Honduras
DERECHOS HUMANOS
Mecanismo de protección recibe más solicitudes tras elecciones
Se intensifican agresiones contra periodistas y personas defensoras en Honduras

El Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia de Honduras, conoció 43 solicitudes de protección durante el período post electoral, del 26 de noviembre de 2017 al 9 de febrero de 2018, informó su directora, Nora Urbina.
A decir de Urbina, esta situación pondría en aprietos los compromisos que adquirió el Estado hondureño en el Examen Periódico Universal (EPU), en el año 2010 – 2015. De los 43 casos, 32 tienen relación con la crisis post electoral, 16 son de personas defensoras, 15 de periodistas y comunicadores sociales y un operador de justicia, indicó.
Los datos mencionados ratifican informes internacionales en cuanto a que Honduras es uno de los países más peligrosos para defender los Derechos Humanos y ejercer el periodismo.
Según la funcionaria, se han adoptado medidas integrales de protección, pero esto deja muy en claro que el presidente de la República asumió su mandato con una crisis de Derechos Humanos que fue provocada por su reelección.
El poder identificar que 32 personas tienen amenazas producto de la crisis post-electoral es muy importante “porque nos permite buscar medidas de protección que nos permitan salvaguardar la integridad de los beneficiarios para cada caso”, aseguró Urbina.
Destacó que por el contexto político cualquier incidente por mínimo o sencillo, contra periodistas, comunicadores sociales, y personas defensoras de Derechos Humanos, es tomado en serio y hasta la fecha ninguno de los beneficiarios ha sido asesinado.
Urbina describió que se han acercado a los sectores arriba mencionados cuando se produce un incidente para aplicar acciones que protejan a los afectados de una manera integral.
De la fecha de creación del Mecanismo, éste ya tiene una lista de 173 beneficiarios de medidas de protección, de los que se desglosan 111 para personas defensoras, 34 periodistas, 15 comunicadores sociales y 9 operadores de justicia.
El Mecanismo de Protección fue creado en el marco de la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, aprobada en el Congreso Nacional en mayo de 2015, en medio de la presentación del Estado de Honduras al Examen Periódico Universal, EPU, en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.
La Ley ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos y algunos beneficiarios por ser una legislación monopolizada por el Estado porque tiene más de 10 instituciones representadas entre las que se cuentan la Secretaría de Seguridad y de Defensa, de donde provienen las amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y algunos periodistas y comunicadores sociales, por lo que urge una reforma que equilibre la representación y aísle actores que provocan las amenazas.
18/RED/LGL
POLÍTICA
Gobiernos conservadores amenazan derechos
Las mujeres: actoras clave en la resistencia hondureña

La reelección de Juan Orlando Hernández Alvarado, del Partido Nacional, como presidente de Honduras es ilegal y significa perpetuar y avalar la represión y criminalización de la protestas, así como la violación y el retroceso de los derechos de las mujeres, denunciaron defensoras de los Derechos Humanos (DH) del país centroamericano.
Luego de las elecciones celebradas el pasado 26 de noviembre, calificadas por la ciudadanía hondureña como fraudulentas, mujeres y hombres realizaron protestas en las calles, mismas que en opinión de activistas se han caracterizado por la represión de policías y fuerzas militares.
Hasta el 22 de diciembre organizaciones civiles del país contabilizaron 38 asesinatos en ese contexto, entre ellos el de la estudiante de 19 años Kimberly Fonseca Santa María, quien, según informaron medios nacionales, recibió el impacto de una bala militar durante las primeras manifestaciones de este mes.
La indignación creció tras el drástico cambio de los resultados electorales. En un conteo preliminar de los votos el Tribunal Supremo Electoral anunció la ventaja de cinco puntos del candidato opositor de izquierda, Salvador Nasralla, pero siete días después de la jornada electoral, el 4 de diciembre, la autoridad alegó fallas en el sistema y declaró el triunfo de Hernández Alvarado.
La instancia gubernamental oficializó el fallo el 17 de diciembre y el político del Partido Nacional fue considerado como ganador aun cuando en ese país la Constitución establece como ilegal la reelección. Él ocupó la Presidencia desde 2014 la presidencia, mandato que terminaba en enero de 2018.
Además de ser anticonstitucional, la reelección significará un obstáculo para defender los DH de las mujeres, actoras claves durante las actuales denuncias en Honduras pues el gobierno de Hernández Alvarado se caracterizó por frenar iniciativas sobre derechos de las mujeres como la despenalización del aborto. Esto afirmó en entrevista con Cimacnoticias la coordinadora del Observatorio Político de Mujeres N-26, Jessica Sánchez.
La defensora expuso que el retroceso democrático también se ve reflejado en la violencia política contra las mujeres, ejercida contra funcionarias y diputadas que se han opuesto a la reelección, según han documentado.
Sánchez también criticó que pese a que en Honduras está vigente la Ley del Principio de Paridad y Mecanismo de Alternancia, los datos preliminares del Tribunal Supremo Electoral anuncian que de 298 cargos municipales solo 22 estarán ocupados por mujeres. Los resultados oficiales sobre los cargos del Congreso aún no se publican.
