femicidio/feminicidio

En la defensa del Examen Periódico Universal (EPU) de Derechos Humanos, este primero de mayo la ministra de Ecuador, Ledy Zúñiga, ratificó que el trabajo del Plan Nacional de erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes es una prioridad nacional.
 
Destacó que el aporte de diferentes entidades del Estado y la sociedad civil permiten el funcionamiento de 19 Centros de Atención Integral y 5 casas de acogida, cuyos servicios se prestan a través de 33 unidades de atención.
 
Para proteger a las víctimas bajo la responsabilidad de la Policía Nacional y el Ministerio del Interior se ejecutan medidas de protección con alto nivel de riesgo en todo el país.
 
Zúñiga detalló que para sensibilizar a las mujeres víctimas de violencia de género se interviene con las organizaciones civiles de mujeres.
 
En los sitios dónde se registra mayor incidencia de casos de femicidios/feminicidios (incluye a personal de instituciones que trabajan con familias, niñas, niños, mujeres) se da capacitación y recomendaciones, en caso de que se vulneren sus derechos.
 
Agregó que la incorporación a la lista de los más buscados a los presuntos responsables de delitos de violencia de género (femicidios/feminicidios y violaciones) y el uso de dispositivos de vigilancia electrónica garantizará la protección de víctimas cumpliendo así las medidas de alejamiento, lo que permitirá la aplicación de recomendaciones de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y mecanismo de seguimiento.
 
Ledy Zúñiga ratificó que el trabajo del Plan Nacional de erradicación de la Violencia de Género contra Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes es una prioridad nacional.
 
En cuanto a la tipificación del femicidio/feminicidio, desde agosto del 2014 a marzo de 2016 se destacó que se abrieron 51 procesos con veinte sentencias condenatorias, equivalente al 37.3 por ciento de las causas.
 
En casos de violencia sexual dentro de centros educativos, en el período 2015-2016 se reportaron 185 denuncias de las cuales 111 tienen dictamen fiscal acusatorio, 52 tienen sentencia, de las cuales 32 son condenatorias y 22 denuncias se encuentran en etapa de instrucción fiscal previo al juicio.
 
Zúñiga precisó que entre los mecanismos de protección para mujeres y víctimas de violencia de género en situación de riesgo está la línea de atención, información y asesoramiento, con actualización continua de la lista de personas en alto riesgo.
 
*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.
 
17/RED/GG

Integrantes del movimiento amplio de mujeres, organizaciones defensoras de Derechos Humanos y feministas, marcharon por las calles de Managua para exigir a las autoridades que garanticen seguridad para la vida de las mujeres y en protesta por los retrocesos en Derechos Humanos.
 
En la que denominaron “la marcha del silencio”, las activistas vistieron de rojo y portaban carteles con los nombres de las mujeres que han sido asesinadas. Salieron de la avenida Universitaria hacia la sede de la Policía Nacional, en Plaza El Sol, en el centro de la capital nicaragüense.
 
La integrante del Colectivo de Mujeres 8 de marzo de Managua, Luz Marina Torres, dijo que la violencia contra las mujeres se incrementó en el país debido a la falta de atención de las autoridades.
 
“Volvemos a las calles vestidas de rojo que significa esa energía que tenemos los movimientos de mujeres en la lucha contra la impunidad”.
 
Agregó que la marcha es una demanda exclusiva para el Estado que se hace sordo ante las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres, “no son 8 casos de femicidio/feminicidio este año como dicen las autoridades, son 47”, enfatizó Torres.
 
La joven Lois González, quien participó en la marcha, reclamó al Estado por el desmantelamiento de las comisarías de la mujer y a los hombres en general les reclamó un cambio de actitudes.
 
“El rojo también simboliza la sangre derramada por las mujeres que han sido asesinadas en el país, eran mujeres con sueños y metas que han sido destruidas por el sistema, por el machismo”, dijo González.
 
La joven exigió el cumplimiento de la Ley Integral Contra la Violencia hacia las mujeres (Ley 779); que se instauren de nuevo las Comisarias de la Mujer en la Policía Nacional que han sido desmanteladas por el nuevo modelo de gobierno encabezado por Daniel Ortega.
 
La representante del Comité Latinoamericano por los Derechos de la Mujer (Cladem Nicaragua), Virginia Meneses, dijo que persiste la falta de voluntad política del Estado para resolver los problemas de las mujeres.
 
Recientemente Cladem entregó un informe al Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) que expresa la preocupación de las activistas sobre la situación de violencia contra las nicaragüenses y los embarazos en adolescentes.
 
La representante del Cladem denunció que las autoridades se niegan a aceptar el acompañamiento de las organizaciones civiles y Defensoras de Derechos Humanos y que ve muy lejos un diálogo entre sociedad civil e instituciones gubernamentales.
 
“Este año 2016, vemos que hay un retroceso en los Derechos Humanos de las mujeres, hemos pedido dialogar con el gobierno para ver esta problemática y no nos responden”, dijo Meneses.
 
El proyecto de presupuesto general de la república 2017, se encuentra en manos del Parlamento Nacional para su discusión y aprobación, sin embargo no se prioriza la seguridad de las mujeres, se eliminaron las comisarías de la mujer, hay una ley de acceso a la información pública, que no se cumple, no se sabe cuánto se destina directamente para el acceso a la justicia de las mujeres, dijo la representante de Cladem en Nicaragua.
 
Recientemente la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, reconoció que la violencia contra las mujeres persiste en el país pese al esfuerzo estatal por reducirla, por lo que se comprometió a seguir promoviendo el acceso a justicia y la prevención de la violencia contra las mujeres.
 
