Tabasco

La audiencia en la que se presentarían las pruebas contra tres de los acusados por el feminicidio de la yucateca Emma Gabriela Molina Canto, incluido su ex esposo Alberto Medina Sonda a quien se le acusa como autor material, se pospuso porque los inculpados entregaron peritajes en los que alegan sufrir afectaciones psicológicas que les impidieron ser conscientes del crimen que cometieron y en el caso de Medina Sonda, ser incapaz de ordenar el crimen.

El 20 de diciembre se cumplió el plazo para presentar pruebas en el Centro de Justicia Oral de Mérida, Yucatán (CJOM), estado en el que Emma Gabriela fue asesinada frente a su casa el pasado 27 de marzo, pero el abogado de los presuntos asesinos (Óscar Miguel López Tobilla y Jonathan Mézquita Ávalos) investigados por cometer el crimen, entregó ante el juez de control un peritaje donde expuso que la investigación en contra de sus defendidos, no puede continuar porque, por problemas psicológicos “no tenían consciencia del asesinato y que estos daños aumentaron cuando fueron agredidos por policías durante su detención”.

Los abogados de Medina Sonda, quien se encuentra en reclusión en un penal de Tabasco por el uso de recursos de procedencia ilícita y acusado de ordenar el feminicidio de Emma Gabriela desde ahí, entregaron un peritaje para comprobar que él no tenía motivaciones ni la capacidad para hacerlo.

Esto informaron en entrevistas individuales con esta agencia la mamá de Emma Gabriela y también defensora de los Derechos Humanos, Ligia Canto Lugo, y la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán (OCNF-Yucatán) que acompaña el caso, Adelaida Salas Salazar.

La defensa legal de la familia de Emma Gabriela solicitó al juez a cargo de la audiencia reprogramar la sesión para que otra perita de la Fiscalía estatal realice de nuevo el peritaje psicológico de López Tobilla y Mézquita Ávalos.

Ligia Canto, dijo tener confianza en que las pruebas que ha recabado sobre la serie de agresiones que Medina Sonda cometió contra Emma Gabriela desde 2012 y que lo señalan como el principal responsable del feminicidio, sean suficientes.

Ligia Canto reiteró su exigencia porque las relaciones políticas de Medina Sonda no impidan el acceso a la justicia de Emma Gabriela y su familia, porque desde 2012, cuando su hija se divorció y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ambas se enfrentaron a campañas de difamación, agresiones e incluso fueron encarceladas por delitos que no cometieron, defensoras de los Derechos Humanos atribuyeron las detenciones a Medina Sonda.

Adelaida Salas llamó a las autoridades judiciales yucatecas a sancionar a Medina Sonda con la pena máxima de feminicidio -que es de 50 años de prisión-.

“Me preocupa porque detrás de la condena a Medina Sonda está el futuro de mis nietos”, mencionó Ligia Canto, quien recordó que la sentencia contra él y César Rogelio Reyes Barrueta y Juan Ramón Moreno -las otras dos personas involucradas en el crimen como coautores y para quienes la investigación continúa- es importante para garantizar el acceso a la justicia y la seguridad para los hijos de Emma Gabriela.

17/MMAE/LGL

La defensora Ligia Canto Lugo, interpuso ante la Fiscalía General de Justicia estatal, una denuncia por la “comisión de hechos posiblemente delictuosos” en la que solicitó a la Policía Ministerial investigar a "quienes resulten responsables" por el nombramiento de David Araba Dorantes Cabrera, como abogado de los feminicidas de su hija, Emma Gabriela Molina, víctima de feminicidio en Yucatán.

En entrevista con Cimacnoticias, la defensora de Derechos Humanos precisó que lo anterior obedece a que durante más de tres meses, Dorantes Cabrera la asesoró y tuvo acceso al expediente de su hija, por lo que conoce la estrategia legal que seguirá contra los inculpados.

El 23 de octubre, en una audiencia en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CEJOM), Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, acusados como homicidas de Emma Gabriela, presentaron oficialmente a Dorantes Cabrera como su abogado, quien durante la audiencia negó conocer el caso, explicó Ligia Canto.

Con esta demanda, cuya copia tiene esta agencia, buscan que las autoridades investiguen si el ex esposo de Emma Gabriela, quien está acusado de planear su feminicidio, Alberto Medina Sonda, tiene algo que ver con esta decisión.

“David Dorantes conoce las líneas de acción que vamos a seguir en contra de los culpables, eso nos pone en desventaja”, aseguró Ligia Canto quien insiste en que se investigue a Medina Sonda pues desde 2012, cuando Emma Gabriela tramitó su divorcio y buscó la custodia de sus dos hijas e hijo, ella y su familia fueron violentadas por el empresario con intimidaciones y campañas de desprestigio.

Otro factor que abonó a las sospechas de la familia de Emma Gabriela fue que Jonathan Mézquita y Óscar López desistieron del acuerdo al que habían llegado con la Fiscalía de Yucatán y la defensa legal de Ligia Canto: reducir su condena de 40 a menos de 20 años si aportaban las pruebas que tienen y las cuales, afirmaron, relacionan a Medina Sonda y a su familia en el feminicidio. 

Aunque la familia de Emma Gabriela contactó y fue asesorada por Dorantes Cabrera no lo nombraron como abogado del caso porque “él siempre buscó pretextos para no presentarse a las audiencias”, recordó Ligia Canto, por lo que ahora esperan que la Fiscalía de Yucatán realice las investigaciones necesarias.

Actualmente se acusa a Medina Sonda de planear el feminicidio desde un penal el Tabasco -donde está recluido por usar recursos de procedencia ilícita; a César Rogelio Reyes Barrueta como coautor del feminicidio; a Jonathan Mézquita y Óscar López se les culpa de homicidio y este mes se detuvo a un quinto hombre involucrado.

