El poder del cacicazgo

Las mujeres periodistas se enfrentan a un poder político y económico que las hace frágiles y agrede en impunidad, pues aunque se denuncia, las fiscalías en los estados no avanzan para resolver las denuncias, señaló la directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), Lucía Lagunes Huerta.
 
Durante la presentación del tercer informe de agresiones a mujeres periodistas CIMAC "El poder del cacicazgo", la periodista informó que durante los últimos dos años, se han incrementaron en un 70 por ciento las agresiones a comunicadoras.
 
Para el caso Veracruz, desde el 2012 se han registrado 59 agresiones a mujeres periodistas, la mayoría son de intimidación, violencia psicológica, y hasta agresiones físicas y sexuales.
 
Lo más grave es que ninguna de estas denuncias tienen una respuesta: “La impunidad sigue siendo uno de los grandes retos a vencer, pues aunque hay más denuncias, no hay investigación, ni respuesta para resolver las amenazas”.
 
En su intervención, la coordinadora de redes de Cimac, Fabiola González, señaló que también se han registrado ataques en redes sociales, situación que a veces es minimizada por las autoridades, lo que va en detrimento de las mujeres.
 
EL INFORME
 
“El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, fue elaborado por CIMAC, la primera organización en hacer un registro y documentación de agresiones contra mujeres periodistas. A la fecha, ha realizado tres informes de violencia exclusivamente contra mujeres periodistas, el primero fue el “Informe Diagnóstico Violencia contra mujeres periodistas”; el segundo “Impunidad Violencia Contra Mujeres Periodistas Análisis Legal” y ahora éste tercero.
 
En “El Poder del Cacicazgo” se contabilizan 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país. Al analizar la violencia contra la prensa, concluye que actualmente las periodistas enfrentan el poder de los caciques, es decir, de personas o colectivos que en la ilegalidad o con el apoyo de las autoridades emplean recursos económicos, políticos o culturales para dañar, desprestigiar, amenazar e impedir que realicen su trabajo.
 
En 89.6 por ciento de los 147 casos registrados se encontró que los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado lo que demuestra que quienes realizan investigación periodística para evidenciar corrupción o abuso de poder, se convierten en enemigas de ciertos grupos autoritarios.
 
En el periodo 2014-2015 Veracruz, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos se colocaron como las entidades más peligrosas para las periodistas. El panorama de la violencia no cambió mucho con respecto a 2012-2013 cuando CIMAC presentó su informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”.
 
En esta actualización se encontró que Veracruz concentró el mayor índice de violencia con 19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad de México con 18.7 por ciento; Guerrero con 8.1 por ciento; y Oaxaca y Morelos ocuparon el cuarto lugar con 5.4 por ciento de los casos, cada una.
 
17/FM

La reportera Yohali Reséndiz denunció que la madrugada del 25 de diciembre, un sujeto rondó su casa en la delegación Iztapalapa durante unos 45 minutos, después rompió el vidrio de la ventana de su camioneta y dejó dos hojas de papel con amenazas y se fue.
 
La agresión quedó grabada en las cámaras de seguridad que Reséndiz tiene en su casa desde hace dos años cuando el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), le dio medidas de protección.
 
En declaraciones a esta agencia, la reportera de Grupo Imagen dijo que presentará una denuncia ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión​ (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, para que abra una investigación sobre los hechos.
 
La también autora del blog Periodismo a toda prueba expuso que de acuerdo con los videos, alrededor de las dos de la madrugada el desconocido llegó a su casa, estuvo varios minutos rondando el lugar hasta que decidió  romper el vidrio de su camioneta.
 
El hombre, quien se percató de que había cámaras, permaneció cerca de cinco minutos en el interior del vehículo para después dejar dos notas en el interior; de inmediato salió y se fue caminando sin llevarse los artículos de valor, el dinero de la guantera ni documentos como la licencia de conducir.
 
Reséndiz, quien se ha dedicado a dar seguimiento a denuncias ciudadanas sobre violencia y abuso sexual, destacó que al parecer el agresor estaba enfocado en llegar a su auto y denunció que no es la primera vez que recibe amenazas ya que en 2015 recibió mensajes amenazantes en redes sociales.
 
El informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), documentó 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país, durante estos dos años.
 
De acuerdo con este documento, Veracruz es la entidad con el mayor índice de violencia con 19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad de México con 18.7 por ciento de las agresiones contra informadoras.
 