16/NR/LGL
 

Juana tenía 12 años cuando la violaron ocho hombres en Alto la Sierra, Salta. La niña de la comunidad wichi fue obligada a cursar un embarazo hasta los 7 meses de gestación.
 
Los acusados quedaron libres en febrero y la Justicia nunca dictó el aborto no punible: le practicaron una cesárea el 3 de junio porque el producto no tenía expectativa de vida. El caso de Juana, presentado junto a otros en un informe “sombra” por Amnistía Internacional, fue tratado ayer en el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, en inglés) de la ONU. La conferencia fue en Ginebra y la delegación argentina no pudo responder la mayoría de las preguntas que realizó el comité de Naciones Unidas con respecto a las políticas de género puestas en marcha en la Argentina en los últimos 6 años.
 
La reunión, que comenzó a las 6 de la mañana -cuatro horas menos con Suiza-, se realizó en la Sala XVI del Palacio de las Naciones. La presidenta del Consejo Nacional de Mujeres, Fabiana Túñez, en representación del Estado, estuvo acompañada por representantes de la Dirección de Asuntos Jurídicos y la Secretaría de Derechos Humanos.
 
Durante la conferencia, el Estado argentino reconoció que no cumple las reglas de Bangkok y las reglas Mandela para el tratamiento de mujeres en cárceles y no respondió acerca de las garantías al acceso al aborto no punible en todas las provincias.
 
– ¿Qué medidas están tomando para evitar la mortalidad materna por abortos poco seguros? – preguntó el Comité CEDAW al Estado argentino.
 
Túñez admitió que “la mortalidad materna en el país sigue siendo elevada” y que una de las principales causas “son los abortos clandestinos”. Sin embargo no pudo dar estadísticas sobre el tema: se comprometió a acercar los números en un lapso de 48 horas.
 
El Comité también indagó sobre la marcha atrás de la provincia de Buenos Aires con el protocolo de interrupción legal del embarazo e hizo referencia a las “presiones del sector conservador del gobierno y de la Iglesia” bonaerenses. A la observación de que los recortes de presupuesto pueden generar una regresión, Túñez en nombre del Estado argentino respondió: “se está fortaleciendo el presupuesto en un 30 por ciento”. Entonces las expertas de CEDAW recomendaron: “Los invitamos a legislar para no penalizar a las mujeres que abortan”.
 
Parte de la reunión se dedicó al movimiento de mujeres #NiUnaMenos. “Se inició en las redes sociales pero hoy ya forma parte del acervo cultural de toda la sociedad. En su primera marcha pedía cinco medidas que ya han sido cumplimentadas en estos diez meses de gestión”, contó Túñez.
 
“Las respuestas que ha dado el Estado nos preocupan mucho”, dijo a Cosecha Roja María Florencia Alcaraz, periodista e integrante del colectivo de mujeres #NiUnaMenos. “Se habló de movimiento como si fuera un eslogan y no un actor político. Y eso no es otra cosa que minimizar el poder político que el movimiento supo conseguir. No basta con hablar de ‘violencia machista’, hay que hablar también de la situación económica de las mujeres. Parece mentira pero cuando el Comité preguntó si había microcréditos para las mujeres, la delegación oficial no dio ninguna respuesta y sólo alcanzó a hablar del programa ‘Ellas hacen’”.
 
Desde Suiza, Leah Tandeter, una de las abogadas de Amnistía, dijo a Cosecha Roja: “El acceso al aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos, sin dudas, son los temas más importantes de la reunión”. También recordó que es un retroceso que la provincia de Buenos Aires haya dado marcha atrás con la adhesión al protocolo de interrupción del embarazo, conocido como ILE. Hay sólo ocho jurisdicciones donde rige. Y en Salta, donde Juana estuvo 31 semanas afectada por un embarazo producto de una violación, tampoco se implementa.
 
“El Estado argentino debe garantizar el acceso a los abortos legales en todas las jurisdicciones del país, apoyado por campañas de difusión pública para promover el mayor conocimiento del derecho a la interrupción legal del embarazo”, dijo Tandeter.
 
Según los datos del Ministerio de Salud, en 2015 hubo 500 abortos. En Ginebra, además de la delegación oficial, están las comitivas de Amnistía, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), EL Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres (Cladem) y la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM).
 
Todas presentaron informes sobre derechos de las mujeres, en paralelo a la presentación oficial, denominados “sombra”. Leah y los demás representantes de las ONG mantuvieron ayer una reunión formal y otra informal con el comité evaluador. En ambas, los 23 especialistas en materia de género se mostraron interesados en las problemáticas planteadas: el aborto, la paridad y los casos de femicidio/feminicidio.
 
Aunque la evaluación de los Estados parte ante el comité de expertas de la CEDAW se hace cada 5 años, la Argentina fue interrogada por el comité por última vez en 2010. El período que se examina ahora es la mayoría del kirchnerismo y casi un año del macrismo.
 
Las resoluciones del comité de la ONU se dan a conocer en una fecha estimada de 15 días. Los especialistas redactan un documento en el que le indican al Estado las medidas que debe adoptar para promover y respetar los derechos de las mujeres. Leah advirtió que lo que dicta la Convención es vinculante para el país. “Es responsabilidad de nosotros, las organizaciones civiles, estar detrás del Estado para que cumpla con las recomendaciones”, dijo.
 
*Este artículo fue retomado del portal de noticias Cosecha Roja.
16/RED/LGL