Pese a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos corroboró desde 2014, que Emma Gabriela vivía en una situación de riesgo – a través de la Recomendación 54/2014 dirigida a las autoridades de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco por la violencia institucional en  su contra - ella no recibió medidas de protección y el 27 de marzo de este año fue asesinada frente a su casa.

CEAV, OMISA

A la par de la búsqueda de justicia, desde abril, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) informó que asesoraría jurídicamente a la familia de Emma Gabriela, además de brindarles atención médica y apoyo económico con el fin de reparar los daños que el crimen les causó, un derecho que estipula la Ley General de Víctimas. Sin embargo, la instancia “ha sido omisa” y “condiciona su apoyo”.

Esto lo denunció en entrevista con esta agencia la directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien señaló que la CEAV se comprometió a compensar el dinero que Ligia Canto y su hija gastaron en viajes, abogados y comidas desde 2014, año en el que se acercaron a la dependencia para solicitar su acompañamiento.

Sin embargo, “piden comprobantes de todos esos gastos. Para la familia de Emma es casi imposible comprobar todo eso”, mencionó Salas Salazar.

A ello se suma que el costo del peritaje psicológico y antropológico que la CEAV elaborará para mostrar el estado emocional de la familia de Emma Gabriela como víctimas indirectas, se descontará del apoyo económico que la instancia otorga para el cuidado de las hijas e hijo de la defensora, del que se encarga Ligia Canto.

También se han enfrentado a la “omisión” de la instancia en el acompañamiento jurídico, dijo Adelaida Salas. La semana pasada los abogados de CEAV que acompañaban a Ligia Canto se retiraron oficialmente del caso y aunque, de acuerdo a su reglamento, la CEAV puede cesar el apoyo jurídico cuando las víctimas ya cuentan con abogados, desde abril no brindaron asesorías constantes a la familia de Emma Gabriela.

“Venían de entrada por salida a Yucatán los días que teníamos audiencia, no estudiaban la carpeta de investigación ni conversaban con la familia Molina Canto sobre el proceso legal, fue como si no hubieran estado”, denunció Adelaida Salas.

Mientras tanto la investigación por el feminicidio de Emma Gabriela sigue abierta y su familia está en espera de las fechas de audiencia para sentenciar a los cinco involucrados.

17/MMAE/LGL

En un sólo día, el pasado 4 de agosto, la Secretaría de Gobernación (Segob) resolvió cuatro solicitudes de Alerta de Violencia de Género (AVG) y determinó activar el mecanismo de emergencia en seis municipios de Nayarit mientras que en Sonora, Tlaxcala y Tabasco consideró que “no existían elementos objetivos suficientes” para declararla.

En Nayarit la AVG se decretó en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Tecuala y Tepic. Igualmente la Segob resolvió establecer medidas específicas de prevención de la violencia contra las mujeres indígenas de las localidades Huajicori y La Yesca, independiente de que en estas zonas no se haya declarado la Alerta.

Con Nayarit suman 12 las entidades con Alerta, y con la negativa en Sonora, Tlaxcala y Tabasco son siete estados en donde la Segob rechazó implementar el mecanismo.

EXCLUYEN A PETICIONARIAS EN TABASCO

El 14 de marzo de 2016 el Comité de Derechos Humanos de Tabasco (Cedh) solicitó la activación del mecanismo considerando que de acuerdo con el Instituto Estatal de las Mujeres (IEM) tan sólo en 2015 se atendieron 22 casos de feminicidio, mientas en cuatro años (2012 a 2015) la organización civil registró 59 asesinatos violentos de mujeres, de los cuales sólo cuatro llegaron a una sentencia, lo que representa un 93 por ciento de impunidad.

La resolución que dio Segob el pasado 4 de agosto sobre no decretar la Alerta en Tabasco no fue notificada a la agrupación peticionaria, únicamente se dio a conocer a través del portal de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), donde el dictamen argumenta que el gobierno estatal realizó acciones suficientes para atender la violencia de género.

Una vez que se presenta una solicitud de Alerta, el gobierno federal convoca a un Grupo de Trabajo, integrado por académicas y académicos para que evalúen la situación y hagan una serie de recomendaciones al gobierno estatal. Una vez que estas acciones se implementan se deben informar a los involucrados del cumplimiento. Con este proceso y las acciones se abre la posibilidad a no decretar la AVG.

La directora de la agrupación Leonora Ramírez Bautista, dijo en entrevista con Cimacnoticias que durante el proceso de la AVG también se les excluyó incluso nunca se les informó del reporte de cumplimiento que entregó el Gobierno estatal a la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), mismo que solicitaron a Segob por medio de la plataforma de transparencia.

En los documentos expuestos por Inmujeres, el voto razonado a favor de la declaratoria de la Alerta de Género en Tabasco es de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León, quien concluyó en su análisis que si bien existen avances gubernamentales frente a la violencia feminicida en Tabasco, no resultaban suficientes.

Para la funcionaria las acciones para atender los asesinatos violentos de mujeres se redujeron a la capacitación de los servidores públicos, y no a la investigación profesional y metodológica de los mismos. Tampoco, consideró, se cuenta con una base de datos oficial del contexto de violencia contra las mujeres o campañas que permitan a la población reconocerla, ni estrategias educativas desde la perspectiva de género.

RECONOCEN TRATA PERO SIN ALERTA

Como si se tratara de un trámite la resolución de Segob para Tlaxcala fue similar, la alerta la pidió el 8 de agosto de 2016 la agrupación Todos para Todos para 13 municipios de la entidad donde prolifera la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual comercial. La entidad se ha colocado a nivel nacional e internacional como de las regiones con los más altos índices de este delito.

Datos del Centro Fray Julián Garcés constataban que la Fiscalía de Justicia local recibió 200 denuncia por trata de personas en el periodo de 2011 a mayo de 2016 de las cuales, sólo 13 derivaron en sentencia condenatoria.

