CNDH

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los gobiernos locales a transparentar los recursos asignados para implementar la Alerta de Violencia de Género (AVG) toda vez que existen casos en donde se asignó dinero específico para ello, y en otros, si bien no existe un recurso, sí cuentan con un presupuesto para implementarla.

Así lo destaca en su “Diagnóstico como integrante de los Grupos de Trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de la AVG” presentado hoy, en el cual revisó en qué fases están las AVG, los retos para su implementación y los recursos destinados para ello.

En el reporte, la CNDH señala que los estados deben planear, solicitar y ejercer con transparencia el presupuesto para fortalecer la AVG. 

La Comisión hizo una recopilación de los informes entregados por los gobiernos locales a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), encargada de hacer funcionar la AVG, y encontró que durante los últimos tres años (de 2016 a 2018) se designó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, anexo 13, dedicado a la Igualdad entre mujeres y hombres, de un total de 81 mil millones de pesos (mdp), únicamente tres por ciento (2 mil 400 mdp) al rubro de la prevención, atención y sanción de la violencia de género.

De este monto (3 por ciento) el informe no detalla cuánto dinero se otorgó a las AVG, aunque en la página de la Conavim, ésta señala que en 2017 asignó 27 millones 992 mil 357 pesos a seis estados con AVG: el Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Morelos, Michoacán, y Veracruz.

La situación se agrava, indica la CNDH, pues el Artículo 23, fracción cuarta, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no explica cómo y qué nivel de gobierno debe realizar la asignación presupuestal de la AVG.  

Sólo expresa que se le debe “asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres”, sin dar mayores especificaciones del procedimiento. 

El recurso asignado a las AVG es más preocupante en el ámbito local, precisa la CNDH en el diagnóstico, pues en la práctica han observado que la mayoría de las entidades con procedimiento de Alerta no prevén un presupuesto para prevenir la violencia de género, y las instituciones dedicadas a atenderla (Institutos de las Mujeres, Centros de justicia, entre otras) reciben en su mayoría presupuesto federal del Anexo 13. 

La CNDH advirtió que la falta de recursos no debe ser una excusa o condicionante de los gobiernos para cumplir con la tareas de la AVG y recordó que en 14 entidades donde ya hay un informe del Grupo de Trabajo, se recomendó “etiquetar mayor presupuesto a la atención y procuración de justicia en situación de violencia, tanto estatales como municipales”. 

Cabe recordar que de las 28 solicitudes de AVG en 12 entidades ya se decretó (Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit); 9 estados esperan la decisión de la Segob para conocer si se emitirá; y en 7 se decidió no declararla (Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla ,Tabasco, Baja California y Guanajuato). 

17/HZM/LGL
 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Gobernación a decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), luego de que el Grupo de Trabajo concluyera el pasado 7 de julio que no había elementos para declarar procedente el mecanismo.
 
La CNDH, quien forma parte del Grupo de Trabajo, argumentó en un “voto razonado” su inconformidad en la resolución del grupo integrado para atender la AVG en Puebla, es la primera vez que la institución nacional de DH se pronuncia sobre el proceso de este mecanismo y hace un análisis sobre un dictamen final.
 
En el documento conformado por tres apartados (contexto, presupuesto y cumplimiento) la Comisión argumenta que el Grupo de Trabajo omitió las anomalías que contenía el reporte de cumplimiento de la AVG del gobierno entonces encabezado por Rafael Moreno Valle, entre las que destaca la falta de transparencia en el uso de recursos federales que ascienden a más de 2 millones de pesos.  
 
SOBRE EL PRESUPUESTO
 
En el documento publicado este 28 de julio en el portal oficial de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la CNDH externó que una de sus preocupaciones centrales es la solicitud, asignación y uso de presupuesto por parte del gobierno poblano para atender las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
 
La Comisión constató que el gobierno estatal gastó más de 3 millones de pesos en el diseño de dos programas para capacitar a sus funcionares públicos en perspectiva de género a través del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), mientras en su informe de cumplimiento la entidad reportó una cantidad inferior.
 
Lo anterior resulta preocupante, agregó, pues de acuerdo con la inversión hecha en los programas, 2 millones 522 mil pesos provienen de fondos federales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Además, “llama la atención”, dice el documento, la aprobación de 2 millones 600 mil pesos para la elaboración de un diagnóstico que permita reconocer los tipos y modalidades de violencia en Puebla, sin que se cuente hasta ahora con dicha investigación, “ni con una propuesta metodológica o cronograma de actividades”.
 