“Una agenda política que favorezca a las mujeres no ha sido la prioridad de los gobiernos hondureños”, denunció también en entrevista la directora del Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Gilda Rivera, quien afirmó que el contexto de represión a nivel nacional muestra la violencia de la que han sido víctimas las personas defensoras de DH en el país, un ejemplo, recordó, fue el asesinato en 2016de la defensora de la tierra, Berta Cáceres.
El crimen contra la ambientalista no fue el único, de 2013 a 2016 la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos en Humanos documentó mil 9 agresiones contra mujeres defensoras de DH, lo que posicionó al país como el segundo de la región más violento para ejercer su labor, sólo por debajo de México.
La defensora e integrante del Centro de Estudios de la Mujer - Honduras (CEM-H) Sara Avilez Tomé explicó que las actuales denuncias son resultado de la “indignación acumulada por la población desde 2009, cuando las fuerzas armadas y el presidente del Congreso Nacional derrocaron al entonces mandatario Manuel Zelaya. En esos años de resistencia, mencionó, las mujeres han tenido un papel esencial.
“En la toma de las calles ellas son las que organizan a los vecinos, también preparan alimentos a las y los manifestantes y, cansadas de la presencia de Fuerzas Armadas en las calles, encaran al ejército y la policía durante las manifestaciones”, afirmó Avilez Tomé.
Gilda Rivera precisó que el movimiento civil de resistencia en Honduras y particularmente las mujeres organizadas, no apoyan a Salvador Nasralla como presidente porque tampoco es una opción ya que él se ha pronunciado contra los derechos de las personas como el matrimonio igualitario, por tanto un posible mandato de este político tampoco significaría cambios estructurales a favor de los DH, sin embargo, representaría “el fin de un gobierno ilegítimo” erigido por Hernández Alvarado.
Jessica Sánchez observa el golpe de estado en Honduras de 2009 y las actuales elecciones en su país desde un contexto internacional de “vuelta a la derecha política”, lo que considera es una amenaza a los derechos de las mujeres. Esto, dijo, se observó más claro con el nombramiento de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, nación que la semana pasada reconoció el gobierno de Hernández Alvarado.
Para hacer frente a este panorama Jessica Sánchez señaló que la organización de las mujeres en las calles y la sociedad civil a través de iniciativas servirán de contrapeso, tal como lo hicieron miles de mujeres estadunidenses en enero pasado cuando marcharon tras la toma de protesta de Trump para exigir que sus derechos sean prioridad.
El fallo del Tribunal Supremo Electoral a favor de la reelección también fue condenado por organismos internacionales como la Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien señaló que por el “cúmulo de irregularidades” aún no podría determinarse quién fue electo como presidente.
A raíz de los asesinatos, el pasado 26 de diciembre la OEA solicitó la entrada de uno de sus delegados para obtener información sobre las violaciones a los DH cometidas y hablar con las víctimas y sus familiares, misma que fue rechazada por el gobierno hondureño un día después.
17/MMAE
Migración
La mayoría viene de El Salvador, Honduras y Guatemala
Más mujeres migrantes en México trabajan como empleadas del hogar

El 70 por ciento de las mujeres migrantes que llegan a México trabajan como empleadas del hogar donde reciben salarios bajos a cambio de largas jornadas y corren más riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal, alertó ONU Mujeres.
La organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género instó al Gobierno mexicano a realizar cambios de política para proteger a las trabajadoras migrantes que llegan a México.
Esto como parte del proyecto “Promoción y protección de las trabajadoras migrantes y los Derechos Humanos”, financiado por la Unión Europea para promover los derechos de las migrantes y su protección contra la exclusión y la explotación en el proceso de migración en México, Moldavia y Filipinas.
Con este proyecto ONU Mujeres hizo un informe donde dice que México se está convirtiendo en un país de tránsito y destino para migrantes. Entre 2000 y 2010 el número de migrantes en México paso de 499 mil a 726 mil. Las Naciones Unidas calculan que el 50 por ciento de estos migrantes son mujeres.
Muchas de estas migrantes vienen de países centroamericanos, específicamente El Salvador, Honduras y Guatemala. Ellas huyen de sus países de origen por diversos motivos, entre ellos la pobreza, la violencia y la falta de opciones de empleo.
Al llegar a México, los investigadores encontraron que las mujeres migrantes enfrentaban discriminación debido a la falta de documentos de estancia legal en el país y a las leyes restrictivas. También documentaron que 70 por ciento de estas mujeres trabajan en actividades del hogar y muchas viven en las casas de sus empleadores donde corren riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal.
México ya tiene políticas establecidas para proteger a las mujeres migrantes, pero se puede hacer más, afirma el organismo internacional. Por ejemplo, la Ley de Migración de México reconoce el derecho a la libertad de tránsito, la salud, la educación, la justicia, la identidad, la unidad, la familia y los requisitos para los permisos de residencia y autorización de trabajo.
Sin embargo, la ley no propone la creación de estructuras que mitiguen la vulnerabilidad de las mujeres migrantes; tampoco la ley propone una acción afirmativa para garantizar la igualdad sustantiva de los hombres y mujeres migrantes.
Otros aspectos de la Ley de Migración incluyen mayores dificultades para que las trabajadoras del hogar obtengan documentos legales, por ello ONU Mujeres cree que el gobierno necesita reevaluar las políticas ya existentes y examinarlas a través de una perspectiva de género para determinar cómo ayudar a las migrantes.