Por ello en su dictamen final del mecanismo, la Segob pidió al gobierno estatal generar políticas públicas en las rutas de movilidad víctimas de trata de mujeres y niñas (desde Puebla -Tlaxcala a la Ciudad de México) y crear una fiscalía especializada para investigar este delito, sin que esto signifique declarar la AVG.

Tanto en Tabasco como en Tlaxcala, se especifica que en seis meses se verificará que cada gobierno esté cumpliendo con las medidas dictadas por Segob.

CAJEME, NEGATIVA DESPUÉS DE DOS AÑOS

Después de dos años de proceso, el 4 de agosto la Segob dio a conocer la resolución respecto a la AVG para el municipio de Cajeme, Sonora, solicitada el 25 de mayo de 2015.

En entrevista telefónica la coordinadora de la Red Feminista Sonorense, Leticia Burgos Ochoa, una de las solicitantes, denunció que la decisión se trató de un acto político porque la Segob prefirió no sumar más entidades en Alerta en vez de salvaguardar la vida de las mujeres y niñas sonorenses, pues en el mismo dictamen se reconoce que de 2015 a 2016 hubo un aumento del 110 por ciento de asesinatos de mujeres en la entidad.

Para Leticia Burgos el hecho de que la Conavim y el Inmujeres hayan resuelto cuatro solitudes de la AVG en un solo día es parte de ver al mecanismo como un mero “trámite”, sin reconocer que se trata de instrumento pensado para prevenir la violencia y salvar vidas de mujeres, expresó.

Como sucedió en Tabasco, en la votación para determinar la procedencia de la AVG en Cajeme, estuvo a favor la cuarta visitadora de la CNDH y la académica del Grupo de Trabajo, Mercedes Zuñiga Elizalde, quien precisa en su análisis que el dictamen de Segob “es producto de un proceso apresurado, limitado e irregular”, pues no votaron dos integrantes de las cuatro que conformaban el Grupo de Trabajo.

Quienes estuvieron en contra de la AVG fueron las instituciones públicas: la titular del Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), Blanca Luz Saldaña, y las integrantes de la Conavim y del Inmujeres.

De acuerdo con la resolución, nuevamente en seis meses a través de la Conavim, la Segob revisará que el estado encabezado por Claudia Pavlovich implemente las obligaciones que le fueron dadas hace dos años por parte del Grupo de Trabajo en su informe:

Implementar los protocolos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas; dar medidas de protección a víctimas de violencia de género; crear una “vicefiscalía” para investigar los casos de feminicidio; aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 para el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación.

Generar política pública para el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres; realizar un diagnóstico sobre la situación de violencia de género en Cajeme; y capacitar a funcionarios públicos así como generar campañas de prevención de la violencia contra las mujeres.

17/HZM

Autoridades de Yucatán rechazaron el amparo que interpuso Alberto Medina Sonda, exesposo de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto, asesinada el pasado 27 de marzo, y por el cual buscaba que no lo vincularan a proceso como autor intelectual del feminicidio de la activista.
 
El Juzgado Quinto de Distrito de Yucatán notificó por escrito a la madre de Emma Gabriela y también defensora, Ligia Canto Lugo, y a su representación legal que negó el amparo interpuesto por Medina Sonda, quien junto a su familia encabezó desde 2014 una campaña de desprestigio y agresiones hacia Emma y Ligia ante la búsqueda de la custodia de sus hijos. 
 
Asimismo, durante una audiencia efectuada el pasado 2 de agosto en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) el juez Segundo de Control a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, amplió hasta el 2 de octubre el terminó de la investigación.
 
Esto “para dar oportunidad a que se realicen más diligencias, entre ellas algunas que puedan vincular a la familia de Medina Sonda como autores”,  explicó a Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán y acompañándote del caso, Adelaida Salas Salazar.
 
El pasado 27 de marzo Emma Gabriela fue víctima de feminicidio a fuera de su casa y en presencia de sus dos hijas e hijo. Hasta ahora la Fiscalía estatal emitió cuatro órdenes de aprehensión contra los culpables, una para Medina Sonda, dos más dirigidas a los autores materiales y otra para arrestar al tabasqueño César Rogelio Reyes Barrueta, por la coautoría del crimen.
 
Este último reveló que recibió órdenes del empresario Medina Sonda para asesinar a Emma por lo que en abril se le informó que sería investigado como el autor intelectual. El exesposo de Emma Gabriela permanece en prisión en Tabasco cumpliendo una condena de 12 años y 6 meses por operar con recursos de procedencia ilícita durante la administración del priísta Andrés Granier.
 
La ampliación de la investigación se informó luego de que los padres y hermanas de Medina Sonda fueran citados en la Fiscalía General estatal para informales que serían investigados por su posible coalición en el feminicidio, misma que Ligia denunció a esta agencia días después del asesinato de su hija.
 
Ligia Canto expuso que Emma Gabriela expresó días antes que la seguían familiares de su exesposo.
 
Desde 2014 Emma y su madre fueron víctimas de diversas violaciones a sus Derechos Humanos por parte de autoridades al no atender las denuncias que hicieron de las agresiones de Medina Sonda y porque se prestaron a la fabricación de delitos contra las defensoras. Esto derivó en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México, las cuales fueron incumplidas.
 
17/MMAE

A tres meses del asesinato de la defensora de Derechos Humanos Emma Gabriela Molina Canto en Mérida, Yucatán, las autoridades locales se niegan a considerar pruebas que relacionan e inculpan en el crimen a la familia de Alberto Medina Sonda, el ex esposo de Emma, quien está en prisión como presunto  autor intelectual de feminicidio. Tampoco han revisado los videos de las cámaras cercanas al lugar donde se efectuó el crimen
 
Así lo denunció en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) en Yucatán y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, quien recordó que por el asesinato de Emma Gabriela, ocurrido frente a su casa el pasado 27 de marzo, Medina Sonda es juzgado como autor intelectual y hay dos detenidos como autores materiales.
 
