biodiversidad

Las tres mayores tribus de Megalaya, un punto fuerte de la biodiversidad del noreste de India, son matrilineales. Los descendientes toman el apellido de la madre, mientras que las hijas heredan las tierras de la familia.
 
Como las mujeres son las propietarias de las tierras y siempre han decidido qué se cultiva en ellas y qué se conserva, el estado no solo tiene un sólido sistema de alimentos resistentes al clima, sino también algunas de las plantas comestibles y medicinales más escasas.
 
Mientras que su antigua cultura les da poder a las mujeres indígenas de Megalaya, ya que la propiedad de la tierra mejora enormemente su resistencia a los choques alimentarios que provoca el cambio climático, a la abrumadora mayoría de las mujeres en el Sur en desarrollo la sociedad no les permite ni siquiera tener voz en la gestión de la familia o la comunidad.
 
Ni siquiera las leyes nacionales apoyan sus derechos a la propiedad de la misma tierra que siembran y cosechan para alimentar a sus familias.
 
Según un nuevo informe de la organización no gubernamental Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI, en inglés), las protecciones legales para que las mujeres indígenas y rurales posean y administren propiedades privadas son insuficientes o inexistentes en 30 países de ingresos bajos y medios.
 
Esta conclusión significa que gran parte de los recientes avances que las comunidades indígenas y locales consiguieron en relación con la conquista del reconocimiento legal de su territorio comunitario podrían tener una base inestable.
 
“En términos generales, las protecciones legales internacionales relativas a los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales aún no se reflejaron en las leyes nacionales que regulan las interacciones diarias de las mujeres con los bosques comunitarios”, señaló Stephanie Keene, de RRI, una coalición internacional con sede en Estados Unidos.
 
En conjunto, estos 30 países albergan 75 por ciento de los bosques del mundo en desarrollo, que siguen siendo esenciales para mitigar el calentamiento global y los desastres naturales, incluidas las sequías y la degradación de las tierras.
 
En Asia meridional, la migración por necesidad debido a los fenómenos climáticos – en, particular, a las sequías – es alta, ya que más de 75 por ciento de la población depende de la agricultura, y de esa proporción más de la mitad son agricultores de subsistencia que dependen de las lluvias para el riego.
 
“En muchos pueblos indígenas son las mujeres las productoras de alimentos y quienes administran las tierras y bosques consuetudinarios. La salvaguardia de sus derechos consolidará los derechos de sus comunidades a poseer colectivamente las tierras y bosques que han protegido y de los cuales dependen desde hace generaciones”, afirmó Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
“Las comunidades indígenas y locales de los 10 países asiáticos analizados brindan el reconocimiento más consistente de los derechos de herencia de las mujeres a nivel comunitario. Sin embargo, esto… no se observa en India o Nepal, donde la insuficiencia de leyes sobre herencia y resolución de disputas a nivel comunitario hacen que los derechos forestales de las mujeres sean particularmente vulnerables”, explicó Keene a IPS acerca del estudio de RRI.
 
“Ninguno de los cinco marcos legales analizados en Nepal trata la herencia o la resolución de disputas a nivel comunitario. Aunque la ley sobre derechos forestales de India reconoce la herencia de tribus… y otros habitantes tradicionales de los bosques, no se reconocen expresamente los derechos específicos de las mujeres a la herencia o a la resolución de disputas a nivel comunitario”, añadió.
 
“La herencia en India puede estar regulada por leyes civiles, religiosas o personales, algunas de las cuales no garantizan expresamente derechos de herencia equitativos para esposas e hijas”, expresó Keene.
 
Madhu Sarin, que participó en la redacción de la Ley sobre Derechos Forestales de India y ahora impulsa su implementación, habló con IPS sobre la situación en Asia meridional.
 
“Donde los gobiernos han ratificado los derechos internacionales, en principio aceptan que las leyes nacionales sean compatibles con ellos. Sin embargo, sigue habiendo una gran brecha entre estos compromisos y su traducción en la práctica. En primer lugar, la mayoría de los gobiernos no tienen mecanismos ni requisitos vinculantes para garantizar dicha compatibilidad”, comentó.
 
“Además, las beneficiarias previstas de las leyes de género permanecen desorganizadas y no tienen conocimiento de ellas”, dijo.
 
