Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

NACIONAL
VIOLENCIA
   Inhabilitación de tres meses a un año
   
Propone diputada sancionar a funcionarios que incumplan AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/12/2017

La diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Olga Catalán Padilla, propuso reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) para que se sancione a los funcionarios públicos que incumplan con la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG).

La legisladora presentó el pasado 5 de diciembre una iniciativa en la Cámara de Diputados para incorporar en un último capítulo de la Ley de Acceso, las sanciones que tendrán los servidores públicos que incumplan con la AVG desde el proceso de la emisión, implementación y evaluación del mecanismo.

La propuesta es que se inhabilite por un periodo de tres meses a un año, a los funcionarios que estén relacionados de forma “directa o indirecta” en cumplir con la AVG. Esta sanción es equiparable a la penalidad que establece la Ley General de Responsabilidad Administrativas, describió la diputada en su iniciativa.

Hasta ahora en 12 entidades del país está activa la AVG (Estado de México, Morelos, Michoacán, Nuevo León, Chiapas, Sinaloa, San Luis Potosí, Nayarit, Colima, Guerrero, Veracruz y Quintana Roo), en ellos las asociaciones civiles locales han denunciado reiteradamente las omisiones y el desdén de los gobierno por acatar los compromisos que asumen tras el decreto de Alerta.

Catalán Padilla señaló que entre los impedimentos para hacer funcionar la Alerta también destacan los trámites burocráticos, las prórrogas que concede la Secretaría de Gobernación (Segob) a los gobiernos para cumplir las recomendaciones –un plazo que no está previsto en ley-.

Y añadió que el principal factor por el cual la AVG no ha cumplido con su objetivo: “contener de forma emergente la situación de violencia por razones de género en las que viven las mexicanas”, es la falta de voluntad política de las autoridades.

Lo anterior, indicó la diputada, es resultado del vacío en la normativa de la AVG respecto a las sanciones contra los funcionarios que “entorpecen en la función y activación de la Alerta”, por ello propuso “regular su comportamiento”.

Muchas de estas Alertas con más de un año de vigencia, siguen sin tener resultados sobre el impacto que tienen en la cotidianidad y vida de las mujeres, la legisladora lo ejemplificó con el caso del Estado de México (Edomex).

A pesar de que el Edomex cuenta desde 2015 con el mecanismo en 11 municipios, tan solo en 2016 se registraron 263 asesinatos violentos de mujeres, precisó Olga Catalán.  

La perredista es integrante de la Comisión especial de AVG que conforman 13 diputados y cabe mencionar que el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) recientemente presentó a las organizaciones civiles un proyecto de reforma al reglamento del mecanismo con el objetivo de reducir a dos meses la declaratoria.

17/HZM/LGL








OPINIÓN
   MUJER SONORA
   
Alertas que sirven. Sonora y la AVG
Imagen de Silvia Nuñez Esquer
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 12/07/2017

El que Sonora haya hecho del proceso de la Alerta de Género una vacilada, no significa que las alertas de género no sirvan. Dos años para atender la solicitud y una prórroga sin fundamento, son muestras de ello.
 
El mecanismo creado como algo muy novedoso en 2006 en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en México, vislumbraba lo que venía: un incremento en la violencia feminicida, pues ya había evidencia de que no solo en Chihuahua se disponía de la vida de las mujeres, sino en todo México.
 
Y es que esa ley vanguardista en su momento también pensó en la AVG como una protección y un límite, después del cual pararían las muertes violentas de género contra las mujeres.
 
Pero también quienes la hicieron, pensaron en el resguardo de la integridad individual al introducir las órdenes de protección como un mecanismo amplio de urgencia para salvaguardar la vida de las mujeres que estuviera en riesgo de feminicidio.
 
Ninguno de los dos ha funcionado. Pero no por sí mismo, ni porque estén mal diseñados. El problema ha sido la forma en que se han interpretado y manoseado.
 
Visto como una fuente de posibilidades de obtener beneficios políticos, mercantiles y de posición de fuerza entre los grupos internos de los partidos que gobiernan, lo último en lo que se piensa es en las mujeres, candidatas a ser asesinadas. En las preasesinadas.
 
Si habláramos en términos religiosos –lenguaje adoptado por personas políticas- es un pecado el no haber aprovechado los mecanismos de ley, para evitar que murieran más mujeres.
 
Todos los casos de feminicidio ocurridos después de que a través de las solicitudes de AVG se ha advertido por parte de la sociedad civil de que la violencia feminicida se ha recrudecido, pasan a ser responsabilidad del Estado.
 