El caso de Emma Gabriela inició en 2014 cuando empezó a enfrentar hostigamientos y omisiones por parte de las autoridades locales y de otros estados, luego de que inició un proceso legal para obtener la custodia de sus dos hijas e hijo contra su ex esposo, actualmente preso en Tabasco, acusado por operar con recursos de procedencia ilícita en dicha entidad durante el gobierno de Andrés Granier, y quien tiene prisión preventiva por el feminicidio de Emma.
 
Las denuncias de Emma y su madre, la también defensora Ligia Canto Molina, derivaron en la Recomendación 54/2014 que la Comisión Nacional de Derechos Humanos dirigió a las autoridades de Yucatán, Tabasco y la Ciudad de México al constatar violaciones a los Derechos Humanos de Emma y su familia, pero dichas recomendaciones no fueron cumplidas.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
La acompañante del caso expuso la falta de voluntad de las autoridades por “continuar todas las líneas de investigación”, ya que la Fiscalía local no ha solicitado ni permitido la revisión de todos los videos de las tiendas de autoservicio y comercios cercanos al domicilio de Emma Gabriela.
 
Esto, señaló Salas Salazar, porque “quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”. 
 
La Fiscalía de Yucatán sólo solicitó la revisión de videos que corresponden a los dos días previos al asesinato. La madre de Emma Gabriela, Ligia Canto y su defensa legal ya solicitaron a la Fiscalía la revisión de los videos de 15 días antes del crimen y están en espera de respuesta.
 
“De oficio, dije Canto, lo que tendrían que hacer es recabar toda la información de los vecinos, a los alrededores de la casa”, y agregó que la omisión de ese tipo de diligencias “da como resultado la impunidad en el caso”.
 
VIGILADA POR FAMILIA DE FEMINICIDA
 
Salas Salazar comentó que semanas antes de ser asesinada, la defensora ya había informado a uno de sus tíos, a su hermana y a su mamá que la familia de Medina Sonda la seguía. “Gaby se sentía vigilada, lo manifestó tenía miedo, pero ni cómo acudir a la Fiscalía estatal o alguna instancia, porque para ellos ya estaba cerrado el caso. Lo mismo en la delegación local de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas porque ambos nunca le garantizaron su protección”, dijo.
 
La abogada recordó que, previo a su asesinato, Emma Gabriela comentó que familiares de Medina Sonda la seguían a los lugares que frecuentaba. A ello se suma que una sobrina de Medina Sonda estudiaba en el mismo colegio que la hija de Emma.
 
La defensora S           alas Salazar recalcó que el detenido como coautor del crimen y originario de Tabasco, Rogelio Reyes Barrueta, declaró que ubicó a Emma Gabriela a través de la escuela en la que estaba inscrita la hija de Emma.
 
 “¿Cómo puede alguien que no vive aquí en Yucatán llegar y de repente ubicar a mi hija por medio de una escuela, entre tantas que hay? Por eso pensamos que hay una relación directa entre este individuo y la familia, denunció en entrevista Ligia Canto Lugo.
 
“Quien vigiló la rutina de Emma fue la familia de Medina Sonda”, afirmó Salas Salazar. Desde que comenzó la investigación del caso Ligia Canto ha solicitado que se siga esa línea de investigación y ha presentado probatorios de las constantes agresiones que durante años recibió su hija y nietos por parte de ellos.
 
Sin embargo, fue hasta el 10 de mayo, luego de un acto público en el que Ligia Canto se pronunció, cuando investigadores del caso se acercaron a ella para solicitar información del inculpado. “No se ve voluntad ni ganas por parte de las autoridades, piensan que como Medina está vinculado y tiene prisión preventiva ya no se debe investigar ni aportar pruebas, por eso todo eso lo está haciendo la mamá de Gaby”, dijo Salas Salazar.
 
La investigación del caso sigue abierta y las sesiones para investigar a Medina Sonda se reanudarán en agosto. Mientras tanto cumple en Tabasco una condena de 12 años y seis meses por operar con recursos de procedencia ilícita. A ello se suma que en mayo autoridades federales estadounidense presentaron cargos criminales por conspiración y lavado de dinero contra el  exsecretario de Finanzas de Tabasco, José Manuel Saíz Pineda, detenido e investigado por lavado de dinero, a quien también lo vinculan.
 
Hoy Ligia Canto se presentará a una audiencia donde se informará del cambio de abogado de Medina Sonda.
 
PREDIO LIBERADO LUEGO DE MESES
 
Salas Salazar también expuso que tuvieron que pasar dos meses para que pudieran acceder a las pertenencias de Emma Gabriela y sus hijos. “Hay una insensibilidad ante la situación de los menores de edad. No se dieron cuenta del daño que les estaban ocasionando porque ahí estaban todas sus cosas, no dejaban sacar nada”, mencionó.
 
Esto pese a que Ligia Canto, su defensa legal y los dueños de la casa interpusieron oficios para solicitar que se liberara el predio para acceder a él.
 
La defensora comentó que actualmente, además del OCNF las organizaciones Ni Una Más, Ciencia Social Alternativa “Kóokay”, y la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México se han sumado a la exigencia de justicia por el caso.
 
17/MMAE/GG

Lucía Hernández Canul y Elizabeth Arias Nicolás, defensoras indígenas de los Derechos Humanos en Macuspana, Tabasco, advierten que lucharán hasta el último día y seguirán enfrentando la obstinación de las autoridades, como lo han hecho por siete años, hasta que consigan construir una maquila que beneficie a su comunidad con una vida y trabajo dignos.  
 
