Feadle

Los relatores para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Edison Lanza, y de la ONU, David Kaye, condenaron el asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, al tiempo que expresaron su beneplácito por las medidas anunciadas la tarde de ayer por Enrique Peña Nieto, por lo que exhortaron a su pronta aplicación.
 
Cabe recordar que desde abril pasado ambos relatores solicitaron al Estado mexicano hacer una visita oficial conjunta al país, pero a la fecha continúan esperando respuesta de las autoridades mexicanas.
 
En un comunicado, ambos relatores consideraron que el asesinato del periodista sinaloense “es un grave ataque contra el periodismo y la libertad de expresión”, por lo que instaron al gobierno mexicano, especialmente a las autoridades competentes, a investigarlo de manera exhaustiva y a identificar, procesar y sancionar a todos los responsables; también pidieron adoptar medidas de protección integrales para los familiares del periodista y sus colegas, siempre y cuando sea con su consentimiento.
 
Luego de la que tarde de ayer Enrique Peña Nieto convocara a una reunión de emergencia con los gobernadores del país, el Procurador General de la República, y otros funcionarios del gobierno, donde anunció un plan de acción destinado a fortalecer el trabajo de las instituciones que investigan crímenes contra periodistas, así como del mecanismo de protección, los relatores manifestaron que esto es “un testimonio de la gravedad de la situación”.
 
Agregaron que para terminar con esta “epidemia de violencia contra periodistas y el derecho de la sociedad a estar informada” se requieren de acciones coordinadas en todos los niveles de gobierno, para hacer que los responsables de estos crímenes comparezcan ante la justicia.
 
Los dos expertos consideraron que “la violencia pretende silenciar el valiente trabajo de periodistas que, como Javier Valdez, reportan e informan a la sociedad mexicana sobre asuntos de interés público a pesar de las amenazas y el riesgo constante”, por lo que señalaron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión (FEADLE) debe dar resultados concretos en ésta y otras investigaciones porque así demostrará el Estado mexicano, precisaron, que está luchando para combatir la impunidad en estos crímenes.
 
EL MÁS RECIENTE DE UNA LARGA LISTA
 
El periodista y escritor mexicano Javier Valdez Cárdenas, fundador y redactor del semanario sinaloense Río Doce, con una larga y reconocida trayectoria periodística y un valiente trabajo de investigación sobre narcotráfico y crimen organizado en su país, fue asesinado el 15 de mayo en la ciudad de Culiacán, estado de Sinaloa, por sujetos desconocidos que le dispararon en 12 ocasiones cuando acababa de salir de la redacción de Río Doce, señala el comunicado.
 
Su equipo de trabajo en Río Doce afirmó no tener “ninguna duda” de que “el origen del crimen de Javier Valdez está en su trabajo periodístico relacionado con los temas del narcotráfico”, agregaron.

“El periodismo mexicano vuelve a estar de luto por la pérdida de uno de los periodistas más respetado y reconocidos del país”, dijo Edison Lanza.
 
“Javier Valdez es el nombre más reciente en una larga lista de periodistas asesinados por ejercer su labor en México”.  En 2017, siete periodistas han sido asesinados en el país.

Los Relatores Especiales expresaron su profundo pesar y condolencias a los familiares y colegas de Javier Valdez.
 
17/LGL/GG

Desde que la activista por los derechos de las mujeres, Verónica Villalvazo, conocida como “Frida Guerrera”, ha documentado casos de feminicidio, los hostigamientos y amenazas en su contra a través de sus redes sociales no cesan, por lo cual presentó una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) por las amenazas de muerte que recibió.
 
El 5 mayo en su video –que publica cada semana a través de las redes sociales Facebook y Youtube- Frida Guerrera denunció el asesinato de la joven Lesvy Osorio Martínez, hallada en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y el caso de la sobreviviente feminicidio, Carmen Zamora Villedas, en Ecatepec, Estado de México, tras lo cual recibió amenazas de muerte e insultos por un usuario identificado con el nombre de Sayd García.
 