Ningún gobernador o gobernadora puede criticar el mecanismo de AVG, si no ha hecho nada para tomar los beneficios que éste tiene para que las mujeres no sigan muriendo a manos del machismo brutal.
 
La Alerta de género no solo es un aviso de que en ese territorio se ha incrementado la incidencia de feminicidio, y de actos feminicidas en grado de tentativa –por el momento- que anuncian más muertes. Es también la única posibilidad que tienen las instituciones para demostrar que las vidas de las mujeres y las niñas les importan.
 
A pesar del fondo específico etiquetado para operar las alertas de género que han sido declaradas, cuya convocatoria la abrió la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) el 26 de diciembre de 2016, los gobiernos insisten en lamentar que “no existen recursos para las alertas”.
 
Pero en Sonora no solo se repite esta afirmación imprecisa. El gobierno del estado tenía conocimiento de que los municipios de Cajeme y Hermosillo se encuentran entre los cincuenta de más riesgo en México, y dejó crecer la violencia.
 
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2107, publicado el 30 de noviembre de 2016, se destinan 5 mil millones de pesos para el Fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y en su caso, las entidades federativas (Fortaseg 2017).
 
El Fortaseg  enlistó los 50 municipios de mayor riesgo y los cuales deberían ser atendidos con perspectiva de prevención. Ahí figuran Hermosillo y Cajeme.
 
El 1 de enero de 2017, emitió los lineamientos para el otorgamiento del subsidio en materia de seguridad pública a quienes ejerzan de manera directa o coordinada la función.
 
Tema prioritario en el decreto son la capacitación y certificación de las policías, así como el fortalecimiento del Sistema de Justicia Oral. La bolsa concursable era de 5 mil millones de pesos.
 
Someterse a un riguroso proceso de transparencia y rendición de cuentas, es decir hay que presentar proyectos, no solo recibir recursos en forma discrecional. La parte de la fiscalización y auditoría es lo que a muchas instituciones no les gusta.
 
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dio a conocer los 300 municipios que cuentan con características de riesgo, entre ellos: Caborca, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Navojoa, Nogales y San Luis Río Colorado.
 
Pero los de urgencia son Cajeme y Hermosillo, por lo que se encuentran entre los 50 municipios de atención prioritaria con perspectiva de prevención.  Se asignan para proyectos especiales de prevención social de la violencia y la delincuencia y de atención del delito de homicidio doloso.
 
Los criterios conforme a los cuales se determinan los valores que sirven de base para la selección de los 50 municipios beneficiarios de atención prioritaria con perspectiva de prevención son:
homicidio doloso, rezago social y desigualdad económica.
 
Hasta hoy no conocemos cuáles son los proyectos a través de los cuales se pretende atender con perspectiva de prevención a Cajeme y Hermosillo pues las cifras de muertas y muertos, número de casquillos y armas utilizadas solo aumentan. De cuántas se evitaron no sabemos nada.
 
¿Es la AVGM la responsable? ¿Hay o no recursos para ejercer la prevención? Tal vez las decisiones deban tomarse con otro enfoque y no con un estricto escudo político, que solo está evidenciando la omisión.
 
No queremos más víctimas de feminicidio. No queremos que se siga subvalorando la vida de las mujeres de acuerdo a su actividad económica, por sobre la de niñas y niños. Todas las vidas son importantes. Si no queremos más asesinadas tal vez la respuesta esté en la Alerta de Género, pero con una coordinación seria, responsable, y sobre todo competente y preparada.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE
 








NACIONAL
   Expertas de la UNAM piden acceso al expediente de PJG
Caso Lesvy: garantía de justicia, si se investiga con perspectiva de género
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/05/2017

Las expertas en violencia de género de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) que acompañarán la investigación del caso de Lesvy Berlín Osorio Martínez, hallada sin vida en Ciudad Universitaria (CU) el pasado 3 de mayo, trabajarán para asegurar una investigación con perspectiva de género y la próxima semana definirán el plan a seguir.  
 
En entrevista con Cimacnoticias, la investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas e integrante del grupo de expertas, Alicia Elena Pérez Duarte, afirmó que la garantía de justicia para Lesvy depende de una investigación realizada con perspectiva de género y de que tengan acceso al expediente del caso. Así, si las instancias encargadas del caso no tienen esa perspectiva, las académicas se “pondrán a disposición de ellas. Y, si necesita dar un giro, que sea uno con perspectiva de género”.
 
Con ello, señaló, las expertas podrían orientar a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) “en el análisis del contexto en el que se dio el asesinato de Lesvy para encontrar a la o las personas responsables”.
 
