Conapred

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno federal ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre trabajo del hogar (remunerado) antes de que concluya el sexenio.

En un comunicado emitido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), las organizaciones pidieron que el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto cumpla con una de las promesas que hizo en campaña, que es la ratificación del Convenio 189, que daría derechos laborales a las 2.4 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar.

Denunciaron que desde hace 4 años el gobierno federal ha retrasado el envío del Convenio al Senado de la República para su ratificación

El instrumento internacional fue adoptado y firmado por México en 2011 para reconocer el trabajo doméstico como un trabajo con derechos laborales y remuneración para así enfrentar las desigualdades: contrato o salarios injustos, discriminación, abuso, explotación, en las cuales se desempeñan los y las trabajadoras del hogar. Sin embargo su ratificación no se ha llevado a cabo.

El Conapred aseguró que en la Ley del Seguro Social se excluye a las 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar del acceso a la seguridad social obligatoria y a prestaciones indispensables como las guarderías y que la Ley Federal de Trabajo considera al trabajo del hogar, en su capítulo XIII, como un “trabajo especial” con jornadas legales de 12 horas sin descanso y restringe derechos laborales y prestaciones.

En su investigación “Hacer visible lo invisible. Formalización del trabajo del hogar remunerado en México: una propuesta de política pública” la investigadora y coordinadora académica del departamento de Ciencia Política del ITAM, Marta Cebollada,  reconoció que en México, más de 2.3 millones de personas -casi todas mujeres- enfrentan una discriminación por la naturaleza de su profesión: el trabajo del hogar remunerado. Dicha labor, dijo, se ve sobrevalorada por la “percepción errónea” de que no es un trabajo real.

En el país, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2016, revelaron que existían casi 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales la mayoría son mujeres y niñas, y reconoció que en la última década se ha registrado un incremento en esta actividad.

Desde 2011, año en el que fue firmado el Convenio189, organizaciones de la sociedad civil, instancias nacionales e internacionales así como senadoras de diversas fracciones parlamentarias se han sumado a la petición de las trabajadoras del hogar para avanzar en la ratificación del Convenio 189 con el fin de tener acceso a sus derechos laborales.

Datos de la OIT, mencionan que México es el país de América Latina con menor porcentaje de trabajadoras formales. Conapred mencionó que países con menor desarrollo al de México “han ratificado este Convenio y están dando pasos para garantizar al sector los mismos derechos que el resto de las ocupaciones”.

18/AEG/LGL

La discriminación contra las trabajadoras del hogar, los bajos sueldos que perciben y la dificultad que tienen para acceder a prestaciones sociales, se pueden modificar si México ratifica el Convenio 189 que asegura condiciones labores dignas para este sector, sugiere el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). 

En un informe que elaboró sobre las condiciones de las trabajadoras del hogar en el país, la institución señaló que uno de los pendientes del gobierno mexicano es la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT) para reformar la Ley Federal de Trabajo y la Ley del Seguro Social, que actualmente priva de derechos laborales a las trabajadoras del hogar.

De ratificar este instrumento internacional, el Estado mexicano haría obligatoria la derechohabiencia de las trabajadoras del hogar, establecer una jornada laboral de ocho horas, un contrato entre empleador y empleadora, además de obtener prestaciones como vacaciones, pensión o posibilidades de ahorro.

México firmó el Convenio 189 en 2011, pero desde entonces no lo ha ratificado a pesar de que 13 países de América Latina lo han hecho: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay y Jamaica.

DISCRIMINACIÓN HISTÓRICA

En el documento, Conapred describe que las trabajadoras del hogar han sido históricamente objeto de una discriminación estructural por no considerarse una ocupación “real”, sino parte de las actividades que “deben realizar las mujeres”, convirtiéndose en un empleo  invisible y estigmatizado, aunque cerca de 2.6 millones de mujeres se dedicaban al trabajo del hogar, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en un reporte del 2016.

El trabajo del hogar también es una opción para las mexicanas debido a la falta de oportunidades laborales a las que tienen acceso, indica Conapred. En 2014 la instancia realizó una encuesta a las trabajadoras del hogar, un 81 por ciento describió que se empleó en este sector por razones de necesidad económica y pobreza, otros factores mencionados fueron la marginación o poco desarrollo educativo.

En suma, un tercio de las trabajadoras dijo que comenzó a trabajar cuando era menor de edad, de hecho, una de cada cinco lo hizo entre los 10 y 15 años, resaltó la institución.

Sin embargo, incluso dentro del trabajo del hogar remunerado las mujeres tienen peores condiciones labores en comparación con sus pares varones. Por ejemplo, el Consejo revela que en 2016 mientras dos de cada 10 hombres en esta ocupación tenían seguridad social, la proporción de mujeres trabajadoras del hogar sin derechohabiencia era del 98 por ciento.

Conapred añade que las desventajas laborales para las empleadas del hogar también son distintas respecto a las personas que realizan tareas similares en otros espacios. Con datos de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS) muestra que solo 10 por ciento de las personas que realizan tareas de limpieza en establecimientos comerciales ganan menos de un salario mínimo, en comparación con las mujeres que se emplean en hogares, la cifra incrementa a 36 por ciento.