16/AGM/KVR
 

Organizaciones de periodistas condenaron el ataque contra la reportera del diario Reforma, Iris Velázquez, quien el 30 de noviembre fue golpeada e intimidada por policías estatales y agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
 
Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la Red Nacional de Periodistas (RNP) y la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) exigieron que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República (PGR), atraiga el caso.
 
Ayer la reportera fue detenida en el municipio de Atizapán mientras cubría el desalojo de los predios de Las Cruces y Loma Larga. A pesar de identificarse como reportera, fue trasladada al Ministerio Público de Tlalnepantla (MP) y despojada de su equipo de trabajo (cámara, teléfono, credenciales, tarjetas y dinero).
 
Allí solicitó la ayuda del Fiscal Regional de la PGJEM, Gerardo Ángeles, quien respondió con burlas y le ordenó no mirarlo. Al presentarse a la declaratoria el fiscal negó que la reportera le hubiera pedido algún tipo de ayuda.
 
De la misma forma un hombre vestido de civil abofeteó, escupió y humilló a la reportera, obligándola a colocarse los zapatos al revés, difundió el periódico Reforma. Después una mujer policía le tocó los genitales, supuestamente buscando equipos de audio o video que pudiera estar escondiendo. La policía le recalcó que “no tenía derechos ahí” mientras escupía su credencial.
 
La reportera permaneció más de dos horas detenida sin que se le permitiera realizar alguna llamada. Fue la presión de varios medios de comunicación que asistieron al MP, quienes lograron que fuera liberada.
 
Por su parte, la coordinadora del MP, Marilú Peña, declaró que la reportera fue retenida para “salvaguardar su integridad física” y nunca fue privada de su libertad.
 
La periodista Iris Velásquez expresó en su cuenta de Facebook tener miedo de las autoridades que tienen todos sus datos, pues durante el hecho la amenazaron de “pegarle un balazo” y desaparecerla. También informó que funcionarios de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana (CES) y la PGJEM ya se encuentran trabajando sobre el caso.
 
VIOLENCIA CONTRA MUJERES PERIODISTAS EN MÉXICO
 
En un pronunciamiento público las redes de periodistas pidieron al gobernador Eruviel Ávila Villegas que ordene una investigación, demandaron la destitución inmediata de los agresores y solicitaron la reparación integral del daño causado a la periodista a fin de que pueda realizar su trabajo sin ningún obstáculo.
 
El informe “El poder del cacicazgo. Violencia contra mujeres periodistas 2014-2015”, elaborado por CIMAC, señala que la mayoría de las agresiones contra las periodistas ocurrieron mientras cubrían movimientos sociales (70 por ciento de los casos registrados), lo que incluye mítines, marchas y plantones.
 
En 54.4 por ciento de los 147 casos registrados, los agresores eran servidores públicos, quienes de acuerdo con la investigación actúan bajo el respaldo de las instituciones de gobierno. En la lista de entidades con agresiones a la prensa el Estado de México ocupa el 3.4 por cierto de agresiones documentadas en los dos últimos años.
 
Asimismo de 2005 a 2012 se registraron dos casos de feminicidio contra periodistas en dicho estado. Se identificó que 80 por ciento de las agresiones ocurrieron a reporteras, pues tienen mayor riesgo de sufrir violencia al estar en las calles.
 
16/HZM/AGM/ LGL

El jurado del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter, exigió un alto a la intimidación y persecución contra la periodista Carmen Aristegui Flores y su equipo de reporteros, quienes ayer denunciaron que el 13 de noviembre sus oficinas fueron allanadas.
 
En la décima entrega de este premio que se realizó la noche de ayer en la Ciudad de México, la periodista Lucía Lagunes Huerta dijo, a nombre del jurado, que el periodismo libre e independiente de Aristegui no puede ser perseguido, por lo que exigió que se garantice su integridad y la de su equipo.
 
El jurado, integrado por Lagunes Huerta, Marta Durán de Huerta, María Teresa Juárez, Beatríz Solís, Claudia Herrera Pahl, Gerardo Rodríguez, Leonardo Curzio, Gerardo Yong y Björn Lisker, también exigió a las autoridades capitalinas investigar quiénes son las autores del allanamiento.
 
Según la información que ayer difundió el portal Aristegui Noticias, el robo ocurrió el 13 de noviembre pero lo dieron a conocer esta semana luego de que la indagatoria fuera filtrada a dos medios de comunicación. En los videos de las cámaras de seguridad difundidos se ve claramente los rostros de dos sujetos, lo que puede ayudar a identificarlos.
 