En próximos días se reunirán autoridades de la Rectoría de la UNAM, de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México y la PGJDF para definir las tareas del grupo.
 
Como abogada, quien fue la primera titular de la ahora Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República (PGR), espera poder ver el cuaderno de investigación porque “si no podemos tener acceso a él, la verdad es que no tenemos nada que hacer, yo por lo menos no veo cómo puedo ayudar”, señaló.
 
Por su parte la presidenta de la comisión de Equidad de Género  del  Consejo Universitario, Leticia Cano Soriano y la coordinadora en México de la Cátedra UNESCO en Derechos Humanos de la UNAM, Gloria Ramírez Hernández, ambas integrantes del grupo de expertas, calificaron el acuerdo como un paso importante.
 
“Significa la apertura de canales para que los estudios que como académicas realizamos sumen con las autoridades, con funcionarios públicos y con la Secretaría de Gobierno”, comentó Ramírez Hernández.
 
Además, dijo, la decisión “es una gran sinergia” y “demuestra la disposición de la UNAM porque estos actos no se repitan”.
 
OPORTUNIDAD PARA APORTAR RESPUESTAS
 
Gloria Ramírez, galardonada este año por el Senado con el reconocimiento “Elvia Carrillo Puerto” por su labor en pro de los Derechos de las mujeres, recalcó que “lo que sucede a nivel de la Universidad es reflejo de lo que pasa en el país. Lamentablemente el caso de Lesvy no es el único que he conocido en la UNAM, ha habido otros casos y muchos han quedado en la impunidad porque la justicia corresponde a otro ámbito distinto a UNAM, pero a la Universidad si le corresponde atender y prevenirlos”.
 
Dijo que desde hace años las académicas de distintas áreas han elaborado estudios que identifican los distintos tipos de violencia que viven las mujeres de la comunidad universitaria, por lo que integrar el grupo de expertas representa la oportunidad de que estos se tomen en cuenta para aportar respuestas o alternativas al que calificó como “un grave problema multidimensional”.
 
La directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, Leticia Cano, dijo que este trabajo en conjunto entre instancias del gobierno y la Universidad sí podría significar un precedente para futuras investigaciones. “Los tomadores y tomadoras de decisión tienen que acercarse a la academia, a quienes dedican buena parte de su vida a la investigación, a los estudios, a los diagnósticos, a generar metodologías, a quienes se han ocupado por generar no solo conceptos para interpretar problemas sociales, sino para intervenir en ellos”.
 
ACADEMIA, DISPUESTA A SUMAR
 
Cano Soriano comentó que si bien crear grupos de expertas en todos los casos de violencia de género denunciados por mujeres en la Ciudad probablemente rebasaría la capacidad de la UNAM, “ojalá no tuviéramos que integrar grupos de expertas para atender estos casos o acompañar procesos”, dijo. La académica recalcó que en el caso de Lesvy la participación del grupo de expertas da el mensaje de que “como en muchos otros problemas sociales, la UNAM está dispuesta a sumar para que estos mejoren”.
 
Alicia Pérez externó “me preocupa que tengamos que generar un grupo de expertas con cada feminicidio efectuado en la Ciudad, debería ser la PGJDF quien tuviera sus propios recursos, pero por lo visto no los tiene”.
 
CAPACITACIÓN EN PGJ, SIN RESULTADOS
 
Tras el hallazgo sin vida de Lesvy Berlín estudiantes y académicas exigieron a través de una marcha en CU y diversos pronunciamientos a autoridades de la UNAM y de la Ciudad de México que el caso se investigue como feminicidio y que se les garantice de una vida libre de violencia, tanto en las calles como en la instancia educativa.
 
Las denunciantes exigieron también que las autoridades no estigmaticen a Lesvy, esto tras lo publicado por la PGJDF en su cuenta oficial de Twitter, en donde expusieron datos personales de la víctima, calificados en redes como intrascendentes para la investigación y por los que días después la directora de comunicación social de la instancia, Elena Cárdenas Rodríguez, renunció.
 
El gobierno de Miguel Ángel Mancera ha promovido programas para que funcionarios públicos ejerzan considerando la perspectiva de género y sin revictimizar a quienes denuncian ser víctimas de violencia, tal como lo establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, por lo que se imparten regularmente capacitaciones en este ámbito.
 
Al respecto, Pérez Duarte comentó que esas medidas no han tenido los resultados esperados: “Eso se refleja en que quienes están directamente a cargo de una investigación o no los han tomado, o no han sido capacitados adecuadamente o los cursos solo se dan porque lo que importa es el número de cursos que demos y el número de personas que digamos que están capacitadas y no la profundidad de la misma”.
 