También consideró una omisión por parte de la Fiscalía General del estado no asignar un presupuesto mayor para atender los casos de violencia contra las mujeres, al excusarse que ya había asignado el presupuesto de egresos estatal para 2017.
 
SOBRE EL CONTEXTO
 
De acuerdo con la CNDH el estado de Puebla se ubica a nivel nacional como la décima entidad con el mayor número de asesinatos de mujeres, sin que hasta ahora el gobierno de Antoni Gali pueda tener una base de datos con cifras confiables para reconocer la magnitud de esta violencia, “contraviniendo así no sólo las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo, sino también los instrumentos internacionales en la materia”, indicó.
 
Sólo se cuenta con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que reportan que en 2015 se cometieron 94 asesinatos de mujeres calificados como “homicidios” y 30 como feminicidio.
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
 
La CNDH refirió que el estado de Puebla tiene las siguientes obligaciones constitucionales: promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y la obligación de proporcionarles una vida libre de violencia.
 
Por lo que respecto a la difusión del ejercicio de sus derechos, la Comisión indicó que resulta limitada la generación de campañas para la población local además de excluir a la población hablante de la lengua indígena, y señala que se debe buscar “incidir en la estructura social para crear una verdadera sensibilización y cambio cultural sobre la violencia de género”.
 
Además el estado no garantiza la seguridad de las mujeres, la CNDH detecta que no se cumplen las órdenes de protección y no se incorporan los elementos necesarios para valorar los riesgos, del mismo modo, no se tienen reportes sobre el seguimiento de dichos mecanismos de seguridad.
 
EXHORTO A SEGOB
 
“Las acciones llevadas a cabo –por el gobierno de Puebla- no son suficientes para contribuir a la prevención y erradicación de la violencia feminicida en el marco del procedimiento de la AVG” –concluye la Comisión y continúa- “si bien se reconoce que los indicadores se determinaron teniendo en cuenta las opiniones de todas y todos los integrantes del Grupo de Trabajo, la CNDH no comparte la valoración final”.
 
Por último, el documento dirigido a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo y la Secretaría de Gobernación (Segob), los exhorta a decretar la alerta que fue pedida en marzo de 2016 por el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos.
 
Cabe recordar que el Grupo de Trabajo estuvo conformado por funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, José Luis Peña Colín y Gabriela González; de Conavim, María Waded Simón y Katia Chavéz; la directora del IPM, Verónica María Sobrado.
 
El personal académico fue de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Elva Rivera Gómez;  Catalina Aguilar de la Universidad de las Américas Puebla; del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Héctor Alberto Pérez; y la Universidad Nacional Autónoma de México,  Mario Fausto Gómez.
 
17/HZM

A tres meses del asesinato de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto en Mérida, Yucatán, las autoridades locales se niegan a considerar pruebas que relacionan e inculpan en el crimen a la familia de Alberto Medina Sonda, el ex esposo de Emma, quien está en prisión como presunto  autor intelectual de feminicidio. Tampoco han revisado los videos de las cámaras cercanas al lugar donde se efectuó el crimen
 
Así lo denunció en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien recordó que por el asesinato de Emma Gabriela, ocurrido frente a su casa el pasado 27 de marzo, Medina Sonda es juzgado como autor intelectual y hay dos detenidos como autores materiales.
 
El caso de Emma Gabriela inició en 2014 cuando empezó a enfrentar hostigamientos y omisiones por parte de las autoridades locales y de otros estados, luego de que inició un proceso legal para obtener la custodia de sus dos hijas e hijo contra su ex esposo, actualmente preso en Tabasco, acusado por operar con recursos de procedencia ilícita en dicha entidad durante el gobierno de Andrés Granier, y quien tiene prisión preventiva por el feminicidio de Emma.
 
Las denuncias de Emma y su madre, la también defensora Ligia Canto Molina, derivaron en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México al constatar violaciones a los Derechos Humanos de Emma y su familia, pero dichas recomendaciones no fueron cumplidas.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
La acompañante del caso expuso la falta de voluntad de las autoridades por “continuar todas las líneas de investigación”, ya que la Fiscalía local no ha solicitado ni permitido la revisión de todos los videos de las tiendas de autoservicio y comercios cercanos al domicilio de Emma Gabriela.
 