DISCRIMINACIÓN SOCIAL

Conapred argumentó que la misma sociedad civil continúa los prejuicios que legitiman las condiciones de desigualdad para las trabajadoras del hogar. A través de una encuesta telefónica que realizó en 2014, una de cada 20 personas estuvo de acuerdo en que las trabajadoras del hogar no tengan vacaciones pagadas o un contrato escrito.

En tanto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis) de 2010, destalla que un cuarto de población nacional justifica dar de comer a las trabajadoras del hogar, sobrantes de alimentos.

A pesar de esta violencia que enfrentan las trabajadoras del hogar, en siete años (2011 a septiembre de 2017) el Conapred únicamente calificó 25 expedientes como presuntos actos de discriminación hacia personas trabajadoras del hogar; 23 quejas corresponden a particulares y dos en contra servidores públicos, reporta en el documento.

Sobre estos casos, las denunciantes refirieron que fueron discriminadas por su condición social y económica, la institución asevera que “la mayoría llegó a un acuerdo entre las partes, se pidieron disculpas públicas y se impartieron cursos de igualdad y no discriminación”.

Para hacer frente a esta discriminación e injusticias laborales, Conapred recuerda que en 2016 se conformó el primer gremio de trabajadoras del hogar en el país conocido como el Sindicado Nacional de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar (Sinactraho).

Encabezado por mujeres, este sector busca reivindicar sus derechos por medio un contrato colectivo que crearon para tener certeza sobre obligaciones y responsabilidades laborales, tanto de las empleadas del hogar como de quienes las contratan.

18/HZM/LGL

Adriana Rodríguez Hernández regresó a laborar a la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) el mismo día que hace año fue despedida por tener Cáncer de Mama (Cama). Este 19 de diciembre de 2017 retomó su cargo como subdirectora de Información Delictiva y Coyuntural.

Después de demostrar que su despido no estuvo relacionado con su desempeño laboral, sino con una serie de agresiones que recibió por parte de funcionarios públicos por padecer (CaMa), en abril de 2017 el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito de la entidad, le dio la razón y concluyó que la CES Edomex debía reinstalarla en su puesto y garantizarle el derecho a seguridad social.

La CES Edomex hizo caso omiso a la resolución por lo fue sancionada económicamente por el Juez Quinto de Distrito en Materia de Amparos y Juicios Federales. En este proceso la instancia presentó un amparo para no cumplir con la reinstalación. Sin embargo, el mismo Tribunal Colegiado volvió a corroborar el fallo el 24 de noviembre de 2017.

En la sentencia del año pasado los magistrados declararon que Adriana debía regresar a su trabajo porque no había elementos para sustentar su despido, además, destacaron que retirarle la seguridad social e interrumpir su tratamiento contra el cáncer colocaba su vida en riesgo.

La Comisión de Seguridad mexiquense se vio orillada a cumplir con el fallo por lo que informó al Juez Quinto de Distrito –encargado de dar seguimiento a la orden del Tribunal– que a partir del 16 de diciembre comenzarían las labores para la restitución. Tres días más tarde, Adriana Rodríguez confirmó los hechos presentándose a las oficinas de la institución.

LA REINSTALACIÓN

Desconfiada de volver a recibir tratos discriminatorios, por ejemplo, sus compañeros de trabajo se burlaban de ella porque a causa de la enfermedad le extirparon el seno izquierdo y demeritaron de su trabajo por su condición de género, o de vivir represalias por la búsqueda de justicia que emprendió, Adriana relató a Cimacnoticias que ya tuvo el primer encuentro con el personal de Recursos Humanos.

La entrada en septiembre de 2017 del gobernador del Edomex, Alfredo del Mazo, implicó el cambio de personal de la CES. Hubo múltiples despidos, entre ellos, quienes discriminaron a Adriana y la corrieron de la institución: el jefe de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas y el jefe de Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez.

En Recursos Humanos le dijeron a Adriana que apenas conocían su caso porque recibieron un oficio del Juez Quinto. Adriana también habló con el nuevo titular del área a la que pertenece, lo mismo le comentó, ignoraba el proceso jurídico que enfrentaba con la CES Edomex y su reinstalación laboral exigida desde abril de 2017. La demanda se había mantenido en total discreción por parte del departamento Jurídico.

Adriana Rodríguez describió en entrevista que por primera vez se hizo escuchar dentro de la institución. Narró su historia y fue comprendida por parte de sus compañeros, finalmente retomó sus labores como subdirectora de Información Delictiva.

REPARACIÓN DEL DAÑO

Para Adriana volver a su trabajo significó solo una parte de la demanda por justicia, comentó que su propósito es que su caso, de despido injustificado por tener Cáncer de Mama no se repita dentro de la CES Edomex o en algún otro espacio laboral.

La subdirectora no piensa claudicar en obtener una sentencia ejemplar que incluya la sanción a los servidores públicos responsables y la reparación del daño integral.

Hoy, la única institución que accedió a acompañarla legalmente para demandar a los funcionarios de la CES Edomex es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sin embargo, hasta ahora no han emprendido acciones concretas para interponer la demanda.