Aristegui Flores, quien también preside el jurado del Premio Alemán, agradeció la solidaridad de sus colegas pero evitó hacer más comentarios toda vez que el caso se investiga en la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.
 
Este año el concurso estuvo dedicado a la impunidad como foco de atención para el desarrollo democrático de México. El primer lugar lo ganó Arturo Ángel Mendieta con el reportaje “Las Empresas fantasma de Veracruz”  investigación sobre el desvío de recursos del gobernador con licencia, Javier Duarte, y el cual se publicó en el portal Animal Político.
 
El segundo lugar lo obtuvo Gloria Leticia Díaz Benítez con su trabajo “Historias del Infortunio” en el que relata la búsqueda de madres de desaparecidos, texto que se publicó en el semanario Proceso en diciembre de 2015. El tercer lugar fue para Humberto Padgett  por su trabajo “Plomo, Plata y Sangre” que se difundió en el portal SinEmbargo y donde expone la venta ilegal de armas.
 
En una conversación con Carmen Aristegui los galardones expusieron qué es para ellos ser periodistas en México. Gloria Leticia Díaz dijo que es un reto diario, vivir en una tensión cotidiana y al filo de la navaja. También afirmó que es buscar aportar algo para mover conciencias en un país que tiene como segundo nombre "impunidad".
 
Para Arturo Ángel Mendieta ejercer este oficio puede ser una tarea muy fácil si está en una sala de prensa o viajando con funcionarios, pero muy difícil si se es muy consciente del papel que se tiene. Así señaló que el periodismo tiene como función  garantizar que todas las personas gocen de la libertad de expresión.
 
Humberto Padgett por su parte dijo que ser reportero es la oportunidad de ser incómodo con los que se han acomodado con el desastre social del país. Aseguró además que hoy la impunidad es un gran aliciente entre políticos, empresarios y quienes sueñan con el poder.
 
16/AGM/LGL

El domingo 13 de noviembre las oficinas donde se encuentra la redacción del portal informativo Aristegui Noticias fueron allanadas por sujetos desconocidos, quienes forzaron cerraduras, desmontaron puertas y se llevaron una computadora portátil con información relevante, así lo dio a conocer hoy ese medio de comunicación.
 
El hecho ocurrió hace 10 días pero la periodista Carmen Aristegui decidió no divulgar el allanamiento y robo para no afectar la secrecía de las investigaciones, no afectar el trabajo de la Procuraduría capitalina, ni entorpecer o poner en riesgo la indagatoria y sus resultados; sin embargo, decidió hacerlo del conocimiento público porque la investigación se filtró a otros medios de comunicación.
 
El allanamiento fue después de que el 28 de octubre el Juez Quincuagésimo Séptimo de lo Civil en la Ciudad de México condenara a la periodista por el prólogo que escribió para el libro “La Casa Blanca de Peña Nieto”. El juez consideró que la periodista se “excedió” en su derecho a la libertad de expresión e información, y que afectó la imagen de Joaquín Vargas Guajardo, presidente de MVS, quien en 2015 la despidió del espacio informativo.
 
Hoy, Aristegui Noticias difundió el video de las cámaras de seguridad donde se ve a dos de los individuos que ingresaron a la redacción así como a la de la Unidad de Investigaciones Especiales; de donde se llevaron una computadora portátil, la cual contiene información relevante de investigaciones en curso, aunque no se llevaron más equipo de cómputo.
 
De acuerdo con el portal de noticias, entre las 3 y las 6 de la tarde, cinco personas (dos mujeres y tres hombres), llegaron al lugar. Las mujeres se presentaron como vendedoras de suplementos alimenticios y dieron una bebida al conserje para drogarlo, luego le dieron un cachazo con una pistola y lo amarraron de pies y manos.
 
En su declaración ante el Ministerio Público, el conserje dijo que uno de los individuos que participó en el asalto y allanamiento le dijo que estaban buscando “datos o información”, sin especificar más.
 
Los administradores del inmueble presentaron la denuncia respectiva ante la Fiscalía Desconcentrada de Álvaro Obregón, de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, pero la periodista dio a conocer los hechos después de que este lunes la revista TV Notas y el periódico Récord, publicaran información de la indagatoria.
 