Lucía Hernández, quien vive en la Ranchería el Triunfo, a casi una hora de la cabecera municipal de Macuspana, afirma en entrevista con Cimacnoticias que el compromiso por luchar lo heredó, pues viene “de una familia de guerreras y guerreros” y que su madre fue una de las mujeres que, organizadas desde  2010, lograron que el gobierno municipal cumpliera con la entrega de pisos firmes para sus viviendas. Luego buscaron la construcción de una planta textil donde ellas fueran dueñas, para que se convirtiera en una fuente de trabajo para la comunidad indígena de choles y chontales a la que pertenecen.
 
El padre de Lucía participó en 1994 en las protestas de obreros y campesinos de la entidad, quienes denunciaron la afectación de sus tierras por la sobreexplotación de hidrocarburos de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Él sabe que solo cuando te manifiestas el gobierno te hace caso”, afirma,  “y me dice que siga adelante, que es mi vida y tengo que ver cómo voy a sostenerme”.
 
También las dos hermanas de Lucía se unieron a las  movilizaciones para exigir la construcción de la maquila, proyecto aprobado por el gobierno desde 2012, pero que sigue sin concretarse.
 
Las enfermedades de su madre y su padre orillaron a las hermanas de Lucía a retirarse de la lucha y acordaron “que yo seguiría mientras ellas me apoyan cuidando a mis papás”. Explica que a su madre le dio una parálisis de medio cuerpo, pero sigue apoyándola, porque no solo buscan el apoyo propio, sino el de la comunidad. 
 
Lucía explica que su proyecto surgió porque en Macuspana no hay trabajo, “el gobierno no ha puesto ningún lugar donde podamos emplearnos”. Ella se dedica a las labores del hogar, cocina, lava, vende pozole, hace tortillas, “a lo que uno pueda recoger”, porque el salario no abastece. 
 
 “PESE A TODO, SIGO”
 
Elizabeth Arias tiene 60 años y es de una comunidad indígena chol ubicada en el poblado de Palomas, Macuspana. Dice que ya perdió la lengua chol que todavía hablaba su abuelo y ahora sólo habla español.
 
Todos los días, a las 7 de la mañana, Elizabeth llega al pequeño taller de costura a trabajar. Hace un año el gobierno municipal les dio permiso de instalar en una de sus oficinas la maquinaria textil que compraron con fondos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Dicen sus compañeras que  “se ha vuelto una costurera excelente”.
 
Elizabeth gasta más de 50 pesos diarios en pasajes para recorrer tres kilómetros de su casa al taller y cuando tienen que salir más tarde regresa caminando por la carretera. Casi todo el dinero que gana vendiendo las prendas que hace lo pierde en pasaje, pero no se da por vencida.  Enseñó  a sus hijas a coser en las máquinas, pero ya no siguieron trabajando porque tienen que cuidar a sus hijos. 
 
La gente de su comunidad no entiende por qué insiste en hacer una maquila, si está perdiendo dinero y tiempo, pero ella responde, con  voz entrecortada y limpiándose las lágrimas: “Seguiré exigiendo hasta que me muera y consigamos la maquila. Mis otros hijos, las vecinas, me preguntan para qué voy, que voy a perder todo, pero yo les digo: ¡No tengo nada!, ¿qué puedo perder? no me voy a ir sin luchar”.
 
SU MAQUILA
 
El proyecto de la maquila, en el que trabajan desde hace siete años las defensoras de DH Lucía Hernández Canul y Elizabeth Arias Nicolás, a quienes las define su fidelidad y pasión por superarse, se llama cooperativa Exótica Textiles, S.A. de C.V., y está conformado por 50 mujeres.
 
Ellas han tenido que exigir durante casi una década la respuesta del gobierno municipal, estatal y federal, así como el apoyo de las Comisiones de Derechos Humanos nacionales y estatales. Y tras enfrentar  trabas, omisiones y violaciones a sus Derechos Humanos, lograron, en enero pasado, que el gobierno estatal hiciera públicas las escrituras del predio que les donó y que las reconociera como dueñas, con lo cual pueden empezar la construcción de la maquila.
 
Las defensoras de DH narran a Cimacnoticias que la represión en su contra se incrementó en 2015, cuando en marzo, ante la negativa del Gobierno estatal por ingresar sus proyecto al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), pese a que se los prometieron en  reuniones con el secretario de Desarrollo Económico y Turismo de Tabasco, David Gustavo Rodríguez Rosario, Lucía inició una huelga de hambre afuera de dicha dependencia.
 
Sus compañeras, y su representante legal, el defensor Julio César Álvarez Santos, se sumaron a la exigencia y el 25 de marzo, al concluir un acto público del gobernador Arturo Núñez, en la Plaza Revolución de Villahermosa, policías estatales las golpearon. “Nos lastimaron, nos pegaron con sus puños y pistolas, detuvieron al licenciado y a un compañero”, recuerda Lucía. Gracias a al apoyo de organizaciones civiles fueron liberados.
 
No desistieron. Tras la presión mediática, el gobierno estatal convocó a una reunión donde aceptó dar 7 millones de pesos para la maquiladora. Pagaría 5 millones y 2 millones más serían para fondo perdido. Sin embargo, les pidieron como requisito las escrituras públicas, por lo que el  proceso se retrasó varios meses más.
 
“Todos nos dieron largas, por eso decidí instalarme en la Comisión Estatal para que declarara y hablara por nosotras”, cuenta Lucía. Desde noviembre de 2014 la instancia de defensa de los DH ya había emitido cinco recomendaciones presidente municipal de Macuspan, Víctor Manuel González Valerio, por el incumplimiento de compromisos en cuanto a las maquilas.
 
