o en las fronteras, y facilitar acceso de los periodistas y las ONG, así como garantizar fondos para que las autoridades regionales y locales promuevan la integración laboral, social y política de refugiadas, su contacto con autóctonas y la atención a los niñas y niños.
 
SOLIDARIDAD CON REFUGIADAS
 
En los años 2015 y 2016 la solidaridad con las personas refugiadas ha dejado de ser exclusiva de las ONG especializadas, aunque sólo el 0.4 por ciento de la población declara preocuparse por ello (CIS, mayo 2016). Ante la falta de voluntad política del gobierno para garantizar la protección y los derechos de las personas refugiadas, numerosas organizaciones sociales han realizado acciones reivindicativas y de solidaridad.
 
Se han llevado a cabo concentraciones, movilizaciones, publicaciones específicas como las desarrolladas por Pikara e informes realizados por organizaciones como Women´s Link Worldwide, campañas de recogida de ayuda humanitaria, como la del Consejo de Mujeres de Gijón (Asturias) en 2017 recogiendo tampones, compresas y pañales, para los campamentos en Grecia.
 
La Caravana a Grecia realizada del 15 al 25 de julio del 2016 y que, tras un encuentro estatal en noviembre del 2016 se repetirá en 2017. La Plataforma CEDAW Sombra organizó una Jornada sobre Mujeres Refugiadas el 23 de abril de 2016 en Madrid, que reunió a 303 activistas de organizaciones feministas, de derechos humanos y de desarrollo, sindicatos, partidos, responsables y profesionales de administraciones locales, autonómicas y estatal.
 
Tras una concentración en el Parlamento, enviaron un Manifiesto firmado por 183 ONG a los Ministros de Asuntos Exteriores y Cooperación, y su Oficina de Derechos Humanos; del Interior y su Oficina de Asilo y Refugio y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de la Mujer. No se ha obtenido ninguna respuesta.
 
ASILO SIN PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
Las autoras del informe que estudia el grado de cumplimiento de las recomendaciones de la CEDAW aseguran que no han obtenido el dato de cuantas mujeres presentan solicitud individual, y en qué relación con su familia. “La ausencia de datos es un dato”, afirmaba Maje Girona durante la presentación del borrador. Una vez concedido el asilo al solicitante principal o a una o un menor de edad,  no se le concede automáticamente al resto de la familia (punto 42 de la RG32) sino en un proceso de extensión del asilo que es muy complicado.
 
En puntos fronterizos, aeropuertos y puertos internacionales (la proporción de personas que ha entrado en pateras o por los Pirineos es menor) no hay personal idóneo para tramitar solicitudes de asilo, lo que sumado al cierre y externalización de fronteras, restringe o anula el derecho al asilo. Miles de mujeres, niñas y niños no sólo están sometidos a largos y arriesgados trayectos, sino que en territorio europeo tampoco cuentan con condiciones mínimas de alimentación, cobijo, salud y seguridad.
 
En algunos CIE se han mejorado las condiciones bajo mínimos y se permite el acceso, con horarios muy restringidos, de ONG humanitarias y jurídicas, que insisten en que es necesario seguir mejorando las condiciones de vida de las personas recluidas. Son frecuentes los amotinamientos, como los del CIE de Aluche en Madrid.
 
El procedimiento de asilo y los plazos establecidos tampoco se realizan con la debida diligencia y la falta de personal, de traductores, de abogados y abogadas y el escaso plazo para recurrir impide que el procedimiento de asilo se realice de manera individualizada aplicando una perspectiva de género y de derechos de la infancia.
 
“No nos consta que haya un mecanismo para la pronta identificación de las mujeres solicitantes específicas de protección y asistencia, mujeres con discapacidad, niñas no acompañadas, víctimas de traumas, de trata o de prostitución forzada, de violencia sexual, tortura o maltrato, ni medidas de acción positiva. En algunos centros grandes hay choques de culturas y los estereotipos de género se repiten en los centros y pisos de acogida, asignando un papel pasivo en los conflictos de convivencia.
 