A Rodríguez Hernández le fue rechazada su denuncia en múltiples organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

A pesar de las pruebas, como mensajes de hostigamiento, ofensas y testimonios que daban cuenta de los malos tratos, el Inmujeres, la Comisión mexiquense de DH y la CNDH, concluyeron que no existía ningún tipo de violencia de género o discriminación por padecer una enfermedad predominantemente femenina.

Por su parte, en una entrevista que realizó Cimacnoticias al Área de Admisibilidad, Orientación e Información de Conapred, el organismo reconoció la discriminación en contra Adriana y la violación de sus derechos laborales, a la salud y una vida libre de violencia, pero no aceptó el caso, pues al tratarse de servidores públicos mexiquenses no tiene la facultad de intervenir, argumentó.

Pero señaló que la Comisión de DH del Edomex era la responsable de dar respuesta a la denuncia de Adriana junto  con el Inspector General de las Instituciones de Seguridad Pública del Edomex (Igispem), instituciones a las que Adriana ya había acudido.

Para septiembre de 2017 que Conapred dio esta respuesta, nueve meses antes la Comisión Estatal de DH había concluido que “no había elementos que respaldaran las acusaciones de discriminación”. En tanto, el Igispem mantiene abierta una carpeta de investigación (número, IGISPEM/QP/IP/2816/2016) pero no muestra ningún avance o da respuesta a Adriana.

El cáncer que padece Adriana Rodríguez es llamado “Her 2 positivo”, un tipo poco investigado en el país y que tiene la particularidad de desarrollarse de forma rápida. Actualmente es atendida en un programa especial alemán que investiga este cáncer en el Centro Oncológico Estatal de Toluca. El tratamiento tiene una duración de cinco años para descartar que vuelva a aparecer.

“Estoy trabajando, haciendo que conozcan mi trabajo. Me siento orgullosa porque sigo luchando”, concluyó a Adriana, quien por ahora espera la respuesta de la CEAV.

17/RED

El Estado debe generar estrategias para eliminar y sancionar la discriminación de mujeres en el empleo y crear incentivos para fomentar la igualdad en el trabajo como las licencias por maternidad o paternidad, garantizar a las empleadas acceso a guarderías y revisar la Ley del Seguro Social, sobre todo en la protección de madres trabajadoras, aseguró el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

En un reporte el organismo lamentó que en el país exista una percepción generalizada de que las mujeres “por naturaleza” saben hacer las tareas del hogar, y que la mayoría de las responsabilidades domésticas recaiga en ellas. Por ejemplo, las mujeres en 2014 dedicaron 30 horas semanales al cuidado de personas menores de 15 años de edad, mientras que los hombres, solamente 12 horas.

Todo eso cuando el valor del trabajo del hogar no remunerado y de cuidados equivalió a 24.2 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, siendo las mujeres quienes aportaron tres cuartos del mismo, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (Inegi) de 2015.

El Estado estaría reforzando este “espacio natural” del hogar, detalló el Conapred, por ejemplo, al permitir que sólo las mujeres y no los varones puedan inscribir a sus hijas e hijos en las guarderías del IMSS. Hasta ahora un hombre puede acceder a este derecho únicamente cuando se declara viudo, divorciado o si tiene la custodia de los menores de edad.

Otra forma de reforzar los estereotipos de género, dice el organismo, son las licencias de paternidad que contemplan cinco días de permiso para los hombres, mientras que las mujeres reciben hasta 12 semanas. Esta desigualdad estructural, señala, dificulta la participación de las mujeres en el empleo y pone en riesgo su autonomía económica.

También en el mercado laboral, expuso Conapred, las mujeres enfrentaron discriminación. Muchos trabajos considerados “femeninos” se pagaron menos que trabajos “masculinos”. Cuando los empleos y educación de ambos sexos son similares, los hombres ganaron 34 por ciento más que las mujeres.

Esta cifra fue más baja que la reportada por el Foro Económico Mundial en su último informe sobre la brecha de género. El organismo internacional indicó que en 2017, en México, las mujeres ganaron la mitad que los hombres, aunque este dato se refiere a las ganancias anuales en general y no al salario de hombres y mujeres en puestos de similar jerarquía.

Según el Consejo, las mujeres enfrentan obstáculos para el ascenso en el trabajo y en la etapa de maternidad padecen varias formas de discriminación, por ejemplo, como requisito para su ingreso al trabajo, se les solicita un certificado que acredite que no están embarazadas o se les despide a causa de estar embarazadas.  

Por eso, Conapred pidió al Estado que genere estrategias para eliminar y sancionar la discriminación hacia las mujeres en el empleo y crear incentivos sobre igualdad como las licencias de maternidad y paternidad y el acceso a madres y padres a guarderías. De la misma manera, reclamó una revisión de la Ley del Seguro Social, sobre todo para proteger los derechos de las madres trabajadoras.

Pero en primer lugar, reiteró, sería necesario fomentar la cultura de una vida libre de violencia, ya que la violencia contra las mujeres es una práctica social ampliamente extendida en el país. Según el informe, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más han experimentado al menos un acto de violencia, ya sea emocional, física, sexual, económica, patrimonial, o discriminación laboral.