“Ahí, afuera de la Comisión Estatal, mandaron a alguien a que me echara ácido”, recuerda Lucía, “lo hicieron para que levantara la huelga, pero yo dije, prefiero morir luchando que de hambre porque estamos luchando para tener un trabajo digno. Y dije, de aquí me sacarán muerta. Ahí fue donde cedió el Ombudsman”. Por ello nadie ha sido sancionado.
 
Continuó en el Congreso de Tabasco con la huelga de hambre que había empezado desde hacía casi dos semanas. El 11 de agosto, la presidenta del movimiento, Alicia Jiménez Hernández, y Julio César Álvarez fueron encarcelados.
 
Desde julio de 2015, las mujeres solicitaron a la CNDH un recurso de impugnación por el incumplimiento de las autoridades a las recomendaciones emitidas por las Comisión Estatal, pero denuncian que  la instancia no ha actuado a su favor.
 
“Y la CNDH nada más contemplando a estas mujeres, que las han golpeado, encarcelado. Para qué juran respetar el Artículo primero de la Constitución si lo violan a cada rato, para que existe la Comisión Estatal o la nacional si al final sus recomendaciones no son vinculatorias ni obligan a que se respeten. Es una simulación, es el doble discurso de nuestra clase política”, denuncia Julio César.
 
“Cuando nos atacan, afirma Lucía,  dicen que somos manipuladas por el licenciado Julio y yo digo no, no soy manipulada porque siento el dolor de no tener un plato en tu mesa, ellos no lo sienten porque ellos comen sus tres comidas, nunca he sido manipulada por él”. Y advierte: “yo he sentido el dolor para entrar a esta lucha y no la voy a dejar hasta el final”.
 
17/MMAE/GG
 

Mujeres choles y chontales de Macuspana, Tabasco, quienes desde hace siete años buscan la creación de una maquila, enfrentan desde entonces violaciones a sus Derechos Humanos por parte de autoridades federales y estatales, así como a la pasividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión estatal, por lo que no pueden aún concretar su proyecto.
 
Eso denunciaron en entrevista con Cimacnoticias cinco de las 50 mujeres que integran la cooperativa Exótica Textiles, S.A. de C.V., y que ahora, ante los agravios y años de dilación para que la autoridad apoye su proyecto, acompañadas del Centro Miguel Agustín  Pro Juárez A.C., solicitaron el 19 de junio a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) que atraiga el caso para que analice las violaciones a sus derechos.
 
Exótica Textiles, explican, es un nombre que expresa la idea de que son “exóticas, porque nacieron en un terreno difícil, en lo diferente y  porque no se conforman con lo poco que ofrecen los políticos, sino luchan por mejores condiciones de vida”.
 
Ellas son, explicó el defensor de Derechos Humanos y su representante legal, Julio César Álvarez, parte de las 77 mil 912 mujeres que habitan en el municipio de Macuspana y que  representan 51 por ciento de la población, de acuerdo a datos de Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Municipio donde además, se estima (datos de 2015) que 68 por ciento de la población total vive en situación de pobreza.
 
EL PROYECTO Y LA DILACIÓN
 
Su proyecto inició cuando en 2010, 700 mujeres lograron que el gobierno municipal les construyera 5 mil 500 pisos para sus viviendas, como parte de un programas de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol). Esto motivó que 500 de ellas se organizaran y buscaran que el Gobierno estatal financiará la construcción de la primera planta maquiladora de confección de prendas de vestir en el municipio, de la que ellas fueran dueñas y donde pudieran autoemplearse.
 
Se acercaron entonces con investigadores del Instituto del Politécnico Nacional (IPN) para diseñar el plan de negocios del proyecto, el cual les donó en 2011 la entonces directora de esa institución, Yoloxóchitl Bustamante Díaz.
 
Sin embargo, desde entonces, por orden de las autoridades y “como práctica dilatoria”, denuncian las mujeres, el Gobierno estatal les ha pedido tres veces la reelaboración del estudio, por lo que también se han acercado a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a la Universidad Autónoma de Puebla, que afirman, a través de estudios, que el proyecto es factible.
 
La constante exigencia de las mujeres logró que en 2012, a una semana de que el gobernador estatal, el priista Andrés Granier Melo, dejara el cargo el gobierno les donó un predio en comodato a 30 años. Luego, al asumir la gubernatura el  perredista Arturo Núñez Jiménez, contaron las mujeres, les dijo en una reunión, en agosto de 2013, que las apoyaría, sería “su padrino y ángel de la guarda”.
 
Sin embargo, los meses transcurrieron sin avances, por lo que, en noviembre de 2013, un grupo de mujeres tomó la Tribuna del Congreso Estatal. “Ahí nos agredieron, nos golpearon y nos amenazaron con llevarse  nuestras credenciales para inculparnos por un delito, pero nosotras no teníamos miedo, sabíamos que no hicimos nada malo”, narró Lucía Hernández Canul, de la Ranchería el Triunfo, en Macuspana.
 
"Cuando ellos nos hacen cosas a nosotras nos dan ánimos, cuando piensan que nos van a derribar nos ponen más en alerta. Queremos que haya trabajo para todas y dejar algo para la comunidad", afirma la defensora de más de 60 años de edad y habitante de la comunidad  Villa Benito Juárez, Isabel Antonio Guzmán.
 
Ese mismo año, el Gobierno estatal les ofreció 100 máquinas industriales, 100 becas y capacitaciones que no fueron entregadas y en 2014, junto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), ofreció recursos para el proyecto, pero no presentó en tiempo las cartas compromisos que obligaban a aprobar los recursos.
 
Lo mismo ocurrió en 2015, cuando el gobierno de Núñez no ingresó el plan de negocios al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM) para que este se construyera, aún cuando la instancia había aprobado ya toda la documentación.
 
DESESTIMAN SU LUCHA
 
Luego de diversas exigencias, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos emitió las recomendaciones 145, 146, 147, 148 y 149/2014, dirigidas al presidente municipal, Víctor Manuel González Valerio, donde se le obliga a emitir los recursos necesarios para la implementación de la maquiladora, a aprobar políticas públicas en favor de las trabajadoras y a emitir una disculpa pública por la violación de sus Derechos Humanos.
 
