ProDESC

La organización Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) interpuso un amparo contra la Ley de Seguridad Interior (LSI) por considerar que su aplicación afectaría a las mujeres y en particular a las defensoras de Derechos Humanos que defienden la tierra y el territorio y se oponen a la instalación de megaproyectos en sus comunidades.

Este amparo interpuesto antier en los Juzgados de Distrito de la Ciudad de México tiene el objetivo de impugnar la ley y evitar que se aplique porque a decir de las litigantes podría traer graves consecuencias a la vida y seguridad de las mujeres e impedir o limitar su derecho a defender Derechos Humanos, según informaron en un comunicado.

De acuerdo con ProDESC hay antecedentes que muestran que las fuerzas armadas amenazan o acosan a las mujeres al realizar labores de seguridad; lo que se suma a la violencia que viven las defensoras que se oponen a megaproyectos de extracción, energía e infraestructura que atenta contra sus derechos a la tierra, al agua y a un ambiente seguro.

El informe que en 2017 realizó en el Relator Especial de las Naciones  Unidas sobre la situación de las personas defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, tras su visita a México, indica que las comunidades indígenas, frecuentemente se han enfrentado a acusaciones penales y detenciones por protestar contra esos proyectos.

Con estos antecedentes, ProDESC consideró que la Ley de Seguridad Interior es omisa porque no señala cómo garantizar los Derechos Humanos, en específico de las mujeres, en las tareas de seguridad y tampoco establece la obligación de los funcionarios, agentes e instituciones que intervengan en acciones de seguridad interior, de evitar cualquier acción o práctica de violencia o discriminación contra las mujeres.

Esta norma, publicada el 21 de diciembre de 2017, es un riesgo para el derecho al respeto de la vida de las ciudadanas, su integridad física, psíquica y moral; y su libertad y seguridad personal. Ello porque la situación de violencia en México impacta de manera diferenciada a las mujeres, y ellas son víctimas de ciertos delitos en mayor proporción que los hombres, especialmente los vinculados a la violencia sexual.

Con este amparo ProDESC buscará evidenciar que esta ley que privilegia el enfoque de militarización al de los Derechos Humanos es inconstitucional porque no cumple el principio de proporcionalidad, no resulta idónea, necesaria ni es igualmente adecuada para todas las personas; y porque contiene ambigüedades en la definición de conceptos como seguridad interior, y amenazas y riesgos a la seguridad interior.

Frente a este contexto, la organización señaló que resulta inadmisible que una medida legislativa como esta carezca de las garantías mínimas para asegurar la protección de los derechos de las personas, la prevención y sanción de conductas de este tipo, así como la erradicación de prácticas ilícitas de las fuerzas militares.

18/AGM/LGL

En agosto de 2014 el Congreso mexicano aprobó la creación de 9 leyes y la modificación de 12 ya existentes en materia de hidrocarburos, electricidad y geotermia, reformas que abrieron las puertas a la inversión extranjera y a la instalación de empresas transnacionales.  
 
La promesa del gobierno federal fue que estas empresas llevarían beneficios económicos y  empleos a las comunidades indígenas donde se asentaran; sin embargo, organizaciones civiles dicen que en lugar de progreso hubo amenazas a quienes defienden la propiedad de sus tierras.
 
Ejemplo de esta realidad es Oaxaca, donde las mujeres son violentadas, difamadas y amenazadas por organizarse para defender sus tierras ante la expansión de 21 parques eólicos, asentados principalmente en la zona indígena del Istmo de Tehuantepec, donde la mayor parte de la tierra es propiedad comunal.  
 
Esta información se presentó ante el relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, quien del 16 al 24 de enero está en el país para documentar la situación que viven las y los activistas mexicanos.
 
AMENAZAS EMPRESARIALES
 
Tras la reforma enérgica aumentó la represión contra indígenas que no quieren ceder, vender o rentar sus tierras, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, la integrante del Área de Justicia Transnacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Elena Villafuerte, quien compaña a activistas oaxaqueñas.
 
De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, en el periodo de 2012- 2014 se registraron 616 agresiones a defensoras mexicanas, de las cuales 230 (38 por ciento) fueron contra activistas que defienden la tierra-territorio.
 
A partir de 2014 –cuando entraron en vigor las leyes secundarias de la reforma energética–, la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, documentó 172 agresiones a personas defensoras, cifra superior a la registrada en 2012 cuando se contabilizaron 48 casos.
 