Las leyes nacionales deben proporcionar a las mujeres migrantes los mismos derechos que todos los trabajadores e igual acceso a la educación y los servicios de salud. “Es importante que la gobernanza de la migración sea sensible al género para garantizar que se fomenten los derechos laborales y humanos de las mujeres migrantes”, dijo ONU Mujeres.
17/EA
DERECHOS HUMANOS
Se oponía a proyectos hidroeléctricos
Asesinan a defensora medioambiental hondureña Lesbia Yaneth

Asesinan a Lesbia Yaneth, compañera de Berta Cáceres en la lucha contra los abusos de multinacionales: este fue el titular que el periódico español diario.es le dio a esta noticia que demuestra la barbarie e indefensión que viven las personas defensoras del medio ambiente y de los Derechos Humanos. Yaneth, activista del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en Honduras.
Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza.
“La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que luchan por sus derechos”, dicen desde el Copinh.
La defensora medioambiental hondureña militaba de forma activa contra la construcción de represas de los ríos de su municipio y estaba inmersa en un proceso de lucha contra la construcción de un proyecto hidroeléctrico en San José (La Paz), según ha confirmado el Copinh en un comunicado.
El cuerpo sin vida de Lesbia Yaneth Urquía apareció este miércoles en el vertedero municipal de Marcala, en el departamento de La Paz. Según la versión recabada por las autoridades policiales, la mujer salió de su casa el pasado martes alrededor de las 5:00 de la tarde en su bicicleta, informa el diario local El Heraldo. Como no llegaba a casa, sus familiares comenzaron a buscarla, hasta que fue localizada sin vida.
El asesinato de Yaneth ha tenido lugar en el marco de un proceso de “consulta” llevado a cabo por el gobierno de Honduras acerca de la aprobación del proyecto de ley del Mecanismo de la Consulta Previa, Libre e Informada, por la que llevan años luchando las comunidades indígenas en Honduras. Se trata de un derecho amparado por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Según aseguran desde el Copinh, “las reuniones con las que el gobierno pretende impulsar su propuesta de ley se llevaron a cabo en el municipio de Marcala -donde ha aparecido asesinada Lesbia Yaneth- los días 4 y 5 de julio.
El proyecto hidroeléctrico Aurora I, contra el que estaba luchando Lesbia Yaneth, pretende ser instalado en el municipio de San José, La Paz. Según el Copinh, “la presidenta del Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López” tienen una “vinculación directa” con la construcción de la represa.
VIOLENCIA CONTRA LOS AMBIENTALISTAS EN HONDURAS
En marzo de este año, la líder indígena y presidenta del Copinh, Berta Cáceres, fue asesinada. Su caso despertó un fuerte movimiento de solidaridad y presión internacional, que de momento no ha frenado los asesinatos a personas defensoras del medioambiente y los Derechos Humanos en Centroamérica.
Recientemente, un exsoldado hondureño reveló a The Guardian que el nombre de Berta Cáceres figuraba desde hacía meses en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos.
Dos semanas después del asesinato de Cáceres, Nelson García, compañero en la defensa del medioambiente, también líder regional del Copinh, fue abatido de varios tiros cuando se dirigía hacia su casa después de participar en una protesta contra el desalojo forzoso de un centenar de familias.
La persecución y violencia contra quienes defienden el medio ambiente es una constante en aquellos países donde empresas transnacionales extractivas, hidroeléctricas o del sector agroindustrial tienen intereses, muchas veces en connivencia con los poderes políticos y financieros.
Un total de 185 personas fueron asesinadas en 2015 en todo el mundo por su implicación en la defensa de la naturaleza, según el último informe de Global Witness. El año pasado, los países más peligrosos para quienes defienden el medio ambiente fueron Brasil, con 50 muertes, y Filipinas, con 33.
“La muerte de Lesbia Yaneth constituye un feminicidio político que busca callar las voces de las mujeres que con coraje y valentía defienden sus derechos en contra del sistema patriarcal, racista y capitalista, que cada vez más se acerca a la destrucción de nuestro planeta”, han lamentado los integrantes del Copinh.
17/RED
DERECHOS HUMANOS
Necesario despenalizar aborto: Regina Fonseca
Hondureñas, por un Código Penal que respete sus derechos

El abrumador asesinato de la defensora de derechos humanos indígena Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 ha puesto el punto de mira sobre el agravamiento de la situación de Derechos Humanos en Honduras desde el golpe de Estado de 2009. Un país en el que ahora se discute un nuevo Código Penal.
La defensora de derechos humanos Regina Fonseca, de la Plataforma “Somos Muchas”, ha visitado recientemente Irlanda, Bruselas y el Estado español, acompañada por las organizaciones Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz-Estado Español, Calala Fondo de Mujeres, JASS–Asociadas por lo Justo, y la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos.
Fonseca tenía el objetivo, entre otras cosas, de denunciar las violaciones a Derechos Humanos del proyecto de nuevo Código Penal. El proceso de elaboración de este Código, llevado a cabo en el seno de una comisión del Congreso Nacional de Honduras, ha contado con recursos y asistencia técnica de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID).
