Guatemala
DERECHOS HUMANOS
Queda el juicio de otro implicado en genocidio de la población ixil
A las víctimas de Efraín Ríos Montt, se les debe la reparación del daño

Ante el recién fallecimiento del dictador guatemalteco, José Efraín Ríos Montt, una de las organizaciones que litigó en su contra, el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH), recordó que “la justicia pronta y cumplida” que promete el sistema de justicia de Guatemala no llegó a las y los sobrevivientes del genocidio del pueblo maya ixil, pero eso sí, aún se les debe el derecho a la verdad y la reparación del daño.
Efraín Ríos Montt, quien falleció a los 91 años de edad el pasado 1 de abril llegó al poder de Guatemala en marzo de 1982 por un golpe de Estado. Con solo un mes de estar al mando el dictador lanzó la operación para exterminar (conocida como “tierra arrasada”) a la población ixil del país, en la que murieron mil 771 indígenas.
Por lo crímenes cometidos por el dictador el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos y la Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) presentaron ante el Ministerio Público de Guatemala una denuncia en su contra por genocidio.
El 19 de marzo de 2013 el ex dictador fue sometido a juicio por los delitos de lesa humanidad y las matanzas cometidas contra del pueblo ixil entre 1982 a 1983, en conjunto con el exdirector en inteligencia militar, José Mauricio Rodríguez Sánchez.
Se escucharon los testimonios del horror de los crímenes ocurridos durante la guerra interna, en concreto, el de las mujeres indígenas sobrevivientes, quienes, valientes, hicieron oír su voz para narrar las violaciones sexuales, torturas, humillaciones y la pérdida de sus familias que vivieron a manos del Ejército de Guatemala.
En apoyo a los testimonios de violencia sexual de las mujeres indígenas la construcción de peritos con enfoque de género marcaría un precedente importante gracias a la intervención de las organizaciones Women’s Link Worldwide y el Center for Justice and Accountability, quienes con estos peritajes permitieron visibilizar la importancia de investigar, juzgar y sancionar los crímenes de género y ahondar en la violencia contra mujeres y niñas ocurrida en la guerra.
Un total de 57 peritos especializados en diversas disciplinas (antropología, psicología, forenses, historia, sociología, derecho, entre otras) presentarían pruebas claves para el juicio del 10 de mayo de 2013, cuando las juezas y el juez del Tribunal Primero de sentencias penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente guatemalteco, Iris Yassmín Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y el juez Pablo Xitumul De Paz, dictaron una sentencia (C-01076-2011-00015) de 80 años prisión a Efraín Ríos.
Una sentencia histórica porque se reconoció que en Guatemala ocurrió un genocidio y fue la primera vez que un ex jefe de Estado fue declarado culpable por un Tribunal Nacional por este delito. Sin embargo, solo pasaron 10 días para que la Corte Constitucional (CC) de Guatemala echara atrás la sentencia contra Efraín Ríos por encontrase supuestos errores.
Nuevamente en 2016 se ordenó un segundo juicio por genocidio contra Efraín Ríos que hasta la fecha llevaba 26 audiencias en dos años. Las y los sobrevivientes del horror volvieron a rendir sus testimonios, su angustia e incertidumbre se prolongó por las postergaciones del proceso.
Para el 31 de marzo de 2017, en un caso por separado, un tribunal dictaminó que Ríos Montt podría ser juzgado por genocidio en la masacre de “Dos Erres” en la que más de 200 civiles fueron asesinados. Hoy, el fallecimiento del dictador termina las posibilidades de justicia.
“SIGUE CAMINO HACIA LA JUSTICIA”
Tras la muerte del dictador, el Centro para la Acción Legal de Derechos Humanos que ha llevado el litigio del genocidio contra el pueblo ixil, recordó en un comunicado que las víctimas han esperado 30 años por justicia, en un camino también donde han fallecido también 5 personas que dieron testimonios del crimen.
CALDH también reconoció a las mujeres indígenas ixiles quienes por hacerse escuchar “hoy el mundo sabe que en Guatemala sí hubo genocidio y violencia sexual”. Por ello dijeron, el camino a la justicia sigue, toda vez que queda pendiente el juicio contra el exdirector de inteligencia José Mauricio Rodríguez, que tendrá próxima diligencia el viernes 6 de abril.
Por su parte el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de Guatemala se sumó al lamento de las demoras para atender los casos de graves violaciones a los Derechos Humanos relacionadas con los crímenes de lesa humanidad ocurridos en los años 80 en Guatemala.