La expresión más brutal de violencia es la alta cifra de feminicidio. Cada día, siete mujeres son asesinadas por el hecho de ser mujeres, de acuerdo con Inegi.

18/SG

En su sexta edición, la noche de las Publivíboras que cada año entrega antipremios a la publicidad más sexista y misógina, incluirá a las categorías racistas y clasistas, así como la entrega conjuntamente con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) del premio “I have a dream”, a la campaña más inclusiva.

Así lo explicaron en entrevista con Cimacnoticias, la directora general adjunta de Vinculación, Cultura y Educación del Conapred, Tania Ramírez Hernández, quien señaló que la participación de esta instancia derivará no sólo en el análisis de más categorías (racismo, clasismo), sino también en mesas de diálogo entre analistas de los medios de comunicación y las personas dedicas a realizar publicidad, incluyendo a quienes resulten galardonados en la Noche de las Publivíboras con el objetivo de crear lineamientos básicos para que las agencias de publicidad no sigan creando contenidos discriminatorios.

Tania Ramírez destacó la importancia de identificar a quienes realizan publicidad con mensajes misóginos, racistas y clasistas porque, dijo, estos se reproducen en medios de gran alcance con los que cotidianamente convive la ciudadanía y “perpetúan la discriminación”.

En ello coincidió la coordinadora de proyectos de Las Reinas Chulas, Ana Laura Ramírez Ramos, quien explicó que si bien desde ediciones previas las integrantes de la organización buscan a los creadores de la publicidad galardonada para sugerirles cambiar sus contenidos, aspiran a que la participación del Conapred les permita un mayor alcance, pues cada año se enfrentan a publicistas y directivas de las marcas, que se niegan a conversar.

Pese a este obstáculo, mencionó Ramírez Ramos, en Las Reinas Chulas han observado que conforme pasa el tiempo la ciudadanía “es más crítica y participativa, pues cada vez más personas se pronuncian por una publicidad que no promueva estándares y expectativas inalcanzables”.

Esto también ha sido comprobado por el Conapred en donde, de acuerdo a Tania Ramírez, son más frecuentes las quejas interpuestas ante la instancia gubernamental por publicidad discriminatoria y misógina.

Ana Laura Ramírez mencionó que desde 2011 a la fecha “Las Reinas Chulas” han identificado con menos frecuencia anuncios publicitarios misóginos en radio y televisión nacional, pero se observa un incremento en las redes sociales, por lo que son plataformas que también deben vigilarse.

Respecto a la importancia de analizar críticamente los contenidos publicitarios Tania Ramírez del Conapred afirmó que la publicidad “es un área estratégica” para incidir en la erradicación de la discriminación pues sirve para fomentar “mensajes con aspiraciones sobre el proyecto de vida de hombres y mujeres”.

Las campañas publicitarias nominadas son propuestas por el público durante todo el año en la página de Facebook de Las Publivíboras y las que obtienen más reacciones elegidas para recibir su antipremio en una ceremonia que se llevará a cabo esta noche en el Teatro de la Ciudad a las 20:00 horas.

Los anti premios se otorgarán a nueve categorías de campañas: las de productos de limpieza, alimentos, higiene personal o productos de belleza; a las de servicios para la niñez, los que intentaron tener una buena iniciativa, a quienes se han distinguido por siempre hacer comerciales discriminadores; también para la publicidad de productos para hombres, a comerciales internacionales discriminatorios y el premio “I have a dream”

Los reconocimientos serán entregados por funcionarias, artistas, periodistas y defensoras de Derechos Humanos como la presidenta del Conapred, Alexandra Haas Paciuc; la titular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Jacqueline L´Hoist; la escritora Ana Francis Mor y periodistas como Tamara de Anda y Mardonio Carballo.

17/MMAE/LGL

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) acompañará legalmente el caso de Adriana Rodríguez Hernández, quien está enferma de Cáncer de mama y fue despedida injustificadamente de su cargo como subdirectora de Información Delictiva en la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) en diciembre de 2016.

En entrevista con Cimacnoticias, Rodríguez Hernández informó que le notificaron lo anterior el pasado 8 de noviembre, a través de una llamada telefónica, a 4 meses de que ella se acercara a la instancia a pedir ayuda, después de que el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) no pudiera cumplir con la petición que le hizo la Comisión de Víctimas para dar seguimiento al caso.

Con ello, a casi un año del despido de Adriana Rodríguez, la CEAV es la primera instancia que decide acompañar de manera legal a la víctima y dará seguimiento al caso hasta que se cumpla la sanción de los servidores públicos, el ex jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez; y el ex director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas, quienes violentaron sus derechos laborales, de salud y el derecho a una vida libre de violencia; y se cumpla también con su restitución en el puesto laboral que ocupaba en la CES Edomex. 

La CEAV aún analiza en qué instituciones interpondrá la denuncia penal en contra de los funcionarios, informó Adriana a esta agencia, pues ella ya agotó todas instituciones que podrían resolver su caso:

El Conapred, por ejemplo, señaló que su reglamento no le permite intervenir en denuncias por discriminación cuando los involucrados son servidores públicos estatales, pero la responsabilidad de investigar las violaciones que estos cometieron, era por Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Edomex, precisó.