En declaraciones públicas emitidas el 3 de abril de 2017 el presidente de la Comisión de Dictamen, Mario Alonso Pérez, afirmó que dicha Comisión había concluido que no modificaría el artículo del Código Penal que establece la penalización absoluta del aborto y expresó que para el Estado hondureño el aborto será considerado un “delito grave fuertemente penalizado”.
El 4 de abril, medios de comunicación local informaron que la policía había detenido a una mujer en Comayagua, zona central de Honduras, por haberse provocado un aborto. La foto de la mujer acusada por el “delito de aborto” fue exhibida en los medios de comunicación con las manos atadas y una policía a su lado.
El Congreso Nacional de Honduras aprueba de este modo mantener la penalización total del aborto en el nuevo Código Penal, con penas de 3 a 10 años de cárcel. Mientras, Regina y cientos de mujeres organizadas en las más de 23 asociaciones de la sociedad civil hondureña articuladas en la iniciativa “Somos Muchas” no cejan en el empeño de defender los derechos de las mujeres.
EL NUEVO CÓDIGO
Gloria López (GL): Estás involucrada, Regina Fonseca, en la respuesta de la sociedad civil frente a la reforma del Código Penal de Honduras. ¿Qué pretende esta reforma y en especial, qué consecuencias puede tener en la vida de las mujeres?
Regina Fonseca (RF): Bueno, no se trata de una reforma, sino de crear un nuevo Código Penal. El actual data de 1985. Lo que se ha vendido a la opinión pública es que este nuevo código es un instrumento moderno que nos va a dar más seguridad en el país. Las organizaciones feministas fueron las primeras que entramos en alerta cuando supimos que se estaba creando este código, queríamos conocer. Sobre todo porque cada cambio, cada avance en el reconocimiento de determinados derechos, ha venido dada por la lucha de las organizaciones de mujeres y feministas hondureñas. Como ejemplos concretos está el reconocimiento de la violencia intrafamiliar, el que los delitos sexuales dejaran de ser considerados delitos contra el honor, sino delitos contra la integridad. Y que ambos fuesen considerados de persecución pública. Han sido luchas que hemos ido conquistando.
Nos costó mucho que nos abrieran espacio en la creación de este Código. Fue un proceso muy opaco. Hasta finales de 2016 no pudimos entrar y en ese sentido, fue muy importante la labor de la cooperación española, de los consultores que elaboraron el segundo borrador del Código Penal.
Participamos, había cosas que eran importantes defender. Es una oportunidad para que al menos en circunstancias excepcionales no se penalice a las mujeres y niñas que aborten: aquellas que sufren violencia sexual o incesto, o las que ponen en riesgo su salud e incluso su vida, o cuando existen malformaciones graves en el feto incompatibles con la vida.
Estamos pidiendo unos mínimos, que además están reconocidos en los estándares internacionales de Derechos Humanos. Nos hemos organizado para demandar que el tipo penal de Feminicidio permanezca incluido y mejore, para que los delitos sexuales tengan los suficientes candados que eviten la impunidad y garanticen la protección de las mujeres, para no perder lo ganado en materia de discriminación, por ejemplo, con la comunidad LGTBI. Y por supuesto, para defender nuestros derechos sexuales y reproductivos.
ABORTO CON PASTILLAS PARA CURAR FRIJOLES
GL: ¿El aborto está absolutamente penalizado en Honduras?
RF: Absolutamente. Honduras es uno de los 9 países en el mundo que lo tienen penalizado, 7 de ellos están en América Latina.
GL: ¿A qué se enfrenta una mujer que quiere abortar en Honduras?
RF: La única manera de abortar es de manera clandestina. Si tienes dinero, puedes recurrir a un aborto seguro. Pero la mayoría de la población no tiene ese privilegio, por ejemplo, las mujeres más jóvenes, o las campesinas. Y hay mujeres en la cárcel por abortar. La pena varía, de 3 a 6 años y para quien lo realiza, de 6 a 8 años.
La mayoría de los abortos son inseguros, las mujeres ponen en riesgo su vida. Hay suicidios de niñas, sobrevivientes de violencia sexual que quedaron embarazadas. No sé si han oído hablar de pastillas para curar frijoles, que es un veneno que se utiliza para quitar los bichos a los granos básicos y que se venden en los comercios de productos agrícolas; hay quienes se han introducido esas pastillas en la vagina.
GL: ¿Tampoco tienen derecho a los anticonceptivos?
RF: La concepción moderna existe, excepto la de emergencia, que fue prohibida tras el golpe de Estado.
GL: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en esta represión?
RF: Las cúpulas de la Iglesia católica evangélica han conducido todos los procesos de criminalización de todas aquellas mujeres y hombres que quieren defender sus derechos de salud reproductiva. Han detenido procesos de educación sexual, han obstaculizado la anticoncepción de emergencia. Los ataques que recibimos las defensoras de los derechos humanos vienen de esa jerarquía. Están demasiado cerca de los poderes políticos y jurídicos en nuestro país.
IMPUNIDAD
GL: Entre las razones de la violencia estructural que sufren las mujeres en Honduras, figura la impunidad. Tú has realizado varios estudios. ¿Las mujeres denuncian? ¿Qué pasa cuando denuncian? ¿Qué estamentos son cómplices para que exista esta impunidad?