Pese a ello, las trabajadoras denuncian que la Comisión Estatal no presionó al Gobierno para cumplirlas, lo que las llevó a manifestarse en un acto público del gobernador, Arturo Núñez, el 25 de marzo de 2015. Al terminar el acto, la escolta del mandatario las golpeó.
 
En agosto de 2015 Lucía Hernández inició una huelga de hambre en el Congreso Estatal donde, contó a Cimacnoticias, fue ignorada durante ocho días. El 11 de agosto sus compañeras la acompañaron y fueron detenidas la presidenta del movimiento, Alicia Jiménez Hernández, junto con Julio César Álvarez, acusados de instigación a cometer delito en pandilla. En protesta, la hija de Alicia, una menor de 13 años, se sumó a la huelga de hambre. Ambos fueron liberados en noviembre de ese año.
 
El 23 de julio de 2015 las trabajadoras entregaron a la Comisión Estatal y a la Quinta Visitaduría de la CNDH un recurso de incumplimiento a las recomendaciones. Desde entonces esperan que ésta se pronuncie en su favor y denuncian su “pasividad”.
 
“Yo  prefiero morir luchando que de hambre, por eso estamos luchando para tener un trabajo digno”, afirma enérgica Lucía Hernández. Y explica que si bien desde marzo de este año ya cuentan con las escrituras que acredita a 34 de ellas como propietarias de un predio en la Ranchería José López Portillo, a unos minutos de la cabecera municipal de Macuspan, están en espera de que la construcción sea financiada por el INADEM, a través de 8 millones 820 mil pesos necesarios para que el proyecto inicie.
 
El año pasado, a través de un fondo otorgado por la CDI, las mujeres compraron maquinaria y materia prima para realizar sus primeras prendas, con las ventas de ellas y otros trabajos que realizan se mantienen.
 
Ahora, acompañadas por el Centro Prodh, esperan que la CEAV atraiga su caso.
 
17/MMAE/GG

Mujeres choles y chontales de Macuspana, Tabasco crearon un taller comunitario para elaborar prendas y venderlas, con ello buscan enfrentar el retraso de siete años en la construcción de una maquila de textiles que les permitiría acceder a mejores condiciones laborales. “Son transgresoras porque transformaron la forma de pensar de las campesinas”,  afirmaron integrantes del municipio.
 
Luego de diversas exigencias en 2016 la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) donó a la cooperativa Exótica Textiles, integrada por 50 mujeres, un fondo con el que compraron maquinaria textil que instalaron en una oficina del gobierno de Macuspana.
 
Desde entonces aprendieron a elaborar ropa y uniformes que venden, también comparten sus conocimientos con otras mujeres de la comunidad para que puedan tener otras fuentes de empleo.
 
Desde 2011 cientos de mujeres pidieron al gobierno estatal la construcción de la primera maquila en el municipio, de la que ellas fueran dueñas y donde pudieran autoemplearse. El proyecto fue aprobado en 2012, pero sigue sin concretarse. A ello se suman las constantes represiones orquestadas en su contra por autoridades municipales y estatales. 
 
La defensora de Derechos Humanos de 61 años y habitante de la comunidad Villa Benito Juárez, Isabel Antonio Guzmán, explicó a Cimacnoticias que en Macuspana las mujeres se emplean en trabajos del hogar que apenas les permiten sobrevivir, por lo que buscan que con la maquila sus familias y la comunidad tengan mejores condiciones de vida.
 
 
TRANSGRESORAS
 
Con el objetivo de llevar a más personas sus conocimientos textiles, las mujeres promocionan talleres para capacitar a más personas, así esperan que cuando la maquila esté construida más habitantes de Macuspana puedan integrarse.
 
Resultado de ello el año pasado lanzaron una convocatoria para bachilleratos donde ofrecieron capacitar a un estudiante en la elaboración textil y ofrecerle una beca financiada por ellas para estudiar en la Ciudad de México la licenciatura de Ingeniería Textil en el Instituto Politécnico Nacional (IPN). "Queremos  tener a la primera persona especialista en Macuspana", dijo el abogado de las trabajadoras, Julio César Álvaréz, en entrevista.
 
El estudiante elegido fue Daniel Arturo Hernández Guzmán, del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Tabasco (CECyTE) y habitante del poblado de Aquiles Serdán, quien asegura: "Es un orgullo ser parte de la lucha de estas mujeres, porque ellas rompen con el estereotipo de las campesinas, ellas han luchado por ser dueñas de sus propia maquila, eso nos da la esperanza a todas y todos en Macuspana de que las cosas pueden cambiar".
 
El abogado y defensor aseguró que las mujeres integradas en la cooperativa Exótica Textiles son vistas en la comunidad como transgresoras: “Lograron cambiar la forma de pensar de la mujer campesina en un pueblo donde la clase política las acostumbro a que solo pueden esperar cada tres años para ver a sus candidatos, estos les prometen cambiar su forma de vivir, pero ellas no esperaron y siguen exigiendo”.
 
TRABAJAR EN MACUSPANA
 
Isabel Antonio denunció las condiciones en las que viven y laboran  las mujeres en el municipio: “No tenemos nada en nuestras casas, no tenemos comida, no tenemos trabajo y eso afecta a nuestros hijos”, por eso, aseguró, “queremos la maquiladora, para hacer ropa que podamos vender. Nosotras pensamos y queremos que haya trabajo para todas”.
 
La defensora explicó a Cimacnoticias que aunque cientos de mujeres comparten las exigencias por mejores condiciones laborales y la búsqueda de mejores fuentes de empleo, muchas han dejado de reunirse. “Es una táctica del gobierno, quiere retrasar todo para que nos cansemos, pero no vamos a dejar el proyecto, sus negativas nos dan más fuerza”, dijo.
 