Sobre todo, indicó el Alto Comisionado, porque se tuvo tener celeridad en los procesos por la avanzada edad de los acusados y sobrevivientes, situación que pone en riesgo el acceso al derecho a la verdad, justicia y la reparación del daño de las víctimas.
18/HZM/LGL
VIOLENCIA
Abre la puerta a la conciliación, advierten
Organizaciones guatemaltecas exigen a Congreso parar Ley de delitos de violencia sexual

Organizaciones de mujeres guatemaltecas demandaron al Congreso de aquel país retire de la agenda legislativa la iniciativa 5385 “Ley de Creación de Procedimientos para Delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas” y sea declarada con “dictamen desfavorable” por la Comisión de Reforma al Sector Justicia –institución encargada del análisis y dictámenes de iniciativas-.
En un comunicado, la organización “Mujeres Transformando el Mundo” junto con otras organizaciones de mujeres rechazaron la iniciativa de Ley –presentada por el Congreso de Guatemala en 2017- porque violenta los derechos de las víctimas, limita su participación en el proceso penal, vulnera su acceso a la justicia y favorece al agresor con la reducción de la pena.
Además consideraron que esta Ley “Abre las puertas a procedimientos conciliadores que benefician al agresor sexual, tratante y explotador sexual” pues “la voz de las víctimas permanece silenciada y sólo se escucha al agresor”, dejando a las mujeres en situación de vulnerabilidad.
El proyecto plantea implementar el Procedimiento Alternativo por el Simplificado –Decreto 51-95, del Código Penal para resolver este tipo de delitos en un mínimo de dos audiencias (primera declaración y audiencia de procedimiento alternativo) de las cinco ya destinadas en un periodo menor de 12 meses (tiempo estimado en el CP) y limitar el plazo para el “ofrecimiento de pruebas”.
Lo anterior con el objetivo de dictaminar una sentencia sin etapa de juicio, la cual deberá ser decretada por el Ministerio Público y posteriormente por un juez. Para ello el MP tendrá que realizar una investigación preliminar, que sea “clara, completa y congruente con los hechos atribuidos al sindicato y la adecuación de calificación jurídica”.
Sin embargo, las organizaciones de mujeres concluyeron que las razones de la iniciativa de Ley no justifican su aplicación en este tipo de delitos –violencia sexual, explotación sexual y trata de personas- que son considerados por la Comisión contra la Tortura (CAT) como “delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes” y reiteraron que ya existe una normativa que rige este tipo de delitos.
Debido a lo anterior, las organizaciones evaluaron que este procedimiento propicia la impunidad al centrase en el “beneficio” del agresor y no de la víctima, lo cual, reconocieron, lleva hacia un retroceso de más de 20 años de trabajo de las organizaciones, funcionarias y la sociedad civil, en la creación e implementación de leyes que garanticen a las mujeres el acceso a la justicia.
Desde meses anteriores las organizaciones han dicho que de aprobarse esta normativa se violentarían las Convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Guatemala: Convención para la Eliminación de todas las formas De Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, entre otras.
Las organizaciones advirtieron que esta Ley “es una respuesta misógina a la violencia sexual”, la cual fomenta un sistema de justicia que no “persuade a los victimarios de cometer delitos”, sino termina empoderándolos, “perpetuando así la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres”.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) durante 2014 la violencia sexual fue l2.38 por ciento de las 42 mil 275 violaciones a los Derechos Humanos registradas. En ese año de los 1 mil 465 casos denunciados sólo se pudieron documentar 285.
Al igual, la ONU consideró que la violencia de género en Guatemala se manifiesta de manera continua en la historia como una herramienta de “subordinación, control de la vida y el cuerpo de las mujeres” sustentada por un “sistema frágil de seguridad y repuestas judiciales que genera impunidad”. En 2015, el Ministerio Público registro más de 58 mil denuncias sobre violencia contra las mujeres, de las cuales 270 fueron feminicidio.
18/AEG/LGL
VIOLENCIA
Congreso aprueba Ley pero no le asigna recursos
Guatemala podría hacer banco genético de agresores sexuales

El congreso de Guatemala aprobó la semana pasada la Ley del Registro Nacional de Agresores Sexuales y Banco de Datos Genéticos, pero no cuenta con recursos para su implementación en el presupuesto de 2018, denunció en entrevista el secretario ejecutivo del “Observatorio de los Derechos de la Niñez, Promoción e incidencia a favor de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud guatemalteca” (ODN Ciprodeni), Otto Rivera Álvarez.