Sin embargo, para ese momento la Comisión de Derechos Humanos mexiquense había resuelto que no había pruebas de que David Izquierdo y Luis Mauriño discriminaron y se burlaron del aspecto físico de Adriana, tras la mastectomía de seno izquierdo que le fue practicada por el avanzado estado del cáncer.

En pie y aún sin respuesta, sigue una denuncia que interpuso Adriana en la Inspección General de las Instituciones de Seguridad Pública del Edomex (IGISPEM) (con el numeral IGISPEM/QP/IP/2816/2016) encargada de “erradicar las conductas irregulares” de personal de seguridad pública del Edomex.

La ayuda de CEAV resulta necesaria, pues Adriana solo cuenta con dos abogados de oficio de la Procuraduría General de Justicia mexiquense, quienes únicamente la acompañan en su denuncia laboral, la cual cabe resaltar que sigue sin resolverse a pesar de que en abril de este año el Tercer Tribunal Colegiado de Materia Administrativa ordenó a la CES Edomex restituir en Adriana en su puesto laboral porque estaba en riesgo su vida de no contar con la prestación de seguro social.

Cabe mencionar que desde septiembre con el cambio de gobierno en el Edomex, y la entrada del nuevo gabinete del gobernador Alfredo del Mazo; ambos funcionarios acusados, Luis Mauriño y David Izquierdo, ya no laboran dentro de la Comisión, pues ahora está bajo la dirección de Maribel Cervantes Guerrero.

17/RED/LGL

Pese a que el    Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred) reconoce que hubo discriminación en contra de Adriana Rodríguez Hernández por padecer Cáncer de Mama (CaMa), no tiene la facultad de intervenir en el caso porque los involucrados son servidores públicos del Estado de México, no obstante, dejó en claro que sí hay una instancia que debe intervenir en el caso: la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Adriana fue sometida a una mastectomía radical del seno izquierdo en 2015 por el CaMa que le fue diagnosticado. Desde ese momento, fue víctima de burlas y hostigamientos por su aspecto físico en su trabajo en la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex) donde se desempeñaba como subdirectora de Información Delictiva hasta que fue despedida sin justificación en diciembre de 2016 por el jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo Sánchez y el director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño Cubas.

Desde entonces, Adriana ha tocado todas las puertas de instituciones de Derechos Humanos (DH) para que se le garantice el acceso a la justicia y se sancione a dichos servidores públicos. El caso llegó en julio de 2017 al Conapred, a petición de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), pero éste argumentó que no estaba facultado para intervenir en el caso, por lo que Cimacnoticias buscó a la institución para conocer las razones.

En entrevista con el director de Admisibilidad, Orientación e Información de Conapred, Enrique Ventura Marcial, explicó que el Artículo 61 del Estatuto Orgánico de Conapred estipula que sólo puede intervenir en violaciones cometidas por particulares, personas físicas o morales, y cuando se trate de servidores públicos, únicamente de carácter federal.

Si Conapred tiene conocimiento de algún caso donde los presuntos responsables son servidores públicos estatales, indicó el director, se envía a los Consejos de Prevención y Erradicación de Discriminación locales. En este caso, el Edomex no cuenta con una entidad especializada en la discriminación, por lo cual se canalizan a la Comisión de Derechos Humanos local (CDHEM).  

DISCRIMINACIÓN POR CÁNCER DE MAMA

Ventura Marcial tuvo en sus manos el caso de Adriana del cual reflexionó: "-en estos casos nosotros tenemos que estar alerta y decir ojo, es una situación relacionada a esta enfermedad, pero justo aquí, hacemos ver que hay una discriminación múltiple; en este caso específico, podemos ver que se le está discriminando por género y por una condición de salud”.

El cáncer que padece Adriana, llamado “Her 2 positivo”, es muy particular, no se cuenta con investigaciones en México sobre su rápido desarrollo y el precio del tratamiento está por encima de los 10 millones de pesos, ha logrado evitar esta cantidad imposible solventar gracias a la atención médica que recibe en el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

Ventura precisó que a Adriana Hernández se le obstaculizó su derecho laboral, el derecho a la salud y el derecho a una vida libre de violencia.

CDHEM, OBLIGADA A INTERVENIR

Si bien Conapred reconoció la discriminación, su reglamento le impide actuar sobre el caso, pero la competencia es de la Comisión de Derechos Humanos del Edomex, pues así lo refiere en su capítulo IV la Ley para Prevenir, Combatir y Eliminar Actos de Discriminación local.

En esta normativa se estipula que es responsabilidad de la CDHEM “conocer y resolver las quejas de violación a Derechos Humanos, con motivo de actos discriminatorios cometidos por autoridades estatales o municipales”.

Desde un principio Adriana lo hizo así, interpuso una denuncia ante la Comisión de DH del Edomex (con el número de expediente CDHEM/TLAL/786/2015) pero en enero de 2017 el órgano resolvió que tras una “exhaustiva investigación” no había elementos que respaldaran las acusaciones de discriminación en contra de los servidores públicos, David Izquierdo y Luis Mauriño.