Esto, señaló Salas Salazar, porque “quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”. 
 
La Fiscalía de Yucatán sólo solicitó la revisión de videos que corresponden a los dos días previos al asesinato. La madre de Emma Gabriela, Ligia Canto y su defensa legal ya solicitaron a la Fiscalía la revisión de los videos de 15 días antes del crimen y están en espera de respuesta.
 
“De oficio, dije Canto, lo que tendrían que hacer es recabar toda la información de los vecinos, a los alrededores de la casa”, y agregó que la omisión de ese tipo de diligencias “da como resultado la impunidad en el caso”.
 
VIGILADA POR FAMILIA DE FEMINICIDA
 
Salas Salazar comentó que semanas antes de ser asesinada, la defensora ya había informado a uno de sus tíos, a su hermana y a su mamá que la familia de Medina Sonda la seguía. “Gaby se sentía vigilada, lo manifestó tenía miedo, pero ni cómo acudir a la Fiscalía estatal o alguna instancia, porque para ellos ya estaba cerrado el caso. Lo mismo en la delegación local de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque ambos nunca le garantizaron su protección”, dijo.
 
La abogada recordó que, previo a su asesinato, Emma Gabriela comentó que familiares de Medina Sonda la seguían a los lugares que frecuentaba. A ello se suma que una sobrina de Medina Sonda estudiaba en el mismo colegio que la hija de Emma.
 
La defensora S           alas Salazar recalcó que el detenido como coautor del crimen y originario de Tabasco, Rogelio Reyes Barrueta, declaró que ubicó a Emma Gabriela a través de la escuela en la que estaba inscrita la hija de Emma.
 
 “¿Cómo puede alguien que no vive aquí en Yucatán llegar y de repente ubicar a mi hija por medio de una escuela, entre tantas que hay? Por eso pensamos que hay una relación directa entre este individuo y la familia, denunció en entrevista Ligia Canto Lugo.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
Sin embargo, fue hasta el 10 de mayo, luego de un acto público en el que Ligia Canto se pronunció, cuando investigadores del caso se acercaron a ella para solicitar información del inculpado. “No se ve voluntad ni ganas por parte de las autoridades, piensan que como Medina está vinculado y tiene prisión preventiva ya no se debe investigar ni aportar pruebas, por eso todo eso lo está haciendo la mamá de Gaby”, dijo Salas Salazar.
 
La investigación del caso sigue abierta y las sesiones para investigar a Medina Sonda se reanudarán en agosto. Mientras tanto cumple en Tabasco una condena de 12 años y seis meses por operar con recursos de procedencia ilícita. A ello se suma que en mayo autoridades federales estadounidense presentaron cargos criminales por conspiración y lavado de dinero contra el  exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saíz Pineda, detenido e investigado por lavado de dinero, a quien también lo vinculan.
 
Hoy Ligia Canto se presentará a una audiencia donde se informará del cambio de abogado de Medina Sonda.
 
PREDIO LIBERADO LUEGO DE MESES
 
Salas Salazar también expuso que tuvieron que pasar dos meses para que pudieran acceder a las pertenencias de Emma Gabriela y sus hijos. “Hay una insensibilidad ante la situación de los menores de edad. No se dieron cuenta del daño que les estaban ocasionando porque ahí estaban todas sus cosas, no dejaban sacar nada”, mencionó.
 
Esto pese a que Ligia Canto, su defensa legal y los dueños de la casa interpusieron oficios para solicitar que se liberara el predio para acceder a él.
 
La defensora comentó que actualmente, además del OCNF las organizaciones Ni Una Más, Ciencia Social Alternativa “Kóokay”, y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se han sumado a la exigencia de justicia por el caso.
 
17/MMAE/GG

El mensaje de  Enrique Peña Nieto, tras el asesinato de Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada en Chihuahua, y de Javier Valdez, fundador de Río Doce, en Sinaloa, desató un alud de anuncios en los Gobiernos estatales para “proteger” a periodistas, para hacer leyes que sí garanticen la libertad de expresión, así como foros y reuniones con el gremio, en un afán por acallar las protestas y los llamados que surgen de todo el mundo.  
 