En entrevista con Cimacnoticias, el activista informó que esta Ley busca que a los culpables de delitos sexuales se les identifique genéticamente (incluye a personas guatemaltecas y a violadores denunciados en el extranjero que visiten el país); y que cuando una persona que haya sido acusada de estos delitos termine su sentencia, deberá informar dónde vive y trabaja.
La legislación también plantea que todas las sentencias a agresores sexuales serán publicadas, pero no la identidad de sus víctimas y no se borrará de la base a los agresores. Además, ningún agresor sexual podrá trabajar en puestos que implique contacto con niñas y niños, al tiempo que señala que quien violente sexualmente a sus hijas e hijos perderá la patria potestad de ellos.
De acuerdo con cifras oficiales, de enero a septiembre de este año, 57 mil 244 mujeres de 10 a 19 años de edad presentaron embarazos, la mayoría de estos se atribuyen a violaciones sexuales por la frecuencia con la que este delito se comete en el país.
Rivera Álvarez precisó que el principal reto será que “la voluntad política se vea reflejada y se cumpla lo que estipula la Ley, del Registro y el Banco Genético”, ya que el proyecto del presupuesto nacional para 2018 no contempla los gastos que implicará poner ambas medidas en práctica (capacitaciones e instrumentos técnicos para autoridades policiales para la Base de Datos, por ejemplo).
Aunque la iniciativa fue presentada en octubre de 2016 por la Corte Suprema de Justicia de Guatemala apoyada por el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), fue hasta el pasado 29 de noviembre que se aprobó y es resultado del trabajo de organizaciones civiles que desde 2003, cuando entró en vigor la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, han trabajado porque el gobierno garantice los derechos de este sector de la población, recordó el defensor Otto Rivera.
El objetivo de promover estas legislaciones, dijo, “es robustecer el marco jurídico que protege a las niñas, niños y adolescentes de Guatemala” pues recordó que la infancia “siguen sin ser prioridad para el gobierno”, ya que desde el ODN Ciprodeni y otras organizaciones, estiman que el gasto público para esta población es de sólo un dólar con 2 centavos, “con eso debe garantizarles sus derechos a la salud, alimentación, educación, protección integral y recreación, es insuficiente”, denunció Rivera Álvarez.
También mencionó como ejemplo del “desinterés político hacia las niñez y adolescencia el caso de las 41 niñas y adolescentes que murieron en un incendio ocurrido el pasado 8 de marzo en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una institución pública, mientras denunciaban las violaciones sexuales contra ellas y que sigue impune.
Y aunque la nueva ley aún no entra en vigor porque sigue sin ser publicada en el diario oficial, el ODN Ciprodeni calificó su aprobación como un paso importante para que los delitos sexuales no queden impunes como ocurre actualmente.
Cifras del Sistema de Gestión de Tribunales del Organismo Judicial guatemalteco señalan que de 2014 a 2016 los delitos de violación y agresiones sexuales incrementaron en el país centroamericano: en el año 2014 se ingresaron mil 471 expedientes, en 2015 fueron 2 mil 966 y hasta el 4 de agosto del 2016 se ingresaron mil 142.
17/MMAE/LGL
DERECHOS HUMANOS
Presenta sus recomendaciones por octavo y noveno informe
Pide Comité de CEDAW a Guatemala, mejorar acceso a justicia para mujeres

Fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres, implementar un plan nacional de prevención de la violencia de género y garantizar la adecuada investigación y sanción de los delitos en contra de mujeres y niñas, particularmente el feminicidio/femicidio, son algunas de las recomendaciones al Estado guatemalteco de las expertas del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW).
En su octavo y noveno informe sobre la situación de las mujeres en el país, el Comité manifestó su preocupación por las múltiples barreras que impiden a las mujeres acceder a la justicia, incluida la limitada cobertura del sistema de justicia en lugares remotos y las barreras lingüísticas, que actúan como disuasivos para que las mujeres no presenten denuncias.
A esto se suma el continuo estigma social, los estereotipos y la discriminación de género, particularmente de las mujeres indígenas, en las instituciones del sistema de justicia, así como insuficiente capacidad de los funcionarios para investigar y procesar los casos de alto nivel sobre violencia contra las mujeres que continúan impunes.