RF: Hay problemas estructurales que se agudizan con los problemas de criminalización social y la militarización que se da posterior al golpe. También la zona sociopolítica donde estamos es importante: Honduras ha sido históricamente el patio trasero de Estados Unidos. La militarización se ha naturalizado. Las bandas criminales que se han organizado por esa región requieren de todo el engranaje institucional del Estado para que funcione y de eso hay evidencias.
Los niveles de violencia letal convirtieron a Honduras en el país más violento del mundo hace dos años. La tasa anual de asesinatos de mujeres es de 12 por 100 mil, más alta que la media. En un contexto en el que los órganos del Estado están al servicio, no de la gente, sino de las grandes empresas transnacionales, tiene sentido la impunidad. Y la violencia es ejemplarizante. En el caso de los feminicidios es del 90 por ciento, en el caso de los delitos sexuales es del 94 por ciento. Esto no incentiva la denuncia. Puedes encontrarte que la persona que te agredió está detrás del escritorio de la policía. ¿A dónde vas a denunciar?
GL: ¿Qué tipo de agresiones, presiones, violencia, sufren las defensoras de los derechos humanos en Honduras?
RF: Tiene que ver con el ámbito de la defensa de los derechos. Las defensoras de la tierra se enfrentan a la muerte y a la violencia sexual. Hay poblaciones que sufren más estas formas de violencia. Berta Cáceres fue asesinada incluso con medidas cautelares. Nos enfrentamos al poder establecido, es el Gobierno quien concede los contratos y proyectos de explotación.
GL: Háblanos de tu labor como responsable del Programa de Incidencia Política Internacional de la organización Centro de Derechos de la Mujer (CDM)
RF: La lucha contra la violencia de género es políticamente correcta. La lucha contra la expropiación de nuestros cuerpos no lo es. Somos “maleducadas” cuando hacemos exigencias sobre el uso de nuestros cuerpos y nuestra libertad. Y en eso se acompañan las instituciones Estado-Iglesia, especialmente el Opus Dei, que tiene mucha influencia política y económica. Ellos nos difaman y tienen la cobertura de los grandes medios para hacerlo.
Nuestra lucha es a contracorriente y sufrimos criminalización, ataques, difamación. Ha sido una estrategia pensada y ejecutada. A esto hay que sumar que una forma para callarnos tiene que ver con llevar nuestros casos a instancias penales y civiles; si te ponen multas de 50 mil dólares y a pedir perdón público por algo que hemos expresado, es una forma de ahogar la protesta y matar a las organizaciones. Y con la excusa del delito de hacer apología de terrorismo, la cosa se complica.
Hay que decir que los consultores españoles, al menos públicamente allá, con la discusión del nuevo Código Penal, no han dicho nada alrededor de estos retrocesos. Han guardado un silencio que para nosotras es cómplice. No es fácil hacer incidencia política.
FORMAS PERVERSAS DE CASTIGAR LA DISIDENCIA
GL: Es cierto que a partir del golpe de Estado de 2009, hay un aumento de la violencia, del uso de la fuerza como estrategia patriarcal. Pero las defensoras de los derechos humanos se enfrentan a mucho más. Las mujeres indígenas, pobladoras y campesinas que luchan por la defensa de sus territorios, su cultura y sus bienes comunes y que se oponen a los megaproyectos extractivos fomentados por los gobiernos corporativos amparados en tratados voraces internacionales y en leyes serviles que atentan contra la soberanía de los pueblos es un aspecto fundamental en Honduras. Estamos hablando de capitales internacionales, muy poderosos. ¿Cómo superar las resistencias en países europeos, cuando esos capitales son dueños de los medios de comunicación, por ejemplo?
RF: Es muy difícil. Son los mismos, dueños de bancos, de los medios de comunicación, los que administran las hidroeléctricas. Son intereses de corporaciones internacionales, el capital, un sistema que juega en contra de las personas.
GL: La sensación aquí es que hay un antes y un después tras el asesinato de Berta Cáceres en marzo 2016. ¿Hay un cambio en cuanto al conocimiento de la situación más allá de las fronteras nacionales? ¿Se sienten más respaldadas internacionalmente? ¿Se traduce en cambios y mejoras en el terreno?
RF: Nadie de las estructuras del poder político y económico se imaginaba la reacción. Esa respuesta internacional ha hecho que ellos se vean obligados a hacer algunas cosas. Cosas que implican riesgos y trampas. Se hacen determinadas consultas pero con una participación viciada. El gobierno promueve un asistencialismo que compra conciencias se algunos sectores en estas comunidades y, cuando no se compran, estos grupos reciben otras formas de sanción. Por ejemplo, tras el asesinato de Berta se hizo un informe acerca de los hilos que unen el poder político y económico en la región. Y supimos que algunas personas que habían colaborado, fueron sancionados, impidiendo por ejemplo, a una padre que sus hijos fueran matriculados en la escuela pública. Se les castiga de esa manera tan perversa.
GL: ¿El machismo está presente también en los movimientos “progresistas”, entre los compañeros con los que defiendes los derechos humanos?
RF: Sí, claro que tenemos que bregar con el machismo. Es muy importante producir un acercamiento entre organizaciones tradicionales de derechos humanos y las organizaciones feministas. De hecho se va produciendo. Es importante comprender que tu lucha es mi lucha y a la inversa.