Los datos de esta agrupación indican que los ataques a defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales se incrementaron entre 2013 y 2015. Mientras que en el primer año representaron 20 por ciento del total de casos, en 2014 ascendieron a 24 por ciento y en 2015 ocuparon 27 por ciento de los casos.
 
Villafuerte agregó que las personas que defienden la tierra- territorio, además de ser agredidas o desprotegidas por el Estado, enfrentan la violencia de las empresas transnacionales que se han convertido en perpetradores de abuso hacia comunidades y activistas.
 
Las empresas, dijo la activista, tienen un papel tan preponderante en el despojo de las tierras que implementan tácticas “de captura corporativa del Estado” para que las instituciones de gobierno favorezcan sus intereses, como no intervenir cuando contratan servicios de seguridad privada para hostigar, amenazar o vigilar a sus opositores.
 
En 2016 ProDESC y otras organizaciones, denunciaron esta situación ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que por primera vez visitó México del 29 de agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a Derechos Humanos por parte de las empresas.
 
MUJERES EN RESISTENCIA
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, indica que aunque las mexicanas siembran, cosechan y producen alimentos –hasta 2012– sólo 32 por ciento de estas mujeres eran propietarias de la tierra.
 
La incursión de las mujeres en el campo hizo que también se convirtieran en defensoras de su territorio a pesar de los ataques de los que pueden ser víctimas y de la exclusión que viven en sus comunidades donde la tradición dicta que deben “estar en la casa”.
 
En el municipio de Juchitán, las mujeres de la comunidad agraria de Unión Hidalgo son amenazadas por resistirse a ceder sus tierras a la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) que desde 2005 inició la instalación del parque eólico Piedra Larga Fase I y Fase II.
 
Guadalupe Ramírez, indígena zapoteca de 65 años de edad, es una de las 47 personas que en 2011 crearon el Comité de Resistencia contra el proyecto eólico Piedra Larga; cuando se dieron cuenta que habían sido engañados para firmar contratos individuales de arrendamiento de sus tierras cuando ello no se puede porque la tierra es propiedad comunal. 
 
Sin embargo, poco a poco las personas que crearon el Comité se han alejado, algunas por las amenazas y otras porque la empresa dividió a la comunidad diciendo que unas querían más dinero o más beneficios que otras. Actualmente hay 18 comuneros encabezando esta resistencia.
 
Ramírez aseguró que hay mujeres que sin tener la tenencia de algún terreno apoyan la causa porque han visto las injusticias que se cometieron con la firma de contratos y la devastación ambiental que provoca un parque eólico como el derrame de aceite de los aerogeneradores que se instalan para generar energía eólica.
 
Estar en desacuerdo con la entrega de las hectáreas acarrea intimidaciones. En 2011 Guadalupe Ramírez fue víctima de un  asalto, que asegura, estuvo relacionado con su activismo. También recibió amenazas a través de llamadas telefónicas. Pese a ello advierte “si no decimos nada, si nos quedamos callados, va a ser peor” y por eso insistirá en la defensa de su comunidad.  
 
A propósito de la gira de trabajo del relator Michel Forst por Oaxaca este viernes, Ramírez y otras defensoras se reunieron con el experto para exponer su situación. Una de las demandas de las activistas oaxaqueñas es que la ONU emita recomendaciones al Estado mexicano para que se mejore el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
 
Aseguran que este Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, debe considerar la situación que viven las defensoras de la tierra- territorio e implementar estrategias específicas para proteger a comunidades y a personas defensoras que residen en territorios en disputa.
 
Pedirán un pronunciamiento para que las empresas consideren los lineamientos emitidos por la ONU y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo sobre el comportamiento que las transnacionales deben tener para respetar los DH de trabajadores y comunidades donde se instalan.
 
17/AGM/LGL
 
 
 

Integrantes del ejido La Sierrita de Galeana, en Durango, que enfrentan un juicio legal contra la minera canadiense Excellon Resources Inc., interpusieron un amparo contra  el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto, en Coahuila, por exceder por 7 meses el plazo legal para la resolución del caso.
 
Ayer por la mañana, quienes integran la mesa directiva del comisariado ejidal, Verónica Pulido Barrón, María Dora Alicia Ramírez Soto y Juan Daniel Pacheco Álvarez, acudieron a la oficina del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto de Torreón, ubicado en Coahuila, para interponer el amparo.
 