La falta de justicia en estos casos se debe regularmente a la corrupción, la falta de independencia del poder judicial o la influencia que poderes no estatales ejercen sobre los jueces, incluso mediante amenazas o asesinatos, señaló el Comité.
Ante esta situación, recomendó a Guatemala garantizar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la asignación de mayores recursos, el acceso a la asistencia jurídica, la interpretación y la implementación de protocolos de atención que tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, indígenas y afrodescendientes.
Recomendó además que se brinde capacitación obligatoria a jueces, abogados, personal encargado de hacer cumplir la ley y otros profesionales relacionados con el derecho de las mujeres al acceso a la justicia.
En el tema de las instituciones encargadas del tema de mujeres, el Comité CEDAW instó al Estado a que fortalezca el mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), eleve la secretaría a un nivel ministerial, le asigne los recursos adecuados y que mejore su eficiencia operativa.
También que se aumente la capacidad y los recursos de la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Nacional Para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujeres (Conaprevi), y asegurar una mayor coordinación entre estas instituciones.
El Comité además recomendó implementar con carácter prioritario y dentro de un marco de tiempo específico un plan nacional para la prevención de la violencia de género contra la mujer, en el que se incluya a las indígenas, afrodescendientes, mujeres en situación de pobreza y discapacidad, así como las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.
En este mismo tema, pidió que se establezca un sistema centralizado de recopilación de datos sobre la violencia de género contra las mujeres desglosado por edad y relación entre la víctima y el perpetrador.
La delegación que representó al Estado estuvo encabezada por Leticia Aguilar, titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), y contó con la participación de funcionarios de la COPREDEH, el Ministerio del Trabajo, de Salud, representantes del Congreso y magistradas de las altas Cortes, presentes en la sede la ONU para el EPU de Guatemala, que tuvo lugar el 8 de noviembre.
El Comité dio al Estado un plazo de dos años para informar acerca de los avances en la investigación de Hogar Seguro, la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre Trabajadores Domésticos, y la participación de mujeres rurales, indígenas y garífunas en el desarrollo e implementación de políticas destinadas a conseguir su independencia económica.
De igual manera, el Estado deberá poner en conocimiento del Comité las medidas que tome para convertir la Seprem en un ministerio dotado de recursos suficientes para garantizar su funcionamiento.
Este Comité está conformado por 23 personas expertas internacionales que tienen como mandato velar por el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento ratificado por Guatemala en agosto de 1982.
17/CLC/LGL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Evalúan a país centroamericano en EPU
Piden a Guatemala protección para periodistas y defensoras de DH

La adopción de medidas de seguridad para periodistas y la implementación de un programa de protección especializado para este gremio fueron parte de las recomendaciones que Guatemala recibió este miércoles durante su tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.
Guatemala recibió en total diez recomendaciones sobre este tema; Francia exhortó al país a fortalecer la protección de las y los periodistas poniendo en funcionamiento el programa de protección, para el cual dijo se han realizado muchos esfuerzos.
El representante de Grecia ante el Consejo de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido y recomendó que se adopte un mecanismo de protección a periodistas, mientras que la Santa Sede instó a continuar los esfuerzos de promoción de la libertad de expresión e información, protegiendo a los comunicadores.
Reino Unido manifestó su preocupación por la ausencia de una prensa realmente independiente y pidió a Guatemala salvaguardar la libertad de expresión, en tanto, Indonesia exhortó a continuar desarrollando el sistema de protección a periodistas y proteger la libertad de expresión.
Durante su intervención, el representante de Lituania enfatizó que unos medios libres e independientes son parte vital de cualquier democracia que funcione adecuadamente.
Para abordar el problema persistente de los ataques contra periodistas y violaciones del derecho de libertad de expresión y para que las medios y profesionales puedan trabajar sin miedo a represalias recomendamos a Guatemala que adopte un marco para la protección de los profesionales de los medios, basado en el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el problema de impunidad, acotó.
Luxemburgo resaltó que existen retos en materia de protección de defensores de Derechos Humanos, especialmente los periodistas y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas; ante esto recomendó la aprobación y aplicación del programa de protección a periodistas en consulta con ellos.
Por su parte, el Reino de los Países Bajo señaló que la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGTB), mujeres, periodistas, jueces y defensores de Derechos Humanos son víctimas de amenazas, intimidaciones, estigmatización y ataques, incluido asesinatos.