17/GR/GG
DERECHOS HUMANOS
MP no ha entregado información sobre cadenas de custodia
Posponen audiencia sobre asesinato de la ambientalista Berta Cáceres

La audiencia preliminar sobre el asesinato de la lideresa ambientalista Berta Cáceres Flores, que se iba a realizar ayer en el Tribunal de Sentencia de la Suprema Corte de Tegucigalpa, fue suspendida por un juez, a petición de la parte acusadora privada, y se reprogramó para el 24 de mayo, con una audiencia previa el 28 de abril, en donde el Ministerio Público entregará a la defensa y a la acusación privada documentación de soporte.
Cinco de los ocho implicados en el asesinato de Berta Cáceres Flores, arrestados hasta el momento, iban a comparecer en dicha audiencia: Sergio Rodríguez, Mariano Díaz, Edilson Duarte, Elvin Orellana y Douglas Bustillo.
La lideresa indígena, merecedora del premio Goldman en 2015, fue ultimada a tiros el 3 de marzo de 2016 en su casa en el departamento de Intibucá, por oponerse al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en defensa del medioambiente y los derechos del pueblo lenca.
El Ministerio Público los acusa, además del asesinato de Cáceres, de tentativa de homicidio en su grado de ejecución contra el activista mexicano Gustavo Castro, principal testigo del caso.
La abogada Kenia Oliva, abogada de Gustavo Castro, explicó que pidió la suspensión porque en reiteradas ocasiones solicitaron la información de las cadenas de custodia y esta no ha sido entregada. Agregó que como parte acusadora deben tener todos los medios de prueba que sirvan de fundamento para formalizar una acusación.
“Solicitamos la información que se ha entregado al Tribunal y accedieron a darnos la información digital de la extracción de los celulares y de la intervención telefónica, pero hasta el momento no ha sido entregada”, explicó la profesional de derecho, según proceso.com.mx.
“Le solicitamos al juez que suspendiera el juicio en tanto no tuviéramos a la vista y pudiéramos estudiar esos elementos de prueba que nos lleven a la convicción que las personas que están siendo imputadas están ligadas a los hechos que se les acusa”, agregó.
Los cinco acusados en cuestión resultaron los primeros culpables que atraparon las autoridades dos meses después del hecho, mediante varios operativos en la capital hondureña y las localidades de La Ceiba y Trujillo, como parte de la Operación Jaguar. Tres de los acusados pertenecieron a las fuerzas armadas de ese país.
El pasado 8 de febrero la Agencia Técnica de Investigación Criminal capturó al octavo implicado, Óscar Aroldo Torres Velásquez.
Aun así, múltiples movimientos sociales y organizaciones demandan que las autoridades hondureñas profundicen sus investigaciones para llevar ante la justicia a los autores intelectuales de ese crimen.
17/RED/GG
DERECHOS HUMANOS
La activista fue retenida y amenazada
Exigen garantizar integridad de defensora hondureña Miriam Miranda

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) hizo un llamado para garantizar la integridad física de la defensora de Derechos Humanos, Miriam Miranda Chamorro, detenida ilegalmente durante un retén en Honduras el pasado 11 de enero.
En un comunicado, el Observatorio instó a las autoridades hondureñas correspondientes a iniciar una investigación para identificar a los responsables y sancionarlos de acuerdo a la ley ya que, aseguró, la violencia con la que se realizó el retén está relacionada con la labor de defensa de los Derechos Humanos realizada por la también presidenta de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), Miriam Miranda.
La activista hondureña se ha pronunciado por los derechos políticos, económicos y sociales de la comunidad Garífuna Afro-Caribeña. Miranda Chamorro es beneficiaria de las medidas cautelares que otorga la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde el 2011, debido a que ha enfrentado diversas agresiones relacionadas con su labor como defensora, como la ocurrida en marzo de ese año cuando fue detenida 10 horas y media por autoridades del municipio de Tela, Honduras, mientras participaba en una protesta pacífica en solidaridad con maestros que estaban en huelga.
El Observatorio solicitó intervenir de manera urgente en Honduras luego de que la defensora fue amenazada y hostigada por policías de ese país mientras viajaba a la ciudad de la Ceiba, Honduras, junto con los también defensores Luís Gutiérrez, Oscar Gaboa y Luís Miranda.
En la agresión ejercida el 11 de enero Miranda Chamorro y los tres defensores mencionados viajaban en automóvil cuando fueron detenidos por policías que cuestionaron de manera agresiva su procedencia y el lugar al que se dirigían. La defensora denunció que fue acosada, amenazada sexualmente y tratada de manera racista por policías.
De acuerdo con el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, la agresión hacia la defensora feminista tuvo lugar en un contexto en el que las personas defensoras de Derechos Humanos de Honduras son atacadas sistemáticamente. De acuerdo al informe “Situación de los Derechos Humanos en Honduras, 2015”, realizado por la CIDH, desde 2010 se han registrado en ese país, 22 asesinatos, 2 desapariciones, 15 secuestros, 88 casos de robos de información y 53 sabotajes a los vehículos donde se transportaban las personas defensoras.