Con ello, la activista ingresó el 8 de mayo ante la FEADLE, órgano dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR)  una denuncia por los hechos, donde  actualmente trabajan en el peritaje informático para conocer la identidad del sujeto y deslindar las responsabilidades, datos que podrían conocer en los próximos días, informó en entrevista a Cimacnoticias, Frida Guerrera.
 
No es la primera vez que la comunicadora recibe este tipo de agresiones, el 19 de marzo de 2017, recibió amenazadas por parte de la hermana de un presunto feminicida, acusado por el asesinato de sus primos, Karen, de 17 años, y su hermano Erik, de 12, nuevamente del municipio de Ecatepec. Dos días después, 39 cuentas que se dijeron pertenecientes a la “Legión Holk”,  hicieron comentarios denigrantes para las mujeres en sus videos, le hicieron amenazas sexuales e incitaron a asesinar a más mujeres.
 
Asimismo, la activista señaló que el usuario identificado como Sayd García, en  2016 fue denunciado por la locutora de la Radio Chinelo en Morelos, Xóchitl Guzmán Delgado, por las mismas razones: amenazas de muerte y acoso en redes sociales. Lamentó que hasta el momento las acciones de las autoridades no han logrado identificarlo.
 
ACOMPAÑAMIENTO A VÍCTIMAS DE EDOMEX
 
La comunicadora actualmente cuenta con medidas de seguridad (un botón de pánico) por parte del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por dichos hostigamientos y por el riesgo que corre al brindar acompañamiento solidario a familiares de víctimas de feminicidio, sobre todo del Estado de México, entidad donde ha centrado su atención porque registra más casos y más impunidad.
 
Denuncia que también que la titular de la Fiscalía Especializada en Feminicidios del Estado de México obstaculiza su trabajo como activista, ya que ha pedido a las madres de las víctimas que acompaña solidariamente, que no acudan a ella o la informen, porque “obstaculiza la investigación”, denunció.
 
VULNERABLES, ACTIVISTAS EN REDES
 
En 2016, Frida Guerrera comenzó a documentar y rastrear en los medios de comunicación los casos de feminicidio a nivel nacional, los cuales hace visibles a través de videos en sus redes sociales y la publicación semanal de “La  Columna Rota” en su blog personal.
 
Casos como el de Frida son señalados en el informe de Comunicación e Información de la Mujer AC  “Poder del Cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, donde se advierte que el espacio digital para las periodistas y comunicadoras, a pesar de ser una herramienta fundamental para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la información, también es un espacio donde se generan campañas de desprestigio contra las periodistas y defensoras, quienes son denostadas principalmente por su condición de género.
 
Por su labor como defensora de los Derechos Humanos, Villalvazo fue víctima de hostigamientos y agresiones físicas en años anteriores, por su seguimiento al conflicto magisterial y a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca; por la denuncia que interpuso Leticia Valdés Martell debido a la violación cometida contra su hijo de cuatro años de edad, en el centro preescolar privado Instituto San Felipe en Oaxaca, y en 2010, por la problemática de la comunidad triqui de San Juan Copala, Oaxaca, sitiada por paramilitares de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort) y por el Movimiento de Unificación y la Lucha Triqui (MULT).
 
17/RED/RED
 

Ante el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, ocurrido esta mañana en Chihuahua, un grupo de periodistas tomaron la tribuna del Congreso local para exigir que se esclarezca y sancione a los responsables del crimen, y reclamaron que no se incluye al gremio en la elaboración de leyes para que se les proteja al ejercer su profesión. 
 
Rodeado de pancartas y de sus compañeras y compañeros, el reportero César Ibarra Fierro exigió, en nombre de las y los comunicadores, que el asesinato de la corresponsal de La Jornada y de la agencia Norte de Ciudad Juárez, cometido esta mañana frente a su casa, no quede impune.
 
Compartió la preocupación del gremio periodístico del estado ante el contexto de violencia e impunidad en el que ejercen su labor. “Me duele en el alma pensar que mis compañeras y compañeros son asesinados solo porque escriben la verdad”, mencionó.
 