“Una vez que la cadena de custodia de los elementos que forman parte de la investigación y la reserva, a la que está obligada la autoridad, fueron rotas, Aristegui Noticias ha decidido dar a conocer lo sucedido y mostrar ante la opinión pública los videos que fueron entregados a las autoridades de la Fiscalía”, informó en el portal.
 
El procurador capitalino, Rodolfo Ríos Garza y el fiscal en Benito Juárez, Gustavo Omar Jiménez Escudero, se comprometieron con el grupo de periodistas de Aristegui a realizar una investigación interna para identificar al o los responsables de la divulgación de la carpeta de investigación.
 
El allanamiento a la redacción de Aristegui Noticias se dio cuando la periodista se encontraba en Washington para recibir el 14 de noviembre, el Premio Knight que otorga el International Center for Journalists por la investigación de “La Casa Blanca”, valuada en 7 millones de dólares, propiedad de Enrique Peña Nieto y su esposa, la actriz Angélica Rivera.
 
Justo el domingo 13 de noviembre, según denunció el equipo periodístico, en redes sociales surgió una campaña de desprestigio contra Aristegui acusándola de tener intereses con el empresario Carlos Slim y el lunes 24 surgieron amenazas en redes sociales aludiendo al robo de información del que fe víctima.   
 
Esta no es la primera agresión contra Aristegui. En 2008 la periodista fue despedida de W Radio. En 2011 fue despedida de MVS Radio por supuestamente preguntar si el entonces presidente Felipe Calderón tenía problemas de alcoholismo; en aquella ocasión logró un acuerdo con la empresa y fue reinstalada pero en 2015 nuevamente fue despedida, esta vez por participar en la plataforma Mexicoleaks.
 
Aristegui se suma a la lista de periodistas mujeres violentadas por realizar su trabajo. El informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), contabiliza 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país, durante estos 2 años.
 
De acuerdo con este informe, la Ciudad de México es la segunda entidad -la primera es Veracruz- con más agresiones a mujeres periodistas; documentó que en 89.6 por ciento de los 147 casos registrados, los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado.
 
16/AGM/LGL

Sandra Segura Segura, Nora Celia Domínguez Maldonado, Citlali López Velázquez, María Martina Fonseca y Gloria Muñoz Ramírez son reporteras y aunque viven en estados diferentes todas tienen en común que han sido amenazadas debido a su trabajo periodístico de investigaciones a políticos, líderes sindicales, policías comunitarios o víctimas de la violencia.
 
Las agresiones contra ellas se documentan en el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la primera organización en hacer un registro y documentación de agresiones contra mujeres periodistas. En el documento se contabilizan 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país, durante estos 2 años.
 
Al realizar una radiografía de la violencia contra la prensa CIMAC concluyó que actualmente las periodistas enfrentan el poder de los caciques, es decir, de personas o colectivos que en la ilegalidad o con el apoyo de las autoridades emplean recursos económicos, políticos o culturales para dañar, desprestigiar, amenazar e impedir que realicen su trabajo.
 
En 89.6 por ciento de los 147 casos registrados se encontró que los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado lo que demuestra que quienes realizan investigación periodística para evidenciar corrupción o abuso de poder, se convierten en enemigas de ciertos grupos autoritarios.
 
Como ejemplo de estos “cacicazgos” se muestran las historias de las reporteras que pese a estar en contextos distintos padecieron intimidaciones que tenían como objetivo acallar su voz: Sandra recibió una amenaza por teléfono, Nora Celia fue amenazada por un ex alcalde; Citlali fue amedrentada por un líder social; María vivió un secuestro y tortura; y la casa de Gloria fue allanada.
 
LÍDERES EN VIOLENCIA
 
En el periodo 2014-2015 Veracruz, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos se colocaron como las entidades más peligrosas para las periodistas. El panorama de la violencia no cambió mucho con respecto a 2012-2013 cuando CIMAC presentó su informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”.
 
En el periodo anterior, la capital del país tenía el primer lugar de agresiones contra comunicadoras al concentrar 35 por ciento de los casos; seguía Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno.
 
En esta actualización se encontró que Veracruz concentró el mayor índice de violencia con 19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad de México con 18.7 por ciento; Guerrero con 8.1 por ciento; y Oaxaca y Morelos ocuparon el cuarto lugar con 5.4 por ciento de los casos, cada una.
 
