#NiUnaMenos

Cuando ya se dispersaba la marcha del 3J --realizada el sábado en la capital argentina con las consignas #NiUnaMenos, #VivasNosQueremos y con el reclamo de que El Estado es responsable de la violencia hacia las mujeres-- un grupo de fotógrafas fueron reprimidas por la Policía Federal con gases, agua y balas de goma.  
 
Alelí Acuña, de 32 años de edad, periodistas de Télam y una de las agredidas, informó al sitio lavaca que la acción de la policía sucedió entre las 8:15 y las 8:20 de la noche, al finalizar la marcha del 3J, que había sido “esplendorosa y pacífica”, encabezada por la Campaña Nacional por el Aborto Legal. 
 
Ella estaba cerca del metro (subte D), donde había un grupo pequeño de mujeres “en tetas” en torno a una pequeña fogata, cantando. Estaba ahí junto con un  grupo de 10 fotógrafos cuando se escuchó el primer disparo de gas y fueron a registrar lo que ocurría, junto a la Catedral. 
 
Eran entre 40 y 50 policías, entre civiles y uniformados, formados detrás de una valla con la Catedral atrás. Se acercó y, buscó un hueco entre ellos, tomó la primera foto, era una mujer oficial. Cuando iba a sacar la tercera fotografía, de la tercera fila le dispararon gas pimienta, en la boca.  
 
Logró fotografiar al policía, pero se empezó a ahogar, los ojos irritados. “Me entró en la boca y de a ratos me arde y siento el gusto. La cámara y el celular me quedaron todos impregnados”. Aun así siguió al policía, quien se refugió en la valla y regresó con una escopeta.
 
Lanzaron entonces agua y volvieron a lanzar gases. “El objetivo puntual era que no sacáramos fotos, porque tiraban al grupo de fotógrafos y fotógrafas”, relató.  
 
Polly Palacios, fotógrafa free-lance relató a lavaca que “los policías se armaron todos atrás de la valla. Ahí veo a muchos fotógrafos que se acercan y empiezan a sacar fotos. Me acerqué para ver lo que estaba pasando: sólo estaban tomando imágenes.
 
Entonces, continuó su relato, veo que llega caminando un policía y le tira a una chica que estaba pegada en la valla. Era Alelí. No había nadie tirando cosas, sólo tomando fotos. Ya habían tirado gas desde antes, no te podías acercar mucho: estaban como manteniendo una distancia. Incluso le tiraron gas a una señora que era asmática”.
 
La señora es Mónica Buján, motociclista (motoquera), de 55 años que sufre asma y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica). Dijo que ella tomó fotografías de cuando tiraron gas a Alelí y aclaró  que no fue la policía la agredida sino al revés. Sus imágenes, junto con las de Polly Palacios, Aleli Acuña y otras fotógrafas dan cuenta ello.  
 
Buján relató a lavaca entre toses: “No soy fotógrafa profesional, sólo cubro estas movilizaciones porque me interesa dejar registro. Soy motoquera y fumigadora. “Tengo asma, EPOC y estoy con nebulizaciones. A mí también me tiraron”.
 
Denuncia que cuando se acercó a tomar fotografías a los policías,  le tiraron gas pimienta a menos de 10 centímetros de distancia. “Yo respiro por la boca, así que tragué todo el gas. Me ahogué mal, muy mal. Creí que me iba a dar un paro: ya tuve dos en mi vida y no quiero un tercero”.
 
Buján sacó su puff (nebulizador). “Quería darme aire pero no entraba. En ese momento las chicas que estaban enfrente responden a la agresión que yo sufro”. Que quede bien claro, dijo,  “no es que la policía fue agredida y por eso ´respondió´, como informaron por ahí, sino recibieron una reacción producto del ataque que me hicieron. Ahí empezaron a tirar. Balas, agua, gas, pero que quede escrito que la situación se detona cuando ellos o ellas me tiraron gas”.
 
Buján no se fue porque “no quería dejar a las chicas que me estaban defendiendo. Tenía miedo de que pase lo que ocurrió después del Encuentro Nacional de Mujeres o la cacería después del Paro del 8 de marzo. Ahí veo que a Alelí, que no sabía quién era porque no la conocía, le tiran en la cara. También vi a una compañera que estaba vomitando mal”.
 