Venezuela exhortó a las autoridades guatemaltecas a poner fin al uso del sistema judicial penal para intimidar, amenazar, marginar y estigmatizar a periodistas, organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos.
La representante de Venezuela dijo que durante los últimos cuatro años 51 defensores fueron asesinados y durante el primer semestre del 2016 por lo menos cinco periodistas fallecieron de forma violenta, por lo que recomendó a Guatemala investigar exhaustivamente estos crímenes y las denuncias de violencia, intimidación, detenciones arbitrarias y difamación en contra de estos actores.
Finalmente, Chile instó a Guatemala a levantar las restricciones a la libertad de expresión y adoptar medidas legales y reglamentarias para la protección y seguridad de los periodistas contra la persecución, la intimidación y el acoso.
En las respuestas a las preguntas, el Representante del Ministerio de Gobernación, René Lam indicó: que el” acuerdo gubernativo que da vida al programa de protección de los periodistas se encuentra dentro de las consideraciones de los requisitos legales y administrativos que se deben cumplir para su emisión”, una declaración enredada que trata de justificar el incumplimiento después de 2 años que el Presidente avaló la propuesta que le presentara la alianza de entidades de prensa.
17/RED/LGL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
DESENREDO
Mujeres mayas y libertad de expresión

Comunicadoras comunitarias mayas exigen con firmeza el respeto a difundir sus mensajes, al mismo tiempo rechazan se les criminalice o menosprecie. Entre ellas, resaltan las voces de Eva Tecún, Nita Coc Chub y Elsa Chiquito.
Exigir el respeto a la libertad de expresión por parte de mujeres mayas es de gran importancia, porque son ellas mismas quienes lo demandan, sin intermediarios ni desde la generalidad abstracta, ellas lo hacen como comunicadoras sociales que valoran el impacto de su trabajo en sus comunidades.
En Guatemala, muchas personas entienden que la libre emisión del pensamiento es una prerrogativa constitucional que sólo corresponde a medios y periodistas. Pero, la Red de Comunicadoras Comunitarias entiende perfectamente que ese derecho también es de ellas y de todas las mujeres.
Con esa convicción esta Red organizó un festival en el centro capitalino para que personas que viven en áreas urbanas conozcan sus experiencias y capacidades en la difusión de mensajes.
Las integrantes de la Red tienen experiencia en la producción comunicacional en radios comunitarias y en redes sociales, algunas superan los diez años de trabajo ininterrumpido.
Aunque las han tratado de callar, explican las representantes de las comunicadoras, ellas se preparan, se organizan y ganan espacios desde su identidad como mujeres indígenas, desde sus raíces mayas, desde su formación como comunicadoras que difunden realidades poco conocidas en las ciudades.
Ellas son quienes multiplican mensajes encaminados a cambiar “mentalidades del no puedo”, son ejemplo de que los cambios son posibles, aquellos que algunos medios niegan o menosprecian cuando los descalifican o les restan importancia.
Algo está sucediendo en ese país, es poco frecuente que en un espacio público urbano, mujeres indígenas de diferentes comunidades lingüísticas reivindiquen su derecho a la libertad de expresión porque saben el valor de la palabra, la trascendencia de multiplicar mensajes y la importancia de aprender a manejar nuevas tecnologías.
A pesar de que se les ha discriminado por cómo se visten, cómo se expresan, cómo actúan o cómo exigen sus reivindicaciones, las integrantes de la Red de Comunicadoras Comunitarias siguen uniendo esfuerzos encaminados a convertirse en sujetos de transformación, porque tienen capacidad de propuesta, pensamiento propio y disposición a mejorar su trabajo comunicacional inscrito en las enseñanzas de la cosmovisión maya.
Es relevante que, como mujeres indígenas, expresen en voz alta su defensa a la libre emisión de pensamiento, tomando en cuenta que han sido excluidas como protagonistas sociales y como actoras con capacidad intelectual en los medios tradicionales, los que generalmente las representan como víctimas, empobrecidas, enfermas o como folclor.
Sirva este espacio para felicitar a las comunicadoras comunitarias de siete departamentos guatemaltecos: Totonicapán, Quiché, Huehuetenango, Petén, Quetzaltenango, Alta Verapaz, Sacatepéquez, quienes aspiran a seguir ampliando sus alianzas en áreas de trabajo que las empodere y les permita ejercer lo más ampliamente sus derechos.
Cabe resaltar que ellas son un referente en sus comunidades, juegan un papel muy importante por el impacto que tienen las informaciones y opiniones que transmiten a través de la radio y otros medios, así como por la fuerza que irradian.