DH SOBRE LA TIERRA, SEQUÍA Y DESERTIFICACIÓN
 
Según la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD), una manera de enfrentar las sequías – que causan más muertes y más desplazamientos que cualquier otro desastre natural – y detener la desertificación – la silenciosa e invisible crisis que amenaza a un tercio de la superficie terrestre – es aplicar urgentes reformas legales que apliquen la paridad de género en la propiedad y la gestión agrícola y forestal.
 
“Las mujeres rurales pobres en los países en desarrollo son fundamentales para la supervivencia de sus familias. La tierra fértil es su salvavidas. Pero el número de personas afectadas negativamente por la degradación de la tierra crece rápidamente”, declaró Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la UNCCD, en su estudio de 2017.
 
“El fracaso de los cultivos, la escasez de agua y la migración de los cultivos tradicionales perjudican a los medios de subsistencia rurales. La acción para detener la pérdida de tierras más fértiles debe centrarse en los hogares. En este nivel, el uso de la tierra se basa en los roles asignados a hombres y mujeres. Aquí es donde la marea puede comenzar a cambiar”, aseguró.
 
La reducción de la brecha de género en la agricultura por sí solo aumentaría el rendimiento de las granjas de mujeres de 20 a 30 por ciento y la producción agrícola total en los países del Sur en desarrollo de 2.5 a 4 por ciento, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/MJ/GG

Las mujeres rurales en América Latina se encargan de producir más de la mitad de alimentos en el mundo, preservan la biodiversidad, garantizan la soberanía y seguridad alimentaria con alimentos saludables, pero viven en pobreza, trabajan diario y mucho, pero pocos los saben.

Por eso, el Fondo de las Naciones Unidas para la Alimentación (FAO) inició este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Campaña Regional Mujeres Rurales y ODS, en redes sociales y medios digitales, con el fin de destacar el papel fundamental que desempeñan hacia el desarrollo rural sostenible, a través de medios digitales y redes sociales. 

La Campaña se enmarca en los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) y se basa en las reflexiones de la Conferencia de la Mujer Rural en América Latina y el Caribe (Brasilia, 2014) y la XIII Conferencia Regional de la Mujer (Montevideo, 2016), así como en la experiencia de dos campañas previas sobre el tema.

Además de la FAO, participan en la campaña la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) del Mercosur, la Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimiento Agrário (SEAD) de Brasil y la Unidad para el Cambio Rural (UCAR) de Argentina.

Mujer Rural y ODS focalizará sus acciones en dos fechas: 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales, y 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En abril y agosto se realizarán concursos de fotografía, ilustración (digital, dibujo, collage, etc.) y relatos de vida, los cuales serán dirigidos a mujeres rurales e instituciones relacionadas con el empoderamiento del medio rural. Las imágenes e historias ganadoras serán expuestas y premiadas en la II Conferencia Regional de Mujeres Rurales de América Latina y el Caribe, a realizarse en Paraguay entre septiembre y octubre de 2017.

La campaña se aloja en el sitio web de la UCAR sobre Mujeres Rurales.

17/RED/GG

La agricultura campesina produce hasta un 80 por ciento del alimento en los países no industrializados, siendo las mujeres quienes producen entre el 60 y el 80 por ciento del mismo, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
 
Un comunicado de la FAO señala que el trabajo realizado por las mujeres campesinas es fundamental, no solamente para la reproducción de la vida en términos de la erradicación del hambre, sino también en la preservación de la biodiversidad, la conservación de semillas, así como en la recuperación de prácticas agroecológicas para la producción de alimentos.
 
La relación de las mujeres con la tierra trasciende su uso como mera mercancía para su explotación y generación de “riqueza”; la tierra es vivida como un espacio de emancipación y preservación de la vida, como centro de la espiritualidad, incluso, materializándose en expresiones como la de Madre Tierra y similares, en diversidad de cosmovisiones a lo largo y ancho del planeta.
 
Sin embargo, en Latinoamérica las mujeres, sin excepción, las mujeres poseen y manejan menos tierra que los hombres; desde un 8 por ciento en Guatemala, el menor de América Latina, hasta un 30 por ciento en Perú, tratándose siempre de fincas de menor tamaño.
 
Las mujeres representan, además, menos del 12 por ciento de la población beneficiada en procesos de reforma agraria, siendo incluidas dentro de las políticas de acceso a tierra a través del mercado, de forma subordinada y minoritaria, en función de su estado civil y condición de madres y no como mujeres productoras, contando además, con menor acceso a créditos y asistencia técnica que los hombres.
 