Alelí señaló que los policías violaron el protocolo de seguridad, estaban además sin identificación. Luego, cuando todo “se ponía más denso”, escucharon sirenas y llegaron patrulleros.
Recordó que dos compañeras, Ana Laura Torna, del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBa), Ana Laura Torna y Nancy Acosta, de la Secretaría de Mujeres y Géneros del gremio, se tuvieron que refugiar en el metro. “El ambiente era de terror”, dijo.
 
PERMISOS PARA MARCHAR 
 
Para realizar la marcha  del 3J --tras la cacería policiaca del #8M, cuando se realizó el Paro Internacional de Mujeres y 20 mujeres fueron detenidas sin orden judicial--, el grupo Autoconvocadas presentó una semana antes, junto al movimiento Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), un hábeas corpus colectivo y preventivo para garantizar el derecho de mujeres, lesbianas, trans y travestis a manifestarse el 3 de junio, relata lavaca.org.
 
El habeas corpus solicitó que el Ministerio de Seguridad se abstuviera de portar armas de fuego y de realizar acciones represivas, homofóbicas y criminalizadoras, y que estableciera personal policial mayoritariamente femenino y debidamente identificado.
 
El sindicato de prensa SiPreBa repudió los hechos  y dijo en un comunicado: “Este ataque por parte de la Policía es un claro intento de cercenar la libertad de prensa. Exigimos el inmediato esclarecimiento de los hechos y la separación de los responsables materiales y políticos de la represión”.
 
Las mujeres agredidas adelantaron que presentarán una denuncia conjunta contra la acción policial. 
 
*Texto basado en la crónica publicada en el sitio argentino lavaca.org
 
17/RED

Dentro de una semana, el Paro Internacional de Mujeres (PIM) recorrerá casi 30 países, como informó Cimacnoticias, y uno de los focos será  Argentina, cuna del movimiento “#NiUnaMenos”, gestado desde 2015 para repudiar los incesantes casos de feminicidio. 
 
El 8M argentino será el segundo paro de mujeres convocado por fuera de los sindicatos en poco tiempo. Ya el 19 de octubre de 2016, tras conocerse el crimen contra una joven de 16 años en Mar del Plata, del que dio cuenta Cimacnoticias, se realizó en muchas ciudades argentinas una huelga de trabajadoras.
 
Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), dijo en diálogo con Cimacnoticias que ya en ese momento la preocupación por la erradicación de las violencias se planteó dando cuenta de un contexto de desigualdad de género. Aquella protesta se extendió por una hora y continuó con una movilización en torno a los lemas #NiUnaMenos #VivasNosQueremos pero, en rigor, contra todas las violencias históricas y poco visibles que preceden y sostienen los femicidios.
 
Cinco meses después, las argentinas preparan su segunda huelga. A lo largo y a lo ancho de este país, colectivos feministas, movimientos sociales, artísticos y sindicales, centros de estudiantes secundarios y universitarios, así como partidos políticos y organismos de derechos humanos, se están preparando contra reloj para desembocar en un Día de la Mujer diferente: con las mujeres masiva e internacionalmente unidas y en las calles, defendiendo con distintas modalidades de participación su vida y sus derechos.
 
“Paramos para detener nuestras tareas y también para darnos el tiempo de una toma de conciencia: le decimos basta a la violencia machista y la reconocemos también en las tramas económicas y sociales que nos agobian, nos empobrecen y coartan nuestras decisiones”, sostuvo en un comunicado de prensa el colectivo Ni Una Menos.
 
Un “ruidazo” al mediodía en el centro porteño será la señal de inicio de la jornada que terminará con una movilización central a las 17, desde el Congreso nacional hasta la Casa de Gobierno, frente a la Plaza de Mayo. La dinámica será replicada en el mismo horario en el resto de las ciudades del país. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se prevé un marcado de edificios públicos con banderas color violeta que llevarán el mensaje de las trabajadoras en este día de lucha.
 
La organización PIM (parodemujeres.com), creada por mujeres de diferentes partes del mundo en 2016, resume que esta huelga “construye puentes para definir, refinar y concentrar una presión más efectiva sobre nuestros gobiernos” y enumera cuáles son las principales urgencias (reclamos al Estado) para cada país que adhiere. En la Argentina, menciona las siguientes:
 
– Basta de femicidio y travesticidio
– Basta de precarización laboral
– Aborto legal, seguro y gratuito
– Implementación de la Ley de Educación Sexual Integral
– Separación Iglesia-Estado
– No a la trata
– Basta de persecución a migrantes
– Libertad  a Milagro Sala y compañeras presas políticas
– Desprocesamiento a todas las luchadoras populares
– Dignidad y fin de tratos inhumanos a las compañeras presas
– Socialización de tareas domésticas y de cuidado
– Jubilación para amas de casa
– A igual trabajo, igual salario
– Financiamiento para los programas de prevención de la violencia contra las mujeres y protección de las víctimas
– Mayores licencias laborales por maternidad y paternidad, y por violencia de género.
 