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
17/RHA/GG
VIOLENCIA
Organizaciones denuncian que 99.52 por ciento de casos no se investigan
Impunidad total en casos de violencia sexual contra niñas guatemaltecas

En Guatemala 90 por ciento de los exámenes médicos por delitos sexuales que se han hecho de enero a agosto de este año corresponden a niñas y adolescentes, denunciaron hoy organizaciones civiles de ese país durante la conmemoración del Día de la Niñez y la Adolescencia.
En los últimos meses el Instituto Nacional de Ciencias Forenses guatemalteco informó que ha realizado 2 mil 796 exámenes médicos a niñas y adolescentes por diferentes delitos sexuales, los casos representan 90.2 por ciento del total realizado en el país.
A ello se suma que de enero a julio de 2017 el Registro Nacional de Personas (RENAP) constató la inscripción de mil 138 nacimientos donde las madres tenían entre 10 y 14 años de edad, la mayoría de estos casos, afirmaron “están íntimamente relacionados con la violencia sexual”. En las adolescentes de 15 a 19 años el número de nacimientos fue de 36 mil 685.
Lo anterior fue expuesto en un comunicado por la Coordinadora Institucional de Promoción por los Derechos de la Niñez (Ciprodeni) y la Red Niña Niño quienes calificaron como “alarmante” que las autoridades guatemaltecas no garanticen los Derechos Humanos a una vida libre de violencia para las niñas y adolescentes ni sancione la violencia sexual en su contra, toda vez que, estimaron, la impunidad en estos delitos alcanza 99.52 por ciento en el país centroamericano.
Por ello, exigieron al poder judicial que resuelva de manera pronta los casos de violencia contra las niñas y adolescentes que están dentro del sistema de justicia, incluyendo el de las 41 niñas y adolescentes que murieron tras el incendio del pasado 8 de marzo en el albergue Hogar Seguro Virgen de la Asunción, una institución pública, mientras protestaban por los maltratos y abusos sexuales de los que eran víctimas y por el cual nadie ha sido sancionado.
También llamó al Estado a garantizar la “reparación digna” a las víctimas pues afirmaron que, de hacerlo, cumpliría con lo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al país.
EXIGEN SISTEMA DE PROTECCIÓN EFICIENTE
Las organizaciones también urgieron al Estado a aprobar la Ley 5285, presentada por congresistas y representantes de la sociedad civil en mayo pasado tras el incendio del Albergue Hogar Seguro, que propone la creación de un Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia y la creación de políticas públicas que garanticen la protección de los Derechos Humanos de la Infancia.
Las organizaciones llamaron al Congreso de Guatemala a aprobar la ley, que significaría la eliminación del sistema de Protección Integral de la Niñez y la adolescencia que hoy está vigente porque dijeron, “ha fallado” pues no da una respuesta pronta a la violencia contra la infancia y donde “prevalece la violencia estructural”.
17/MMAE/LGL
Migración
La mayoría viene de El Salvador, Honduras y Guatemala
Más mujeres migrantes en México trabajan como empleadas del hogar

El 70 por ciento de las mujeres migrantes que llegan a México trabajan como empleadas del hogar donde reciben salarios bajos a cambio de largas jornadas y corren más riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal, alertó ONU Mujeres.
La organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género instó al Gobierno mexicano a realizar cambios de política para proteger a las trabajadoras migrantes que llegan a México.
Esto como parte del proyecto “Promoción y protección de las trabajadoras migrantes y los Derechos Humanos”, financiado por la Unión Europea para promover los derechos de las migrantes y su protección contra la exclusión y la explotación en el proceso de migración en México, Moldavia y Filipinas.
Con este proyecto ONU Mujeres hizo un informe donde dice que México se está convirtiendo en un país de tránsito y destino para migrantes. Entre 2000 y 2010 el número de migrantes en México paso de 499 mil a 726 mil. Las Naciones Unidas calculan que el 50 por ciento de estos migrantes son mujeres.
Muchas de estas migrantes vienen de países centroamericanos, específicamente El Salvador, Honduras y Guatemala. Ellas huyen de sus países de origen por diversos motivos, entre ellos la pobreza, la violencia y la falta de opciones de empleo.