Los anuncios, al igual que la respuesta de Peña Nieto, del 17 de mayo, ante la crisis desatada por el asesinato de los dos periodistas en menos de un mes, insisten en recrear o “mejorar” los mismos mecanismos que ya demostraron su ineficacia, inoperancia u omisión ante la violencia contra las y los periodistas.  
 
El Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación (Segob), creada hace 5 años, y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE) de 2010, no han resuelto la crisis de Derechos Humanos en el gremio.
 
Durante el sexenio de Peña Nieto, 46 periodistas han sido asesinados. Del año 2000 a la fecha suman 127: en Veracruz 20, 15 en Oaxaca, 14 Tamaulipas, igual cifra en Guerrero y Chihuahua, y 7 en Sinaloa. Hay 645 quejas por agresiones ante la CNDH, de enero de 2010 al 30 de abril de 2017. Y de 2005 a la fecha CIMAC registró 19 comunicadoras asesinadas; una agredida cada 4 días, de 2014 a 2015.
 
Triste ejemplo de su ineficacia es el asesinato de Miroslava, el 23 de marzo pasado, pese a la “Alerta Temprana” decretada por el Mecanismo en agosto de 2016 para Chihuahua, segunda entidad con más periodistas ultimados.
La FEADLE tiene integradas 798 averiguaciones previas, sin un solo caso resuelto.
Sin embargo, Peña Nieto ordenó en Los Pinos “fortalecer” el Mecanismo y la FEADLE, y dar recursos a esta, porque en 2017 no se le asignaron presupuesto.
 
Igual sentido tienen las acciones anunciadas por gobiernos estatales, en vísperas de los comicios presidenciales de 2018, de inmediato cuestionadas por periodistas, quienes las califican de inadecuadas y oportunistas.
 
Oportunistas, porque antes, esas mismas administraciones se mostraron indolentes y omisas ante las reiteradas advertencias, peticiones de apoyo y  denuncias por actos de violencia contra periodistas.
 
También porque hay desconfianza en la justicia local, lo que provoca que 36 por ciento de las peticiones de apoyo ante el Mecanismo federal provengan de periodistas locales. Y porque los llamados a diálogos y foros se dan sólo en situaciones coyunturales o convenientes para las administraciones, o bien sólo con periodistas afines.
 
Periodistas de varios estados, consultados por esta agencia, reportan la inédita y coordinada acción gubernamental y su previsible fracaso, que puede redundar, desafortunadamente, en más agresiones.
 
PROBLEMA ESTRUCTURAL, ANUNCIOS AL VAPOR
  
En Tamaulipas, donde no existe fiscalía especializada ni mecanismo de atención, el 9 de mayo presentó el PRI un proyecto de ley para proteger al gremio. Una “iniciativa copy-paste de la ley federal pero mutilada”, dicen, que excluye a organizaciones y periodistas.
 
En Sonora, sin fiscalía especial, la gobernadora Claudia Pavlovich anunció, tras una reunión de emergencia, que activará los mecanismos de seguridad. El 24 de mayo se presentó una iniciativa ante el Congreso local.
 
En Quintana Roo, más de cien periodistas mantienen su oposición a que sea revivida la Ley de Protección de personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de agosto de 2015, conocida como Ley Borge, cuyo fin era “entorpecer el ejercicio periodístico” y fue impugnada por la CNDH ante la SCJN. Anuncian que convocarán a foros para hacer otra propuesta.   
 
Periodistas de Querétaro acusan que el gobierno pretende crear una ley, “para censurarnos”. 
 
En Morelos, el 22 de mayo, el Foro de Periodistas solicitó una reunión urgente con el gobernador Graco Ramírez y respuesta oficial “ante la actuación de un servidor público señalado como agresor de reporteros”.
 
El gobierno de Tabasco, en donde un funcionario de la Fiscalía estatal considera que ahí no hay riesgo para periodistas porque no hay periodismo crítico ni de investigación, la administración promete “sensibilizar” a autoridades municipales, varias señaladas como agresoras de periodistas. Impulsarán también una ley.
 
Campeche no tiene Fiscalía ni “mecanismo alguno para su protección”. Lo mismos sucede en Puebla, en donde la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha rechazado solicitudes de apoyo.
 