Adriana informó de esta omisión a Conapred, por lo que acordó con esta institución en enviar un oficio al Inspector General de las Instituciones de Seguridad Pública del Edomex (IGISPEM), Isael Teodomiro Montoya Arce, para que atendiera el caso. El IGISPEM es la instancia que se encarga de “erradicar conductas irregulares de funcionarios de seguridad pública del Estado”.

Cabe mencionar que también desde diciembre de 2016 el IGISPEM abrió una investigación por la denuncia de Adriana (con el numeral IGISPEM/QP/IP/2816/2016) sin que se tenga respuesta por el momento.

Es decir, Adriana pidió ayuda a todas las instituciones que por Ley estaban obligadas a investigar su caso, también acudió al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pero hasta ahora ninguna instancia garante de los DH ha podido asegurarle la reparación de daños y la sanción de los servidores públicos del Edomex.

En tanto, las autoridades de la CES Edomex se mantienen negligentes al fallo que dio el pasado abril el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa; quien determinó que por tratarse de una situación que “pone en riesgo su vida” fuera reinstalada en el mismo puesto que desempeñaba en la Comisión y se le asegurara el acceso a la salud médica.

17/RED/LGL

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pidió mediante un oficio a la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) intervenir en el caso de Adriana Rodríguez Hernández, discriminada y despedida en diciembre de 2016 por padecer cáncer de mama (CaMa) por parte de funcionarios públicos de la Comisión Estatal de Seguridad del Estado de México (CES Edomex).
 
El pasado 28 de julio la CEAV pidió a la Conapred resolver la denuncia de Adriana, víctima de burlas y hostigamiento por parte del jefe de la Unidad de Análisis Criminal, David Alberto Izquierdo y el director de Información y Coordinación Regional, Luis Itzcoatl Mauriño, quienes en reiteradas ocasiones se han burlado del aspecto físico de Adriana Rodríguez, tras la mastectomía del seno izquierdo a la que fue sometida.
 
El documento –del cual tiene copia Cimacnoticias- exhorta a Conapred a ejecutar las acciones que sean necesarias y dar seguimiento al caso por ser asunto de su competencia. En tanto, Rodríguez Hernández espera que la Comisión la reinstale como subdirectora de Información Delictiva, tal como lo dictó en abril el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Administrativa “por estar en riesgo su vida”, dijo entrevista.
 
Hasta ahora, Conapred no ha informado si aceptó o no el caso pues deberá revisarlo y notificar posteriormente a Adriana Hernández si procederá con la investigación, informó en entrevista con Cimac, personal de la dirección de quejas de esta instancia.
 
Los llamados del Juez Quinto de Distrito, encargado de hacer efectivo el fallo, también continúan, este primero de agosto pidió a la CES Edomex por última ocasión, entregar en tres días un informe de cumplimiento de la resolución, de lo contrario la institución pública será nuevamente sancionada económicamente y los responsables podrían perder su cargo e incluso enfrentar la prisión.
 
Cabe recordar que después del despido injustificado, la CES Edomex demandó a Adriana, argumentando que había robado un vehículo perteneciente a la institución, cuando la víctima ha demostrado que fue el mismo personal de la CES Edomex, quienes se negaron a recibirlo y dejarla a ingresar a las instalaciones.
 
El próximo lunes 7 de agosto, se llevará acabo la primera audiencia para saber si Adriana Hernández será vinculada a proceso, mismo día en que la institución de seguridad debe cumplir con sus instalación por lo que la denuncia podría anularse recordó la víctima. 
 
Cabe recordar que hasta ahora, ninguna organización ha acompañado a Adriana Hernández, y su caso lo siguen dos abogados de oficio de la Procuraduría mexiquense.
 
17/RED

Luego  de la cancelación del programa de Radio UNAM “Sentido Contrario” por los comentarios misóginos del ex locutor Marcelino Perelló Valls en la emisión del pasado 28 de marzo, el Centro de Investigaciones y Estudios de Género (CIEG) de la UNAM realizará una serie radiofónica donde se abordarán temas de género.
 
La emisión será coproducida por Radio UNAM y saldrá al aire el segundo semestre del año. A la par, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y el CIEG impartirán entre el personal de la radiodifusora conferencias, cursos y talleres  sobre Derechos Humanos y Género.
 
Así lo informó el director general de Radio UNAM, Benito Taibo, al coordinador de Asesores de la Oficina de la Abogada General de la institución, Armando J. Meneses Larios, a través del oficio DGRU/132/2017 en manos de esta agencia.
 
El documento forma parte de la respuesta que el Conapred dio a la queja que interpusieron el 7 de abril las profesoras-investigadoras de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) Aleyda Gaspar González, Adriana González Mateos y Graciela González Phillips, contra el ex locutor por haber emitido "una serie de dichos misóginos que promueven la discriminación, el odio y la violencia contra las mujeres”.
 