Las y los representantes ejidales, junto con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) –que desde 2011 les acompaña legal y organizativamente-  interpusieron un juicio de amparo “contra el actuar de este Tribunal”  porque no ha dado celeridad en la demanda que presentaron en 2012 para rescindir el contrato que firmaron con la empresa minera Excellon de México S.A. de C.V para que la mina “La Platosa” explotara minerales en su territorio.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la tesorera del ejido, Dora Ramírez, dijo que La Sierrita, ubicado en el municipio de Tlahualilo, en Durango, se organizó para interponer este amparo porque mientras esperan la sentencia, la empresa continúa obteniendo grandes ganancias económicas pero sin pagar a las y los ejidatarios la renta por las tierras que utilizan.
 
Precisó que durante estos 4 años que ha durado el juicio, las y los ejidatarios han participado en distintos foros y actividades públicas para dar a conocer todos los abusos que ha cometido este proyecto minero al no respetar las cláusulas que se estipularon en el contrato.
 
SENTENCIA PODRÍA LLEGAR PRÓXIMO LUNES
 
Tres horas después de presentar el amparo, la magistrada a cargo del caso, Marcela Geraldina Ramírez, concedió una audiencia a las personas del ejido y a su defensor legal en las oficinas de este Tribunal. 
 
El coordinador del Área de Justicia Trasnacional de ProDESC, Juan Antonio López, informó en entrevista que la magistrada argumentó que la sentencia lleva 7 meses de dilación por la “carga de trabajo” del Tribunal, pero se comprometió a que la sentencia sería pública a más tardar el próximo lunes 14 de noviembre.
 
Este amparo llega 7 meses después de que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Sexto turnara el pasado 13 abril el expediente 683/2012 para que se dictara sentencia.
 
De acuerdo con el abogado y defensor de DH, esta dilación al acceso a la justicia implica que se sigan violentando los derechos de las y los ejidatarios de La Sierrita, ya que sin una sentencia pronta no pueden ser restituidas en el goce pleno de sus DH a la tierra, a los bienes naturales y a un ambiente sano.
 
Al mismo tiempo que se presentaba el amparo, otras personas del ejido y la comunidad de Tlahualilo (donde se ubica la mina) se manifestaron pacíficamente con pancartas afuera del Tribunal.
 
Y es que en el ejido La Sierrita -uno de los 37 conflictos mineros que actualmente hay en México según el Observatorio de Conflictos Mineros en América Latina- las mujeres han tenido una participación protagónica en la representación ejidal y en los procesos de resistencia pacífica; asimismo, sus derechos han sido particularmente afectados por la empresa, principalmente con actos de discriminación y vejaciones físicas.
 
CUATRO AÑOS DE ABUSOS
 
Desde 2004, la empresa Excellon de México, filial de la canadiense Excellon Resources Inc, inició operaciones en el ejido La Sierrita, en la región desértica del municipio de Tlahualilo, para la explotación de plata, oro y zinc.
 
En ese año, la empresa acordó con las y los ejidatarios la renta de cuatro hectáreas por 30 años, con un pago único de un millón 200 mil pesos.
 
Al momento de la firma, el contrato establecía la explotación de 27 hectáreas por el mismo pago, lo que llevó a la comunidad a negociar nuevamente las condiciones de arrendamiento con Excellon.
 
En 2008, el ejido firmó un nuevo contrato de ocupación temporal por la renta de mil 100 hectáreas por un monto de 5 millones 500 mil pesos anuales, con posibilidad de ajuste anual según la inflación.
 
A solicitud del ejido, este contrato contenía cláusulas económicas, sociales y medioambientales que mitigaban las afectaciones que traería la actividad minera a la comunidad, como un fondo social y apoyo en actividades productivas, una planta tratadora de agua y preferencia a ejidatarias y ejidatarios para su contratación en la mina.
 
Sin embargo, las y los ejidatarios detectaron varias inconsistencias, violaciones al contrato y afectaciones a sus DH por parte de la empresa, quien no quiso volver a negociar con las y los ejidatarios. En 2012 el ejido presentó una demanda por recisión de contrato contra la mina “La Platosa”, pero sigue sin resolverse.  
 
Actualmente, aunque argumentan pérdidas millonarias por culpa del ejido, la mina continúa operando. De acuerdo con su reporte financiero más reciente (público en internet), las ganancias de la empresa Excellon en México durante el segundo cuatrimestre de 2016 fueron de 5.4 millones de dólares (113.346 millones de pesos), de los cuales, ninguna parte se ha dado a las personas ejidatarias por el pago de renta de sus tierras.
 
16/AJSE/LGL