Ibarra Fierro denunció que, pese a la discusión que actualmente lleva el Congreso chihuahuense para crear un mecanismo estatal de protección para periodistas, las y los reporteros no son consultados para hablar sobre sus necesidades en materia de seguridad por lo que se ignora en qué condiciones ejercen y se corre el riesgo de legislar de manera ineficiente. “Están construyendo una ley, dijo, que es para protegernos, a ver qué día nos escuchan, a ver qué día tienen tiempo y nos ven como ciudadanos”.
 
La iniciativa del Congreso chihuahuense se discute con el objetivo de garantizar que en la entidad se cumpla lo dispuesto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas, la cual entró en vigor a nivel federal desde 2012.
 
PRONUNCIAMIENTOS
 
Ante el asesinato de Breach Velducea, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas  y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género emitieron un pronunciamiento para exigir a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) investigue el caso, tomando como línea principal la labor periodística de Breach Velducea y sancione a las personas involucradas; además de que se garantice seguridad en el ejercicio periodístico.
 
Las organizaciones también exigieron al gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, haga efectiva la Alerta Temprana de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de acuerdo con las necesidades de cada caso, para así eliminar la violencia e impunidad del Estado.
 
El periódico El Norte de Ciudad Juárez, en donde laboraba la periodista, expresó mediante un comunicado que: “No cabe duda de que el asesinato de Miroslava Breach tiene que ver con su trabajo periodístico”, por lo que exigió al gobierno de Corral Jurado esclarecer el hecho.
 
A su exigencia, se suma la de Reporteros Sin Fronteras, PEN, Red Libre Periodismo de Chihuahua, y del Programa de las Américas del Comité de Protección a Periodistas, entre otras organizaciones nacionales e internacionales.
 
EJECUTOR PROFESIONAL

El gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se comprometió a esclarecer y castigar el asesinato, dijo que ya está en contacto con la familia de Miroslava y ofreció su solidaridad con el gremio periodístico. Informó que la línea principal de investigación tiene que ver con su labor profesional.
 
En conferencia de prensa, dijo que la Fiscalía estatal buscará a testigos y confirmó que la periodista le confío haber recibido amenazas hace dos años, más no recientemente. Sin embargo, dijo, no podemos afirmar que estrictamente se trata del crimen organizado o del móvil político, aunque no lo descartamos por el contexto en que vivimos y por el trabajo que ella realizaba sobre bandas delincuenciales y corrupción en la política. 
 
Una de últimas investigaciones de la periodista Breach Velducea fue el conflicto armado entre dos líderes del grupo delictivo "La Línea", brazo armado del cártel de Sinaloa, quienes se enfrentaron en el municipio de Cuauhtémoc, Chihuahua.
 
Dijo también a medios que para cometer el crimen hubo una planeación “muy bien hecha”, por lo que presume que fue un “ejecutor profesional” y o un asesino solitario. 

Y sobre las versiones de que existe un video de los hechos y una cartulina con un mensaje firmado por algún líder criminal, en donde también se le amenaza, Corral dijo que los materiales están en resguardo de la Fiscalía y no serán divulgados. 
 
Portales digitales de noticias del estado de Chihuahua informaron que el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), José Luis Armendáriz, dijo que la CEDH acompañará toda la investigación para que, de considerar que no se han agotado todas las líneas de investigación o de estanque, emitan una recomendación oficial al respecto.
 
Por otra parte, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) condenó el asesinato en un comunicado y solicitó a la Fiscalía de Chihuahua adoptar de forma inmediata todas las medidas precautorias necesarias para salvaguardar la integridad de los familiares de la comunicadora como víctimas indirectas de este hecho delictivo.
 
INEFICIENCIA GUBERNAMENTAL
 
En la sesión del Congreso chihuahuense, el diputado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Pedro Torres Estrada, Partido Morena, reconoció la ineficacia del Estado para garantizar seguridad a las y los periodistas. "En Chihuahua no existen las consecuencias para que ejercen sin ningún peligro", dijo.
 
La diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Isela Torres Hernández, describió el asesinato de Breach Velducea como “una señal inconfundible de la crisis de violencia que azota Chihuahua”, y añadió que la actuación del gobierno ha sido insuficiente “aun cuando se han empezado estrategias para hacer frente a la ola de violencia que hoy trastoca el gremio periodístico”.
 