En la emisión del 28 de marzo, Perelló Valls desestimó la violación sexual cometida por cuatro jóvenes veracruzanos contra la menor de edad Daphne Fernández e hizo comentarios misóginos contra las víctimas de este delito, lo que generó el repudio de cientos de personas en redes sociales, tras lo cual el 7 de abril Radio UNAM anunció a través de un comunicado la cancelación del programa.
 
RESPUESTA DE LA UNAM
 
Ese mismo día 7 de abril, la subdirectora de Producción de la Dirección General de Radio UNAM, María de la Paz Guadalupe Gener Rivera, envió la grabación del programa al director del Museo Universitario del Chopo, José Luis Paredes Pacho, ya que Perelló era secretario auxiliar de la dependencia. El audio fue enviado “para los efectos y acciones que estime convenientes y que conforme a derecho procedan”, se lee en el oficio firmado por Gener Rivera.
 
Posteriormente, Paredes Pacho concluyó que las expresiones del ex locutor atentaron contra los valores y fines de la UNAM y afectaron también “la reputación y el prestigio” de la Casa de Estudios al dar a conocer opiniones “con un lenguaje carente de perspectiva de género y sensibilidad que promueven la violencia de género”.
 
Eso consta en el documento OFICIO/MUCH/DIOR/158/2017, con fecha del 5 de mayo, el cual fue enviado por el Director del Museo del Chopo al coordinador de asesores de la Oficina de la Abogada General, Armando J. Meneses Larios.
 
En el oficio, Paredes Pacho explica que pidió verbalmente al jefe de la Unidad Jurídica de la Coordinación de Difusión Cultural, José Luis Coraza Pérez, “se iniciara un procedimiento conforme a derecho”. Y Coraza Pérez solicitó el 20 de abril, a través del oficio CODC/UJ/485/2017, al director general de Asuntos Jurídicos, Raúl Arcenio Aguilar Tamayo, que dictaminara las sanciones laborales correspondientes a Perelló Vals.
 
Días después, en el oficio DGAJ/DALC/DIA/2091/2017 con fecha del 26 de abril, el director general de Asuntos Jurídicos dictaminó que sí había elementos suficientes para rescindir el contrato individual de Perelló Vals con la UNAM y, recalcó, que la relación laboral del también ex profesor en la Facultad de Ciencias era única, por lo que era imposible que el académico continuara “con cualquier tipo de relación laboral en esta Universidad”.
 
Pese a lo anterior, la UNAM sancionó a Perelló porque el mismo 26 de abril el ex académico se dio de baja ante la Dirección General de Personal de la Universidad.
 
De acuerdo con el director general de Asuntos Jurídicos, el contrato de Perelló podía rescindirse porque cometió actos de discriminación y violencia de género y atentó contra uno de los principios contemplado en el Artículo 2 del Estatuto General de la UNAM, el estar “íntegramente al servicio del país y de la humanidad, de acuerdo con un sentido ético y de servicio social, superando constantemente cualquier interés individual”.
 
Además, precisó Aguilar Tamayo, el ex locutor usó inapropiadamente el espacio radiofónico que se le proporcionó “para un objeto distinto a los fines de la Universidad” e  “incurrió en un motivo razonable de pérdida de confianza”.
 
Actualmente hay una denuncia penal en contra de Marcelino Perelló ante la Fiscalía Especial para Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) por “hechos que pueden ser constitutivos de delito”. Esta fue interpuesta por 32 académicas y trabajadoras administrativas de la UNAM el 24 de abril para exigir se sancione al ex locutor por las expresiones ofensivas y misóginas contra víctimas de violencia sexual.
 
17/MMAE/GG

La mayoría de las mujeres migrantes que se emplean en el sector agrícola de Estados Unidos (EU) podrían ser deportadas, ya que se encuentran en situación migratoria irregular debido, sobre todo, a que al intentar obtener sus papeles sufren una clara discriminación en el acceso a visas temporales de trabajo en el campo, la H2A. Sólo 4 por ciento de estas visas fueron asignadas a mujeres, de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Trabajo de EU.
 
Al respecto, la directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), Fabienne Venet, declaró en entrevista con Cimacnoticias que existe una severa discriminación de género en la adjudicación de las visas H2A, por lo que no existe rastro o estadísticas exactas de la cantidad de mujeres migrantes que están sin documentación y trabajan en el campo del país vecino.
 
Lo que estamos viendo, aseveró Venet, “es una violación a la legislación en la no discriminación del empleo, las mujeres están sistemáticamente excluidas de las visas H2A”. Por ejemplo, en 2010 “datos oficiales estiman que en general 20 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola son mujeres”, sin embargo consideró que aún resta un gran esfuerzo por visibilizarlas.  
 
Las especialista en temas migratorios destacó que sería responsabilidad de los reclutadores, empleadores, pero también del gobierno de EU y México, regular esta situación, ya que “deben garantizar el acceso de igualdades para los hombres y las mujeres”, pues que la mayoría de las visas son entregadas a las personas migrantes mexicanas. Hasta 2012, el Departamento de Trabajo de EU informó que otorgaron  60 mil 365 visas H2A, el 90 por ciento fueron adjudicadas a personas migrantes de México.
 