El porcentaje de mujeres que participan en Guatemala en programas de acceso a la tierra ha sido escaso a través de la tierra, desde la condición de servidumbre durante la Colonia, que les impedía el acceso a la tierra por derecho propio, constituyéndose en un 8 por ciento de las beneficiadas de los programas del Instituto de Transformación Agraria (INTA) (1962-1996); en el uno por ciento de los programas de la Fundación del Centavo (1984); y el 10.76 por ciento del Programa de Acceso a Tierras del Fondo de Tierras (1998-2014).
 
Actualmente, la Ley del Fondo de Tierras reconoce y promueve en sus artículos 20 y 21, la inclusión formal de las mujeres como beneficiarias, en igualdad de condiciones que los hombres, en el reparto de tierras como co-propietarias, junto con sus cónyuges, con excepción de los casos cuando la familia beneficiaria tenga padre soltero o madre soltera, ocasiones en las cuales los títulos pueden ser emitidos a favor de los jefes de la familia beneficiada, sean mujeres u hombres.
 
El Artículo 21, por su parte, en los criterios de elegibilidad, lista una serie de requisitos que deben ser aplicados a campesinos y campesinas por igual. Cabe decir que dicho reconocimiento formal, ha sido producto de la participación y lucha incansable de mujeres campesinas, indígenas y mestizas en el impulso del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el acceso a la tierra.
 
Finalmente, la FAO destaca que la tierra es un derecho para las mujeres del campo, quienes además, como mujeres que viven y trabajan la tierra realizan una labor primordial en el cuidado, reproducción y garantía de la vida, no solamente de sus familias y de sus comunidades, sino de las sociedades enteras, creando junto con la Madre Tierra las posibilidades y realidades de otro mundo frente a un sistema disfuncional que poco a poco está apagando la vida del planeta.
 
17/RED/GG
 

Las mujeres están ausentes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), por ello la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y El Caribe (RMIB-LA) realizó una propuesta para incluir la perspectiva de género para el reconocimiento de las mujeres, como actoras de trabajo e investigación en protección al medio ambiente.
 
Durante el segundo día de la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP13) realizada en Cancún, Quintana Roo, la representante de la Red, Irla Élida Vargas del Ángel, presentó una propuesta de modificación al CDB para incluir a las mujeres.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Vargas del Ángel, quien además es investigadora en lenguas y culturas indígenas, explicó que en un estudio sobre el CDB encontró que en su contenido y redacción de 300 páginas, la palabra “género” se mencionó 29 veces, pero sólo en 20 de ellas se refiere a las mujeres, mientras que en el resto se utiliza para hacer mención de plantas y animales.
 
Por lo anterior, la conclusión de la RMIB-LA es que las mujeres y niñas están ausentes en el Convenio, por lo que su propuesta es modificar el convenio internacional para que se visibilice el trabajo de las mujeres en el tema de protección al medio ambiente y recursos naturales.
 
El CDB es un instrumento internacional elaborado en 1992 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), pero que entró en vigor en 1993 y fue ratificado por México. En este documento el Estado se compromete a cumplir los Protocolos de Cartagena y de Nagoya.
 
El primero establece mecanismos de bioseguridad en el manejo de transgénicos, y el segundo trata sobre los “recursos genéticos” que son las plantas y sus derivados, como los extractos o aceites.
 
Entre las modificaciones que propusieron es la de incluir en el Artículo 2 del CDB, la organización política de los pueblos indígenas en los países que son dueños de los recursos naturales, como el derecho a la consulta libre e informada, derecho al agua y la participación de las mujeres.
 
La investigadora explicó que la propuesta de modificar estos documentos internacionales, también incluye la visión holística de la vida que conservan las mujeres indígenas, con ello se reconocerían sus tradiciones de recolección de plantas medicinales y alimenticias, su aportación en el cuidado del agua y de los animales, así como sus conocimientos ancestrales.
 
“Como mujeres indígenas vivimos de la biodiversidad, pero la cuidamos. Siempre pensamos en que las zonas naturales se conserven para nuestros nietos. No queremos hablar con las futuras generaciones, de formas de vida que existieron y no supimos cuidarlas”, dijo la representante de RMIB-LA.
 
Sobre el Foro de Negocios que comercializan con recursos naturales, que se lleva a la par de las mesas de trabajo de la COP13, Vargas del Ángel dijo estar en contra de estos proyectos porque destruyen los ecosistemas; por ejemplo, las empresas que se dedican a los monocultivos para realizar su siembra, primero deforestan los bosques para luego cultivar una sola planta, que puede no ser nativa del lugar o país en donde operan.
 