En Veracruz, estado letal para periodistas y para la libertad de expresión, existe la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, ineficaz y sin dientes. Incluso el Congreso habla de desaparecerla.   
 
En Guerrero, sin la presencia de periodistas ni víctimas, el gobernador Héctor Astudillo anunció 6 medidas, tras el asesinato de  Francisco Pacheco y Cecilio Pineda, y de la agresión a 6 reporteros en Acapetlahuaya.
 
En Tlaxcala el jueves anunciaron una instancia judicial para atender a periodistas. Y en Guanajuato, PRI y PAN intentaron aprobar una ley de protección a periodistas y defensores de Derechos Humanos, congelada hace tres años. Fue rechazada en el Congreso. Más que ayudar, dicen periodistas, vulneraría más nuestro ejercicio. 
 
En Nuevo León, el Gobierno instaló un comité para evaluar y determinar las medidas de seguridad de 33 periodistas y activistas.
 
A las medidas gubernamentales se suman empresarios de medios, quienes en una acción inusual, emitieron condenas y parabienes, para que sus empleados no sean asesinados mientras les producen riqueza.  
 
EL FUTURO
Al anuncio de Peña le siguió, al día siguiente, la noticia de un periodista muerto en Jalisco y otro “levantado” en Michoacán, lo que reafirma la insuficiencia de los mecanismos actuales.
 
No son eficaces, dice el Consejo Consultivo del Mecanismo, en un comunicado del 26 de mayo, al igual que muchos periodistas, porque estamos ante un problema estructural. De ahí que un grupo de periodistas y organizaciones civiles llamen a foros para lograr un cambio, para que ser periodista en México no entrañe peligro de agresiones y muerte.
  
17/GG
 

La defensora de Derechos Humanos, Ligia Canto Lugo, exigió a las autoridades de Yucatán justicia por el asesinato de su hija Emma Gabriela Molina Canto, y para lograrla se debe investigar como autor intelectual al ex esposo de la víctima, Martín Alberto Medina Sonda,  y a su familia.
 
Así lo afirmó Canto Lugo en entrevista con Cimacnoticias. “Voy a poder decir que la respuesta de las autoridades ha sido eficiente cuando sepa que se está juzgando a todos los implicados y pienso que estuvieron involucrados Medina Sonda y sus familiares. ¿Quién más pudo haber dispersado esa suma de dinero a los involucrados?”, señaló.
 
Medina Sonda fue socio y operador financiero de José Manuel Saiz Pineda, tesorero de Tabasco en el gobierno del priista Andrés Granier, quien está en la cárcel por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
 
Emma Gabriela fue asesinada frente a su casa y en presencia de sus dos hijas e hijo el pasado 27 de marzo en Mérida, Yucatán. Desde 2012, ella y su madre denunciaron irregularidades judiciales, hostigamiento y amenazas por el proceso legal que enfrentó Gabriela para obtener la custodia de las y el menor.
 
DESDE LA CÁRCEL
 
Ligia Canto denunció tener conocimiento de que cuando Medina Sonda estuvo encarcelado, tenía en su poder aparatos electrónicos, lo que “probablemente le permitió estar en contacto con el exterior” y por ese debe investigarse su complicidad en el asesinato.
 
De ser así, explicó “no solo estaría involucrado él como autor, sino también las autoridades del Reclusorio que permitieron el acceso de esos aparato  y la persona encargada de dispersar el dinero. Son muchos eslabones”, dijo.
 
Hasta el momento, enfrentan proceso penal por homicidio agravado en contra de Emma Gabriela tres implicados: Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, ejecutores del crimen, y Rogelio Reyes Barrueta identificado como coautor. Además, durante la audiencia de Reyes Barrueta realizada el pasado 10 de abril se señaló a otro involucrado cuyo nombre no se ha dado a conocer.
 
SIN GARANTÍA DE SEGURIDAD
 
La también coordinadora del colectivo Ni una más-Yucatán, Ligia Canto, evidenció que tras el asesinato de su hija recibió varias llamadas en donde fue amenazada de muerte.
 
Ante ello la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ratificó la recomendación 54/2014, que había emitido en 2014 a los gobiernos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y la Procuraduría General de la República (PGR), en donde se reconoce que ambas sufrieron violencia institucional. 
 