El Observatorio también pidió enviar cartas al presidente del país, Juan Orlando Hernández; al Fiscal General de la República, Oscar Chinchilla, así como a las Representaciones Diplomáticas de Honduras en todos los países, para urgirlas en la implementación de políticas que reconozcan públicamente la importancia de la labor de las personas defensoras de Derechos Humanos.
17/MMAE/LGL
Conforman grupo de investigación especial para caso Berta Cáceres. Vasectomía sin bisturí, eficaz en 99 por ciento de los casos. Convocan a Congreso Mundial de Mujeres Periodistas en Chile
BREVES 17 DE NOVIEMBRE DE 2016
Conforman grupo de investigación especial para caso Berta Cáceres
Tegucigalpa, Hon.- Con la finalidad de efectuar un análisis independiente, objetivo e imparcial sobre el asesinato de la ambientalista Berta Cáceres ocurrido en marzo pasado, se creó el Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE).
El GAIPE es conformado por la abogada colombiana, Liliana Uribe; la estadounidense Roxanna Altholz; el guatemalteco Miguel Ángel Urbina, el colombiano Jorge Molano y el holandés Daniel R. Saxon, todos cuentan con una amplia experiencia en violaciones a los Derechos Humanos.
El Grupo dará seguimiento a las diligencias de investigación adoptadas por el Estado hondureño, con un enfoque multicultural y de género. Además harán recomendaciones para garantizar el esclarecimiento del hecho.
Vasectomía sin bisturí, eficaz en 99 por ciento de los casos
Ciudad de México.- Como parte del Día Internacional de la Vasectomía que se conmemora el 18 de noviembre, la organización Marie Stopes México convocó a hombres a informarse sobre la vasectomía sin bisturí, método anticonceptivo definitivo.
En un comunicado, Marie Stopes México indicó que la vasectomía sin bisturí es un procedimiento simple y seguro, se realiza en 15 minutos y es ambulatorio, por lo que la persona sale caminando, además de que es eficaz en más del 99 por ciento de los casos.
Más información en www.mariestopes.org.mx
Convocan a Congreso Mundial de Mujeres Periodistas en Chile
Santiago, Chile.- La Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras (AMMPE) convocó a periodistas, estudiantes, escritoras y público interesado en asistir al XXII Congreso Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras 2016, con el tema “Periodismo, Transparencia y Democracia”.
El evento se llevará a cabo del 23 al 26 de noviembre en la Casa Central de la Universidad Católica, en Santiago de Chile. La entrada es gratuita.
Informes e inscripciones en: www.mujeresperiodistaschile.com
16/GMV/LGL
FEMINISMO
Fallece a los 74 años de edad
Gladys Lanza, luz que seguirá brillando para las defensoras

Defensora del sindicalismo, opositora a las dictaduras, activista política, comprometida con la igualdad de género pero sobre todo feminista, Gladys Petrona Lanza Ochoa, murió esta madrugada a los 74 años de edad en Tegucigalpa, en su natal Honduras.
Gladys, quien fuera coordinadora del Movimiento de Mujeres por la Paz “Visitación Padilla”, una agrupación de defensoras también conocidas como “Las Chonas” dio su vida al servicio de las personas más excluidas y por eso su entrega será una luz en el camino de la defensa de los Derechos Humanos de las mujeres, dijeron sus compañeras de causa, en un comunicado.
Ex presa política, líder del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (STENEE) y activista incansable, comenzó su actividad en el sindicalismo, continuó en la política contra la dictadura que amenazó a su país en la década de los 70 y 80, y a edad madura entró de lleno al feminismo.
Acusada de ser comunista, un día fue víctima de un atentado con bomba en casa de su hermana quien al verla tendida en el suelo le pidió que cesara su lucha. “Ahora es cuando no debo parar, le dije. Le pedí disculpas, no debía enseñarle a ser cobarde”, contó a Cimacnoticias en una entrevista realizada en septiembre de 2013 en aquel país centroamericano.
Su causa comenzó al adherirse al STENEE donde escaló posiciones, logró una beca para estudiar en México y luego en Cuba. Ya en Honduras durante los años 70 se convirtió en dirigente. “Nadie entendía qué hacía una mujer en un sindicato de hombres. Los ejecutivos cuestionaban también: ¿Por qué se dejan dirigir por una mujer? Esa mujer no tiene por qué”.
Durante los años 80 la sombra de la dictadura y el militarismo se extendió por la región y en su país no fue diferente, sus compañeros fueron detenidos, torturados, otros asesinados, ella pasó un año en la clandestinidad pero en 1985 la policía política la capturó, torturó y la acusó de sedición y alta traición a la patria.
“Eran 33 años de condena, ahí entró mi papá, metió las manos. Yo siempre le dije, que él nunca hiciera nada que lo involucrara conmigo, porque él era un político y yo lo respetaba, pero que no se metiera en mis cosas. Pero metió las manos cuando se dio cuenta que eran 33 años”, dijo en aquella charla.
“El sindicato en protesta se declaró en huelga general y así empezó el juicio. Fueron días muy duros pero me sacaron, una parte por mi papá y con la presión del sindicato. El gobierno me cambió el delito a `escándalo callejero´. Salí con una fianza”.
