Mecanismo de Protección

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INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Mecanismo de protección recibe más solicitudes tras elecciones
   
Se intensifican agresiones contra periodistas y personas defensoras en Honduras
CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Gua .- 03/04/2018

El Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia de Honduras, conoció 43 solicitudes de protección durante el período post electoral, del 26 de noviembre de 2017 al 9 de febrero de 2018, informó su directora, Nora Urbina.

A decir de Urbina, esta situación pondría en aprietos los compromisos que adquirió el Estado hondureño en el Examen Periódico Universal (EPU), en el año 2010 – 2015. De los 43 casos, 32 tienen relación con la crisis post electoral, 16 son de personas defensoras, 15 de periodistas y comunicadores sociales y un operador de justicia, indicó.

Los datos mencionados ratifican informes internacionales en cuanto a que Honduras es uno de los países más peligrosos para defender los Derechos Humanos y ejercer el periodismo.

Según la funcionaria, se han adoptado medidas integrales de protección, pero esto deja muy en claro que el presidente de la República asumió su mandato con una crisis de Derechos Humanos que fue provocada por su reelección.

El poder identificar que 32 personas tienen amenazas producto de la crisis post-electoral es muy importante “porque nos permite buscar medidas de protección que nos permitan salvaguardar la integridad de los beneficiarios para cada caso”, aseguró Urbina.

Destacó que por el contexto político cualquier incidente por mínimo o sencillo, contra periodistas, comunicadores sociales, y personas defensoras de Derechos Humanos, es tomado en serio y hasta la fecha ninguno de los beneficiarios ha sido asesinado.

Urbina describió que se han acercado a los sectores arriba mencionados cuando se produce un incidente para aplicar acciones que protejan a los afectados de una manera integral.

De la fecha de creación del Mecanismo, éste ya tiene una lista de 173 beneficiarios de medidas de protección, de los que se desglosan 111 para personas defensoras, 34 periodistas, 15 comunicadores sociales y 9 operadores de justicia.

El Mecanismo de Protección fue creado en el marco de la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, aprobada en el Congreso Nacional en mayo de 2015, en medio de la presentación del Estado de Honduras al Examen Periódico Universal, EPU, en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

La Ley ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos y algunos beneficiarios por ser una legislación monopolizada por el Estado porque tiene más de 10 instituciones representadas entre las que se cuentan la Secretaría de Seguridad y de Defensa, de donde provienen las amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y algunos periodistas y comunicadores sociales, por lo que urge una reforma que equilibre la representación y aísle actores que provocan las amenazas.

18/RED/LGL








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Protestas escalonadas en el país
Marchan hoy en Morelos por Miroslava Breach, mañana en Oaxaca
Imagen de Adriana Mújica Murias.
Por: Adriana Mújica Murias, corresponsal
Cimacnoticias | Cuernavaca, Mor.- 27/03/2017

Portando cartulinas, además de todos los implementos de la labor periodística, decidimos levantar la voz periodistas de medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales en la Plaza de Armas de Cuernavaca no solamente por el artero asesinato de la colega Miroslava Breach Valducea, en Chihuahua, sino por la creciente violencia contra quienes ejercemos esta profesión en cualquier parte del territorio nacional.
 
Esta manifestación es parte de la Movilización Escalonada de Protesta, convocada por la organización Periodistas de a pie, y que tuvo ya lugar en la Ciudad de México, y en Jalisco. Mañana tocará el turno a Oaxaca, el miércoles a Puebla, el jueves a Sinaloa, el viernes a Chiapas y el sábado en Chihuahua, lugar donde fue asesinada la corresponsal de La Jornada.
 
En cada acto, se ha dado lectura a un  Pronunciamiento nacional y en el caso de Cuernavaca estuvo a cargo de la colega Rubicela Morelos Cruz, corresponsal de La Jornada.
 
En el mismo, se resalta que las y los periodistas “No somos personajes de una clase especial, no exigimos un trato privilegiado, sólo las garantías constitucionales para poder seguir haciendo periodismo y ejercer la libertad de expresión, sin que nuestra integridad física, psicológica y emocional se vea abatida por violencia revanchista, porque incomoda lo que narramos, porque al poder (fáctico y constitucional) no le conviene que se sepa la verdad”.
 