En el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se guardó un minuto de silencio por la periodista asesinada.
 
VIOLENCIA PARA PERIODISTAS
 
De acuerdo a información de CIMAC, elaborada luego de documentar casos de agresiones a mujeres periodistas desde 2010, durante 2014 y 2015 cada 4 días una mujer periodista fue agredida debido a su labor.
 
Además, desde 2015 Chihuahua se sumó a la lista de entidades en donde se registraron casos de agresiones hacia mujeres periodistas.
 
Según el informe “El poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, realizado por CIMAC, en 2015 la violencia contra las periodistas se extendió en 10 entidades más respecto a las identificadas en 2014 (pasaron de 14 a 24) entre ellas el estado de Chihuahua.
 
En México, las y los periodistas ejercen sin garantías de seguridad, pues de acuerdo a datos de la organización Artículo 19, con la muerte de Miroslava Breach Velducea suman 30 las personas periodistas asesinadas durante sexenio de Enrique Peña Nieto.
 
17/RED/RED

Sandra Segura Segura, Nora Celia Domínguez Maldonado, Citlali López Velázquez, María Martina Fonseca y Gloria Muñoz Ramírez son reporteras y aunque viven en estados diferentes todas tienen en común que han sido amenazadas debido a su trabajo periodístico de investigaciones a políticos, líderes sindicales, policías comunitarios o víctimas de la violencia.
 
Las agresiones contra ellas se documentan en el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la primera organización en hacer un registro y documentación de agresiones contra mujeres periodistas. En el documento se contabilizan 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país, durante estos 2 años.
 
Al realizar una radiografía de la violencia contra la prensa CIMAC concluyó que actualmente las periodistas enfrentan el poder de los caciques, es decir, de personas o colectivos que en la ilegalidad o con el apoyo de las autoridades emplean recursos económicos, políticos o culturales para dañar, desprestigiar, amenazar e impedir que realicen su trabajo.
 
En 89.6 por ciento de los 147 casos registrados se encontró que los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado lo que demuestra que quienes realizan investigación periodística para evidenciar corrupción o abuso de poder, se convierten en enemigas de ciertos grupos autoritarios.
 
Como ejemplo de estos “cacicazgos” se muestran las historias de las reporteras que pese a estar en contextos distintos padecieron intimidaciones que tenían como objetivo acallar su voz: Sandra recibió una amenaza por teléfono, Nora Celia fue amenazada por un ex alcalde; Citlali fue amedrentada por un líder social; María vivió un secuestro y tortura; y la casa de Gloria fue allanada.
 
LÍDERES EN VIOLENCIA
 
En el periodo 2014-2015 Veracruz, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos se colocaron como las entidades más peligrosas para las periodistas. El panorama de la violencia no cambió mucho con respecto a 2012-2013 cuando CIMAC presentó su informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”.
 
En el periodo anterior, la capital del país tenía el primer lugar de agresiones contra comunicadoras al concentrar 35 por ciento de los casos; seguía Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno.
 
En esta actualización se encontró que Veracruz concentró el mayor índice de violencia con 19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad de México con 18.7 por ciento; Guerrero con 8.1 por ciento; y Oaxaca y Morelos ocuparon el cuarto lugar con 5.4 por ciento de los casos, cada una.
 
El incremento de manifestaciones ciudadanas, la inestabilidad política y la creciente presencia de cárteles generó un aumento de la violencia en los ámbitos donde las periodistas realizan su labor informativa, condiciones que las colocaron en mayor riesgo de sufrir agresiones, violaciones a sus derechos y amenazas contra sus vidas.
 
Esa es una de las razones por las que Guerrero apareció en el mapa de agresiones. Después de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, se potenció el contexto de tensión social y de represión contra la ciudadanía y la prensa.
 
PERFIL DE LAS VÍCTIMAS
 
“El Poder del cacicazgo” documentó que los actos violentos se cometieron contra reporteras de entre 25 y 34 años de edad, que en su mayoría cubría temas relacionados con la política, corrupción, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y compra de votos durante campañas y procesos electorales, así como movimientos sociales.
 