El incremento de manifestaciones ciudadanas, la inestabilidad política y la creciente presencia de cárteles generó un aumento de la violencia en los ámbitos donde las periodistas realizan su labor informativa, condiciones que las colocaron en mayor riesgo de sufrir agresiones, violaciones a sus derechos y amenazas contra sus vidas.
 
Esa es una de las razones por las que Guerrero apareció en el mapa de agresiones. Después de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en septiembre de 2014, se potenció el contexto de tensión social y de represión contra la ciudadanía y la prensa.
 
PERFIL DE LAS VÍCTIMAS
 
“El Poder del cacicazgo” documentó que los actos violentos se cometieron contra reporteras de entre 25 y 34 años de edad, que en su mayoría cubría temas relacionados con la política, corrupción, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y compra de votos durante campañas y procesos electorales, así como movimientos sociales.
 
Esto denota una reacción contundente por parte del poder del cacicazgo que advierte en las investigaciones críticas que realizan las periodistas una amenaza que afecta directamente sus intereses socioeconómicos al hacerse pública la información de sus acciones.
 
Del total de periodistas agredidas, 21.7 por ciento reporteaba temas relacionados con protesta social (cubren las manifestaciones) mientras que 8.1 por ciento cubría temas relacionados con la seguridad.
 
Un tema a destacar y de especial preocupación, es el incremento de violencia hacia trabajadoras de medios digitales. Mientras 44 por ciento de las agresiones se dio contra las que trabajan en medios impresos, para el periodo 2014-2015, 34.6 por ciento se cometió contra periodistas de medios digitales.
 
En estos dos años, 16.3 por ciento de las periodistas que sufrió algún tipo de agresión trabajaba en radio, mientras que 4.7 por ciento lo hacía en televisión.
 
DESCONFIANZA EN INSTITUCIONES
 
México cuenta con el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, pero las periodistas desconfían de esta institución. Un sondeo realizado por CIMAC en 2014 reveló que 47 por ciento de las periodistas consideró como muy malos los resultados del Mecanismo; para 29 por ciento fueron medianamente eficientes y 24 por ciento respondió que son malos.
 
Tal vez por ello entre octubre de 2012 y junio de 2016, sólo 82 mujeres periodistas (35 por ciento) acudieron al Mecanismo, del total de 232 periodistas que están bajo su protección.
 
Otra dependencia en la que no hay confianza es la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, encargada de investigar las agresiones contra la prensa, donde del 1 de enero de 2014 al  30 de noviembre de 2015 se abrieron 64 averiguaciones previas por casos de violencia contra reporteras.
 
Ante estas evidencias, el informe insta al Estado a cumplir cabalmente con la recomendación 25 del Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, para garantizar la vida, la libertad y la integridad de periodistas y asegurarse de que no sean violentadas.
 
También pide que el Mecanismo de Protección tenga un enfoque de género y se adopten medidas concretas, adecuadas y eficaces para prevenir, investigar, juzgar y sancionar los ataques contra las informadoras.
 
16/AGM/LGL
 

La violencia contra las mujeres periodistas se incrementó 70 por ciento durante 2014 y 2015 (147 casos) pero lo más grave es que las agresiones pueden ser perpetradas por servidores públicos, del crimen organizado, empresas privadas o de otros actores.

Al presentar el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015” las periodistas Lydia Cacho Ribeiro, Gloria Muñoz Ramírez, Maite Azuela Gómez, Lucía Lagunes Huerta y Fabiola González Barrera, aseguraron que todavía no se reconoce que mujeres y hombres reporteros viven agresiones de diferente tipo.

“El Poder del cacicazgo” es el tercer informe sobre este tema. En 2012 CIMAC presentó el “Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas”, donde por primera vez se registraron y documentaron las agresiones contra las reporteras desde un enfoque de género. En esa ocasión se contabilizaron 94 casos de violencia.

En el segundo informe “Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas” a través de un análisis jurídico de 4 casos emblemáticos (Lydia Cacho y a la entonces reportera de la revista Contralínea, Ana Lilia Pérez; el asesinato de la reportera de la revista Proceso, Regina Martínez; y los allanamientos a las oficinas de CIMAC en 2008 y 2011), se demostraron los obstáculos que enfrentan las periodistas para obtener justicia. El informe documentó 86 casos de violencia entre 2012 y 2013.

Ahora, en 2016, tras 11 años de investigación y documentación de este tema, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró en 2 años (2014-2015) 147 agresiones contra mujeres periodistas, periodo en el que Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos, fueron las entidades más peligrosas para ejercer la libertad de expresión.