El documento también recuerda que “la solicitud de asilo no es un acto ilícito y no debe penalizarse, tampoco mediante reclusión, a las mujeres solicitantes de asilo por entrar o permanecer de forma ilegal y nunca debe internarse a menores y madres con hijos e hijas lactantes o menores de edad”.
 
17/GL/GG

El Subcomité de la ONU para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT) realizará una segunda visita a México del 12 al 21 de diciembre para evaluar el tratamiento de personas privadas de su libertad, así como las medidas que se han adoptado para protegerlas de la tortura.
 
Esta visita se da a 2 años de que en 2014, el entonces relator de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) del SPT, Juan E. Méndez, realizó un viaje de trabajo a México donde concluyó que la tortura era una práctica generalizada, y que la tortura sexual contra mujeres se cometía para obligarlas a inculparse de algún delito.
 
En esta ocasión la delegación integrada por los expertos Felipe Villavicencio, Enrique Font, Emilio Ginés Santidrián y Nora Sveass, acudirá a prisiones, estaciones de Policía, cuarteles, instituciones psiquiátricas, centros correccionales para jóvenes e instalaciones de detención para migrantes, tanto a nivel federal como estatal.
 
Los expertos se reunirán con autoridades del Estado, funcionarios de la ONU, representantes de la sociedad civil y con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para presentar al final de la visita sus observaciones preliminares al Gobierno de México, con carácter de confidenciales.
 
Cuando Juan E. Méndez estuvo en el país, el gobierno mexicano a través del entonces subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Manuel Gómez Robledo, calificó de “no profesional y poco ético” el trabajo de quien fuera relator y señaló la tortura como una práctica generalizada en México.
 
En esta ocasión, el SPT revisará los avances de las recomendaciones que hizo hace 8 años (2008), cuando recomendó al Estado mexicano establecer mecanismos y controles de seguimiento a las denuncias sobre tortura, crear un programa nacional de atención a víctimas de tortura y controles legislativos para prevenir la tortura durante la detención.
 
De acuerdo con un informe de la Relatoría Especial del SPT de la ONU, las mujeres, niñas y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero están particularmente expuestas a sufrir torturas y maltratos al ser privadas de su libertad.
 
Un caso similar es el de las mujeres. Mientras están en detención preventiva corren un riesgo particular de sufrir torturas y malos tratos, ya que agentes del Estado pueden emplear la violencia y los abusos sexuales como medios de coacción o para obtener confesiones, según el informe.
 
16/AGM/AMS/LGL

A pesar que hace 3 años el gobierno del estado se comprometió con diferentes organizaciones civiles que promueven los derechos de las mujeres, a no seguir promoviendo la compra y venta de calzones de castidad para mujeres, en la página electrónica oficial del consejo regulador de Marca Chiapas se sigue ofreciendo ese producto.
 
En la página oficial de Marca Chiapas, en el apartado de “Metalistería”, se ofrecen tres diferentes tipos de “calzones de castidad” hechos en tamaño real por la empresa “metalistería Hermosillo”, en San Cristóbal de las Casas.
 
Desde hace 3 años, cuando se realizaron las mesas de trabajo por el Acuerdo por la Igualdad de las Mujeres en Chiapas, diversas organizaciones civiles le pidieron al gobierno del estado dejar de promover ese producto de tortura para las mujeres y disfrazarlo como artesanía, recordó Liliana Bellato, una de las activistas que hizo la petición.
 
Se dejó de promover por un tiempo, pero ahora de nuevo se están usando los recursos públicos para hacerlo, denunció.
 
La coordinadora de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos (Ddsser) Zedxi Fiallo, condenó que desde un organismo que recibe recursos públicos, se esté fomentando la compra y venta de un producto que atenta contra la integridad de las mujeres.
 
“Si bien podría ser que quien lo adquiera sólo con fines de exhibición, siempre está latente la posibilidad de que sea utilizado para el fin que fue creado. El único lugar en el que podría estar un artefacto de estos es un museo de la tortura y no a disposición de cualquier persona” señaló la activista.
 