Esto denota una reacción contundente por parte del poder del cacicazgo que advierte en las investigaciones críticas que realizan las periodistas una amenaza que afecta directamente sus intereses socioeconómicos al hacerse pública la información de sus acciones.
 
Del total de periodistas agredidas, 21.7 por ciento reporteaba temas relacionados con protesta social (cubren las manifestaciones) mientras que 8.1 por ciento cubría temas relacionados con la seguridad.
 
Un tema a destacar y de especial preocupación, es el incremento de violencia hacia trabajadoras de medios digitales. Mientras 44 por ciento de las agresiones se dio contra las que trabajan en medios impresos, para el periodo 2014-2015, 34.6 por ciento se cometió contra periodistas de medios digitales.
 
En estos dos años, 16.3 por ciento de las periodistas que sufrió algún tipo de agresión trabajaba en radio, mientras que 4.7 por ciento lo hacía en televisión.
 
DESCONFIANZA EN INSTITUCIONES
 
México cuenta con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, pero las periodistas desconfían de esta institución. Un sondeo realizado por CIMAC en 2014 reveló que 47 por ciento de las periodistas consideró como muy malos los resultados del Mecanismo; para 29 por ciento fueron medianamente eficientes y 24 por ciento respondió que son malos.
 
Tal vez por ello entre octubre de 2012 y junio de 2016, sólo 82 mujeres periodistas (35 por ciento) acudieron al Mecanismo, del total de 232 periodistas que están bajo su protección.
 
Otra dependencia en la que no hay confianza es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, encargada de investigar las agresiones contra la prensa, donde del 1 de enero de 2014 al  30 de noviembre de 2015 se abrieron 64 averiguaciones previas por casos de violencia contra reporteras.
 
Ante estas evidencias, el informe insta al Estado a cumplir cabalmente con la recomendación 25 del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para garantizar la vida, la libertad y la integridad de periodistas y asegurarse de que no sean violentadas.
 
También pide que el Mecanismo de Protección tenga un enfoque de género y se adopten medidas concretas, adecuadas y eficaces para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los ataques contra las informadoras.
 
16/AGM/LGL
 

La violencia contra las mujeres periodistas se incrementó 70 por ciento durante 2014 y 2015 (147 casos) pero lo más grave es que las agresiones pueden ser perpetradas por servidores públicos, del crimen organizado, empresas privadas o de otros actores.

Al presentar el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015” las periodistas Lydia Cacho Ribeiro, Gloria Muñoz Ramírez, Maite Azuela Gómez, Lucía Lagunes Huerta y Fabiola González Barrera, aseguraron que todavía no se reconoce que mujeres y hombres reporteros viven agresiones de diferente tipo.

“El Poder del cacicazgo” es el tercer informe sobre este tema. En 2012 CIMAC presentó el “Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas”, donde por primera vez se registraron y documentaron las agresiones contra las reporteras desde un enfoque de género. En esa ocasión se contabilizaron 94 casos de violencia.

En el segundo informe “Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas” a través de un análisis jurídico de 4 casos emblemáticos (Lydia Cacho y a la entonces reportera de la revista Contralínea, Ana Lilia Pérez; el asesinato de la reportera de la revista Proceso, Regina Martínez; y los allanamientos a las oficinas de CIMAC en 2008 y 2011), se demostraron los obstáculos que enfrentan las periodistas para obtener justicia. El informe documentó 86 casos de violencia entre 2012 y 2013.

Ahora, en 2016, tras 11 años de investigación y documentación de este tema, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró en 2 años (2014-2015) 147 agresiones contra mujeres periodistas, periodo en el que Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos, fueron las entidades más peligrosas para ejercer la libertad de expresión.

Durante la presentación del informe en el Museo Memoria y Tolerancia, se proyectó el video “Vivir para dar voz” donde 5 periodistas narran su pasión por el periodismo y lo que las motiva a continuar escribiendo e informando a la sociedad.