Recordó que tras la recomendación, hubo indiferencia para atender el caso por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) local y de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY), y está última “ni siquiera se ha pronunciado”:
 
Canto Lugo reiteró que el asesinato de Emma Gabriela es resultado “de omisiones tras omisiones de las autoridades”.
 
17/MMAE/GG
 

El número de recomendaciones que publica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es sustancialmente menor que el número de denuncias que recibe por violaciones de Derechos Humanos (DH), apenas el 0.8 por ciento.
 
Así lo determinó la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) en un informe que presentó en marzo pasado en Ginebra, Suiza, y donde recomendó a la CNDH examinar que su método de trabajo no impida abordar violaciones sistemáticas de los DH.
 
El Subcomité de Acreditación de la GANHRI, encargado de evaluar estos organismos, reconoció que hay razones para publicar menos recomendaciones de las que quejas que recibe, entre otros el alto porcentaje de denuncias que se resuelven mediante un proceso de conciliación.
 
Esta evaluación consideró la información enviada por la organización mexicana Efecto Útil que en 2016 realizó un informe sobre el funcionamiento de la CNDH, donde señaló que de 2004 a 2015 el organismo recibió 83 mil 418 quejas, de las cuales 649 terminaron en una recomendación, es decir, el 0.8 por ciento.
 
El análisis de la organización Efecto Útil indica que en 46 por ciento de los casos la CNDH no encontró que hubiera violaciones de DH; en 33.5 por ciento hubo conciliación durante el trámite y en 12.4 por ciento determinó que no existía materia. 
 
Efecto Útil destacó que estas cifras contrastan con las observaciones de organismos internacionales y de Naciones Unidas que han señalado su preocupación por la falta de una respuesta institucional apropiada frente a la crisis de DH en el país.
 
Además señaló el Subcomité que la actuación de la CNDH tiene un efecto negativo para las víctimas de violaciones de DH porque la falta de investigación adecuada de una queja impide demostrar la responsabilidad del Estado y como consecuencia la obligación de reparar el daño.
 
El Subcomité también apuntó que la CNDH debe dar seguimiento a las recomendaciones de los informes que realiza y difundir información detallada sobre las medidas que adoptaron o no las autoridades públicas para aplicar recomendaciones o decisiones específicas.
 
Recordó además que el deber de los organismos de DH es vigilar, investigar y dar cuenta de la situación de los DH en el país; realizar actividades de seguimiento rigurosas y sistemáticas, para promover la aplicación de sus recomendaciones y conclusiones, y la protección de las personas a las que se han vulnerado sus derechos.
 
Hasta la fecha, critica el Subcomité, tampoco hay una reforma legislativa que formalice el papel que desempeña la CNDH como mecanismo nacional de prevención de la tortura. 
 
17/AGM/GG

Los presuntos asesinos de Emma Gabriela Molina Canto, ejecutada el pasado 28 de marzo frente su casa en Mérida, Yucatán, serán sujetos a proceso penal por el delito de feminicidio, informó hoy la Fiscalía General del estado.
 
En un comunicado la Fiscalía informó que durante una audiencia realizada este día en el Juzgado Segundo de Control del Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM), “se declaró legal el control de detención de estas personas  O.M.L.T. y J.M.A.”, a los cuales se les imputaron dos delitos más: “portación de armas e instrumentos prohibidos y posesión simple de narcóticos”.
 
La dependencia informó también que durante la diligencia solicitó prisión preventiva para los imputados y que la medida cautelar fue concedida por la autoridad judicial hasta la audiencia de vinculación a proceso la cual fue programada para el 3 de abril donde se definirá la situación legal de los imputados.
 
CASO MOLINA CANTO
 
Desde 2012 Emma Molina Canto se enfrentó a violencia física, hostigamiento judicial por parte de distintas instancias de seguridad y gubernamentales; así como al secuestro de sus dos hijas e hijo, acciones atribuidas a su exesposo y empresario tabasqueño Martín Medina Sonda, preso por delitos relacionados con el uso de recursos ilícitos y a quien se le atribuyen relaciones políticas con el gobierno de Tabasco durante el sexenio del priista Andrés Granier.
 