En ello coincidió Leticia Cano, quien señaló que desde la academia ellas pueden aportar en la formación de las y los jóvenes en los temas de perspectiva de género. “Como investigadora puedo hablar una formación profesional que incluya estos temas”.
 
10 MEDIDAS EN LA UNAM
 
Ante las denuncias de estudiantes,  la UNAM informó ayer en un comunicado que implementaría 10 medidas para reforzar la seguridad interna, estas son:
1.      Que elementos de seguridad pública vigilen permanentemente las inmediaciones y accesos.  
2. Extender y reforzar la iluminación en distintas zonas.
3. Instalar más cámaras de seguridad en espacios identificados como vulnerables.
4. Instalar nuevas bases de vigilancia. 5. Ubicar botones de emergencia en puntos  determinados por las Comisiones Locales de Seguridad. 6. Reforzar controles de seguridad en accesos y salidas. 
7. Controlar el ingreso a taxis sin pasaje. 8. Mejorar la seguridad en el transporte dentro de los campus. 9. Incrementar la vigilancia  y  el  patrullaje  por  las  noches  en 
instalaciones universitarias.
10. Continuar el  combate a la venta  de  droga  dentro de las instalaciones.
 
17/MMAE/GG








ESTADOS
   Se duplica asesinato de mujeres
Dos años después, Segob no responde petición de AVG para Colima
Imagen de Sandra Segura.
Por: Pedro Zamora Briseño
Cimacnoticias | Colima, Col .- 04/05/2017

A casi dos años y medio de que fue solicitada la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el estado de Colima, la Secretaría de Gobernación (Segob) no ha dado respuesta, a pesar de que desde hace tiempo venció todo plazo legal, advirtió la diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Congreso local.
 
La solicitud fue realizada el 22 de diciembre de 2014 por el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez”, la fundación IUS Género y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima, cuando se registraban en la entidad alrededor de 25 asesinatos de mujeres anualmente, pero en la actualidad se duplicó la incidencia de este delito, pues en 2016 fueron 50 las víctimas y en lo que va de 2017 ya suman 15 mujeres privadas de la vida.
 
La legisladora explicó que la petición de la AVG tiene la finalidad de terminar con la violencia contra las mujeres que ha venido creciendo en Colima, así como responder al llamado de las organizaciones sociales solicitantes, que piden acciones urgentes, concretas y necesarias para erradicar la violencia hacia las mujeres y niñas.
 
Sevilla recordó que el pasado 26 de abril presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de exhorto a los titulares de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, así como a la titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, a fin de que ofrezcan información sobre las razones por las que la AVG en Colima no ha sido emitida, así como la dilación del proceso.
 
Aprobado por unanimidad, el punto de acuerdo instó a las autoridades federales a dar cabal cumplimiento a los artículos del 21 al 26 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, referentes al proceso de solicitud, estudio, dictamen y emisión de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, así como a los artículos del 30 al 39 del Reglamento, en los que se establecen claramente los plazos legales impostergables con los que se cuenta en cada etapa de un proceso de alerta de género.
 
Ante el incremento de los actos violentos contra las mujeres, la legisladora consideró urgente que la Secretaría de Gobernación fije un posicionamiento con relación a la petición de AVG, dado que las agresiones se han hecho “tan recurrentes como abominables”, dijo.
 
“Este lacerante fenómeno ha ido crecido de manera imparable, muestra de ello es que de 2011 a 2014 se reportaron al menos 60 casos de feminicidio en el Estado, para el 2016 se registraron 50   y 40 tentativas de este ilícito, mientras que el Banco Colimense de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres señala que hasta mayo de 2016 en Colima hubo un total de mil 216 casos registrados de violencia contra las mujeres”, concluyó.
 
17/PZB/GG








NACIONAL
POLÍTICA
   Dictamen pasaría hoy al Pleno
Violencia política de género se incluirá en 5 leyes generales
Décima Primera Reunión Ordinaria de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados para incluir en diversas leyes el concepto de violencia política de género | Imagen del twitter de Hortensia Aragón.
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/04/2017

La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó que se defina la violencia política por razones de género en las siguientes leyes generales: de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
De cara a los procesos electorales en el Estado de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz  y a las elecciones de 2018, que podrían generar actos de violencia hacia las candidatas, esta mañana las y los diputados aprobaron sin modificaciones la minuta enviada por el Senado, pero aún falta que la Comisión de Igualdad apruebe el dictamen para que las reformas suban al Pleno de San Lázaro para ser ratificadas.
 