La mujer narró que la indiferencia de las autoridades por sus condiciones la ha orillado a pensar en dejar la lucha, pero son sus compañeras las que la motivan a seguir. “Cuando he querido dejar ellas me dan fuerzas porque, aunque ahora no veo ganancias, sé que mis hijos y nietos verán los resultados”, mencionó.
 
Al igual que sus compañeras, Isabel Antonio tiene que recorrer varios kilómetros para llegar al taller ubicado en la cabecera de Macuspana. Ella despierta a las dos de la madrugada para llevar agua a su domicilio antes de ir al taller a las siete de la mañana, y aunque gasta más de 50 pesos diarios en transportarse de su comunidad al taller y hace otros trabajos como lavar ropa para su sustento, confía en que “pronto todo este esfuerzo le dará mejores condiciones de vida a la comunidad”, dijo.
 
Las defensoras ingresaron el proyecto de la maquila al Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), con lo que esperan que la construcción  sea financiada por el Instituto en un predio ubicado en la Ranchería José López Portillo de Macuspan y el cual les fue donado por el gobierno estatal.
 
17/MMAE/GG

El ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, fue vinculado a proceso penal como coautor directo del delito de feminicidio agravado cometido contra la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto, informó el Poder Judicial de Yucatán.

En la audiencia realizada el 24 de abril en el Centro de Justicia Oral de Mérida (CJOM) el juez a cargo del caso, Luis Edwin Mugarte Guerrero, dictó que hay pruebas suficientes para investigar a Medina Sonda como autor del presunto feminicidio de Emma Gabriela, cometido el pasado 27 de marzo en Yucatán, Mérida.

Con ello, la Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) continuará con la investigación sobre el caso, informó el Poder Judicial de Yucatán a través de un comunicado y confirmó la representante en esa entidad del Observatorio Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, en entrevista con Cimacnoticias.

El empresario, actualmente recluido en Tabasco por usar recursos de procedencia ilícita, presenció la audiencia a través de videoconferencia desde el centro de Justicia del Sistema Penal de ese estado.

En la audiencia, el juez Mugarte Guerrero dictó prisión preventiva de un año para el acusado y estableció un plazo de cuatro meses para que la FGE recabe más pruebas.

Salas Salazar definió la decisión de juzgar el caso de esta forma como un “logro de las organizaciones sociales en Yucatán” por las demandas que han hecho para que el delito de feminicidio se sancione e investigue como un delito grave, según establece el Artículo 13 del Código Penal de Yucatán.

Sin embargo, dijo, aún es necesario presionar a las y los diputados para que legislen en favor de la homologación de los elementos para juzgar como feminicidio presentes en el Código de Yucatán y el Federal para que no sea un elemento que intervenga en la acusación de Medina Sonda.

Las organizaciones Ni Una Más-Yucatán, Ciencia Social Alternativa "Kóokay", el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio-Yucatán, el Centro de Apoyo Solidario Documentación y Estudio y Yucatán Feminicida demandaron desde noviembre de 2016 que el Congreso del Estado de Yucatán realice las modificaciones necesarias para que el delito de feminicidio se investigue correctamente.

Lo anterior, porque en el Código Penal de Yucatán se ignoran cuatro causales presentes en el Código Federal, entre ellas considerar la existencia de una relación sentimental afectiva o de confianza entre el activo y la víctima, si hay datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho o acoso en contra de la víctima; también si esta fue incomunicada y si su cuerpo fue exhibido en un lugar público.

17/MMAE/GG

La Fiscalía General del Estado de Yucatán (FGE) acusó formalmente al ex funcionario de Tabasco, Alberto Medina Sonda, por el delito de autoría intelectual del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Emma Gabriela Molina Canto.
 
La audiencia se efectuó el día de ayer vía videoconferencia. El ex esposo de Emma Gabriela la presenció desde el centro de Justicia del Sistema Penal de Tabasco porque actualmente cumple una condena de 12 años 6 meses de prisión en esa entidad por operar con recursos de procedencia ilícita.
 
El próximo lunes se efectuará la audiencia para vincular a Medina Sonda por el delito de homicidio y no por feminicidio como lo ha solicitado la madre de Emma Gabriela, Ligia Canto Lugo, desde que se cometió el crimen el pasado 27 de marzo.
 
La investigación no ha seguido esa línea por la falta de homologación del Código Penal Yucateco con el Código Federal, según han denunciado anteriormente las organizaciones civiles yucatecas como Ni Una Más-Yucatán y Yucatán Feminicida, además de Canto Lugo.
 
EXIGENCIAS CONTRA IMPUNIDAD
 
En entrevista con Cimacnoticias, la representante en Yucatán del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y acompañante del caso, Adelaida Salas Salazar, informó que la familia de Emma Gabriela busca que la Procuraduría General de la República atraiga el caso ya que, dijo, desconfían de las autoridades de Yucatán y Tabasco por su inacción desde 2014.
 
Desde ese año, Emma y su madre denunciaron el hostigamiento judicial del que fueron víctimas durante el proceso que emprendieron por la custodia de sus hijas de hijo de Emma.
 
Pese a la Recomendación 54/2014, emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde se reconocieron las violaciones a los Derechos Humanos de Emma Gabriela Molina Canto, de su madre, hijas e hijo, los gobiernos de la Ciudad de México, Yucatán y Tabasco incumplieron las recomendaciones.
 
Salas Salazar recalcó la insistencia de Ligia Canto Lugo y sus representantes por emitir una orden de aprehensión preventiva hasta que el proceso del inculpado termine, ante el riesgo de que “lo liberen antes de tiempo, por las relaciones que tiene, y se fugue”.
 
17/MMAE/GG