 
DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN
 
La directora del Inedim, expuso algunos casos de la discriminación y exclusión que viven las migrantes mexicanas para acceder a la visa H2A.
 
En 2012, “una migrante proveniente San Luis Potosí trabajaba en la industria del cangrejo en EU, por sus habilidades calificaba para obtener una visa H2A” (que brinda mayores prestaciones y protección laboral). Sin embargo, “la agencia que la reclutó no abrió ninguna oferta de trabajo con visa H2A para mujeres, por lo cual se le negó su cambio”, comentó Venet.
 
FEMINIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN
 
La participación de las mujeres en los procesos migratorios ha aumentado en las últimas décadas. La directora del Inedim explicó que a partir de los años 90, estudios etnográficos demuestran una fuerte feminización de la migración mexicana, perteneciente sobre todo a comunidades rurales. Asimismo la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) acentuó la pobreza en el campo y contribuyó a este  fenómeno migratorio.
 
Las jornaleras de la globalización -como llaman a las migrantes en el sector agrícola- “son parte del proceso de feminización de la pobreza y la necesidad de las mujeres en insertarse en diferentes sectores ocupacionales”, por el momento, 44 por ciento de la población mexicana migrante en EU son mujeres, agregó Venet.
 
CON RIESGO DE SER DEPORTADAS
 
Al no contar con documentación, las migrantes empleadas en el sector agrícola de EU corren mayores riesgos de ser deportadas con la nueva administración del presidente de EU, Donald Trump, consideró Fabienne Venete.
 
Aunque no se ha hablado de la revocación de las visas H2A, dijo la especialista, “la orden ejecutiva para proteger trabajadores estadounidenses que dio Trump nos dice un poco por dónde va la situación”.
 
Durante la primera semana de febrero se registraron diversas redadas, que concluyeron con la deportación de 90 personas mexicanas, según cifras oficiales.
 
Sin embargo, Venet recordó lo ocurrido en la pasada administración de Barack Obama, quien al reforzar la política de control y deportación de personas migrantes se enfrentó con las empresas del sector agrícola: “los dueños del campo dijeron que no podía ser, porque no podrían levantar las cosechas, también ahí hay sectores que van a negociar con la organización pública”.
 
“Las trabajadoras son esenciales en los sectores de producción de la economía de EU”, destacó la directora del Inedim, y comentó que confía que eventualmente se entreguen mayores visas de trabajo temporal en los próximos años.
 
Fabienne Venet señaló que las medidas de inserción por parte del Gobierno mexicano hacia la población mexicana deportada son poco claras.
 
Respecto a la atención jurídica que el Gobierno mexicano aseguró que brindaría a través de los consulados, Fabienne Venet comentó que  “deberán informar y proteger con enfoque de género a las trabajadoras migrantes temporales”, así como estrechar un mayor diálogo bilateral para evidenciar situaciones de abusos y posible deportación.
 
INICIATIVAS PARA SU PROTECCIÓN  
 
También han existido avances en la lucha por parte de las organizaciones sociales para erradicar la discriminación de género en la obtención de visas, trabajos, atención a casos de abusos y garantías de los Derechos Humanos (DH) y laborales de las personas migrantes en EU, dijo Venet.
 
“Hay una situación de vulnerabilidad muy clara y una falta de protección” aseguró la especialista, “me parece que en términos de reclutamiento, en México la Secretaría de Trabajo necesita ampliar en sus actividades de inspección y supervisión de las agencias reclutadoras con perspectiva de género”, agregó que se requiere tener un registro de denuncias de discriminación por género en él.
 
La directora Inedim informó que, el año pasado, la institución y el Centro de los Derechos del Migrante (CDM) presentaron una queja ante el Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación (Conapred) por discriminación de género en la contratación de trabajadoras migrantes temporales en EU. Pero hasta el momento no han obtenido respuestas.
 
Por otra parte en 2014 en Canadá la agrupación United Food and Commercial Workers (UFCW) presentó una denuncia ante el Conapred (CONAPRED/DGAQR/405/14/DQ/I/DF/Q303) por las mismas razones.
 
En este caso la denuncia fue aceptada y tramitada, y propició que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se comprometiera a: solicitar al empleador que defina perfiles detallados excluyendo el criterio de género; tras un periodo de cinco años, rechazar solicitudes de mano de obra de empleadores que continúen integrando criterio de género en sus pedidos; impulsar con autoridades y empleadores canadienses ajustes a previsiones de vivienda que respondan a contrataciones mixtas; e informar a las autoridades canadienses de este proceso.
 
Asimismo, añadió que desde 2013 en el Senado estadounidense se encuentra detenida una iniciativa de ley, la cual  busca dar a los y las trabajadores agrícolas temporales la permanencia en EU tras cinco años de trabajo.
 
Además, se tendría la obligación de entregar, el primer año de su aprobación, cerca de 12 mil visas H2A para personas migrantes, y obligaría a los empleadores registrar, pagar los sueldos y costes de transporte y alojamiento de las personas migrantes. Esta iniciativa podría estar en riesgo por el nuevo mandatario, concluyó Venet.
 
17/HZM/GGQ