Durante la presentación del informe en el Museo Memoria y Tolerancia, se proyectó el video “Vivir para dar voz” donde 5 periodistas narran su pasión por el periodismo y lo que las motiva a continuar escribiendo e informando a la sociedad.

Al comentar el informe, la periodista y directora del portal noticioso Desinformémonos, Gloria Muñoz Ramírez, aseguró que se violenta de forma diferente a una reportera mujer que a un reportero varón y alertó que actualmente “los cacicazgos” se han ampliado de tal manera que es más difícil saber “a quién molestan” las investigaciones periodísticas.

Como ejemplo citó su caso. En 2007 y después en 2015 su casa fue allanada. La primera vez los agresores se llevaron libros, papeles, el CPU de su computadora, un folder con recortes de noticias sobre Chiapas (donde ella reporteó muchos años del levantamiento zapatista) y una maleta de libros, y aunque parecía que el robo estaba ligado con su ejercicio profesional, las causas del suceso nunca fueron ligadas a su trabajo.

La también columnista del periódico La Jornada, recordó que el país se transformó entre la primera agresión que vivió y la segunda; ahora, dijo, se vive más autoritarismo, políticas de despojo, represión y violaciones a Derechos Humanos y a la par es más complicado indagar quién puede ser el agresor.

La segunda agresión ocurrió en noviembre de 2015. En aquella ocasión la periodista llegó a su casa y encontró su ropa íntima “revuelta y tirada en la cama”. A diferencia del primer allanamiento a su casa, ahora el abanico de posibles responsables se amplió porque ya no sólo escribía sobre los pueblos indígenas, ahora también lo hacía sobre mineras, desapariciones forzadas o empresas transnacionales.

En opinión de la periodista hoy se agrede a quienes hacen un periodismo crítico e independiente que cuestiona al poder en cualquiera de sus formas, y que además “se atreve” a decir que es activista o defensora de Derechos Humanos.

La columnista del portal noticioso SinEmbargo, Maite Azuela Gómez, recordó que el año pasado por estas fechas, le llegó entre su correspondencia un sobre amarillo cuyo contenido era una fotografía suya y una amenaza de muerte, una agresión que tardó en asimilar y que le hizo pensar en el riesgo que corría y en la seguridad de su hija menor de edad.

En la experiencia de la comunicadora, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, ni el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, consideraron su trabajo periodístico como causa de la agresión.

Azuela Gómez aseguró que cuando se agrede a una periodista las autoridades no investigan sobre los temas que escribe, las fuentes de información que tiene y qué le motivaba para escribir, es decir, le restan valor al trabajo que realizan, aunque las agresiones son consecuencia de estas investigaciones periodísticas.

La columnista narró que en otra ocasión, cuando daba seguimiento al homicidio del activista Francisco Kuykendall, herido en la manifestación del 1 de diciembre de 2012, llegaron policías al edificio donde vive la periodista porque querían entrar a su departamento y aunque denunció el hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no pudo tener ninguna conclusión al respecto.

Destacó que en México hay pocos abogados que litiguen casos relacionados con la libertad de expresión, que acompañen a las víctimas y que conozcan de las diferencias de género, por lo que el apoyo para quien acude a los mecanismos institucionales a exigir justicia o medidas de protección, no es el idóneo.

Durante la presentación, la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y coordinadora del informe, Lucía Lagunes Huerta, recalcó que en los casos de violencia contra mujeres periodistas lo que más preocupa a la autoridad es investigar la vida personal de la víctima y preguntarle de quién sospecha.

Las mujeres, sostuvo, son las encargadas de investigar, aportar pruebas y convencer a los funcionarios de que lo que pasó tiene que ver con su trabajo periodístico porque en los servidores públicos existe la creencia de que la labor de una reportera no es tan importante como para que las agredan.

En medio de la adversidad, Lagunes Huerta destacó avances; por ejemplo, que las informadoras han creado redes de periodistas, han hecho ver que el periodismo también se puede hacer con perspectiva de género, que los medios independientes pueden ser profesionales y hacer incidencia, y que las nuevas generaciones se comprometen con el tema.

La periodista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, Lydia Cacho, quien moderó la presentación del Informe, destacó que todavía se cree que las reporteras no enfrentan agresiones y riesgos por su labor periodística, pero consideró que pese a todo, aquellas que son perseguidas, tienen toda la dignidad para enfrentar el contexto adverso.

16/AGM/LGL