A ese episodio le siguió una la lucha más fuerte, contra la privatización de las empresas nacionales en 1989. “La represión se recrudeció: un grupo del gobierno, estilo escuadrón de la muerte, fue a mi casa y la pintaron con `Alianza Anti Comunista´. Era de nuevo el terror. Después, en mi casa me pusieron una bomba. Fue dramático, yo no sé cómo estoy viva, porque la bomba iba con dirección a mi cuarto”.
Aunque aquellos años fueron difíciles su activismo no terminó ahí, por el contrario, después se sumó a la defensa por la igualdad “Es más grave lo que hago ahora, porque ahora soy feminista”, dijo hace tres años cuando su país intentaba reconstruirse en una democracia después del golpe militar contra el entonces presidente Manuel Zelaya, ocurrido en 2009.
“Yo empiezo a dar el cambio en 1984 cuando las tropas norteamericanas caen en el país, siento una rebeldía terrible en mi cabeza, en todo mi ser. ¿Cómo es posible que aceptemos esto? pensaba. Las tropas se empezaron a instalar en todo el país; estaban en 14 de 18 departamentos y además estaban abusando de las mujeres, de los niños. Fue muy fuerte para mí eso”.
Para ese entonces ya existía el Movimiento “Visitación Padilla”, junto a este colectivo entendió el terror de la guerra en los cuerpos de las mujeres y esas historias de vida la hicieron entrar en el feminismo. “Empezamos a escuchar testimonios y eso fue lo que me reclutó, escuchar a esas mujeres, sus testimonios y oírlas cómo abusaron de ellas y luego escuchar las enfermedades de transmisión sexual”.
Sin separarse de su sindicato se incorporó al movimiento feminista para más tarde dedicarse por completo a la defensa de la igualdad.
“Esta es mi lucha y cuando hablo con las compañeras de la base les digo: Compañeras, ustedes no saben lo maravilloso que es haber descubierto el movimiento de mujeres, para mí el movimiento feminista me dio la razón de ser. Es tan importante y además, haberme sacado aquella cosa fea que tenía en la cabeza”.
Siempre asediada, apenas el año pasado “la Chona Mayor” fue condenada por la Sala Uno del Tribunal de Sentencia de Honduras que la declaró culpable del delito de “difamación”.
La acusación surgió porque el Movimiento que dirigía defendió a una mujer víctima de acoso sexual y laboral por parte de Juan Carlos Reyes, ex director de la Fundación para el Desarrollo de la Vivienda Social Urbana y Rural (Fundevi). Tras la denuncia el sujeto presentó una querella contra Gladys.
En aquella ocasión la feminista consideró que la sentencia más allá de representar un golpe para ella, era un intento de callar y frenar a las feministas de la región, e impedir que siguieran demandando una mejor calidad de vida para las hondureñas y es que al dar sentencia el juez dijo que las organizaciones debían aprender a manejar estos casos (de acoso sexual) y ser prudentes.
Gladys aprendió a ver la discriminación, la desigualdad, a entender que para las mujeres la justicia es diferente. Con su equipo, logró que en Honduras se creara la Ley de Violencia Doméstica, una Ley de Igualdad, reformas penales en materia de feminicidio, y la creación de juzgados de violencia familiar y refugios para mujeres, entre otros logros, legado que hoy hereda a las hondureñas.
16/AGM/LGL
VIOLENCIA
En los últimos seis años
En Honduras, 112 mil denuncias de violencia contra mujeres en el hogar

Más de 121 mil casos de violencia en el hogar fueron reportados en Honduras en los últimos seis años, informó el Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial (Cedic).
Las denuncias ante Centros de Paz y Juzgados de Letras confirman que las mujeres en este país son las más afectadas por maltratos de sus cónyuges, ya que del total de demandas, una cifra por encima de 112 mil corresponde a mujeres, indicó el organismo.
Especialistas en temas de violencia valoraron que si se consideran las personas que no exponen ante organismos competentes humillaciones en hogares, es decir que no denuncian, la cifra de actos de fuerza podría elevarse aún más.
Según el Cedic, entre los departamentos hondureños donde se practica más violencia en el hogar contra la mujer figuran Francisco Morazán, con 5 mil 632 casos, Cortés, 4 mil 468, y Atlántida, con mil 452 casos, reportó el diario La Prensa.
También en Comayagua ese fenómeno es preocupante, ya que en la demarcación por cada 10 denuncias que se realizan, siete son de violencia doméstica, aseguró la Comisionada Regional de Derechos Humanos, Maribel Ramos.
En este país las mujeres sufren diversas formas de violencia en el hogar, entre ellas, agresiones físicas, psicológicas y sexuales, expresó la especialista en psicología clínica familiar, Magdalena Turcios.
Otros expertos consideran además que, en no pocos casos, el compañero de hogar deja de aportar recursos al sustento familiar, lo que clasifica como otro modo de ejercer maltrato.
Una de las peores formas de violencia en Honduras lo constituyen los casos de femicidio/feminicidio, que cada año deja sin amparo filial a muchos niños.
En la última década, en la ciudad hondureña de San Pedro Sula se reportaron 580 casos de femicidio/feminicidio, seguida de Tegucigalpa, con 406, de acuerdo con un informe divulgado en junio de 2015 por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
16/RED/GGQ