Las activistas le exigieron al gobierno del estado ser congruente en su discurso y dejar de promover este tipo de artefactos disfrazándolos de artesanías.
 
16/SDS/LGL

La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social AC, Karla Micheel Salas Ramírez, denunció irregularidades en la etapa de instrucción de tres casos (de las 5 víctimas) de feminicidio de San Luis Potosí, ya que el Ministerio Público omitió los testimonios de los familiares que dan cuenta del contexto de violencia al que fueron sometidas las víctimas, además de que esta etapa ya se cerró.
 
La representante legal de los familiares de las niñas Itzel Romani Castillo Torres y Dulce Ximena Reyes Rodríguez, así como el de la adulta Eliehoenai Chávez Rivera, víctimas de feminicidio por parte del exmilitar Filiberto Hernández Martínez, explicó que ahora están en espera de la sentencia que deberá emitir la Sala Superior del Tribunal de Justicia de aquella entidad.
 
La abogada dijo que el cierre de los casos no fue notificado a las y los familiares quienes exigían la reclasificación del delito a feminicidio y una investigación con perspectiva de género, ya que de esa manera las posibilidades de que el agresor salga libre se reducen, no obstante, aclaró, existe la posibilidad de que éste pueda obtener la libertad por falta de pruebas, y porque en uno de los 5 casos de los que se le acusa, su defensa alegó tortura, lo que le permitió quedar exonerado de esa acusación.
 
ELIEHOENAI
 
Las cámaras de vigilancia de la fábrica donde trabajaba Eliehoenai captaron su salida al término de su jornada laboral la cual quedó registrada a las 19:40 horas del día 6 de mayo del 2014, pero la joven de 32 años de edad, nunca llegó a su casa.
 
Su familia llamó a la fábrica en la que trabajaba y a sus amistades pero no tuvieron respuesta, por lo que al día siguiente su padre, Guadalupe Chávez Martínez, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público de San Luis Potosí por la desaparición de su hija, la cual quedó registrada con el número de averiguación previa 160/2014.
Desde ese momento, Guadalupe Chávez señaló como sospechoso a Filiberto Hernández Martínez, quien tenía un gimnasio e impartía clases de zumba, porque ya la había acosado, por lo que el padre pedía que lo investigaran e interrogaran.
 
En el expediente, el testimonio de una compañera de trabajo de Eliehoenai la describe como una mujer que nunca hablaba de su vida privada y que no asistía a las fiestas de convivencia laboral “porque es Testigo de Jehová”.
 
Eliehoenai tomaba clases de zumba, un compañero suyo declaró ante el Ministerio Público que el día 6 de mayo -el último día que la vieron- tenían entrenamiento de zumba y al no verla llegar, la llamó por teléfono pero la llamada fue desviada al buzón, por lo que decidió enviarle un mensaje por whatsapp, pero Eliehoenai no contestó.
 
En su declaración ministerial, el presunto feminicida Filiberto Hernández Martínez, dijo que cuando conoció a Eliehoenai en el gimnasio en donde él imparte zumba, ella fue quien mostró interés en él, y según su versión, sostuvieron un noviazgo que duró poco tiempo porque ella era Testigo de Jehová y él católico, por lo que tuvieron diferencias religiosas.
 
Hernández Martínez declaró que el día 6 de mayo la vio salir de su trabajo y se ofreció a llevarla a su casa en su camioneta tipo explorer y que con el pretexto de mostrarle la televisión que había comprado se dirigió a su casa (del agresor) la besó a la fuerza “y la cacheteó porque empezó a gritar”. Después la violó y la estranguló hasta matarla.
 
Él mismo describió que envolvió el cuerpo de la joven en una sábana y el día 7 de mayo, por la mañana, lo llevó al cañaveral de Puntilla, en donde arrojó los otros cuatro cuerpos de sus víctimas. También tiró los objetos de Eliehoenai como su bolsa, celular y ropa.
 
El 4 de julio del mismo año, agentes del Ministerio Público, buscaron y encontraron el cuerpo de Eliehoenai, a 40 metros dentro del cañaveral ubicado sobre la carretera 70 de Ciudad Valles y Ébano, donde Filiberto Hernández Martínez declaró que lo había arrojado.
 