Al llegar a México, los investigadores encontraron que las mujeres migrantes enfrentaban discriminación debido a la falta de documentos de estancia legal en el país y a las leyes restrictivas. También documentaron que 70 por ciento de estas mujeres trabajan en actividades del hogar y muchas viven en las casas de sus empleadores donde corren riesgo de enfrentarse al aislamiento y el abuso físico y verbal.
México ya tiene políticas establecidas para proteger a las mujeres migrantes, pero se puede hacer más, afirma el organismo internacional. Por ejemplo, la Ley de Migración de México reconoce el derecho a la libertad de tránsito, la salud, la educación, la justicia, la identidad, la unidad, la familia y los requisitos para los permisos de residencia y autorización de trabajo.
Sin embargo, la ley no propone la creación de estructuras que mitiguen la vulnerabilidad de las mujeres migrantes; tampoco la ley propone una acción afirmativa para garantizar la igualdad sustantiva de los hombres y mujeres migrantes.
Otros aspectos de la Ley de Migración incluyen mayores dificultades para que las trabajadoras del hogar obtengan documentos legales, por ello ONU Mujeres cree que el gobierno necesita reevaluar las políticas ya existentes y examinarlas a través de una perspectiva de género para determinar cómo ayudar a las migrantes.
Las leyes nacionales deben proporcionar a las mujeres migrantes los mismos derechos que todos los trabajadores e igual acceso a la educación y los servicios de salud. “Es importante que la gobernanza de la migración sea sensible al género para garantizar que se fomenten los derechos laborales y humanos de las mujeres migrantes”, dijo ONU Mujeres.
17/EA
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Cancelado grupo “antiterrorista” la acusa de “comunista”
Guatemala: amenazas contra periodista Marielos Monzón

La periodista Marielos Monzón, columnista de Prensa Libre, interpuso una denuncia ante la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas del Ministerio Público (MP) por intimidación y amenazas, debido a que en las últimas semanas ha circulado un comunicado en el que se le acusa de incurrir en una serie de delitos.
El documento aparentemente es divulgado en redes sociales por una abogada de la Fundación contra el Terrorismo Mediático y en él se mencionan nombres de otros periodistas y defensores de Derechos Humanos, a quienes señala de “comunistas”.
El domingo 11 de junio elPeriódico, en su sección “elPeladero”, publicó que la abogada, identificada únicamente con el apellido Peláez, dice a sus clientes, supuestos narcotraficantes, que las personas incluidas en ese listado son las responsables de los procesos de capturas en su contra.
Monzón aseguró que estas acciones ponen en riesgo a las personas que menciona la lista y vulnera el principio de la libertad de expresión; en el comunicado se menciona también el nombre de Miguel Ángel Albizures, periodista y columnista de elPeriódico, así como el de Iduvina Hernández, defensora de Derechos Humanos y columnista del medio digital Plaza Pública.
Esta no es la primera ocasión en que Monzón es sindicada de supuestamente incurrir en actos delictivos; en 2011 fue denunciada junto a 50 personas de cometer numerosos delitos durante el Conflicto Armado Interno, cuando era apenas una niña; la demanda posteriormente fue desestimada por la Fiscalía.
En el caso de Albizures, tampoco es la primera oportunidad que se le señala de incurrir en ilícitos; en enero del 2016 denunció que familiares de militares detenidos por el caso Creompaz, miembros de Avelmigua y de la Fundación contra el Terrorismo distribuyeron volantes en las afueras de Torre de Tribunales con señalamientos en su contra, por supuestos crímenes cometidos durante el Conflicto Armado Interno.
Mientras que Hernández en 2013, junto a otros defensores de Derechos Humanos y organizaciones sociales, denunció ante la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) ser víctima una campaña de difamación y desprestigio mediante comunicados y otras publicaciones, en las que se le señala de ser parte de un grupo de guerrilleros que pretendían tomar el poder por otras vías no armadas.
Ileana Alamilla, directora de Cerigua y vicepresidenta de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), manifestó su solidaridad a Monzón antes estas acciones de difamación e indicó que colocó la alerta por este caso ante Reporteros sin Fronteras (RsF), organización de la que es corresponsal en Guatemala.
Cabe recordar que en 2015 la PDH impugnó la aprobación de la llamada Fundación contra el Terrorismo Mediático, creada en marzo de ese año y dirigida por Ricardo Méndez Ruiz (hijo del militar Ricardo Méndez Ruiz Rohrmoser, funcionario de Efraín Ríos Mont) por ser anticonstitucional al contravenir el derecho a la libre expresión.