En 2014 la madre de Emma Gabriela, Ligia Canto, también fue encarcelada luego de exigir a la Procuraduría General de la República (PGR) que buscara a sus nietos. Tras el asesinato de su hija, denunció que ha recibido amenazas de muerte.
 
Organizaciones civiles del país han denunciado irregularidades en los procesos que enfrentaron Emma Gabriela, Ligia Canto y los menores de edad, así como la violación  a sus Derechos Humanos ya que en ellos estuvieron involucrados servidores públicos de Yucatán, Tabasco, la Ciudad de México y la PGR, por lo que, aseguran, el feminicidio estuvo marcado por la violencia institucional.
 
MOVILIZACIÓN POR JUSTICIA
 
Tras el homicidio de Emma Molina Canto organizaciones civiles que defienden los Derechos Humanos de las mujeres convocaron a una Marcha en silencio el día de hoy a las 18:00 horas, del Remate del Paseo de Montejo hacia la Plaza Grande en Mérida, Yucatán, para exigir que la Fiscalía General del Estado aplique el Protocolo de Actuación Ministerial, Pericial y Policial para el delito de Feminicidio, y que se garantice una investigación con perspectiva de género.
 
Además, exigen que se consideren los antecedentes de violaciones a los Derechos Humanos de los que Emma Molina fue víctima.
 
Con el feminicidio de Emma se suman dos homicidios dolosos hacia mujeres en la última semana efectuados en Yucatán. De acuerdo al informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016” realizado por el colectivo Yucatán Feminicida, en ese periodo se registraron 57 casos de feminicidio en la entidad
 
17/MMAE/LGL

La Secretaría de Marina (Semar) aceptó la Recomendación 62/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por la tortura sexual que marinos ejercieron contra Claudia Medina Tamariz el 7 de agosto del 2012 en Veracruz.
 
Luego de que ayer se dio a conocer la recomendación del organismo, la dependencia advirtió en un comunicado que “no ha realizado encubrimiento alguno de hechos o de personal involucrado en este caso o en algún otro”.
 
Asimismo, reiteró que mientras el Juez no declare lo contrario mediante sentencia condenatoria, el personal es inocente, de acuerdo con el principio de presunción de inocencia que rige en materia penal”.
 
La CNDH acreditó que el 7 de agosto de 2012, Medina Tamariz fue detenida de manera ilegal en su casa, mientras dormía, estuvo retenida de manera ilegal por 39 horas, fue torturada y obligada a autoinculparse de delincuencia organizada.
 
Ante esta denuncia la Semar dijo que atenderá de manera pronta y expedita los requerimientos que formule la Procuraduría General de la República (PGR) para la debida integración de la investigación correspondiente, tal y como se ha venido haciendo.
 
También precisó que una de las prioridades de la institución es la capacitación en materia de equidad de género y Derechos Humanos en las escuelas de formación hasta las de posgrados como son: el Centro de Estudios Superiores Navales, Heroica Escuela Naval Militar y escuelas
 
Esta no es la primera vez que las fuerzas armadas se pronuncian por un caso de tortura hacia una mujer. En abril pasado el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Salvador Cienfuegos, ofreció una disculpa pública por los actos de tortura que cometieron militares en contra de una mujer en la comunidad de Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, en febrero de 2015.
 
Sin embargo, en esta ocasión la institución encabezada por Vidal Francisco Soberón Sanz, hizo énfasis en que no hay encubrimiento del caso de tortura ocurrido en 2012 cuando Medina Tamariz fue presentada ante los medios de comunicación como líder del narcotráfico.
 
16/AGM/ KVR
 

Integrantes de la Red de Género y Medio Ambiente (Regema) denunciaron que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no se aplica de manera adecuada para la defensa de las mujeres víctimas de violencia de género, como es el caso de Ireri Carranza López, quien fue agredida físicamente por Rafael Sojo Jiménez y su hija, Alexis Samantha Sojo Munguía, vecinos de ella.

En conferencia de prensa, las integrantes de la Red denunciaron que las instituciones encargadas de la impartición de la justicia no consideran violencia de género las agresiones contra las mujeres que no ocurren dentro del ámbito familiar, lo cual atenta contra la LGAMVLV.