La exigencia es, por supuesto, Justicia por el asesinato de la compañera Miroslava, pero también mejores condiciones para el ejercicio seguro del periodismo y el funcionamiento apropiado del Mecanismo de Protección y de la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
 
Recuerda que durante la administración de Enrique Peña ha habido un ataque cada 22 horas contra  una o un periodista y suman 103 periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, 3 en marzo de 2017, ningún indicio de los desaparecidos. Critica la inoperancia del Mecanismo de Protección, y exige cuentas a la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, con 99.5 por ciento de averiguaciones sin justicia. 
 
Por eso, exigen: “Basta de disuadir a los compañeros que acuden al MP a interponer una denuncia, basta de perder expedientes, basta de opacidad, basta de criminalizarnos, basta de evadir la facultad que tiene la Fiscalía para atraer las investigaciones y explorar la línea de la labor periodística como motivo de un asesinato, desaparición y agresión. Basta de regatear medidas de protección. Basta de imponer medidas irracionales para una labor compleja como lo es reportear. Basta de mantener funcionarios de primer, segundo y tercer nivel responsables de procesar inadecuadamente la protección a quienes se acogen al Mecanismo como última opción.
 
No se salva Javier Corral, no se salva Osorio Chong, no se salva Peña Nieto ni los treinta tantos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos que cobran a cuenta del Mecanismo, o los 3 ministerios públicos federales asignados a los casos de la FEADLE, mucho menos los diputados y senadores…ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas como penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia.
 
Estaremos saliendo a las calles, no quitamos el dedo del renglón, pero ya no queremos salir a gritar el nombre de nadie más, concluye el comunicado. 
 
 17/AMM/GG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   México y Honduras otorgan material físico para resguardarse, no políticas de prevención
Activistas de Derechos Humanos carecen de protección contra violencia
informe “El enfoque de género en la protección a defensoras de Derechos Humanos: Las experiencias de México y Honduras”
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/12/2016

Los sistemas para proteger a personas defensoras de Derechos Humanos (DH) en México y Honduras ofrecen medidas de protección, pero tienen limitaciones y deficiencias porque si bien proporcionan seguridad no previenen la violencia contra las activistas.
 
El informe “El enfoque de género en la protección a defensoras de Derechos Humanos: Las experiencias de México y Honduras”, elaborado por Asociadas por lo justo (JASS), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) y Protection International (PI), indica que las autoridades deben investigar las agresiones contra las defensoras.
 
En México, en junio de 2012 se instauró el Mecanismo de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que depende de la Secretaría de Gobernación; sin embargo, las organizaciones aseguran que se enfoca a la protección física al otorgar chalecos antibalas, puertas, ventanas, autos reforzados o blindados, así como garantizar la presencia de policías o escoltas armados.
 
A decir de las agrupaciones, este tipo de medidas responden a lógicas de las fuerzas de seguridad, y son reacciones frente a hechos, no al fenómeno de la violencia ya que no implementan políticas de medidas de prevención orientadas a erradicar las agresiones en contra de las personas defensoras.
 
De octubre de 2012 a marzo de 2016 el Mecanismo de Protección atendió 509 casos, 213 de mujeres y 296 de hombres.
 
Sobre la implementación de las medidas, el informe indica que el Mecanismo de Protección tiene una lógica ajena a la participación de las activistas en el diseño de sus estrategias de protección, además de una carencia de recursos económicos y humanos adecuados para atender a las personas que están en riesgo por su labor informativa. 
 
La defensa de los DH es una actividad de riesgo, como muestra la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras, al indicar que se incrementan más los ataques contra las mujeres que defienden el derecho a la participación política, la tierra, el territorio o que denuncian feminicidio.
 
Según este registro, en 2014 las defensoras que ocuparon el segundo lugar en agresiones en México fueron las que defienden el derecho a la participación política y comunitaria de las mujeres (17.5 por ciento de los casos registrados), y el cuarto lugar lo ocuparon las que promueven el derecho a una vida libre de violencia, con un 14.6 por ciento de agresiones registradas.
 