Con esto se avanzaría en la definición de la violencia política por razones de género, que en el dictamen quedó como “la acción u omisión que, en el ámbito político o público, tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos político-electorales de una mujer, el acceso al Pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo o su función del poder público”.
 
COYUNTURA OBLIGA
 
En la sesión de esta mañana en la Comisión de Gobernación, las diputadas Hortensia Aragón Castillo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y Roció Nahle García, del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se pronunciaron a favor de aprobar las reformas sin hacer modificaciones, pero señalaron que aún falta tipificar este delito en el Código Penal Federal por lo que dejaron abierta la posibilidad de hacerlo en un futuro.
 
En su intervención, la diputada Aragón Castillo dijo que la coyuntura obliga a hacer estas reformas y hay ejemplos sobre la urgencia de legislar la violencia política. Por tanto, aseguró que para no demorar la aprobación de la minuta, sería avalada sin cambios y se dejarían fuera del debate otras iniciativas presentadas en la Cámara baja.
 
“En el PRD entendemos que sería un error meternos a la discusión y entrar a un proceso de dictaminación largo que implicaría varias consultas, que esta Comisión no estaría en condiciones de asegurar que estuviese este instrumento”, dijo la diputada perredista.
 
UN PASO MÁS
 
Con este paso, se da seguimiento a la propuesta presentada por la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Lucero Saldaña Pérez, quien en noviembre de 2012, presentó la primera iniciativa para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) para incluir la violencia política de género.
 
La iniciativa de la senadora priista fue aprobada en el Senado, pero no fue ratificada en la Cámara de Diputados. Más tarde, con la reforma político electoral de 2014 y la derogación del Cofipe, varias senadoras y diputadas de todos los partidos políticos presentaron propuestas de reforma en el mismo sentido que la de 2012.
 
Entre los argumentos de las legisladoras para incluir este término en la ley están los casos de violencia en procesos electorales. Por ejemplo, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), que depende de la Procuraduría General de la Republica, documentó 232 casos de violencia hacia las mujeres políticas en el proceso electoral del 2014-2015.
 
Algunos de estos casos fueron el de Chiapas, donde la candidata del Partido Acción Nacional a la alcaldía del municipio de Reforma, Yesenia Alamilla Vicente, fue golpeada; en el Estado de México la candidata a la alcaldía de Ecatepec por el Partido del Trabajo, Jessica Salazar, denunció que tuvo un intento de secuestro.
 
En Guerrero, la precandidata por el PRD, Aída Nava, fue  asesinada y hallada en las inmediaciones del poblado de Tecoanapa, un día después de haber sido secuestrada durante un acto político; otro caso fue en Sonora, cuando en abril de 2015 aparecieron unas mantas con las frases “las mujeres como las escopetas, cargadas y en el rincón”, en alusión a la participación de las mujeres en la política.
 
Estos casos hicieron que instituciones como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fepade elaboraran el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, en marzo de 2016.
 
VIOLENCIA POLÍTICA
 
De acuerdo con el dictamen, constituyen acciones y omisiones que configuran violencia política en razón de género acciones como imponer la realización de actividades distintas a las atribuciones inherentes a su cargo o función; restringir injustificadamente la realización de acciones o actividades inherentes a su cargo o función; y proporcionar información o documentación incompleta o errónea.
 
Asimismo la violencia política de género es ocultar información o documentación a una funcionaria o candidata; impedir o restringir su incorporación, toma de protesta o acceso al cargo o función para el cual ha sido nombrada o elegida; o impedir u obstaculizar los derechos de asociación y afiliación en los partidos políticos en razón de género, entre otros.
 
La Comisión de Igualdad de Género se declaró en sesión permanente, por lo que se prevé que este día voten el dictamen para que sea enviado al Pleno de la Cámara de Diputados.
 
17/AGM/GG








NACIONAL
INFANCIA
   Estado no hace valer la LGAMVLV
Activistas exigen a la autoridad justicia para la Niña de Neza
CIMACFoto:César Martínez López
Por: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 29/03/2017

Integrantes del Colectivo de mujeres “Nosotras” acudieron el pasado lunes a la Fiscalía Especializada de Feminicidios en el Estado de México, ubicada en Tlalnepantla, para conocer el curso de las investigaciones en el caso de la niña que fue encontrada asesinada en un lote baldío en el municipio de Nezahualcóyotl hace 11 días,  y que hasta el momento no ha sido identificada.