El Protocolo de Nagoya –en donde se aborda el tema sobre la repartición equitativa y justa de las ganancias generadas al comercializar con los recursos naturales–, que contempla los pueblos indígenas tendrían que ser beneficiarios, no se está cumpliendo en la práctica, de acuerdo a la representante de la Red.
 
Como ejemplo citó la afectación de la población y migración de las mariposas monarcas por el crecimiento de la “mancha urbana”, con proyectos de construcción de viviendas que también deforestan o con la tala de árboles por parte de empresas que comercializan la madera, contra los esfuerzos de las comunidades campesinas e indígenas de los estados de Michoacán y Estado de México, quienes viven del turismo que visita los santuarios, y a su vez, cuidan de las mariposas.
 
La COP13 es una reunión internacional de los gobiernos que han ratificado el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), quienes se reúnen en Cancún desde el 4 de diciembre y concluye el 17 de diciembre, para abordar temas relacionados a la protección del medio ambiente.
 
16/GVV/AMS

La Caravana por la Biodiversidad Cultural, conformada por organizaciones civiles y comunidades étnicas, exigirá ante la COP13 que tomen en cuenta a los pueblos indígenas y las mujeres cuando se presenten empresas con proyectos de comercialización de los recursos naturales de México.
 
Las organizaciones de defensa del medio ambiente y de los pueblos indígenas, así como las comunidades étnicas que conformaron la Caravana de la Biodiversidad Cultural el pasado 30 de noviembre, adelantaron a Cimacnoticias que presentarán un pronunciamiento ante la COP13 en Cancún, que inició el día 4 y finalizará el 17 de diciembre.
 
En el pronunciamiento exigen al gobierno mexicano y a los países que han ratificado el Convenio de Diversidad Biológica (CDB) -un instrumento internacional que entró en vigor en 1993-, que respeten los usos y costumbres de las comunidades indígenas, sus tierras, las zonas naturales, pero sobre todo sus derechos humanos.
 
La situación que enfrentan diversas comunidades étnicas en México, en donde empresas transnacionales llegan a instalar y operar megaproyectos que comercializan recursos naturales como petróleo, gas o minerales en tierras que pertenecen a las y los indígenas, no contemplan un verdadero cuidado del ecosistema ni tampoco generar ganancias para quienes viven ahí.
 
Un ejemplo es la comunidad otomí de San Francisco Magú, ubicada en el municipio de Nicolás Romero del Estado de México, donde la empresa Merca Construcciones inició en 2013 la construcción de un fraccionamiento en el bosque que se encuentra dentro del territorio de la comunidad indígena.
 
La integrante del Consejo Internacional de Tratados Indios para el tema de Soberanía Alimentaria en México, Berenice Sánchez Lozada, refirió en entrevista con Cimacnoticias que la empresa llegó con maquinaria para talar el bosque donde las mujeres de esa comunidad recolectaban, de manera tradicional, hongos alimenticios y plantas medicinales que son parte de la dieta del pueblo otomí. Además, en ese lugar se encuentran pozos de agua que se recargan con la vegetación del bosque y son la fuente de suministro del líquido para el pueblo.
 
Los derechos indígenas que la empresa y el Estado han violentado son al territorio y sus costumbres porque omitieron consultar al pueblo -en su carácter de dueños comunitarios del lugar-, su derecho al agua y además afectan en sus tradiciones alimentarias.
 
Sánchez Lozada, quien también habita en la comunidad otomí, dijo a Cimacnoticias que esa empresa llegó con el permiso de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)
“Aprovechamiento forestal sustentable por cambio de uso de suelo otorgado por excepción”, cuando la zona tiene 11 especies de flora y fauna que están protegidas por la NOM 059 (Protección ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo), que contempla la protección de especies nativas de México.
 
El fraccionamiento “Bosques del Paraíso” es un proyecto de edificación de 11 mil viviendas de la empresa Merca Construcciones, obra detenida por una denuncia que la comunidad indígena de San Francisco Magú interpuso ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero que podría reanudar la construcción al tener permisos otorgados por el municipio de Nicolás Romero.
 
La comunidad indígena tiene una población de 12 mil 962 habitantes, donde casi 50 por ciento son mujeres y niñas, quienes tienen la posesión de bienes comunitaria y particular, que permite a las mujeres heredar y ser dueñas de un terreno o propiedad. Además cuentan con un Centro de Salud y los servicios básicos como electrificación, agua y pavimentación, que se han logrado con aportación de los habitantes y gestión de recursos que ellos mismos hacen con el gobierno municipal.
 