OTRAS ACCIONES
 
Del paro de mujeres de 2016 a esta parte se pueden reseñar dos novedades en la agenda del movimiento contra la violencia de género en la Argentina. Por un lado, se ha publicado el primer Índice de la Violencia Machista. La herramienta, creada por la organización Ni Una Menos y disponible en contalaviolenciamachista.com, contiene el resultado de una encuesta anónima y en línea que busca medir el impacto de la violencia sobre la vida de las mujeres -nutrir de datos el Ni Una Menos, en un país flojo de estadísticas oficiales.
 
Pero sobre todo, logra avanzar en una vital tipificación de las violencias. Es decir, en instalar como violencia unos 15 tipos de prácticas muchas veces naturalizadas, que configuran la trama cultural de la violencia de género y la antesala del femicidio/feminicidio.
 
Por otro lado, se realizó recientemente en la Capital Federal y en algunas otras ciudades argentinas una manifestación de mujeres con el torso desnudo para protestar puntualmente contra un gran operativo policial desplegado en la ciudad balnearia de Necochea (provincia de Buenos Aires), porque tres mujeres estaban haciendo “topless” en una playa pública.
 
El caso terminó con el fallo de un juez que fue favorable a estas mujeres acusadas por “actos obscenos”, y con el “tetazo”, que tuvo repercusión internacional. Durante esa acción callejera se vieron consignas como “Mi cuerpo es mi decisión”, “¿Quién decide lo permitido?” y “La única teta que molesta es la que no vende”, pero también otras, de la amplia trama de denuncia contra la violencia de género, como “Vivas nos queremos”.
 
En este clima llega la Argentina a su 8M, el último acontecimiento apuntado en la línea de tiempo de “Hitos y conquistas del movimiento hacia la igualdad” en la Argentina que elaboró la organización Economía Femini(s)ta.
 
LA CONTRACARA
 
En tanto, distintas organizaciones denunciaron judicialmente la reducción del presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres de 96.5 millones de pesos a 116.5 millones, y la eliminación de los 47 millones destinados al Plan Nacional de Acción contra la violencia de género. Con esta reducción, cada mujer tiene destinado solo 0.31 centavos de dólar para implementar la ley nacional de Prevención, sanción y erradicación de la violencia contra ellas, durante 2017.
 
Tras la presentación del reclamo judicial, el gobierno nacional aseguró que se trató de un “error”, sobre el que se daría marcha atrás. Pero una semana antes del 8M, citada por Cimacnoticias, Gherardi asegura que aún no se revirtió la medida. “No tenemos más que declaraciones, y todavía no se publicó nada al respecto en el Boletín Oficial”, detalló.
 
En la presentación judicial, las organizaciones le exigen al gobierno encabezado por Mauricio Macri que restituya esos fondos, atento que “resulta inaceptable que en el contexto actual, en el cual desde todos los sectores sociales y políticos se reconoce la grave problemática de la violencia contra las mujeres y se clama por políticas estructurales que reviertan el problema, el Poder Ejecutivo decida vulnerar la voluntad expresada por el Poder Legislativo al asignar recursos presupuestarios destinados a estas políticas”.
 
17/JLMK/MB/GG
 

Juana tenía 12 años cuando la violaron ocho hombres en Alto la Sierra, Salta. La niña de la comunidad wichi fue obligada a cursar un embarazo hasta los 7 meses de gestación.
 
Los acusados quedaron libres en febrero y la Justicia nunca dictó el aborto no punible: le practicaron una cesárea el 3 de junio porque el producto no tenía expectativa de vida. El caso de Juana, presentado junto a otros en un informe “sombra” por Amnistía Internacional, fue tratado ayer en el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés) de la ONU. La conferencia fue en Ginebra y la delegación argentina no pudo responder la mayoría de las preguntas que realizó el comité de Naciones Unidas con respecto a las políticas de género puestas en marcha en la Argentina en los últimos 6 años.
 