El 10 de Agosto de 2016, Rafael Sojo Jiménez golpeó a la activista por los derechos de las mujeres y fundadora de la Unión de Protectores de Animales, Ireri Carranza López, después de que ella y su madre se acercaran a él para pedirle una disculpa por las molestias causadas unos días antes, cuando le solicitaron buscar al gato de la activista en su azotea.

Ireri Carranza quedó gravemente herida y tuvo que ingresar al hospital para ser operada de la boca, por los golpes que recibió de su agresor.

El mismo día interpusieron una denuncia contra Rafael Sojo ante el Ministerio Público 9 BIS en la delegación Miguel Hidalgo, con número CI-FMH/MH-5/UI-2C/D/00657/08-2016, quien consideró el incidente como una riña entre particulares y no como violencia de género.

Las activistas dijeron que buscaron asesoría en varias instituciones de defensa de las mujeres, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), para que el caso fuera considerado violencia de género con base en la LGAMVLV y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México (LAMVLV), sin embargo les dijeron que sólo se podía aplicar en casos de violencia intrafamiliar.

“Hay un desconocimiento de la ley, es una ley que no se está aplicando pero también hay resistencia a su aplicación. Se están tomando decisiones, opiniones y juicios por parte de las autoridades por encima de la ley”, aseveró la investigadora Hilda Salazar Ramírez.

La abogada de la víctima, Claudia Barrón, añadió que no existe una formación por parte de los funcionarios públicos de justicia para tratar los casos desde una perspectiva de género y con ello hay una mala interpretación de la ley.

Durante el proceso también se registraron anomalías y malos tratos contra Ireri Carranza; por ejemplo, al querer rendir su declaración no fue trasladada por los policías al Ministerio Público para levantar una denuncia, sino al Juez Cívico de la Agencia Novena y posteriormente al Juez Cívico de la delegación Miguel Hidalgo, donde fue callada por las autoridades, quienes justificaron los actos del agresor  y culpabilizaron a la activista “por evadir el espacio privado”.

“Nuestro sistema de justicia revictimiza a las mujeres y las acusa cuando ellas son las víctimas”, dijo la activista Tzimia Carranza López.

Las integrantes de Regema hicieron un llamado al Inmujeres, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y  a los Juzgados Cívicos y Ministerios Públicos a sensibilizarse y capacitarse en la aplicación de leyes y tratados de violencia de género, así como sancionar a las y los funcionarios públicos que no aplican las leyes y revictimizan a las mujeres.

Pidieron que el caso de Ireri Carranza no quede impune y pueda servir como un ejemplo para la correcta aplicación de la ley contra la violencia de género en el país.

Actualmente se encuentran en espera del dictamen de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), para considerar el caso como violencia de género y castigar al agresor conforme a la ley.

16/HZM/LGL

El magistrado Juan Manuel Sánchez Macías, presentó su renuncia a la presidencia de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), sin embargo permanecerá en funciones, informó en un comunicado el Tribunal.
 
Luego de las críticas que recibió por diversas instancias y grupos de mujeres Juan Manuel Sánchez, por sus comentarios sexistas realizados el pasado 7 de noviembre durante la mesa de diálogo “La paridad y la violencia de género en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres”, realizada en Villahermosa, Tabasco, donde el funcionario dijo que las mujeres deben ocupar cargos por su inteligencia y no por sus atributos físicos, ayer presentó su renuncia.
 
Ante los comentarios, el TEPJF se deslindó de las declaraciones del magistrado y señaló que no reflejaba la postura de este organismo el cual ha mantenido su compromiso por erradicar la violencia política contra las mujeres.
 
Asimismo, las integrantes de la Comisión de Equidad y  Género de la Cámara de Diputados al presentar un dictamen que pretende reformar diversas disposiciones sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, exigieron la renuncia inmediata del funcionario.
 
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) expresó su indignación ante el acto y manifestó que las expresiones misóginas son discriminatorias y atentan contra la dignidad de las mujeres.
 
Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) señaló que el vocabulario sexista se trata de un acto de violencia política que atenta a los derechos de las mujeres y añadió que estas actitudes son evidencia de la necesidad de seguir trabajando contra este tipo de violencia que enfrentan las mujeres por su condición de género.
 
Tras la renuncia de Sánchez Macías, será el magistrado Adin Antonio de León Gálvez quien presida la sala Xalapa hasta el 6 de marzo de 2019, informó el TEPJF.
 
16/HZM/LGL