Según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), de 2006 a 2014 en el Estado de México se registraron 396 mujeres entre 0 y 17 años de edad desaparecidas. De ellas, 28 tenían entre 5 a 9 años de edad y cuatro de ellas vivían en el municipio de Nezahualcóyotl.

Antes de solicitar una reunión con la Fiscal, las activistas realizaron un mitin frente a las instalaciones. En todo momento fueron fotografiadas por trabajadores de la dependencia, con el argumento de “tener un registro de quienes acuden a la Fiscalía”, a pesar de que solicitaron no ser fotografiadas.

 

El Colectivo de Mujeres entregó un documento dirigido a la subprocuradora para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género, Dilcya García Espinoza de los Monteros, el cual fue recibido por el subsecretario de la Fiscalía, Juvenal Guadarrama Díaz.

La niña de Neza


El día del hallazgo de la niña en el lote baldío de la colonia Las Virgencitas, el sábado 18 de marzo, vecinas del lugar, junto con activistas, levantaron un altar en su memoria e hicieron un homenaje unidas por las manos. También acudieron ante las autoridades del municipio, para exigir la acción de la justicia y que el feminicidio infantil no quede impune.

De acuerdo con la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” en su Artículo 21 menciona como Violencia Feminicida “la forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.”
 

17/CML/GG




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NACIONAL
Aborto
   Reforma solo afinaría NOM 046
ILE por violación está vigente y no se discute su existencia: GIRE
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/03/2017

El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) afirmó que el dictamen de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, que pretende reformar tres artículos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no modifica en ninguna entidad del país el acceso al aborto en casos de violación.
 
A propósito de la eventual reforma a la Ley General, GIRE aclaró en un comunicado que, independientemente del resultado de la discusión del dictamen en la Cámara baja, el aborto por violación es y permanecerá legal en todo el país.
 
Desde el 9 de marzo, se discutiría este dictamen, pero se aplazó por falta de consenso sobre la redacción que reforzaría la implementación de la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 (NOM 046), la cual responsabiliza a los servicios de salud para garantizar la interrupción del embarazo a las víctimas de violación sexual.
 
La reforma modificaría tres artículos de la ley: el 46, para decir que corresponde al Sistema Nacional de Salud la capacitación del personal de salud sobe la NOM 046; el 49 para señalar que las entidades y la Ciudad de México deben capacitar en esta materia; y el 50 que señalaría que corresponde a los municipios promover y difundir la aplicación de la misma.
 
Al respecto, GIRE destacó que el ambiente generado en la Cámara de Diputados a raíz del dictamen de la Comisión de Igualdad de Género ha confundido a la opinión pública respecto al acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violación sexual.
 
CORRECTA AFINACIÓN
 
Es por ello que la organización aclaró que el objetivo del dictamen es impulsar una serie de medidas para que la Secretaría de Salud garantice que la NOM, que se refiere a la atención de la violencia familiar, sexual y contra las mujeres, se aplique correctamente, y que las entidades brinden la adecuada atención a las víctimas de violencia sexual, incluyendo el acceso a aborto legal.
 
La Comisión de Igualdad de Género, destaca la agrupación, busca que las entidades federativas tengan programas de capacitación y evaluación al personal, así como que los municipios puedan promover y difundir la aplicación de la NOM 046, por lo que la votación de este dictamen no cambia en nada la legalidad del aborto en casos de violación sexual.
 
El aborto por violación es legal en todas las entidades federativas y es obligación garantizar que las niñas y mujeres que han sufrido violencia sexual tengan acceso sin que éste se condicione a la presentar una denuncia en el Ministerio Público o autorización de cualquier autoridad.
 
“Insistimos: el aborto por violación es legal en todo el país. Así está establecido en la NOM 046, en los códigos penales de todas las entidades federativas, en la Ley General de Víctimas y en el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica”, informó GIRE.
 
17/AGM/GG
 








NACIONAL
VIOLENCIA
   NOM 046, ILE
Respalda CLADEM a diputadas por defender a víctimas de violencia sexual
Imagen retomada de Cladem
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/03/2017

El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM) reafirmó su respaldo a la alianza de diputadas y algunos diputados que exigieron respeto al proceso legislativo violentado el 9 de marzo, cuando se eliminó de la orden del día dictámenes sobre la protección y garantía de los derechos humanos de las mujeres, entre ellos el derecho a una vida libre de violencia, a la igualdad salarial y a la reparación del daño como víctima del delito de violación.
 
En este sentido, la propuesta de incluir en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia un párrafo que establezca la creación “de programas de capacitación y evaluación para el personal del sector salud, respecto de la violencia contra las mujeres y se garantice la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia”, es una forma de reconocer la legalidad del aborto por violación en México señala.
 