La madre de Eliehoenai, Ruth Rivera Mora, amplió la averiguación previa, declaró que ella y su hija acudían a clases de zumba, pero en la quinta clase ella se dio cuenta que Filiberto Hernández, se acercaba mucho a su hija.
 
Señaló que un día el exmilitar fue a su casa a platicar con Eliehoenai, y le contó que había sido militar y piloto aviador y que le propuso que vivieran juntos, pero su hija le dijo que no porque pensaba que era una persona posesiva y que estaba “loco”.
 
El caso de Eliehoenai, es uno de los que están en espera de sentencia que será emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia de San Luis Potosí.
 
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
 
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas, él confesó haber matado a cuatro niñas y a una mujer de 32 años y mencionó el lugar donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de Puntilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
La defensa del exmilitar Filiberto Hernández Martínez alegó tortura, por lo que la Procuraduría de Justicia estatal le otorgó auto de formal libertad por el caso de Adriana Martínez Campuzano, una de las 5 víctimas, al argumentar que “no existían pruebas suficientes” que demostraran la comisión del delito.
 
16/GVV/LGL

Adriana Martínez Campuzano era su nombre, tenía 13 años de edad. El 24 de mayo del 2011, su madre, Sandra Campuzano Nava, la reportó como desaparecida. Un mes después encontraron su cuerpo, pero fue hasta el 2014, que Filiberto Hernández Martínez confesó que la golpeó y asesinó, aun así, el feminicida fue absuelto de la acusación tras alegar tortura y “por falta de pruebas”.
 
La familia Martínez Campuzano vivía en Aguascalientes, pero cuando Sandra Campuzano y su esposo Marco Antonio Martínez decidieron separarse, éste se fue a vivir a Tamuín, su ciudad natal. 
 
Tamuín es un municipio del estado de San Luis Potosí; ahí, Marco Antonio Martínez recibió a sus tres hijas y dos hijos durante las vacaciones de 2011, y como a ellos les gustó la Huasteca Potosina- lugar turístico donde los llevó a pasear su papá- decidieron pedirle a su mamá, Sandra Campuzano, mudarse a Tamuín.
 
La madre de Adriana hizo un acuerdo con su esposo, porque a pesar de estar separados, no quería que sus hijas e hijos dejaran de verlo.
 
Una vez instalados en Tamuín, Adriana, la segunda hija de la pareja conformada por Sandra y Marco Antonio, no tuvo problemas para adaptarse porque tenía buen promedio por su desempeño académico y no tardaron en proponerla como candidata a reina para la festividad del Día del Estudiante.
 
Tenía 13 años, estaba en primero de secundaria y para poder ganar su candidatura tenía que realizar “boteo” (colecta de dinero con cooperación voluntaria) para recaudar fondos para la festividad, dijo Sandra Campuzano en entrevista con Cimacnoticias.
 
Durante esas actividades que realizaba con sus compañeras y compañeros de clases- recuerda su mamá-conoció a Filiberto Hernández Martínez, un ex militar, que además impartía clases de zumba y coordinaba actividades de catequesis en el templo del municipio.
 
INICIA EL ACOSO
 
Sandra Campuzano contó que durante la colecta que su hija realizó con sus compañeras, Adriana fue acosada en varias ocasiones por Filiberto Hernández, situación que ella desconocía hasta que una amiga de su hija se lo contó.
 
Sólo notaba que Adriana se comportaba diferente, empezó a aislarse y su desempeño escolar bajó, lo que fue notorio para las y los docentes pues ella era una destacada alumna, por lo que una de las profesoras se entrevistó con Sandra para conocer qué pasaba.
 
Yo le pregunté qué le pasaba y ella me respondió “nada mamá, te prometo que esto va a pasar”, recuerda.
 
El 24 de mayo del 2011, Adriana salió de su casa a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela. El trayecto -que se realiza a pie- de casa de Sandra a la escuela a la que asistía Adriana, dura 10 minutos. Antes de llegar a la escuela, Adriana acostumbraba a pasar por su compañera Berenice, pero ese día no llegó.
 