La reunión, que comenzó a las 6 de la mañana -cuatro horas menos con Suiza-, se realizó en la Sala XVI del Palacio de las Naciones. La presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Túñez, en representación del Estado, estuvo acompañada por representantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Derechos Humanos.
 
Durante la conferencia, el Estado argentino reconoció que no cumple las reglas de Bangkok y las reglas Mandela para el tratamiento de mujeres en cárceles y no respondió acerca de las garantías al acceso al aborto no punible en todas las provincias.
 
– ¿Qué medidas están tomando para evitar la mortalidad materna por abortos poco seguros? – preguntó el Comité CEDAW al Estado argentino.
 
Túñez admitió que “la mortalidad materna en el país sigue siendo elevada” y que una de las principales causas “son los abortos clandestinos”. Sin embargo no pudo dar estadísticas sobre el tema: se comprometió a acercar los números en un lapso de 48 horas.
 
El Comité también indagó sobre la marcha atrás de la provincia de Buenos Aires con el protocolo de interrupción legal del embarazo e hizo referencia a las “presiones del sector conservador del gobierno y de la Iglesia” bonaerenses. A la observación de que los recortes de presupuesto pueden generar una regresión, Túñez en nombre del Estado argentino respondió: “se está fortaleciendo el presupuesto en un 30 por ciento”. Entonces las expertas de CEDAW recomendaron: “Los invitamos a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan”.
 
Parte de la reunión se dedicó al movimiento de mujeres #NiUnaMenos. “Se inició en las redes sociales pero hoy ya forma parte del acervo cultural de toda la sociedad. En su primera marcha pedía cinco medidas que ya han sido cumplimentadas en estos diez meses de gestión”, contó Túñez.
 
“Las respuestas que ha dado el Estado nos preocupan mucho”, dijo a Cosecha Roja María Florencia Alcaraz, periodista e integrante del colectivo de mujeres #NiUnaMenos. “Se habló de movimiento como si fuera un eslogan y no un actor político. Y eso no es otra cosa que minimizar el poder político que el movimiento supo conseguir. No basta con hablar de ‘violencia machista’, hay que hablar también de la situación económica de las mujeres. Parece mentira pero cuando el Comité preguntó si había microcréditos para las mujeres, la delegación oficial no dio ninguna respuesta y sólo alcanzó a hablar del programa ‘Ellas hacen’”.
 
Desde Suiza, Leah Tandeter, una de las abogadas de Amnistía, dijo a Cosecha Roja: “El acceso al aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos, sin dudas, son los temas más importantes de la reunión”. También recordó que es un retroceso que la provincia de Buenos Aires haya dado marcha atrás con la adhesión al protocolo de interrupción del embarazo, conocido como ILE. Hay sólo ocho jurisdicciones donde rige. Y en Salta, donde Juana estuvo 31 semanas afectada por un embarazo producto de una violación, tampoco se implementa.
 
“El Estado argentino debe garantizar el acceso a los abortos legales en todas las jurisdicciones del país, apoyado por campañas de difusión pública para promover el mayor conocimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo”, dijo Tandeter.
 
Según los datos del Ministerio de Salud, en 2015 hubo 500 abortos. En Ginebra, además de la delegación oficial, están las comitivas de Amnistía, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), EL Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
 
Todas presentaron informes sobre derechos de las mujeres, en paralelo a la presentación oficial, denominados “sombra”. Leah y los demás representantes de las ONG mantuvieron ayer una reunión formal y otra informal con el comité evaluador. En ambas, los 23 especialistas en materia de género se mostraron interesados en las problemáticas planteadas: el aborto, la paridad y los casos de femicidio/feminicidio.
 
Aunque la evaluación de los Estados parte ante el comité de expertas de la CEDAW se hace cada 5 años, la Argentina fue interrogada por el comité por última vez en 2010. El período que se examina ahora es la mayoría del kirchnerismo y casi un año del macrismo.
 
Las resoluciones del comité de la ONU se dan a conocer en una fecha estimada de 15 días. Los especialistas redactan un documento en el que le indican al Estado las medidas que debe adoptar para promover y respetar los derechos de las mujeres. Leah advirtió que lo que dicta la Convención es vinculante para el país. “Es responsabilidad de nosotros, las organizaciones civiles, estar detrás del Estado para que cumpla con las recomendaciones”, dijo.
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias Cosecha Roja.
16/RED/LGL