Es, al mismo tiempo, una medida para fortalecer el marco legal existente que incida en el cumplimiento de los protocolos necesarios para la atención de las mujeres que han sido víctimas de violación y sus justas demandas de ejercer su autonomía, libre determinación y reparación del daño como víctima de un delito.
 
En un comunicado, CLADEM, con presencia en 10 estados de la República y con estatus consultivo para el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, la OEA y la UNESCO, recuerda que el aborto por violación está reconocido en al menos tres distintos instrumentos legales y de política pública vigentes: En Códigos Penales, tanto federal, como en los de las 32 entidades federativas; en la Ley General de Víctimas y, en la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención.
 
Explica que Ley General de Victimas reconoce expresamente los derechos de las víctimas de violación sexual y señala que los servicios de emergencia médica, incluyen los Servicios de interrupción voluntaria del embarazo en los casos permitidos por ley, con absoluto respeto de la voluntad de la víctima, y la atención para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres víctimas.
 
Mientras que la NOM 046 Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres. Criterios para la Prevención y Atención es el instrumento normativo que establece los protocolos a seguir para la atención de la violencia sexual, desde una perspectiva de género, en el marco de los derechos humanos y garantizando la protección de la salud integral.
 
Sin embargo, aun cuando el marco jurídico mexicano ha reconocido estos derechos para las víctimas, la realidad que impera es de inaplicación del mismo, señala CLADEM, lo que se traduce en ineficacia, revictimización, y vulneración de derechos. Por eso, “todos los esfuerzos que se realicen para volver realidad los derechos ya conquistados, es no solo loable, sino necesario”.
 
CONTRA LA MITAD DE LA POBLACIÓN
 
Acusó que, en contraste, los partidos conservadores no acompañan las reivindicaciones de más de la mitad de la población y obstaculizan avances legislativos en materia de igualdad y no discriminación, oponiéndose activamente a asumir el Artículo primero constitucional, que establece: proteger, respetar, garantizar y promover los derechos humanos, en este caso, los de las mujeres.
 
Ante esto, señala CLADEM, “apoyamos la inclusión que se propone en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para reforzar los derechos de las mujeres víctimas de violencia sexual y demandamos el cumplimiento de las leyes a favor de las mujeres, la eficaz ejecución de las normas oficiales especializadas en el tema y el respeto de los procesos legislativos”.
 
17/RED/GG








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Negocian, no quieren discutir: diputada
Posponen de nuevo debate sobre NOM 046 sobre violación e ILE
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/03/2017

Por segunda ocasión, la Cámara de Diputados pospuso el debate sobre la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia que reforzaría la responsabilidad del personal de salud para ofrecer anticoncepción de emergencia y la interrupción del embarazo a las mujeres víctimas de violación sexual.
 
En la sesión de hoy se tenía previsto discutir cinco iniciativas en materia de género, pero sólo se aprobaron tres: una al reglamento interno de la Cámara baja, otra en materia de violencia económica y una más sobre atribuciones municipales; sin embargo en las dos restantes los grupos parlamentarios no lograron un acuerdo y decidieron postergar la discusión.
 
Apenas el jueves 9 de marzo, el pleno de San Lázaro pospuso la aprobación de la reforma a los artículos 46, 49 y 50 de la Ley General de Acceso que establecía la obligación de los estados y del Sistema Nacional de Salud de capacitar a los prestadores de servicios de salud en la aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) que regula el aborto en casos de violación.
 
Cuando la diputada priista y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Laura Nereida Plascencia Pacheco, estaba a punto de presentar el dictamen sobre la NOM 46, las diputadas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Hortensia Aragón Castillo y Cristina Gaytán Hernández; así como del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín y César Camacho Quiroz, pidieron aplazar la discusión para este jueves.
 
Las y los legisladores reclamaron que no conocían los dictámenes, que se hicieron acuerdos “en los oscurito” y que se violentaba el proceso legislativo porque en la reforma en materia de violencia económica se hicieron modificaciones de última hora. Acusaron que la Comisión convocó a una reunión a las once de la noche mientras que otras no fueron convocadas.
 
Entre los reclamos no quedó claro qué dictamen se aplazaría, pero finalmente la presidenta de la Mesa Directiva, Guadalupe Murguía Gutiérrez, aclaró que los temas en vilo eran las reformas sobre la NOM 046 y otra sobre la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG). Ambas fueron aplazadas para el próximo jueves. 
 