Las organizaciones indican que la falta de visibilidad de la violencia contra las mujeres defensoras tiene distintas causas, entre ellas la normalización de los ataques; además en el activismo la agresión se observa como parte del precio que hay que pagar por la labor que se realiza y por ello, las agresiones no se hacen públicas, no se denuncian y tampoco se toman medidas frente a ellas.
 
Ante estas deficiencias, las organizaciones proponen medidas para que las víctimas hagan frente a los impactos (económicos, físicos, psicológicos, morales, sociales, personales y familiares), al otorgar medidas de protección a partir de un modelo de análisis de riesgo que permita incorporar la perspectiva de género y garantizar medidas para evitar la revictimización, entre otras.
 
16/AGM/AMS/LGL








REPORTAJE
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Se incrementa violencia contra periodistas de medios digitales
Amenazadas por informar “el poder del cacicazgo”
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/11/2016

Sandra Segura Segura, Nora Celia Domínguez Maldonado, Citlali López Velázquez, María Martina Fonseca y Gloria Muñoz Ramírez son reporteras y aunque viven en estados diferentes todas tienen en común que han sido amenazadas debido a su trabajo periodístico de investigaciones a políticos, líderes sindicales, policías comunitarios o víctimas de la violencia.
 
Las agresiones contra ellas se documentan en el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la primera organización en hacer un registro y documentación de agresiones contra mujeres periodistas. En el documento se contabilizan 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país, durante estos 2 años.
 
Al realizar una radiografía de la violencia contra la prensa CIMAC concluyó que actualmente las periodistas enfrentan el poder de los caciques, es decir, de personas o colectivos que en la ilegalidad o con el apoyo de las autoridades emplean recursos económicos, políticos o culturales para dañar, desprestigiar, amenazar e impedir que realicen su trabajo.
 
En 89.6 por ciento de los 147 casos registrados se encontró que los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado lo que demuestra que quienes realizan investigación periodística para evidenciar corrupción o abuso de poder, se convierten en enemigas de ciertos grupos autoritarios.
 
Como ejemplo de estos “cacicazgos” se muestran las historias de las reporteras que pese a estar en contextos distintos padecieron intimidaciones que tenían como objetivo acallar su voz: Sandra recibió una amenaza por teléfono, Nora Celia fue amenazada por un ex alcalde; Citlali fue amedrentada por un líder social; María vivió un secuestro y tortura; y la casa de Gloria fue allanada.
 
LÍDERES EN VIOLENCIA
 
En el periodo 2014-2015 Veracruz, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos se colocaron como las entidades más peligrosas para las periodistas. El panorama de la violencia no cambió mucho con respecto a 2012-2013 cuando CIMAC presentó su informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”.
 
En el periodo anterior, la capital del país tenía el primer lugar de agresiones contra comunicadoras al concentrar 35 por ciento de los casos; seguía Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno.
 
En esta actualización se encontró que Veracruz concentró el mayor índice de violencia con 19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad de México con 18.7 por ciento; Guerrero con 8.1 por ciento; y Oaxaca y Morelos ocuparon el cuarto lugar con 5.4 por ciento de los casos, cada una.
 
El incremento de manifestaciones ciudadanas, la inestabilidad política y la creciente presencia de cárteles generó un aumento de la violencia en los ámbitos donde las periodistas realizan su labor informativa, condiciones que las colocaron en mayor riesgo de sufrir agresiones, violaciones a sus derechos y amenazas contra sus vidas.
 
Esa es una de las razones por las que Guerrero apareció en el mapa de agresiones. Después de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, se potenció el contexto de tensión social y de represión contra la ciudadanía y la prensa.
 
PERFIL DE LAS VÍCTIMAS
 
“El Poder del cacicazgo” documentó que los actos violentos se cometieron contra reporteras de entre 25 y 34 años de edad, que en su mayoría cubría temas relacionados con la política, corrupción, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y compra de votos durante campañas y procesos electorales, así como movimientos sociales.
 