PRONUNCIAMIENTO
 
Los pueblos originarios y comunidades campesinas procedentes de los estados de Sonora, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, así como de los países de Guatemala, Ecuador, Perú, Chile y Estados Unidos, hicieron un pronunciamiento que entregarán en la COP13.
 
Ahí denuncian la tala clandestina e inmoderada de árboles, disminución de los mantos acuíferos, de recursos y especies endémicas de animales, desforestación por ganadería y por sobreexplotación de los productos silvestres, contaminación ambiental por agrotóxicos y desechos industriales, aumento de enfermedades y plagas, introducción de semillas híbridas y transgénicas, así como la privatización de los recursos biológicos y conocimiento tradicional.
 
En el pronunciamiento exigirán respetar la identidad de los pueblos indígenas para otorgar permisos y concesiones a empresas transnacionales que comercialicen recursos naturales, así como proteger ecosistemas, áreas naturales, Derechos Humanos y de las mujeres.
 
Ello incluiría “respetar la cosmovisión y los usos y costumbres de los pueblos indígenas y comunidades campesinas”, “fortalecer las prácticas de colectividad para hacer frente al individualismo fomentado por los programas gubernamentales y medios de comunicación” e “impulsar el protagonismo y la participación de las mujeres en los espacios de representación comunitaria y municipal y garantizar su incidencia en la toma de decisiones en las Asambleas”.
 
16/GVV/AMS/LGL

La economía verde vulnera los derechos indígenas y humanos de las mujeres, al comercializar recursos naturales sin garantizar un beneficio financiero y social para las comunidades, con megaproyectos que en algunos casos responden a este modelo económico al generar violencia contra defensoras de estos derechos fundamentales.
 
Durante la presentación del libro “La economía verde por dentro promesas y trampas”, de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, presentado la tarde de ayer en el Museo de las Culturas Populares, la politóloga y autora Barbara UnmüBig, cuestiona el modelo de “Economía Verde”, basado en la comercialización de los recursos naturales con la promesa de cuidar el medio ambiente, reducir la pobreza y dejar de utilizar recursos fósiles como el petróleo, porque en la práctica no contempla los verdaderos Objetivos del Desarrollo Sostenible.
 
La crítica que hace la politóloga Barbara UnmüBig al modelo de “Economía Verde”, es que las empresas sólo negocian con los recursos naturales, pero no atienden realmente la preservación de la biodiversidad, al realizar monocultivos que devastan la flora endémica y no incluye una perspectiva de Derechos Humanos o de género.
 
Este modelo económico también se planteará en la décimo tercera reunión de la Conferencia de las Partes (COP 13), que se realizará en Cancún Quintana Roo desde el 4 al 17 de diciembre. Ahí se reunirán los gobiernos o “partes” que han ratificado el Convenio de Diversidad Biológica (CDB), un instrumento internacional que entró en vigor en 1993.
 
El CDB promueve “la conservación de la diversidad biológica, la utilización sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos”.
 
Por ello, las organizaciones civiles defensoras de los recursos naturales y los derechos de los pueblos indígenas asistirán a la conferencia en Cancún, para denunciar que las comunidades étnicas son las que se ven afectadas por el modelo de Economía Verde neoliberal.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la también copresidenta de la Fundación Heinrich Böll Stiftung explicó que este modelo es “ciego” a los Derechos Humanos de los pueblos indígenas y los derechos de las mujeres, porque responde solamente a los intereses de las trasnacionales.
 
Ellas buscan comercializar los recursos naturales, dijo, pero realmente no se preocupan por la situación socioeconómica de las poblaciones y ecosistemas en donde operan sus megaproyectos, lo que en inglés se denomina “greenwashing” por la falsa promesa de la protección al medio ambiente.
 
La politóloga indicó que el avance de los megaproyectos que mercantilizan los recursos naturales, ha privatizado áreas y tierras que antes le pertenecían a las comunidades indígenas o la población en general, que terminan por quitar a la ciudadanía acceso a zonas naturales, que también afecta al ecosistema.
 
Al preguntarle sobre el panorama de megaproyectos que operan en México bajo este modelo, la coordinadora de Programas de Recursos Naturales y Sustentabilidad de la Fundación Heinrich Böll Stiftung, Dolores Rojas Rubio, citó como ejemplo la construcción de los parques eólicos en el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca y Yucatán, en donde los campesinos y comunidades indígenas no tienen beneficio ni de la electricidad generada, ni en generación de empleos.
 