La diputada de Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, manifestó su preocupación, ya que los coordinadores del PAN y del PRI no se pusieran de acuerdo y advirtió que hay una negociación y no se quiere discutir temas fundamentales sobre los derechos de las mujeres; en tanto que la perredista Cecilia Soto aclaró que la discusión no era aprobar el aborto sino reforzar acciones que ya están en la ley.
 
Mientras en las curules circulaban tarjetas con un feto y la negativa al aborto, Jorge Carlos Ramírez Marín, rodeado por César Camacho y un grupo de legisladores, dijo que después de hablar con los coordinadores parlamentarios se acordó reorganizar la sesión para que no se diga que alguien no conoció los documentos o que se trabajó en los oscurito.
 
Finalmente la diputada Plascencia Pacheco destacó que ninguna de las reformas contraviene el marco jurídico nacional o internacional y afirmó que el dictamen sobre la NOM 046 está enfocado en fortalecer la atención de las niñas y mujeres víctimas de violencia sexual por lo que pidió consideración con estas modificaciones a la ley.
 
Las reformas aprobadas y enviadas al Senado dicen que la violencia económica también se expresa en recibir un salario menor por realizar un trabajo igual; que los municipios deben tener un Sistema Municipal de Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; y que las inactivas legislativas deben tener perspectiva de género
 
17/AGM/GG
 
 








NACIONAL
POLÍTICA
   Durante proceso electoral 2016
Candidatas, omitidas en 70 por ciento de notas periodísticas: INE
Imagen retomada del Twitter de Flacso México
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/03/2017

En las campañas electorales, los medios de comunicación reproducen estereotipos de género o dejan de lado la participación política femenina, como sucedió durante el proceso electoral de 2016, cuando 70 por ciento de las notas periodísticas sobre los comicios omitió a las candidatas.
 
De acuerdo con el análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), las mujeres políticas todavía enfrentan obstáculos para aparecer en los medios.
 
Al participar en el foro Asimetrías y Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación, que se realiza hoy y mañana, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que de acuerdo con el monitoreo de medios que realizó la autoridad electoral, en las campañas de 2015 y 2016, sólo 13 por ciento de las notas incluyó a las mujeres.
 
El consejero expuso que, de acuerdo con este estudio, a las mujeres no se les presenta aludiendo a su experiencia profesional o capacidades, sino en relación con su aspecto físico, sus relaciones familiares, los hombres cercanos a su vida personal y laboral, y sus características emocionales.
 
Córdova abundó que hay una creciente influencia de los medios de comunicación en la vida pública del país, lo que llevó al Poder Legislativo a diseñar un modelo de comunicación política que reglamentó el acceso equitativo de los partidos a los tiempos en la radio y la televisión con fines electorales.
 
A 10 años de la reforma constitucional de 2007, que confeccionó el modelo de comunicación política vigente, y a ocho años de que se puso en marcha, Córdova destacó que hay libertad de expresión de quienes compiten por cargos públicos pero todavía se reproducen estereotipos de género en la propaganda política.
 
La consejera electoral del INE, Beatriz Galindo, dijo que es increíble que a más de 10 años de aprobarse la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia subsistan prácticas que tiendan a disuadir el interés de las mujeres de votar y ser elegidas y en condiciones equitativas respecto al hombre.
 
La consejera Galindo dijo que no se pueden justificar los casos de sindicas y demás representantes populares acosadas y agredidas verbal y físicamente por desempañar su cargo; ni la inequidad en la distribución de tiempos en radio y televisión entre mujeres y hombres, o  asignarla en distritos perdedores.
 
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, destacó que de acuerdo con datos del INE tan sólo durante el periodo de campañas electorales del proceso electoral 2015, por cada 10 horas dedicadas en radio y televisión a hombres, las mujeres solamente tenían 6.8 horas.
 
Agregó que la distribución de recursos y cobertura mediática de las campañas está estrechamente vinculada con la discriminación de género, por lo que exhortó a todos los medios de radio y televisión a que en las elecciones de 2017 realicen una cobertura de campañas con un enfoque igualitario.
 
En tanto el fiscal de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, dijo que en tiempos electorales, en los medios de comunicación también se pueden violar derechos, por ejemplo, el derecho a la intimidad, al honor o de réplica; y además son espacio para promover estereotipos de género.
 
Es por ello que llamó a discutir cuál debe ser el alcance de la libertad de expresión cuando se encuentra un derecho en juego enfrente, como el derecho a la igualdad sustantiva, a la no discriminación y, el derecho del ejercicio y el acceso a los cargos públicos y al voto.
 
17/AGM/GG
 








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