Esto denota una reacción contundente por parte del poder del cacicazgo que advierte en las investigaciones críticas que realizan las periodistas una amenaza que afecta directamente sus intereses socioeconómicos al hacerse pública la información de sus acciones.
 
Del total de periodistas agredidas, 21.7 por ciento reporteaba temas relacionados con protesta social (cubren las manifestaciones) mientras que 8.1 por ciento cubría temas relacionados con la seguridad.
 
Un tema a destacar y de especial preocupación, es el incremento de violencia hacia trabajadoras de medios digitales. Mientras 44 por ciento de las agresiones se dio contra las que trabajan en medios impresos, para el periodo 2014-2015, 34.6 por ciento se cometió contra periodistas de medios digitales.
 
En estos dos años, 16.3 por ciento de las periodistas que sufrió algún tipo de agresión trabajaba en radio, mientras que 4.7 por ciento lo hacía en televisión.
 
DESCONFIANZA EN INSTITUCIONES
 
México cuenta con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, pero las periodistas desconfían de esta institución. Un sondeo realizado por CIMAC en 2014 reveló que 47 por ciento de las periodistas consideró como muy malos los resultados del Mecanismo; para 29 por ciento fueron medianamente eficientes y 24 por ciento respondió que son malos.
 
Tal vez por ello entre octubre de 2012 y junio de 2016, sólo 82 mujeres periodistas (35 por ciento) acudieron al Mecanismo, del total de 232 periodistas que están bajo su protección.
 
Otra dependencia en la que no hay confianza es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, encargada de investigar las agresiones contra la prensa, donde del 1 de enero de 2014 al  30 de noviembre de 2015 se abrieron 64 averiguaciones previas por casos de violencia contra reporteras.
 
Ante estas evidencias, el informe insta al Estado a cumplir cabalmente con la recomendación 25 del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para garantizar la vida, la libertad y la integridad de periodistas y asegurarse de que no sean violentadas.
 
También pide que el Mecanismo de Protección tenga un enfoque de género y se adopten medidas concretas, adecuadas y eficaces para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los ataques contra las informadoras.
 
16/AGM/LGL
 








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   CIMAC presentó su informe “El poder del cacicazgo”
Se incrementa 70 por ciento la violencia contra mujeres periodistas en 2 años
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 16/11/2016

La violencia contra las mujeres periodistas se incrementó 70 por ciento durante 2014 y 2015 (147 casos) pero lo más grave es que las agresiones pueden ser perpetradas por servidores públicos, del crimen organizado, empresas privadas o de otros actores.

Al presentar el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015” las periodistas Lydia Cacho Ribeiro, Gloria Muñoz Ramírez, Maite Azuela Gómez, Lucía Lagunes Huerta y Fabiola González Barrera, aseguraron que todavía no se reconoce que mujeres y hombres reporteros viven agresiones de diferente tipo.

“El Poder del cacicazgo” es el tercer informe sobre este tema. En 2012 CIMAC presentó el “Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas”, donde por primera vez se registraron y documentaron las agresiones contra las reporteras desde un enfoque de género. En esa ocasión se contabilizaron 94 casos de violencia.

En el segundo informe “Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas” a través de un análisis jurídico de 4 casos emblemáticos (Lydia Cacho y a la entonces reportera de la revista Contralínea, Ana Lilia Pérez; el asesinato de la reportera de la revista Proceso, Regina Martínez; y los allanamientos a las oficinas de CIMAC en 2008 y 2011), se demostraron los obstáculos que enfrentan las periodistas para obtener justicia. El informe documentó 86 casos de violencia entre 2012 y 2013.

Ahora, en 2016, tras 11 años de investigación y documentación de este tema, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró en 2 años (2014-2015) 147 agresiones contra mujeres periodistas, periodo en el que Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos, fueron las entidades más peligrosas para ejercer la libertad de expresión.

Durante la presentación del informe en el Museo Memoria y Tolerancia, se proyectó el video “Vivir para dar voz” donde 5 periodistas narran su pasión por el periodismo y lo que las motiva a continuar escribiendo e informando a la sociedad.