En el libro “La economía verde por dentro promesas y trampas”, Barbara UnmüBig ofrece más información sobre los parques eólicos y cita que existen 15 de una proyección de 27. Ahí explica  que este megaproyecto es operado por empresas europeas como “Acciona, Iberdrola, ENEL y Siemens o EDF”, quienes producen electricidad en territorios indígenas “para compradores finales establecidos por contrato, como Walmart o la empresa minera Peñoles”.  
 
Barbara UnmüBig señala que la política pública de la Economía Verde carece de un enfoque feminista, al no contemplar ni atender las necesidades económicas de las mujeres y las desigualdades generadas en las crisis ambientales.
 
Algunos ejemplos son la construcción del gasoducto en Sonora, en donde se criminaliza a las mujeres indígenas de la etnia Yaqui por defender el derecho de la tierra, usos y costumbres, así como su seguridad; o el caso de la construcción del fraccionamiento que está devastando el bosque donde se ubica la etnia indígena de San Francisco Magú, en el Estado de México.
 
Como parte de la estrategia de las organizaciones civiles y de las comunidades indígenas ante la comercialización de los recursos naturales, conformaron la Caravana de la Diversidad Biocultural, quienes firmaron un pronunciamiento de “oposición a la tendencia global de mercantilización y privatización de los recursos biológicos, que son bienes comunes de la humanidad”, mismo que será presentado en la Conferencia de las Partes (COP 13).
 
La Caravana de la Diversidad Biocultural está conformada por comunidades indígenas, académicos y organizaciones civiles procedentes de los estados de Sonora, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, así como de países como Guatemala, Ecuador, Perú, Chile y Estados Unidos.
 
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Los proyectos internacionales para combatir el cambio climático se enfocan en la reducción de emisiones de carbono pero ignoran la pérdida de biodiversidad y el bienestar de la gente, lo que beneficia a las empresas y no soluciona el problema medio ambiental, expresó la doctora Camila Moreno, experta en la política climática de la Universidad Federal Rural de Río de Janeiro, Brasil. 
 
Durante una rueda de prensa llevada a cabo hoy en esta capital, para presentar su libro “La métrica del carbono: ¿el CO2 como medida de todas las cosas?”, escrito con Daniel Speich Chassé y  Lili Fuhr, dijo que desde la Cumbre del Clima de 2015 empezó una transición internacional del capitalismo industrial al capitalismo verde, donde las compañías grandes, como Chevron y Shell, son las protagonistas, no el medio ambiente.
 
“El mantra hoy de todas las agencias del Banco Mundial a las Naciones Unidas es colocar un precio al carbón”, señaló Moreno. “El precio del carbón hoy figura en el centro de la agenda del capital financiero internacional”, dijo.
 
Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el Acuerdo de Paris, que fue adoptado durante la 21 Conferencia Sobre el Cambio Climático, en diciembre de 2015 en la capital francesa, intenta limitar el aumento de la temperatura del planeta mediante la reducción global de las emisiones de carbono, empezando en 2020.
 
Sin embargo, Moreno declaró ser “extremamente critica de este marco de debate de cambio climático” porque existe una “lógica colonial” en la estrategia de reducción de carbono que mantiene una disparidad económica global y “aplasta” muchas culturas indígenas.
 
REDUCCIÓN QUE AFECTA
 
La especialista señaló que se ha empezado a tratar la reducción de emisiones de carbono como una dieta que consiste en contar calorías sin prestarle atención al valor nutritivo de lo que es consumido.
 
Por ejemplo, algunos países consideran justo aumentar las emisiones de carbono para apoyar a la industria del petróleo o la siderurgia, pero castigan las emisiones producidas durante la caza de animales para consumo personal o el uso de la leña para cocinar, lo que afecta a la población indígena y beneficia a las empresas grandes, explicó.
 
Esto también está creando un mercado ambiental internacional donde las compañías grandes pueden “comprar el aire” para continuar con sus emisiones de carbono con ayuda de esquemas como el de la Bolsa del Clima de Chicago, un sistema de comercio de derechos de emisión en América del Norte.
 
El ensayo, coescrito por Moreno, por el profesor de historia en la Universidad de Lucerna en Suiza, Daniel Speich Chassé, y la encargada del departamento de Ecología y Desarrollo Sostenible de la Fundación Heinrich Böll, Lili Fuhr, será presentado el 18 de agosto en el Centro Cultural Isidro Fabela en San Ángel a las 18:00 horas.
 
16/CAR/GGQ