Se le señaló también por aplicar el término “terrorista” para acusar a personas y por negar públicamente el genocidio contra la población maya. En abril de 2015 la autoridad canceló la inscripción del grupo como organismo civil registrado ante la autoridad, pero continúa sus actividades en redes sociales.
17/RED/GG
VIOLENCIA
Acusados de homicidio, maltrato e incumplimiento de deberes
Capturan a funcionarios de Hogar Seguro y piden antejuicio para jueza

El Ministerio Público de Guatemala y la Fiscalía contra el Delito de Feminicidio capturó hoy a funcionarios y trabajadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y de Policía Nacional Civil (PNC), relacionados con el caso Hogar Seguro Virgen de la Asunción, en donde murieron quemadas 41 niñas el pasado 8 de marzo.
En un comunicado, la Fiscalía detalló que tras dos allanamientos, las personas capturadas fueron: Brenda Julissa Chamam Pacay, Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Acusada por homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
También Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, detenida por maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.
Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
Luis Armando Pérez Borja, Sub Comisario de Policía Nacional Civil, acusado de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad. Y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, sub-Inspectora de Policía Nacional Civil, capturada por homicidio y maltrato contra personas menores de edad.
EL INCENDIO
El incendio en Hogar Seguro tuvo su origen cuando el 7 de marzo cerca de 60 adolescentes, escaparon del Hogar Seguro, ubicado en San José Pinula, para huir de los malos tratos y del abuso sexual que muchas de ellas denunciaron. Los funcionarios del lugar, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social, llamaron a las fuerzas de seguridad, recapturaron a algunos, lo que originó una protesta de las y los adolescentes.
Un grupo de niñas fueron encerradas esa noche en un salón, hacinadas. En la mañana, en protesta, prendieron fuego a una colchoneta y el incendio se expandió a las casi cien colchonetas.
Durante 25 minutos, de las 20:45 a 21:10 horas, las niñas estuvieron encerradas, sin que les abrieran la puerta, bajo temperaturas que alcanzaron, en 9 minutos, los 300 grados centígrados. Murieron 19 niñas y 22 más fueron llevadas al hospital. En los siguientes días, el número de fallecidas llegó a 41.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) determinó que no se siguieron las normas de seguridad y no se presentó quien tenía la llave del lugar. Esa noche, habrían estado presentes en el albergue las defensoras de la Niñez y de las Personas Víctimas de Trata, Gloria Castro y Lucía Peláez, respectivamente, quienes habrían avalado que se reingresara a las y los adolescentes que habían escapado el día 7.
ANTEJUICIO CONTRA JUEZA MURILLO
De igual manera, la Fiscalía informó por sus redes sociales que “a las 10.30 horas, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó una solicitud de antejuicio en contra de la Jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez”.
La solicitud se hizo, explicó la Fiscalía, “por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia”.
La jueza Murillo Martínez, detalla el comunicado, “no practicó una exhibición personal que debía haber hecho horas antes de que ocurriera el incendio en el Hogar Seguro”.
EN PRISIÓN
Los detenidos se suman a los ex funcionarios en prisión preventiva y con un proceso en curso: de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía y Anahy Keller Zabala, así como Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Ellos están acusados por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio por homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y lesiones graves.
MADRES Y PADRES DE FAMILIA
Poco antes de que la Fiscalía informara sobre las detenciones, familiares de las 41 adolescentes fallecidas en el incendio del Hogar Seguro pidieron, en conferencia de prensa en la Fundación Sobrevivientes, que continúe la investigación del caso.
Pedían, reportó la agencia Cerigua, la captura de agentes de la Policía Nacional Civil que impidieron la salida de las niñas cuando el lugar comenzó a incendiarse.
Hicieron también un llamado a los medios de comunicación a dar información veraz sobre lo que pasó con las niñas y con contribuir a criminalizarlas.
Y pidieron también investigar a jueces y personal de la Procuraduría General de la Nación, quienes en conocimiento de que dicho “hogar” era un peligro las enviaban en forma de castigo, además de incumplir con las audiencias para que las niñas fueran entregadas a familiares, aduciendo siempre “falta de gasolina”, informó Cerigua.
De igual manera, piden al Ministerio Público a través de la Fiscal General, Thelma Aldana, que provea suficientes fiscales para que hagan investigaciones profundas sobre este, que es un caso grave y de gran magnitud. Exhortaron también a las familias de las niñas que no se han sumado a las demandas que se unan.
17/GG
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