Al comentar el informe, la periodista y directora del portal noticioso Desinformémonos, Gloria Muñoz Ramírez, aseguró que se violenta de forma diferente a una reportera mujer que a un reportero varón y alertó que actualmente “los cacicazgos” se han ampliado de tal manera que es más difícil saber “a quién molestan” las investigaciones periodísticas.

Como ejemplo citó su caso. En 2007 y después en 2015 su casa fue allanada. La primera vez los agresores se llevaron libros, papeles, el CPU de su computadora, un folder con recortes de noticias sobre Chiapas (donde ella reporteó muchos años del levantamiento zapatista) y una maleta de libros, y aunque parecía que el robo estaba ligado con su ejercicio profesional, las causas del suceso nunca fueron ligadas a su trabajo.

La también columnista del periódico La Jornada, recordó que el país se transformó entre la primera agresión que vivió y la segunda; ahora, dijo, se vive más autoritarismo, políticas de despojo, represión y violaciones a Derechos Humanos y a la par es más complicado indagar quién puede ser el agresor.

La segunda agresión ocurrió en noviembre de 2015. En aquella ocasión la periodista llegó a su casa y encontró su ropa íntima “revuelta y tirada en la cama”. A diferencia del primer allanamiento a su casa, ahora el abanico de posibles responsables se amplió porque ya no sólo escribía sobre los pueblos indígenas, ahora también lo hacía sobre mineras, desapariciones forzadas o empresas transnacionales.

En opinión de la periodista hoy se agrede a quienes hacen un periodismo crítico e independiente que cuestiona al poder en cualquiera de sus formas, y que además “se atreve” a decir que es activista o defensora de Derechos Humanos.

La columnista del portal noticioso SinEmbargo, Maite Azuela Gómez, recordó que el año pasado por estas fechas, le llegó entre su correspondencia un sobre amarillo cuyo contenido era una fotografía suya y una amenaza de muerte, una agresión que tardó en asimilar y que le hizo pensar en el riesgo que corría y en la seguridad de su hija menor de edad.

En la experiencia de la comunicadora, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, ni el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, consideraron su trabajo periodístico como causa de la agresión.

Azuela Gómez aseguró que cuando se agrede a una periodista las autoridades no investigan sobre los temas que escribe, las fuentes de información que tiene y qué le motivaba para escribir, es decir, le restan valor al trabajo que realizan, aunque las agresiones son consecuencia de estas investigaciones periodísticas.

La columnista narró que en otra ocasión, cuando daba seguimiento al homicidio del activista Francisco Kuykendall, herido en la manifestación del 1 de diciembre de 2012, llegaron policías al edificio donde vive la periodista porque querían entrar a su departamento y aunque denunció el hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no pudo tener ninguna conclusión al respecto.

Destacó que en México hay pocos abogados que litiguen casos relacionados con la libertad de expresión, que acompañen a las víctimas y que conozcan de las diferencias de género, por lo que el apoyo para quien acude a los mecanismos institucionales a exigir justicia o medidas de protección, no es el idóneo.

Durante la presentación, la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y coordinadora del informe, Lucía Lagunes Huerta, recalcó que en los casos de violencia contra mujeres periodistas lo que más preocupa a la autoridad es investigar la vida personal de la víctima y preguntarle de quién sospecha.

Las mujeres, sostuvo, son las encargadas de investigar, aportar pruebas y convencer a los funcionarios de que lo que pasó tiene que ver con su trabajo periodístico porque en los servidores públicos existe la creencia de que la labor de una reportera no es tan importante como para que las agredan.

En medio de la adversidad, Lagunes Huerta destacó avances; por ejemplo, que las informadoras han creado redes de periodistas, han hecho ver que el periodismo también se puede hacer con perspectiva de género, que los medios independientes pueden ser profesionales y hacer incidencia, y que las nuevas generaciones se comprometen con el tema.

La periodista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, Lydia Cacho, quien moderó la presentación del Informe, destacó que todavía se cree que las reporteras no enfrentan agresiones y riesgos por su labor periodística, pero consideró que pese a todo, aquellas que son perseguidas, tienen toda la dignidad para enfrentar el contexto adverso.
Presentación del Informe "El Poder del Cacicazgo" Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015

16/AGM/LGL








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