A las 13:45 horas, la madre de Adriana vio con preocupación que su hija no llegaba para comer, por lo que fue a la escuela donde le dijeron que la niña no había asistido a clases. Después fue con Berenice para preguntarle si sabía de ella y ahí supo que esa mañana-como acostumbraba- Adriana no pasó para ir juntas a la escuela.
 
Enseguida se dirigió a la policía municipal para reportar la desaparición de su hija pero ahí solamente recibió burlas, le dijeron que no se preocupara, que seguramente “se había ido con el novio”, cuando Adriana ni siquiera había tenido uno.
 
Como los policías municipales no respondieron a la solicitud de buscar a su hija, se fue al Ministerio Público; ahí le dijeron que tenían que esperar 72 horas para iniciar la búsqueda, pero tampoco se salvó de los mismos comentarios que recibió de la policía municipal.
 
Como la mayoría de las madres que se enfrentan a la misma situación, Sandra comenzó a investigar por cuenta propia; preguntó a las amigas y compañeras de clase para saber si alguien tenía información que le pudiera servir. Una de ellas le dijo que cuando hicieron el boteo Filiberto Hernández Martínez acosó a Adriana y que así siguió los días siguientes, que la seguía en su camioneta y la invitaba a subirse al automóvil.
 
Cuando la madre obtuvo la información del hostigamiento que vivía su hija por parte de Hernández Martínez, pidió al Ministerio Público que lo investigaran, pero a quienes investigaron fue a su esposo Marco Antonio Martínez y a ella.
 
El 11 de junio del 2011, un grupo de policías ministeriales acudió al domicilio de Sandra Campuzano para pedirle objetos o cabello de su hija, pues habían encontrado un cuerpo y querían contrastar el ADN.
 
Sandra se negó a darles lo que pedían, no quería que se tratara de su hija, pero tuvo que acudir a reconocer el cuerpo. Cuando lo vio, era evidente que se trataba de Adriana. La encontraron en un cañaveral de “Puntilla” sobre una colchoneta, amordazada con un calcetín, con señales de estrangulamiento y de violencia física y sexual.
 
En la autopsia que le realizaron, detectaron que tenía un golpe en la cabeza y que murió por asfixia. Sandra Campuzano continuó realizando investigaciones porque la policía no detenía, ni tomaba declaraciones de Filiberto Hernández Martínez, pero sí acosaron e intimidaron a los compañeros de clases de Adriana.
 
“El pueblo entero mantenía silencio, tenían miedo porque acosaban y torturaban a los compañeritos de Adriana, las madres y padres de los alumnos se sentían intimidados por la forma de actuar de los policías ministeriales”, recordó Sandra.
 
Fue hasta el año 2014 cuando detuvieron a Filiberto Hernández Martínez quien confesó que golpeó a Adriana para subirla a su camioneta, después la violó y la estranguló.
 
Sandra Campuzano interpuso una denuncia en el Centro de Atención a las Víctimas de Violencia y Delito (Cavid) de San Luis Potosí.
 
En octubre del 2014 Filiberto Hernández Martínez fue detenido por portar una navaja y le impusieron una multa de 50 mil pesos, en ese proceso de detención, le encontraron también una pistola de uso exclusivo del Ejército Mexicano, por lo que el Ministerio Público inició un proceso federal en su contra por no tener permiso para portar armas.
 
Cuando lo llamaron a comparecer por portación de armas, él confesó haber matado a cuatro niñas y a una mujer de 32 años y mencionó el lugar donde las enterró, un lugar conocido como “el cañaveral de Puntilla” que se encuentra entre Tamuín y Ciudad Valles.
 
La defensa del ex militar Filiberto Hernández Martínez alegó tortura, por lo que la Procuraduría de Justicia estatal le otorgó auto de formal libertad por el caso de Adriana Martínez Campuzano, al argumentar que “no existían pruebas suficientes” que demostraran la comisión del delito.
 