Al comentar el informe, la periodista y directora del portal noticioso Desinformémonos, Gloria Muñoz Ramírez, aseguró que se violenta de forma diferente a una reportera mujer que a un reportero varón y alertó que actualmente “los cacicazgos” se han ampliado de tal manera que es más difícil saber “a quién molestan” las investigaciones periodísticas.

Como ejemplo citó su caso. En 2007 y después en 2015 su casa fue allanada. La primera vez los agresores se llevaron libros, papeles, el CPU de su computadora, un folder con recortes de noticias sobre Chiapas (donde ella reporteó muchos años del levantamiento zapatista) y una maleta de libros, y aunque parecía que el robo estaba ligado con su ejercicio profesional, las causas del suceso nunca fueron ligadas a su trabajo.

La también columnista del periódico La Jornada, recordó que el país se transformó entre la primera agresión que vivió y la segunda; ahora, dijo, se vive más autoritarismo, políticas de despojo, represión y violaciones a Derechos Humanos y a la par es más complicado indagar quién puede ser el agresor.

La segunda agresión ocurrió en noviembre de 2015. En aquella ocasión la periodista llegó a su casa y encontró su ropa íntima “revuelta y tirada en la cama”. A diferencia del primer allanamiento a su casa, ahora el abanico de posibles responsables se amplió porque ya no sólo escribía sobre los pueblos indígenas, ahora también lo hacía sobre mineras, desapariciones forzadas o empresas transnacionales.

En opinión de la periodista hoy se agrede a quienes hacen un periodismo crítico e independiente que cuestiona al poder en cualquiera de sus formas, y que además “se atreve” a decir que es activista o defensora de Derechos Humanos.

La columnista del portal noticioso SinEmbargo, Maite Azuela Gómez, recordó que el año pasado por estas fechas, le llegó entre su correspondencia un sobre amarillo cuyo contenido era una fotografía suya y una amenaza de muerte, una agresión que tardó en asimilar y que le hizo pensar en el riesgo que corría y en la seguridad de su hija menor de edad.

En la experiencia de la comunicadora, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, ni el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, consideraron su trabajo periodístico como causa de la agresión.

Azuela Gómez aseguró que cuando se agrede a una periodista las autoridades no investigan sobre los temas que escribe, las fuentes de información que tiene y qué le motivaba para escribir, es decir, le restan valor al trabajo que realizan, aunque las agresiones son consecuencia de estas investigaciones periodísticas.

La columnista narró que en otra ocasión, cuando daba seguimiento al homicidio del activista Francisco Kuykendall, herido en la manifestación del 1 de diciembre de 2012, llegaron policías al edificio donde vive la periodista porque querían entrar a su departamento y aunque denunció el hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no pudo tener ninguna conclusión al respecto.

Destacó que en México hay pocos abogados que litiguen casos relacionados con la libertad de expresión, que acompañen a las víctimas y que conozcan de las diferencias de género, por lo que el apoyo para quien acude a los mecanismos institucionales a exigir justicia o medidas de protección, no es el idóneo.

Durante la presentación, la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y coordinadora del informe, Lucía Lagunes Huerta, recalcó que en los casos de violencia contra mujeres periodistas lo que más preocupa a la autoridad es investigar la vida personal de la víctima y preguntarle de quién sospecha.

Las mujeres, sostuvo, son las encargadas de investigar, aportar pruebas y convencer a los funcionarios de que lo que pasó tiene que ver con su trabajo periodístico porque en los servidores públicos existe la creencia de que la labor de una reportera no es tan importante como para que las agredan.

En medio de la adversidad, Lagunes Huerta destacó avances; por ejemplo, que las informadoras han creado redes de periodistas, han hecho ver que el periodismo también se puede hacer con perspectiva de género, que los medios independientes pueden ser profesionales y hacer incidencia, y que las nuevas generaciones se comprometen con el tema.

La periodista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, Lydia Cacho, quien moderó la presentación del Informe, destacó que todavía se cree que las reporteras no enfrentan agresiones y riesgos por su labor periodística, pero consideró que pese a todo, aquellas que son perseguidas, tienen toda la dignidad para enfrentar el contexto adverso.

16/AGM/LGL