No obstante, la madre de Adriana -quien además de investigar por cuenta propia buscó asesoría legal- reiteró a Cimacnoticias, que la autopsia que le realizaron a su hija comprueba que la niña tenía un golpe en la cabeza, así como otras señales de violencia, por lo que solicitará que realicen el Protocolo de Estambul al asesino confeso de su hija para comprobar o “descartar” la supuesta tortura a la que dice, fue sometido.
 
16/GVV/LGL

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que emita medidas cautelares a favor de Patricia del Carmen Paniagua Gómez, quien está en prisión y en peligro, tras la tortura a la que fue sometida cuando fue detenida.
 
Paniagua Gómez, recluida en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) número 5, en San Cristóbal de las Casas, desde el 7 de abril de 2014, es sobreviviente de tortura física y psicológica, realizada por hombres armados en presencia de agentes del Ministerio Público, durante su detención arbitraria en Teopisca, luego en la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Homicidio y Feminicidio, ubicada en esta capital.
 
A los tres meses de haber ingresado a prisión fue diagnosticada con diabetes mellitus, una enfermedad crónico-degenerativa que le ha generado somnolencia y fatiga, entre otras afectaciones. Sin embargo, señaló el Frayba, las autoridades del CERSS No. 5 no le han brindado la atención médica adecuada, ni los medicamentos necesarios para controlar su enfermedad, pese a las denuncias y solicitudes que ha hecho la misma interna.
 
Según el informe médico del especialista en atención a sobrevivientes de tortura, entre las causas que detonaron la enfermedad resalta el estrés postraumático por la tortura, así como las condiciones de reclusión que afectan el buen control metabólico de las personas que cursan esa enfermedad y la prevención de complicaciones.
 
Ante la inadecuada e insuficiente atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, “hay un descontrol metabólico y una persistencia de síntomas psiquiátricos que afectan de manera negativa” el estado de salud general, que ponen en riesgo inminente la vida y la integridad física y psicológica de Patricia, ya que en cualquier momento puede caer en un coma diabético y/o perder la vida”, puntualizó el Frayba.
 
ATENCIÓN MÉDICA Y EXCARCELACIÓN
 
Las medidas cautelares se solicitaron ante la CIDH “por el riesgo inminente a la vida y daños irreparables” para la interna, explicó el Frayba, y urgió al Estado mexicano a adoptar sin dilación las medidas que salvaguarden la salud física y mental para Paniagua Gómez.
 
Asimismo, que tome en cuenta los derechos de las personas detenidas y las reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos de las Naciones Unidas, con énfasis en los derechos consagrados en la Convención Interamericana para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belem Do Para).
 
“De manera urgente se debe brindar atención médica adecuada e integral de segundo o tercer nivel para el seguimiento de la diabetes mellitus tipo 2 de Patricia del Carmen Paniagua Gómez”, insistió el organismo de derechos humanos.
 
Y señaló que, por las condiciones de hacinamiento, debe considerarse la excarcelación por motivos de salud, debido a que la reclusión afecta de manera negativa el seguimiento, prevención y tratamiento de posibles complicaciones.
 
LA DETENCIÓN
 
El 7 de abril de 2014, Patricia del Carmen Paniagua Gómez y María del Rosario Zolano González fueron detenidas junto con Margarito Benjamín Zolano González, en la cabecera municipal de Teopisca, sin que se presentara una orden de aprehensión.
 
Las tres personas fueron torturadas y acusadas de la muerte de Manuel Velázquez Hernández, líder de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP), cuyo cadáver fue hallado en el basurero municipal de Teopisca el 18 de febrero de 2014.
 
“La detención arbitraria y la tortura de Patricia del Carmen Paniagua Gómez se da en un contexto de sistemáticas violaciones a derechos humanos en contra de población vulnerable”, afirma el Frayba.
 
También en abril de 2014, en Teopisca, “se detuvo arbitrariamente a David Hernández Gómez y a Margarita Gómez López, a quienes les dictaron sentencias condenatorias bajo pruebas ilícitas y graves violaciones al debido proceso. En este caso también hubo tortura para obtener una declaración inculpatoria”, subrayó el Frayba.
 
16/IM/GGQ